CRISTINA KIRCHNER PRESENTO JUNTO A MARIANO RECALDE EL IMPACTANTE AIRBUS-330 QUE SE INCORPORA A LA FLOTA DE AEROLINEAS Vamos en tren y también en avión

“Para hacer todas estas cosas muchas veces hay que decir que no, tener coraje y no agachar la cabeza ante los más poderosos”, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner refiriéndose a la recuperación y renovación de Aerolíneas Argentinas como ejemplo de las obras realizadas durante los últimos doce años en los que el peronismo gobernó el país. Acompañada por los precandidatos presidenciales Daniel Scioli y Florencio Randazzo, la mandataria encabezó el acto de presentación del nuevo avión Airbus-330 200, que se incorpora a la flota de la aerolínea de bandera. Desde el aeropuerto de Ezeiza, aseguró (en un mensaje que parecía destinado a los candidatos) que “no agachar la cabeza y llamar a las cosas por su nombre trae aparejados altos costos políticos y personales”.

En lo que se interpretó como un virtual lanzamiento de campaña, junto a la Presidenta se sentó Mariano Recalde, titular de Aerolíneas Argentinas y postulante a la jefatura de Gobierno porteño del Frente para la Victoria en los próximos comicios, quien defendió su gestión frente a la empresa estatal: “Es confiable y tiene buena salud porque junto a los técnicos y profesionales elaboramos un plan de negocios que hace cinco años parecía inalcanzable y muestra resultados positivos concretos”, aseguró el funcionario (ver aparte). Además, completaba la foto el ministro de Economía, Axel Kicillof, el único de la mesa que, por ahora, no muestra aspiraciones electorales explícitas.

Durante su discurso, la mandataria destacó “la participación de varios gremios en la vida de Aerolíneas Argentinas”, ya que los “aeronavegantes, técnicos, tripulantes y valijeros conviven en una empresa que crece” y manifestó su “orgullo” de “integrar un gobierno democrático que recuperó Aerolíneas Argentinas”, una compañía que, en manos privadas, “estaba abandonada, había perdido la conectividad y peligraban todos los puestos de trabajo”. Por eso, más allá de las diferencias que puedan surgir, “todos estamos con el mismo objetivo, que es el de servir a nuestros compatriotas”, agregó CFK.

Ya metida de lleno en la campaña, les advirtió a quienes serán candidatos del Frente para la Victoria este año sobre los “agravios, descalificaciones, injurias, infamias y persecuciones” que sufrió por enfrentarse a los poderes establecidos. “Estoy dispuesta a seguir recibiendo insultos si con ello contribuyo a dejarles a mis hijos, a mis nietos y a ustedes, los jóvenes, un país mucho mejor que el que recibimos en 2003”, agregó.

En ese sentido, aseguró que las decisiones de gobierno tienen “altos costos”. “Decir que no muchas veces, pero decirles que no a los más vulnerables, a los que menos tienen, a los más poderosos, no agachar la cabeza, llamar a las cosas por su nombre y a los cosos por su nombre, trae aparejado altos costos políticos y personales”, en lo que fue uno de los pasajes más emotivos de la tarde, celebrado por cientos de militantes de distintas organizaciones que llegaron hasta Ezeiza para participar del acto.

La Presidenta recordó que cuando su gobierno decidió recuperar Aerolíneas Argentinas la empresa “estaba abandonada” por sus dueños. “Fue la necesidad de una aerolínea vaciada, fundida y a punto de perder todas sus fuentes de trabajo” y que “además dejaba sin conectividad a todos los argentinos”. Por eso, “todos pudimos entender que hay un camino común entre el Estado, la dirección de la empresa y los trabajadores, todos con el mismo objetivo, brindar un buen servicio, y esto es precisamente lo que hoy ha colocado a Aerolíneas Argentinas en este lugar, hoy con este avión el número 70 de los 26 que teníamos en la flota”, agregó.

Como acostumbra, durante el acto la Presidenta inauguró mediante videoconferencia una escuela secundaria en Hurlingham. Además, presentó también la ampliación de la Línea elaboradora de Legumbres Tetra Pack Recart, ubicada en la localidad mendocina de Lavalle. “Vos decís que muchos auguraban que no llegábamos a las 700 escuelas, algunos también auguraban que tampoco llegábamos al año de Gobierno, así que quedate tranquilo”, le dijo al ministro de Educación, Alberto Sileoni, que se encontraba en el centro educativo inaugurado.

También comparó la forma en la que los medios trataban a otros gobiernos con las críticas que recibe su gestión. Para eso, exhibió una tapa del diario Clarín del 30 de mayo de 2001, en la que se informaba sobre un conflicto gremial en Aerolíneas Argentinas que incluyó la ocupación de la pista de Aeroparque por parte de los trabajadores aeronáuticos. “¿Se imaginan qué diría si nos pasara algo así?”, se preguntó, asegurando que los mismos que hablaban de un “conflicto” en ese caso, en una situación análoga denunciarían al Gobierno por “reprimir trabajadores”.

En el mismo sentido, mencionó el anuncio en ese diario del casamiento de la cantante Shakira con el hijo del entonces presidente Antonio de la Rúa. Para la Presidenta, los medios “prefieren hijos que se dediquen a otra cosa, no a organizar agrupaciones políticas”, como La Cámpora, que conduce Máximo Kirchner. “Te la tenés que bancar, cómo no te van a pegar” si “tenés la sangre de la política”, le dijo a su hijo, que la observaba entre los invitados. “En lugar de estas cosas te ocupaste de agrupar jóvenes, muchas veces sacándolos de la droga para incorporarlos a la política”, agregó, entre los aplausos de los asistentes, con enorme mayoría de militantes.

GONELLA FUE SOBRESEIDO EN UNA CAUSA INICIADA POR UNA DENUNCIA DEL JUEZ BONADIO Los delitos que nunca existieron

Por Ailín Bullentini

El juez Sebastián Ramos sobreseyó al titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, en la causa en la que su colega Claudio Bonadio lo había acusado de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Ramos siguió el razonamiento planteado por el fiscal que actuó en el expediente, Jorge Di Lello, quien había considerado la inexistencia de los delitos mencionados en la denuncia. Gonella dijo que “corresponde que la denuncia se desestime, no había otra alternativa”.

Ramos, a cargo del juzgado federal Nº 2, había firmado la resolución unos días atrás, pero recién ayer se difundió. En cuatro carillas argumentó por qué coincidió con la conclusión alcanzada por Di Lello en diciembre de 2014, en quien había confiado la instrucción de la causa, y ordenó el sobreseimiento de Gonella. El expediente había comenzado cuando Bonadio acusó al titular de la Procelac de haber retenido una denuncia de lavado de dinero proveniente de una red de trata de personas: la procuraduría había enviado el caso a la Justicia cinco meses después de haberlo conocido.

No era la única situación en la que Bonadio empujó a Gonella a los pasillos judiciales. A fines de noviembre, el juez comenzó a investigarlo por “violación de secreto” luego de que éste difundiera vía Twitter información sobre los vínculos de la jueza María Gabriela Lanz con el narcotráfico. Defendido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el titular de la Procelac aguarda la reacción del juez frente al pedido de sobreseimiento que la parte presentó, al considerar la inexistencia del delito. El titular del juzgado Federal Nº 11 también entiende en el expediente la investigación por presunto lavado de dinero en hoteles de la familia Kirchner.

“Ante la solución propuesta por el representante del Ministerio Público Fiscal, este tribunal no encuentra más opción que admitir el criterio adoptado por quien, dijimos, detenta el ejercicio de la acción penal pública”, o sea de la investigación para poder realizar acusación alguna, apuntó Ramos en su resolución. “La concluyente decisión adoptada por ese funcionario, independientemente del parecer del suscripto, impide proseguir con el trámite de las presentes actuaciones sin incurrir en una manifiesta vulneración de aquellos altos preceptos constitucionales”, continuó.

En diciembre de 2014, Di Lello había considerado que el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público achacados por el juez federal a Gonella no existían: el fiscal entendió que la Procelac no trasladó antes a la Justicia la denuncia de lavado porque la mujer que realizó la denuncia –las fuentes solicitaron la reserva de su identidad– demoró ese tiempo en aportar la información necesaria. Ramos entendió que el criterio “reflejaba la conclusión de un razonamiento válido”. Según relataron desde la procuraduría en cuestión, una mujer se acercó y vinculó en “un relato difuso” a dinero supuestamente proveniente de una red de trata con acciones de lavado. Los pedidos a la denunciante de datos que “refuercen” aquel relato demoraron “entre tres y cuatro meses” en ser recolectados, informaron. Recién después se tomó la decisión de “judicializar” la denuncia, que, por sorteo de la Cámara Federal, llegó al juzgado federal Nº 11, a cargo de Bonadio. El juez citó a la denunciante y decidió acusar a Gonella.

Gonella no fue citado a declarar en la causa. Tras conocer la decisión del juez federal Nº 2, consideró que “no había otra alternativa” más que su sobreseimiento.

OPINION Lo visible y lo invisible

Por Diego Tatián *

Por una superposición iluminadora y casual, cuando ocurrió la muerte del fiscal Nisman acababa yo de releer ¿Quién mató a Rosendo?, originalmente redactado como un conjunto de notas publicadas en 1968 en el semanario CGT, en las que Rodolfo Walsh se propone –y logra– develar el misterio de un triple asesinato que tuvo lugar dos años antes en la pizzería La Real de Avellaneda –finalmente impune debido a las complicidades de la trama policial, judicial, periodística, sindical y política de entonces–. Se trata, como se sabe, de una de las más importantes piezas de investigación militante, posicionada con la CGT rebelde contra el vandorismo, que había contribuido a la caída de Illia y se había incorporado de inmediato al régimen de Onganía, con el que negoció la persecución de miles de obreros combativos en los sindicatos argentinos.

Hoy el país se encuentra conmovido por una muerte política, en una situación muy diferente a la de Walsh, quien realizó su investigación en soledad durante una dictadura y desde una perspectiva revolucionaria. Las palabras finales del texto, sin embargo, resplandecen ahora como según Walter Benjamin lo hace la memoria en un momento de peligro: “Los ríos de tinta –concluía– que en mayo y junio de 1966 presentaron a los agresores como víctimas y a los atacados como asesinos, no han desandado su curso hoy que el ‘misterio’ está aclarado. La prensa del régimen no ha retirado una coma de lo que falsamente dijo. No esperaba yo otra cosa. Esta denuncia ha transcurrido en el mismo silencio que Operación Masacre... Ese silencio de arriba no importa demasiado. Tanto en aquella oportunidad como en ésta me dirigí a los lectores de más abajo, a los más desconocidos”.

Entre Walsh y nosotros han pasado muchas cosas –entre ellas su propio asesinato y el de una generación entera, junto con la devastación colectiva que su Carta de 1977 es la primera en comprender en su tremenda magnitud–. Como resultado de una larga marcha –casi nunca victoriosa– por la transformación cultural y social, la actual invención democrática latinoamericana –que asume, sin repetirla, la herencia revolucionaria y toma debida nota de su significado– ha probado ser la senda de cambios reales que vale la pena transitar; ha probado que la democracia puede ser sustantiva sin dejar de ser formal, sin relegar calidad institucional y sin menoscabar los derechos civiles de las personas, y ha probado ser capaz de enfrentar poderes y privilegios que obstruyen la producción de igualdades –cosas todas que no eran para nada obvias.

Por eso mismo es que se halla amenazada por una trama de intereses corporativos no muy diferentes de los que bajo una configuración diferente supo denunciar la pluma de Walsh, uno de cuyos legados es la confianza en “los más desconocidos”. Esa confianza walshiana, que debemos hacer nuestra, está más allá de cualquier esperanza puramente especulativa y de cualquier optimismo banal: no es un abandono al concurso de la historia ni del progreso, ni siquiera sólo de la memoria. Es una confianza activa que se compone con la “memoria activa” cultivada por el pueblo argentino desde hace ya muchas décadas.

Es el registro de una potencia popular concreta y múltiple en curso de producir efectos sociales, que algunas veces es vital y manifiesta –opina, gana elecciones, llena plazas, genera derechos...–, y otras veces está ahí como una fuerza invisible, retenida pero poderosa, que forman “los de más abajo”, los comunes, los raros, los incontables; cientos de miles de trabajadores –sindicalizados o no–, las organizaciones juveniles, los movimientos sociales... El kirchnerismo ha logrado conformar el único sujeto político relevante realmente existente en la Argentina actual –imposible de ser sustituido por un aparato mediático, cualquiera sea su poder de daño–, sin que ello sea necesariamente equivalente a una mayoría electoral –que siempre es eventual– como lo es hasta ahora.

Esa fuerza popular visible e invisible constituye un poder democrático evidente que ojalá permita al kirchnerismo profundizarse a sí mismo hacia la izquierda. No hay garantías preestablecidas de que así suceda. Ello dependerá de la evolución que adopten las fuerzas en conflicto; dependerá de que el kirchnerismo no renuncie a sí mismo ni se malverse por puro pragmatismo; dependerá además de la formación de una izquierda autonomista capaz de tensionar una radicalización del proceso político no sin antes explicitar un reconocimiento de las conquistas populares logradas en la última década y una disposición a su cuidado –pienso por ejemplo en las sumamente interesantes posiciones que sostienen frente al PT el Movimiento sin Tierra o el Movimiento de los Trabajadores sin Techo de Brasil, cuya compleja lucidez, salvo muy contadas excepciones, es aún inexistente en la izquierda argentina–. La prosecución de la fecunda experiencia política latinoamericana dependerá, en fin, de lo activos que seamos capaces de ser en la confianza democrática recibida como herencia de tantas generaciones malogradas.

* Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba.

SANDRA ARROYO SALGADO VOLVIO A DECLARAR POR LA MUERTE DE SU EX ESPOSO La jueza acusa y bloquea la investigación

Por Raúl Kollmann

La jueza Sandra Arroyo Salgado se presentó el lunes ante la fiscal Viviana Fein y dijo que tenía elementos para aportar. Según los trascendidos, sostuvo que a su ex marido, Alberto Nisman, lo mataron por dinero, con lo que quiso decir que el supuesto asesino fue un sicario, alguien que cobró por matar. Al mismo tiempo ratificó que el informático Diego Lagomarsino fue parte del plan criminal. Arroyo Salgado quiso reforzar la hipótesis del homicidio que viene sosteniendo y que, al menos por ahora, se choca con datos que están en el expediente: Nisman murió de un disparo a menos de un centímetro, dentro de un baño en el que no hay rastros de lucha y él no registra lesiones defensivas, se usó una pistola que –en principio– el propio fiscal pidió prestada y que también le pidió por otro lado a su custodio de mayor confianza. Esos elementos apuntan más a suicidio que a homicidio, pero la investigación está todavía a mitad de camino. Maximiliano Rusconi, defensor de Lagomarsino, acusó ayer a Arroyo Salgado de “generar obstáculos porque le teme a la verdad”.

Desde el primer día, la ex esposa de Nisman asegura que al fiscal lo mataron y reforzó esa postura con el informe que presentaron sus peritos el jueves pasado. De manera más que extraña, los forenses Osvaldo Raffo y Julio Ravioli, así como el criminalista Daniel Salcedo, pusieron en su dictamen que “se descartan las hipótesis de muerte accidental y suicidio”. No es propio de peritos de tanta experiencia, que no suelen descartar hipótesis en forma tan categórica. Hay un dato significativo: en una versión de las conclusiones que recibió el diario La Nación se da un diagnóstico muy distinto y se habla de que “que el suicidio es una hipótesis poco probable”, o sea que no se le cerraba la puerta a la alternativa de que el fiscal se haya quitado la vida. Todo indica que la versión que recibió La Nación fue cambiada a último momento por pedido de Arroyo Salgado.

“Al doctor Nisman lo mataron por dinero”, habría declarado la jueza ante Fein el lunes. La frase llevó a especulaciones sobre conflictos económicos, pero un allegado a la jueza le aclaró a este diario que cualquier mención de ese estilo apuntaba a explicar que el homicida fue un sicario o sea alguien que mató a cambio de dinero. Además, la ex esposa de Nisman insistió en que Lagomarsino fue parte de la operación: “En un caso como éste, entre víctima y victimario hay un intercambio. La huella que dejó el victimario fue nada menos que el arma”, argumentaron en su entorno. La hipótesis alrededor de la cual gira la jueza todo el tiempo es que hubo una organización que mató al fiscal, un servicio de inteligencia que no identifica, que es quien pagó al sicario y financia una estructura de defensa de Lagomarsino.

A primera vista, la hipótesis parece tener puntos débiles muy serios:

- Parece improbable que un sicario mate con un calibre 22, viejo y prestado.

- Si se trató de un asesino a sueldo es más inexplicable todavía que el supuesto crimen se haya cometido en el baño y sin resistencia.

- Si Lagomarsino fue parte del plan criminal, también es más que improbable que se haya usado un arma que está a su propio nombre.

- Un punto clave para el equipo de Arroyo Salgado es que la data de muerte fue 36 horas antes de la autopsia, lo que lleva el horario a las 20 del sábado 17 de enero e, incluso, con el margen de error a las 16 de ese día. Ello ubica en la escena a Lagomarsino. La autopsia, hecha por los forenses de la Corte Suprema afirma, en cambio, que la muerte se produjo entre las 11 y las 15 del domingo.

El abogado Rusconi se metió ayer otra vez en esta polémica publicando en un comunicado que la computadora de Nisman se abrió, en el departamento del fiscal, el domingo 18 a las 7.25 de la mañana. Rusconi afirma que ese dato surge de la pericia que se estaba haciendo en presencia de los especialistas de todas las partes y que los peritos informáticos coincidieron en que la computadora se abrió a esa hora y que el fiscal revisó tres diarios y el correo de Yahoo. El letrado agregó que los diarios se distribuían en Le Parc a las ocho y por eso el fiscal revisó lo publicado más temprano. Los peritos de Arroyo Salgado afirman que es cierto que hubo acceso a la computadora, pero que no está probado que haya sido en el mismo departamento, sino que pudo ser de forma remota. Con esta variante nuevamente apuntan a Lagomarsino.

Las relaciones entre Arroyo Salgado, la fiscal Fein y la jueza Fabiana Palmaghini aparecen como tirantes, con momentos de mayores y menores conflictos. Cuando la jueza Palmaghini ordenó el allanamiento a la vivienda de Lagomarsino se despachó con dureza contra Arroyo Salgado:

- Le señaló que pedía el allanamiento con premura cuando ya transcurrieron 40 días de la muerte.

- Cuando se registró la caja de seguridad del Banco Ciudad, que estaba a nombre de Nisman y su madre, no se le advirtió a la fiscal que la madre ya había sacado las cosas de la caja y después hubo una tardanza de cinco días en declararlo.

- No se dieron respuestas rápidas a interrogantes planteados por Fein sobre las armas que Nisman tuvo a su nombre y el destino de automóviles que también surgen registrados por el fiscal.

Se pide velocidad por un lado, pero no se responde velozmente por el otro, es el mensaje de Palmaghini.

De todas maneras, el punto mayor de controversia fue el frenado de la pericia informática. Los allegados a Arroyo Salgado afirman que está suspendida porque el perito Gustavo Pressman tuvo que viajar a Panamá. Del lado de Rusconi aseguran que se paralizó por pedido de Arroyo Salgado a raíz de que la pericia demostraba que la computadora se abrió en la mañana del domingo y que eso derrumba su hipótesis sobre el homicidio.

Las peleas abarcaron el sorpresivo testimonio de Arroyo Salgado el lunes. La jueza declaró en el mayor de los secretos. Pidió que su testimonio fuera reservado en la caja de seguridad y que no se registrara en la causa judicial. Fein aceptó el pedido por estar la causa en secreto de sumario y lo único que se hizo el lunes fue incluir una foja en la que se dejaba asentado en el expediente que Arroyo Salgado había declarado. Sin embargo, los plazos del secreto de sumario se vencieron ayer y Fein –por reclamo del abogado de Rusconi– incluyó el testimonio de Arroyo Salgado en el expediente sobre el mediodía.

Los peritos Raffo, Ravioli y Salcedo estarán mañana a las 9.30 en la fiscalía de Fein. Van a ratificar el estudio que presentaron hace una semana. Dicen que no les harán preguntas porque eso quedará para más adelante. Fein quiere seguir adelante con las pericias informáticas de las computadoras, los celulares y de las cámaras de Le Parc. De allí, según cree, surgirán datos para terminar con algunas de las polémicas planteadas.

raulkollmann@hotmail.com

EVASION A LA SUIZA "Si el HSBC no repara el daño, avala una política de piratería"

"Si el HSBC no repara el daño que le causó a las finanzas argentinas, estaría avalando una política de piratería financiera internacional", sostuvo Echegaray, quien advirtió que las denuncias contra empresas que figuran en la lista presentada por la AFIP a la Justicia "siguen firmes y están siendo investigadas".

El titular de la AFIP precisó que "se cruzó la información que se recibió con los sistemas informáticos y las empresas que no tenían declarado ante la Afip (el dinero depositado en Suiza) fueron puestas a disposición del juez para que se investigue". Y agregó: "Algunas empresas se presentaron, rectificaron su declaración y pagaron sus impuestos, pero la causa penal contra ellas sigue y habrá que ver si lo que pagaron es lo correcto".

Además, el titular del organismo tributario resaltó que el expresidente del Banco Mayo y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rubén Beraja, "está vinculado en la cuenta" de Miguel Abadi, el principal evasor entre las 100 mil cuentas dadas a conocer por el exempleado del HSBC en Ginebra Hervé Falciani, con 1.400 millones dólares.

"Estamos pidiendo a la Justicia que investigue el caso del vaciamiento del Banco Mayo porque encontramos los vínculos que existen entre el fondo Gems, el señor Abadi sacando los fondos vía el HSBC, con el desfalco que se cometió en el Banco Mayo", aseguró el titular de la AFIP a Télam.

El funcionario subrayó que "Beraja está vinculado en la cuenta con Abadi, como apoderado", y anticipó que "todos estos elementos van a ser llevados ante la justicia para que se investigue el vaciamiento del Banco Mayo".

EL PARO DE LA MESA CHUECA "El campo muestra que empiezan a ponerse las cosas en su lugar"

En su habitual contacto con la prensa en el ingreso a la Casa Rosada, el funcionario hizo referencia a la protesta que desde las 0 de hoy y hasta el viernes llevan adelante Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) con un cese de la comercialización de granos, hacienda en pie y leche.

El jefe de ministros insistió en que "no es un paro" sino "un lockout patronal de quien tiene el manejo de determinados niveles de producción y, fundamentalmente, una oleaginosa de las características de la soja".

Por otro lado, criticó al precandidato presidencial del Frente Renovador, Sergio Massa, quien prometió eliminar las retenciones en casa de ganar en las elecciones generales de octubre. "A Massa le han dicho que tenía que decir eso y ha dicho eso. Mañana le dirán que diga otra cosa y dirá otra cosa. Es como el mate cocido; llena pero no engorda. No le pidamos mucho más que eso", describió Fernádez.

"RESPONSABLES DE LAS MANIOBRAS" Piden indagatoria para Magnetto, Noble y Mitre por Papel Prensa

"Resultan ser los responsables de las maniobras que se encuentran en investigación", sostiene Barbella el pedido que elevó a al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, encabezado por Ercolini. El fiscal también solicitó la indagatoria del supuesto intermediario Guillermo Juan Gainza Paz y el exsecretario de Desarrollo Industrial de la dictadura Raymundo Pío Podestá.

En su requerimiento, Barbella argumenta que "Magnetto, Mitre, Podestá, Gainza Paz y Herrera de Noble, utilizaron violencia moral a fin de generar temor en las víctimas y así lograr el resultado pretendido, que en efecto era ilegítimo".

El fiscal sostiene que el artículo 168 del Código Penal reprime a quien "con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos".

"Es decir, surge del artículo en cuestión, las distintas modalidades con las que puede encuadrarse el obrar humano dentro de la figura típica de la extorsión", señala en el pedido a Ercolini.

La causa por irregularidades en la venta de Papel Prensa durante la dictadura acumula 26 cuerpos, con el agravante de que cinco de los imputados fallecieron antes de ser llamados a declarar por el juez federal Julián Ercolini, quien tiene a cargo la investigación desde 2011.

Barbella fue nombrado al frente de la Fiscalía Nacional N°5 el 31 de diciembre de 2014, por la procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para reemplazar a Eduardo Taiano, quien ya tenía a cargo la Fiscalía Nacional Nº 3 y subrogaba, desde 2013, la fiscalía a cargo de investigar la causa Papel Prensa.

Cuando la causa estaba a cargo de Taiano, la Procuraduría de Lesa Humanidad y la Unidad de Asistencia para causas de Derechos Humanos habían presentado ante el fiscal un pedido de imputación por presunta "extorsión" y "persecución por motivos raciales" para los empresarios a los que hoy se pide llamar a indagatoria.

En ese escrito, los pares de Taiano proponían pedir las declaraciones indagatorias de todos los imputados por esos cargos, en un listado que también incluía a Paz y Podestá.

Papel Prensa era una sociedad fundada por el financista David Gravier, que murió en 1976 en un accidente aéreo en México, y tras lo cual el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo, y de Rafael Ianover, querellantes en la causa.

Precisamente, ambos fueron secuestrados por agentes de la dictadura y denunciaron que fueron obligados a ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad mixta formada por el Estado y por los tres diarios, promovida por el presidente de facto Jorge Rafael Videla.