ECONOMIA › OPINION Construir una crisis

Por Alfredo Zaiat

La conjunción de diagnósticos negativos exagerados acerca de las variables económicas que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con afirmaciones falaces sobre el impacto de las primeras medidas económicas difundidas por el equipo liderado por el ministro Alfonso Prat-Gay y la insólita eliminación de todos los indicadores estadísticos del Indec-Todesca, facilitan el maquillaje u ocultamiento del extraordinario ajuste sobre el salario y las jubilaciones del gobierno de Mauricio Macri. La fábula de la crisis para justificar medidas regresivas de la distribución de la riqueza no es sólo un recurso de marketing electoral o de la gestión de gobierno, sino que está respaldada por documentos teóricos de economistas. Esas investigaciones académicas postulan la necesidad de una crisis para poder avanzar en profundas reformas regresivas en términos sociales. Y si no se presenta la crisis, como fue el intento fallido del establishment durante el año pasado, la tarea es construir el sentido de la existencia de una crisis o, en forma más fulminante, instrumentar medidas (megadevaluación, tarifazo, shock inflacionario, despidos) para provocar una crisis culpando de ella a la herencia recibida.

Vale reiterar para grupos con Síndrome CCLD (Capacidad de Comprensión Lectora Diferente), que se manifiesta en síntomas que impiden incorporar contextos e ignoran otros escritos publicados en esta misma columna, que la economía argentina enfrentaba diversas tensiones en los frentes cambiario, inflacionario, laboral, fiscal y del sector externo. Pero el abordaje de esas tensiones no requería inventar o construir una crisis y menos asegurar que había una única vía para encararlas, como pretenden los representantes de la ortodoxia y sus voceros amarillos. Lo que sucede es que para implementar el programa de ajuste necesitaban de un escenario de crisis que no fue y, por lo tanto, sólo les quedó la estrategia de distorsionar la evolución de variables clave, como reservas internacionales, inflación, empleo público, crecimiento económico, déficit fiscal y desocupación.

El presidente en comisión del Banco Central, Federico Sturzenegger, es conocedor y divulgador de la teoría que postula la necesidad de una crisis para habilitar socialmente un ajuste. En su primer libro publicado con Mariano Tommasi, destacado economista de la Universidad de San Andrés y uno de los 200 intelectuales y figuras de la cultura que firmaron una carta pública invitando a la población a votar por Macri en el ballottage, The Political Economy of Reform (1998, Massachusetts Institute of Technology, London, England) incluyó la investigación de Allan Drazen y Vittorio Grilli. Estos dos economistas escribieron “The benefits of crises for economic reforms”, publicado por primera vez en National Bureau of Economic Research (Cambridge, diciembre 1990). Es un texto de justificación teórica del ajuste. Un documento típico de economistas convencionales: ecuaciones matemáticas y regresiones econométricas para demostrar el postulado ideológico-político enunciado. Luego de desmalezar las ecuaciones, se arriba a la conclusión de Drazen y Grilli: “Las pérdidas de bienestar asociadas a distorsiones económicas y crisis permiten a las sociedades aceptar medidas que serían imposibles de hacerlo en circunstancias menos críticas. En otras palabras, las crisis pueden elevar el bienestar si son la única manera de inducir importantes cambios de la política económica”. La propuesta es provocar una crisis para poder aplicar un ajuste con respaldo social. No es cinismo de economista sino la producción teórica en función de diseñar e implementar el ajuste.

Esa teoría fue aplicada con el nivel del tipo de cambio. La fuerte devaluación de Macri, que aún no ha alcanzado la plenitud de acuerdo a la evolución de la paridad en la última semana, tuvo su explicación estructural en el atraso cambiario y en la existencia de una brecha con la cotización ilegal denominada blue. Pero fue fomentada con la supuesta inexistencia de reservas internacionales disponibles en el Banco Central. El ajuste cambiario era justificado por la crisis de reservas. El aspecto más notable de este relato ficcional fue que quienes aseguraban que la caja estaba vacía y que los yuanes eran papelitos de colores cambiaron el discurso cuando pasaron a ser funcionarios de Economía y del BC. El objetivo ya estaba cumplido: conseguir legitimidad social y política para una fuerte devaluación. Luego, con un pase mágico, las reservas del Banco Central dejaron de ser negativas y volvieron a sumar unos 25 mil millones de dólares, como ha estado informando diariamente la entidad monetaria conducida por Federico Sturzenegger, y los papelitos yuanes sí eran reservas y pudieron ser canjeadas una parte por dólares (unos 3100 millones). Con el shock inflacionario la mejorar de la competitividad pretendida con la devaluación quedará en la nada, en cambio se ha pulverizado de ese modo el poder adquisitivo del salario y las jubilaciones, principal objetivo de esa medida regresiva.

El desborde de las cuentas públicas es otra de las sentencias que se reiteran para preparar el terreno del ajuste. La cifra que se repite sin ningún respaldo documental es que el déficit fiscal heredado alcanza el 7 por ciento del Producto Interno Bruto. Economistas de la city y analistas de grandes medios repiten esa cifra. El aspecto inquietante es que también lo hace el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Las estimaciones más rigurosas no registran semejante porcentaje. El último informe de la consultora Econométrica, del radical antikirchnerista Mario Brodersohn, afirma que el déficit fiscal (neto de rentas de la Anses y BCRA) cierra 2015 en 4,7 por ciento del PIB, pero la eliminación de retenciones, como el nuevo mínimo de Ganancias para personas físicas, lo elevaría a casi 5,5 por ciento del PIB en 2016. Estiman que “la parcial quita de subsidios a amplios sectores del GBA, permitirá reducirlo a 4,0 por ciento del PIB” en este año. El déficit fiscal no es del 7 por ciento.

El reciente Informe de Coyuntura Económica de la Universidad Nacional de Avellaneda también indica que la situación fiscal no presenta el “descalabro” que denuncian las consultoras de la city, para proyectar que el déficit fiscal para 2015 fue de 3,9 por ciento del PIB, “en línea con el proyectado por el FMI para los países en desarrollo (4,1 por ciento) y no muy distinto al esperado para los países de América Latina”. Explica que durante el 2015, para reactivar la actividad económica, el gobierno de CFK fortaleció la política fiscal expansiva como herramienta contracíclica. En consecuencia el déficit se incrementó en 1,5 puntos del PBI en relación al exhibido en 2014.

Los especialistas de la Universidad Nacional de Avellaneda apuntan que es erróneo inflar el porcentaje del déficit, eliminando los ingresos de la Anses y el BCRA en el cómputo del resultado fiscal. Explican que de esa forma se reducen los ingresos de manera errónea, sin respetar las formas de imputación contable que sugiere el FMI y utilizada por la mayoría de los países del mundo. Destacan que “una cosa es cuestionar las formas de financiamiento del sector público y otra, engrosar el déficit eliminando discrecionalmente una fuente de ingresos genuina”. Inflar el déficit fiscal para mostrar cuentas públicas en crisis sólo tiene el objetivo de justificar el ajuste.

En realidad, en los primeros 30 días del gobierno de Mauricio Macri hubo un expansión del déficit por la eliminación de retenciones, disminución de impuestos a autos de alta gama, más subsidios a la lechería, la no aplicación de Ganancias en el medio aguinaldo de los trabajadores que ganan hasta 30 mil pesos, y el bono de fin de año de 400 pesos para titulares de AUH y jubilaciones mínimas. Cuando Prat-Gay presente los números fiscales argumentará sobre la magnitud del déficit que ayudó a aumentar, vía para implementar el ajuste que ha comenzado de la peor manera con el empleo público.

El macrismo recibió como herencia una economía con inmensos desafíos y tensiones pero desendeudada con el sector privado, con una tasa de desempleo baja y una actividad económica con signo positivo pese al contexto internacional adverso. El inédito apagón estadístico, las declaraciones desmesuradas de funcionarios y la construcción de una crisis sólo vienen a justificar y a conseguir legitimidad social, facilitada por un impactante blindaje mediático, para instrumentar un ajuste regresivo sobre el poder adquisitivo de trabajadores, jubilados y sectores medios. Los masivos despidos de trabajadores del Estado es el primer paso.

azaiat@pagina12.com.ar

OPINION La normalización nacional y el peronismo

Por Edgardo Mocca

La huella que sigue la acción de gobierno puede ser expresada con la fórmula “todo lo anormal debe ser rápidamente extirpado”. Los medios adictos –es decir casi todos– presentan la anormalidad bajo la forma de un supuesto crecimiento del gasto estatal a causa de la designación de empleados públicos en la última etapa del gobierno de Cristina, lo que se está empleando como argumento para darles tinte moralista a las cesantías masivas en el sector. Esto no es el fondo del asunto. El fondo es, efectivamente, en qué consiste la anormalidad. Lo normal en la historia de este país es la represión policial de las manifestaciones populares, el endeudamiento externo, la concentración de los medios de comunicación, los bajos salarios, la desocupación y, sobre todo, el control de los grupos poderosos sobre el accionar de cualquier gobierno. Sería exagerado poner un signo de igualdad de todas las presidencias democráticas anteriores al kirchnerismo en cada una de las materias, pero el contraste entre la experiencia de estos doce años y las presidencias anteriores tomadas en su conjunto es innegable en cada una de ellas. No se trata, hay que insistir, de que no existan aspectos de la llamada “herencia” que merezcan legítimas críticas: la diferencia kirchnerista no se explica por ese lado sino más bien por las alteraciones de esas normalidades a las que podrían agregarse muchas más. Esa diferencia kirchnerista, esa anormalidad es la que hoy está en el centro de la disputa política.

La anormalidad kirchnerista atravesó la política, la reestructuró completamente. Y la referencia no es a ese tipo de reestructuraciones que proclaman las ideas políticamente correctas y que suelen referirse mayormente a cuestiones morales. La reestructuración consiste en el principio de división que instaló en el centro: a partir del kirchnerismo las variantes conservadoras y progresistas, los neoliberales y los socialdemócratas, tendieron a converger en el cuadrante opositor de la política. Mientras unos decían “es un atropello del Estado que quiere matar la libertad de mercado”, los otros decían “es una simulación política que, en realidad, deja las cosas como estuvieron siempre”. Sin esa concurrencia no puede explicarse la política de estos años. La reestructuración consiste en la colocación en el centro de la construcción de posiciones e identidades políticas de la cuestión misma de la política; es decir su estatuto rector de la convivencia ciudadana, su autonomía (siempre relativa) respecto de poderes formados al exterior de la voluntad popular, su capacidad de transformación soberana del mundo. Sin esa recuperación de soberanía de la política no se habrían desarrollado los enconos que vivimos. El encono era y es el de lo normal contra lo anormal. Lo normal se presenta como la recuperación del diálogo y la tolerancia; lo anormal como beneficiario de lo que ha cambiado en la realidad efectiva.

Por eso estos meses son los del lanzamiento del proceso de normalización nacional. Se normalizan las reparticiones públicas, las relaciones internacionales, la función del Banco Central, el sistema de medios, la composición de la Corte Suprema, el papel de la policía en la calle. Hay una entre todas las normalizaciones que es la principal, la de la disputa política. Pues bien, esa normalización consiste en la expulsión de ese virus extraño que la enfermó y le hizo perder previsibilidad, el kirchnerismo. Hay que construir un pluralismo de partidos que comparta “valores democráticos y pluralistas” y que compita alrededor de temas puntuales sobre las que cada uno reivindique capacidad de acción. Que los partidos vuelvan a competir en los arrabales y no en el centro de la política. Así es, se dice, en los países serios, como los europeos. Justamente, los procesos políticos de la región en la última década y las fuerzas populares surgidas en Europa desde fuera del sistema convencional de partidos aparecen como episodios de la crisis de ese sistema. El establishment neoliberal logró que el mundo interprete el fracaso del socialismo soviético y las disfuncionalidades de la economía capitalista en términos de represión de las libertades; entre las libertades una sola, la de mercado, organiza al mundo global. Y no casualmente todo lo que se opone a la omnipotencia del mercado es presentado como la gran amenaza contra la libertad. Por eso, el programa de la derecha tiene en el centro la cuestión de la normalización del sistema de fuerzas políticas. En este caso no hace falta inventar un nuevo patrón de interacción política, sino de volver al anterior, que hoy sería una versión renovada del viejo bipartidismo, con el macrismo reemplazando al radicalismo y usándolo como herramienta electoral mientras no pueda construir recursos propios suficientes. De modo que la cuestión es, como no podría ser de otra manera, el peronismo.

La normalización peronista tiene dos segmentos inquietantes: uno es el kirchnerismo, el otro es el que está afuera de la estructura justicialista y compitió contra el PJ conducido por Néstor y Cristina. En el medio de esos dos segmentos hay un sector de la actual estructura justicialista que quiere constituirse como nuevo centro político, sobre la base de sus posiciones dirigentes en un conjunto de provincias; es un centro heterogéneo cuya dirección también está en disputa. El macrismo actúa fuertemente sobre estas tensiones. Golpea lo más brutalmente posible al kirchnerismo y establece la lista de premios correspondientes a quienes estén dispuestos a despegarse de él bajo la fórmula de la convivencia democrática, los usos parlamentarios, el federalismo y otras nobles causas. Todo bajo el cuidado de que el operativo no termine confluyendo en la figura de Massa. Desde diversos sectores –incluidos dirigentes que apoyaron fuertemente al kirchnerismo– se agita dramáticamente la cuestión de la unidad del peronismo. Lo primero que surge es la razonabilidad de la preocupación: toda derrota electoral de un movimiento con el peso popular del peronismo tiende a acentuar las diferencias internas y a fragmentar su conducción. Hasta allí una cuestión razonable. El problema radica en que la unidad se convierta en objetivo excluyente y no esté acompañado por la pregunta sobre el para qué de esa unidad. La unidad tiene una racionalidad política que es la de la creación de condiciones para el triunfo de la causa común. Pero tropieza con dificultades si no logra especificar cuál esa causa común. Y esa precisión es crítica porque la discusión del peronismo no se produce fuera del tiempo político ni histórico. La deliberación tiene que dar cuenta de un balance, de un juicio sobre el proyecto político que gobernó desde 2003, está obligado a apropiarse de una interpretación de esta experiencia en términos que den claridad sobre cuál es la propuesta futura del movimiento. Esa propuesta no tiene mucho para elegir en el medio entre recuperación crítica y profundización de la experiencia kirchnerista o readaptación del peronismo a la lógica de un bipartidismo que no vuelva a comprometer la normalidad política en el país.

Cuando se habla de la discusión del peronismo, se habla principalmente de la que se desarrolla en los órganos del PJ. Esa discusión ya está abierta e irá conduciendo a definiciones de aquí a pocos meses. Pero hay otra discusión o más precisamente otro escenario de la discusión. Es la que transcurre de múltiples maneras entre quienes construyeron su identidad política –o la reconstruyeron críticamente– durante los años del kirchnerismo en el gobierno. No es un ente extraño al peronismo. No es un grupo de izquierda radicalizado que se infiltró. Se puede arriesgar que su procedencia mayoritaria es el peronismo y que su relación con esa procedencia fue resignificada por la experiencia de la última etapa, después del episodio menemista. Hay una parte de este conglomerado que forma parte orgánica de las estructuras del PJ, otra que milita en los nuevos espacios que se fueron creando en el último período y hay quienes se han sumado desde el nuevo fenómeno de las “autoconvocatorias” que recorren el país y se convierten en un actor político en sí mismo.

Hay quien quiere interpretar la movilización popular de estos días como un estremecimiento de minorías intensas, poco menos que como una catarsis colectiva. Acostumbrados a ver la novedad con los mapas analíticos del pasado, se remiten a tiempos de agitación callejera protagonizada por grupos minoritarios radicalizados. Los medios, por su parte, presentan la cuestión como producto de sectores reducidos del “ultrakirchnerismo”. Es muy problemática la definición de ultraísmo para quienes se muestran como los sectores más activos de una coalición político-social que gobernó al país más de una década en una orientación antagónica con buena parte del resto de la historia más o menos reciente. Las movilizaciones en las plazas constituyen un nuevo actor político. Y por eso está en juego cómo son comprendidas por los sectores que en la discusión peronista participan a favor de la continuidad del compromiso del movimiento con el proceso transformador hoy interrumpido. Si se mira estas movilizaciones con desdén, si se desconfía de ellas o se las desvaloriza como fenómeno político, puede favorecerse a quienes impulsan la reconversión del movimiento hacia la normalidad neoliberal, lo que es una forma de revivir en nuevas condiciones el imaginario menemista. El silencio y la pasividad popular son los mejores aliados de esa reconversión regresiva del peronismo, envuelta en el decorado del pragmatismo y la defensa de la unidad del movimiento.

No hay por qué contraponer la iniciativa popular con las estructuras orgánicas, a no ser que estas últimas se autoperciban como custodios de una corporación burocrática, autocentrada y separada del cuerpo social. En estos primeros días de gobierno neoliberal, que se ve a sí mismo como portador de un nuevo régimen político, la movilización callejera ha sido el animador principal y casi excluyente de la oposición al accionar ilegal y tendencialmente violento del nuevo gobierno, sin proponerse como estructura alternativa a las que componen el FpV, sino rodeada de las referencias políticas que mejor expresan sus demandas.

YA SON ALREDEDOR DE 15 MIL LOS EMPLEADOS CESANTEADOS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS PUBLICAS El despido, herramienta de persecución

Por Laura Vales

“Váyanse de vacaciones tranquilos”, le dijeron a C y a dos compañeros en el Senado el 30 de diciembre. El lunes, leyendo un tuit de la vicepresidenta Gabriela Michetti, se enteró de que habían perdido sus trabajos. En la Afsca, Cambiemos pasó el rastrillo de los despidos no según las funciones que cumplían los empleados ni el presupuesto disponible, sino con la lista de los afiliados a Nuevo Encuentro: militantes afuera. En Jefatura de Gabinete les dijeron a 150 personas que ya no las requerían, sin mandarles ninguna notificación. Como se presentaron igual a trabajar, pusieron un guardia de seguridad en la puerta con una lista de los que no podían entrar. En Diputados los despidos masivos se frenaron con la toma del Salón de los Pasos Perdidos, pero por debajo sigue corriendo una campaña de estigmatización con la advertencia de que van a “limpiar” el Estado de los simpatizantes de La Cámpora.

Los despidos en la administración pública –entre diez mil y quince mil, en un número que va variando día a día– tomaron un nítido tinte de persecución política, aunque tome como blanco al ordenanza o la secretaria. En una serie de lugares han sido masivos (2035 en el Senado, 1200 en la Municipalidad de Lanús, donde asumió el ex jefe de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, 4000 en la de La Plata), y en el resto el método es el rastrillo. Pero como regla común, no toman en cuenta qué trabajo estaba haciendo cada uno de los afectados.

Reflejos

Ya desde el lunes, cuando se conocieron las primeras censantías, los despedidos mostraron reflejos más rápidos que los gremios. En la Jefatura de Gabinete, por ejemplo, apenas les informaron que quedarían fuera, los cesanteados se pusieron de acuerdo en no dejar de ir a trabajar. Cuando comenzaron a impedirles el ingreso en la puerta, organizaron una permanencia en el hall, llamaron a un escribano y documentaron lo sucedido. Luego amenazaron con armar una concentración: apelaron a los recursos tradicionalmente usados ante despidos, y consiguieron que el mismo día en que advirtieron que harían una protesta en la calle, se abriera una negociación, en la que los representaron los sindicatos.

“Estamos con ellos, queremos que nos defiendan, pero lo que nos decían no nos terminaba de convencer. Por ejemplo, el martes nos plantearon que había que esperar, que tenían una reunión con las autoridades para el viernes. ¡Nosotros no podíamos esperar tanto..! Y pasó algo piola, que fue que la mayoría de los trabajadores empezamos a pedir que circulara la información y todo el mundo accionó. Creo que eso nos sirvió a todos, también a los gremios, para poder presionar”, cuenta Lorena Moreno, una de las cesanteadas de Jefatura de Gabinete.

El manual de Cambiemos para echar estatales muestra tres pasos: el primero es el despido, en muchos casos masivo; el segundo, si hay resistencia, es armar alguna instancia de “revisión” con la promesa de enmendar eventuales errores. En los lugares de trabajo donde el nivel de conflicto se vuelve inmanejable, ofrecen a los despedidos renovarles los contratos por tres meses, plazo en el que evaluarán quiénes mantienen su empleo. En La Plata, como se sabe, el intendente macrista Garro directamente reprimió las protestas con la Policía Bonaerense.

El sostén de este esquema es el decreto que el presidente Mauricio Macri firmó el 24 de diciembre y el Boletín Oficial publicó el 29/12. En él instruyó a los ministros, secretarios y autoridades de todo el Estado a “revisar” los concursos y selección de personal de los últimos tres años. Macri pidió expresamente la anulación de contrataciones y designaciones, tras recordar a su equipo que la ley de regulación de empleo público (la 25.164) “establece que toda designación efectuada en violación a la normativa vigente podrá ser declarada nula”.

El mandatario justificó la “revisión del empleo público” con el argumento de que se debe controlar la “idoneidad” del personal a fin de tener un Estado eficiente.

Relación de fuerzas

La ejecución de los funcionarios de Cambiemos, sin embargo, obvió los controles de idoneidad e incluso los de si la gente iba a o no a trabajar. No hubo evaluaciones de capacidad, ni de asistencia.

Dos casos lo ilustran: Michetti, en el Senado, anuló todas las designaciones firmadas por su antecesor Amado Boudou en 2015 y dejó sin trabajo a 2035 personas. A al día siguiente, la vicepresidenta se enteró de que en ese paquete había dejado en la calle a más de 50 discapacitados, que habían sido tomados en cumplimiento de la ley que obliga al Estado a emplear a un 4 por ciento de discapacitados, y tuvo que rever su medida. Es decir, que ni siquiera sabía a quién estaba despidiendo: sólo tuvo en cuenta el número, el achique del gasto. En Quilmes, el intendente Martiniano Molina siguió un esquema idéntico y echó a mil personas, nombradas durante el último año de gestión de su antecesor Francisco Gutiérrez.

“Yo no recuerdo una transición tan traumática” para los empleados públicos, apunta Norberto Di Próspero, secretario de la Asociación de Personal Legislativo (APL). “Hace 32 años que trabajo en el Congreso, entré en el 84, con la recuperación de la democracia, y la única vez que hubo algo tan duro fue en el 89/90, cuando Eduardo Duhalde fue presidente del Senado y echó a mil personas. En todas las otras transiciones, la planta política se va con los legisladores salientes y la permanente queda, porque su trabajo es servir el café, limpiar el piso, hacer de taquígrafo, hacer tareas técnicas o contables. En cambio, acá ya antes de asumir Michetti dijo que había dos mil ñoquis y después echó a ese número. Al ñoqui lo sacás con un control; Cambiemos lo que quiere es otra cosa, imponer una política, la del Estado chico... lo que ya conocemos de otra década.”

Tras retrotraer los despidos de los discapacitados, en el Senado se abrió una negociación con los gremios por el resto de los cesanteados. Lo mismo sucedió en otros ámbitos. El modo en que se van resolviendo los despidos está ligado a la relación de fuerzas y no a la legitimidad o injusticia de la medida.

La Inspección General de Justicia (IGJ) es otro ejemplo de cómo la capacidad de los empleados de dar una pulseada o no define el escenario. “El mismo día que entró, el nuevo responsable dio de baja a 150 personas que tenían contratos de planta transitoria”, contó a Página/12 uno de los afectados del organismo. Los trabajadores pararon la atención en la mesa de entradas del organismo, con lo que bloquearon toda actividad de la IGJ. “Esa misma tarde nos dieron la prórroga de tres meses y la apertura de negociaciones.” La extensión de los contratos por tres meses está dentro de lo previsto en el decreto de Macri, pero al parecer sólo se implementa si es forzada por medidas gremiales.

En la Afsca, la intervención tampoco hizo control de eficiencia o ausentismo para los despidos. En el organismo que presidía Martín Sabbatella había un centenar de trabajadores afiliados a su partido, Nuevo Encuentro. Los militantes aportaban a NE por planilla, un mecanismo que permite que el empleador, con la autorización del empleado, transfiera directamente a la organización una cuota al partido. El sistema es el mismo que el de la afiliación a un sindicato. “La intervención tomó la lista de los aportantes por planilla y despidió a todos”, resumió Fernando Torrillate, ex funcionario de la Afsca. Una parte eran cargos políticos, que iban a irse junto con Sabbatella, pero otra parte son empleados que cumplían funciones técnicas: secretarias, fotógrafos, encargados de relevar contenidos de los medios.

Precarizados

La pelea contra los despidos se está dando mucho más en el terreno de la lucha gremial y no en los tribunales. La razón de que haya protestas –concentraciones, tomas de edificios, denuncias por las redes– pero pocas presentaciones judiciales obedece a los niveles de precarización preexistentes dentro del empleo público. “En el Estado hay 95 mil trabajadores precarios, y de ellos no menos de 25 mil son contratos basura: con universidades u organismos internacionales, cuentapropistas, contratos de locación de obra y servicio... son situaciones de endeblez legal. Por eso, iniciar acciones legales en muchos de estos casos es llevar al compañero a un callejón sin salida”, considera Hugo Godoy, titular de ATE.

“¿Qué derechos jurídicos puede tener una persona si trabajaba para el Estado pero contratado por una universidad?”, agregó el dirigente, que criticó las irregularidades de estos modos de contratación de la gestión kirchnerista. Para Godoy, la precarización dentro del Estado “fue injustificable: si uno mira el presupuesto del año pasado, hubo fondos para 45 mil cargos que no fueron efectivizados. Es decir que no hubiera alcanzado para dar cobertura a los 90 mil precarizados, pero a la mitad sí”.

Un balance al cierre de la semana, según los datos dados por ATE, daba los siguientes números:

2000 despedidos en el Senado

730 en el Centro Cultural Kirchner

200 en Agricultura

110 en la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Modernización

40 en Planificación Federal

50 en Trabajo

135 en la Afsca

16 en Cultura

12 en Desarrollo Social

En los municipios del conurbano: más de 7000 entre las intendencias de Quilmes (900), Lanús (1200), La Plata (4500), Brandsen, Escobar, Lobos, Roque Pérez, Chivilcoy, Madariaga, Moreno, Pila, Suipacha y San Pedro.

Las provincias sumaban sus despidos: 832 en municipios de Catamarca (FpV), 1000 en Tierra del Fuego, gobernada por el FpV, y 1600 en Mendoza, donde gobierna una coalición encabezada por el radicalismo.

EL PAIS › SE REALIZO UN ACTO PARA RECLAMAR LA PRESERVACION DEL ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA Un abrazo gigante para la memoria

Por Ailín Bullentini

“Esta canción durará por siempre”, afirma Charly García desde las dos columnas de parlantes instaladas a los costados de la gran puerta de uno de los edificios de la ex ESMA. En lo alto de la fachada, letras plateadas lo designan, desde hace casi una década, como el Archivo Nacional de la Memoria. Por encima de ellas, una pancarta escrita con aerosol azul asegura, desde ayer, que “#ElArchivoNoSeToca”. Fue colocada a propósito del abrazo simbólico que los organismos de derechos humanos organizaron para defender la titularidad del nieto recuperado Horacio Pietragalla al frente de la institución y la participación del sector en las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia. “No estamos repudiando al gobierno, sino defendiendo lo que hay acá adentro: no son papeles, sino la vida de nuestros compañeros desaparecidos y el proceso histórico de nuestras Madres y Abuelas, de los Hijos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, del Centro de Estudios Legales y Sociales”, apuntó Pietragalla.

Los abrazadores del Archivo Nacional de la Memoria son muchos y todos se saben de memoria la letra de “La hija de la lágrima”, una de las tantas de García que precedieron al inicio del acto que concentró casi un millar de personas, entre familias enteras, grupos de amigos, sobrevivientes y familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad, trabajadores del archivo y militantes kirchneristas ayer por la tarde en el Espacio Nacional de la Memoria, en la ex ESMA. Las canciones de Charly fueron mechadas con algunas de Andrés Calamaro, Arbolito, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y audios de Hebe de Bonafini charlando de “los treintamil”. Mientras, Madres, Abuelas, Hijos, Nietos y Familiares se reunieron puertas adentro de la institución. Pasadas las 18, salieron para ubicarse junto a la gente. Las escalinatas del edificio sirvieron de escenario. El público los recibió con los clásicos “Como a los nazis les va a pasar” y “A pesar de las bombas, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos, no nos han vencido”. A último momento, por detrás del edificio se sumó el ex ministro de Economía y diputado nacional Axel Kicillof. Para él, los asistentes también tuvieron canción: “Oooohhhhhh, vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver”.

“Por Memoria, Verdad y Justicia, el archivo no se toca”, inauguró la usual locutora de los actos de los organismos de derechos humanos. Los colectivos convocaron al abrazo simbólico para manifestar su “preocupación por el futuro” del ANM ante la intención del gobierno de Mauricio Macri de desplazar a Horacio Pietragalla “de la presidencia de ese organismo”, coincidieron en un comunicado que fue leído en el escenario.

El ex diputado asumió la dirección de la institución un día antes de que Cristina Fernández dejara la presidencia argentina. Pero la nueva gestión de Claudio Avruj al frente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación anunció que lo reemplazaría. Además, el funcionario hizo “declaraciones públicas acerca de un cambio de paradigma en materia de derechos humanos y del rol que su gobierno quiere asignar a los organismos” del área, tal como fundamentaron en un pedido de audiencia que le hicieron a Macri. Todo esto los puso en señal de alerta. En el documento conjunto, además, las organizaciones exigieron “que el gobierno nacional resguarde el rol” del ANM “como bastión de los avances logrados por la sociedad argentina en las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia” e informaron que “la continuidad” de Pietragalla al frente del Archivo “garantiza el fortalecimiento del trabajo” de la institución.

“No estamos repudiando al gobierno. Que quede muy en claro que acá no hay papeles, no hay información, sino la vida de nuestros compañeros desaparecidos, el proceso histórico de nuestras Madres y Abuelas, de Hijos y sus escraches, de la APDH y del CELS. Acá están las sandalias de Olga Arédez (Madre de Plaza de Mayo de Jujuy). No estamos defendiendo una presidencia, sino el rol de las Madres y Abuelas en la decisión de la continuidad y la dirección de las políticas de este archivo. Los organismos tienen que poder opinar sobre la dirección de estas políticas, es su derecho”, explicó el aún titular del ANM. Sin embargo, advirtió: “Este gobierno tiene en sus filas a grupos económicos cómplices de la dictadura, que aniquilaron por un modelo económico que los favoreció. ¿Cómo le vamos a dar el manejo de este archivo?”.

“Este gobierno está avasallando muchas cosas, pero acá estamos, exigiendo que el archivo quede en nuestras manos”, sostuvo la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida. “Hemos garantizado su funcionamiento, está nuestro mundo acá”, continuó Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones Políticas y Jazmín Auat, de Hijos, aportó a la misma línea: “Siempre entendimos que una verdadera política de derechos humanos debía contar con el compromiso del Estado. Pero continuarla sin los organismos no es cambio de paradigma, sino es ir en contra de ella”.

Además de la resistencia simbólica frente a la amenaza de Cambiemos de desplazar a los organismos de la políticas de Memoria, Verdad y Justicia, el acto también tuvo su cuota de consignas kirchneristas. Kicillof fue uno de los más aplaudidos. Horacio Fontova cantó seis temas entre los que mechó insultos al ex presidente George W. Bush, al juez de Nueva York Thomas Griesa y a Macri, y culminó su pasaje musical con una guitarreada “Porque Néstor no se fue, lo llevo en el corazón”. La gente le devolvió un “Vamos a volver, a volver..”, “No nos fuimos, acá estamos”, les contestó.

Algunos dirigentes de organismos de derechos humanos también aportaron lo suyo, al hacer referencia al cambio en las políticas públicas de derechos humanos, impulsado por el ex presidente Néstor Kirchner. “Ellos dicen que quieren deskirchnerizar este predio”, arengó Pietragalla, en relación a la nueva gestión nacional. “Es imposible, las puertas las abrió Néstor”, concluyó. “Tenemos memoria, cómo nos vamos a olvidar de quien nos abrió las rejas de este lugar, de que fue Cristina quien nos acompañó del brazo, que fue Néstor quien nos recibió en el escenario”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al recordar aquella tarde en la que el ex presidente abrió el predio en donde funcionó el mayor centro clandestino de detención del país.

EL LIDER DE LOS TRES PROFUGOS DE GENERAL ALVEAR, MARTIN LANATTA, FUE DETENIDO EN SANTA FE Huyó, volcó y lo pescaron

Por Raúl Kollmann

El prófugo Martín Lanatta fue detenido ayer por la Policía de Santa Fe tras accidentarse dos veces en su huida por rutas y caminos provinciales. El jefe del trío fugado caminaba solo, estaba golpeado por el vuelco de una camioneta Amarok que robó junto a sus compañeros y no opuso ninguna resistencia a la detención. Pero el caso no termina de producir papelones. El presidente Mauricio Macri y los más altos funcionarios del país y la provincia de Buenos Aires se felicitaron entre ellos por la captura de los tres prófugos, mientras el Ministerio de Seguridad le informaba al juez Sergio Torres de las tres capturas. Sin embargo, horas más tarde el jefe de la policía de Santa Fe y luego el de la Federal, Román Di Santo, tuvieron que rectificarse: “Hay un solo detenido”. El estupor recorrió la tarde y los funcionarios empezaron a mirarse entre ellos y a cruzar acusaciones. Al cierre de esta edición, las fuerzas de seguridad seguían buscando a Cristian Lanatta y a Víctor Schillaci.

Escándalos

La historia de la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez siguió ayer de escándalo en escándalo. Ya el principio había exhibido niveles insólitos de ineficiencias y complicidades: los tres condenados a reclusión perpetua estaban en la enfermería del penal de máxima seguridad, custodiados por un solo efectivo, sin personal mirando las pantallas de los monitores de la cárcel y con un penitenciario sin arma en la puerta.

No menos escandalosa fue la visita que hicieron los prófugos, dos veces, a la ex suegra de Cristian Lanatta. Cuando se suponía que se había tendido un cerrojo a raíz de un tiroteo que se produjo en Ranchos, el trío se apareció por segunda vez en la casa de la ex suegra del menor de los Lanatta y se llevó una camioneta Kangoo sin que hubiera policía en el lugar. Las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, que señalaba: “Los tenemos cercados”, fue parte del desmanejo de la investigación y la persecución.

Una de las exhibiciones más graves de ineficiencia se produjo el jueves cuando los prófugos fueron localizados en el galpón de San Carlos, en Santa Fe. El operativo realizado por orden del juez Sergio Torres, a raíz de una información que consiguió la Gendarmería, fue un auténtico fracaso. Los Gendarmes llegaron al lugar en una camioneta Berlingo y con pocos efectivos, con lo cual le dieron la chance a los prófugos de tirotearlos, herir a un gendarme y, para colmo, quedarse con el vehículo. El operativo cerrojo posterior tampoco dio resultado.

Ayer, los papelones continuaron: se hizo oficial que los tres prófugos estaban detenidos. Si el Presidente de la Nación felicitó a sus funcionarios se supone que le informaron oficialmente de las recapturas. Lo mismo ocurrió con Torres y los fiscales Jorge Di Lello y Diego Iglesias: ninguno de ellos tiene vínculo con las autoridades santafesinas, de manera que la información provino de las autoridades del ministerio de Seguridad. Los mensajes y saludos entre los integrantes del gobierno nacional y provincial continuaron por un largo rato y recién cuatro horas más tarde llegó la desmentida.

Precaria

La serie de errores y escándalos extendió la fuga a 13 días. Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci no son improvisados en el delito: los tres tienen experiencia y alguno fue seriamente investigado por secuestros extorsivos. Pero a lo largo de las casi dos semanas de escape los prófugos exhibieron una infraestructura más que precaria, muy lejos de los diagnósticos de los funcionarios que hablaban de una gran organización de narcotráfico. Claramente tuvieron algún apoyo familiar o de amigos cercanos, pero quedó a la vista que aparecieron durmiendo en un galpón sin agua y sin luz, trasladándose en la camioneta la ex suegra y robando un vehículo después de otro. Muy lejos de los aviones, helicópteros, mansiones de refugio supuestamente tan accesibles para los narcos.

El final de la historia fue tan precario como el resto. El trío entró, pasada la medianoche del viernes, en la vivienda del ganadero Héctor Ferreira, en la inmediaciones de Cayastá. Por el ladrido de los perros, Ferreira los vio venir con linternas, sacó un arma, pero desistió de tirar porque los prófugos amenazaron con matar a su familia. Con el dominio de la situación, ataron al ganadero y a su esposa, se llevaron la comida que había en la heladera y huyeron en la camioneta Hilux de Ferreira.

“Estaban ya muy heridos –contó el ganadero– porque habían volcado con otra camioneta que robaron. A mí eso no me lo dijeron. Me dijeron que la policía les disparó y que estaban huyendo por un tema de drogas. En algún momento amenazaron con llevarme de rehén porque no conocían los caminos, pero al final se quedaron con la camioneta y se fueron. Estaban vestidos de gendarmes y con todo el armamento que usted quiera”.

Los prófugos no pudieron ir muy lejos. La inundación reciente hizo que toda la zona esté anegada, por lo que la Hilux quedó empantanada a muy poco de transitar. Según parece, en ese momento decidieron separarse y la policía santafesina, utilizando caballos y alertada por Ferreira, terminó capturando a Martín Lanatta, quien caminaba solo en la mañana de ayer. No está claro si el mayor de los hermanos, herido, resolvió entregarse para que los otros dos pudieran seguir la fuga o si hubo discrepancias entre ellos. Se sabe que Martín Lanatta es más planificador, más cerebral, mientras que Cristian es más impulsivo y violento.

Galpón

–¿Cómo llegaron los prófugos a Santa Fe? ¿Cómo lo hicieron con una camioneta buscada como la de la ex suegra? –le preguntó este diario a un altísimo funcionario de la investigación.

–Si le tengo que ser franco, nadie buscaba a los prófugos ni un metro del otro lado de la avenida General Paz hacia el norte –admitió el funcionario–. Siempre pensamos en Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Ranchos, Chascomús. Nunca para el otro lado.

Hoy por hoy está poco claro cuándo el trío hizo el viaje de 495 kilómetros hasta San Carlos, en Santa Fe. Una hipótesis indica que fue el mismo 31 de diciembre, cuando todavía no estaba hecha la denuncia del supuesto robo a la ex suegra de Cristian Lanatta. La otra hipótesis es la que señaló el funcionario consultado por este diario: fueron a Santa Fe sin que nadie los descubriera porque nadie esperaba que fueran para ese lado.

Lo concreto es que el miércoles el juez Torres tuvo el dato del galpón de San Carlos y hacia allí fueron los gendarmes. La policía de Santa Fe prácticamente dice que ese operativo fue trucho: entre otras cosas porque viajaron muy pocos gendarmes. Los santafesinos dicen, con ironía, que los gendarmes aplaudieron y preguntaron si había alguien ahí.

El desenlace es el conocido: los prófugos se impusieron en el tiroteo y se llevaron la Berlingo. Un poco más tarde hubo un segundo tiroteo, con otros tres efectivos heridos, uno de ellos de gravedad.

Ingeniero

Después de los dos tiroteos en San Carlos se tendió un cerrojo que también falló. Según los policías santafesinos, porque la Gendarmería no tuvo efectivos suficientes y, además, tardaron dos horas en convocar a la fuerza provincial. Lo concreto es que los Lanatta y Schillaci tuvieron la oportunidad de trasladarse 40 kilómetros hasta la capital de la provincia, rompiendo el cerco que les habían tendido.

Ayer se conocieron precisiones de la historia. En pleno centro de Santa Fe capital apareció un ingeniero cordobés, Ignacio Reynoso, que denunció que fue secuestrado por los prófugos enseguida después de aquellos tiroteos, muy cerca del lugar de los enfrentamientos, en San Agustín. Reynoso dice que lo capturaron y lo llevaron a su departamento en San Jerónimo y Suipacha, a metros de la peatonal de la capital provincial.

El testimonio del ingeniero tiene numerosas contradicciones pero, según él, lo tuvieron atado y amordazada a lo largo del jueves y el viernes. En la madrugada del sábado, el trío lo dejó maniatado en su departamento y se fue con la camioneta VW Amarok de su propiedad.

El dato llamativo es que en las 60 horas que lo tuvieron secuestrado, los prófugos parece que tuvieron tiempo de ponerle un par de burdos carteles de Gendarmería a la camioneta y unas líneas verdes que dejaron la falsa impresión de que el vehículo era de esa fuerza. En la mañana de ayer, el ingeniero se soltó y pidió ayuda, desde el balcón, a un ciclista que pasaba.

Las cosas no les sirvieron de mucho a los prófugos: los Lanatta y Schillaci se metieron en los caminos rurales, en medio de la noche, y terminaron volcando en forma muy violenta en una especie de cañaveral en Campo del Medio, al lado de Cayastá. Ferreira, el ganadero al que después le robaron otra camioneta, comentó: “esta zona no es para quien no la conoce. Esta gente se fue de largo en la curva porque ahí hay una cuneta, una especie de desagüe”. Después del accidente, a las dos de la mañana de ayer, irrumpieron en la casa de Ferreira, se llevaron la Hilux, pero tampoco pudieron andar mucho: se empantanaron a pocos kilómetros.

Noche

La jornada de ayer fue muy larga. Empezó en el departamento del ingeniero en el centro de Santa Fe, pasó a Cayastá y ahí se siguió minuto a minuto el traslado de Martín Lanatta hasta Buenos Aires. Torres decidió que lo llevaran a su juzgado, en Comodoro Py, y de allí, después de las diez de la noche, partía al penal de Ezeiza, previa revisación integral para ver sus lesiones.

Muy lejos, en medio del campo santafesino, anoche continuaba la búsqueda de los otros dos presos. La hipótesis es que están a pie, lo que no debería demorar su detención en algún momento de la jornada de hoy.

Desde el punto de vista político, el gobierno de Macri trataba de justificar tantos errores y papelones con el argumento de que se lucha contra una enorme organización, casi con el narcotráfico mundial. La ministra Patricia Bullrich arriesgó “tienen una gran logística”. Parece contradictorio con el hecho de que a Martín Lanatta lo detuvieron, sin disparar un solo tiro, unos policías santafesinos a caballo.

raulkollmann@hotmail.com

GARRO EL INTENDENTE DE LA PLATA REPRESOR

POR LA ESPALDA

"Se seguirá trabajando en los casos puntuales para no cometer injusticias"

El intendente de La Plata, Julio Garro, publicó una carta en su cuenta de Facebook en la que confirma que continuará con el proceso de revisión de contratos, por el que 4500 trabajadores municipales precarizado quedaron cesantes, y manifesta su acuerdo con la investigación abierta por la represión del cuerpo de infantería de la Bonaerense, pero volvió a cargar contra "quienes fueron en búsqueda de los incidentes". Los manifestantes, veinte de los cuales terminaron con heridas, denunciaron "infiltrados" en la protesta.