El Gobierno desmiente que para homenajear a las mujeres en su día tenga previsto un desfile “de los mejores culos del país” con Macri como jurado
A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
martes, 8 de marzo de 2016
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LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PREADJUDICO UNA OBRA POR 104 MILLONES DE PESOS A SES SA Otra licitación para el amigo Caputo
Por Werner Pertot
El gobierno porteño le preadjudicó otra obra por 104 millones de pesos a SES SA, la empresa controlada por Caputo SA. Esta última es la empresa del amigo del presidente Mauricio Macri, Nicolás Caputo. La obra es por la refacción de escuelas en la comuna 5. Como informó este diario, el último día como jefe de Gobierno, Macri le otorgó a esa misma firma una serie de obras por otros 94 millones de pesos. SES SA recibió 1400 millones de pesos en los últimos ocho años, a pesar de que Macri negó que su amigo hubiera recibido licitaciones durante su paso por el Gobierno porteño. Ya como presidente, le adjudicó a su amigo otra obra por cerca de 800 millones de pesos para la obra civil de un reactor nuclear en Río Negro. En este último caso, la licitación se había hecho durante el gobierno anterior.
Macri y Caputo tienen una amistad desde su infancia. El Presidente lo define como “un hermano de la vida”. Es una de las personas de mayor confianza del Presidente, al punto de que fue quien se encargó de entregar el rescate a los secuestradores de Macri a comienzos de los noventa. En su última declaración jurada, el Presidente informó que Caputo tiene una deuda con él de 18,5 millones de pesos. Al comienzo de su gestión porteña lo nombró como asesor ad honorem, pero debió renunciar por su doble rol como contratista. De todas formas, siguió formando parte de la mesa chica a la que consulta el Presidente.
Cuando le preguntaron por las licitaciones del gobierno porteño, durante la campaña del año pasado, Macri dijo que Caputo SA por pedido de él no se había presentado a ninguna licitación y que no había ganado una sola obra. Indicó que las únicas que hizo eran de gestiones anteriores. No mintió. La empresa de Caputo que ganó licitaciones durante su gobierno fue SES SA. La mitad de las acciones de esa empresa son propiedad de Caputo SA, por lo que es su controlante. En los dos casos, el presidente es la misma persona: Teodoro Argerich.
Durante los años que Macri gobernó en la Ciudad, SES SA ganó licitaciones de mantenimiento de escuelas, pasos a nivel, de la limpieza de los corredores del Metrobus, de las refacciones del Parque Lezama y del mantenimiento de diversos hospitales porteños. En total, embolsó unos 1400 millones de pesos. Antes de la llegada de Macri a la Ciudad tenía obras, pero por 120 millones.
En su despedida de la gestión porteña, Macri firmó una de las últimas adjudicaciones para SES SA en una Unión Transitoria de Empresas con MIG SA. El presupuesto oficial de esa licitación había sido de 77 millones de pesos, que luego fue aumentado a 88 millones y por último fue adjudicado a la empresa de Caputo por “ser la oferta más conveniente”. Ese último aumento –del 18 por ciento– se dio por el “sistema de ajuste alzado” y es previo a las redeterminaciones de precios que suelen otorgarse luego de que comienzan las obras.
La última licitación preadjudicada a SES SA fue publicada ayer en el Boletín Oficial porteño para el “mantenimiento integran de varios edificios escolares de la comuna 5”. A la licitación se presentaron tres empresas: Planobra, Mejores Hospitales y la ganadora: SES, en asociación de nuevo con MIG SA. Para más datos, Planobra es la empresa que ganó con Caputo la licitación de mantenimiento del Metrobus. Sólo resta que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, firme la adjudicación.
OPINION Política y comunicación, caras de la misma moneda
Por Washington Uranga
En muy pocos días transcurrieron dos acontecimientos de suma importancia en la relación entre política y comunicación: el encuentro de ComunicAcción en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el Congreso de la Coalición por la Comunicación Democrática (CCD) en el auditorio de la Cámara de Diputados. Ambas actividades registraron participaciones multitudinarias, incluso por encima de las inicialmente previstas por los organizadores. Mientras tanto en los gremios vinculados a la comunicación hay un estado de movilización permanente a raíz de despidos, falta de pago y riesgo de cierre de algunos medios. En todos los casos lo que se demanda mediante diferentes reivindicaciones es la vigencia plena del derecho a la comunicación, insistiendo en la idea de que este derecho es “habilitante” de muchos otros y de la democracia misma.
Por lo menos, dos conclusiones se pueden obtener de los datos anteriores, aunque seguramente hay muchas más que las que aquí se consignan.
La Argentina vive un momento en el cual muchos sectores manifiestan su necesidad de participar, de expresarse, de manifestarse. En algunos casos para canalizar demandas frente a los atropellos que está cometiendo el oficialismo gobernante, ante los despidos y la conculcación de derechos. En otros, simplemente para poder expresarse, gritar, desahogarse. Ante la ausencia de canales orgánicos fuertes, la participación “estalla” en todo espacio que se habilite para ello, para decir y para escuchar. Esta necesidad de expresión no es propia ni única del campo de la comunicación. Se nota en la convocatoria a las plazas, a los encuentros, a los conversatorios. Pero el mundo de la comunicación se muestra especialmente activo en la materia. Y ello ocurre porque la comunicación ha dejado definitivamente de ser un espacio técnico y solamente profesional: es un lugar de disputa simbólica y política permanente que trasciende a los actores específicos para involucrar de modo amplio a la ciudadanía.
En la democracia moderna nadie que aspire realmente al manejo del poder puede resignar la lucha en el ámbito comunicacional.
Lo sabe el presidente Mauricio Macri y por ese motivo desde el mismo día que asumió el gobierno lanzó una ofensiva político institucional para desarticular la mayoría de los mecanismos de democratización de la comunicación que el kirchnerismo había puesto en marcha haciendo retroceder a actores importantes. Son estos mismos grupos de poder a quienes ahora la coalición gobernante busca garantizarle privilegios. A cambio el Gobierno espera que continúe el “blindaje” mediático que impide la divulgación de toda información que no sea favorable a sus intereses mientras se reproduce el relato oficial de las justificaciones a sus actos. Más que una alianza habría que hablar de una asociación ilegítima de complicidades en contra de los derechos democráticos de gran parte de la ciudadanía.
La otra lectura de los acontecimientos aludidos es que una parte significativa de la población y no solamente quienes están ligados al tema, ha tomado conciencia de la importancia del espacio comunicacional. La participación en las actividades mencionadas no solo fue multitudinaria sino sumamente diversa. Trabajadores de la comunicación, profesionales de los medios, académicos... pero también sindicatos, organizaciones sociales y políticas, de derechos humanos, movimientos populares, de pueblos originarios... y sigue la lista. Todos reunidos y unidos por el derecho a la comunicación.
Hay, en numerosos actores, la convicción creciente de que gran parte de la suerte de la democracia se juega hoy en el ámbito de la comunicación. Y que defender la pluralidad de voces y la diversidad de miradas es inseparable de la lucha política. Comunicación y política son dos caras de una misma moneda denominada democracia.
OPINION Una profunda inquietud
Por Eduardo Jozami
En menos de 48 horas, dos locales políticos fueron atacados a balazos, uno de La Cámpora en Mar del Plata y otro de Nuevo Encuentro en el barrio porteño de Villa Crespo. Estos hechos generan una inquietud muy profunda sobre el futuro argentino y contribuyen a enrarecer más un clima político fuertemente marcado por el discurso denigratorio contra el anterior gobierno. Aunque cualquier especulación sobre los autores sea todavía imposible, nunca hechos de este tipo fueron realizados por “locos sueltos”. Los atentados contra militantes populares fueron en el pasado obra de grupos con cierta organización y recursos, una disposición criminal suficiente como para no evitar las víctimas fatales –es milagroso que no hubiera heridas de muerte entre los asistentes al acto de Villa Crespo– y, en muchos casos, vinculados con las fuerzas de Seguridad.
Es obvio que estos ataques no habrán de apartar a las fuerzas agredidas y a toda la militancia kirchnerista del camino político de reivindicación de lo hecho por los gobiernos de Néstor y Cristina y de activa oposición a la política del gobierno instalado el 10 de diciembre. Si el intento, más que un mero propósito intimidatorio, tuvo un fin de provocación para introducir formas de violencia en la actual confrontación entre oposición y gobierno tampoco parece que fuera a lograr resultados. Tras doce años de ampliación de la democracia y restablecimiento de la centralidad de la política, el movimiento popular está hoy muy lejos de esas actitudes.
La ministra de Seguridad ha dicho que los atentados contra locales políticos son inadmisibles. Debería tomar nota de que no se trata de hechos aislados, porque en la última semana una pareja, identificada con el FPV, fue agredida con violencia en la ciudad de Buenos Aires por los encargados de un local gastronómico y expulsada del lugar. El rápido esclarecimiento de los recientes ataques con armas de fuego y la detención de sus autores tendría un saludable efecto sobre la vida política. Del gobierno es la tarea.
EL TRIBUNAL ORAL DE TUCUMAN LES DEVOLVIO LA JUBILACION A CUATRO CONDENADOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD Un nuevo beneficio para represores
Por Ramiro Rearte
Desde Tucumán
Por una decisión del Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF), cuatro represores serán beneficiados con el goce de su jubilación a pesar de haber sido condenados por delitos de lesa humanidad en la provincia. Luciano Benjamín Menéndez, Roberto Heriberto Albornoz, Luis Armando De Cándido (todos con reclusión perpetua) y Carlos Esteban De Cándido (cuatro años de prisión) pidieron a los jueces, a través de su defensor, que revean la decisión tomada en el marco de las condenas de la causa “Jefatura de Policía de Tucumán s/secuestros y desapariciones” en 2012.
El argumento principal de los condenados es que son “ancianos con problemas de salud, lo que los convierte en vulnerables”.
La decisión del tribunal fue firmada el pasado miércoles, luego de que se expidieran en el planteo presentado por el defensor oficial Manuel Eduardo Bonnin, quien pidió la inconstitucionalidad de los artículos 12 del Código Procesal Penal (que dispone que la inhabilitación absoluta importa la privación de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos) y del 19 inciso 4 (expresa que la inhabilitación absoluta importa la suspensión de toda jubilación, pensión o retiro civil o militar).
Las contestaciones fueron efectuadas por los representantes de las querellas, Laura Figueroa, Daniel Mendivil y Juan Carlos Veliz y Bernardo Lobo Bugeau, mientras que por el Ministerio Público lo hizo el fiscal Pablo Camuña.
Entre los argumentos, Bonnin dijo que “se solicita no se lleven adelante medidas que puedan afectar la administración de los bienes y el derecho de disponer de ellos por actos entre vivos, y la percepción de haberes previsionales de sus asistidos, quienes son ancianos con problemas de salud, lo que los convierte en vulnerables”.
En su fallo, los jueces Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla rechazaron el pedido de inconstitucionalidad del artículo 12 del CPP, pero declararon inconstitucional el inciso 4 del artículo 19. El defensor de los represores había destacado en el texto que, “privar a Luciano Benjamín Menéndez, Roberto Heriberto Albornoz, Luis Armando De Cándido y Carlos Esteban De Cándido de sus beneficios jubilatorios supone una intromisión del Estado en la esfera privada de las personas sin fundamento racional alguno fuera de los de carácter estrictamente retributivo”.
Otro de los argumentos esgrimidos por la defensa y que los querellantes y el propio fiscal objetaron fue que los condenados por delitos de lesa humanidad cobran la jubilación porque es “el resultado de los aportes que efectuaron durante toda su vida laboral y que los condenados como sus cónyuges son personas mayores, con gastos médicos por padecer enfermedades crónicas o por ancianidad”.
Para el fiscal federal Pablo Camuña el pedido realizado por los genocidas fue “extemporáneo” porque “la sentencia definitiva se encuentra firme”. Sostuvo además que, de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad “al que debe recurrirse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable”.
En tanto a la posibilidad de que cobren sus haberes jubilatorios el fiscal resalta que “el penado no puede administrar sus bienes ni disponer de ellos por actos entre vivos, pero nada impide que pueda disponer sus bienes mortis causa, temporales porque su vínculo con la ejecución legal de la pena es indestructible, no es un castigo, pero no puede apartarse de los límites estrictos de aplicación de la pena en lo que respecta a la efectiva privación de libertad”, sostuvo.
Los jueces fundamentaron su decisión en diversos artículos de la Constitución Nacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el pacto Internacional en Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana en los Derechos Humanos.
LA DEFENSA DE DIEGO LAGOMARSINO APELO LA DECISION DE LA JUEZA PALMAGHINI DE DECLARARSE INCOMPETENTE Para evitar el pase al fuero federal
Por Raúl Kollmann
La defensa del informático Diego Lagomarsino apeló ayer el pase a la Justicia Federal del caso Nisman en base a una serie de argumentos, entre ellos que “en los estudios científicos se advierte la imposibilidad material del homicidio de Alberto Nisman, lo que fue consignado en la causa por una amplia mayoría de peritos”. Si no hay homicidio, sino suicidio, no hay delito y por lo tanto no existe ninguna razón para enviar el expediente a Comodoro Py. En el texto firmado por el abogado Gabriel Palmeiro se señala que las declaraciones de los ex agentes de inteligencia Horacio Stiuso y Carlos Moro Rodríguez son “sólo opiniones y no la exposición de un conocimiento cierto”. “Es más –dice Palmeiro– las declaraciones de Stiuso y Moro Rodríguez se contradicen con los elementos científicos que hay en la causa.”
La defensa presentó la apelación en término, por lo cual todo indica que la Cámara Federal va a fijar una audiencia en que las partes plantearán sus posiciones. Hay una posibilidad de que esa audiencia sea en la fecha que se previó hace una semana, el 18 de marzo. Ese día expondrá Palmeiro y lo retrucarán las dos querellas, la que encabeza Sandra Arroyo Salgado en representación de las hijas del fiscal, y la que representa a la madre de Nisman, Sandra Garfunkel. También será de la partida el fiscal de Cámara, Ricardo Sáenz, que desde el primer día viene sosteniendo que a Nisman lo mataron y fue uno de los líderes de las marchas de homenaje al fiscal. Las querellas y Sáenz han tenido una curiosa coincidencia con Stiuso, con el macrismo y con las posturas que a nivel internacional sostienen la derecha republicana e israelí: al fiscal lo asesinó Irán, en combinación con un grupo vinculado al gobierno kirchnerista. Aunque no aportan ni una sola evidencia, el objetivo parece ser la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La defensa de Lagomarsino hasta va más allá de su propia hipótesis en el texto: “Supongamos que puede ser suicidio o suicidio inducido u homicidio. Nada de esto es de competencia federal por sí mismo. El fuero federal es una competencia excepcional, cuando se pone en juego un interés del Estado federal”. Un ejemplo de esto fue esbozado hasta por la propia Arroyo Salgado. Fue ella la que denunció en su momento que Nisman tenía una cuenta clandestina, con movimientos de más de 660.000 dólares, y sostuvo en aquel entonces que revelaba el dato de la cuenta en el Merrill Lynch porque existía la posibilidad de que al fiscal lo hubieran matado por un tema de dinero. Si eso fuera así, no sería de competencia federal. Tampoco si el homicidio tuviera que ver con motivos que no atañen a su investigación. De manera que –según Palmeiro– habría que probar no sólo que a Nisman lo mataron, sino que lo hicieron por una razón que tiene que ver con el interés del Estado. Aun así, Palmeiro reitera que “se advierte la imposibilidad material del homicidio de Nisman”.
Al analizar el escrito de incompetencia de la jueza Fabiana Palmaghini, el abogado defensor dice que sin fundamentación de ningún tipo la magistrada sostiene que la escena del departamento estuvo contaminada. Ninguna pericia lo señala ni ella presenta argumentos. Sólo se basa en las opiniones del Moro Rodríguez y Stiuso, que, sin tampoco presentar evidencias, afirman que a Nisman lo mataron.
La jueza también sostiene que es muy posible que las computadoras y celulares de Nisman “no quedaran incólumnes”, por lo cual hubo una especie de violación de la correspondencia y por lo tanto debe investigar la justicia federal. Palmeiro responde que no hay ni una prueba de que manos extrañas hayan entrado a los soportes. No lo dice ningún peritaje de los realizados hasta ahora. Una prueba es que la computadora de Nisman registra un ingreso a leer Página/12 el mismo domingo 18 de enero a las 7.32. Ese ingreso se constató, exactamente a esa hora, en el servidor de Página/12, lo cual muestra que no se alteró nada en la netbook. También la empresa Fibertel confirmó que desde la dirección IP ubicada en Puerto Madero, es decir en el edificio Le Parc, se hicieron movimientos que son tal cual figuran en la computadora de Nisman. Por último, el borrado de archivos y registros eran una costumbre habitual de Nisman, que estudió informática antes que derecho y usaba normalmente programas borradores. “No hay un solo perito –sostiene Palmeiro– que haya mencionado la violación de los correos electrónicos. Y ninguno podría afirmarlo porque ninguno tuvo acceso a los correos electrónicos.” El defensor se refiere así a que ni Yahoo ni Hotmail contestaron hasta ahora a las preguntas hechas por la Justicia argentina y no se constató ningún ingreso a los mails.
Finalmente, el defensor de Lagomarsino sostiene que el pase a la Justicia Federal viola “el principio del juez natural”. Aunque presenta jurisprudencia breve sobre el tema, en el fondo lo que se cuestiona es que el pase a la Justicia Federal implica, de hecho, una maniobra que lleva el caso a un fuero elegido por Arroyo Salgado y el macrismo desde el principio.
Lo más peligroso de lo señalado por Palmeiro en su escrito es que le adjudica a Palmaghini la pretensión de anular virtualmente la evidencia científica. La jueza dice que Moro Rodriguez y Stiuso sostienen que a Nisman lo mataron y eso lleva a la conclusión de que las pruebas científicas se relativizan porque los peritos dicen lo contrario que Stiuso y Moro Rodríguez. Por lo tanto, existe el peligro de dejar la muerte del fiscal en un camino sin salida: si todo estaba contaminado –algo que no dijo ningún perito–, si no vale nada de lo científico hecho hasta ahora, será imposible saber qué pasó. Básicamente porque no se va a poder probar nada.
raulkollmann@hotmail.com
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