jueves, 14 de enero de 2016

Neoliberalismo: totalitarismo y democracia Por Jorge Alemán *

Durante el siglo XX existió una experiencia inédita que mostró y volvió definitivamente patente un aspecto que anudaba la organización colectiva con el terror, el llamado Totalitarismo. Más allá de los distintos análisis que intentaron interpretarlo en su verdadera esencia, casi todos coinciden en que dicha formación histórica, admitiendo la diferencia crucial entre el estalinismo y el nacionalsocialismo, intenta asegurar su cohesión, su plenitud como identidad, su clausura como sociedad consistente y realizada desencandenando una lógica de terror y eliminación de toda existencia que se perciba como amenaza de la totalidad alcanzada.

Después de Aristóteles la gran invención política moderna ha sido el totalitarismo como un estado de terror capaz de llegar a capturar en sus redes al lenguaje mismo. De esta experiencia siniestra de la política, surgieron distintos pensadores que intentaron pensar la democracia, como el auténtico reverso y cura del totalitarismo, como la auténtica prevención y “cura” de la vocación totalitaria. Para estos autores, la democracia como tal, debía presentarse como una estructura parcial, siempre mejorable, inacabada y constituida a partir de un vacío que no fuese posible colmar ni clausurar por un líder o una ley racial o una ley “científica de la Historia”. Así las democracias occidentales hablaron a través de sus representantes el idioma dilecto, tanto a izquierda como a derecha, del antitotalitarismo.

Pero en esta nueva mutación del capitalismo, que denominamos neoliberalismo, la disyunción totalitarismo o democracia se ha vuelto opaca y enmascara una nueva cuestión, que las verdaderas decisiones que toman los mercados no son nunca votadas, y que es el neoliberalismo el que funciona como un dispositivo con pretensiones totalizantes, tanto intentando cerrar toda brecha social que muestre la heterogeneidad inevitable de lo social, como el de negar cualquier antagonismo con el nombre de “grieta”, “crispación” y finalmente denunciando como “totalitaria” a las experiencias populares que por desear no seguir los pasos del Amo corporativo necesitan sostenerse en un discurso ideológico que exige una militancia social que va mas allá de la vida institucional, vida, que hasta el momento de las experiencias contrahegemónicas populares, desfallecía en un inmovilismo inerte.

Un ejemplo claro de todo esto es el actual gobierno argentino, el que se anunció como un gobierno “liberal”, “republicano” y democráticamente inspirado por los tonos de la autoayuda y el coach. Han bastado apenas unos días para observar la verdad de lo que estaba en juego. Primero, sus mercenarios mediáticos de las grandes cadenas se encargaron de mostrar al gobierno popular como totalitario, preparando de este modo la deslegitimación pertinente que les permitiera hacer cualquier cosa, reprimir como hacia años a los trabajadores en la calle, atentar contra los centros de derechos humanos con amenazas de bombas, presentar a los intelectuales y artistas que apoyaron el proyecto popular anterior como abducidos (utilizando la adhesión a Hitler cómo fenómeno explicativo) o en todo caso contratados por el Estado. Por ello, como están desmontando un estado totalitario, que además había construido un relato sobre su aventura la intención ilimitada de destruirlo se manifiesta en toda su potencia, incluso sin calcular en la propias condiciones de gobernabilidad, que aún el proyecto neoliberal tiene que demostrar.

En cualquier caso se ha producido, por las exigencias de seguridad y los protocolos de control que la gobernanza neoliberal exige, una transformación perversa de la oposición entre el totalitarismo y la democracia. Ahora es el neoliberalismo, cuyo verdadero funcionamiento es el de un nuevo “estado de excepción”, el que tendencialmente no podrá ser regulado democráticamente, el que despliega su vocación totalitaria al modo de un festival, mientras acusa de totalitaria a cualquier experiencia, que desee, ya no atentar contra la propiedad privada o alentar la propiedad colectiva, sino incluso a aquellos proyectos populares que sólo deseaban la existencia de la inclusión social.

Que los ricos nunca atentan contra ellos y votan por quienes los saben custodiar y en cambio un gran segmento de la población se entrega al proyecto neoliberal no es ajeno a lo que venimos invocando aquí. El neoliberalismo seduce y atrapa con lo ilimitado, con el comienzo absoluto, con el presente permanente de la tv, con la inmediatez sin rodeos de los medios técnicos y con un nuevo tipo de identificación propio de la pulsión de muerte en su expansión democrática, ser capaz de hacerme un gran daño, incluso perder todo con tal de destruir al otro. Hacerse la victima para poder matar, así el nuevo gobierno neoliberal argentino, llama al “amor” que el supuesto totalitarismo anterior no entendía porque asumía confrontaciones, mientras prepara la devastación general.

* Psicoanalista y escritor.

12/01/16 Página|12

¿CEOcracia? Déjà-vu Macri Por Alberto Mayol *

Cicerón dijo que la historia es maestra de la vida. Desde entonces no pocas veces miramos el pasado para reconocer el presente. No es infrecuente, en cualquier caso, la aparición de algún profeta que traiga una buena nueva, usualmente revestida de mesiánica belleza o de pobre petulancia. Esas buenas nuevas son, en política, nuevos modelos, nuevos métodos, nuevos caminos; presentados ante el respetable público como el último desarrollo o evolución de la luz sobre la oscuridad. Sin embargo, la historia es porfiada y normalmente, con sólo sacar algo de polvo, las cosas están ahí, con toda su flagrante obviedad, con sus ya fracasados derroteros y con sus (normalmente tibias) exitosas conquistas.

El arribo de Mauricio Macri a la Presidencia de Argentina ha sido caracterizado como el aterrizaje de una forma de gobernar que bien puede ostentar el rótulo de “CEOcracia”, según la nota de Alfredo Zaiat en Página/12. En referencia al gobierno de los Chief Executive Officer, esos altos ejecutivos de grandes empresas cuyo mérito está marcado por la gestión de recursos. La lista de nombres que acompañarán la travesía de Macri en el gobierno, provenientes del mundo de la empresa, es larga. Pero es, antes que nada, una señal de lo que, en la misma nota, el sociólogo Gabriel Vomarro llama el arribo de la concepción económica dominante cuya premisa es la centralidad del mercado y los actores privados en la economía.

La historia reciente de Chile tiene una experiencia prácticamente idéntica a la que ahora emprende Macri. Una experiencia ya iniciada, ya desarrollada, ya finalizada y ya fracasada. En 2010 asumió el mandato un presidente de la República en Chile, Sebastián Piñera, proveniente del mundo empresarial (como Macri), propietario del más popular equipo de fútbol del país (aunque Macri fue presidente de Boca Juniors y no propietario, el fondo de inversiones que creó lo tenía a él como uno de sus principales inversores) y férreo defensor de la aplicación de criterios de la empresa privada en el aparato estatal (como Macri). Incluso Piñera creó una unidad de modernización del Estado, donde explícitamente se señalaba la necesidad de tratar a los ciudadanos como clientes.

El proyecto de Piñera fue claro: llegaba lo que llamó la “nueva forma de gobernar”, donde el uso de criterios técnicos (eficiencia, eficacia) por sobre los políticos debía primar para garantizar excelencia. Fue así que convocó un gabinete de ministros considerados muy exitosos, grandes ejecutivos y hasta propietarios de grandes fortunas, quienes aceptaron transitar a lo que ellos llamaron “escuálidos salarios” del sector público (aun cuando sean 20 veces o más el ingreso mínimo) para transformar la profecía en realidad.

El resumen es muy claro y procuro no cansar con el listado al público argentino, para quienes estos nombres no tienen familiaridad. Pero desgraciadamente es importante ilustrar el punto: Felipe Larraín, ministro de Hacienda, fue miembro del directorio de la principal sociedad del grupo económico Angelini (3 en tamaño del país), además de otros directorios. Cristian Larroulet (Secretaría General de la Presidencia) y Joaquín Lavín (ministro de Educación) habían sido fundadores de la Universidad del Desarrollo, entidad privada que aun cuando no tenía derecho a retiro de utilidades, lo hizo según confesión televisada del mismo Lavín. El ministro de Minería nombrado fue Laurence Golborne, ex ejecutivo (y principal ejecutivo) del grupo Cencosud (Jumbo, Easy, entre otras empresas). El subsecretario de Minería (de Golborne) fue Pablo Wagner, quien venía del grupo empresarial Banmédica, propietario de clínicas y seguros de salud; grupo empresarial derivado del holding Penta, con banco e inversiones mineras añadidas. El ministro de Deportes fue Gabriel Ruiz Tagle, proveniente de la Sociedad Anónima Blanco y Negro, controladora del club Colo Colo y ex propietario de una importante empresa papelera. Alfredo Moreno, en Relaciones Exteriores, tuvo una amplia experiencia como director de Banco de Chile y Falabella, dos de las empresas más grandes del país. Camila Merino, ministra del Trabajo, fue ejecutiva por más de una década en SQM (minería no metálica) y accionista de la cadena de farmacias FASA. Juan Andrés Fontaine en el ministerio de Economía, había sido hombre de confianza del principal grupo económico en Chile (Luksic). También participó del directorio del Banco Santander-Santiago, la constructora Besalco, el grupo Mall Plaza y la generadora de electricidad Endesa. Teodoro Ribera, ministro de Justicia, era propietario de la sociedad controladora de la Universidad Autónoma de Chile, también privada y con una sorprendente expansión en pocos años.

Estos son algunos de los nombres vinculados al sector privado en el gobierno de Sebastián Piñera. La experiencia fue desastrosa: las denuncias por conflictos de interés arreciaron, no solo como problema moral, sino incluso como cuestión judicial. Y los escándalos empresariales que han ido estallando en Chile terminaron salpicando al gobierno, no solo en ese instante, sino de modo constante y hasta el día de hoy. De hecho, en la actualidad, dos funcionarios aquí nombrados (Wagner y Ruiz Tagle) se encuentran en distintas etapas de procesos judiciales por sus acciones públicas y privadas. Wagner tiene una alta probabilidad de terminar no solo con una condena, sino incluso con una pena de privación de libertad. Los conflictos de interés, es decir, casos relevantes donde los ministros debían resolver asuntos que tenían relación con sus anteriores empresas (e incluso con las empresas donde todavía eran propietarios); implicaron un enorme desgaste para Piñera. El mismo Presidente fue denunciado por no vender sus acciones en varias empresas reguladas a tiempo y asumir el cargo con ellas en sus manos (LAN, Chilevisión).

La aparición de los CEOs en el gobierno de Piñera implicó dos fenómenos altamente corrosivos para su gestión: el conflicto permanente entre el criterio técnico y el político, por un lado; y las dificultades de puesta en escena de autoridades “neutrales” frente a casos donde sus intereses estaban ostensiblemente en juego. Es decir, hubo conflictos entre miembros del gobierno por quién y cómo se impone el criterio; y hubo conflictos de las autoridades específicas con su propio pasado o presente, inoculando así incompetencias obligatorias en ciertas temáticas y sospechas de la población. ¿El resultado? La desconfianza en el modelo político aumentó radicalmente y la desconfianza en las empresas privadas hizo lo propio, al punto de crisis de legitimidad de la elite. Las condiciones de legitimidad de la elite se disolvieron en la medida en que el poder político y el económico fueron indistinguibles. Hoy Chile vive una crisis de la elite que no se hubiera precipitado con el dinamismo acontecido si la ritualidad política hubiese intentado, al menos, maquillar sus vínculos con el dinero. La política moderna no ha sido capaz consistentemente de domesticar la economía y ha operado con hipocresía (“debemos separar el poder político del dinero” decían, mientras hacían lo contrario). La política propuesta por Macri (y ya aplicada por Piñera) es el paso de la hipocresía al cinismo (“el poder político y el económico es lo mismo, y qué” se nos dice, transformando nuestra corrosiva sospecha en violenta certeza). Es un paso del vicio al horror y del horror a la complacencia. La política como representación de la ciudadanía ya ni siquiera pasa de anhelo a teatralización, sino mucho peor; de teatralización a burlesque. Pero la ausencia de profundidad desgasta ese capital que para los políticos actuales es incomprensible: la legitimidad. La compra del político por el empresario convertida en divertimento público y prostitución productivista del rentismo de un empresario ávido de caminos cortos, es un espectáculo que se desgasta con facilidad.

Creer en el espíritu tecnocrático da para los años noventa y sus experimentos en pleno fin de la historia. La fe en los ingenieros para conducir la sociedad tiene muchos años, algo de ello hay en Platón y todo de ello en Moro, Saint Simon o Comte. Después de la crisis de 2008, donde los economistas no vieron la crisis (o la ocultaron, pues estaban en el negocio de especular) y donde las evaluadores de riesgo dijeron que ciertas acciones eran tan ciertas como una barra de oro, cuando no eran nada; pues bien, después de esa crisis, decir que la economía y las técnicas administrativas son la panacea de una política exánime, es no solo ingenuo, sino además obtuso y peligroso. Por de pronto, habrá que recordarle a Mauricio Macri que en Chile, el gobierno de los expertos tuvo problemas año tras año para ejecutar el presupuesto. Y habrá que recordarle un caso emblemático sobre el fracaso de los técnicos y su promesa: para 2012 correspondía el Censo nacional y el gobierno prometió que conoceríamos “el mejor censo de la historia”. Allí la capacidad ejecutiva podría ser visible para todos, cambiando radicalmente la forma de realización, sin necesidad de decretar un día festivo, realizándose sin voluntarios, sino profesionalmente. El resultado fue lamentable. El mismo Piñera se percató, al dar la cifra de población, que no podía estar correcta de acuerdo a las proyecciones básicas realizadas con anterioridad. Y los problemas no acabaron ahí. Se nombró una comisión que evaluara las medidas a tomar para arreglar los problemas. La Comisión Externa sugirió repetir el Censo, no arreglarlo.

El déficit de los grandes ejecutivos no acabaron en lo técnico. Fueron mucho peores en la dimensión política. Habrá que avisarle al nuevo presidente argentino que esos grandes ejecutivos chilenos fueron incapaces de enfrentar negociaciones simples que se transformaron en heridas purulentas para el gobierno (movimiento de Aysén, negociación con rectores de universidades en pleno movimiento estudiantil, movimiento contra planta procesadora de cerdos, movilización por una construcción de termoeléctrica). Para decirlo sismológicamente (en Chile eso importa), que las autoridades recibían un sismo grado 1 y devolvían mágicamente uno grado 8. De hecho, desde su mismo gobierno, Sebastián Piñera fue criticado por su incompetencia política al haber utilizado hombres del mundo empresarial. Diversas crisis políticas obligaron a Piñera a nombrar políticos avezados e ir sacando lentamente a muchos de los ejecutivos.

El gobierno de Piñera terminó con la derecha chilena no solo derrotada electoralmente, sino con el peor resultado electoral de toda la transición y, peor aún, con el menor poder que ha conocido desde los años sesenta. La herencia de articulación de poder del experimento de altos ejecutivos al mundo público fue un fracaso rotundo. Ya lo hemos visto Mauricio Macri, ya sabemos de qué va el asunto, ya sabemos los resultados: los ejecutivos no funcionan en la política, su reino no es de ese mundo.

* Académico de la Universidad de Santiago de Chile.

La herencia de Prat-Gay Por David Cufré

Alfonso Prat-Gay dijo el 5 de noviembre, en campaña electoral, que una devaluación no provocaría grandes costos en materia inflacionaria porque en la práctica la economía se manejaba con la cotización de otros tipos de cambio, como el contado con liquidación o el blue. “Con nuestra propuesta, que será coherente con un programa económico, lo que va a suceder es que subirá el dólar oficial, que prácticamente no afecta a nadie, y van a bajar los otros, que afectan a la gran mayoría de la población”, afirmó. “El dólar a 9,50 no existe”, aseguraba más desafiante el propio Mauricio Macri. Las advertencias sobre los riesgos de ocasionar una estampida de precios al mover el dólar de 9,65 a 15 pesos, como estimaba el candidato en aquel momento, eran descartadas, y quienes las hacían eran tratados de ignorantes. “Es algo que Daniel Scioli no entiende”, apuntaba por ejemplo Prat-Gay.

El ahora ministro de Hacienda y Finanzas cumplió la primera parte de su promesa. Empezó a delinear un programa económico que arrancó con la eliminación de las restricciones a la compra de divisas y la consecuente devaluación. Las principales medidas en el primer mes de gobierno ubican a los sectores financieros y agroexportadores como privilegiados, elevando sus márgenes de rentabilidad por distintas vías. A los primeros, por ejemplo, con la suba de las tasas de interés, la eliminación de la obligación de compensar a los ahorristas por ese aumento del costo del dinero, la generación de incentivos para la llegada de capitales golondrina y la emisión creciente de deuda pública. Para el agro, la devaluación, la quita y rebaja de retenciones y la supresión de cupos a la exportación significan una transferencia de miles de millones de pesos.

Lo que no ocurrió fue la segunda parte de la consigna, que el incremento del dólar no tendría impacto sobre precios. Por el contrario, desde que Prat-Gay anticipó la devaluación a principios de noviembre se produjo una disparada inflacionaria, de acuerdo con las mediciones de la totalidad de las consultoras privadas, mientras que el Indec eligió justamente ese momento para discontinuar la publicación oficial. El índice Congreso también desapareció como referencia, pero pese a ello es claro que en el último bimestre de 2015 la suba de precios triplicó el ritmo que traía hasta entonces. Lejos de asumir cualquier responsabilidad por esa situación, que significa un golpe al poder adquisitivo de trabajadores, jubilados y sectores de ingresos fijos, Prat-Gay se desentendió ayer de las consecuencias de sus decisiones y le cargó la cuenta al gobierno anterior.

Ahora resulta que el dólar de 9,65 existía, pero era “ficticio”, por lo cual “el sinceramiento” es parte de “la herencia”. El ministro no hizo ninguna referencia a que antes sostenía que el dólar oficial “no afecta a nadie” y que por lo tanto su incremento no impactaría en los precios. Ayer consideró lógico lo contrario, que se hubiera producido un alza de la inflación, pero se congratuló de que lo peor haya quedado atrás. La nueva promesa es que la inflación terminará el año en un rango de entre 20 y 25 por ciento, y en función de ello reclamó a los gremios que moderen sus pretensiones en paritarias. Sería la forma de completar la gigantesca transferencia de ingresos desde sectores trabajadores a banqueros y ruralistas que supone el nuevo “programa económico coherente”. La redistribución regresiva de la riqueza, que empezó con la devaluación, es la verdadera herencia de Prat-Gay.

14/01/16 Página|12


El Gobierno mantuvo un encuentro con los bonistas carroñeros ante el mediador Daniel Pollack Papita para el buitre Por Tomás Lukin


Por Tomás Lukin

El secretario argentino de Finanzas, Luis Caputo, camina, este 13 de enero de 2016, después de su primera reunión formal para tratar de negociar una solución al litigio de la deuda Argentina, en Nueva York (EE.UU.). EFE

“No les hacemos un favor a los argentinos al pelearnos con los buitres”, consideró el ministro Prat-Gay, en un giro de 180 grados de la política kirchnerista. En la semana del 25 de enero las partes presentarán sus propuestas, incluidos los llamados “me too”.

Diez días para cerrar la oferta a los buitres

“No les hacemos un favor a los argentinos al pelearnos con los buitres”, consideró el ministro Prat-Gay, en un giro de 180 grados de la política kirchnerista. En la semana del 25 de enero las partes presentarán sus propuestas, incluidos los llamados “me too”.

Por Tomás Lukin

El Gobierno realizará una oferta para los fondos buitre más agresivos, durante la última semana del mes. A ese entendimiento llegaron los funcionarios del equipo económico y los representantes legales de los demandantes. Las oficinas neoyorquinas del abogado mediador impuesto por el juez Thomas Griesa, Daniel Pollack, fueron el escenario del extenso convite entre los acreedores carroñeros y el secretario de Finanzas, Luis Caputo. La oferta incluirá a los fondos denominados “me too” (yo también, en inglés) que obtuvieron el tratamiento extraordinario previsto en la sentencia original de Griesa aunque su reclamo todavía se encuentra en proceso de apelación.

El grupo de litigantes encabezado por Elliott Management representa aproximadamente la mitad del 7,6 por ciento de los bonos que no fueron ingresados al canje. Los bonos en su poder alcanzan un valor nominal de 2943 millones de dólares. Pero, gracias a la fórmula validada por las cortes estadounidenses y los intereses acumulados, el monto de las sentencias suma 9882 millones de dólares.

“Queremos pagar el capital pero no queremos que ese capital se ajuste de la manera en la que estima la sentencia”, indicó Prat-Gay en conferencia de prensa, al reiterar que el gobierno buscará acordar una quita sobre los diferentes intereses (contractuales, judiciales y post sentencia) que abultan el monto a pagar. “No les hacemos un favor a los argentinos al pelearnos con los buitres”, lanzó desde Buenos Aires el ministro de Hacienda y Finanzas, al cuestionar la política desplegada por el kirchnerismo.

“Como conclusión de esta primera reunión, el gobierno argentino se comprometió a elevar una propuesta de solución a la disputa judicial en la semana del 25 de enero, esperando que al mismo tiempo ellos presenten su propia propuesta de negociación”, reza el escueto comunicado difundido ayer por el Palacio de Hacienda. “Estamos satisfechos que después de mucho tiempo finalmente nos juntamos. Vamos a avanzar con una propuesta y esperamos que la evalúen”, explicó Caputo anoche al finalizar el encuentro que se extendió durante más de cuatro horas en Manhattan. La prolongación, explicó el funcionario a los medios apostados fuera de las oficinas de Pollack, se debió a que mantuvo dos conversaciones: una con los buitres originales y otra con representantes legales de los me too.

“Vamos a negociar con dureza. Queremos resolver el problema de la forma más rápida y justa posible. Es una de las tantas trabas que ahogó a la economía a lo largo de los últimos tiempos. Nos autoinfligimos la exclusión de proyectos de inversión propios y extranjeros que deberían estar en la Argentina”, consideró el funcionario al referirse a las implicancias del litigio con los acreedores. A diferencia del 92,4 por ciento de los tenedores de bonos defolteados, los demandantes que bloquearon el mecanismo de pago de la deuda rechazaron ingresar a los canjes de 2005 y 2010.

Para el gobierno de Macri, lograr un entendimiento es condición necesaria para rehabilitar el acceso al mercado de crédito internacional sin riesgo y a menor costo. Sin embargo, la lógica de las agencias calificadoras de riesgo evidencia cómo siempre existen requisitos adicionales para mejorar las perspectivas financieras de los países “desobedientes”. Por eso, el cierre de la disputa es solo un eslabón más en el proceso donde se inserta el compromiso de reducción del déficit fiscal, achicamiento del Estado y la instalación de un régimen de metas de inflación.

Durante la conferencia de prensa, el funcionario presentó a los buitres como inversores genuinos que adquirieron sus títulos antes del default cuando los propios demandantes reconocen la adquisición de esos papeles post-crisis de 2001, incluso después del primer canje de 2005. Una clausura de la disputa requerirá que la totalidad del 7,6 por ciento de los tenedores de los papeles todavía en default también alcancen un acuerdo con el país. La suma nominal total ronda los 5700 millones de dólares pero su valor varía ya que son más de 150 tipos de bonos distintos, denominados en diferentes monedas cuyas cotizaciones se mueven todos los días. Si bien el Gobierno privilegió la negociación neoyorquina, el universo es heterogéneo y está desperdigado en otros tribunales de Estados Unidos, Europa y el Ciadi del Banco Mundial. De hecho, una porción significativa de esos papeles ni siquiera fue presentada ante un juez y, aunque se supone en poder de los buitres, se desconoce quién los tiene. Si todos los tenedores de bonos en default accedieran a la fórmula pari passu que consiguieron NML, Dart y Aurelius, los fondos más agresivos, el monto a desembolsar trepa hasta los 20.000 millones de dólares.

La intención del equipo económico es cancelar la mayor parte emitiendo nueva deuda externa, un escenario viable dado el bajo nivel de endeudamiento en dólares heredado del kirchnerismo. Simétrica relevancia al acuerdo financiero con los tenedores de los bonos todavía en default reviste la modificación del plexo normativo vigente. Para implementar un plan de pagos donde se ofrezcan mejores condiciones que las entregadas en los canjes se deberá cambiar la ley Cerrojo y la más reciente Ley de Pago Soberano.

14/01/16 Página|12

El día del yerno Por Hugo Presman

Mauricio Macri ha repetido en diferentes ámbitos y circunstancias que el clima político ha cambiado y que el país tiene una sensación de liberación. Estas palabras han sido malinterpretadas por los autores del triple crimen de General Rodríguez quienes el domingo 27 de diciembre se escaparon de la penitenciaría de máxima seguridad de General Alvear, una ciudad de 10.000 habitantes en la Provincia de Buenos Aires, situada a 240 kilómetros de la Capital Federal y cuya cárcel fue inaugurada en abril del año 2000.

El trío compuesto por los hermanos Cristian (40) y Martín Lanatta (41) y Víctor Schillaci (33), estaba cumpliendo la pena máxima por los asesinatos de Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35). El cuarto, prófugo desde hace varios años y autor intelectual del triple homicidio, es Esteban Pérez Corradi.

El trío de asesinos suele tener nostalgias hacia las fiestas de fin de año donde se intensifican sus ansias de libertad y el deseo de estar con sus familias. Para la Navidad del 2013 estuvieron a punto de escaparse de otra cárcel de máxima seguridad (la de Sierra Chica), subiéndose a una terraza y pretendiendo huir en un helicóptero que finalmente no llegó, aparentemente por un imprevisto incremento en la tarifa de fuga. Está claro que el trío considera a la familia la célula básica de la sociedad y están dispuestos a no reparar en sacrificios y riesgos para cumplir sus objetivos de reencontrarse.

Y a diferencia de los que despotrican contra las suegras, Cristián Lanatta la adora y desmiente aquella interpretación antipolítica que dice que a una palabra sublime como madre, al agregársele lo de política, eso da la antítesis que es suegra. Ya veremos por qué más si se trata de una “ex” suegra. Lo cierto es que Martín Lanatta en el ya lejano agosto del 2015, unos días antes de las internas, le dio un reportaje explosivo a otro Lanata, este periodista ultramilitante del grupo Clarín, en el que el condenado a prisión perpetua imputó al jefe de ministros Aníbal Fernández de ser el instigador del triple crimen de General Rodríguez. Para proteger su vida, a partir de ahí lo trasladaron a la enfermería. Pero como son inseparables con su hermano Cristian y su amigo y cómplice Víctor Schillaci, los tres fueron al mismo lugar de la cárcel, la enfermería, lo que demuestra que en esta prisión de máxima seguridad se hace un culto de la amistad y el compañerismo. Aunque había la recomendación judicial que a cada uno de los asesinos los custodiaran dos guardias, en el momento que concretaron la fuga, con un arma de juguete, a los tres sólo los vigilaban dos guardias novatos y la puerta del lugar se abría desde adentro. Los redujeron y salieron por la puerta principal ante la mirada perpleja de un custodio que no llevaba armas por ser Testigo de Jehová.

Nadie los esperaba afuera para alejarse del lugar, lo que revela que la planificación de la fuga no difería demasiado de la seguridad de la cárcel. Se apropiaron del Fiat Uno de un guardiacárcel, pero como no arrancaba tuvieron que empujarlo. Una vez que lograron ponerlo en funcionamiento, y previo cambio de vehículo, se dirigieron a la casa del empresario Marcelo Melnick, conocido bajo el apodo de “Faraón”, en donde se estaba realizando una fiesta en la que decidieron quedarse unas dos horas a la vista de más de cien invitados. Como Cristián es un buen ex yerno, y aunque lo buscaran más de 700 policías, visitó a su ex suegra quien le dio tres mil pesos. No se entiende que pesos pesados del negocio de la efedrina tuvieran semejante precariedad de recursos, lo que se contrapone al armamento sofisticado que la policía informa que tienen.

Mientras el 31 de diciembre todos los canales de noticias trasmitían en cadena el cerco a los evadidos en la localidad de Ranchos y el Ministro de Seguridad de la provincia reafirmaba la inminencia de las detenciones, Cristian Lanatta volvía a visitar a su querida ex suegra a quien esta vez le sacó sin su consentimiento una camioneta. Previamente a la noche del anteúltimo día del año, los tres delincuentes habrían disparado y herido gravemente a dos jóvenes policías que pretendieron detener el vehículo para un control de rutina, aunque dado la falta de certeza de todo lo que se informa, algunos desconfían que fueran los asesinos buscados. Luego, lo que hace presumir que los prófugos son vegetarianos, algunos atestiguan que los vieron en una verdulería.

Noticias de las más dispares van agregando condimento a una fuga que no pudo filmar el neorrealismo italiano, por carecer de un autor de imaginación tan febril que pudiera concatenar semejante absurdo con el entretenimiento. Mientras los prófugos hacen conocer a varias fuerzas de seguridad distintos territorios de la Provincia de Buenos Aires, como Quilmes, Florencio Varela, Berazategui en un emocionante turismo de aventuras, los funcionarios macristas y su prensa militante (que casualmente era furiosamente opositora al anterior gobierno), despliegan un cerco protector al novato gobierno, mucho más eficaz que el policial.

Como suele suceder en estos casos, aparecen periodistas que se creen policías, policías que actúan como periodistas, especialistas varios de desconocimientos profundos y funcionarios que comentan como si fueran periodistas. Todo esto parece ser la revolución de la alegría prometida. O un gigantesco entretenimiento mientras el gobierno emprende un avance demoledor empuñando un arma cargada de decretos de necesidad y urgencia que según Joaquín Morales Solá, el periodista ultramilitante del diario La Nación: “La primera prioridad que Macri se impuso es el desmantelamiento del Estado populista”.

Mención aparte merece el famoso reportaje de Lanata con una sola T a Martín Lanatta con doble T, habiendo entrado a la cárcel de General Alvear en reiteradas ocasiones. Esto se hizo sino con la autorización o la indiferencia del ex ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires el Dr Ricardo Casal, durante la gobernación de Daniel Scioli, aunque ahora Casal esgrime una orden judicial que relativiza su responsabilidad. En la feroz interna a la gobernación por la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli prefería a Julián Domínguez y la presidenta Cristina Fernández se inclinó por Aníbal Fernández. En un partido que festeja el Día de la Lealtad, la traición está a la orden del día, hasta el punto que en vida de Perón el vandorismo llegó a usar el slogan: “estar contra Perón para salvar a Perón”. En esta ocasión es altamente probable que mientras Aníbal Fernández dificultaba el acceso de las boletas de Julián Domínguez, desde las filas del preferido del Papa se haya convenido la jugada de facilitar la denuncia contra Aníbal Fernández que terminó siendo un disparo en los pies del Frente para la Victoria. Eso fue un golpe de nocaut contra Aníbal Fernández que si bien ganó la interna quedo malherido para la elección del 25 de octubre. El triunfo de Vidal fue determinante para el triunfo de Mauricio Macri en el balotaje del 22 de noviembre. El periodista de La Nación Francisco Olivera el 31 de octubre escribió: "El domingo hubo festejos en la cárcel. Atento al resultado electoral, Martín Lanatta (...) se sobresaltó frente al televisor del penal de General Alvear. Y allí, mientras la pantalla mostraba a los incrédulos que María Eugenia Vidal le llevaba cinco puntos de ventaja en la provincia de Buenos Aires a Aníbal Fernández, sobrevino lo insólito: un guardiacárcel abrió la celda y se abrazó con el prisionero". La explicación de Olivera es que "los prisioneros creían liberarse de un futuro áspero con Fernández como líder del servicio penitenciario; los guardiacárceles, de posibles despidos por tantas filtraciones y filmaciones".

En esta comedia de enredos, no puede dejar de mencionarse la insólita y desproporcionada importación de efedrina, que entre el 2004 y el 2008 ascendió a más de cuarenta mil kilos, cuando lo que necesitaba la industria farmacéutica eran apenas 200 kilos. Esto debe atribuirse a la impericia o complicidad del gobierno kirchnerista y que ha devenido en el procesamiento de los hermanos Miguel Zacarías (fue secretario de José Granero, se lo acusa de ser un "nexo" entre los importadores y la Sedronar) , Máximo Zacarías (gestionó un certificado para importar efedrina) y del ex titular del Sedronar José Granero. Y que algunos beneficiados aparecen aportando a la campaña de Cristina Fernández del 2007.

El periodista Horacio Verbitsky lo sintetizó así en Página 12 del 3 de agosto del 2014: “La contundencia de la resolución por la cual la jueza federal María Servini procesó al ex secretario de lucha contra el narcotráfico, José Granero, al ex Subsecretario Técnico de Control de la Sedronar, Gabriel Yuseff Abboud, al Director de su Registro Nacional de Precursores Químicos, Julio De Orue, y a cinco responsables técnicos de farmacias y droguerías, se sintetiza que entre 2004 y 2008 se importaron 47,6 toneladas de efedrina, de las cuales 41 fueron desviadas hacia personas denunciadas, procesadas o condenadas por maniobras de narcotráfico internacional. Esto ocurrió mientras el control de esas importaciones estuvo confiado a la Sedronar y se redujo a sólo 24 kilos en cuanto esa responsabilidad fue asignada a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, Anmat.”

La insólita fuga, o simplemente que le abrieran las puertas para la salida de los tres criminales, parece, entre las diversas hipótesis que se han barajado, el pago de la factura por las declaraciones de Martín Lanatta contra Aníbal Fernández, que junto a las heridas de la interna y la deficitaria gestión de Scioli en la Provincia concretaron el milagro del triunfo de un partido de derecha.

Mauricio Macri se ha revelado un excelente y rápido pagador: devaluación y eliminación de casi la totalidad de las retenciones para el sector agropecuario que lo votó masivamente; contundente transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados; entrega del gobierno y tupacarización de la ley de medios al grupo Clarín; y en política exterior alineamiento con EE.UU. La quinta factura puede ser la fuga del denunciante Martín Lanatta y sus secuaces.

Como el presidente pro-mercado y pro-negocios llegó con los votos a su actual lugar, puede hacer una pequeña concesión demagógica al instituir el día del yerno, en homenaje a Cristian Lanatta, que buscado por más de setecientos efectivos no reparó en riesgos para visitar dos veces en pocos días a su ex suegra. Y el día del periodista militante empresarial en honor a Jorge Lanata, radicado actualmente en Miami, después de cumplir tareas sucias en el país y que eligió ese lugar por su clima tropical y la proliferación de gusanos.

Los Lanattas, con una y dos T, merecen el homenaje del gobierno de CAMBIEMOS. Hacerlo es de estricta justicia.

Diario Registrado

La grasa, los ñoquis y los militantes

El ministro de Hacienda y Finanzas habló de las paritarias, los subsidios, los despidos en el Estado y explicó cómo será el mecanismo para contratar personal.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, brindó una conferencia de prensa en la que habló de las paritarias, los fondos buitre, las asignaciones, los subsidios, los despidos en el Estado y los “ñoquis”, y explicó cómo será el mecanismo para contratar personal estatal.

Las 8 frases más relevantes: 

- DESPIDOS EN EL ESTADO. "Los ñoquis son parte de la herencia. Encontramos un Estado lleno de militantes. Queremos que al Estado no le sobre la grasa de los militantes".

- INFLACIÓN. Vamos a ser cuidadosos pero vamos a tener la mano dura para avanzar en el sentido correcto porque nos preocupan los precios. Lo que estamos haciendo hasta ahora está teniendo un resultado visible. Capaz no es la sensación que tiene uno cuando va al almacén. Pero nosotros estamos viendo que el salto de la inflación por la salida del cepo, ya lo hemos superado y estamos aterrizando en la primera quincena de enero hacia niveles similares a los que teníamos en septiembre y octubre últimos. Así que salir del cepo fue una pequeña joroba de dos semanas que no tuvo el impacto que decían los analistas. A partir de la segunda mirat del año esperamos una inflación menor al 1% mensual.

- PARITARIAS. Queremos elevar a 30 mil pesos mensuales el mínimo no imponible y modificar las escalas. Consideramos que es un impuesto al salario y nosotros queremos que Ganancias sea un impuesto a la renta. Vamos a enviar un proyecto que esperamos que tenga un tratamiento rápido y ágil en el Congreso. Para el Estado va a significar un esfuerzo de 37 mil millones de pesos. Queremos que sea tenido en cuenta en las futuras paritarias por el impacto que va a tener en el bolsillo.

- FONDOS BUITRE. La basura no es nuestra pero no tenemos problema en empezar a limpiarla. La falta de arreglo ha sido extremadamente caro para Argentina. 

- CRECIMIENTO. La economía argentina casi no generó puestos de trabajo privados en los últimos años y el ingreso per cápita bajó casi a cero. La economía generaba pérdida de productividad, porque eran tantas las restricciones que había menos producción por unidad de trabajo. Un empresario Pyme me dijo que ahora tiene mucho más tiempo por día, porque antes dedicaba como 6 horas a entender las restricciones y a buscar cómo evitar que le impacten. Creemos que hay que facilitarle las cosas a la gente y no complicarlas. Así hay más horas para producir más y buscar mejores condiciones laborales para los empleados.

- GASTO SOCIAL. El norte del presidente es no se toque el gasto social. Nos dijo que lo aumentemos y que identifiquemos donde se encuentra el derroche en los ministerios. No es ajuste, es corrección de gastos porque hay un despilfarro descomunal en todas las áreas. 

- ASIGNACIONES. Vamos a extenderla a los hijos de los monotributistas porque hay un millón de chicos que no recibían el derecho. La devolución del IVA para las familias en situación de vulnerabilidad y los $400 que le dimos al 30% más pobre de la población, fue un adelanto del régimen que vamos a implementar si lo aprueba el Congreso.

- SUBSIDIOS. Hay vocación política de dejar de subsidiar al 40% más rico de la población en facturas de luz y gas, sobre todo si es alguien que vive en la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente se entrega el 4% del PBI en subsidios y nosotros queremos solo subsidiar a quienes realmente lo necesitan, que es el 40 o 50 más vulnerable. Vamos a respetar la base de la pirámide y vamos a equilibrar las cuentas hacia la cima de la pirámide.

iNFO|news

Un derecho fuera de organigrama

 Por Mariana Carbajal
Organizaciones y referentes del movimiento de mujeres alertaron sobre un eventual desmantelamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, luego de los cambios dispuestos en la estructura del Ministerio de Salud por el decreto 114/2016, firmado por Mauricio Macri el 12 de enero y publicado ayer en el Boletín Oficial. A través de un comunicado de prensa, las entidades advirtieron que “sus funciones se encuentran formalmente suspendidas” desde el 4 de enero, y que “se está desmantelando su unidad funcional en áreas fragmentadas, generándose un quiebre en la ejecución de las política públicas integradas que es necesario llevar adelante para lograr el efectivo acceso a los derechos”. Consultado por este diario, el vocero del ministro, Patricio Ancarolla, negó que exista la decisión política de eliminarlo, pero lo cierto es que no aparece en el nuevo organigrama de la cartera que encabeza Jorge Lemus.
En diálogo con Página/12, la secretaria de Género de la CTA e integrante del consejo consultivo del Programa, Estela Díaz, advirtió que “peligran la continuidad de suministro de insumos como métodos anticonceptivos, las capacitaciones que se venían llevando adelante y la formación de equipos de salud”. Junto a otros miembros de ese organismo, Marta Alanís, de Católicas por el Derecho a Decidir, y Susana Chiarotti, de Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, de Rosario, Díaz pidió ayer una reunión urgente a las nuevas autoridades del área, para conocer el futuro del PSSyR.
“Este programa contaba con una autonomía funcional y especialización reconocida por su trabajo y los resultados beneficiosos para la población. Esta alteración en el organigrama atenta contra la puesta en valor y jerarquía de los mismos, disolviendo así el trabajo de construcción colectiva que había logrado poner a los derechos sexuales y (no) reproductivos en la agenda de la política del Estado Argentino”, señaló en un pronunciamiento el Frente Feminista de Defensores de DD.HH., al que adhirieron la Red de Mujeres, el Frente de Mujeres Evita, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre otras organizaciones.
El Programa fue creado en 2003, por la ley 25.673 sancionada por el Congreso un año antes: fue el resultado de la movilización y el activismo del movimiento de mujeres. “Nos llevó veinte años de democracia lograr esa ley. Fue una larga lucha”, destacó Díaz. “El Programa vino a cumplir aspectos de una política fundamental para toda la población”, apuntó la secretaria de Género de la CTA. Puntualmente, el PSSyR, que se consolidó a lo largo de la década kichnerista, incorporó a la política sanitaria los derechos sexuales y reproductivos. Con presupuesto propio, venía comprando métodos anticonceptivos para distribuirlos luego a través del Plan Remediar en hospitales y centros de salud de todo el país, donde se entregan de forma gratuita. Además se ocupaba de la capacitación de profesionales de la salud y realizaba tareas de promoción comunitaria. Entre otras acciones fundamentales, desarrolló guías de atención de los abortos no punibles, de aplicación de la ley de Identidad de Género, sobre métodos anticonceptivos, entre otras temáticas, la mayoría de las cuales son bibliografía obligatoria para los médicos en los exámenes de Residencia Unificada de todo el país. A partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género, incorporó la compra de hormonas para proveer en centros de salud a personas trans, que las necesiten, y de insumos para los tratamientos de fertilización asistida.
El alerta sobre su funcionamiento futuro surgió luego de que en los últimos días el personal recibiera una orden de las nuevas autoridades de suspender todas las actividades que venían desarrollando.
Las organizaciones de mujeres alertaron además, que “en la provincia de Buenos Aires se sigue la misma línea de desmantelamiento y pérdida de la jerarquía. Actualmente el Programa Provincial se presenta como una dependencia del Area de salud de la Mujer, esto contraría la perspectiva de género con la que se venía trabajando subsumiéndose los temas de salud sexual a lo meramente reproductivo, invisibilizando las necesidades de una población diversa”.
Por ley, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva tiene entre sus objetivos:
- Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia;
- Disminuir la morbimortalidad materno-infantil;
- Prevenir embarazos no deseados;
- Promover la salud sexual de los adolescentes;
- Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/sida y patologías genital y mamarias;
- Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable;
- Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.