Día gris para Cambiemos: La Justicia rechazó reabrir la denuncia de Nisman contra Cristina

El oficialismo y Clarín esperaban un dictamen favorable, para seguir esmerilando la imagen de la principal líder de la oposición al gobierno del presidente Macri

NOTIENRED.COM

EL ACUSADOR, CASSIO CONSERINO, NO OCULTA TENER AL EX PRESIDENTE COMO BLANCO PREFERENCIAL Un fiscal pidió la prisión preventiva de Lula

Por Eric Nepomuceno

Página/12 En Brasil

Desde Río de Janeiro

Lo que aparentaba ser una amenaza apenas diseñada en el horizonte se concretó ayer por la tarde: el fiscal Cassio Conserino, de la Justicia provincial de São Paulo, acompañado por dos colegas, pidió a un tribunal paulista la prisión preventiva del ex presidente Lula da Silva. La jueza encargada de analizar el pedido ya fue designada, pero no hay, al menos por ahora, mención alguna de plazo para la respuesta.

El fiscal Cassio Conserino es un individuo determinado, y no oculta tener al ex presidente como blanco preferencial. En enero aseguró a la revista semanal Veja, uno de los adalides del complot golpista que reúne, además de los medios hegemónicos de comunicación, a sectores de la Policía Federal y de la justicia, ostentando a la cabeza otro juez de provincias, Sergio Moro, que iría denunciar el ex presidente Lula da Silva por lavado de dinero y ocultación de patrimonio.

En rigor, el funcionario siquiera estaba encargado de investigar al ex presidente por la supuesta propiedad de un departamento en un balneario de São Paulo. Atropellando toda y cualquier noción de imparcialidad que se espera de un fiscal, anticipó a la publicación golpista lo que efectivamente hizo ayer: presentar una denuncia que podrá –o no– ser aceptada por un tribunal paulista. De paso, pidió la prisión del principal líder político del país.

En una larga conferencia de prensa convocada en la tarde de ayer, Conserino, acompañado por dos otros fiscales provinciales de su misma generación (e idénticos aires de señores de la verdad más absoluta), anunció que había, sí, cumplido lo que anunció a la revista hace más de un mes. Aprovechó para contar que, además del ex presidente y varios altos funcionarios de una constructora, también denunció a uno de los hijos de Lula y su esposa, Marisa Leticia. Se negó, de manera cabal, a contestar una pregunta clave de los periodistas presentes: ¿había pedido la detención de Lula da Silva?

El misterio se aclaró en pocos minutos, cuando la información apareció en Internet. Con aire triunfante, el joven funcionario contó a los periodistas todos los detalles del pedido de prisión de Lula. La razón: como ex presidente, Lula todavía tiene poder, y es preciso impedir que convoque manifestaciones populares en su defensa, lo que podría generar violencia. Mencionó también la defensa que la presidenta Dilma Rousseff hizo de Lula deja claro que existe un “proceso de blindaje, que podrá intervenir en las investigaciones”. Y, para terminar, por ser un ex mandatario “la posibilidad de fuga” de Lula se refuerza.

La verdad es que el resultado fue todo lo contrario al que, aparentemente, Cassio Conserino esperaba. Además de juristas de los más diversos calibres, hasta en el mismo PSDB, principal partido de oposición y cabeza política del intento de golpe institucional que se procurar armar en el Congreso, hubo sobradas críticas a la iniciativa.

Técnicamente, dicen los juristas, el pedido es frágil. Recuerdan que la denuncia presentada, y que pretende imputar a Lula, es igualmente frágil. Políticamente, un desastre. Si la jueza designada acepta y determina la prisión de Lula, transforma al ex presidente en víctima de un flagrante acto de injusticia. Si la rechaza, pone en relieve la parcialidad de los que persiguen al ex presidente. En cualquier caso, se trata de un momento especialmente delicado, y la iniciativa del fiscal muestra, además de su impericia técnica, una descomunal imprudencia.

Para pasado mañana están convocadas manifestaciones callejeras en todo Brasil, con respaldo de movimientos cuyas orígenes (y, principalmente, financiación) son desconocidas y llevando a remolque los partidos de oposición. Militantes del PT, electores de Dilma, sindicatos y movimientos sociales habían programado salir a las calles en defensa del gobierno y contra el golpe mediático-jurídico-parlamentario. Precisamente para evitar confrontar fuerzas opuestas, los actos pro Dilma fueron postergados. Con el pedido de prisión de Lula da Silva, no se sabe qué podrá ocurrir.

También llama la atención la verdadera obsesión de sectores de la justicia por denigrar a Lula. Como se recordará, el pasado viernes el juez Sergio Moro determinó, sin base jurídica y legal alguna, la ‘conducción coercitiva’ de Lula para prestar declaraciones a la Policía Federal. La ley determina claramente cuales las bases para que alguien sea conducido a la fuerza para declarar. Ninguna de ellas se aplica al ex presidente.

Para enturbiar aún más un escenario de vértigo, mañana habrá una convención del principal (y menos fiable) de los aliados del gobierno, el PMDB. Un sector defiende la ruptura con el PT y con Dilma, pese a los siete ministerios recibidos a cambio de un apoyo desleal. Otro defiende que, a la hora de votar en el Congreso la destitución de la presidenta, cada uno actúe según su conciencia (algo muy raro entre los de la leyenda).

Será un largo, muy largo fin de semana. Dilma Rousseff lo sabe muy bien. Mejor que nadie.

OPINION De perseguido a candidato

Lula se despertó el viernes 4 de marzo como perseguido y se fue a dormir esa misma noche como candidato a presidente. Hizo que aquel viernes, que había sido anunciado como un día de ensueño para la derecha brasileña, se transformara en uno de pesadillas. Lo hizo en un momento decisivo para cambiar la agenda política brasileña.

Porque, por detrás de las escaramuzas cotidianas, el gran combate en Brasil hoy es sobre cuál es la gran prioridad nacional, cuál es la agenda fundamental del país. La derecha había logrado, por la alianza entre sectores del Poder Judicial, de la Policía Federal y de los monopolios privados de los medios de comunicación, promover el tema de la corrupción como el más importante del país. Según encuestas hechas por esos mismos sectores, la corrupción sería el tema más importante del país, no la desigualdad social ni la hegemonía del capital especulativo sobre la economía brasileña.

La ofensiva ininterrumpida de acusaciones, aún sin fundamento, en los medios, promueve esa prioridad, que tiene como objetivo criminalizar al gobernante Partido de los Trabajadores y a su líder, Lula, para intentar sacarlo de la vida política del país. Esa ofensiva constante puso a Lula, al PT y al gobierno en la defensiva. Estos gastan gran parte de su tiempo y de sus energías, publicando desmentidas que ni siquiera son tomadas en cuenta por los medios, que siguen con sus mentiras como si no hubieran sido desmentidos.

Pero la desaforada operación represiva del viernes 4 de marzo, que tenía como objetivo arrestar a Lula, tuvo como una de sus consecuencias desastrosas para la derecha brasileña, que Lula reapareció en todas las pantallas de la televisión, con su carisma, sus análisis, sus propuestas. Permitió que Lula saliera de la esquina del ring donde lo mantenían para retomar la iniciativa y la ofensiva. No sólo para ubicar a Rede Globo y a sectores de la judicatura como enemigos de la democracia, sino también para reiterar que es candidato a la presidencia de Brasil en 2018 y que va a salir a recorrer el país a partir de esta semana para dar los debates políticos.

En sus brillantes intervenciones del viernes, donde el pueblo pudo reencontrarse con su líder más grande, Lula encontró el camino para dar vuelta la situación política del país. Salió así a replantear el debate político alrededor de lo que la derecha y la izquierda quieren para el país. Habló del país que su gobierno ha construido, reiteró que es por ello que es perseguido, interpeló a la oposición sobre lo que quieren para el país.

En pocas horas, Lula desplazó el eje del debate, proyectando su candidatura y las realizaciones de su gobierno. Lula se convenció de que la única manera de revertir la crisis actual es hacer campaña todo el tiempo, o sea, politizar el debate. La reacción en contra de los promotores de la maniobra fallida se dio en todos los planos y la derecha quedó la defensiva.

Por una parte, volvieron las apelaciones a los militares de parte de Rede Globo. Por otra parte los promotores confesaron que intentan un proceso que excluya a Lula de la vida política. Lula marcó el tono político de la reacción. Los movimientos populares se han movilizado y salido a las calles. Los juristas interpelan en distintos niveles a las arbitrariedades de los promotores. Los medios alternativos hicieron circular las versiones reales de los acontecimientos y su significado. Articulistas de la derecha ya se lamentan que se le ha dado espacio público de nuevo a Lula y con la imagen de una víctima de arbitrariedades.

La derecha brasileña se juega con todo lo que tiene. Creyó que tenía la situación bajo control y usó su bala de plata en contra de Lula. Lula salió agrandado moral y políticamente, mientras sus adversarios quedaron en situaciones embarazosas.

La crisis brasileña está lejos de terminar. Los promotores buscan nuevas formas de darle continuidad a la ofensiva contra Lula, pero con el desgaste de la operación frustrada del 4 de marzo. El gobierno, a su vez, tiene una nueva oportunidad, frente a las grandes movilizaciones populares, de reencontrarse con los intereses del pueblo, cambiando la política económica. Pero lo fundamental es que Lula se cansó de ser perseguido y, a lo largo de aquel viernes, asumió definitivamente que es candidato a presidente de Brasil.

AMPLIAN EL PLAZO PARA QUE LIQUIDEN LAS DIVISAS Otro dulce para los exportadores

El Ministerio de Producción y el Banco Central extendieron el plazo que rige para que los exportadores liquiden las divisas producto de sus ventas al exterior. En el extremo, para los pequeños y medianos exportadores, que realizaron operaciones por menos de 2 millones de dólares en 2015, el plazo para la liquidación se amplió a 360 días. Además, el Gobierno eliminó la Unidad de Evaluación, que tenía a su cargo el análisis de la extensión en el ingreso de divisas en función de las posiciones arancelarias. Además, extendió los beneficios que esa dependencia había hecho de manera puntual con empresas para atender cada situación para todas las firmas exportadoras que comparten la posición arancelaria.

El sector lechero y las economías regionales tendrán 180 días para liquidar divisas. Quedan comprendidos en este nuevo plazo rubros tales como lácteos, frutas y hortalizas, preparados alimenticios, vinos y mosto de uva, miel, frutos secos, aceite de oliva, jugos, conservas, entre otros. Se trata de más de 650 productos que luego de ser exportados y las empresas fabricantes dispondrán de 6 meses para ingresar las divisas, cuando antes debían hacerlo en 30, 60 o 90 días. El secretario de Comercio, Miguel Braun, consideró que la medida permite mejorar la ecuación financiera para las empresas exportadoras.

El Gobierno plantea que los plazos para la liquidación de las divisas originadas en operaciones de exportación, junto a las propias retenciones a las exportaciones a los productos agropecuarios, a la manufactura y a la minería y también y los cupos para exportar forman parte de las “trabas” que entorpecían el funcionamiento económico. En el caso de los plazos de liquidación de divisas, se buscaba limitar la posibilidad de especular con la venta de las divisas en función de la expectativa de rentabilidad cambiaria.

EL INDICE DE PRECIOS DE LA CIUDAD ARROJO UNA SUBA DE 4 POR CIENTO EN ENERO La inflación sigue su marcha a todo vapor

El Indice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (Ipcba) arrojó el mes pasado un aumento del 4 por ciento, lo que aceleró la suba interanual a un 32,9 por ciento, según la Dirección General de Estadística y Censos porteña. El Ipcba, una de las dos mediciones testigo que utiliza el gobierno de Mauricio Macri mientras se mantiene el apagón estadístico, acumula un alza de 8,3 por ciento en el primer bimestre y de 12,5 por ciento si se incluye a diciembre. Durante febrero los servicios subieron 5 por ciento mensual, mientras que los bienes lo hicieron en 2,9 por ciento. El aumento en los servicios respondió principalmente al impacto en el ajuste de las tarifas eléctricas y, en menor medida, a alquileres y cuotas de medicina prepaga. La denominada inflación núcleo, que no contabiliza las subas de los servicios públicos ni de productos estacionales, registró una variación de 2,7 por ciento en el mes.

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, reconoció ayer que en los primeros meses del año la suba en los precios minoristas fue elevada, con un 8,3 por ciento entre enero y febrero, aunque descartó que haya una inercia inflacionaria y vaticinó una mejoría de cara al futuro (ver aparte). No obstante, las cifras difundidas por el Ministerio de Hacienda porteña reflejan una aceleración en los precios. En lo que va del año los servicios acumulan un alza de 8,7 por ciento y los bienes de 7,8 por ciento. Estos últimos estuvieron apuntalados por incrementos en alimentos y en artículos de tocador y limpieza. “En términos interanuales, ambos agrupamientos aceleraron su ritmo de suba hasta el 30,9 por ciento en el caso de los servicios, 4,2 puntos más que en el mes previo, y un 35,1 por ciento en bienes, 2,2 puntos por encima de enero”, resalta el informe del ente estadístico.

Desde octubre pasado, mes en que el entonces candidato a ministro Alfonso Prat-Gay aseguró que iban a devaluar en caso de ganar las elecciones, los incrementos en los principales rubros alimenticios subieron hasta más de un 40 por ciento, mientras que la suba de la electricidad registró, según el índice, un incremento de 253,3 por ciento, pese a que el ajuste contempla subas de hasta el 700 por ciento para algunos clientes. En alimentos, desde octubre se destacan aumentos en pan (13,5 por ciento), carnes (25,5), pescados (22,2), aceites (14,4), leche (13,3), frutas (42,5) y azúcar (13,9). El rubro verduras fue el único que registró una baja de 1,9 por ciento desde octubre.

“En febrero se registraron aumentos en todas las divisiones del Ipcba, en donde se destacaron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Equipamiento y mantenimiento del hogar, restaurantes y hoteles y Salud, que en conjunto explicaron el 77,3 por ciento de la variación mensual del Nivel General”, detalla el informe del ente porteño. En este marco, la incidencia del ajuste en las tarifas aportó 1,29 punto porcentual a la medición del Ipcba, que junto con la medición de San Luis, son utilizados como muestras por el gobierno hasta que vuelvan a publicarse los índices por parte del Indec, lo que sucedería a mitad de año.

En la medición interanual, la suba de los precios al consumidor se aceleró hasta el 32,9 por ciento. Los rubros Alimentos y bebidas no alcohólicas evidencian una suba interanual del 32 por ciento; Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, un 36,8 por ciento; Recreación y cultura, 37,2 por ciento; Restaurantes y hoteles, 30,9 por ciento; y Transporte, 24,5 por ciento. En conjunto explicaron 62,1 por ciento de la suba del nivel general. En Alimentos y bebidas no alcohólicas, se destacaron subas en carnes y derivados, con 41,9 por ciento, leche y productos lácteos y huevos (26,3), pan y cereales (26,3), frutas (58,2) y aguas minerales, gaseosas y jugos (29,5), que explicaron el 79,5 por ciento del alza.

Por último, dentro de los denominados rubros regulados por el Estado, el índice registró en febrero un incremento de 12,8 por ciento frente a enero, debido principalmente al ajuste en la tarifa de electricidad. “Así, esta agrupación se aceleró hasta 25,1 por ciento interanual, 13,4 puntos respecto de enero”, señala el informe. Con menor incidencia influyeron los aumentos en las tarifas de los peajes y del taxi. La evolución mensual de “Resto Ipcba”, que da cuenta de subas que no responden a cuestiones estacionales y/o administrativas, fue de 3 por ciento, desacelerándose respecto de los dos meses previos y por debajo de la variación del nivel general.

EL STOCK SE REDUJO OTROS 46 MILLONES. EL DOLAR EN BAJA Las reservas continúan en picada

El dólar cerró ayer a 15,60 pesos, al disminuir dos centavos respecto de la jornada anterior. Las reservas internacionales se ubicaron en 23.113 millones dólares (28.113 con el pase de la banca extranjera), con una merma de 46 millones. El stock de divisas del Central, a pesar la menor tensión cambiaria por el aumento de la tasa de interés de referencia hasta el 38 por ciento, continúa disminuyendo en forma diaria, por lo que acumuló una caída de casi 2500 millones en lo que va del año. El Gobierno, además de avanzar en la colocación de endeudamiento con acreedores internacionales, anunció que el 17 de marzo ampliará la licitación de bonos en pesos para captar fondos de los inversores locales. Los títulos que se licitarán son el Bonar 2018, que rinde la tasa Badlar más 275 puntos básicos, y el Bonar 2020, con tasa Badlar más 325 puntos. En febrero ya se embolsaron 11.000 millones de pesos a través de estos bonos, y el objetivo del equipo económico es ampliar las licitaciones hasta conseguir 40.000 millones.

El endeudamiento es una de las prioridades en la política económica de Cambiemos. En la provincia de Buenos Aires, por caso, la gobernadora María Eugenia Vidal tomó prestado del exterior 1250 millones de dólares a una tasa de 9,4 por ciento. Las ofertas de crédito de la banca extranjera y fondos de inversión para funcionarios bonaerenses ascendió hasta los 4000 millones de dólares y el equipo económico de la provincia no descartó avanzar en nuevas emisiones. A nivel nacional, mientras tanto, se espera a cerrar el acuerdo con los fondos buitre para salir a buscar créditos en dólares en una magnitud de entre 15 y 30 mil millones de dólares.

En lo que refiere al MerVal, se registró una caída del 0,7 por ciento. Entre las firmas con bajas se destacó Aluar (-4,6 por ciento), Sociedad Comercial del Plata (-2,2 por ciento), Tenaris (-1,5), YPF (-3,3) y Siderar (1,3). Las empresas que anotaron alzas fueron Petrobras, al avanzar 1,5 por ciento, y Edenor, con un aumento de 7,3 por ciento. Los títulos públicos en dólares cerraron con caídas. El Discount en moneda extranjera bajo legislación argentina perdió un 0,4 por ciento, al tiempo que el Bonar 2024 bajó al 0,2 por ciento y el Bonar 2017 cayó 0,1. Bonos provinciales en dólares mostraron caídas más importantes, donde se destacó el retroceso del 3,9 por ciento de Buenos Aíres 2021. Analistas consideran que si el Gobierno avanza en una fuerte emisión de deuda, habrá una sobreoferta de bonos que impulsaría el precio de los títulos a la baja.

ECONOMIA › LOS NUMEROS DE LA PROPUESTA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Pan para hoy, deudas mañana

Por Raúl Dellatorre

La propuesta que ayer le formuló el gobierno nacional, a través del ministro del Interior, a las provincias para la devolución de las retenciones de coparticipación significará, sólo en este año, transferencias adicionales del Tesoro nacional por 37.813 millones de pesos. No todo saldrá en efectivo. A las tres provincias con fallo a favor de la Corte Suprema (Santa Fe, San Luis y Córdoba) se les restituirá desde este año el 15 por ciento de la coparticipación que se les detraía. La transferencia a favor de ellas en este concepto sumará 14.213 millones de pesos, según la estimación oficial. El resto de las jurisdicciones recibirá un monto extra este año de 11.800 millones, equivalente a la restitución de tres puntos de la coparticipación. Es decir, el Tesoro Nacional resignaría en efectivo 26.013 millones de pesos entre ambos concepto. Pero, además, el “acuerdo gradual” propuesto por el Ministerio del Interior contempla la entrega a las 21 provincias no beneficiadas por el fallo de documentos a descontar por otros 11.800 millones de pesos. Es decir, aparte de la erogación extra ya mencionada, el Estado nacional asume un endeudamiento extra en pesos de 11.800 millones este año.

Estos son los números que ayer difundió la vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero, a través de su cuenta de Twitter y tras finalizar la reunión en Casa de Gobierno con Rogelio Frigerio. El esquema de la propuesta de devolución del 15 por ciento de coparticipación, tal como lo propuso el ministro y ahora espera la respuesta de los gobernadores, parte de una hipótesis de aumento de los recursos coparticipables de 14,5 por ciento en el primer año (de 2016 a 2017), de 10 por ciento en 2018, de 5 por ciento en 2019 y otra vez el 5 por ciento en 2020. Además de una proyección altamente optimista en cuanto a la evolución de la inflación, la hipótesis de curva de ingresos fiscales coparticipables también incluye una expectativa de reducción de la presión impositiva en el lustro, según confiaron fuentes oficiales.

De acuerdo a ese recorrido, la estimación del 15 por ciento coparticipable que ahora el Estado nacional se compromete a restituir resultaría, año por año, de 73.213 pesos en 2016, 83.829 millones en 2017, 92.212 millones en 2018, 96.822 millones en 2019 y 101.633 millones en 2020. Pero la propuesta del gobierno es que esa devolución se haga paulatinamente. Recién en el último año las 24 provincias podrían cobrar el 100 por ciento de los fondos que le corresponden por el reparto porcentual de coparticipación.

Según el esquema propuesto por Interior, en los años anteriores (2016 a 2019) las provincias seguirán resignando parte del 15 por ciento de coparticipación que se le detraen. Lo resignan, de acuerdo a la propuesta, sin recuperación posterior, por lo menos en el marco de la propuesta que ayer les presentó Frigerio.

La propuesta contempla una transferencia gradual del Estado nacional a las provincias en una escala creciente, que arranca en el 3 por ciento de la coparticipación el primer año, 2016 (11.800 millones de pesos), 6 por ciento en 2017 (27.022 millones), 9 por ciento en 2018 (44.587 millones), 12 por ciento en 2019 (62.422 millones) y el 15 por ciento pleno de la coparticipación estimada para 2020 (81.928 millones de pesos). A esas sumas en efectivo, se le agrega la erogación que en cada año hará el Tesoro Nacional en favor de Santa Fe, San Luis y Córdoba, conforme al fallo de la Corte Suprema. El importe de esta última cifra fue estimada en 14.213 millones de pesos para el año 2016, 16.274 millones para 2017, 17.901 millones en 2018, 18.796 millones en 2019 y 19.736 millones de pesos en 2020.

El resto de las provincias recibirán, además de la cifra en efectivo mencionada, documentos a descontar que completan la oferta. El valor de los documentos a transferir surge del 3 por ciento de monto coparticipable calculado para cada año, de lo que resultan, globalmente para los 21 distritos involucrados: instrumentos financieros por valor de 11.800 millones de pesos para 2016, 13.511 millones para 2017, 14.862 millones para 2018 y 15.606 millones para 2019. En 2020, el último año del acuerdo, cuando las provincias cobren el 15 por ciento en efectivo, no habrá más pagos en documentos.

De los 37.813 millones de pesos, entre efectivo y documentos, que el gobierno nacional propone distribuir este año para empezar a resarcir a las provincias por la detracción del 15 por ciento, Santa Fe recibirá 6320 millones de pesos, Córdoba 6279 millones y Buenos Aires 6212 millones, considerando además que esta última cobrará parte en documentos a descontar. En cuarto lugar aparece San Luis, con 1614 millones de pesos, que por efecto de fallo de la Corte a favor cobrará en este reparto más que cualquier otra provincia.

Tras el fallo de la Corte Suprema, en noviembre del año pasado, a favor del reclamo de Santa Fe, San Luis y Córdoba, ordenando la restitución del 15 por ciento de la coparticipación que les correspondía para financiar el sistema previsional (resolución de agosto de 1992), la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso hacer extensivo el beneficio a todas las provincias, ya que la Corte Suprema consideraba “inconstitucional” la retención. A su vez, ordenaba compensar con fondos del Tesoro la pérdida de recursos para la Anses.

Pero, apenas asumido, el actual presidente de la Nación dictó otro decreto de necesidad y urgencia por el cual ordenó la “inmediata extinción” de decreto anterior, a considerar que el mismo generaba “consecuencias inexorables desde el punto de vista económico”, en virtud del “ajuste sobre el gasto primario a cargo del Tesoro Nacional” hubiera implicado. La solución propuesta por el Ministerio del Interior atenúa el impacto, pero en virtud de las buenas relaciones que busca sembrar con los gobernadores provinciales y sus legisladores, termina aceptando un ajuste adicional que obligaría a seguir sumando las necesidades de financiamiento de gobierno para este año y el próximo, como mínimo.