miércoles, 16 de diciembre de 2015

POR QUE LA EXPORTACION DE CARNE NO AFECTARA EL CONSUMO, SEGUN ETCHEVEHERE “El lomo es para los enfermos”

La Sociedad Rural celebró la eliminación de las retenciones para la exportación de carne y el presidente de la entidad patronal, Luis Miguel Etchevehere, ofreció una inédita visión sobre el impacto de la medida en los inflados precios que exhiben carnicerías y supermercados. “La carne que noso-tros vamos a exportar a precio internacional son los cortes que no tenemos el hábito de comer acá, como el lomo. Exportando a muy buen precio los lomos, que son el 20 por ciento del animal, queda el 80 por ciento a precios más baratos”, sostuvo el empresario agropecuario. Desde su perspectiva, el valor local de los cortes demandados desde Alemania, Holanda e Inglaterra como el lomo no sería relevante: “El común de los argentinos no le encuentra gusto, generalmente lo comemos cuando queremos bajar de peso o estamos saliendo de alguna enfermedad”.
El precio del lomo no es homogéneo pero en la ciudad de Buenos Aires puede llegar a costar alrededor de 200 pesos el kilo. La aceleración inflacionaria que acompaña a la terminación de las retenciones no se agota en los vacunos sino que se extiende a los pollos y cortes bovinos que registran subas de hasta 80 por ciento. La eliminación de las retenciones anunciada anteayer y la inminente devaluación representa una doble transferencia de ingresos hacia el sector agropecuario. “Los aumentos de precios ya se registraron y pueden seguir. Necesitábamos aumentar la producción para después abrir saldos exportables de a poco. En el mediano plazo habrá una caída en el consumo”, advirtió el especialista en carne de la Federación Agraria, Mariano Bondone.
Sin embargo, el envión para los aumentos de precios no se agota en la equiparación de los valores locales con los internacionales. La eliminación de retenciones al maíz impactará directamente sobre los costos de alimentación en los feedlots. De hecho, ayer la tonelada del cereal en el mercado de Rosario llegó a 1500 pesos la tonelada. Ese aumento en los precios recaerá sobre todo en la producción y el consumo de cerdos y aves, pero también golpeará a la actividad lechera. La terminación de las retenciones impactará sobre el precio del trigo, un insumo fundamental para la elaboración de productos farináceos, desde el pan hasta los fideos.
El autor intelectual del razonamiento desplegado el lunes pasado por Etchevehere al celebrar la modificación del esquema de retenciones fue otro entrerriano: el senador por el PRO, Alfredo De Angeli. A mediados de 2008, el entonces titular de la Federación Agraria de esa provincia explicó que para hacer rentable la actividad ganadera “hay que abrir las exportaciones” y consideró que “el que quiera comer lomo, que pague 80 pesos el kilo”, un valor muy elevado en aquel momento.
“Hay cosas que son más caras y otras más baratas. Si uno quiere comer un corte fino de la mejor carne del mundo como así también si quiere comer el mejor caviar o tomar el mejor vino, obviamente que hay una escala de precios”, reconoció anteayer Etchevehere antes de finalizar su curiosa explicación para los próximos aumentos en la carne. Provenientes del cuarto trasero, el lomo, el bife angosto, el cuadril, con sus variantes, son los tres cortes más caros y exportados, fundamentalmente, a los países de la Unión Europea.
Para el presidente de la Sociedad Rural, con la eliminación de las retenciones, el lomo podría seguir aumentando pero los otros cortes, siempre desde la visión del dirigente patronal rural, demandados por los argentinos (“matambre, vacío, asado, achuras”) deberían bajar. Etchevehere no precisó cuánto ni cuándo se registrará ese retroceso en las góndolas. “El precio de la carne estuvo pisado durante años. Ahora pasada esta cuestión estacional de fin de año, esperamos que los precios se reacomoden”, consideró.

CABLES SECRETOS SOBRE LA GESTION Y LOS CONTACTOS DE SUSANA MALCORRA EN LA ONU Malcoleaks

Por Santiago O’Donnell
Como subsecretaria general de la Organización de Naciones Unidas a cargo del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno (DAAT), con un presupuesto anual de miles de millones de dólares para dar apoyo logístico y administrativo a 120 mil civiles, policías y militares en cerca de treinta misiones de paz alrededor del mundo, la recientemente designada canciller argentina Susana Malcorra no siempre logró cumplir con objetivos que ella misma y su organización se habían trazado. No pudo en el arranque de la misión en Darfur, Sudán, donde la ONU interviene desde el 2007 para frenar un conflicto armado que derivó en una limpieza étnica con miles de muertos y millones de desplazados. Se trata de una misión prioritaria para Estados Unidos y lo fue sobre todo durante el tramo final del gobierno de George W. Bush (2007/2008) debido a un viejo interés en Sudán de los grupos evangélicos que apoyaban a su gobierno conservador.
La ONU había asignado una fuerza de 26.000 efectivos para imponer la paz en Darfur, pero la falta de coordinación entre los países que se habían comprometido a mandar tropas y los países que se habían mostrado dispuestos a transportarlas hizo que el plan original de colocar el 80 por ciento de esos efectivos en el terreno durante el primer año de la misión pronto tuviera que descartarse y desaparecer de los discursos y documentos de la ONU por no coincidir con la realidad. A tal punto llegó la frustración y desconfianza en el área gestionada por Malcorra que un militar británico le sugirió a un funcionario estadounidense que quizás era mejor saltearse la intermediación de las Naciones Unidas para trabajar directamente con los países que proveían las tropas que había que transportar.
A pesar de los problemas logísticos y administrativos de las distintas misiones de paz pero sobre todo la de Darfur, Malcorra supo mantener durante sus años al frente de la DAAT una excelente relación con el gobierno de Estados Unidos. Tal es así que cuando funcionarios de ese país le sugirieron que nombre a ciudadanos estadounidenses en puestos clave bajo su organigrama administrativo. Malcorra se mostró más que dispuesta a complacer dichos requerimientos.
Todo esto aparece en los veinte documentos del Departamento de Estado estadounidense fechados entre los años 2008 y 2009 que mencionaba a Malcorra, quince de ellos originados en la sede de la ONU en Nueva York, cuatro en la capital sudanesa de Jartum y uno en el Departamento de Estado en Washington, filtrados en 2012 por el sitio Wikileaks. Los cables no dicen que Malcorra hizo mal su trabajo. Los diplomáticos estadounidenses que los escriben no la critican y el secretario general de la ONU Ban Ki- moon la premió con un ascenso en el 2012 al convertirla en su jefa de gabinete. La propia Malcorra reconoció deficiencias en la burocracia del organismo. En 2009 fue coautora de un informe que recomienda cambios en la planificación y ejecución de las misiones de paz y al año siguiente la CAAT presentó un detallado plan de reforma ante la Asamblea de la ONU. Cinco años más tarde el tema se sigue discutiendo y los distintos proyectos de reforma de las misiones de la ONU, que datan del año 2000 en adelante, se siguen apilando en los archivos de la organización. El año pasado Ban ki-Moon nombró un Grupo Independiente de Alto Nivel para continuar con el tema. Y este año Malcorra dejó Nueva York para volver a la Argentina, con la expectativa de volcar su amplia experiencia y nutridas relaciones al servicio del país.
El primer cable de la serie, clasificado “confidencial” y fechado 12 de mayo del 2008 da cuenta de la importancia que le daba la delegación estadounidense al puesto al que acababa de ser asignada Malcorra, justamente en reemplazo de otra funcionaria estadounidense, Janet Holl Lute, que dejaba la organización multilateral para asumir como vicedirectora del Departamento de Seguridad Interior de su país.
El del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno (DAAT) trabaja junto al Departamento de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (DOMP). Con un presupuesto global anual de U$S siete mil millones en operaciones de paz, es importante que Estados Unidos retenga su presencia en los puestos más importantes de la DAAT...El Secretario General recientemente nombró a Susana Malcorra de Argentina como la nueva Subsecretaria General para la DAAT.
El siguiente cable “confidencial “ desde Naciones Unidas, esta vez del 7 de agosto del 2008, relata una reunión del grupo de “Amigos de la Misión de ONU en Darfur” (Amigos de Unamid) para evaluar un pedido de apoyo logístico que días atrás había presentado Malcorra.
Malcorra solicita transporte aéreo y una fecha cercana para realizar la operación. La mayoría de los estados representados, con la excepción de Canadá, Reino Unido y Alemania, parecían no estar interesados en apoyar el pedido de Malcorra.
Para no dejarla sola, el cable concluye con un pedido de apoyo de la delegación militar estadounidense en la ONU al Departamento de Estado para que las embajadas estadounidenses convenzan a más países de ayudar a Malcorra.
Pedido de acción: El Comité de Personal Militar de Estados unidos-ONU sugiere que el Departamento considere instruir a capitales de los Amigos de UNAMID para alentar a esos países a que provean el apoyo requerido por la Subsecretaria General/DAAT Malcorra.
Otro cable “confidencial” desde Nueva York, pero del tres de septiembre del 2008, detalla la “frustración de varios países” con los obstáculos burocráticos que presentaba la misión en Darfur y la dificultad para cumplir con el pedido de Malcorra. Según el cable, aún los países que más apoyaban la misión_Australia, Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos_ expresaron dudas acerca del presupuesto y el plan a largo plazo que ella les había presentado. Hablando de los representantes australianos, el cable dice:
Sus preguntas con respecto a la lista de Malcorra –sobre su planificación a largo plazo y el gasto del presupuesto acordado– reflejó las que previamente habían expresado en reuniones Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Los Australianos sugirieron que una contribución adicional de Estados Unidos podría provocar que su país también contribuya.
A su vez el representante alemán fue muy duro, criticando al gobierno sudanés, pero aún más a la misión de la ONU.
Alemania ha intentado aportar transporte aéreo y personal para Unamid, y ha expresado frustración con los obstáculos que le han presentado el gobierno de Sudán y el Secretariado. El coronel Ralph Scholtz explicó “que Naciones Unidas tiene un entendimiento claro de los problemas pero no de las soluciones, que su burocracia los mata y que responden con una falta de flexibilidad que es desconcertante, y que la misión en Darfur sufre de falta de experiencia”. Alemania ofreció cincuenta asesores militares a Unamid, pero la ONU sólo aceptó diez. Estos militares, junto con otros expertos e ingenieros alemanes, tuvieron problemas con sus visas que obstaculizó su despliegue en Darfur. En los últimos seis meses, un solo asesor alemán ha sido desplegado.
El representante italiano no sólo no se quedó atrás sino que subió la apuesta. Dijo que la misión en Darfur era el peor despliegue de tropas en la historia militar de toda la humanidad.
Italia también había ofrecido desplegar tropas. La ONU al principio rechazó la oferta pero cambió de opinión meses después dejando a los italianos dudando del cambio de actitud, lo cual llevó a su comentario de que “la ONU no está trabajando de la mejor manera en esta situación.” El general Giuliano Ferrari agrego que el de la misión en Darfur es “el peor plan de despliegue en la historia militar.”
Los dinamarqueses también ofrecieron aviones de transporte militar, dice el cable, “pero la oferta fue recibida de manera confusa y no se supo más nada.”
Sin embargo, de todos los consultados, el más crítico del trabajo de la ONU en Sudán fue el asesor militar de Reino Unido, refleja el cable. El militar británico directamente opinó que a esa altura del partido quizás era mejor transportar las tropas a Darfur sin pasar por el laberinto burocrático que implicaba la mediación de la ONU.
El asesor militar de Reino Unido tenía una perspectiva aún más pesimista. El teniente coronel Nicholas Slinger expresó su frustración con el Secretariado por el punto muerto burocrático que había experimentado. Nos informó que ya no habría dinero fresco de Reino Unido sobre la mesa, pero sugirió que los Amigos deberían enfocarse en apoyar a los Países Aportantes de Tropas directamente, y evitar los canales de Naciones Unidas para que las cosas se hagan.
El despacho diplomático que sigue, fechado en Nueva York el ocho de septiembre del 2008, narra una reunión entre Malcorra y la diplomática estadounidense Rosemay Di Carlo, entonces la número dos de la delegación norteamericana en la ONU. Según el cable, en esa reunión Di Carlo le dijo a la argentina que no era realista seguir hablando de una efectividad del ochenta por ciento en el despliegue de tropas en Darfur y que convenía revisar esa cifra para abajo para mantener la credibilidad de la ONU.
Malcorra reconoció que el objetivo expresado por la DAAT de 80 por ciento de despliegue a fines de diciembre no podría ser alcanzado y reconoció que 6065 por ciento sería más realista, con el 80 por ciento alcanzable en el primer trimestre de 2009. Di Carlo alentó a Malcorra a discutir con sus colegas de la ONU el hacer pública esa información, haciendo notar que si la ONU continúa manteniendo en público la figura de 80 por ciento, el fracaso en lograr este objetivo en diciembre restará credibilidad a la misión. Malcorra estuvo de acuerdo.
Para tranquilizar a su interlocutora, la diplomática argentina se ofreció a dar explicaciones por la demora, si fuera necesario, en el Capitolio y en la Casa Blanca.
Indicando que aprecia el énfasis que Estados Unidos le pone a lograr una misión exitosa en Darfur, Malcorra ofreció viajar a Washington para informar a funcionarios de los poderes legislativo y ejecutivo, si fuera necesario.
Dos meses más tarde, otro cable “confidencial”, fechado siete de noviembre de 2008 desde Nueva York, blanqueaba que aún la meta reducida de 60 por ciento de despliegue sería muy difícil de alcanzar.
En una reunión con el teniente coronel Tim House del Servicio de Generación de Fuerzas (SGF) de la ONU, representantes estadounidenses (funcionario político, asesor militar y Asesor Principal para la oficina del Enviado Especial) discutieron la actualidad del despliegue de la misión en Darfur (Unamid) después de la reunión de Amigos de la Unamid con la Subsecretaria General Malcorra el 30 de octubre. El funcionario de la SGF dijo que la oferta pendiente de Estados Unidos de proveer transporte aéreo es “vital” y que el objetivo de la ONU de despliegue del 60 por ciento de Unamid antes del fin de 2008 no será alcanzada sin el aporte estadounidense de transporte aéreo.
Un mes más tarde, el 19 de diciembre de 2008, Malcorra presentó un informe sobre la situación en Sudán ante el Consejo de Seguridad de la ONU, dice un cable fechado el 24 de ese mes. En la reunión del Consejo la diplomática a cargo de la DAAT puso en duda el nuevo objetivo anunciado por la ONU de ochenta por ciento de despliegue de cascos azules en Darfur al término del primer trimestre del 2009. Malcorra atribuyó las nuevas demoras a los países de la Unión Africana que debían mandar tropas.
Malcorra alertó que el objetivo de 80 por ciento de despliegue a fines de marzo depende de que los Países Donantes de Tropas estén listos para hacerlo en ese plazo. Ella urgió a los Países Donantes de Tropas a comenzar operaciones pre-despliegue lo más pronto posible.
El 11 de febrero Malcorra se reunió con la entonces embajadora estadounidense ante la ONU, hoy Consejera de Seguridad Nacional del gobierno de Obama, Susan Rice. De esa reunión habla uno de los cables más jugosos de la serie, fechado en el mismo día en que la reunión tuvo lugar. En dicho encuentro Rice le pide a Malcorra que nombre a funcionarios estadounidenses en distintos puestos de la DAAT, y la diplomática argentina da a entender a su colega estadounidense que los deseos de Washington serán satisfechos.
En una reunión introductoria el 11 de febrero Subsecretaria /DAAT Malcorra le dijo a la Embajadora Rice que el ciudadano estadounidense Tony Banbury era su candidato preferido para subsecretario General Adjunto en el Departamento de Apoyo a las Actividades en el Terreno. Malcorra dijo que tenía un alto concepto de Banbury del tiempo que pasaron juntos en Programa Mundial Alimentario y que actualmente estaba en la “lista corta de un solo nombre” para ocupar el puesto. La Embajadora Rice dijo que la ONU tendría muchas dificultades para encontrar a un candidato mejor calificado. Rice le dijo a Malcorra que Estados Unidos también estaría interesado en ver a un fuerte estadounidense en el puesto de Representante Especial Adjunto del Secretario General de la ONU en la Misión de Asistencia en Afganistán. Malcorra respondió que el proceso de selección para ese puesto ya había empezado, con un candidato estadounidense, Richard Wilcox, en la lista corta. Ella dijo que otros nombres podrían ser considerados si el Gobierno de Estados Unidos deseaba proponerlos pero que “tenemos que movernos rápido” si ese fuera el caso. Malcorra también se mostró dispuesta a considerar candidatos estadounidenses para llenar cuatro vacantes a nivel de director en su departamento: recursos humanos, logística, tecnología y finanzas.
Finalmente un cable fechado en Jartum el 23 de febrero de 2009 describe una reunión tripartita que había tenido lugar cinco días antes en esa capital entre la ONU, la Unión Africana y el gobierno de Sudán para tratar de solucionar los distintos problemas que enfrentaba la misión en Darfur. El despacho contiene elogios para Malcorra de dos militares estadounidenses que asistieron al cónclave, el coronel Noddy Stafford y el coronel James Davey.
Safford y Davey elogiaron a Malcorra por sus esfuerzos personales para mantener la reunión en un tono amistoso. Stafford caracterizó su actuación como “muy constructiva y afirmativa” e hizo notar que había estado en Jartum menos de 30 horas con reuniones casi continuas. Señaló que la reunión no hubiera sido exitosa sin Malcorra.
santiagoodonnell.blogspot.com

Y un día se sentaron a una misma mesa

Por Laura Vales
Dirigentes de las tres CGT y las dos CTA se juntaron ayer, por primera vez desde la serie de rupturas que fragmentaron a las centrales sindicales, convocados por el director de la Organización del Trabajo (OIT), Guy Ryder. Un desayuno en el Hotel Castelar sentó en una larga mesa en forma de C a delegaciones encabezadas por Hugo Moyano, Antonio Caló, Hugo Yasky y Pablo Micheli, así como a un enviado de Luis Barrionuevo. El director de la OIT advirtió sobre una avanzada de los sectores empresarios a nivel internacional contra el derecho de huelga. Los jefes sindicales hablaron de mantener “una posición de cautela” ante el nuevo gobierno, mostraron preocupación ante los aumentos de los precios y coincidieron en el rechazo a que se ponga una cláusula de productividad para discutir salarios en las paritarias.
Ryder, de visita en el país, estuvo el lunes en la 21ª Conferencia de la UIA, donde invitado por su vicepresidente, Daniel Funes de Rioja, compartió un panel con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. El viaje estaba organizado desde antes del cambio de gobierno, pero coincidió con la asunción de Triaca en la cartera laboral y las versiones periodísticas sobre un llamado a una concertación. Buscando equilibrar su paso por Buenos Aires, el director general de la OIT pidió que le organizaran el encuentro de ayer con los dirigentes gremiales, que se resolvió con una asistencia completa.
En el Castelar estuvieron además Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (de los estatales de UPCN), el moyanista Juan Carlos Schmid (de la Confederación de Trabajadores del Transporte) y el docente Roberto Baradell, entre otros. También llegaron representantes de las tres centrales sindicales de Brasil y de la uruguaya PIT-CNT.
Frente a una ronda de café con medialunas, los titulares de las centrales sindicales tuvieron unos cinco minutos iniciales para dar un panorama de la nueva situación en la Argentina. En el encuentro fue cerrado a los medios.
Según contaron asistentes al desayuno, Moyano llamó a mantener “una posición de cautela” frente al nuevo gobierno. El titular de la CGT Azopardo no se explayó demasiado sobre la situación abierta con la llegada a la Casa Rosada de Mauricio Macri, al que respaldó en la campaña electoral, y prefirió usar la mayor parte de su tiempo para criticar a la gestión kirchnerista. Caló volvió a citar la máxima “el que gana gobierno y el que pierde acompaña” al anticipar su disposición al diálogo.
Yasky, desde la CTA de los Trabajadores, apuntó que por primera vez el país tiene un gobierno compuesto en sus principales cargos por gerentes de las multinacionales y advirtió sobre los riesgos de pérdida de puestos de trabajo y entrada en recesión, planteados las propuestas de apertura de las importaciones, devaluación y aumento de los servicios públicos.
Si en el posicionamiento político no hubo coincidencias, sí aparecieron en cambio, en el planteo de una agenda sindical común a defender. Como primer punto, apareció la preocupación por el poder adquisitivo del salario frente a los aumentos de precios y por cómo puede llegar a impactar la unificación del tipo de cambio. También se habló de la defensa de los puestos de trabajo así como de las paritarias libres y sin techo. Otro punto generalizado fue el rechazo a los intentos de incluir una cláusula de productividad para discutir las próximas paritarias.
Ryder, por su parte, planteó que había visto “una buena disposición” de parte del gobierno y la determinación de convocar próximamente a las centrales “al diálogo”. El director de la OIT de todas maneras se centró en el encuentro en explicar dos de las preocupaciones del sector de los representantes de los trabajadores en la OIT. Una es la difusión de una campaña para lograr que 50 países adhieran al protocolo de compromiso para combatir el trabajo forzoso. Otra es el alerta ante una ofensiva que se está dando dentro de la OIT, un organismo tripartito con representantes de los estados, las centrales sindicales y los empresarios, para limitar el derecho de huelga. Esta ofensiva coincide con una tendencia de los últimos dos años, en los que la representación empresaria, tradicionalmente en manos de dirigentes empresariales, está siendo delegada en varios CEO.

DEMOCRATAS

Moreau fue expulsado de la Unión Cívica Radical

El histórico dirigente radical hoy enrolado en las filas del kirchnerismo, Leopoldo Moreau fue expulso d ela Unión Cívica Radical según decidió el Tribunal de Ética de ese partido.
Junto a Moreau fue sancionado el diputado nacional Eduardo Santón, quien en febrero pasado había renunciado al bloque radical para abrir una bancada unipersonal cercana al kirchnerismo.
Esta determinación fue tomada por los componentes del Tribunal de Ética de la UCR designados por la convención, ser, Guillermo Moreno Hueyo, Osvaldo Bisciotti y Guillermo Cortese en el acta Nº 73

Esta es la sanción máxima prevista en la Carta Orgánica Nacional  de la UCR, la cual consiste en la expulsión de las filas de este partido, "por su manifiesta inconducta ética y moral, respecto de las normas y disposiciones de orden político dictado por sus órganos máximos”. Esta resolución ya fue comunicada a la convención nacional, y  al comité nacional.
Además el comité de ética notificó oportunamente a los sancionados del pedido de su expulsión suscrito por 40 dirigentes pro intermedio del comité nacional. Se les dio traslado y además la oportunidad de ejercer su defensa con las pruebas que consideran convenientes, lo cual no fue utilizado por los sancionados.

Argumentos
Entre los argumentos en contra de los sancionados se mencionaron, "la integración por ambos de la comitiva presidencial sin autorización de las autoridades partidarias. Por la marcada opción de los denunciados, por las políticas y doctrinas que caracterizan al anterior gobierno nacional, respecto a las cuales el comité nacional y la convención han manifestado su oposición a la conducción del kirchnerismo por considerarlo, "Un régimen populista, autoritario, oportunista, corrupto, impostor e ineficiente”, colocando en todo esto a la UCR en partido opositor.///

› DIVISION ENTRE EL PRO, LA UCR Y LA CC POR LA DESIGNACION POR DECRETO DE JUECES DE LA CORTE Cambiemos ya tiene su primera grieta

Por Sebastian Abrevaya
Cinco días tardó en abrirse la primera grieta en Cambiemos. Pese a formar parte de la alianza de Gobierno, un sector importante del radicalismo y de la Coalición Cívica salió a criticar la decisión del presidente Mauricio Macri de designar por decreto dos jueces de la Corte Suprema. Julio Cobos, Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra y hasta el presidente del bloque de Diputados, Mario Negri, cuestionaron públicamente –aunque con distinto tono– que no se haya recurrido al trámite regular de designación, que requiere el acuerdo del Senado. Si bien Elisa Carrió se mantuvo en silencio, uno de sus dirigentes más cercanos, el diputado Fernando Sánchez, rechazó el procedimiento y dijo que “hay que utilizar los mecanismos legales y constitucionales”. Uno de los pocos que defendieron la medida fue el ex senador Ernesto Sanz, al que se le sumó después el nuevo titular del Comité Nacional, José Corral.
Ninguno de los interlocutores con el macrismo había sido advertido sobre la decisión que sacudiría el escenario político. Ni el titular del Comité Nacional ni los jefes de los bloques legislativos de la UCR sabían que Macri se escudaría en un inciso olvidado de la Constitución Nacional para saltearse la consulta a la Cámara alta.
“Creo que es innecesario. No encuentro razones para que sea por un decreto y no a través de un envío al Senado y una convocatoria a extraordinarias si es que hay celeridad”, aseguró ayer Cobos, senador e integrante de la Comisión de Acuerdos, que deberá evaluar los pliegos de los jueces en caso de que se cumpla, más adelante, con el procedimiento establecido por la Constitución y el decreto 222/03. El mendocino reveló que nadie del PRO lo consultó y que si lo hubieran hecho, no les habría aconsejado seguir ese camino. Tampoco fue notificado el senador Angel Rozas, presidente del bloque radical y uno de los que deberán juntar los votos necesarios para lograr que Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sean designados de manera regular. Según la Constitución, se necesita una mayoría calificada (dos tercios de los senadores presentes), que en este caso sólo podría ser alcanzada con el apoyo de los senadores del Frente para la Victoria.
Con un tono más moderado, Negri también criticó la utilización del artículo 99, inciso 19 de la Constitución: “Hubiera preferido que se transitara el camino del diálogo y el consenso hasta el momento del inicio del período ordinario, mientras transcurría el plazo del decreto 222/03 y se avanzaba en la búsqueda del aval senatorial”, dijo el jefe de la bancada radical en diputados.
El más duro fue Gil Lavedra, para quien el nombramiento por decreto genera un “precedente muy funesto”. “La norma constitucional que se utilizó es insostenible frente al alcance que tiene el principio de independencia de los jueces”, aseguró el ex diputado, que sonaba como uno de los candidatos a ocupar una de las vacantes generadas por Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt. “Deja mucho que desear en términos de legitimidad republicana y política”, agregó Ricardo Alfonsín.
El principal apoyo dentro de Cambiemos fue el de Sanz. “Su decisión es legítima, legal, constitucional, necesaria y a pedido de la Corte”, afirmó el ex presidente de la UCR, quien renunció antes de asumir al cargo de ministro de Justicia que le había ofrecido Macri. El dirigente radical consideró que Macri prefirió no convocar a sesiones extraordinarias porque “hay que construir consensos políticos parlamentarios que todavía no están construidos”. Sanz defendió la designación en la necesidad de dar un gesto de “gobernabilidad”.
Estrenando su cargo de presidente, Corral ensayó un equilibrio. Elogió a los dos nombres designados y se limitó a remarcar que se trata de una “facultad constitucional que tiene el Presidente”. “La designación definitiva la tiene que hacer el Senado. En estos meses hay muchos asuntos claves para resolver y una Corte Suprema de tres personas no era lo adecuado. Lo importante es que todo se haga dentro de las normas”, completó el intendente de la ciudad de Santa Fe.

OPINION Primeros plumazos del Führerprinzip

Por Horacio Verbitsky
En el tercer día hábil de su mandato el presidente Maurizio Macrì designó a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión, una facultad que entiende comprendida en el artículo 99 de la Constitución Nacional, que enumera las atribuciones del Poder Ejecutivo. Su inciso 19 dice que “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Por eso lo hizo mediante un decreto simple, que sólo refrendan el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano. Pero el inciso 2 del mismo articulo 99 advierte que al reglamentar las leyes de la Nación el Ejecutivo debe tener cuidado “de no alterar su espíritu” y el 3 le prohíbe “bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Solo podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia cuando “circunstancias excepcionales” hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución, y siempre que no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. El inciso 4 agrega que el Poder Ejecutivo “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública”. Esto indica que los empleos del inciso 19 sólo comprenden a los militares y diplomáticos que son subordinados jerárquicos del Poder Ejecutivo. No puede suponerse que el constituyente haya abrogado sin más la división de poderes republicana, como Macrì intenta ahora.
El nombramiento de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti no sigue el trámite ordinario, sin que ninguna circunstancia excepcional lo justifique. El jefe supremo resuelve de un plumazo sobre la composición de otro poder del Estado, ya no respecto de leyes sino de mecanismos previstos por la propia Constitución en el mismo artículo, que no tiene un inciso sino veinte y que deben leerse como un todo armónico.
El actual inciso 19 del artículo 99 repite en forma textual el inciso 22 del artículo 86 de la Constitución de 1853/60. Subsistió incluso en la profunda reforma de 1949, con mejor redacción gracias a la buena pluma de Sabsay: el inciso 22 del artículo 83 de esa Constitución que seis años después sería anulada por decreto estatuía que “el presidente tendrá facultad para llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión, que deberán ser considerados en la legislatura inmediata”.
Esta previsión podía comprenderse a mediados del siglo XIX, cuando el traslado entre Tucumán y Buenos Aires insumía entre uno y dos meses en galeras o sopandas. Por la misma restricción objetiva, el artículo 55 establecía que las sesiones ordinarias de ambas cámaras del Congreso se extenderían desde el 1º de mayo hasta el 30 de septiembre de cada año, es decir apenas cinco meses. Pero carece de cualquier lógica en el siglo XXI, cuando en apenas tres horas se cubre el trayecto más extenso, desde la Capital hasta el extremo austral del país. Esto permite que las sesiones ordinarias se extiendan nueve meses, desde el 1º de marzo hasta el 30 de noviembre. La convocatoria a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo requería un gran despliegue logístico, que ya no existe. Hoy es más largo el viaje cotidiano de un obrero, una empleada doméstica o un estudiante en trenes y colectivos para ir a su trabajo o colegio que el de un senador para llegar desde su provincia hasta el Congreso. Además, el decreto abre el procedimiento de escrutinio sobre la calidad intelectual, el compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos, el cumplimiento de las obligaciones impositivas y los conflictos de intereses de los candidatos, tal como fue regulado por Néstor Kirchner en el decreto 222/03, lo cual insumirá no menos de un mes, lo cual permitiría tratar esos pliegos en sesiones extraordinarias a partir de febrero. Pero la propia mención al 222 es engañosa, ya que aquel decreto previó un proceso de investigación y consulta con la sociedad, antes de formular la propuesta. Además contempla un equilibrio de género, de especialidades y de origen regional de los jueces, que a todas luces no se cumple. Si este intento prosperara en la Corte Suprema habría dos santafesinos, un abogado que litigó contra la Nación en nombre de la misma provincia y un cordobés. La Argentina tendría así la Corte Sojera de la Nación. Ayer en la Corte Suprema de Justicia comenzaron las averiguaciones sobre la adquisición de un helicóptero, que con dos jueces santafesinos sería menos escandalosa.
Esto pone en evidencia que la única condición excepcional es la minúscula representación del oficialismo en el Senado, de lo cual sólo puede acusar a la voluntad popular. El Frente para la Victoria tiene 42 senadores, la UCR cuatro, a los que puede sumarse el único del Frente Cívico y Social catamarqueño, dos progresistas de la Coalición Cívica Libertadora, ARI y Gen y otros dos del PRO, a los que podría agregarse en caso excepcional la vicepresidente Marta Gabriela Michetti. El resto se reparte en numerosos minibloques de uno o dos senadores, que se acomodarán de un lado u otro según los temas y las negociaciones. Al elevar a dos tercios de los senadores presentes el acuerdo requerido para un juez de la Corte, la Constitución transmitió en 1994 un mensaje claro: la provisión de esos cargos esenciales para el funcionamiento democrático debe surgir de una inevitable negociación entre fuerzas políticas de distinta denominación y no ya por la mayoría simple que tantas veces permitió sentar allí a candidatos sin más mérito que la obsecuencia.
Si como dice, Macrì confía en los acuerdos y el consenso para sancionar una nueva ley de coparticipación federal, que sólo es posible con la unanimidad de las 24 provincias porque la Constitución les confirió poder de veto a todas y cada una, cuesta entender cómo renuncia a una meta tanto más modesta para la designación de los jueces de Corte. La introducción de dos magistrados por una ventana del cuarto piso debe obedecer así a razones tan graves como inconfesables, que no tardarán en advertirse y pesarán sobre la consideración y el prestigio de sus beneficiarios, que con alta probabilidad terminarán siendo perjudicados.
Macrì prometió en su discurso inaugural que no reclutaría a los nuevos jueces entre sus amigos, conocidos o partidarios, lo cual confirma la práctica de los dos ex presidentes Kirchner, que tuvieron tiempo de celebrarlo y tiempo de lamentarlo. Pero esto no garantiza la independencia de los magistrados. En el caso de Rosenkrantz es conveniente recordar que su estudio es uno de los que representaron al Grupo Clarín en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema para analizar la constitucionalidad de la ley audiovisual, que Macrì también quiere derogar por decreto. La lista de clientes de su estudio es mucho más impresionante. Incluye también a YPF, Musimundo, América TV, Avila Inversora, Cablevisión, La Nación, la Rural Predio Ferial de Palermo, Carbap, McDonald’s, las cerveceras Anheuser-Busch InBev, Quilmes y Grupo Modelo; Grupo De Narváez, Core Security Technologies, Panamerican Energy, IRSA, Satlink, 5 a sec, los Fondos de Inversiones GP, Aconcagua Ventures, HWF Capital y Pegasus; la productora de televisión MV, la de cine Mil Producciones; Arisco/Unilever; Control Systems Internacional; la desarrolladora inmobiliaria IRSA, las petroquímicas Dow y Cuyo, la trader Velleman & Tas BV, la transnacional de inspección, verificación, ensayos y certificación SGS; las empresas de medicina prepaga Total, Itoiz, Antártida, Galileo, Cruz Blanca, IMA y Buen Ayre; el fideicomiso de siembra Rumbo Norte; la minera canadiense Oromin; la telefónica Claro y la empresa de integración telefónica por Internet Networld Communications Inc; el instituto universitario Escuela Argentina de Negocios y las provincias de Corrientes y Santa Fe, entre otros.
Los servicios que ofrece su estudio son múltiples: en su misma dirección está registrada la Asociación en Defensa de la Competencia, que en 2011 consiguió que la justicia suspendiera una resolución que había declarado caduca la licencia de Fibertel. Rosenkrantz no actuó allí como abogado del Grupo Clarín sino como presidente de esa asociación fantasma. La Constitución Nacional incorporó en su artículo 43 las acciones colectivas, como recurso “contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor” y definió que podrían presentarlos “el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”. Los jueces de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal Graciela Medina y Ricardo Recondo accedieron a la solicitud de Rosenkrantz y dejaron en pie la licencia de Fibertel. Una investigación publicada por TELAM en aquel momento determinó que la ADC sólo actuó en esa causa y en otra en la que cuestionó que la fusión de Telefonica y Telecom tuviera un efecto monopólico, cuando el Grupo Clarín y su socio Fintech intentaban conseguir el control accionario de Telecom.
Rosenkrantz, junto con el estudio del ex ministro Ricardo Gil Lavedra, también representó a la provincia de Santa Fe ante la Corte Suprema en tres casos impositivos contra la Nación, por la detracción de fondos de la coparticipación federal y de la ley del cheque para financiar el sistema previsional y la AFIP. Todavía está pendiente de respuesta un pedido de informes aprobado por la Cámara de Diputados santafesina hace tres semanas, que inquirió al gobierno provincial por qué se realizó una contratación directa sin licitación y cuál es su monto total, desde 2008 hasta la fecha. El Procurador de la Corte Jorge Barraguirre, quien era fiscal de Estado cuando Santa Fe presentó las demandas, reconoció que ambos estudios ya cobraron unos dos millones de pesos en honorarios, negó que hayan acordado el pago del 30 por ciento de los 25.000 millones de pesos que recibirá la provincia pero admitió que “no está cerrada la negociación” final y que “aún falta la regulación judicial”.
Según el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, una ley no puede limitar la voluntad del presidente y el Poder Ejecutivo sigue reclamando por los medios la renuncia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, creada por una ley que regula su duración, y de la Procuradora General de la Nación, que tiene protección constitucional. El más craso decisionismo schmittiano se propone en reemplazo de la cuidadosa arquitectura de pesos y contrapesos de la cultura sajona importada en la Constitución histórica y aún vigente en sus sucesivas reescrituras. El Führerprinzip debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. Ya se entienden mejor el desalojo violento y las sevicias policiales a los miembros de un centro cultural en Vicente López, el despliegue de carros hidrantes frente a quienes reclamaban en la Plaza de Mayo por la vigencia de la ley audiovisual y la remisión a Jujuy de un contingente de gendarmes, que culminó con el vuelco y la muerte de cuatro decenas de ellos.

UN TIRO EN EL PIE

SOLO EL GOBIERNO DEFIENDE LA DESIGNACION POR DECRETO DE LOS DOS JUECES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

A Macri lo critican hasta sus propios aliados


 Por Werner Pertot
La decisión del presidente Mauricio Macri de nombrar por decreto y sin acuerdo del Senado a dos jueces de la Corte Suprema en comisión generó la primera polémica de su gestión nacional, a sólo cuatro días de haber asumido. El mecanismo que utilizó, que a la vez dispuso que los magistrados asuman y se envíen los pliegos al Congreso para su aprobación, fue cuestionado tanto por aliados de Cambiemos como por integrantes de la oposición. Mientras el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se despegaba de la iniciativa, el ex juez Raúl Zaffaroni aclaró que su vacante no se produjo durante el receso del Senado, al contrario de lo que argumenta el decreto de Macri. Diversas ONG y organismos de derechos humanos, entre ellos el CELS y Poder Ciudadano, reclamaron al Presidente que dé marcha atrás con las designaciones. En Balcarce 50, anoche sostenían que, de momento, se mantienen las designaciones.
“Quiero decir muy claramente que nosotros como Corte Suprema no fuimos consultados ni debemos ser consultados porque es un procedimiento que define el Presidente, no la Corte”, indicó Lorenzetti sobre las designaciones en comisión de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. “No tenemos ninguna opinión que dar al respecto. Es su decisión y la resolverá luego a través del trámite que está en la ley y en el Parlamento”, dijo, con lo que contradijo a los dirigentes macristas que aseguraban que el titular de la Corte había dado su visto bueno.

Fuego amigo

El gobierno PRO también recibió ayer críticas de sus propios aliados.
“Me ha sorprendido y creo que es innecesario. No encuentro razones para que sea por un decreto y no el envío al Senado y, en todo caso, la convocatoria a sesiones extraordinarias si es que hay celeridad”, sostuvo el senador radical Julio Cobos. El jefe de la bancada del radicalismo en Diputados, Mario Negri, dijo que “hubiera preferido que se transitara el camino del diálogo y del consenso hasta el inicio del período ordinario”.
El diputado Ricardo Alfonsín señaló que el método deja “mucho que desear en términos de legitimidad republicana y política”. El constitucionalista radical Ricardo Gil Lavedra remarcó que “es un error y una lástima porque todos apostamos a la normalidad institucional. Sienta un precedente muy siniestro porque cualquier presidente podría nombrar jueces durante el receso de verano”. Si bien Elisa Carrió no emitió palabra sobre la decisión de Macri, uno de sus dirigentes de confianza, el diputado Fernando Sánchez, afirmó: “Formamos parte de la lógica del oficialismo, pero también tengo que ser crítico”, dijo. Sobre Carrió, afirmó que “está en el exterior, pero pude hablar y me comentó que fue consultada por los nombres y me dijo que Rosatti tiene buenas referencias”.

Hay que bancar

Las primeras líneas del PRO salieron a defender la decisión. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que las designaciones son “totalmente legales y bien fundamentadas”. La vicepresidenta Gabriela Michetti destacó: “No es verdad que Macri esté eludiendo el Parlamento. Todo esto entra en discusión cuando comience el trabajo de sesiones ordinarias en el Senado”. “Respaldo absolutamente lo que ha hecho el presidente. Me llaman la atención los reproches que incluso toman cierto tono fundamentalista”, afirmó el ex titular del radicalismo Ernesto Sanz, quien consideró que si hubieran convocado a sesiones extraordinarias y se hubieran rechazado los pliegos hubiera sido “un síntoma de debilidad”.
“Tiene todo el derecho a construir fortaleza de su gobierno”, indicó.
También salió a defender la decisión el fiscal Ricardo Sáenz, que suena como posible procurador si Macri consigue remover a Alejandra Gils Carbó.
“Es una facultad que la Constitución prevé y que el Presidente puede ejercer”, indicó. La división Panzer del PRO se completó con Laura Alonso, quien señaló que el decreto fue “bien recibido” por la Corte.

Más críticas

Sergio Massa le reclamó al Presidente que “revea el error y mande los pliegos al Senado porque será un gesto de respeto al Congreso”. Indicó que le hizo ese pedido al jefe de Gabinete, Marcos Peña. El referente del Frente Renovador sostuvo que “los nombres elegidos para ocupar esos cargos me parecen impecables, pero la forma me pareció horrible”. “¿Qué tiene que ver la designación de dos jueces por decreto con garantizar la gobernabilidad? ¿Qué hubiese pasado si este decreto era firmado por el gobierno anterior?”, se preguntó. Massa recordó que Macri “planteó en la Asamblea Legislativa que no iba a haber más jueces partidarios, que iba a haber jueces independientes y esto contradice”.
Por su parte, el dirigente cordobés José Manuel de la Sota también le reclamó a Macri construir “una República entre todos, gobierno y oposición”. “No se logrará nombrando jueces provisorios de la Corte por decreto”, indicó. “No se entiende la propuesta de Mauricio Macri. No se condice con el llamado al consenso que saludamos cuando nos convocó a todos los gobernadores o con su reunión con los líderes de la oposición”, indicó el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz.
“No cuestionamos nombres, sino el método. Es contradictorio que quien criticó el envío de pliegos al Senado defina por decreto a jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo el diputado Facundo Moyano. “Utiliza un recurso que usaron los militares para designar jueces en comisión”, se sumó Pino Solanas.
“Es una decisión de otro siglo propia de dictadores y no de un presidente democrático elegido por el pueblo”, indicó la diputada kirchnerista Juliana Di Tullio, mientras que el jefe de bloque Héctor Recalde indicó que está produciendo “un tembladeral republicano”.
La diputada del FIT Myriam Bregman manifestó “su enérgico repudio a la designación de los ministros de la Corte Suprema” y reclamó sesiones extraordinarias.
En tanto, Poder Ciudadano indicó que el decreto “rompe innecesariamente con un procedimiento ampliamente consensuado entre los actores de nuestro sistema democrático”. El CELS, ACIJ y otros organismos de derechos humanos remarcaron que se trata de un “grave retroceso institucional”. “La independencia, imparcialidad y legitimidad de la Corte Suprema resultan gravemente afectadas si sus integrantes son designados por decreto”, señalaron. Esta polémica continuará...