En una iniciativa poco frecuente en quien cumple el papel de acusador, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa sobre las escuchas ilegales, de las que fueron víctimas su cuñado, Daniel Leonardo y Sergio Burstein, cuya esposa murió en el atentado a la AMIA. Es probable que el presidente electo sea desligado de esta investigación por el juzgado de primera instancia en poco tiempo, pero recibirá el mando el jueves que viene todavía en situación de procesado por asociación ilícita, intercepción de las comunicaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta semana, a raíz de un pedido de los abogados de Macri para cerrar la causa, el juez Sebastián Casanello les pidió su opinión a todas las partes. Burstein planteó que debe ir a juicio oral y todavía está pendiente que se presente Leonardo, quien pediría lo mismo, sólo que tiene tiempo de hacerlo hasta el mismo día de la asunción presidencial, y podría aprovecharlo.
Este expediente lleva seis años de existencia y es uno de los muchísimos ejemplos de la arbitrariedad con la que se manejan jueces y fiscales en los tribunales federales porteños, donde tramitan casos sobre corrupción, narcotráfico y lesa humanidad. Allí –siempre con algunas excepciones– casi no rigen otros plazos o reglas más que los tiempos de la política y el humor social. Cuando un Gobierno está pasando una buena época, lo respaldan; cuando entra en declive o crece un movimiento opositor, lo atacan. En el medio, el “trámite” del expediente y el control del timing son una poderosa herramienta de presión para quien dispone de ella. Justo esta semana también se inició el cierre del caso Ciccone, por el que Amado Boudou irá a juicio, aparecieron más pedidos de indagatoria en su contra y hubo condena a Carlos Menem y Domingo Cavallo por los sobresueldos que llevaban dos décadas en tribunales. En el caso de Macri, el propio fiscal dice que es conveniente dejar en claro su situación judicial ahora que llega a la Casa Rosada.
Cambiemos (de idea)
El dictamen de Di Lello no es vinculante para el juzgado, pero Casanello ya adelantó en una resolución que considera que Macri pudo tener una responsabilidad política en el desarrollo de una red de espionaje que operaba desde su gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, a tal punto que utilizaba sus recursos, pero eso no se traduce en una responsabilidad penal que permita atribuirle un delito, porque no se le encontró vínculo directo con la organización, según dijo. El juez que llevó adelante la investigación fue Norberto Oyarbide, como subrogante, y participó el fallecido fiscal Alberto Nisman. Casanello llegó después, por concurso, y dio vía libre al juicio oral para todos los imputados menos para el líder de PRO. Así, en 2012, quedaron encaminados al juicio por asociación ilícita y las escuchas: el ex comisario Jorge “Fino” Palacios (a quien había designado como jefe de la Policía Metropolitana), el ex policía y espía Ciro James, el ex ministro de Educación Mariano Narodowski (en cuya cartera estaba contratado James como pantalla), el ex juez de Misiones Luis Rey, más ex policías y funcionarios judiciales de Posadas. En el caso de Macri, el juez dispuso medidas adicionales.
A esas medidas extra Di Lello se aferró para justificar por qué hace tres años acusó a Macri y sostuvo que debía ir a juicio oral con el resto de los acusados y ahora cambió de opinión. El eje de la argumentación es que no hay ninguna evidencia que lo vincule con el espionaje, ya sean órdenes o llamados telefónicos a quienes tenían una injerencia directa en su realización. A Burstein, dijo, quien tenía interés en espiarlo era Palacios, ya que el familiar de AMIA era uno de sus más fervientes detractores cuando lo postularon para hacerse cargo de la policía porteña debido a su papel en el encubrimiento del atentado a la mutual judía, por el que fue finalmente acusado. Al parapsicólogo Daniel Leonardo, quien estaba casado con Sandra Macri, hermana ya fallecida del presidente electo, le interesaba vigilarlo a Franco Macri, quien lo quería alejar de su hija, supuestamente por razones patrimoniales.
Que las escuchas existieron, está probado en la causa. Que fueron ilegítimas, también. Se hicieron así: a través de dos juzgados de Posadas se armaban investigaciones penales truchas; dentro de un expediente se vinculaba a las personas a las que se quería espiar con un hecho al que eran completamente ajenos, como un homicidio, y con orden judicial se pedía la intervención de sus teléfonos. Todo indicaría que los pedidos de Buenos Aires se hacían a través de Ciro James, que tenía una red de contactos en Misiones (policías y funcionarios judiciales), donde había trabajado. La Secretaría de Inteligencia activaba las intervenciones telefónicas, que en algunos casos duraron varios meses. James pasaba en persona a retirar las grabaciones por la sede de esa agencia en Avenida de los Incas. Lo hacía en constante comunicación con Palacios, con quien se contactaba incluso en horarios nocturnos, no laborales. James estaba contratado como asesor dentro del Ministerio de Educación porteño (por un sueldo que en 2008 era de 6000 pesos) donde no se encontró que hubiera hecho ningún trabajo como tal, aunque hablaba seguido con el ex ministro Narodowski. Palacios era el comisario de confianza de Macri, quien había intervenido en su secuestro y en la seguridad de Boca. Entre otros fueron espiados el empresario Carlos Avila, dos ejecutivos de Coto y abogados ligados a negocios del fútbol.
Repertorio
Di Lello dice que en su momento había contemplado que las pruebas que faltaban se produjeran en el juicio oral. Pero como ahora hay elementos que considera nuevos, puede decir otra cosa. Uno de ellos es una declaración testimonial del ministro de Seguridad porteño y ex juez federal Guillermo Montenegro, investigado al comienzo. El círculo cercano a Macri quedó enojado con él, porque fue rápidamente sobreseído y el líder de PRO, no. Aun así, Montenegro dijo –y Di Lello lo invocó– que Macri no participaba en las decisiones de la Policía Metropolitana, solo le informaban; que desconocía “el detalle del diseño operativo de la fuerza”; que tampoco proponía nombramientos y que ni propuso a Palacios (afirmó que lo postuló él); y que no conoció reuniones que juntaran a Macri y Palacios. A todo esto Di Lello agrega, al citar un antecedente de Casación con el incendio en Cromañón, que no se puede “extender indefinidamente la cadena de responsabilidades” dentro de las estructuras jerárquicas y que el jefe de Gobierno no puede estar en todos los temas.
Según el fiscal, la declaración de Adrián Pelacchi (ex jefe de policía que luego puso una empresa de seguridad, AP) y los aportes ante escribano de Emanuel Ackerman, socio de la empresa Ackerman Group, dieron cuenta de que ellos monitoreaban a Leonardo, entre servicios de investigación y consultoría que había contratado Franco Macri en 2008 (en una época que coincide con las pinchaduras) pero aclaraba que no así Mauricio. De todos modos, el dictamen no aclara cuál era la vinculación con las escuchas, Palacios o James. El abogado de Leonardo, haría su presentación la semana próxima con un pedido de juicio oral para el presidente electo y los argumentos de por qué ellos sí creen que tenía interés en escuchar al cuñado. Después vendrá la decisión del juez Casanello. Si sobresee a Macri, es cantado que las querellas apelarán y el asunto tampoco estará cerrado tan rápido.
