El grupo empresarial podría prescindir de entre 400 y 600 empleados, al caer un acuerdo establecido con el gremio industrial.
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miércoles, 16 de diciembre de 2015
ARANGUREN ANUNCIO QUE EL GOBIERNO DECLARARA LA EMERGENCIA ELECTRICA HASTA FINES DE 2017 Con el tarifazo en el centro de la estrategia
Por Sebastián Premici
El gobierno de Mauricio Macri establecerá, a través de un nuevo decreto, la emergencia en el sistema eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2017. “Estamos en una situación precaria, al borde de un colapso, pero si tomamos medidas podemos evitarlo”, manifestó el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. El objetivo de la emergencia, señaló, es el “desarrollo de medidas para mejorar el suministro de distribución, propender al uso racional y convocar a las provincias para un trabajo conjunto”. Nada de lo que establecerá el nuevo decreto estaba ausente de la legislación vigente. De hecho, el aspecto más relevante pendiente en la relación con las empresas distribuidoras, que es la renegociación de sus contratos, ya estaba contemplado en la prórroga de la Emergencia Económica que votó el Congreso este mismo año. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo ante una consulta de Página/12 que todavía no tuvieron tiempo de ver “el cumplimiento de los contratos” para dirimir si las empresas distribuidoras, Edenor y Edesur, tuvieron alguna responsabilidad en la falta de inversiones en los últimos años.
Para el ex ejecutivo de Shell, toda la responsabilidad por la “herencia” corresponde al kirchnerismo. En relación con las tarifas, manifestó que espera que “los asalariados puedan hacer frente a un valor que reconozca los verdaderos costos, una vez que se alcance una inflación de un dígito”. Los ajustes tarifarios serían graduales, como también los cortes de luz “programados”.
“Venimos a decir la verdad, como nos pidió el Presidente”, lanzó el ex CEO, parado desde el pequeño atril del Salón de los Pensadores y Escritores del Bicentenario. Detrás de él se destacaban los cuadros de Arturo Jauretche, Leopoldo Marechal, María Elena Walsh y Rodolfo Walsh. “Acá ha habido una ausencia de renegociación de contratos y ajuste de tarifas desde hace 14 años. Estamos en una carencia de marco normativo. Estamos frente a un posible colapso del sistema si no tomamos las medidas necesarias”, manifestó Aranguren.
En relación con las medidas concretas para resolver la aparente situación crítica, no hubo detalles. Aranguren especificó que el Gobierno, junto a las empresas distribuidoras, seguirán avanzando en las obras para mejorar los cables y equipamientos existentes y, en caso de ser necesario, “vamos a realizar anuncios de cortes preventivos”. Para enterarse de estas decisiones, los usuarios deberán recurrir al sitio web del ENRE.
Para Aranguren, la situación es crítica en la distribución, pero no así en la generación de electricidad, donde no se prevén mayores inconvenientes, incluso con la parada que habrá en Embalse el próximo año por cuestiones técnicas.
Las empresas distribuidoras vienen quejándose del “atraso tarifario” desde hace varios años, razón por la cual, según la explicación de Edesur y Edenor, no pudieron realizar inversiones en el mantenimiento y ampliación de la red. Si bien el gobierno saliente, con Julio De Vido a la cabeza como ministro de Planificación, tuvo responsabilidad sobre el control de esas compañías y el esquema montado de subsidios, la administración de la Alianza Cambiemos aparece más enfocada en solucionarles los problemas económicos a los privados, que ahondar en cómo ha sido su comportamiento empresario.
–Más allá de la falta de renegociación de los contratos y la situación general del sistema, ¿usted dice que en las empresas privadas no hubo ningún tipo de desidia en la falta de inversiones? –preguntó Página/12.
–No hemos tenido tiempo de ver los contratos y su cumplimiento. No tengo dudas de que si obtenemos evidencia de algún tipo de de- sidia, vamos a actuar. Hoy estamos tratando de resolver la emergencia. En los dos años que dure, veremos las condiciones de la renegociación de los contratos –respondió el funcionario, quien también abogó por un uso racional de la energía.
Uno de los temas más ríspidos en su relación con las distribuidoras será la quita de subsidios y el ajuste tarifario. Sobre lo primero, el funcionario manifestó que “la Argentina debe entrar en la normalidad”, lo que hace suponer un cambio en la distribución de recursos. Respecto del segundo punto, aclaró que los incrementos serán de manera gradual sin especificar cuándo comenzarán. Lo que quedó claro en el discurso de Aranguren fue que el ajuste tarifario prometido será absorbido en un ciento por ciento por los usuarios. “El objetivo es llevar la inflación a un dígito, ahí los asalariados podrán hacer frente a una tarifa que reconozca sus verdaderos costos”, manifestó Aranguren. La explicación que dio el funcionario sobre la quita de subsidios y su impacto en los cuadros tarifarios no permite avizorar que los sectores de mayores ingresos vayan a pagar más que los asalariados por la energía que consumen.
› CRITICAS AL INDEC TODESCA No mostrar las subas
El índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires aumentó 2 por ciento en noviembre respecto del mes anterior, la cifra más elevada desde agosto. Consultoras privadas estimaron además que el costo de vida podría aumentar otros 4 o 5 puntos en diciembre. Las nuevas autoridades del Indec, pese a las tensiones de precios observadas estas semanas, anunciaron el lunes que se suspenderá el informe de inflación hasta nuevo aviso. Economistas heterodoxos aseguraron que la medida esconde una intencionalidad política de no hacer público el fuerte salto de precios en el mercado interno provocado por el programa económico del nuevo gobierno, en donde se destaca la quita de las retenciones para exportaciones de materias primas y el anuncio de la devaluación del dólar oficial, que según las declaraciones del propio ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay, es inminente. Apuntaron que, pese a que no se informen los precios, el aumento del costo de vida fue muy importante en las últimas semanas y la tendencia continuará en los próximos meses, cuando se concrete la corrección del tipo de cambio y aumenten fuerte las tarifas de luz y gas. “Hasta ahora se venía publicando a través del Indec un índice de precios nacional urbano (IPC-nu) que venía reflejando con bastante exactitud las tasas de inflación y que es mejor que cualquier indicador de las consultoras. Se puede pensar en mejorarlo pero discontinuarlo justo ahora es privar de información a la población. Sorprende que lo dejen de publicar”, aseguró a este diario Ricardo Aronskind, economista del Plan Fénix. Aseguró que el nuevo gobierno ocultó desde un comienzo sus intenciones en materia distributiva (baja de salario real y en dólares y recomposición de rentabilidad para los sectores exportadores). “Lo que ahora ocurre es que hay un fuerte impulso inflacionario incitado desde el Estado y que, en donde más preocupa, es en el incremento de los precios de los productos de la canasta básica. La baja de la retención para el trigo y el maíz afectará en forma significativa estos bienes, lo cual combinado con la devaluación va a generar una importante tensión en el valor de los alimentes, pasando por la carne, el pollo, la leche, el arroz o el pan, entre otros”.
Andrés Asiain, director del CESO, coincidió en que las nuevas autoridades del Indec pretenden demorar la entrega de los índices de inflación para no mostrar cifras oficiales del fuerte aumento de precios de estas semanas. “Aprovechando la falta de credibilidad en el instituto de estadísticas oficial se aprovechó para dejar de publicar los indicadores de inflación minorista. Lo que hay detrás de esto es que tras el ballottage hubo una fortísima aceleración de los precios, en particular en alimentos, el producto al que más ingresos destinan los sectores de bajos recursos”, dijo. Resaltó que uno de los factores que explicó la suba de los precio fue que “el cambio de autoridades que dejo vía libre para que los empresarios apliquen fuertes remarcaciones.”
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