Por Mariano Kestelboim *
El fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en contra del sistema de administración de importaciones de Argentina, expresa nuevamente los grandes obstáculos que debe sortear una economía para desarrollarse. La resolución, dictada el pasado 15 de enero, obliga a nuestro país a tener que negociar con Estados Unidos, la Unión Europea y Japón algún esquema de mayor apertura comercial en beneficio de esas economías. En caso de que no se llegue a un acuerdo, los gobiernos denunciantes podrían imponer represalias en contra de las exportaciones nacionales a sus mercados.
El régimen de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación va en contra de la organización mundial de la producción neoliberal. Esta, de forma cada vez más intensa, busca imponer una división internacional del trabajo donde cada país se especialice en la explotación de sus recursos más abundantes. En el caso de Argentina, como en el resto de Sudamérica, eso implica una matriz productiva con más énfasis en la extracción de recursos naturales y menos participación de la industria.
No incide en el fallo de la OMC que Argentina, con el criticado sistema de administración comercial, haya acompañado el crecimiento mundial del comercio e incrementado su demanda externa hasta los niveles más altos de su historia. En relación con el pico de importaciones del siglo XX (31.377 millones de dólares en 1998), llegó, en 2011, a aumentar sus compras externas en un 137 por ciento (74.319 millones de dólares). Tras la recesión del año pasado y con un comercio internacional estancado desde 2011, las importaciones cayeron a 65.249 millones de dólares, monto para nada despreciable en perspectiva histórica. De hecho, esa cifra equivale aproximadamente al 16 por ciento del PBI de 2014, mientras que las importaciones, en su máximo de la convertibilidad, representaban sólo el 11 por ciento del PBI de 1998.
Tampoco es válido para modificar el veredicto que haya aumentado el déficit comercial de Argentina con las tres economías que la denunciaron. El intercambio con Estados Unidos, desde la devaluación de 2002 y hasta 2005, había registrado superávit. Los años siguientes tuvo déficit y, desde 2012, su rojo se estabilizó en unos 4000 millones de dólares. Con la Unión Europea, después de la devaluación de 2002, se registró un superávit hasta 2011. A partir de ese año, Argentina ha sostenido un déficit que alcanzó un pico de 2939 millones de dólares en 2013 y cayó a 1229 millones en 2014. En tanto, con Japón, hubo déficit en todos los años de las últimas dos décadas, excepto en 2002. Después de ese año, el primer máximo fue en 2008 con un saldo comercial negativo de 859 millones de dólares y el segundo fue el año pasado con 594 millones de dólares.
Si bien en la última década se produjo un proceso de diversificación de mercados de destino de las exportaciones de Argentina y se generaron nuevas alianzas que le han permitido a la política local ganar grados de libertad en las negociaciones internacionales, la asimetría de poder con las potencias litigantes es, obviamente, enorme. Mientras que, para nuestro país, los mercados de la UE, Estados Unidos y Japón representan poco más de la quinta parte de las exportaciones totales (en los noventa representaban casi el doble), la participación de las ventas de esos países a Argentina, en relación a sus exportaciones, es marginal.
Ningún país ha podido desarrollarse sin administrar su comercio exterior. Forma parte de cualquier proceso de desarrollo productivo. Consiste en ir utilizando las divisas que origina la economía, a través de sus exportaciones y/o del financiamiento externo, en las necesidades requeridas para el crecimiento de su aparato productivo. La facultad de regular el comercio exterior, reprimida por la OMC, fue aplicada, entre otras economías, por el Reino Unido en el siglo XIX, con aranceles de entre 45 y 55 por ciento, y por Estados Unidos con aranceles en torno del 50 por ciento, durante la primera mitad del siglo XX. También Japón, Corea, Taiwan y China fueron, en la segunda mitad del siglo XX, importadores muy restrictivos en pos de promover el crecimiento de sus industrias.
Otra gran barrera al desarrollo y la más clara parcialidad de la OMC a favor de los países centrales es que no están limitadas las trabas comerciales y los subsidios en el sector agrícola. Esta es un área clave para generar recursos en economías atrasadas y suele ser competitivamente débil en países desarrollados. Supuestamente, en la última ronda de negociaciones se iba a comenzar a desregular el comercio agrícola, en favor de las economías subdesarrolladas. Pero las negociaciones naufragan hace ya 14 años.
En definitiva, el liberalismo se aplica donde les conviene a las naciones más poderosas y posterga los intentos de desarrollo de las economías pobres. Ahora bien, la regulación comercial argentina de la última década no puede dejar de estar presente si se busca una transformación del aparato productivo que implique la generación de empleos de creciente calidad y mayor autonomía económica. De otra forma, los mercados por sí solos y espontáneamente no generarán las condiciones que promuevan el desarrollo productivo para romper el statu quo de dominación externa con estrechas relaciones de poder internas no alineadas con los objetivos de transformación. El sueño del modelo de libre mercado como mecanismo promotor del desarrollo no funcionó en ninguna economía y comprar ese cuento le provocó a la Argentina severos daños que aún no ha podido terminar de revertir. Desde ya, la política comercial sola no alcanza, pero es una pieza fundamental en un programa de desarrollo.
Frente a este escenario local e internacional, regulado por una OMC dominada por los intereses de los países desarrollados, nuestro país debe modificar la forma de administración del comercio.
Después de la reducción generalizada de aranceles en los sectores no agrícolas, las prácticas proteccionistas de las potencias económicas no desaparecieron, inclusive en la industria. Se han vuelto mucho más selectivas, adoptaron mecanismos menos evidentes de implementación y una administración más compleja. Una investigación de la Fundación Pro Tejer, titulada “Derribando Mitos”, revela que, desde la creación de la OMC en 1995, las medidas no arancelarias de defensa comercial (son disposiciones gubernamentales que obstruyen el comercio) se incrementaron exponencialmente. El informe indica que, en ese año, había 1472 medidas no arancelarias vigentes y que, al 30 de junio de 2014, esa cifra se había multiplicado 23 veces, llegando a los 34.569 casos efectivos. La mayoría (18.155) son denominadas como “obstáculos técnicos al comercio”. Se trata de normas y métodos de clasificación, prescripciones de seguridad, normas de calidad, muestreos e inspecciones, pruebas de laboratorio sobre composición, etiquetados, registros de empresas, entre otras, que utilizadas en exceso y discrecionalmente restringen el comercio. También son muy frecuentes las medidas sanitarias y fitosanitarias (12.788 registros informados a la OMC). Es usual que los análisis requeridos y las normas técnicas adoptadas se transformen en una barrera comercial mediante múltiples formas. Suele ocurrir que los exámenes previos a la certificación de mercaderías deban realizarse en laboratorios controlados por el país importador y son habituales los cuellos de botella en los análisis requeridos. También es usual que las regulaciones contengan exigencias técnicas extraordinariamente elevadas o que las reglas establecidas cambien súbitamente. También puede ocurrir que haya sesgos en la interpretación de los resultados o poca transparencia general en los mecanismos de control.
El fallo de la OMC contra Argentina es un claro intento de bloqueo del ejercicio de la regulación pública de los mercados. Sin embargo, además de seguir procurando diversificar el comercio, existen mecanismos más sofisticados de administración que, con la recuperación de la capacidad de gestión pública de los últimos años, deberían poder instrumentarse de modo de generar una plataforma de medidas no arancelarias, como aplican los países desarrollados.
* Economista de la Sociedad Internacional para el Desarrollo.
@marianokestel
