A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
jueves, 10 de marzo de 2016
MORALES ES UN TIPO PREOCUPADO POR LA EDUCACION
Mauri lo dijo,para q tantas universidades,Morales podria hacer uso de la plata q le mando ahora x falta de presupuesto se cierran estas tecnicaturas q son para chicos q les cuesta llegar a capital..https://m.facebook.com/story.php…
Cinco ríos contaminados por el derrame de cianuro de Barrick Gold en San Juan
Lo sostiene un peritaje oficial en la causa. Buscan determinar si supone un riesgo para la salud de la población. El Gobierno de San Juan niega cualquier tipo de contaminación.
Por Redacción LAVOZ
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Un peritaje oficial encontró contaminación en cinco ríos de la provincia de San Juan luego del derrame de cianuro de la mina Veladero de la empresa Barrick Gold en septiembre del año pasado.
El informe fue elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), según consta en la causa que el juez federal Sebastián Casanello derivó en el fiscal Ramiro González, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima).
El análisis, según publica el diario La Nación, hace alusión a una violación de la ley de residuos peligrosos.
"Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051, por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación", sostiene el peritaje.
De acuerdo a lo investigado, "todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total". En algunos casos, por encima de los valores máximos permitidos También se halló "una excesiva concentración" de sales y cobalto en el agua de red domiciliaria.
De todos modos, según el Gobierno de San Juan, los ríos de la provincia "no fueron contaminados ni tampoco lo fue el suministro domiciliario" después del derrame.
"Para responder si la dosis existente es inadecuada para el consumo, debería consultarse con un profesional médico", advirtió el peritaje.
Ahora, según La Nación, el fiscal González le pidió a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires que analice las muestras de la red domiciliaria de Chinguillos y Agualasto, poblaciones donde se encontró exceso de sales y cobalto, y dictamine si estas concentraciones "pueden resultar dañosas para la salud".
Según el matutino porteño, la empresa Barrick Gold no quiso comentar el estudio hasta no acceder al contenido del peritaje. El año pasado, la empresa informó quedurante el derrame se vertieron "224 metros cúbicos (equivale a 224 mil litros) de solución cianurada" durante una hora y 45 minutos.
"En la presente investigación, la matriz (agua) se encuentra afectada por estar presente en ella contaminantes peligrosos por fuera del rango legislado, lo que constituye una amenaza seria para su diversidad biológica", señala el peritaje de la Policía Federal.
Un peritaje oficial encontró contaminación en cinco ríos de la provincia de San Juan luego del derrame de cianuro de la mina Veladero de la empresa Barrick Gold en septiembre del año pasado.
El informe fue elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), según consta en la causa que el juez federal Sebastián Casanello derivó en el fiscal Ramiro González, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima).
El análisis, según publica el diario La Nación, hace alusión a una violación de la ley de residuos peligrosos.
"Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051, por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación", sostiene el peritaje.
De acuerdo a lo investigado, "todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total". En algunos casos, por encima de los valores máximos permitidos También se halló "una excesiva concentración" de sales y cobalto en el agua de red domiciliaria.
De todos modos, según el Gobierno de San Juan, los ríos de la provincia "no fueron contaminados ni tampoco lo fue el suministro domiciliario" después del derrame.
"Para responder si la dosis existente es inadecuada para el consumo, debería consultarse con un profesional médico", advirtió el peritaje.
Ahora, según La Nación, el fiscal González le pidió a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires que analice las muestras de la red domiciliaria de Chinguillos y Agualasto, poblaciones donde se encontró exceso de sales y cobalto, y dictamine si estas concentraciones "pueden resultar dañosas para la salud".
Según el matutino porteño, la empresa Barrick Gold no quiso comentar el estudio hasta no acceder al contenido del peritaje. El año pasado, la empresa informó quedurante el derrame se vertieron "224 metros cúbicos (equivale a 224 mil litros) de solución cianurada" durante una hora y 45 minutos.
"En la presente investigación, la matriz (agua) se encuentra afectada por estar presente en ella contaminantes peligrosos por fuera del rango legislado, lo que constituye una amenaza seria para su diversidad biológica", señala el peritaje de la Policía Federal.
ALONSO ADMITIO QUE CRITICO SIN INFORMACION EL ACUERDO YPF-CHEVRON El papelón de hablar sin saber
La titular de la Oficina Anticorrupción (AO), Laura Alonso, admitió ayer que la batería de ironías y acusaciones de supuesta corrupción que disparó desde su banca de diputada nacional contra la confidencialidad de algunas de las cláusulas del acuerdo entre YPF y Chevron no tenían base de sustentación. “Cambié mi posición porque antes no tenía suficiente información”, reconoció la funcionaria, que en noviembre del año pasado, en plena campaña por el ballottage, llegó a señalar: “Caen las caretas de la hipocresía K”, exaltada por el fallo de la Corte que obligaba a la petrolera a publicar la totalidad del contrato.
Ahora, Alonso no sólo avaló la posición de la empresa de no dar a conocer las cláusulas secretas, sino que confesó que sería “irresponsable” de su parte mantener la misma posición desde su nuevo cargo. La ex directora ejecutiva de la ONG Poder Ciudadano se embarró todavía más cuando, intentado defenderse, afirmó que tomó conocimiento de los argumentos que la petrolera sostuvo desde el comienzo del conflicto, que lleva casi dos años, tras reunirse el viernes con Miguel Galuccio, entonces CEO de la compañía. Como si fuera poco, citó a favor de su nueva postura los artículos que contemplan excepciones de secreto dentro del decreto de Acceso a la Información Pública, promulgado en 2003.
“¿Por qué es bochornoso informarse, aceptar que hay una versión distinta y modificar una opinión?”, se preguntó Alonso, titubeante ante las inquisiciones del periodista Nelson Castro, quien la entrevistó por Radio Continental. “Entonces deberá reconocer que antes opinó sin saber, lo cual es grave porque usted era diputada de la Nación”, le contestó Castro, que insistió sobre el mismo punto en varias oportunidades. “El principio es la transparencia, y siempre hay excepciones. Les pido mil disculpas a todos públicamente”, terminó por decir la funcionaria.
“Es importante tener conciencia de qué compañía es YPF, cómo funciona el negocio del petróleo en el mundo, que hasta en los países más avanzados en transparencia los contratos en la industria petrolera tienen cláusulas de confidencialidad, y que estas excepciones están previstas en toda la legislación internacional en materia de acceso a la información pública”, se atajó Alonso, cuyos argumentos sonaban casi idénticos a los esgrimidos por funcionarios del gobierno anterior, a quienes en aquel momento ella calificaba de “hipócritas”.
“Hay secretos de tipo comercial, científico y tecnológico que deben ser resguardados para favorecer las inversiones y el desarrollo de un tipo de industria, en este caso del petróleo”, continuó Alonso citando el decreto en que la empresa se amparó desde un principio para resguardar información. Lo expuesto por la funcionaria ayer es la base de los argumentos originarios de YPF desde que el senador Rubén Giustiniani iniciara la denuncia, en 2013. La Corte falló el 10 de noviembre del año pasado en contra de la empresa, que decidió presentar al máximo tribunal la totalidad del contrato, pero exigió que el documento no circule a terceros porque podría favorecer a la competencia y generar retrocesos en la recuperación que se inició en 2012 con la estatización del 51 por ciento de las acciones de la firma.
“El daño a YPF podría ser muy grande y es importante que sepamos que es la empresa que más inversiones y trabajo genera en el país”, parafraseó la funcionaria, antes de opinar que exigirle a YPF que publique las cláusulas secretas “es como pedirle a Coca-Cola que haga pública su fórmula”. Desde su banca de diputada nacional, Alonso votó en contra del proyecto de estatización.
Cuando en junio de 2013 la ex presidenta Cristina Kirchner anunció el acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación de Vaca Muerta, Alonso twitteó: “Van a caer Jaimes empetrolados del cielo”. “El acuerdo con Chevron empieza mal: no es público. Corre frío por la espalda, ¿no?”, ironizó. Al parecer, los quince minutos que duró la reunión que mantuvo el viernes con Galuccio, antes de ser recibida por otros directivos, bastaron para que Alonso diera cuenta de la necesidad de “informarse”.
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