OPINION Malditos sean los datos

Por Horacio Verbitsky

Durante la reunión de intelectuales con el presidente Maurizio Macri del 23 de diciembre, Luis Alberto Romero planteó una ácida visión sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad y reclamó su replanteo. No lo acompañó ninguno de los otros asistentes, quienes se comprometieron a mantener la confidencialidad sobre lo tratado. Pero Romero no soportó el anonimato y al cabo de dos meses confesó que fue él quien introdujo el tema, de modo “extemporáneo” y “audaz”. El hijo del gran historiador José Luis Romero sostuvo en su diálogo con La Nación que los juicios se realizan en carácter de venganza como en los tribunales populares de la Revolución Francesa, con público que grita e insulta a los testigos, sin respeto por el debido proceso, de modo que los militares ya ingresan sentenciados a la pena máxima; que se condena sobre la base de un solo testimonio y por responsabilidad objetiva (“puesto que estaba destinado a una unidad donde se torturaba, eso lo convierte en torturador”) y que los procesados mueren en las cárceles porque se les niega la prisión domiciliaria. Opuso estos procesos, que a su juicio vulneran el estado de derecho y los Derechos Humanos, a los realizados durante la presidencia de Raúl Alfonsín, que considera pulcros e impecables. La realidad es muy distinta. Según los datos del CELS:

1. En los juicios realizados hasta diciembre de 2015, hubo 662 condenados y 60 absueltos; pero en la etapa de instrucción se les dictó la falta de mérito a 199 imputados y otros 60 fueron sobreseídos, es decir que ni siquiera fueron llevados al debate oral. Los 319 absueltos, sobreseídos y con falta de mérito para ser procesados implican que cada dos condenados hubo uno contra quien no prosperaron los cargos ni se afectó su libertad. Esta proporción es similar a la de los dos juicios concluidos durante la presidencia de Alfonsín (contra las primeras juntas militares y contra la cúpula de la policía bonaerense), en los que hubo diez condenados y seis absueltos.

2. De todas las condenas pronunciadas hasta diciembre de 2015 sólo el 38 por ciento fueron a la pena máxima, que es la prisión perpetua. Algo menos, el 31,5 por ciento, recibió sentencias que van de 3 a 15 años de prisión y el 27 por ciento entre 15 y 25 años. El 3 por ciento fue condenado a penas de hasta tres años.

3. Sólo en una cantidad ínfima de casos se permitieron manifestaciones del público contra los acusados, aunque también las hubo a favor. La norma general es que en tal caso los tribunales desalojan la sala.

4. De las 155 sentencias habidas, no se registran condenas basadas en sólo un testimonio, salvo que coincida con documentos que lo corroboren. En todo caso, quien formula esa afirmación debería fundamentarla con datos precisos.

5. Es cierto que muchos imputados han muerto bajo proceso, pero lo mismo ocurre con las víctimas y sus familiares, en todos los casos por su avanzada edad. Por ejemplo, la mitad exacta de los familiares de detenidos-desaparecidos patrocinados por el CELS ya han muerto y varios tienen más de 90 años.

6. De los 925 procesados actuales por delitos de lesa humanidad, 383 están en libertad (es decir 41,2 por ciento) y 542 en prisión preventiva.

7. Pero de los 542 con prisión preventiva, gozan de la prisión domiciliaria 224, es decir el 41 por ciento. Además hay 48 prófugos, de los cuales uno tenía condena al momento de fugarse.

8. En síntesis, apenas hay 318 detenidos en unidades penales (el 32,6 por ciento). Es decir que el uso de la prisión preventiva no se explica por un ensañamiento con este grupo particular. Por el contrario, en el resto de la población blanco del sistema penal argentino casi no hay procesados por delitos graves en libertad ni con arresto domiciliario.

9. Ni la edad avanzada ni los problemas reales de salud se pasan por alto a la hora de disponer el lugar de arresto o de cumplimiento de la pena.

10. Por eso, uno de cada tres condenados se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria, cosa que entre los procesados o condenados por homicidios comunes sólo ocurre con enfermos terminales.

La única venganza de esta historia es la de los duros datos sobre la construcción ideológica del profesor Romero, el investigador del Conicet que ejerce su derecho a opinar pero no su deber de investigar.

Verdad y contradicción

Por Sandra Russo

Imagen: Carolina Camps.

Esta semana compartí en Facebook un posteo muy breve, apenas una frase: “Quiero que me devuelvan mi país”. Esas seis palabras rebotaron intensamente en mi interior, en una zona que no es ni muy personal ni muy original: creo que es una zona compartida con millones. Queremos que nos devuelvan nuestro país, lo cual no significa ni ignorar el resultado de las elecciones –en aquel país se podían perder las elecciones–, ni nada desestabilizador, como se estila decir ahora ante la crítica política. Los burócratas en funciones se han ocupado de que las voces opositoras callen, dejando un mínimo cupo para cumplir con presuntos buenos modales por los que tanto reclamaban y de los que hace tres meses demuestran que carecen por completo. Que son, como insisto desde hace algunas contratapas, neo bárbaros, gente emocionalmente tosca, moldeada al uso de esos artefactos que creó el dinero para multiplicarse por generación espontánea y se llaman corporaciones y buitres. Nos va quedando en claro que corporaciones y buitres comparten estrategia.

Lo hemos visto ya mil veces. Esa semana vimos videos de despidos en la Secretaría de Comercio en los que un PRO, ex miembro de una ONG de aparente defensa de consumidores, reunía sádicamente a sus inminentes despedidos porque, decía, “sentía que era algo humano”, pero les daba la opción de rehusar la reunión y ser directamente informados sobre sus despidos. Vimos en esos videos, también, los argumentos de los trabajadores de Consumo Protegido: quedó clarísimo que este gobierno no quiere proteger el consumo ni quiere defender a los consumidores, que por el contrario quiere destruir lo más rápidamente el consumo interno, porque eso es exactamente lo que hacen las decenas de miles de despidos públicos y privados. No quieren evitarlo: lo buscan. Cuando describen el ajuste estatal, niegan el modelo anterior, niegan su lógica, que es como decir que Roosevelt puso en la posguerra a sus militantes a hacer obra pública. En el esquema neo bárbaro, la mitad del país no habla su idioma y en consecuencia debe ser suprimida del imaginario nacional.

Los despidos en el sector público, que recubre el PRO con la palabra “ñoqui” y es repetido por eunucos periodísticos de variada pelambre, son solamente el paso necesario para cambiar el paradigma inclusivo por el Estado neo bárbaro, en el que se chilla contra la corrupción del gobierno anterior mientras ponen a los investigados por lavado de dinero en la Unidad que investiga el lavado de dinero. No hay mucho más que explicar. Son los mismos, empleados de los mismos jefes invisibles los que en Brasil se lanzaron sobre la yugular de Lula. El tipo que sacó de la pobreza a 40 millones de personas es acusado de ladrón por los ladrones por definición, desde corporaciones y medios concentrados, que una vez que caiga Dilma rediseñarán la región para ponerla al servicio de las corporaciones y los buitres.

Sigo escuchando un poco estupefacta decir incluso a personas que piensan parecido a uno, que a Macri no se le puede reprochar que haya mentido en la campaña. Que los que lo votaron sabían a qué se exponían. Es como reconocerle cierta honestidad intelectual. La verdad, si bien en algún momento previo a la campaña pudo observarse algo semejante, mientras Macri construía una imagen cimentada en la trivialidad combinada con la presunta eficiencia y la respiración profunda, hay que rastrear y precisar. No fue ese Macri el que compitió con Scioli.

Me impresiona que hayamos perdido la dimensión enloquecedora de la contradicción. La borran los medios y la borramos de nuestra percepción. Me impresiona que confundamos la verdad con la contradicción. Confundir esas dos instancias de discursos es una derrota cultural a la que no me resigno. Porque Macri no ganó diciendo la verdad, sino ejerciendo en arte negro de la contradicción, que es el hecho de poner en circulación dos discursos contrapuestos y no ser expuesto ni compelido públicamente a resolver ese dilema. Macri fue cubierto con un fondant amargo, y amparado para ensayar un habla loca, una doble vara institucionalizada por “el periodismo” ahora oficialista. Me resulta por razones obvias inolvidable aquel debate televisivo inservible y bastoneado por periodistas de esos que sueñan con la CNN, en el que Macri le dijo a Scioli la frase que le preparó Avelluto: “¿En qué te han convertido, Daniel? En un panelista de 6,7,8, siempre mintiendo”. Lo que seguía en el texto de ese aspirante a presidente era que no iba a devaluar. Pero “Daniel” no se había convertido en nada, y no mentía. Macri devaluó. Todos sabían que iba a devaluar. Pero Macri en esa noche estelar dijo que no. Eso es lo que quiero denunciar en este pobre párrafo impotente: que Macri no ganó diciendo la verdad, sino contradiciéndose, y contenido en esa contradicción por decenas de medios. Nuestra relación con el lenguaje es la que se va agrietando mientras en este país lo que era grieta ya es abismo, y no se termina de comprender cuál es la necesidad de tanta saña, de tanto desprecio. Esa necesidad no puede responder a un plan de gobierno como los que cualquiera esperaba de las pasadas elecciones, votara por quien votara. Quizá un pequeño núcleo odiador, la vanguardia en la neo barbarie, se satisfaga, como en el pasado se satisficieron otras multitudes bárbaras, viendo arder brujas, sacrificar a cristianos, linchar a adúlteros, ahorcar a sospechosos de algo. Pero sinceramente no creo que de esos bajos instintos participen todos los que votaron a Macri. Muchos de ellos ya hoy son más pobres, más desvalidos y más inútiles que hace tres meses.

Compartí la frase “Quiero que me devuelvan mi país”, porque me envió directamente a una columna que escribí en 2001, cuando quebró la cadena de jugueterías “El país de las maravillas”. Era una de las más grandes. Se moría la industria nacional. Se venía el corralito. El sufrimiento era una nevada que caía copiosa sobre los argentinos. Aquella columna terminaba así: “Hoy hay un nudo de angustia instalado en las calles, en las casas, en las oficinas. Algo se nos fue de las manos. Aquel país de las maravillas nunca fue realmente un gran país. Era módicamente maravilloso en sus virtudes, y maravillosamente módico en sus vilezas. Ese país también parece haber quebrado, con todos nosotros adentro”.

OPINION Lula y el futuro de Brasil

Por Emir Sader

La derecha brasileña siempre creyó que en algún momento el PT iba a ganar pero fracasaría y, a partir de ese momento, ella podría dirigir el país con tranquilidad. Lula ganó y el suyo resultó el mejor gobierno que jamás tuvo el país. A partir de ese momento empezó la caza a Lula.

No pudierion impedir su reeleccion en 2006, ni que él eligiera y reeligiera a su sucessora, en 2010 y 2014. Ahora Lula aparece como favorito para ganar las elecciones del 2018 y volver a ser presidente de Brasil.

En la desesperación, la derecha une todo lo que tiene: sectores del Poder Judicial, de la Policia Federal, los grandes medios privados, en campaña total en contra de Lula. Una campaña que se intensificó a partir del discurso de Lula en Rio de Janeiro, en el cumpleaños del PT, el 27 de febrero, cuando declaró públicamente que, si fuera para garantizar la continuidad del proceso iniciado en 2003, él sería candidato de nuevo.

A partir de ese momento, la derecha declaró la guerra abierta en contra de Lula. Declaraciones falsas, desmentidas enseguida, pero mantenidas por los medios como si fueran reales.

La acción de la Policía Federal directamente en contra de Lula –en su casa, en la casa de su hijo, en el Instituto Lula–, llevándolo a deponer, a pesar de que él ya había prestado declaraciones, fue anunciada por un periodista de la Rede Globo varias horas antes por Internet. Fue una operacion mancomunada de sectores del Poder Judicial con los grandes medios privados y sectores de la Policía Federal.

Es el intento más grave de excluir a Lula de la vida política brasileña. No hay ninguna prueba de las acusaciones que le hacen, intentan que algunos presos declaren en su contra a cambio de la disminución de sus condemnas –las mal llamadas delaciones premiadas–. No han logrado nada. De ahí la acción mediática espetacular en contra de Lula, para ver si logran con ello desgastar la imagen del ex presidente.

Han actuado en este momento en que Lula se declara candidato, en que el ministro de Justicia fue sustituido, pero no ha cambiado todavía los mandos de la Policía Federal, cuando el Supremo Tribunal Federal aún no ha juzagado el pedido de Lula de que el juez más arbitrario de todos deje de estar al mando de los casos en que se lo acusa. Por todo ello, lo han hecho en este momento, acelerando los enfrentamientos y poniendo en jaque, al mismo tiempo, el gobierno de Dilma.

Pero ahora han creado un punto de no retorno. Lula salió de su declaración ante la Justicia, fue a la sede del PT y dio una conferencia de prensa emocionante, donde dijo que su llama está más encendida que nunca, que a partir del lunes retoma los viajes por todo el país para charlar, conversar, dejando claro que la campaña electoral de 2018 ha comenzado ahora.

El destino de Brasil se juega en este momento. O logran, por la vía judicial y policial, excluir a Lula de la vida política para hacer lo que les dé la gana con el país. O Lula logra superar también este momento y vuelve con más fuerza todavía, como el candidato favorito para regresar a la presidencia de Brasil en 2018.

TRABAJADORES RECLAMARON POR LOS DESPIDOS EN EL CONECTAR IGUALDAD Y EN OTROS PROGRAMAS EDUCATIVOS Una protesta contra el desguace

Más de trescientos trabajadores se concentraron ayer en el primer piso del Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, para repudiar y exigir explicaciones sobre la desarticulación de los programas Conectar Igualdad y Primaria Digital, que según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) implican dejar en la calle a 1060 empleados en todo el país. El ministro Esteban Bullrich se negó a recibirlos y difundió un comunicado en el que desmintió los despidos y afirmó que ambos programas seguirán funcionando “con absoluta normalidad”. Como informó este diario, a 70 trabajadores del Conectar Igualdad que se desempeñaban en el ministerio nacional se les confirmó que fueron cesanteados.

“‘Aprovechar, optimizar y buscar una visión integral en las escuelas’ no se logra desarticulando un equipo de trabajo con idoneidad, compromiso y experiencia logrados en seis años y más de recorrido”, advirtieron los trabajadores del equipo central de Conectar Igualdad en una carta abierta al ministro. “Estamos desde enero de 2016 sin autoridades, sin tareas, sin salarios y sin noticias de continuidad del programa a nivel nacional”, recordaron. La asamblea resolvió convocar a todos los trabajadores para el lunes, a las 14, con el objetivo de definir medidas de acción directa para el miércoles, informó ATE.

La noticia de los despidos sin causa de trabajadores de Educación se conoció el jueves de boca del jefe de Gabinete del ministerio, Diego Marías, y del subsecretario de Coordinación Administrativa, Félix Lacroze. “Se trata de empleados precarizados contratados, distribuidos en todo el país, a quienes además se les adeudan dos meses de salario”, informó ayer el sindicato. La mala nueva que difundió Javier Castrillo, coordinador de investigación y desarrollo del programa que repartió más de cinco millones de netbooks a estudiantes primarios de todo el país, derivó de inmediato en un amplio respaldo social a los trabajadores y en la convocatoria a la concentración frente al despacho de Bullrich.

“Hoy en día trabajan y lo seguirán haciendo 1500 personas en todo el país en el programa Conectar Igualdad”, indicó el ministerio en un comunicado, mientras los empleados exigían sin éxito ser recibidos. “El Plan Nacional de Inclusión Digital en las Escuelas (Pnide) es un programa que venía funcionando bajo la órbita de la ex Secretaría de Educación, hoy reemplazada a partir del nuevo organigrama” del ministerio. “El Pnide se ocupaba de la generación de contenidos y soporte operativo, hoy a cargo de Educ.ar”, se comunicó. “Educ.ar ha consolidado un equipo proveniente de distintos organismos, incluyendo, además, personal proveniente del Programa Nacional de Inclusión Digital y de esta forma se aprovecha y optimiza la estructura ya existente en Educ.ar que viene trabajando en el área desde el inicio de los programas”, continuó el comunicado. La cartera de Educación “busca una visión integral a sus acciones en las escuelas y en esta línea se encuentra trabajando el equipo de Educ.ar en coordinación con las demás áreas del Ministerio”, concluye el comunicado.

La otra novedad del día fue que desde el ministerio comenzaron a llamar a sus interlocutores en las provincias para asegurarles que al menos durante dos meses piensan garantizar los contratos de todos los trabajadores. “La decisión del Gobierno es descentralizar este programa educativo, como en los ‘90 se descentralizó la educación y la salud”, advirtió Rodrigo Recalde, delegado general de ATE en Educación y Deportes. “El ministerio proveerá de Conectar Igualdad a las provincias que lo quieran ejecutar, fortaleciendo así una herramienta de cooptación política y de recursos”, señaló.

Los profesionales del equipo central de Conectar Igualdad recordaron que su misión era, hasta ahora, “establecer los lineamientos comunes de la política de inclusión social digital y acompañar la implementación técnica, pedagógica y administrativa en cada provincia”, y que con ese fin “existe una red de comunicación sólida y fluida” con sus pares de cada jurisdicción, forjada en el trabajo conjunto durante más de un lustro. “Un equipo central es fundamental. Si sólo trabajamos aislados estamos cercenados, limitados, desconectados, y ese no es el espíritu del programa”, advirtió un referente provincial.

“Es necesario tener claros objetivos comunes. La ausencia de un equipo central habla de ignorancia o desconocimiento de las trayectorias, de todo lo que hemos experimentado en este andar”, agregó la carta abierta de los trabajadores dirigida al ministro Bullrich. En la asamblea de ayer, de la que participaron juntas internas y dirigentes de ATE Capital y del Consejo Nacional, se resolvió convocar a una nueva asamblea para el próximo lunes, a las 14, en la que se definirán medidas de acción directa para el miércoles que viene.

› FEIN NEGO QUE STIUSO HAYA DICHO EN SU PRIMERA DECLARACION QUE A NISMAN LO MATARON “Lo que no está en el acta, no lo dijo”

Por Irina Hauser

“Hoy no veo ningún elemento objetivo, prueba objetiva, directa, precisa y certera que me permita decir que estuve frente a un acto homicida, que justifique declinar la competencia”, afirma la fiscal Viviana Fein, en contra de la decisión de la jueza Fabiana Palmaghini, quien después de un año y casi dos meses de investigación resolvió mandar la causa sobre la muerte de Alberto Nisman al fuero federal, inspirada en los testimonios del ex jefe de operaciones de la ex Side, Antonio “Jaime” Stiuso y de otro ex espía amigo del fiscal fallecido, que sostienen que lo mataron por el caso AMIA y su denuncia por encubrimiento contra el gobierno anterior. “Quedaron líneas de investigación incompletas”, “hubiese querido terminar”, se queja Fein, en su pequeño despacho de paredes blancas, sin más ornamentos que tres diplomas. “Me sacaron el expediente justo cuando investigaba a fuerzas de inteligencia” por una cadena de llamados telefónicos que se produjeron el domingo 18 de enero todo el día, antes de que Nisman fuera encontrado sin vida. En diálogo con un grupo de periodistas, Fein dijo que no es cierto que el acta de la declaración de Stiuso del año pasado haya omitido su teoría del asesinato. “Cuando terminó se le leyó, se le dio para leer y la firmó”, recordó la fiscal.

Fein fuma mucho mientras habla y lee párrafos resaltados con flúo. Su despacho se llena de humo con la charla-conferencia. Sobre una mesita, hay un palo de agua y dos potus. Frente a su escritorio, un mueble con biblioteca casi vacío, con un Código Procesal, una brujita de tela que cuelga y algunas fotos: una es de su mamá, otra de su jura, y donde están ella y su secretario, Bernardo Chirichella, hace algunos años. La fiscal está impresionada con el despliegue del caso Nisman en los medios, y menciona datos tergiversados y falsedades. “El otro día –ilustra– en el programa de Mauro Viale al doctor (Federico) Casal (abogado de Sandra Arroyo Salgado) le preguntaron ‘¿cómo reaccionó Fein cuando Stiuso la acusó de quitar parte de su declaración?’. Casal dijo que yo balbuceé que ‘era otro momento político’. En mi vida dije eso. Además no sé balbucear, hablo fuerte, tengo voz ronca. Y no me gustan las difamaciones.”

En su declaración de hace un año Stiuso, el hombre más poderoso de la ex Side en las últimas décadas que le marcó el paso a Nisman en la causa AMIA, habló poco. Pero dijo que la muerte del fiscal lo sorprendió, se refirió a ella casi como un suicidio, ya que no lo esperaba “de una persona tan apasionada por su trabajo”. El lunes en su maratónica declaración acusó a Fein de omitir en el acta que había relacionado la muerte con el trabajo del fiscal en la unidad AMIA y habló de homicidio. “Lo que no está en el acta es porque no lo dijo. Como a todos los testigos se le leyó en voz alta su declaración y se le dio para leer. Luego la firmó. Tampoco estaba solo, estaba con su abogado. Ninguno de los dos es un lego en la materia. De haber advertido una omisión se hubiera manifestado. Y si hubiera hablado de homicidio, yo hubiera preguntado qué pruebas tiene”, se ofusca Fein.

“Yo no compartí la declinación de competencia”, sostiene por la resolución de Palmaghini de enviar el expediente al fuero federal, lo que siempre quiso la ex esposa de Nisman, que es jueza federal en San Isidro. Entonces explica que no ve indicios de homicidio hasta el momento. Y cuestiona el otro argumento para el cambio de fuero: la posible violación de los emails a través de la manipulación de la computadora, que es delito federal. “Eso está consignado en la causa casi desde el comienzo, cuando la hermana de Nisman pidió que se resguarde la información de teléfonos y computadoras”, dice. Fein no va a apelar la decisión de la jueza, porque el fiscal de Cámara, Ricardo Sáenz, ya dictaminó con argumentos de las querellas que a Nisman lo mataron y que el caso es federal. Lo que diga se tornaría abstracto, piensa. Apelará la defensa del informático Diego Lagomarsino, dueño del arma de la que salió el disparo letal.

El problema, dice Fein, es que “quedaron líneas de investigación incompletas”. “Hubiese querido que me dejen terminar. Hubo paréntesis de más de dos meses, por dilaciones que impedían avanzar. Poder decir con la verdad qué fue lo que pasó con el deceso de una persona y más de un fiscal, me hubiera dejado más que feliz, y no sólo por las nenas de Nisman sino por toda la sociedad. No pude”, reflexiona Fein.

Como muestra de que exploraba todas las teorías (suicidio, homicidio o suicidio inducido), advierte que le quedó un signo de pregunta sobre un informe de la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal, que hizo un entrecruzamiento telefónico del fin de semana en que Nisman apareció muerto. Empezaba en la mañana del domingo 18 de enero, con una comunicación entre Stiuso y Alberto Mazzino, el ex director de Análisis de la central de inteligencia, y seguía con llamadas varias entre Fernando Pocino, ex jefe de Reunión Interior, con un celular del ex jefe del Ejército, César Milani, y con otro del ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Juan Martín Mena, así como con el fiscal Carlos Stornelli. “No eran llamadas de un domingo cualquiera. El entrecruzamiento era llamativo, preocupante y sugestivo. La frecuencia no era habitual. Cualquiera con un poco de sentido común podría pensar que estas personas estaban esperando algún resultado. No lo puedo aseverar, pero se estaba investigando. Se dio justo ese 18 de enero y justo con gente de fuerzas de inteligencia”, señala Fein. Recuerda que Pocino estaba citado para los próximos días. “Al final, no se los escuchó ni a él, ni a Milani, ni a Mena”, regaña.

“Es muy difícil encontrar la prueba de un suicidio inducido”, dice después Fein. Y explica que no obtuvo colaboración de Estados Unidos para poder acceder al contenido de los correos electrónicos. Se conocen tres casillas hasta ahora. El dato más llamativo, que se llegó a desentrañar, es por qué tuvo movimiento después de más de un año el correoaagarfunkel@hotmail.com, que era la que Nisman tenía asignada a la cuenta en el banco Merrill Lynch de Nueva York, donde Nisman tenía 600 mil dólares, y la cotitularidad con su madre, hermana y Lagomarsino.

Otro punto que Fein dice que quedó trunco es la investigación del origen del “troyano” que se encontró en el celular de Nisman (aunque no llegó a activar un virus malicioso). Se determinó que podía provenir de un domicilio en Paraná, que Fein quiso allanar, pero no consiguió que el juzgado avanzara.

Fein está enojada con las querellas y pide explicar pruebas que Arroyo Salgado en sus recurrentes exposiciones públicas “no informó en su totalidad” y lo hizo “sin su contexto”. “Por ejemplo, según la querella el estudio del disparo llevado a cabo en Salta”, “dio que el arma dejaba fulminante” pero como el barrido electrónico sobre las manos del fiscal dio negativo, “eso sería prueba categórica de que había una segunda persona, por lo tanto Nisman nunca pudo haber disparado el arma; sin embargo –aclara la fiscal– el propio informe dice textual que el estudio no genera certezas”. “Y cuando las conclusiones dicen que no se halló fulminante, es decir plomo, antimonio y bario juntos, no quiere decir que la persona no disparó el arma. El informe dice que tal vez no se detectan por sudoración, factores ambientales, lavado de manos o manos ensangrentadas. El resultado negativo no descarta que el arma haya sido disparada”, subraya Fein. También recuerda –como contradicción– que uno de los peritos de la querella, Daniel Salcedo, habló de que el posible matador habría apoyado su mano sobre la de Nisman, que sostenía el arma.

La cuestión del fulminante también fue invocada por el fiscal Sáenz cuando dictaminó que fue asesinato. “El puede hacer su dictamen, podemos no coincidir. Yo no puedo alejarme del material probatorio que tengo. No dar fe de lo que está firmado por expertos sería faltar a la verdad”, afirma Fein. “Los patrones de manchas de sangre –agrega– no están alterados”, algo que también sostuvo el perito Salcedo, “sirvieron y fueron analizados”, “y no tengo nada para pensar que alguien entró al baño, como incluso declara la madre de Nisman”. “La junta médica que no puede estar contaminada –recordó Fein– concluyó que no puede establecer con rigor científico que estemos frente a un homicidio”.

IRRUMPEN POLICIAS EN LA CASA DE LULA PARA LLEVARLO A DECLARAR EN UN CASO DE CORRUPCION Golpean al líder para voltear a la presidenta

Por Eric Nepomuceno

Desde Río de Janeiro

Poco antes de las siete de la mañana de ayer la Policía Federal se presentó en el departamento donde reside el ex presidente Lula da Silva, en San Bernardo, cordón industrial de San Pablo. Poco antes la escolta a que Lula tiene derecho como ex mandatario había llegado al local y lo advirtió de la presencia de la policía judicial. El mismo Lula abrió la puerta.

Cumpliendo órdenes del juez de primera instancia Sergio Moro, la Policía Federal condujo a Lula da Silva hasta el aeropuerto metropolitano de San Pablo. En la sala reservada a las autoridades –una gentileza concedida a la figura política de mayor relieve en Brasil– Lula prestó declaraciones a lo largo de casi cuatro horas. En más de una ocasión se irritó con las preguntas de los comisarios de la Policía Federal. Se irritó, por ejemplo, cuando le preguntaron sobre botellas –algunas, de vino importado– encontradas en la casa de campo que el ex presidente frecuenta los fines de semana. También sobre los dos barquitos que su esposa compró para los nietos de la pareja. “¿Es que no tienen nada más importante para hacer que preguntarme estupideces?”, espetó Lula da Silva a sus interrogadores. Un abogado que acompañó el interrogatorio contó que Lula contestó a todas las preguntas sin titubear un solo instante.

La noticia de que el ex presidente fue blanco de una orden de ser llevado por la fuerza pública a prestar testimonio tuvo inmenso impacto en todo el país.

Por la tarde, Lula y la presidenta Dilma Rousseff manifestaron su “indignación” por la medida adoptada por el juez Sergio Moro. “Me sentí como un prisionero esta mañana” dijo Lula. “Si querían escucharme sólo tenían que llamarme porque no debo y no temo.” A su vez, Dilma expresó su “plena disconformidad” por el operativo policial en un mensaje televisado que dio desde el palacio presidencial flanqueada por sus ministros. “Manifiesto mi plena disconformidad con el hecho de que un ex presidente de la república, que muchas veces compareció voluntariamente para ofrecer aclaraciones ante las autoridades competentes, sea ahora sometido a un innecesario traslado coercitivo para dar testimonio,” se quejó la mandataria.

También Marco Aurelio Mello, integrante del Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la Justicia en Brasil, criticó, por abusiva, la medida determinada por el responsable por la Operación Lavadero de Autos, que investiga el esquema de corrupción instalado en la estatal Petrobras. Figura prominente del principal partido de oposición, el socialdemócrata PSDB, José Gregori, ministro de Justicia y luego de Derechos Humanos del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, denunció lo que considera un “evidente abuso” practicado por el juez de provincia. El economista Luis Carlos Bresser-Pereira, uno de los fundadores del PSDB, fue más contundente aún, al afirmar que “ya es hora de que el Supremo Tribunal Federal intervenga en la Operación Lavadero de Autos, para impedir que sigan ocurriendo abusos de poder como prisiones temporarias perpetuas o la conducción coercitiva de un ex presidente que ni siquiera había sido convocado a declarar”.

Por la tarde, Lula da Silva se manifestó de manera contundente. “No era necesario que Moro mandase gente a mi casa, a las de mis hijos y de mis compañeros de militancia”, dijo con aire indignado, recordando que solamente este año ya había comparecido en tres ocasiones para prestar declaraciones. “Ha sido un gesto de arrogancia, de prepotencia”, agregó.

Lula insistió, una vez más, en recordar que ha sido en sus dos gobiernos (2003-2010) que se concedió, como nunca antes, autonomía a la Policía Federal e independencia el Ministerio Público. “Lo hicimos”, dijo, “porque creemos en la democracia. Moro, no. Mucho antes de Moro, yo ya era un demócrata. Mientras él no hacía nada, nosotros luchábamos para devolver la democracia al país”.

El ex presidente, luego de declararse indignado por la humillación enfrentada, avanzó sobre el esquema armado entre Policía Federal, el tribunal de Moro y los grandes medios de comunicación. “A las siete de la mañana, cuando mis abogados no sabían de nada, y yo menos, algunos medios ya anunciaban el operativo”, aseguró.

Los argumentos de la Policía Federal y del Ministerio Público que integran la Operación Lavadero de Autos para solicitar la comparencia por la fuerza pública de Lula, prontamente acatados por el juez Moro, se refieren, de manera vaga y amplia, a las contribuciones de grandes empresas al Instituto Lula. Además, se insinúa que las charlas que dio Lula en Brasil y otros países eran un disfraz para pasarle dinero de coimas cobradas en la Petrobras. También se acusa a Lula de haber ocultado patrimonio, en especial un departamento en el decadente balneario de Guarujá, y una quinta a hora y media de San Pablo. La transferencia de los dos inmuebles sería una manera disfrazada de pagarle coimas a Lula.

El ex mandatario ya aseguró reiteradamente que no es dueño del departamento en la playa ni de la quinta, que pertenece a un antiguo compañero de militancia, su amigo desde hace más de 40 años.

Lula da Silva contó que, en sus charlas en el exterior, por las cuales cobraba hasta 200 mil dólares –“está todo en mi declaración al fisco”–, las preguntas de la asistencia se referían siempre a los logros sociales alcanzados por Brasil a partir de su llegada al gobierno. “¿Por qué Bill Clinton puede venir a Brasil, como vino hace poquito, y hablar en la Confederación Nacional de la Industria y cobrar un millón de dólares, y yo no puedo contar a amigos africanos o latinoamericanos cómo hicimos para disminuir la miseria en este país de injusticias eternas?”.

Lula anunció que está listo para recorrer el país defendiendo su historia y la historia del Partido de los Trabajadores (PT). “Quisieron matar a la yarará, pero en lugar de golpearla en la cabeza golpearon la cola. Y la yarará está viva y lista para volver”, dijo en clara referencia a las elecciones del 2018.

Lo más grave de esa historia, sin embargo, es que puso a las claras que el esquema armado entre el juez Moro, la Policía Federal, el Ministerio Público y la gran prensa hegemónica encontró su punto ideal.

La comparencia por la fuerza pública de Lula da Silva demuestra que Moro es un magistrado sin límites, y que actúa en perfecta harmonía con el calendario golpista. Acosando a Lula, acosa a Dilma. Con eso, fortalece el debilitado proceso de impeachment que adormece en la Cámara de Diputados, faltando poco más de una semana para las manifestaciones callejeras convocadas por la derecha más radical para el domingo 13 de marzo.

La euforia registrada en el mercado financiero –el dólar cayó en picada, la Bolsa subió como un cohete– muestra quiénes son los que se alegran con la perspectiva del derrocamiento de Dilma Rousseff y la degradación de Lula. Ahora, hay que ver cuál será la reacción de los movimientos sociales, de la militancia del PT y del electorado que, en cuatro ocasiones seguidas, ha derrotado al PSDB en las urnas.