Por Alejandra Dandan
Antes de la materialización de los últimos despidos, la cabeza del Banco Central empezó a mandar señales de lo que ahora se confirma como el desmantelamiento de áreas y políticas vinculadas al sostenimiento de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. El 11 de enero una circular sorprendió a quienes trabajaban en el área de Derechos Humanos. Estaba dirigida al sistema financiero para que informe sobre antecedentes patrimoniales de cuatro detenidos en causas de crímenes de lesa humanidad. No hubiese llamado la atención de no haber sido por dos cambios: lo que hasta diciembre se hacía de modo “confidencial” hacia el interior del sistema bancario salió con una emisión pública y hasta quedó publicada en la web. Además, la orden no pasó por la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos del BCRA como sucedía hasta diciembre. El jueves el área que estaba a punto de ser renombrada como de Etica y Cumplimiento quedó completamente desmantelada entre los 47 despidos ordenados por Federico Sturzenegger. Un comunicado firmado por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y universidades manifiesta la preocupación.
La comunicación es sólo un ejemplo de los últimos cambios, pero muestra lo que viene. Hasta diciembre, los juzgados a cargo de las causas de lesa humanidad enviaban una comunicación a la gerencia del Banco Central encargada de la asistencia al Poder Judicial. A continuación, la gerencia distribuía los pedidos al circuito financiero con una comunicación calificada como confidencial que antes pasaba por la Subgerencia de Derechos Humanos. La Subgerencia creada por Alejandro Vanoli en diciembre de 2014 coordinaba respuestas con el área jurídica.
La circular del 11 de enero rompió todos esos mecanismos. Y salió emitida de modo público para pedir información de cuatro detenidos en la causa de la Base Naval IV de Mar del Plata, que está en etapa de instrucción a cargo del juez federal Santiago Inchausti. Los nombres de los imputados son Horacio Roque Vargas, Rodolfo Ludueña, Osvaldo Gaspar Siepe y Oscar Ayedez, procesados como “jefes u organizadores en el delito de asociación ilícita, y por la privación ilegal de la libertad doblemente agravada, tormentos agravados en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado”. De acuerdo a la orden judicial, el Central pidió informar sobre números de cuentas corrientes o cajas de ahorro en pesos o moneda extranjera, como también extractos con los movimientos desde la apertura de las cuentas hasta el presente, plazos fijos, créditos, transferencias, inversiones, cajas de seguridad y compras. La difusión pública del pedido pareció, así, más un aviso amigable destinado al mundo de los perpetradores que a una colaboración efectiva en los procesos de investigación.
El cambio se leyó rápidamente como parte de las políticas de vaciamiento por goteo que viene impulsando el gobierno sobre organismos del Estado abocados a colaborar con los procesos de lesa humanidad. La creación del área de Derechos Humanos en el corazón del Banco Central fue uno de los avances importantes de los últimos años para el proceso de justicia y crímenes de Estado. En línea con lo que sucedió en la Comisión Nacional de Valores, la subgerencia investigó y elaboró un fondo documental único sobre el impacto del terrorismo de Estado en el sistema financiero. Tal como lo recuerda la solicitada firmada por las organizaciones sociales, “esa documentación fue relevada por primera vez desde el retorno de la democracia y sigue siendo un insumo central para las causas judiciales de lesa humanidad que se impulsaron en nuestro país y que convirtieron a la Argentina una referencia mundial en materia de derechos humanos”.
Un informe interno hoy señala que “se desclasificaron las actas secretas del directorio pertenecientes al período 1980-1983. El material refiere a la exportación de material bélico secreto por parte de la Dirección General de Fabricaciones Militares a diferentes países latinoamericanos que se encontraban bajo regímenes dictatoriales (S6), al estado de las reservas en la sucursal Nueva York del Banco de la Nación Argentina –discrepancia en los números al cual ascienden– (S7, S11), Guerra de Malvinas –posible traslado de las reservas depositadas en Nueva York– (S3, S4, S5), deuda externa (S14), créditos negociados por el BCRA para la Argentina (S9, S10, S12) y en un solo caso, acta S13, refiere a la empresa Nobleza Piccardo”.
También destaca que “a través del relevamiento, análisis y sistematización de la información del BCRA se aportó documentación para las siguientes causas de lesa humanidad: Iaccarino, Papel Prensa, Mackentor, Banco de Hurlingham y Acindar y al Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, ubicado en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA)”.
En diciembre, las nuevas autoridades auditaron el área a través de la Consultora PSM, asesora de comunicación durante la campaña de Macri y que cuenta entre sus clientes a la Fundación Fortabat. Como devolución de la entrevista, comenzaron los cambios. Celeste Perosino era hasta esta semana subgerente del área. “Primero cambiamos el plan de trabajo –dice–: pasamos de investigar delitos económicos durante la última dictadura cívico-militar y de promover derechos humanos a través de capacitaciones internas a solicitarnos que nos aboquemos a generar un plan de trabajo que finalmente quedó establecido en los siguientes dos ejes: Ética Pública, construcción de un Código de Ética del organismo e Investigación de bloqueantes de acceso al sistema financiero en sectores vulnerados.”
El área tenía cuatro personas. El primer despido ocurrió el 28 de diciembre. Mientras estaba de vacaciones, el jefe de la Subgerencia, Eduardo Codianni, recibió una llamada del área de Recursos Humanos con el anuncio. Hizo 400 kilómetros para volver a Buenos Aires y cuando llegó su huella digital de acceso al Banco Central había sido bloqueada. El último jueves echaron a dos, entre ellas a Perosino que trabajó hasta el último minuto del día sin saber que desde hacía una semana estaba desvinculada. Cuando ajustaba los últimos puntos de la nueva propuesta del Código de Ética que le habían pedido, recibió una llamada de Recursos Humanos. Le dijeron que la echaban sin causa y que tenía diez minutos para irse del banco.
“En diciembre nos tomaron a todos entrevistas individuales –explica–, nos preguntaron a todos cual era nuestro recorrido de trabajo; cómo habíamos entrado; qué expectativas teníamos para la nueva gestión. Siempre en un clima sumamente cordial porque son la revolución de la alegría y de alguna manera entendimos que el área seguía porque elogiaron el currículum. Decían ‘¡qué bien preparado que estás!’. Después vino una devolución. Me llamó la dueña de la Consultora (Patricia Santamaría) para decirme que quería charlar cambios en el área. Les parecía que el tema de los derechos humanos era ‘muy chiquitito’, un puntito, en el mundo de los derechos y quería ir por algo más amplio como ética, ética y compliance, una cosa así.”
–¿Qué es compliance?
–Hay una movida en el mundo de los empresarios y de los CEO en el que es muy común hacer cursos de ética y cumplimiento, que tiene que ver con cumplimientos normativos de organismos internacionales, transparencia. Ella me dijo que le iba a hacer la propuesta a Sturzenegger con los cambios en el área. Y que probablemente se iba a renombrar el sector.
–¿Sucedió finalmente?
–Al día de hoy, el nombre no lo cambiaron formalmente pero sí el plan de trabajo. Pasamos de investigar los archivos del Banco Central en dictadura y hacer promoción, de trabajar sobre género, discriminación y sobre el aspecto económico de la dictadura en capacitaciones internas, a un área que tiene como eje rector el de hacer un Código de Etica y medir indicadores de bloqueantes al sistema financiero de colectivos vulnerados. Es decir, ver en los sectores más empobrecidos del país, colectivos trasngénero o personas discapacitadas cuáles son las dificultades de acceso de acceso al sistema bancario. Fue ese el plan de trabajo del último tiempo. Si bien no tenía nada que ver con lo que veníamos haciendo, estábamos encontrando una vuelta para hacer algo que nos parecía interesante. Sin embargo, ayer vino la noticia de los despidos masivos y el área no existe más. Pero me parece importante decir que hasta último momento a mi jefe le estuvieron pidiendo por mail retoques de la propuesta del plan de trabajo que habíamos hecho. Así que estuve reunida mirando estos mails. Es decir que estábamos trabajando mientras estábamos despedidos desde hacía una semana. De hecho, tuve una reunión a la tarde con el gerente del Santander Río para coordinar un trabajo de campo en La Juanita donde tienen una sucursal bancaria. Los despidos en ese sentido fueron salvajes. Iban llamando uno a uno. La gente hacía fila sin miramientos, esperando para recibir la misma noticia. Una compañera echada le agarró un ataque de llanto, se descompuso. Lo hicieron sin contemplación. Super salvaje.
