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viernes, 1 de enero de 2016
Mirá la lista de los ministros de Macri que le dieron cargos a familiares
Todos escuchamos la gran cantidad de críticas por parte del macrismo hacia Agustín Rossi, por entonces ministro de Defensa, cuando su hija había sido designada como directora del Banco Nación.
Ahora sale a la luz una lista publicada por Bing Bang News, donde se enumera uno a uno todos los funcionarios macristas que están designando a familiares en diferentes cargos.
El primero fue el nuevo ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, quien nombró el 21 de diciembre a su primo, Amadeo Nicora, como titular del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Luego, dos días después, lo hizo el mismo ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien consiguió que su par de Telecomunicaciones -Oscar Aguad- pusiera a Mario Frigerio (tío del economista) intervenir la AFTIC por 180 días.
Pero fue el propio Oscar Aguad quien designó el mismo día a su yerno, Rodrigo de Loredo, como presidente de la Empresa Argentina de Soluciones Satalitales (ARSAT).
Y la lista sigue. El histórico vocero de Macri, Iván Pavlovsky, logró que su esposa Marina Klemensiewicz fuera nombrada como subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano. Lo mismo hizo en 2011, cuando le pidieron a la licenciada que se haga cargo de la urbanización de las villas porteñas.
El mismo Mauricio Macri nombró a Fernando de Andreis -medio hermano de la primera esposa de Macri- al frente de la secretaría general de la Presidencia, luego de desempeñarse como titular del Ente de Turismo porteño.
Por último, el flamante subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Iván Kerr, quien es primo del nuevo director de la Anses, Emilio Basavilbaso. Como si fuera poco, Basavilbaso fue presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad hasta el 10 de diciembre.
Tal como marca el portal existen más casos, pero mientras esto sucede, el nuevo presidente de los argentinos mandó a Marcos Peña a revisar las contrataciones de los empleados públicos de los últimos tres años como una persecución a aquellos que ingresaron en la época kirchnerista.
La firma de esta polémica medida es del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien casualmente ubicó a su esposa, María Carla Piccolomini, en la lista de diputados nacionales de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires.
El primero fue el nuevo ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, quien nombró el 21 de diciembre a su primo, Amadeo Nicora, como titular del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Luego, dos días después, lo hizo el mismo ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien consiguió que su par de Telecomunicaciones -Oscar Aguad- pusiera a Mario Frigerio (tío del economista) intervenir la AFTIC por 180 días.
Pero fue el propio Oscar Aguad quien designó el mismo día a su yerno, Rodrigo de Loredo, como presidente de la Empresa Argentina de Soluciones Satalitales (ARSAT).
Y la lista sigue. El histórico vocero de Macri, Iván Pavlovsky, logró que su esposa Marina Klemensiewicz fuera nombrada como subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano. Lo mismo hizo en 2011, cuando le pidieron a la licenciada que se haga cargo de la urbanización de las villas porteñas.
El mismo Mauricio Macri nombró a Fernando de Andreis -medio hermano de la primera esposa de Macri- al frente de la secretaría general de la Presidencia, luego de desempeñarse como titular del Ente de Turismo porteño.
Por último, el flamante subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Iván Kerr, quien es primo del nuevo director de la Anses, Emilio Basavilbaso. Como si fuera poco, Basavilbaso fue presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad hasta el 10 de diciembre.
Tal como marca el portal existen más casos, pero mientras esto sucede, el nuevo presidente de los argentinos mandó a Marcos Peña a revisar las contrataciones de los empleados públicos de los últimos tres años como una persecución a aquellos que ingresaron en la época kirchnerista.
La firma de esta polémica medida es del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien casualmente ubicó a su esposa, María Carla Piccolomini, en la lista de diputados nacionales de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires.
jueves, 31 de diciembre de 2015
UN FISCAL DIO CURSO A LA DENUNCIA DE UN ABOGADO MACRISTA CONTRA TIMERMAN POR “TRAICION A LA PATRIA” Una opereta con Perón como antecedente
Por Raúl Kollmann
En una maniobra para intentar la reapertura de la denuncia de Alberto Nisman, un abogado del PRO, que gusta subir a las redes sociales fotos con el presidente Mauricio Macri y otros dirigentes macristas, consiguió que un fiscal le tomara como prueba una grabación ilegal y con ella acusar al ex canciller Héctor Timerman de traición a la patria y encubrimiento. El fiscal Eduardo Taiano le pidió al juez Claudio Bonadio que investigue el audio en el que Timerman no dice nada distinto de lo que hizo público en los últimos dos años: que los sospechosos del atentado contra la AMIA son iraníes y que el camino para que declaren ante la justicia es negociar con Irán. “¿Con quién quiere que negocie? ¿Con Suiza?”, le argumenta Timerman al entonces titular de la AMIA, Guillermo Borger. El 17 de mayo de 1956, Juan Domingo Perón fue procesado por traición a la patria por el juez Luis Botet, obviamente en el marco de la llamada Revolución Libertadora. Es el único caso que se recuerda.
La grabación fue difundida por medios del Grupo Clarín hace una semana y sobre esa base se armó una fuerte operación para difundir que Timerman sostuvo algo secreto o algo distinto a lo que venía diciendo en público. En principio, el audio sería ilegal ya que el presidente de la AMIA dice que él no lo grabó, tampoco lo hizo Timerman y es obvio que se realizó sin orden judicial. No obstante, se intenta utilizar esa grabación para reabrir la causa por la denuncia realizada por Nisman pocos días antes de su muerte. El expediente está en el archivo del juzgado que encabeza Daniel Rafecas y lo llamativo es que Taiano no le dice a Bonadio que le envíe la grabación a Rafecas para ver si cambia en algo el archivo del expediente original. El fiscal, en cambio, le pide a Bonadio que le reclame a Rafecas copia de la causa de la denuncia archivada.
El abogado que puso en marcha esta causa contra Timerman es Santiago Dupuy de Lome, quien se reconoce como militante del PRO, y registra numerosas denuncias anteriores. Por ejemplo, acusó al ex ministro de Economía Axel Kicillof de enriquecimiento ilícito, por haber aumentado sus bienes en 600 mil pesos, pese a que Kicillof renunció a un sueldo de 400 mil pesos mensuales como director en YPF. En sus otras denuncias, Dupuy apuntó contra Martín Insaurralde, Amado Boudou, Juan Cabandié y otros miembros de La Cámpora y muchos otros integrantes del kirchnerismo. Sin problemas, su carta de presentación son fotos con Mauricio Macri.
La denuncia, tomada por Taiano, busca instalar un viejo prejuicio antisemita: un canciller, judío, traiciona a la patria. O, en otras palabras, un judío responde a alguna sinarquía internacional. La acusación ya fue vertida hace unos días, también contra Cristina Kirchner, por un camarista de Casación, Juan Carlos Gemignani, claramente ubicado en la derecha judicial. Otro denunciador serial, Ricardo Monner Sans, tomó rápido la posta y la llevó a tribunales, pese a que lo referido en ese diálogo, la negociación con Irán, no sólo fue pública, sino que terminó siendo una ley del Congreso. El Memorándum de Entendimiento fue votado por ambas cámaras, por lo cual habría que acusar de traición a la patria también a la totalidad de los legisladores.
En verdad, el objetivo central de la denuncia es tratar de reabrir la presentada por Nisman contra la ex presidenta y el canciller Timerman. Ese expediente está archivado después que el juez Rafecas la desestimara por inexistencia de delito, lo confirmó la Cámara Federal y también la desestimó el fiscal de Casación, Javier De Luca. Pero, además, en aquel mes de enero de 2015, la jueza Servini de Cubría consideró que no era materia de feria. Lo mismo dijo el juez Ariel Lijo. Rodolfo Canicoba Corral consideró que lo presentado por Nisman no tenía valor probatorio y luego los más destacados juristas del país, de distinto color político, coincidieron con Rafecas en que no existía delito alguno: León Arslanian, Raúl Zaffaroni, Ricardo Gil Lavedra, Julio Maier, entre otros.
La grabación no contiene nada distinto de lo que se conoce públicamente. Es un diálogo ríspido entre Borger, que está con otro dirigente de la AMIA, José Scaliter, y el canciller Timerman.
- El ministro insiste en que se debe negociar con Irán para que declaren los sospechosos.
- Deja en claro que de lo único que se conversa con Teherán es de la causa AMIA y no hay diálogo sobre comercio, granos, petróleo ni nada de lo que se adujo.
- Timerman dice varias veces que los imputados son ciudadanos iraníes, por lo cual no hay chances de conseguir nada si no se negocia con Irán. “¿Con quién querés que negocie? ¿Con Suiza? Decime vos con quién querés que negocie. Si fuera con otro, no hubiera puesto la bomba”, le insiste el canciller.
- “Nosotros no vamos a decir que no negocien con Irán, vamos a decir que Irán es mentiroso, no es creíble, que es negacionista del Holocausto”, le contesta Borger.
El diálogo transita siempre sobre la negociación para que declaren los imputados. Y la sospecha de que Irán tuvo responsabilidad está en varios dictámenes tanto del fiscal Nisman como del juez Canicoba Corral. También consta en Interpol. De manera que mencionar el vínculo de Irán con la bomba, tampoco era ninguna novedad.
La feroz crítica al Memorándum y a la negociación con Irán proviene esencialmente de los sectores republicanos de Estados Unidos, de Israel y, alineándose, el macrismo y las fuerzas que claman venganza contra el kirchnerismo. Hace un año, Nisman y Stiuso eran los voceros de esa postura, hoy revivida. Una mirada distinta tiene el gobierno de Barack Obama que, según se supo ahora, viene negociando con Irán desde 2012. Por eso sólo hubo una felicitación de Israel por la ofensiva macrista contra el Memorándum mientras que se registra un nítido silencio de la Casa Blanca. Hoy Irán es casi un aliado de Estados Unidos en la crisis de Siria y firmó un acuerdo de limitación nuclear y levantamiento de sanciones con Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Alemania y el Reino Unido. Washington está a punto de reabrir su embajada en Teherán y el Reino Unido lo hizo recientemente.
La lógica es que después de la feria, Bonadio –el juez más antikirchnerista de Comodoro Py– decida algunas medidas en el expediente por la denuncia de Dupuy de Lome, aunque el debate sobre las negociaciones con Irán es parte justamente de la causa que tiene Rafecas. Nada es ahora seguro en Tribunales, donde soplan más que nunca los nuevos vientos políticos, pero son muy pocos los que recuerdan algún procesamiento por traición a la patria, un delito que está por encima del Código Penal, en el artículo 29 de la Constitución.
Aunque se hicieron muchas denuncias, incluso contra dirigentes de la AMIA y la DAIA, la única referencia que existe de un procesamiento ocurrió el 17 de mayo de 1956. Los acusados-procesados fueron Juan Domingo Perón y otros dirigentes del peronismo. Se los procesó por ese artículo 29 y por asociación ilícita. Este último delito surgía pura y exclusivamente de su pertenencia al Partido Justicialista. En el mismo fallo del juez de la Libertadora se ordena la prisión de decenas y decenas de militantes peronistas.
› LA APROPIACION DE LAURA RUIZ DAMERI Cuatro condenados
os prefectos y dos marinos retirados destinados en la ESMA durante la última dictadura fueron condenados el miércoles por el juez federal Sebastián Ramos por la apropiación de la hija de los militantes desaparecidos Orlando Antonio Ruiz y Silvia Beatriz Dameri, nacida en ese centro clandestino de la Armada en 1980. El prefecto Juan Antonio Azic, que ya había sido condenado por delitos de lesa humanidad en la ESMA, recibió una pena de diez años de prisión por sustracción, retención y ocultación de la menor en concurso con falsedad ideológica de documento público, ya que la inscribió como hija propia. La misma pena recibió el médico y capitán retirado Carlos Octavio Capdevila, quien intervino en el parto en cautiverio. Condenas de siete años de prisión recibieron el contraalmirante retirado Edgardo Aroldo Otero, por entonces director de la ESMA, y el prefecto Jorge Manuel Díaz Smith, que presenció el parto. En la causa también estuvo imputado el capitán Oscar Rubén Lanzón, ex jefe del Grupo de Tareas 3.3, que murió en septiembre último.
La niña apropiada por Azic y su esposa Esther Noemí Abrego, quienes también criaron como hija propia a la actual diputada Victoria Donda, es la tercera hija de los militantes montoneros Ruiz y Dameri. Ambos se exiliaron en Suiza tras el golpe de Estado y volvieron al país en 1979 en la marco de la contraofensiva de esa organización. De documentos elaborados por el propio GT 3.3 surge que fueron secuestrados en una zona de frontera el 4 de junio de 1980. El paso siguiente fue la ESMA, donde también estuvieron sus hijos Marcelo y María de las Victorias, de tres y dos años, luego abandonados en Córdoba y en Rosario.
Silvia fue vista en la ESMA con su embarazo avanzado y dio a luz a su tercera hija, Laura Ruiz Dameri, en la sala denominada “Huevera”, en el subsuelo del casino de oficiales de la ESMA. El médico Capdevila fue asistido durante el parto por otra secuestrada, Irene Wolfson, quien igual que Ruiz-Dameri permanece desaparecida. En una habitación contigua, Azic aguardó el nacimiento junto a Lanzón, según contaron sobrevivientes de la ESMA. Víctor Basterra recordó que “salió el médico Carlos Capdevila, a quien le decían Tommy, con la beba en brazos, y se la dio al jefe de Inteligencia de ese momento, que era Guratti o Lanzón, éste se la pasó a Díaz Smith y éste último nos la pasó a nosotros”, en referencia a los secuestrados que hacían trabajo esclavo. “La expectativa ese día del personal militar estaba centrada en el parto porque no había capturas ni caídas”, contó Carlos Lorkipanidse.
La niña fue inscripta como hija biológica por Azic y su esposa, que la llamaron Carla Silvana Valeria Azic, en base a un certificado de nacimiento falso fechado el 30 de julio de 1980 que firmó el médico naval Alberto Domingo Arias Duval, ya fallecido. Victoria Donda recuperó su identidad en 2000. Su hermana de crianza nunca aceptó dar una muestra de sangre. La Justicia finalmente obtuvo muestras de ADN de objetos personales a los que accedió mediante un allanamiento y en mayo de 2008 el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó que es hija de Ruiz y Dameri.
La causa tramitó con las reglas del Código de Procedimientos penales vigente hasta 1992, por lo que no tuvo publicidad y no hubo debate oral y público. El fallecido fiscal Luis Comparatore había pedido 15 años de prisión para todos los acusados, incluido Lanzón, pedidos que mantuvo el fiscal Franco Picardi. Azic ya había sido condenado por la apropiación de Donda. El juez Ramos unificó ambas sentencias en 15 años de prisión: el prefecto, alojado en la cárcel de Ezeiza, saldrá en libertad en enero de 2023. Capdevila, condenado como partícipe necesario de la sustracción, retención y ocultación de la menor y preso en el Centro de Detención de Mujeres de la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal, cumplirá su pena en enero de 2018, establece la sentencia. Díaz Smith y Otero fueron condenados como coautores. La pena del prefecto, preso en Marcos Paz, vencerá el próximo 9 de noviembre. La del ex director de la ESMA, con arresto hogareño en Teodoro García 1963 7º “B”, Capital Federal, en abril de 2018.
Por Mario Wainfeld Es admisible que un gobierno que acaba de asumir se valga de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para implementar sus primeras medidas con celeridad y sin esperar al trámite parlamentario. Nada habilita a violar con ese recurso normas vigentes o la Constitución misma. Hay acciones gubernamentales de consecuencias tremendas o aciagas que no son, forzosamente, ilegales. Las primeras medidas del presidente Mauricio Macri propenden a redistribuir regresivamente el ingreso y van produciendo aumento de la inflación, encarecimiento de la canasta familiar, pérdida de valor adquisitivo del salario. Otras derivaciones imaginables y en germen son despidos en sector público y privado. Esas secuelas son repudiables para ciertos imaginarios pero para las derechas son el tránsito imprescindible para un futuro mejor aunque, ay, remoto e hipotético. Las decisiones políticas, entonces, no son inconstitucionales de cajón aunque eventualmente perjudicaran a millones de personas. Hay decisiones que son ilegales, amén de criticables. El oficialismo las viene acumulando en escalada contradiciendo su relato de campaña y de oposición. La república perdida se va configurando en veinte días. La designación de dos okupas en la Corte Suprema es el caso extremo, claro que no el único. La intervención a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) fue otro acto ilícito que se condimentó con policías patoteando a sus legítimos titulares. Hay que esperar a conocer los términos estrictos del DNU al respecto para calibrar el alcance y la (in)validez legal de los anuncios realizados por el jefe de Gabinete Marcos Peña. Todo indica que será una mancha más para el tigre Cambiemos. Se verá. En el ínterin, con la sola palabra de Peña se produjo un retroceso fenomenal en materia de libertad de expresión, de pluralismo, de los (imperfectos) intentos de combatir una forma de concentración de poder fáctico. - - - Los cambios enumerados van mucho más allá de la fusión entre Afsca y Aftic. Apuntan al corazón de la LdSCA, entran a su articulado, lo desbaratan. La narrativa oficial llama “levantamiento del cepo” a una megadevaluación. Apostrofa a funcionarios con nombre propio cuando sus avances van mucho más allá del relevo de protagonistas. Es un rebusque para disimular el objetivo esencial. La intervención de la Afsca y el parto del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) no son “contra Martín Sabbatella” y sus supuestas desviaciones o excesos de militantismo. Enfilan contra la regulación del poder mediático. La legislación regulatoria de la propiedad de los medios existe en muchos de los países capitalistas más renombrados y avanza en nuestra región. El periodista Sebastián Lacunza, especialista en comunicación y director del Buenos Aires Herald, lo expresó irónicamente en su twitter: “Limitar la concentración es central en la populista legislación de medios de Alemania, Noruega y Estados Unidos”. Se subraya: esas comarcas no son provincias de Venezuela. Hay en el mundo pocos conglomerados mediáticos tan expandidos como el grupo Clarín. Es propietario de canales de TV de aire y cable, radios AM y FM, de un diario nacional y una cantidad de provinciales, una empresa oligopólica que produce Papel Prensa. La cadena Fox no se le compara, tampoco el Grupo Prisa, ni hablar del New York Times. Hay que venir a este Sur, a las democracias incipientes y jaqueadas para dar con poderes comparables. - - - La única urgencia que anima al DNU en cuestión es el ansia de revancha de Clarín y el compromiso de Cambiemos de rendirle pleitesía. Como cualquier norma, la LdSCA es reformable mediante otra ley. Se promete que así se hará, aunque en un porvenir impreciso. De antemano, desde hoy mismo, se dejan de lado sin debate público aspectos fundamentales de esa ley. De modo unilateral, sin dar cabida a interesados de porte chico, a comunicadores, a académicos o juristas, a grupos de interés, a universidades. Son perejiles en este juego. - - - Otro comunicador avezado, Martín Becerra, explicó en su twitter @aracalacana que los artículos que ya se reforman o derogan son aquellos que fueron declarados constitucionales por la Corte Suprema. El avasallamiento es absoluto y augura un mercado cada vez más reducido y desigual. Las alegaciones a la libertad evocan la famosa mención al zorro en el gallinero. Lacunza lo parafrasea irónicamente hablando de actores concretos: “Que todos los actores puedan hacer todo. Clarín, Telefónica y la Cooperativa de Apicultores de Pehuajó”. Adivinen quién va a prosperar, quién será el pez grande, cuál el chico. Y cuál será el principal alimento de los peces grandes. - - - La judicialización se espiraliza al son de la ofensiva macrista. Se acumulan fallos cruzados, contradictorios entre sí, difíciles de sintetizar y hasta de enumerar. Las instancias superiores deberán desentrañar la madeja, con la Corte Suprema en el vértice superior. Algunos círculos comienzan a cerrar. Uno de los aspirantes a colarse en la Corte es el abogado Carlos Rosenkrantz ligado por lazos profesionales, económicos, sociales y académicos con el Grupo Clarín. ¿Tendrá, llegado el momento, la dignidad de excusarse, de no intervenir? Sus primeros pasos autorizan a sospechar que no. Aceptó una nominación incorrecta, no tiene el coraje cívico de explicarse en público, cuando presentó su CV omitió puntillosamente toda alusión a su intensa y próspera relación con el Multimedios. Más en general, suprimió cualquier alusión a la clientela corporativa de su estudio, la flor y nata del empresariado nativo y foráneo. - - - Se describe al elenco macrista como una CEOcracia. Es también una elite de egresados de colegios y universidades pagas. Apenas en solfa habría que comenzar campañas para que Macri contemple un cupo femenino y uno de profesionales de universidades públicas. La elite flamante define un sesgo ideológico, hasta ahí puede asumirse que son criterios opinables. Si se raspa más asoma un problema potencial grave: el del conflicto de intereses. El ministro de Agricultura Ricardo Buryaile es dirigente de una corporación patronal “del campo”, propietario de explotaciones importantes. La baja o supresión de retenciones en combo con la devaluación del peso mejoraron su fortuna personal en cuestión de horas. Eso no es corrupción en sentido convencional porque el beneficio fue sectorial y legales las herramientas elegidas. Pero el cruce entre intereses privados y políticas públicas signa al oficialismo. Cualquier lector o lectora dotad@ de agudeza puede advertir que nos estamos apartando del eje de esta nota. Clarín no tiene un CEO en el gabinete. Es cierto, pero sólo porque no le hace falta, tal es la magnitud de su poder fáctico. Los ministros que le responden llevan la camiseta amarilla y honran rápido una deuda construida en años. - - - Los cuestionamientos al DNU número “enésimo” brotan de fuentes diversas, hasta de la mayoría de las ONGs que velan por la institucionalidad. Comunicadores de toda procedencia, docentes universitarios, grupos comunitarios. Seguramente la coalición de facto que se irá formando remedará a la que acompañó la urdimbre de la LdSCA. El tiempo dirá si se amplió mucho. Acaso las políticas públicas del kirchnerismo, demasiado centradas en la disputa con Clarín, no se profundizaron tanto como para que germinaran cien flores. De cualquier forma, todas las empresas sin fines de lucro, universidades u organizaciones sociales seguramente sabrán cuál es su “contradicción principal”. En la actividad mediática, la concentración es una tendencia a la que solo puede ponerle dique una intervención estatal constante y con apoyos sociales. Es éste un momento de malas noticias (en rigor, hechos concretos preocupantes) para el Gobierno. Presos que escapan de una cárcel de máxima seguridad por la puerta y con una pistola de juguete. Suba de los precios. Una concesión gigantesca a los medios dominantes no impedirá que la realidad fluya, pero podría conseguir que se la minimice, se la justifique, se responsabilice de todo al kirchnerismo. Para el derecho a la información (que no es patrimonio de empresas ni de los periodistas sino de todos los ciudadanos) ayer fue un mal día, no tiene pinta de haber sido el peor por vivirse. mwainfeld@pagina12.com.ar
Por Washington Uranga
La medida anunciada ayer por el gobierno del PRO –parcialmente bloqueada por una acción judicial– respecto de Afsca y Aftic no hace sino confirmar la decisión de las nuevas autoridades en el sentido de no reparar en las formas, tampoco en la institucionalidad, con tal de avanzar en los objetivos que se proponen. Un análisis más pormenorizado de todas las consecuencias habrá que hacerlo una vez que se conozcan en detalle las normas y haya tiempo suficiente para una mirada en profundidad. Sin embargo, desde ya caben algunas consideraciones.
- Legalidad: tal como lo advirtieron reconocidos constitucionalistas y abogados expertos en derecho a la comunicación, lo que se está pretendiendo hacer con las dos leyes en cuestión es ilegal en términos formales pero, sobre todo, es ilegítimo porque –más allá de los argumentos que se aducen– lo que se está avasallando son los mecanismos de la democracia en favor de intereses privados de grandes grupos económicos.
- Atropello a la democracia: aunque el discurso oficial diga lo contrario, la LSCA ha sido una de las normas más discutidas y consensuadas en la historia argentina. De sus debates, también de su aprobación legislativa, participaron hasta muchos de los que hoy militan en las filas de Cambiemos, varios de los mismos que ahora arremeten contra lo que en su momento apoyaron, o por lo menos guardan silencio cómplice. Anular por decreto leyes a las que se arribó mediante consenso y movilización social es, cuando menos, una burla a la democracia.
- Cinismo: se miente sistemáticamente cuando se usa como argumento que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no se ha puesto en práctica y que por dicho motivo el Gobierno intenta ahora dar pasos para mejorar el servicio. El planteo, además de mentiroso, es decididamente cínico porque lo que ahora se pretende es favorecer a quienes desde el momento en que la LSCA fue sancionada –y aun antes– hicieron todo para trabar su puesta en marcha mediante chicanas judiciales. Resulta por lo menos ridículo que quienes fueron causantes y cómplices de la no aplicación ahora usen esto como argumento par voltearla.
- La competencia: con el mismo cinismo se niega lo evidente, la concentración monopólica de medios. Se dice que el derecho a la comunicación de los argentinos tiene que quedar sometido a las leyes del mercado y de la competencia. Es un argumento insostenible desde cualquier punto de vista. El derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental, que tiene que estar garantizado por el Estado en el marco de una política pública en la materia. Esto es así no en la Argentina por el capricho de alguien, sino que se trata de un principio ampliamente aceptado en todo el mundo y por la comunidad internacional.
- Complicidades y favores: nadie debería perder de vista que con estas medidas el macrismo está pagando la cuenta de los favores que las corporaciones mediáticas le hicieron para alcanzar el poder. Y que nada de esto se podría hacer sin la connivencia o el silencio cómplice de parte de la Justicia.
La suma de lo expuesto, a lo que deben agregarse otros argumentos no menos relevantes pero no incluidos en estas pocas líneas, constituye por sí mismo una burla a la inteligencia ciudadana y un nuevo atropello a la democracia. Una realidad a la que en pocos días de gobierno el macrismo quiere acostumbrarnos y para la que habrá que encontrar la manera de ponerle coto dentro del marco de la institucionalidad. Ello en salvaguarda de la democracia que tanto nos costó construir.
OPINION La ley del más fuerte
Por Mario Wainfeld
Es admisible que un gobierno que acaba de asumir se valga de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para implementar sus primeras medidas con celeridad y sin esperar al trámite parlamentario. Nada habilita a violar con ese recurso normas vigentes o la Constitución misma.
Hay acciones gubernamentales de consecuencias tremendas o aciagas que no son, forzosamente, ilegales. Las primeras medidas del presidente Mauricio Macri propenden a redistribuir regresivamente el ingreso y van produciendo aumento de la inflación, encarecimiento de la canasta familiar, pérdida de valor adquisitivo del salario. Otras derivaciones imaginables y en germen son despidos en sector público y privado. Esas secuelas son repudiables para ciertos imaginarios pero para las derechas son el tránsito imprescindible para un futuro mejor aunque, ay, remoto e hipotético. Las decisiones políticas, entonces, no son inconstitucionales de cajón aunque eventualmente perjudicaran a millones de personas.
Hay decisiones que son ilegales, amén de criticables. El oficialismo las viene acumulando en escalada contradiciendo su relato de campaña y de oposición. La república perdida se va configurando en veinte días. La designación de dos okupas en la Corte Suprema es el caso extremo, claro que no el único.
La intervención a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) fue otro acto ilícito que se condimentó con policías patoteando a sus legítimos titulares.
Hay que esperar a conocer los términos estrictos del DNU al respecto para calibrar el alcance y la (in)validez legal de los anuncios realizados por el jefe de Gabinete Marcos Peña. Todo indica que será una mancha más para el tigre Cambiemos. Se verá.
En el ínterin, con la sola palabra de Peña se produjo un retroceso fenomenal en materia de libertad de expresión, de pluralismo, de los (imperfectos) intentos de combatir una forma de concentración de poder fáctico.
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Los cambios enumerados van mucho más allá de la fusión entre Afsca y Aftic. Apuntan al corazón de la LdSCA, entran a su articulado, lo desbaratan.
La narrativa oficial llama “levantamiento del cepo” a una megadevaluación. Apostrofa a funcionarios con nombre propio cuando sus avances van mucho más allá del relevo de protagonistas. Es un rebusque para disimular el objetivo esencial. La intervención de la Afsca y el parto del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) no son “contra Martín Sabbatella” y sus supuestas desviaciones o excesos de militantismo. Enfilan contra la regulación del poder mediático.
La legislación regulatoria de la propiedad de los medios existe en muchos de los países capitalistas más renombrados y avanza en nuestra región. El periodista Sebastián Lacunza, especialista en comunicación y director del Buenos Aires Herald, lo expresó irónicamente en su twitter: “Limitar la concentración es central en la populista legislación de medios de Alemania, Noruega y Estados Unidos”. Se subraya: esas comarcas no son provincias de Venezuela.
Hay en el mundo pocos conglomerados mediáticos tan expandidos como el grupo Clarín. Es propietario de canales de TV de aire y cable, radios AM y FM, de un diario nacional y una cantidad de provinciales, una empresa oligopólica que produce Papel Prensa. La cadena Fox no se le compara, tampoco el Grupo Prisa, ni hablar del New York Times. Hay que venir a este Sur, a las democracias incipientes y jaqueadas para dar con poderes comparables.
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La única urgencia que anima al DNU en cuestión es el ansia de revancha de Clarín y el compromiso de Cambiemos de rendirle pleitesía. Como cualquier norma, la LdSCA es reformable mediante otra ley. Se promete que así se hará, aunque en un porvenir impreciso. De antemano, desde hoy mismo, se dejan de lado sin debate público aspectos fundamentales de esa ley. De modo unilateral, sin dar cabida a interesados de porte chico, a comunicadores, a académicos o juristas, a grupos de interés, a universidades. Son perejiles en este juego.
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Otro comunicador avezado, Martín Becerra, explicó en su twitter @aracalacana que los artículos que ya se reforman o derogan son aquellos que fueron declarados constitucionales por la Corte Suprema. El avasallamiento es absoluto y augura un mercado cada vez más reducido y desigual.
Las alegaciones a la libertad evocan la famosa mención al zorro en el gallinero. Lacunza lo parafrasea irónicamente hablando de actores concretos: “Que todos los actores puedan hacer todo. Clarín, Telefónica y la Cooperativa de Apicultores de Pehuajó”. Adivinen quién va a prosperar, quién será el pez grande, cuál el chico. Y cuál será el principal alimento de los peces grandes.
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La judicialización se espiraliza al son de la ofensiva macrista. Se acumulan fallos cruzados, contradictorios entre sí, difíciles de sintetizar y hasta de enumerar.
Las instancias superiores deberán desentrañar la madeja, con la Corte Suprema en el vértice superior. Algunos círculos comienzan a cerrar. Uno de los aspirantes a colarse en la Corte es el abogado Carlos Rosenkrantz ligado por lazos profesionales, económicos, sociales y académicos con el Grupo Clarín.
¿Tendrá, llegado el momento, la dignidad de excusarse, de no intervenir? Sus primeros pasos autorizan a sospechar que no. Aceptó una nominación incorrecta, no tiene el coraje cívico de explicarse en público, cuando presentó su CV omitió puntillosamente toda alusión a su intensa y próspera relación con el Multimedios. Más en general, suprimió cualquier alusión a la clientela corporativa de su estudio, la flor y nata del empresariado nativo y foráneo.
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Se describe al elenco macrista como una CEOcracia. Es también una elite de egresados de colegios y universidades pagas. Apenas en solfa habría que comenzar campañas para que Macri contemple un cupo femenino y uno de profesionales de universidades públicas.
La elite flamante define un sesgo ideológico, hasta ahí puede asumirse que son criterios opinables. Si se raspa más asoma un problema potencial grave: el del conflicto de intereses. El ministro de Agricultura Ricardo Buryaile es dirigente de una corporación patronal “del campo”, propietario de explotaciones importantes. La baja o supresión de retenciones en combo con la devaluación del peso mejoraron su fortuna personal en cuestión de horas. Eso no es corrupción en sentido convencional porque el beneficio fue sectorial y legales las herramientas elegidas. Pero el cruce entre intereses privados y políticas públicas signa al oficialismo. Cualquier lector o lectora dotad@ de agudeza puede advertir que nos estamos apartando del eje de esta nota. Clarín no tiene un CEO en el gabinete. Es cierto, pero sólo porque no le hace falta, tal es la magnitud de su poder fáctico. Los ministros que le responden llevan la camiseta amarilla y honran rápido una deuda construida en años.
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Los cuestionamientos al DNU número “enésimo” brotan de fuentes diversas, hasta de la mayoría de las ONGs que velan por la institucionalidad. Comunicadores de toda procedencia, docentes universitarios, grupos comunitarios. Seguramente la coalición de facto que se irá formando remedará a la que acompañó la urdimbre de la LdSCA. El tiempo dirá si se amplió mucho. Acaso las políticas públicas del kirchnerismo, demasiado centradas en la disputa con Clarín, no se profundizaron tanto como para que germinaran cien flores. De cualquier forma, todas las empresas sin fines de lucro, universidades u organizaciones sociales seguramente sabrán cuál es su “contradicción principal”.
En la actividad mediática, la concentración es una tendencia a la que solo puede ponerle dique una intervención estatal constante y con apoyos sociales.
Es éste un momento de malas noticias (en rigor, hechos concretos preocupantes) para el Gobierno. Presos que escapan de una cárcel de máxima seguridad por la puerta y con una pistola de juguete. Suba de los precios. Una concesión gigantesca a los medios dominantes no impedirá que la realidad fluya, pero podría conseguir que se la minimice, se la justifique, se responsabilice de todo al kirchnerismo.
Para el derecho a la información (que no es patrimonio de empresas ni de los periodistas sino de todos los ciudadanos) ayer fue un mal día, no tiene pinta de haber sido el peor por vivirse.
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