Por Sebastián Premici
“Es necesaria la recuperación del Congreso de sus facultades de legislar, no sólo en retenciones, sino en un montón de otras cosas que eran cumplidas por el Poder Ejecutivo. Esto sería calidad institucional.” En agosto de 2010, el diputado Ricardo Buryaile, hoy nuevo ministro de Agricultura en la gestión de la alianza Cambiemos (PRO + UCR) realizaba su alegato en contra de las facultades del Gobierno de fijar retenciones (derechos de exportación). Sin embargo, una de las primeras medidas ya anunciadas por Mauricio Macri y el propio Buryaile será la eliminación de retenciones al trigo, maíz, carnes, economías regionales y la baja de cinco puntos en soja, por decreto. Incluso, el presidente electo adelantó que utilizará este instrumento las veces que sean necesarias. Si bien desde el kirchnerismo siempre se explicó que las retenciones no eran un impuesto, por ende podían regularse vía decretos, los dirigentes que actualmente forman parte de la Alianza gobernante (Macri, Buryaile, Elisa Carrió y Ernesto Sanz) se cansaron de hablar de su inconstitucionalidad.
Buryaile fue uno de los principales firmantes de un proyecto de ley (5269-D2010) para modificar el esquema de retenciones y otorgarle al Congreso esa facultad de legislar.
“Finalmente, el proyecto deroga el artículo 755 del código aduanero (delegación al Poder Ejecutivo para fijar derechos de exportación), que es claramente inconstitucional al no respetar lo indicado en los artículos 9, 17 y 75 (atribuciones del Congreso) de la constitución nacional. En virtud de ello entendemos que, a fin de brindar seguridad jurídica y legitimidad a los derechos aduaneros hoy vigentes, el Congreso de la Nación debe ratificar su vigencia por ley y retomar la facultad legislativa en materia de derechos aduaneros”, puede leerse en los fundamentos del texto firmado por los radicales Juan Casañas, José Arbo, Lucio Aspiazu, Jorge Chemes, Eduardo Kenny y el líbero (PJ disidente, sciolista y ahora macrista) Gustavo Ferrari.
Las llamadas facultades delegadas vencieron el 24 de agosto de 2010. “Después de que venzan, va a haber una Argentina más equilibrada”, afirmaba Macri en 2010. Ahora, su decisión de avanzar por decreto en la eliminación de retenciones se explica porque la Alianza Cambiemos es minoría en ambas cámaras parlamentarias. El Frente para la Victoria suma en Diputados 117 bancas, entre propias y aliadas, mientras que Cambiemos, 91. En el Senado, el FpV –y aliados– se quedó con 43 votos, muy cerca de los dos tercios.
La aseveración de Macri de que no tendrá problemas en gobernar vía decreto no debería pasar por alto. Esa afirmación, formulada dos días después del ballottage en el diario Clarín, contradice su discurso de “cambio” de campaña en donde pregonaba el consenso pero a su vez ratifica su propia práctica como jefe de gobierno porteño. Entre diciembre de 2007 y mayo de 2012, Macri vetó 118 leyes de la Legislatura porteña, muchas de las cuales habían sido impulsadas y aprobadas por su propio bloque del PRO. En cuanto al manejo de los Decretos de Necesidad y Urgencia, Cristina Fernández de Kirchner los utilizó, en ocho años de gestión, en 29 ocasiones. Carlos Menem firmó 574, mientras que Fernando de la Rúa lo hizo en 73 oportunidades y Eduardo Duhalde, en 154 ocasiones.
Desde el FpV indicaron a Página/12 que llegado el caso de la eliminación de retenciones, analizarán cuáles serán los cultivos alcanzados y en qué proporción. La cautela tiene que ver con que Daniel Scioli también había prometido sacar retenciones a las economías regionales. El kirchnerismo siempre defendió la potestad del Ejecutivo de regular los derechos de exportación y probablemente continúen con la misma postura. La crítica será política: “¿Tanto cuestionaban las facultades delegadas con planteos de inconstitucionalidad y ahora las van a usar? Como mínimo, es un cambio contradictorio, ¿no?”, sostuvo a este diario un legislador del bloque del FpV.
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