Una justicia independiente es una necesidad primordial de un Estado de Derecho. Independencia significa que los funcionarios judiciales no se dejan condicionar en sus procedimientos por presiones externas de ningún tipo. La autonomía absoluta parece dificil, pero eso no obsta a que sea un objetivo digno de buscar. El problema es cuando se comienzan a desmenuzar las "dependencias" habituales de la justicia, las formas en que sus actuaciones, procedimientos, pruebas, tiempos, son condicionados o formateados por elementos extra judiciales, mediáticos, económicos, políticos (cuando no por servicios de inteligencia, normalizando la propia justicia algo que es ilegal, que contraviene el propio Estado de Derecho). Una marcha organizada por sectores que históricamente han sido (en nombre de la "independencia" judicial) renuentes a todo cambio concreto –en las estructuras mismas del Poder Judicial– que permita volver más transparente, por ejemplo, las formas de acceso a la justicia (dominada en muchas provincias argentinas por grupos de familias y estudios jurídicos, en un oscuro contubernio poco republicano, una alianza informal de intereses vituperable, pocas veces seriamente enfocada), como denunció Cristina Camaño, es en principio una contradicción: marchar no para el cambio (que lo necesitamos, nuestra justicia es presa de funcionarios, jueces y fiscales poco comprometidos, y poco formados, poco valientes), sino para preservar el status quo, siendo funcionales, muchos funcionarios judiciales, con sus expresiones (y silencios) a tiempos electorales y presiones políticas que poco tienen que ver con su labor o función de funcionarios "independientes".
Es cierto que la "independencia" de la justicia está amenazada. Es muy cierto. Pero no es el poder político –de los representantes democráticamente elegidos– el que encarna el mayor peligro para esa independencia o autonomía. Al contrario. El principal riesgo para la autonomía de la justicia y la independencia de los funcionarios judiciales viene dado por el vertiginoso vaciamiento del discurso "garantista" –siendo que nuestra Constitución lo es y siendo que la principal función de todos los jueces es preserver las garantías constitucionales, es decir, la Constitución argentina con su "garantismo"– en los medios masivos de comunicación, que (amen de ser los que instigaron mayormente y de modo insistente la marcha) han empezado a remplazar, en la era de las comunicaciones globales instantáneas, el propio Poder de la jurisdicción, es decir, el poder de la justicia "independiente": el de decidir (con garantías, no sin ellas), el de "fallar" de cara a la sociedad, después de un debido proceso. En muchos ámbitos y espacios la justicia ya no es en rigor la que "decide". La "decisión" auténtica (eficaz de cara a la sociedad) reside en los grandes medios, la decisión la toman, con o sin pruebas, con o sin garantías, (de allí que la critica al garantismo no es inocente ni casual, es una erosión creciente del principio de legalidad) en función muchas veces de su propia conveniencia o interés (como se vio con el caso de la Ley de Medios) los propios medios de comunicación masivos. Los supuestos y neutrales "intermediarios" de la información hacen mucho más que "intermediar": condicionan y bombardean continuamente a la audiencia, que termina, exaltada, confundida, desprevenida, desorientada, y temerosa, despotricando contra el "garantismo", contra los jueces que respetan (como manda nuestra Constitución!) "los Derechos Humanos" de los (caratulados por los medios, precisamente, prejuzgados) "delincuentes", como si no tuvieran derechos, porque en rigor ya "son" (ya serían, antes y no después del proceso, antes de que la justicia "ose decir lo contrario" a lo que dicen los medios "de la gente") "chorros", "delincuentes", no humanos. Los medios terminan despotricando pues contra la Constitución mientras deshumanizan personas. Terminan pidiendole a los jueces (última valla moral de la constitución garantista) que no la respeten, en nombre de la "lucha al delito", en nombre de la República y la "independencia". El juez garantista sería así no un juez modelo de apego a la Ley, como dice Ferrajoli, sino un juez con ideas "raras", no el que respeta la Constitución. La crítica al garantismo es un muy grave retroceso, es el mismo discurso (contra las "garantías" de los "delincuentes" no humanos, "subversivos") que sostenía la dictadura mientras "reorganizaba" el país, mientras ponia "orden". Esta pérdida de poder de la justicia (este licuamiento de la jurisdicción con sus "garantismos", con sus tiempos demasiado lentos, con sus "pruebas") en manos de los mismos medios masivos de comunicación (voraces, ultraveloces, donde todo es una primicia "instantánea", donde el Derecho termima preso, el mismo, de un show mediático, mismos medios que apoyaron el Proceso) es el principal riesgo, la más seria amenaza, para la independencia de un poder tan esencial del Estado como es la justicia. En ese sentido, los fiscales y jueces no deberían ser funcionales con su silencio a los discursos que vienen horadando la jurisdicción, pilar insustituible de su propio poder, el Estado de Derecho. La crítica al garantismo es una crítica directa a la carta principal que debe regir la labor de todo juez: es una crítica a la Constitución y sus garantías. Es una lucha por remplazarla (en sus derechos y garantías) por la demagogia voraz y los "tiempos" (rápidos, veloces) que imponen los medios, que como siempre están "apurados" (por cambiar de "tema"); deben darle rápido a la audiencia "un culpable". Un chivo expiatorio. Un enemigo. En este escenario, para los medios, la verdad misma pasa a un relativo y discreto segundo lugar. Ya no importan las pruebas. Importan las "noticias". Importan los trascendidos, los indicios, los rumores, pero no la Verdad. Es decir, no importa ya la "prueba", sino la "versión", casi siempre falaz. No importa ya la palabra. Y esto es lo que la justicia, precisamente, no puede permitir o seguir permitiendo (en nombre de una critica al "garantismo"–como si fuera una "posición rara" entre otras, y no lo que manda la Constitución misma– se vulnera lo esencial, lo principal en todo Estado de Derecho). Que los trascendidos remplacen a la prueba. Que la verdad –los tiempos "lentos" del debido proceso, con sus "garantías" que nos llevan a conocer, con paciencia, la verdad– sea remplazada por los flahes voraces, muchas veces irracionales, falsos "trascendidos", de los mass media, que quieren para sí lo que la justicia (por ejemplo penal) adoptó como función primera: conducir a la sociedad mostrando "ejemplos" y castigando la infracción a la norma. No se trata aquí de cuestionar por bueno o malo este tipo de funcionamiento de la justicia. Se está señalando que esto (decider quién y porqué infringió una norma) está pasando de un ámbito (con garantías) a uno donde las garantías ya sencillamente no existen, donde la culpabilidad o inocencia se decide en "cuestión de segundos", incitando a la gente (audiencia) a hacer "justicia por mano propia", (a "tomar la justicia en sus manos", como tituló, muy mal, un medio argentino, de un modo precisamente muy poco "neutral" en esta discusión, de un modo muy poco "objetivo") "linchamientos", porque "no hay tiempo" ya para las "garantías" lentas de los jueces "garantistas" y los procedimientos demasiado "lentos" del Poder Judicial. Para eso aparece como se dice en Chile la "justicia ciudadana". Se cuestiona paradójicamente, muy cínicamente, la "puerta giratoria" (en un país con más del 60% de presos sin condena, inocentes, en prisión "preventiva", rehabilitando un criterio que se creia extinguido en democracia: la "peligrosidad" social contraviene principios de nuestra Carta fundamental, contraviene el Estado de Derecho, contraviene la Constitución apresar inocentes, no condenados). Eso es "el pasado". Esto es el "garantismo", se nos dice.
¿Decir esto es ser garantista? Decir esto es defender sencillamente lo que dice la Constitución, aunque muchos lo ignoren, o no lo quieran ver. Esta es la principal amenaza para la independencia de la justicia: el vacimiento del discurso garantista, que se ponga en cuestión, como algo opinable, el "garantismo". Por eso nuestros funcionarios judiciales genuinamente comprometidos con los valores republicanos, con el Estado de Derecho, deberían marchar. Pero no en silencio. Sino con una consigna bien clara, firme y concreta: por restablecer su independencia perdida. Su discurso "garantista". Su voz. Su palabra. La Constitución Argentina. Ni más ni menos.
La decisión del juez Rafecas debe ser celebrada y también es la decisión de una justicia "independiente". Salvo que portal se entienda, malamente, hacer siempre todo lo contrario de lo que convendría a un gobierno constitucional y democráticamente elegido, esto es: actuar "políticamente". La justicia no está –ni fue pensada nunca– para remplazar a la política ni a la Administración. Está para controlar al poder, que no es lo mismo. El gobierno de los jueces entraña siempre el riesgo de que las mayorías populares –esas que nunca acceden a la justicia por la puerta de adelante– se queden sin voz. La justicia no está para suplantar a la Administración. Está –muy cuidadosamente, con extremo cuidado, sin saltar a ponderar oportunidades ni actos discrecionales (privativos de la Administración, que nace con la Revolución Francesa como concepto, mientras sean éstos idóneos)– para marcar algunos límites. Los jueces no deben nunca usar a la Constitución –esa misma que es "garantista" aunque muchos jueces (que claman por ella) curiosamente no lo digan– como pretexto. Deben usarla como lo que es: como genuino texto. El primer y único texto. Como garantia. Como garantismo. Con valor. Eso quería Bidart Campos. El vaciamiento –y la puesta en cuestión, como durante la dictadura– del discurso de las "garantías" (garantismo) es la principal y más seria amenaza para la independencia de nuestra justicia. Es la principal y más grave amenaza a nuestra Constitución y a nuestro Derecho. El garantismo no es una posición ideológica discutible. El garantismo es lo que expresa nuestra Carta Magna. El anti garantismo, la demagogia punitiva, en consecuencia, que estigmatiza jueces "garantistas", lo que debe plantear en concreto es una reforma de nuestra Constitución (normativa que los jueces deben aplicar). Pero no debe manchar la Constitución que tenemos. El vaciamiento (el vilipendio constante) del discurso garantista –del discurso de garantías– es la principal amenaza que hoy enfrenta la independencia de la justicia y el Estado de Derecho en nuestro país y en el mundo. El economista Lousteau cuestionó en su última columna el "comportamiento destemplado" de ciertos funcionarios, mientras afirma equivocadamente que Rafecas es un juez apretable. Lousteau no conoce a Rafecas. Es bueno recordar los propios ejemplos que uno da sobre la "destemplanza" Martín. En la nueva política, como dijo Marcos Ominami en Chile, se viene –no puede no darse– un debate sobre la ética. Rafecas la tiene. Es un juez valoroso y formado: comprometido además de un talentoso académico, que ha tenido el valor de denunciar y mencionar cosas que otros jueces no denuncian ni mencionan. Rafecas no merece una crítica superficial. La crítica al juez Rafecas es parte de las críticas al "garantismo". Hechas curiosamente en nombre de la "independencia" de la justicia. Esto es: si un juez falla como yo quiero es "independiente". Sino no. Esta doble vara le hace daño al Derecho.
En este marco de críticas insistentes al "garantismo" un medio republicano tituló: "Justicia por mano propia: matan a golpes a un ladrón de estéreos." Eso no es justicia. Eso es violencia. Un asesinato. Una forma de barbarie anti garantista que también el Papa tuvo el coraje de cuestionar. ¿La justicia en sus manos? Nadie toma la justicia en sus manos. No hay una justicia diferente de la que dictaminan los jueces con todas las garantías de un debido proceso. Nunca sin ellas. La crítica al garantismo es una crítica incompatible con la Constitución. Es una vuelta a los discursos "anti garantistas" del Proceso, donde también se acusaba a abogados "garantistas" como Duhalde y Ortega Peña de defender los Derechos Humanos "de los delincuentes". Estos casos de linchamientos y mal llamada "justicia por mano propia" son precisamente eso: comportamientos "destemplados" (matar a un ladrón de estéreos y calificar a este hecho aberrante con la palabra „justicia“), productos directos del discurso antigarantista. Un discurso inoculado. Hay que empezar a pensar. Hay que empezar a hacer política en serio. Hay que evitar los comportamientos "destemplados", poco ejemplares. Lo notable de nuestra degradación institucional es que se cuestione la sentencia de Rafecas por poco "independiente" (por ajustarse a Derecho), pero no se repare en el aberrante error jurídico –elemental, de estudiante de Derecho– cometido nada menos que por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta es nuestra justicia. Por fin, desnuda y a la vista de todos. Politizada y especulando a más no poder. Necesitamos una reforma integral de la Justicia argentina. Necesitamos una justicia nueva. Mejor.
El pedido de Echegaray para que el HSBC Holdings, el Grupo donde pertenece la casa matriz del banco londinense, repatrie los 3.500 millones de dólares que la filial argentina trasladó “off shore”, tuvo una amplia repercusión en los principales medios del mundo.
