Por qué Mauricio Macri no hace lo que le conviene políticamente? ¿Por qué en vez de llevar adelante un gobierno que le de prestigio y reconocimiento prefiere empantanarse en gestos absurdos de autoridad y que, lejos de pacificar los ánimos en el país, cavan una zanja peligrosamente profunda y difícil de suturar? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? ¿Adónde va? ¿Tiene un proyecto político, social, económico? ¿O simplemente se trata de un maquiavelismo berreta con la única finalidad de permitir el saqueo de la Argentina por parte de los grupos económicos concentrados y el sistema financiero internacional?
A un mes exacto de gobierno, Macri registró un récord difícil de superar en democracia: tiene el más alto índice de medidas antipopulares de los últimos 30 años: devaluó el peso, favoreció a los exportadores, generó más inflación, empobreció el salario de los trabajadores en por los menos un 40%, despidió empleados públicos, inició un proceso de endeudamiento que, como siempre, pagarán millones y millones de argentinos a futuro, abandonó a los inundados del litoral a la mano de la solidaridad civil haciendo desaparecer al Estado, reprimió la protesta social con una brutalidad nunca antes vista desde la dictadura militar hiriendo con balazos de goma a trabajadores que simplemente reclamaban por sus puestos de trabajo, quebró la institucionalidad salteando al Congreso, nombrando dos jueces de la Corte Suprema a dedo (de Héctor Magnetto), violó la Ley de Medios a piacere e intervino el AFSCA como si se tratara de un golpe militar, cambió la matriz recaudatoria quitándole peso a los exportadores y trasladándolo a los sectores bajos y medios vía servicios públicos, poniendo en serio peligro el déficit fiscal.
¿Por qué? ¿Es necesaria tanta torpeza? Por qué ni siquiera es maldad, es brutalidad. ¿Por qué un presidente decide convertirse en un "bruto" (feo, malo, torpe, ignorante, en el sentido italiano del término)? Carlos Menem llevó adelante la peor transferencia de ingreso de los sectores populares a los grupos concentrados en los años noventa, pero no lo hizo con la torpeza con que lo está haciendo Macri y sus ejecutores. La diferencia, claro, está en la diferencia de estatura política entre Menem y Macri. El Riojano impuso su proyecto político, económico y social -nefasto para los sectores populares y el Estado- a través de la mediación de la política, buscando el consenso, con operaciones culturales claras, generando alianzas, incluso comprando voluntades. Macri, en cambio, cree que puede volver a los noventa a los garrotazos limpios. Dos elementos diferencian 1989 de 2015: a) en los ochenta, el país había vivido una crisis hiperinflacionaria disciplinadora y el autoritarismo de la dictadura estaba demasiado cerca; en la actualidad, por mucho que los voceros del Macrismo, traten de inventar una "pesada herencia", lo cierto es que los problemas económicos eran relativamente solucionables acomodando un par de variables; además, hoy, los argentinos hemos aceitado un poco las relaciones democráticas. b) la crisis del 2001, si bien ya no sirve como traccionadora de votos, todavía está presente en la mayoría de los argentinos, y la emergencia del Kirchnerismo como respuesta al agotamiento del neoliberalismo noventista generó una corriente de consenso muy fuerte en la sociedad que aún hoy se mantiene viva.
Este segundo punto es interesante para desarrollar porque está justamente en el centro del planteo macrista: la desaparición del Kirchnerismo. Ya lo dijo con mucha torpeza, la vicepresidenta Gabriela Michetti, "militante del PRO", cuando sugirió que no estaban echando empleados públicos en el Senado sino "militantes kirchneristas" o cuando el inefable "militante radical", Oscar "el milico" Aguad, derrocó a Martín Sabbatella al frente del AFSCA por "militante kirchnerista". Absurdo. Ni siquiera el jugador del gobierno pseudo moderado, el "militante radical" Hernán Lombardi pudo escapar a la peligrosa estigmatización del Otro y quedó atrapado en una lógica autoritaria al operar periodísticamente y escrachar en forma falaz a los trabajadores de Radio Nacional por "kirchneristas fanáticos". Paradojal que el ex funcionario del gabinete porteño acusado de subsidiar en millones de pesos a radios fm inexistentes y a periodistas famosos como Fernando Niembro, por ejemplo, haga caza de brujas con los sueldos que figuran en contratos basura, abultando las cifras y sin informar que de esos números hay que descontar IVA, ganancias, aguinaldos y vacaciones y que los salarios reales son, hoy, la mitad de lo publicado. En este caso, Lombardi, no sólo estigmatiza sino que engaña a la población. Pero volvamos a lo importante, porque que si la única acusación que puedan hacerle a una persona es que cobra un relativo buen sueldo, eso habla de que no tienen demasiados elementos contra esos trabajadores y que, lo que es peor, no pueden confrontar ideas con ellos. Triste en un funcionario político.
Lo importante es que Macri y el PRO, lejos de pacificar, reconciliar, amigar a los argentinos, profundizó esa lógica predemocrática del amigo-enemigo. Su respuesta no fue zanjar las diferencias sino hacer desaparecer directamente a uno de los contendientes. No fue encontrar síntesis superadoras sino buscar la paz matando al oponente. Desgraciadamente, esas violencias se pagan caro. ¿Cuántas veces podrá reprimir Macri sin que se produzcan enfrentamientos serios con las fuerzas de seguridad por parte de los trabajadores? ¿Cuál es el siguiente paso: la salida Franchiotti? ¿Los parapoliciales del 20 de diciembre de 2001? ¿Los encarcelamientos? ¿O es que, sencillamente, el Macrismo no quiere la paz social sino el disciplinamiento de los sectores populares, es decir, sólo quiere el sometimiento de los trabajadores y las clases medias en beneficio de los sectores económicos altos?
Generalmente, los gobiernos nuevos tienen 100 días de gracia en la población. Con un Peronismo Kirchnerista fatigado después de 12 años de gestión, con un Peronismo Territorial todavía acomodándose tras la derrota y un movimiento obrero desorganizado y expectante, y con todos los medios de comunicación a favor, Macri contó con un mes de impunidad absoluta. Pero lo desaprovechó. Salvo en las encuestas truchas de Clarín, sus 30 días de gobierno produjeron irritación en la oposición y confusión en el electorado "independiente" que lo voto sin muchas convicciones, más por cansancio con el gobierno anterior que por enamoramiento hacia sus propuestas. Eso sí, produjo una gran fidelización en los sectores "fanáticamente" antiperonistas. No parece un gran negocio político. Una pena, porque, desgraciadamente, en estos pocos días, la elite económica y social argentina demostró que no puede abandonar su rol de "clase dominante" (represión y enriquecimiento oligárquico) y que no tiene capacidad para transformarse en "clase dirigente" (conducción, integración y consenso). He ahí el mal de todos los males para millones de argentinos.
A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
domingo, 10 de enero de 2016
ENFOQUE Derecha y salarios
Por Claudio Scaletta
Si alguien tenía alguna esperanza de que un gobierno de la Alianza PRO asumiera la forma de una derecha moderna, renovada, con aprendizaje de los errores del pasado y algún gradualismo social en la implementación de sus políticas más duras, ya puede abandonarla. El único hecho novedoso de la Alianza derechista no peronista que gobierna el país hace apenas un mes es que llegó al poder con la legitimidad de los votos. Comprendió a su adversario, catalizó una amplia alianza de poderes fácticos, pero sobre todo fue capaz de capitalizar el desgaste de doce años de ejercicio del poder al tiempo que la Hidra peronista se desperezaba de su letargo; la interna inmanente de un movimiento en el que conviven izquierda y derecha, nacionalistas y liberales, cabezas de feudos provinciales e intelectuales reformistas, una bestia que no se calmará hasta que reconstruya el conductor que la apacigüe y sintetice.
Pero mientras el movimiento nacional sigue sumergido en el estupor de la derrota y resiste con aguante sin pensar todavía en cómo volver, su ala derecha arriesga la idea vana de negar a su fuerza mayoritaria: la base kirchnerista, un aporte retardatario al sueño gorila de un peronismo fragmentado. En el camino, la Alianza PRO avanza sin miramientos desandando todos y cada uno de los remilgos institucionalistas que caracterizaron su semántica en tiempos de oposición. Su republicanismo mostró ser apenas un recurso discursivo para correr del primer plano el objetivo principal: la transformación radical del modelo económico emergente tras la crisis de 2001-2002, una vuelta al pasado neoliberal mucho más violenta de lo que el más agorero pudo haber previsto en tiempos de campaña.
A pesar de los consejos de su gurú ecuatoriano, Jaime Durán Barba, el PRO no fue capaz de contener a sus Furias y avanzó aceleradamente en un shock ajustador de resultados impredecibles. A la devaluación libertaria, que quizá podía comprenderse dentro de su lógica como un paso necesario para el cambio de paradigma económico, no tardó en sumarle la idea atávica de toda derecha triunfante: una verdadera purga del sector público.
El fenómeno de los cuadros políticos ocupando espacios en el Estado es propio de las democracias de partidos. En muchos casos es un proceso necesario para garantizar la aplicación de políticas, pero también tiene dimensiones enojosas para quienes miran de afuera, en particular por las imperfecciones que nunca faltan: el nepotismo, el amiguismo, los colados o ñoquis propiamente dichos y, en general, todos quienes ocupan lugares para los que no están ni técnica ni políticamente capacitados. Se trata de esos colaterales que el ejercicio democrático debe corregir permanente y sistemáticamente. Pero a no confundirse, no son estas deficiencias las que el nuevo gobierno intenta corregir, sino la excusa.
Los objetivos son en realidad mucho más amplios y en dos frentes. Primero: la persecución ideológica, limpiar al aparato de Estado de cualquiera que pueda sospecharse portador de vestigios kirchneristas, no sólo (comprensiblemente) los niveles intermedios y superiores. Segundo, reducir la masa salarial pública; una poda del gasto que cumple a su vez dos objetivos. Primero contribuir a compensar las transferencias implícitas en la eliminación de impuestos y aranceles que beneficiaron a exportadores y sectores de altos ingresos. Segundo, aportar a la intimidación laboral del administrador de fortunas y actual ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quien señaló la necesidad de elegir entre sostener el poder adquisitivo del salario o mantener el empleo. Que un ministro recurra a la amenaza de la exclusión en un país con una memoria muy dolorosa en la materia es por lo menos grave. Es también un hito histórico por el que siempre será recordado, pero sería escandaloso si el nuevo gobierno no gozase de una potente protección mediática.
La inducción a la baja de los salarios reales es, además, un componente central del nuevo modelo económico. El éxito de una devaluación se basa, precisamente, en que los salarios crezcan menos que los precios. Estructuralmente, la única manera efectiva y conocida para conseguir una reducción salarial real es mediante la disminución del poder de negociación de los trabajadores, lo que ocurre cuando aumenta la desocupación.
El segundo efecto del mayor desempleo es sobre la inflación. El mecanismo no es, como vulgarmente se cree, porque cae la demanda al caer el consumo de los desempleados, sino porque cuando cae la demanda cae también la actividad económica, el Producto y luego el empleo, lo que se traduce en menor puja distributiva. No es lo mismo ir a paritarias con la economía creciendo y bajo desempleo que al revés.
Si el trabajador del sector privado, formal e informal, cree que los despidos masivos en el sector público no lo afectarán se equivoca de cabo a rabo. Esos despidos aumentarán la masa global de desempleados, reducirán su poder de negociación y ello, finalmente, se trasladará a su nivel de salario.
Aunque dependiendo de la perspectiva teórica la problemática económica puede depender de distintas variables, financieras y reales, lo que está detrás de todas las disputas es el nivel de salarios y su contrapartida, la tasa de ganancia. El objetivo de las derechas neoliberales es siempre la reducción de salarios, que sería la baja “competitiva” de los costos empresarios. Esta distribución regresiva, con independencia de su nivel, ocurre en todos los países en los que llegan al poder, sea el centro o la periferia, Estados Unidos y Europa o América latina.
En el caso argentino resulta sintomático que hace apenas dos meses, en plena campaña electoral, los problemas que preocupaban al “movimiento obrero organizado” eran de segunda generación, por ejemplo; el Impuesto a las Ganancias de los trabajadores con mayores ingresos. Apenas pocas semanas después, el retroceso parece tan violento como para regresar a un estadio no sólo de primera generación, el nivel de salarios, sino cuasi pre capitalista, con funcionarios de primera línea que tercian en las futuras paritarias amenazando a los trabajadores con la exclusión. El próximo paso parece estar más en manos de los propios trabajadores que en su dirigencia. El nuevo oficialismo estima que podrá conducir el conflicto con los 26.000 millones de pesos que el Estado adeuda a las obras sociales. Resta ver si prevalece la organización sindical o los todavía silenciosos dueños de los sindicatos, algunos votantes confesos de la Alianza PRO.
PAQUETE DEL BANCO CENTRAL A FAVOR DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Los ganadores de siempre
Por Esteban Guida *
El conjunto de medidas económicas aplicadas desde los primeros días de gestión de Mauricio Macri reflejan claramente la idea que el nuevo gobierno tiene respecto del proceso de acumulación de capital que debe prevalecer en la Argentina de Cambiemos.
Así como en los años de Martínez de Hoz, el gobierno macrista está aplicando medidas que favorecen el negocio financiero y orientan el uso del ahorro de los argentinos. Es decir, se incentivan las colocaciones de dinero a plazo y los préstamos al sector público, en detrimento de la inversión productiva que afecta la creación de trabajo, la incorporación de valor a las materias primas o la innovación tecnológica, entre otros efectos sobre la economía real. Se trata de cuestiones que hacen a la definición política de cómo se administran los recursos de una comunidad, por lo que juzgar este hecho como un simple efecto colateral de la política cambiaria podría conducirnos nuevamente a situaciones que son contrarias al interés de la mayoría de la población.
Con un rendimiento sobre activos del orden del 5 por ciento (Chile o Brasil logran un 1,5 y 1,4 por ciento, respectivamente), el sector financiero en Argentina es uno de los más rentables del mundo. Sin embargo, las medidas implementadas por el nuevo gobierno, están generando un ambiente ideal para mejorar aún más sus márgenes de ganancias.
En efecto, junto con la devaluación llevada a cabo por el nuevo gobierno, el Banco Central de la República Argentina impulsó una importante suba de tasas mediante colocaciones de letras (Lebac) que rondan el 36 por ciento anual para operaciones de corto plazo en pesos, representando un incremento del 40 por ciento, aproximadamente, respecto de valores pagados antes del ballottage.
La respuesta de los bancos fue lógica e inmediata: durante diciembre se ofrecieron más de 55.200 millones de pesos (más del doble del monto máximo ofrecido durante el último año) en colocaciones de Lebac, convalidando tasas que van desde 31 a 36 por ciento anual según el plazo. La magnitud de esta oferta refleja el interés de los bancos por capturar este excelente negocio, lo que sin lugar a dudas provoca un efecto crowding out, extrayendo del mercado fondos que podrían ser aplicados al sector privado, sobre todo para líneas de inversión, fundamentales para mantener los niveles de la actividad económica y la creación de empleo.
También era de esperar que las tasas pasivas acompañaran este incremento, buscando desincentivar la huida al dólar por parte del público en general. Sin embargo, la tasa de referencia para plazos fijos en pesos a 30 días se colocó en torno al 30 por ciento, o sea, un 20 por ciento más que el promedio del mes de noviembre de 2015, lo que refleja una mayor spread entre las tasas activas y pasivas; o sea, un mayo negocio para los bancos.
A ello se suma la financiación para compras con tarjeta de crédito, cuya tasa de interés parece no encontrar techo; sin restricciones por parte de la autoridad monetaria y con el importante aumento del consumo, típico de la época festiva, se espera que las ganancias crezcan todavía más, reforzando la transferencia de ingresos hacia el sector financiero, que junto con el agro y los exportadores (tenedores de divisas), son los grandes ganadores de la gestión macrista.
Puede apreciarse que en tan sólo 30 días los bancos han logrado ampliar significativamente la diferencia entre tasas activas y pasivas, mejorado el riesgo global de su cartera y aumentado el precio del dinero para créditos al consumo (los más utilizados por los sectores de menores recursos).
Paralelamente, el BCRA está levantando restricciones y desregulando el mercado de dinero, otorgando mayor libertad para que los bancos hagan sus operaciones y fijen sus precios con mayor discrecionalidad. De hecho, las líneas de créditos para inversión productiva que había impulsado el anterior gobierno, están suspendidas hasta tanto se tengan “novedades” de parte de la autoridad monetaria, aunque está prácticamente descartado que las nuevas autoridades del BCRA quieran obligar a los bancos a colocar un porcentaje de la cartera de depósitos en créditos para inversión productiva, a largo plazo y tasas fijas promocionadas.
Con un grado mayor de optimismo, alguien podría esperar que, una vez que se estabilice el mercado cambiario, el gobierno comience a bajar las tasas para evitar el efecto recesivo de estas medidas. Sin embargo, el presidente del BCRA, Federico Strurzenegger, afirmó que las tasas disminuirán en la medida en que haya menor inflación. Pero una mirada puramente monetarista del fenómeno inflacionario puede resultar insuficiente para explicar los movimientos de precios que se registraron en estos últimos días en Argentina. Por lo tanto, y en vista de las perspectivas inflacionarias para el 2016 (fundadas en todos los pronósticos y estimaciones existentes al momento), el nuevo escenario del mercado de dinero se presenta con menor liquidez y mayores tasas.
La Argentina tiene sobrada experiencia de procesos económicos en los que la autoridad incentiva la acumulación de capital mediante la renta financiera, y en todos los casos el resultado fue negativo en términos de desarrollo, empleo y distribución del ingreso. O se revierten las medidas que contraen la economía y aumentan la concentración, o se renuncia al objetivo de “pobreza cero”.
DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2016 OPINION › OFENSIVA IDEOLOGICA NEOLIBERAL. RACIONALIZACION Y MODERNIZACION Optimismo y factor miedo La “colonización” del Estado por la lógica empresarial ya comenzó a irradiar la reedición de los rasgos más salientes del neoliberalismo vernáculo.
Por Damián Pierbattisti *
“La economía es el método,
pero el objetivo es cambiar el
alma.” Margaret Thatcher
pero el objetivo es cambiar el
alma.” Margaret Thatcher
Fueron suficientes tan sólo diez días para verificar hasta dónde había calado la percepción de agresión en las distintas fracciones dominantes durante el extenso lapso en el que no ejercieron el gobierno del Estado. La ofensiva ideológica neoliberal, que tuvo su eje en la intervención del Estado en los procesos económicos, hoy se traduce en la determinación del capital concentrado por reconstruir un modelo societario en nombre de la racionalización y la modernización, tanto privada como estatal. Las distintas fracciones del poder corporativo se repartieron sus áreas de intervención en virtud de la pertenencia de sus diversas personificaciones. Así, la “colonización” del Estado por la lógica empresarial ya comenzó a irradiar la reedición de los rasgos más salientes del neoliberalismo vernáculo, aunque esto recién empieza.
En tal sentido, quedaron expuestos, con absoluta nitidez, dos grandes fenómenos íntimamente relacionados entre sí. Para el poder corporativo, Kirchner era quien encarnaba la voluntad de una porción de la sociedad civil, tal vez minoritaria pero que contaba con una fuerte determinación moral, en reconstruir la alianza social aniquilada con el genocidio. De allí la centralidad que asumió la reconstrucción de la autoridad presidencial a partir de la paulatina sutura del tejido social mediante el fortalecimiento del mercado interno. En este punto se juega un aspecto medular para comprender el ataque frontal, en contados días, a elementos estructurantes del marco regulatorio construido por los sucesivos gobiernos kirchneristas: un proyecto de país anclado en el desarrollo del mercado interno no sólo presupone puja distributiva y recuperación de la institucionalidad que regula la relación capital-trabajo; también presupone la consolidación del “poder infraestructural del Estado”, siguiendo la definición del sociólogo británico Michael Mann, en la dirección opuesta a la lógica empresarial que accedió a su conducción recientemente.
Pero simultáneamente se observa un segundo fenómeno que se podría definirlo de la siguiente manera: la crisis orgánica de la hegemonía neoliberal no implicó la crisis de la racionalidad política que la impulsó. En tal sentido, la administración estatal bajo los parámetros que estipula la lógica empresarial, si bien en crisis, gozaba de la salud que le negaban propios y ajenos. Tomando un ejemplo, criterios de eficiencia calcados del ámbito privado fueron inescindibles de la construcción discursiva tendiente a legitimar la reestatización de servicios básicos privatizados durante la década de los noventa. El caso de Aerolíneas Argentinas es, por lejos, el más emblemático.
La fuerza de la racionalidad política neoliberal, cristalizada sin ambages en las diversas personificaciones que componen el gabinete de Macri, radica en su articulación con un proceso civilizatorio atravesado por una lógica de responsabilización individual mercantil, que ejerce una singular primacía por sobre los intereses colectivos. El regreso, pertrechado con la fuerza moral que les otorga la legitimidad electoral, de la crítica a los trabajadores estatales, al elevado gasto público y a la ineficiencia de los marcos regulatorios existentes se articula con el novedoso Ministerio de Modernización y la escisión, que marca una tajante diferencia, que no logró ser enteramente revertida, entre el contexto dentro del cual se reproducen las condiciones materiales de existencia y los méritos propios sobre los cuales aquellas se asientan.
La crítica fundamental del neoliberalismo al Estado de Bienestar gira en torno de lo que se considera una elevada protección social, que tiene por efecto inmediato desincentivar la realización individual regida por una lógica mercantil. Desde luego que el objetivo de esta crítica apunta a desregular el mercado de trabajo para introducir el factor de disciplinamiento social que hoy se ve obstruido por la extensión y profundidad de los derechos recuperados en el curso de la última década, como así también por una baja tasa de desocupación. En tal sentido, el país al que regresó Susana Malcorra no es el mismo de aquél en el que envió 413 telegramas de despido a los trabajadores telefónicos. La construcción de una cultura del superviviente que habilite la reinstalación del recetario neoliberal en el mercado de trabajo, al que sin duda alguna se apunta a desregular para construir un adecuado clima de negocios que posibilite el siempre ansiado retorno de las inversiones, ofrece obstáculos sensibles para el avance neoliberal.
No obstante, vale la pena recordar una pequeña anécdota referida por el politólogo Sheldon Wolin: “Anticipándose al tono de la campaña presidencial de 2004, un asesor de Bush describió la estrategia que seguiría el presidente como ‘una mezcla saludable de optimismo y factor miedo’”. No cambiaron en nada.
* Sociólogo. Investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani. (UBA-Conicet).
DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2016 La pobreza pierde...
Por Mariano Kestelboim *
Mauricio Macri cumplió sus primeros días de mandato con las principales promesas de medidas económicas. Ahora bien, esas decisiones provocan una mayor concentración del ingreso, una caída del consumo y lo alejan indefectiblemente, en lo inmediato por lo menos, de su objetivo general planteado en campaña: pobreza cero.
La apuesta del gabinete económico es que la combinación de los mayores niveles de ganancias de las empresas y la posibilidad de remitir libremente utilidades al exterior, tras la eliminación del “cepo”, estimule el desarrollo de inversiones productivas, capaces de mejorar de forma genuina la competitividad. De esa forma, esperan que se generen nuevos puestos de trabajo de mayor calidad.
El esquema es bastante similar al fracasado modelo de los noventa, pero con un cambio central: la flotación del tipo de cambio. Otra diferencia, al menos discursiva y obligada por las nuevas circunstancias, es la promesa de regulación de las importaciones para “cuidar el empleo”. El tiempo dirá si realmente el gobierno tiene vocación por proteger los puestos de trabajo y lo puede llevar adelante. Por el momento, aprobaron todas las importaciones suspendidas por el anterior equipo económico y optaron por un sistema de administración menos riguroso.
Sin una Aduana con capacidad real de monitoreo, la elusión de los controles de las importaciones parece más simple. Mientras que el sistema previo afectaban a todo el universo de mercaderías importadas, ahora menos de una quinta parte de las posiciones arancelarias tendrá licencias no automáticas. Los “saltos de posiciones arancelarias” (uso de posiciones distintas a las que deberían corresponder) serán mucho más recurrentes, ya que los controles físicos de las mercaderías no son exhaustivos, la definición de la posición arancelaria que corresponde es objeto de discusión y los funcionarios del área son corrompibles.
La exitosa liberalización del mercado cambiario, lograda principalmente a partir de la importante suba de tasas de interés, de la conversión de yuanes a dólares y del acuerdo con los grandes exportadores de cereales, fue un paso central de la nueva administración para ganar credibilidad. El combo de beneficios para exportadores por liquidar stocks fue suficientemente tentador. En lugar de mantener su mercadería ociosa, pudieron venderla obteniendo prácticamente el doble de pesos por unidad enviada al exterior que hasta antes de la devaluación y dolarizar ganancias inmediatamente o alcanzar un suculento rendimiento en pesos por las elevadas tasas ofrecidas. Por caso, los productores del complejo sojero que, a diferencia del resto de los cultivos tuvieron una rebaja de sólo cinco puntos porcentuales en los derechos de exportación, gozarán de un ingreso adicional de aproximadamente 64.000 millones de pesos, bajo el supuesto que el tipo de cambio se estabilice en 13,50 y que su nivel de ventas sea similar al de 2015.
Desde ya, esa ventajosa posición de unos implica altos costos para otros. Lamentablemente, la distribución del ingreso provocada es muy regresiva. Empeoró la situación económica, en mayor medida, de los sectores de ingresos bajos, dado que concentran su gasto en bienes de la canasta básica que es lo que más se encareció (entre un 30 y 40 por ciento desde fines de octubre pasado).
Como paliativo, el gobierno decidió otorgar un aporte de 400 pesos por única vez para jubilados que cobran el haber mínimo (3,3 millones de personas) y para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (3,6 millones de niños). Para tener una idea aproximada de la inequidad de las políticas aplicadas, estas contribuciones para los sectores vulnerables suman 2760 millones de pesos; es una cifra 23 veces más pequeña que la concedida a los exportadores de soja.
Inflación
El gran enemigo del nuevo modelo es la inflación. El éxito de una devaluación se mide de acuerdo a su impacto sobre los precios. Si el incremento general de costos internos es proporcional a la devaluación, retornamos al punto de partida en términos de competitividad. Es importante observar que el fenómeno inflacionario per se no ocasiona la pérdida de competitividad. A modo de ejemplo, si todos los precios, incluido el precio del dólar, se movieran de la misma forma, no habría efectos reales en la economía. Las diferencias de aumentos de precios en términos de magnitud y ritmo se deben a asimetrías de poder de mercado. El hecho de que existan sectores concentrados que no están afectados por la competencia internacional agrava esas asimetrías. Ha sido un fenómeno recurrente en la economía nacional que en los procesos inflacionarios, los precios de esos sectores hayan tenido aumentos desproporcionados en relación a la evolución del tipo de cambio. Y esos precios forman parte de la estructura de costos de la economía. Básicamente, se trata de las actividades que no compiten con la producción y los servicios del exterior, como los servicios de comercialización, financieros, de transporte interno, inmobiliarios, de telecomunicaciones.
Todas esas actividades pueden tener precios desalineados con los estándares internacionales y afectan los precios de venta al público. La distorsión actual de precios relativos en su favor es lo suficientemente alta como para que los costos internos, medidos en dólares, limiten significativamente la capacidad exportadora del país, en un escenario internacional cada vez más complicado.
Salarios
Entre los costos no transables, el sector más atomizado y con menos capacidad de negociación es el de los trabajadores. En un contexto de devaluación y contracción del mercado interno, en general, sus aumentos quedan retrasados y, por lo tanto, pierden poder de compra. Desde el interés de los sectores exportadores que no dependen del dinamismo del mercado interno, pero sí de los costos no transables, los salarios son una variable a reducir. Tampoco les interesa que mejoren porque, en su esquema de negocios, el salario solo es un costo (en cambio, para las actividades que sí dependen del mercado interno, los salarios también son fuente de demanda).
Desafortunadamente, en nuestro país, antes de discutir el valor de los salarios, nunca se plantea que los servicios de intermediación comercial, las comisiones e intereses de los bancos o el costo de las telecomunicaciones es desproporcionado en relación a los estándares internacionales; es una de las principales variables a analizar y a reducir para mejorar de forma genuina la competitividad sin afectar, como siempre, a los trabajadores.
Hoy, con un alto consumo interno en perspectiva histórica y saturación o alta utilización de la capacidad de la oferta en sectores estratégicos (como transporte, telecomunicaciones, energía, insumos básicos industriales, atención médica, educación e inmuebles urbanos para uso comercial) el efecto de la devaluación sobre los precios no puede ser moderado. Y menos aun en el momento del año de mayor consumo popular, fortalecido por el medio aguinaldo y por los hábitos de compras familiares en la antesala de las fiestas. La mayor demanda estacional provoca que los aumentos de precios tiendan a ser más fácilmente aceptados por los consumidores.
Devaluación
El problema central que enfrentaba la gestión de Macri era el hecho de haber avisado, mucho antes de la asunción, que el peso iba a valer menos. Los exportadores postergaban sus ventas y los importadores adelantaban todas las compras que podían o sobre declaraban precios. La aceleración de la caída de las reservas del Banco Central era un resultado insostenible. Además, la tendencia a la adecuación, desde noviembre pasado, de los precios al nuevo tipo de cambio esperado había recalentado el proceso inflacionario, agudizando la pérdida de competitividad de la economía y, en consecuencia, la merma de las reservas. En definitiva, pese a que no era un momento oportuno para devaluar, el costo de demorarse era demasiado alto, habiendo hecho un aviso insólito.
El alto impacto sobre los precios internos, agravado por la baja de las retenciones, obligó al gobierno a tomar severas decisiones de ajuste del consumo y promoción de la oferta del exterior. Los mecanismos concretos aplicados fueron tres. En primer lugar y de forma simultánea a la apertura del mercado cambiario, el Banco Central aumentó fuertemente las tasas de interés. La repercusión, como era de esperar, fue mayor en el crédito al consumo y en el financiamiento de las pymes. El segundo eje de contención de la demanda fueron las políticas de ingresos. El gobierno redujo al mínimo posible el incremento de salarios y de haberes, a pesar de la mayor inflación. La única transferencia sustancial –y por única vez– fue para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo. El aporte de las jubilaciones mínimas (también por única vez y de 400 pesos) apenas representa el 5,8 por ciento de sus ingresos en el mes y no cobrar el impuesto a las ganancias sobre el medio aguinaldo a quienes ganan entre 15.000 y 30.000 pesos también es una transferencia pequeña, sobre todo en comparación con los aumentos de precios de la canasta básica.
El rechazo al bono de fin de año al sector público, la libertad de acción a los privados para decidir su otorgamiento y la represión armada a los reclamos de los trabajadores aminoró la presión alcista de los salarios. De esta manera, los consumidores perdieron capacidad para convalidar aumentos de precios, al menos hasta la discusión de las paritarias que, en general, recién comienzan en marzo y tiene efectos escalonados a lo largo del año. Por su parte, desde el lado de la oferta, el único instrumento de ampliación rápida es la apertura comercial.
Costos
En consecuencia, hasta ahora, la mejora de rentabilidad alcanzada fue a costa básicamente de los asalariados, de las tarifas de servicios públicos y de los contratos de servicios con actualización programada como alquileres y seguros. La anunciada quita de subsidios a la energía y al transporte y el aumento de los precios de los combustibles, impactará tarde o temprano también en la estructura general de costos y, en consecuencia, sin otras políticas de redistribución de ingresos, hará falta otro empujón del tipo de cambio para poder recuperar competitividad.
Parece difícil que en un escenario de caída del consumo y estancamiento regional, alcance con una mayor rentabilidad empresarial para generar un estímulo suficiente que active inversiones y permita sostener el nivel de empleo y bajar la pobreza.
Para la industria pyme local que depende básicamente del mercado interno, el gran peligro del modelo es que su implementación debe estar acompañada de la liberalización comercial. No solamente porque los acuerdos de financiamiento estarán condicionados a cumplir a rajatabla con las normas de la OMC, si no también porque, en caso que no se produzca una apertura, el modelo se podría volver explosivo. La devaluación, la liberalización de exportaciones y la quita de retenciones y el anuncio de reducción de subsidios implican una aceleración inflacionaria. Las únicas barreras para evitarla son aumentar la tasa de interés, contraer el gasto público, limitar la recuperación salarial y abrir las importaciones. Las tres primeras contribuyen a reducir la demanda y la cuarta estimula la oferta, a costa de producción interna.
De forma inmediata, la liberalización comercial implica un mayor margen de comercialización para los intermediarios, que lógicamente no trasladan los menores costos de abastecimiento al mostrador. No obstante, en la medida en que la actividad se erosiona, se destruyen empleos, los sindicatos pierden poder de negociación y los consumidores no pueden avalar los aumentos, la inflación se va extinguiendo.
Sin apertura comercial significativa, la suba de tasas, la reducción del gasto público y del poder adquisitivo de los trabajadores deberían ser mayores y también provocarían una alta conflictividad social. En definitiva, el modelo requiere una dosis de cada una de ellas para no volcar antes de arrancar. La gran incógnita es si existe una combinación socialmente tolerable.
* Economista de la Sociedad Internacional para el Desarrollo - @marianokestel
MEGADEVALUACION, EXPORTADORES QUE NO LIQUIDAN Y PRIMERAS SEÑALES DE DESENCANTO EN SECTORES AGRARIOS ALIADOS AL MACRISMO Faltan los dólares para empezar la fiesta
Por Raúl Dellatorre
El candidato Mauricio Macri lo reiteró varias veces en el tramo final de la campaña para las elecciones presidenciales: el país no tiene problemas de divisas, le sobran divisas por sus excedentes exportables. Sólo hacía falta remover “el cepo cambiario” para que los exportadores “pudiesen vender, porque a este dólar que no existe, nadie puede cubrir los costos”, resumía. El dólar inexistente era el oficial en torno de los 9,50 pesos, corrían las últimas semanas de octubre, primeras de noviembre, y cada vez más claramente la idea de Macri Presidente se asociaba a una megadevaluación y quita de retenciones al agro, para que “los exportadores traigan los dólares”. Era lógico que, en la platea de aliados del candidato de Cambiemos, los exportadores de granos y las entidades rurales de la Pampa Húmeda aparecieran en primera fila. E inmediatamente atrás, los productores agrarios del resto del país, incluso los medianos, suponiendo que el beneficio de la política prometida derramaría a favor de todos. A un mes de instalado el nuevo gobierno, Macri cumplió: devaluó, quitó retenciones y eliminó restricciones burocráticas (el ROE) a las exportaciones. Sin embargo, los dólares no entran en la medida esperada, las reservas en el Banco Central no se acumulan como se había imaginado, comienzan a aparecer manifestaciones de “preocupación” de entidades como Confederaciones Rurales Argentinas, consideradas aliadas incondicionales (incluso puso el ministro de Agroindustria) y fuertes críticas de sectores de la producción que se ven “sorprendidos” por no recibir los beneficios esperados. ¿Qué fue lo que falló? O, mejor preguntar, ¿qué fue lo que no se entendió, o no se explicó, en realidad, de los efectos que produciría la devaluación y el levantamiento del “cepo”? La fiesta que no fue: por qué los exportadores no aportaron lo que de ellos se esperaba, y por qué los pequeños productores de granos, los de economías regionales, los tamberos, los ganaderos y otros que esperaban participar, no fueron invitados. Esta es la historia del primer cortocircuito entre el macrismo y sus expectantes aliados.
Los 400 que no llegaron
El gobierno de Cambiemos demoró no más de una semana en implementar la devaluación y eliminación de los derechos de exportación, salvo a la soja. Se esperaba, y se aseguraba que existía el compromiso, de que los exportadores liquidarían a partir de ese momento unos 400 millones de dólares diarios, resultado de cosechas retenidas a la espera de la devaluación. Las grandes cerealeras juran que ellas no especulan, los dirigentes rurales señalan que una parte de los granos que ellos guardan en silobolsas ya están vendidos a los exportadores. Lo que nadie niega es que hay un enorme caudal de dólares por liquidar por operaciones que están pactadas y que sólo esperan ser subida a los barcos para ser cobradas. Pero con el dólar a 13, las exportaciones ingresaron por cuentagotas. Ya cerca de 14, apenas si se aceleró el goteo, y ahora sólo se sigue con atención hasta cuánto deberá escalar para que exportadores/grandes productores con espalda, abran los silobolsas. La esperanza de los primeros días del equipo económico de creer que había estabilizado el “mercado libre” en un tipo de cambio inferior a 13,50 se diluyó ante la ambición de los traders cerealeros, que siguen escalonando el precio del dólar con la demora en liquidar las ventas.
Primera lección: levantar “el cepo” significa que el Banco Central deja de fijar el tipo de cambio diariamente, pero no es un “mercado libre” el que toma la posta y la responsabilidad, sino un poderoso pool exportador que es el que controla la oferta. No desapareció la autoridad cambiaria, sólo dejó de ser estatal.
Libre pero distorsionado
Las entidades de la Mesa de Enlace hicieron suya la bandera de acusar al Estado de todos los males, de “distorsionar” los precios por su “intervencionismo” en el mercado. Pero a menos de 20 días de que el Estado se hizo a un lado y dejó hacer a los actores privados, se conocen manifestaciones críticas y muestras de preocupación de las entidades que se embanderaban con aquellos principios neoliberales. “Carbap ve con profunda preocupación las distorsiones de precios que hoy se observan en el mercado triguero y girasolero, en donde tras la reducción de las retenciones y eliminación de los ROE aún persisten importantes diferenciales de precios entre lo que vale el trigo y el girasol y lo que se le paga al productor”, afirmó la entidad que agrupa a los grandes productores de Buenos Aires y La Pampa. “Preocupa a esta entidad la persistente transferencia de recursos del productor triguero a otros eslabones de la cadena, tal como ha ocurrido en los últimos años”, señalaba en su comunicado del 30 de diciembre, aludiendo a exportadores e industria molinera y aceitera, cuyos grandes operadores conforman un bloque único. “Hoy, el productor sigue sin recibir el precio lleno del trigo y continúa recibiendo mucho menos (casi U$S 50 de diferencia por tonelada) (...). Algo similar ocurre en el mercado girasolero, en donde el productor recibe cerca de mil pesos menos por tonelada de acuerdo a trabajos técnicos de nuestra entidad”, señala, marcando que la baja en las retenciones, del 23 por ciento en el trigo y del 32 por ciento en el girasol, sólo se transfirió en menor medida al productor, mientras que el exportador o el industrial se apropió de la mayor parte. Confederaciones Rurales, entidad nacional de la que proviene como dirigente Ricardo Buryaile, se manifestó en la última semana en similar sentido, reclamando la intervención del Estado para corregir las distorsiones. Las que los perjudican, claro está.
Segunda lección: las distorsiones del mercado no se resuelven corriendo al Estado. Existe un factor distorsivo mucho más pernicioso que se llama “posición dominante” de parte de los actores más poderosos, que en esquemas de libre mercado encuentran la condición propicia para hacer abuso de la misma.
Migajas devaluadas en la leche
Cuando el gobierno kirchnerista definió, como política para el sector lechero, una compensación sobre cada litro producido, el ex titular de la Sociedad Rural Hugo Biolcati, dueño de un emporio lechero que es el principal proveedor de la materia prima para la firma Nestlé en el mundo, calificó a esa ayuda, despectivamente, como “migajas”. La compensación que fijó el gobierno el año pasado para la lechería fue de 30 centavos para los primeros 2900 litros de producción de tambos con capacidad de hasta 6 mil litros diarios, sobre un precio que le pagaba la industria al productor de 2,80 pesos. Este año, en la primera intervención de gobierno de Cambiemos en el tema, el subsidio se fijó en 40 centavos, pero para los primeros 3000 litros diarios de tambos de cualquier tamaño. Se eliminó la política segmentada, pero además se ignoró la realidad de que el tambero hoy recibe tan sólo 2,50 pesos por litro que le paga la industria, sufrió un aumento en el precio de maíz que alimenta los animales del 90 por ciento por efecto de la devaluación, suba en los combustibles y alza en los alquileres (el 50 por ciento de los tambos funcionan en terrenos alquilados) también a la par de la devaluación, ya que su precio se define a valor soja.
Como otras economías regionales, la lechería está sufriendo las consecuencias más que disfrutando los beneficios de la devaluación. La mejora en las condiciones para exportar no resuelve el problema de un mercado mundial deprimido y con precios en caída libre. Otras economías regionales aún están esperando definiciones oficiales respecto de políticas específicas que, si no resuelven, al menos ofrezcan paliativos a situaciones afligentes y que ahogan la producción. Frutas, verduras y hortalizas en diversos puntos del país, como la cría de animales para producción de carne en las provincias patagónicas son algunos de los sectores más urgidos.
Las señales oficiales, por ahora, no son muy auspiciosas. No hay a la vista una batería de medidas para atacar diferentes conflictos, sino una política general de apertura y liberalización de mercados, de la que se asegura que dará respuesta a todo. Hubo expresiones del secretario de Agricultura, Ricardo Negri, que inclusive encendieron algunas luces de alarma, cuando expresó que “no se descarta” la posibilidad de importar carne en el caso de faltante en el mercado interno por problemas de la producción local.
La tercera lección que deja el modelo simple de devaluación, levantamiento del cepo y eliminación de retenciones es que lo que es bueno para los sectores más concentrados de la pampa húmeda, no necesariamente tienen el mismo efecto para los pequeños productores de las economías regionales. A veces, como en ésta, todo lo contrario, porque el encarecimiento de costos llega antes y en forma más contundente que los beneficios imaginados.
La Mesa de Enlace, como tal, ya no existe. Desde las entidades que la hegemonizaban, Sociedad Rural y CRA, el objetivo se debe haber dado por cumplido con el cambio de gobierno. Otros, como Federación Agraria, ya antes de ese cambio empezaron a reorientar su política. De las primeras, ha sido notable la ausencia en público durante estas semanas del gobierno de Macri de los dirigentes de la SRA. Confederaciones Rurales, en cambio, ya hizo conocer algún disgusto. Las condiciones en las bases empiezan a mostrar que no existía un interés tan común entre todos los productores, y que “el campo” no resultaba esa entelequia homogénea de la que algunos sacaron provecho político. Con el gobierno de Macri enfrentando sus primeras contradicciones dentro de las propias filas aliadas, las expresiones de disidencias en el sector agropecuario empezarán a ser más frecuentes.
No fue magia. Fue una brutal devaluación (que todavía no tocó su techo) que promovió una fenomenal transferencia de ingresos en la que, para estar entre los beneficiarios, no alcanzaba con la adhesión política.
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