Debate entre Daniel Santoro y Horacio Gonzalez:
A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
lunes, 1 de febrero de 2016
Implosionó el gabinete de Martiniano Molina y temen por el impacto en la marca PRO LPO (Conurbano)Renunciaron los secretarios de Gobierno y de Seguridad. Habrá más salidas en las próximas horas.
Martiniano Molina atraviesa una crisis terminal en su incipiente gestión al frente de la municipalidad de Quilmes. Le renunciaron los secretarios de Gobierno, de Seguridad y habrá nuevos portazos en las próximas horas. En el Gobierno nacional siguen el tema preocupados, con temor al impacto que pueda causar en la marca PRO.
El diputado provincial Fernando Pérez dejó finalmente la secretaría de Gobierno y por ahora no tiene reemplazante, aunque se estima que el hermano del intendente, Tomas Molina, que pasa de la secretaría de Hacienda a la secretaría General, podría absorber allí el cargo de Pérez.
En tanto, el secretario de Seguridad, Federico Peña, también presentó la renuncia. Ambas notas llegaron a manos del jefe comunal el viernes y este fin de semana estalló el conflicto dentro del gabinete.
Hay varios altos funcionarios en la cuerda floja. Es que buena parte de las áreas municipales están intervenidas por el peronismo, y el desgobierno durante estos 50 días de gestión fue total.
La secretaria de Desarrollo Social, Maru Sotolano, dejaría también el cargo en los próximos días, con un mal arranque de gestión que muchos aseguran le queda grande. "En el distrito hay decenas de asentamientos y el área no responde", criticó una fuente de la municipalidad.
Sotolano es de Jorge Macri, no entró ni siquiera como concejal y ubicó a tres subsecretarios que no conocen el territorio, justo en el área sensible en la que les toca trabajar. El organigrama del área, de hecho, lo armó el peronismo, la gente de planta que no lograron correr.
La secretaria de Salud, Elizabeth Barbis, responde a Aníbal Fernández, y en su caso dejó a toda la estructura peronista trabajando. Se le atribuye un pésimo manejo de la comunicación en el tema de la inundación y la llegada de camalotes con víboras, además de los casos con dengue. Quilmes fue el distrito más apuntado por esta cuestión, cuando la situación era igual en toda la región. Creen que hay intencionalidad en su desmanejo.
A todo esto, el jefe de gabinete, Ariel López (que fue secretario de cultura de Berazategui y hasta hace muy poco militaba con Daniel Scioli), no ha mostrado ningún tipo de conducción. Otro de los puestos ocupados por el justicialismo local es el del Secretario Privado, Guillermo Galetto, que responde al ex intendente Sergio “Chino” Villordo.
El área de Servicios Públicos es otro resorte con serios inconvenientes. Darío Iezzi, también de Berazategui, tiene problemas con Oscar García, el responsable de la recolección de residuos que el Barba Gutiérrez municipalizó. Podrían quedar vacante estas funciones.
El secretario de Legal y Técnica, Guillermo Sánchez Sterli, viene del gobierno de la Ciudad, es amigo personal de Martiniano, pero también desconoce gran parte de la política y la complejidad quilmeña. Todavía no tiene oficializado el organigrama municipal, con lo cual hay decenas de líneas de gobierno y un caos total.
En lo concreto, la salida de Pérez hizo estallar el gabinete. El diputado radical era el responsable de dar respuestas a todos los frentes, pero no le dieron el juego suficiente hacia adentro, se quejó el radical al salir. Lo que queda en duda es qué hará el Secretario de Cultura, Ariel Domene, que es de Pérez.
Con todo, en el PRO acusan a Martiniano de "ingratitud" política. Primeras líneas del gabinete nacional lo apoyaron durante toda la campaña y cuando el intendente asumió, apagó el teléfono. Ahora creen que la crisis en Quilmes los dejará pegados.
El jefe de Gabinete de Patricia Bullrich consideró que los juicios a represores son “la legalización de una venganza”
El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, defendió a represores de La Pampa y de Concepción del Uruguay. Además, consideró que estos procesos eran “la legalización de una venganza”.
El letrado fue socio del estudio de Alfredo battaglia y Luis Fernando Velasco, que integraban la la Corporación de Abogados Católicos, que definía a los juicios por los delitos de lesa humanidad como “instrumentos de revancha y de represalia política"
Según informa el diario Página 12, Noceti suscribió la apelación al procesamiento del teniente coronel Fabio Carlos Iriart, responsable de la represión ilegal en La Pampa y a quien el juez Rodolfo Canicoba Corral había responsabilizado por 31 privaciones ilegales de la libertad y 26 casos de tormentos. En esa oportunidad, Noceti argumentó que la acusación estaba sustentada en “ligerezas” propias de “un proceso en el que la verdad material interesa muy pero muy poco y donde impera la legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político, desde el cual se pretende hacer un uso extorsivo del poder judicial al servicio de inconfesables intereses”.
Además, expresó su preocupación de que “nuevos vientos políticos” demarcaran “los destinos del poder judicial, que aparece al servicio de estos vaivenes”. Asimismo, consideró “imprescindible hacer un llamado a la institucionalidad de la República” y añadió: “El poco interés en respetar la Constitución y el debido proceso es tan evidente que parece innecesario fundamentarlo”.
También, sostuvo que los juicios representaban la “manipulación del poder judicial orquestada desde el poder político de turno” y alertó que “la conclusión a la que habrá de arribarse en el futuro es la venganza y el encarcelamiento de los imputados” a partir de “la violación de las reglas elementales del proceso”.
Por otra parte, el funcionario cuestionó que se haya declarado la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y afirmó que la ley del Congreso que declaró el fin de la obediencia debida y el punto final “debería avergonzar a todos los j
El letrado fue socio del estudio de Alfredo battaglia y Luis Fernando Velasco, que integraban la la Corporación de Abogados Católicos, que definía a los juicios por los delitos de lesa humanidad como “instrumentos de revancha y de represalia política"
Según informa el diario Página 12, Noceti suscribió la apelación al procesamiento del teniente coronel Fabio Carlos Iriart, responsable de la represión ilegal en La Pampa y a quien el juez Rodolfo Canicoba Corral había responsabilizado por 31 privaciones ilegales de la libertad y 26 casos de tormentos. En esa oportunidad, Noceti argumentó que la acusación estaba sustentada en “ligerezas” propias de “un proceso en el que la verdad material interesa muy pero muy poco y donde impera la legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político, desde el cual se pretende hacer un uso extorsivo del poder judicial al servicio de inconfesables intereses”.
Además, expresó su preocupación de que “nuevos vientos políticos” demarcaran “los destinos del poder judicial, que aparece al servicio de estos vaivenes”. Asimismo, consideró “imprescindible hacer un llamado a la institucionalidad de la República” y añadió: “El poco interés en respetar la Constitución y el debido proceso es tan evidente que parece innecesario fundamentarlo”.
También, sostuvo que los juicios representaban la “manipulación del poder judicial orquestada desde el poder político de turno” y alertó que “la conclusión a la que habrá de arribarse en el futuro es la venganza y el encarcelamiento de los imputados” a partir de “la violación de las reglas elementales del proceso”.
Por otra parte, el funcionario cuestionó que se haya declarado la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y afirmó que la ley del Congreso que declaró el fin de la obediencia debida y el punto final “debería avergonzar a todos los j
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