› HABLO LA FISCAL DE LA CAUSA DEL TRIPLE CRIMEN DE VILLA MORENO. Toda la verdad detrás de la masacre

Por Lorena Panzerini

"Tengo pruebas suficientes para que haya cuatro condenas", aseguró ayer la fiscal Nora Marull, quien estará a cargo de las acusaciones en el juicio oral por el triple crimen de villa Moreno, que comienza el miércoles. Para la funcionaria, que hace dos años y once meses está a cargo de la investigación por la que pasaron varios jueces, se trató de un "hecho bisagra" y "atroz". Al mismo tiempo, pidió a los más de 80 testigos que desfilarán por Tribunales que vayan "a decir las verdad, sin distorsiones", porque aseguró: "No vamos a permitir encubrimientos ni falsos testimonios". Y adelantó que pedirán "penas altas" a para Sergio "Quemado" Rodríguez, Daniel "Teletubi" Delgado y Brian "Pescadito" Sprio, acusados de homicidio agravado por la participación de un menor; y para Mauricio "Maurico" Palavecino, imputado como partícipe necesario del hecho que terminó con las vidas de Jeremías Trasante, Adrián "Patóm" Rodríguez y Claudio "Mono" Suárez, el 1º de enero de 2012. Familiares y amigos de las víctimas, junto a miembros del Movimiento 26 de Junio, harán la previa del juicio con un festival de vigilia, el martes por la noche.

Marull, junto al fiscal Luis Schiappapietra que la acompañará en las audiencias, señaló que el hecho fue "muy duro". "Las víctimas eran chicos muy jóvenes, y totalmente ajenos a esta venganza errada. La injusticia que resultó ese ataque violento en el que alguien se enoja y va contra tres chicos inocentes, con una metralladora a matar, es verdaderamente atroz. Tenían una vida por delante. No hay razón para hacerlo, y después se buscó desviar la investigación", dijo. "Fuimos varias veces al lugar del hecho, a la canchita del club Oroño --en Presidente Quintana y Dorrego-- donde fue el hecho, y realmente estar ahí te da un concepto de cómo fue lo que jurídicamente se llama el modus operandis, totalmente diferente a lo que sería su uno no conociera perfectamente el lugar", señaló.

Al mismo tiempo, Marull sostuvo: "Me entrevisté con muchos de los testigos que estarán en el juicio y a todos les dije lo mismo: que vengan a decir la verdad, que no vengan a distorsionar o a ocultar, y mucho menos a mentir. No vamos a permitir encubrimientos ni falsos testimonios, eso lo tenemos claro". En ese sentido, dijo que "esta causa tiene una responsabilidad social muy importante para los testigos, y deben tenerlo muy en cuenta".

La funcionaria recordó que la causa tiene 24 cuerpos, de 500 fojas cada uno, con puras pruebas que deberán ser llevadas a las audiencias. Hay más de 500 discos y 340 casettes de escuchas. Mi equipo de trabajo y yo los escuchamos uno por uno en forma personal. Fue un trabajo muy largo en el que buscamos si se nos había pasado algo que no teníamos. De ese reexamen obtuvimos más pruebas", dijo la fiscal, quien espera "estar a la altura de las circunstancias".

Por otro lado, recordó que Brian "Damiancito" Romero, un quinto imputado por el hecho tuvo una participación secundaria, tal como surge de las escuchas y mensajes de texto, por lo que el muchacho fue condenado a ocho años de prisión en un juicio abreviado, avalado por el juez Julio Kesuani.

En tanto, el triple crimen tiene otras 22 causas relacionadas por las personas implicadas en la matanza de los tres pibes militantes sociales. La más compleja es la de connivencia policial en la que hay tres policías acusados de encubrimiento del hecho, por su relación con el principal acusado, el "Quemado". Marull recordó que esa causa también está para resolver, pero bajo el sistema escrito; y tiene como requisito, ser juzgada una vez resuelta la causa madre. Las otras son por ataques a balazos, como los dos que desencadenaron el triple crimen, de Facundo Osuna y Maximiliano Rodríguez, ambos fallecidos tiempo después en otros hechos relacionados. "La banda que actuó acá se relaciona con el narcotráfico. Es una primera línea de bandas conocidas, pero allí no hicimos foco de ninguna manera, aunque hay muchas escuchas en las que se hablaba de delitos y drogas, y todo eso está en la Justicia Federal. Nosotros estamos enfocados a probar que ellos fueron, que bajaron de una Kangoo (aquella madrugada), cometieron este delito y huyeron. Después comenzaron a intentar desviar la investigación. Estamos preparados", dijo; y negó la politización del Poder Judicial, durante la investigación.

Al mismo tiempo, les pidió a los cinco abogados defensores, Carlos Varela, Fausto Yrure, Adrián Martínez, Gabriel Navas e Ignacio Carbone, "que obren de buena fe y tengan un litigar responsable".

En tanto, Pedro "Pitu" Salinas, representante del M26, donde militaban los tres pibes asesinados hace casi tres años, adelantó que el martes al mediodía comenzarán a armar la carpa donde pasarán las noches, durante las audiencias orales. La noche del martes se realizará un festival, para acompañar a las familias en la previa del juicio. Sobre ellos, Marull destacó: "Estas familias confiaron en la Justicia. Se movilizaron, pero siempre apoyaron la investigación. No hicieron justicia por mano propia, no agarraron una metralladora, sino que confiaron".

En tanto, desde el Tribunal oral, compuesto por los jueces Gustavo Salvador (presidente), José Luis Mascali e Ismael Manfrín, recordó que las audiencias comenzarán el miércoles, a las 9, con los alegatos de apertura; mientras que el segundo día --cuando arranquen las declaraciones-- estará prohibido el ingreso con teléfonos celulares.

› LOS RECLAMOS A GRIESA DE LOS HOLDOUTS YA SUMAN 4700 MILLONES DE DOLARES Van llegando buitres al baile

Por Tomás Lukin

“La acumulación de reclamos por 4700 millones de dólares en el juzgado de Thomas Griesa para acceder a la misma sentencia que los buitres nos da la razón: pagarles a los fondos encabezados por NML Capital como afirmaban los propios demandantes y como reclamaron supuestos especialistas y políticos opositores no sólo era imposible, sino que tampoco solucionaba el conflicto”, afirmó ayer a Página/12 un colaborador del ministro de Economía, Axel Kicillof. El berenjenal generado por la sentencia y órdenes del tribunal de Nueva York habilitó en las últimas semanas que un creciente número de acreedores carroñeros –incluso con sentencias monetarias firmes en otros tribunales– se presenten ante el juez para solicitar el mismo tratamiento preferencial ofrecido a los buitres. Para el equipo económico, esa vía “dificulta seriamente” cualquier conversación potencial que emerja cuando se evaporen las restricciones legales para negociar.

Ese diagnóstico fue transmitido el jueves en una carta enviada al magistrado por el estudio de abogados Cleary, Gotlieb Steen & Hamilton, que representa a la Argentina. “Las sentencias de pari pa-ssu no pusieron fin a los litigios, como aseguraron a la corte los demandantes. Por el contrario, como argumentó en todo momento Argentina, las medidas tuvieron el efecto contrario y durante cuatro meses impidieron que los bonistas del canje reciban sus pagos”, advierte la carta enviada el jueves que lleva la firma del abogado Carmime Boccuzzi. La misiva de los abogados contratados por Argentina representa una respuesta al letrado buitre del fondo NML, Robert Cohen, quien señaló que, además de los 1600 millones de dólares ya sujetos a la orden pari pa-ssu, existen otros 102 demandantes –con y sin sentencia en sus respectivas causas iniciadas años anteriores– que solicitarán “reparaciones” idénticas. A través de un comunicado difundido ayer, el Ministerio de Economía enfatizó esa posición al señalar que esa avalancha de reclamos “demuestra los desastrosos efectos de la orden pari passu” del juez Thomas Griesa.

Por eso, desde el equipo económico reiteraron a Página/12 el reclamo para que el tribunal estadounidense abra una mesa de negociación con el 7,6 por ciento de los buitres y holdouts que no participaron del canje para encontrar una solución en condiciones “justas, equitativas, legales y sustentables”. “Queremos negociar con todos nuestros acreedores, pero extenderles el defectuoso remedio de pari passu inventado por el juez dificulta cualquier discusión que se pueda abrir cuando se levanten los impedimentos legales”, explicaron fuentes de Economía. De todos modos, hasta que la cláusula RUFO no venza –obliga a extender una mejor oferta a todos los acreedores–, la posibilidad de cualquier negociación está clausurada.

Los funcionarios del Palacio de Hacienda advierten que facilitar a los denominados “yo también” (“me too”, en inglés) el poder otorgado a los buitres es perjudicial y, fundamentalmente, económicamente imposible de cumplir. Extender las condiciones financieras de NML Capital a esos acreedores podría incrementar el reclamo a una cifra que oscilaría entre 12.000 y 24.000 millones, dependiendo cómo se calculen los intereses. La amplitud del guarismo se debe también a que entre el 7,6 por ciento de los tenedores de bonos que no ingresaron al canje hay, por ejemplo, algunos que ya lograron sentencias favorables en otros tribunales y ahora buscan que Griesa les extienda el tratamiento pari passu.

“No puede ser equitativo intentar obligar a la República –cuyas reservas son aproximadamente de 28 mil millones de dólares y deben ser utilizadas para fines macroeconómicos estratégicos– a hacer lo imposible y pagar íntegramente la deuda en manos de los holdouts”, advierte la carta del estudio de abogados para recordarle al juez que gran parte de esos pasivos fueron “adquiridos con un importante descuento en el mercado secundario con el único objetivo de extraer por la vía legal mejores condiciones que la amplia mayoría de los acreedores que participaron de la reestructuración”.

CAYO 40 CENTAVOS Y CERRO A 13,10 PESOS, VALOR SIMILAR AL DE ENERO El dólar blue se desinfló

 Por Federico Kucher

El dólar ilegal continuó registrando una fuerte caída de precio, lo que muestra las menores presiones cambiarias en la plaza financiera. La cotización del blue cerró ayer a 13,10 pesos, con una caída de 40 centavos, para retornar a los mismos valores de enero de este año, mientras que el dólar oficial cotizó a 8,52 pesos, sin cambio respecto del miércoles. El incremento de los controles cambiarios en la city a partir del recambio de autoridades del Central, la confirmación de un swap de monedas con China para reforzar el nivel de las reservas internacionales, el aumento de las tasas de interés para depósitos de los ahorristas minoristas y la emisión de bonos dollar-linked (ver aparte) fueron instrumentos centrales del Gobierno para disminuir la brecha cambiaria, la que descendió del 80,4 al 53,7 por ciento en el último mes.

Desde finales de septiembre, con la llegada de Alejandro Vanoli al frente del Central, el tipo de cambio paralelo pasó de 15,3 a 13,1 pesos. Los controles en la plaza financiera fueron una herramienta central del equipo económico para disminuir las tensiones cambiarias y moderar las expectativas de devaluación. En la city se desplegó una serie de inspecciones sobre las principales entidades y casas de cambio, las que terminaron con multas y la suspensión de actividades en algunos establecimientos. Una de las acciones más recientes fue contra el Banco de Valores, entidad que recibió esta semana una sanción por 160 millones de pesos por irregularidades en las operaciones de contado con liquidación, maniobra empleada para la fuga de divisas. Se trata de los montos más altos para el registro de multas de la autoridad monetaria.

El Gobierno, con el recambio de las autoridades del Central, dio fuertes señales de endurecimiento en las regulaciones para impactar en la caída de la cotización del blue. El dato requiere observar que la presidenta, Cristina Fernández, había criticado la inactividad de la entidad en las últimas décadas, lo que derivó en un archivo de 80 mil denuncias de supuestas ilegalidades en el mercado de cambios que permanecían congeladas.

Además de las mayores inspecciones, el equipo económico avanzó con medidas macroeconómicas para moderar las distorsiones cambiarias asociadas con la falta de divisas de la economía. Una iniciativa central que avanzó en esta dirección fue acordar un intercambio de monedas con China, por lo que ingresaron al país cerca de 900 millones de dólares. El instrumento fue clave para estabilizar el nivel de las reservas internacionales, que ayer cerraron en 28.118 millones de dólares, para incrementarse 7 millones respecto del jueves y 15 millones contra fines de octubre.

En lo que se refiere a la Bolsa de Valores, se registró una caída del 2,7 por ciento en el panel de acciones líderes (MerVal). Las empresas energéticas y los bancos registraron las contracciones más importantes. Por caso, el Banco Macro anotó un retroceso del 6,8 por ciento, mientras que Banco Galicia lo hizo al 2,3 por ciento. Además, la brasileña Petrobras computó una disminución del 4,8 por ciento, al tiempo que YPF bajó 2 por ciento y Transener se contrajo 2,3 por ciento. Otras compañías que anotaron importantes disminuciones fueron Comercial del Plata (-1,5 por ciento), Siderar (-5,4), Tenaris (-5,2), Aluar (-3,9) y Telecom (-2,2). Los títulos públicos, en tanto, registraron un incremento del 0,1 por ciento en el Bonar 2017, del 0,3 por ciento en el Bonar 2024 y del 3,1 por ciento del Cupón vinculado con el Producto. A diferencia de este desempeño, el Boden 2015 arrojó una disminución del uno por ciento.

ECONOMIA › PANORAMA POLITICO Derogaciones

 Por Luis Bruschtein

La idea de derogar fue capturada por la oposición. Apareció en algunos discursos y rápidamente salió de circulación. Es el sueño, es el deseo, pero cuando se dice en voz alta tiene una resonancia impresentable, poco democrática. Entonces se retiró subrepticiamente y volvió a ser el sueño oculto, la sombra de un resentimiento acunado por el sinsentido de que gobiernen los que no tienen razón, los que piensan, visten, comen y sienten distinto de como lo hace el ciudadano civilizado. Cuando las cosas vuelvan a su sentido habrá que borrar todo lo que se ha degenerado con estos sinsentidos. Derogar. Es imposible un diálogo democrático cuando la oposición deambula con la idea de que el único sentido es el propio y es incapaz de colegir que puedan existir otros sentidos diferentes. La ceguera encasilla automáticamente cualquier sentido diferente como delictivo, ilegal o inconstitucional.

La Constitución es concebida como un blindaje mágico de ese único sentido conservador. Pero el blindaje real y no mágico no es la Constitución, sino el universo judicial con que se la rodeó, las academias, las corporaciones, las burocracias y aristocracias, las familias judiciales y los ritos ocultistas de juicios que parecen las viejas misas medievales que hasta la Iglesia ya dejó de lado.

Casi todas las leyes que han ido trazando la cristalización de nuevos derechos han sido, una por una, desestimadas por “inconstitucionales” por la oposición. Parece un chiste, pero es la representación de la intolerancia. Habría que seguir los artículos del constitucionalista Gregorio Badeni (elegido en 1978 como uno de “los diez jóvenes brillantes” por la Cámara junior de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires) en el diario La Nación, donde la palabra “inconstitucional” se repite con la ley de medios, la de Papel Prensa, la Ley de Abastecimiento y en relación con las decisiones del Gobierno en el ámbito de la Justicia.

Versiones periodísticas aseguran incluso que el fiscal Guillermo Marijuán se asesoró con Badeni antes de su embestida judicial contra la procuradora Alejandra Gils Carbó. En todo caso, las declaraciones de inconstitucionalidad alimentan y se respaldan en un supuesto derogacionismo republicanista que tiene poco de republicano.

Además de haber sido premiado como uno de los diez jóvenes brillantes de 1978, en ese mismo año Badeni fue designado en la intervención del Banco de Hurlin-gham, vinculado con la represión contra la familia Graiver y con el caso más truculento de persecución a empresarios durante la dictadura. Toda la plana mayor del banco fue secuestrada y algunos de ellos quedaron en cautiverio en Campo de Mayo, donde fueron torturados ante la presencia del entonces titular de la Comisión Nacional de Valores, Juan Carlos Echebarne, y del ex juez Rafael Sarmiento.

El constitucionalista ya tenía experiencia como funcionario de otros gobiernos no constitucionales ni republicanos. Durante la dictadura de Alejandro Lanusse fue letrado de la Fiscalía (similar al cargo de secretario de Cámara) de la Cámara Federal Penal, más conocida como Camarón. Y fue designado a dedo sin tener los antecedentes requeridos para esa función. El Camarón antiterrorista fue disuelto por el gobierno de Héctor J. Cámpora. Paradójicamente, el constitucionalista Badeni nunca fue funcionario judicial de gobiernos democráticos y sí de dos dictaduras. Es más, fue socio durante muchos años, en su estudio jurídico, de Mariano Gagliardo, quien llevaba los juicios comerciales de Emilio Eduardo Massera, su viuda e hijos. Gagliardo fue defensor de Massera en el juicio por daños que le hizo y ganó Daniel Tarnopolski por la desaparición de toda su familia secuestrada por el Grupo de Tareas de la ESMA.

Badeni es un académico reconocido y titular de distintas cátedras, pero no deja de ser significativo que un constitucionalista de referencia para la oposición haya sido funcionario judicial en dos dictaduras y nunca lo haya sido en gobiernos democráticos, cuyas medidas, sin embargo, tacha de “inconstitucionales” y antidemocráticas cuando afectan intereses de grandes empresas. Badeni es nada más que un ejemplo. No se trata de personalizar, sino de mostrar que esta paradoja de rodear la Constitución con intérpretes que pueden justificar una dictadura en defensa de la Constitución está en la raíz del entramado hegemónico del universo judicial, de su conservadurismo y de las fuertes reacciones que produce cualquier medida que tienda a romper esa inercia feudal. Otro referente menor que aparece en ese cuadro es Daniel Sabsay, un abogado que se autodefine como constitucionalista, pero que nunca presentó una tesis de posgrado en el tema. Ha quedado en ridículo estos días por la viralización en las redes sociales del certificado de diploma de la presidenta Cristina Kirchner a la que había acusado de no ser abogada. En declaraciones radiales, Sabsay equiparó al Gobierno con algunos hechos del nazismo. No se puede hacer esas acusaciones a troche y moche sin banalizar así un hecho tan terrible como el Holocausto judío.

Una sociedad que va plasmando derechos está obligada a ir transformando la Justicia, a modernizarla y mejorarla. Son nuevas leyes y nuevas formas de administrar justicia, porque uno de los derechos que se amplían y profundizan es también el de la justicia. La hegemonía conservadora está tan enraizada en la cultura judicial argentina que en toda esa masa de nuevas leyes y reformas a los códigos que se han producido, la oposición solamente puede ver la búsqueda de impunidad para supuestos actos de corrupción. Ve el delito y no puede ver una propuesta de progreso, de construcción real de ciudadanía, ya sea debatible o imperfecta. Está tan condicionado ese esquema de pensamiento que cuando se trata de cambiar en un sentido progresivo a la Justicia, solamente puede ver el delito como trasfondo.

Es un pensamiento infantil, como el miedo al hombre de la bolsa. Nadie razonablemente en sus cabales puede pensar que se diseñe y establezca esa masa impresionante de leyes y reformas para lograr impunidad futura por actos de corrupción. Sería un trabajo monumental al divino botón. Una ley o miles de leyes que establezcan impunidad no tienen futuro, como lo demostraron la autoamnistía de la dictadura, el punto final o la obediencia debida del radicalismo y los indultos de Carlos Menem. Un argumento poco inteligente como éste sólo puede ser sostenido por ese andamiaje conservador hegemónico que reacciona furiosamente contra los cambios. El miedo no es a la corrupción, sino a los cambios, por eso no se debate, se sueña con derogar y se desea que todo quede como estaba.

La embestida contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, forma parte de ese cuadro de fuerte reacción contra los cambios en la Justicia. Cuando fue designada, nadie objetó su idoneidad para el cargo ni su integridad personal. Cuando movió la estructura del organismo, pasó a convertirse en la peor de todas. En poco tiempo, el fiscal Marijuán abrió varias causas, por la designación de fiscales subrogantes o por el supuesto espionaje a otro fiscal; el portal de Hadad la acusó de corrupción, y también se sumó a esa campaña reaccionaria el sector del gremio de judiciales que responde al moyanista Julio Piumato. De todas las acusaciones, la más absurda fue la defensa que hizo Marijuán del fiscal Cesar Troncoso, que está siendo investigado porque protegió a un grupo de policías federales acusados de prostituir a dos chiquitas de 13 y 15 años.

Cada pequeño paso que se ha dado para transformar algún aspecto de la sociedad, desde la negociación de la deuda externa, hasta la anulación de las leyes de impunidad, pasando por la reestatización de las jubilaciones y Aerolíneas, entre tantas otras, debió soportar grandes reacciones y protestas de la oposición y de los medios, campañas de difamación, acusaciones que conmocionaron y nunca se comprobaron, todo orquestado como parte de un poderoso arsenal para frenar, destruir y deslegitimar. La reacción conservadora, que en cada uno de esos ejemplos arrastró corrientes supuestamente progresistas y de izquierda, demostró el peso que siempre ha tenido en la sociedad. Porque no es algo nuevo y, sin embargo, siempre hay que discutirlo como si fuera un descubrimiento.

ECONOMIA Planificación fiscal

Por Alfredo Zaiat

La disposición 19 de la AFIP creó la Dirección de Fiscalidad Internacional en 2010, área que tiene como responsabilidad “entender en el estudio de sectores económicos, detectando zonas de riesgo para el control tributario en materia de operaciones internacionales, precios de transferencia y otros temas de fiscalidad internacional, así como efectuar investigaciones estratégicas para apoyar las acciones operativas de investigación y fiscalización en materia de su competencia”. En ese departamento están dedicadas 35 personas para abordar el complejo entramado denominado “precios de transferencia”. En esta misma columna del 19 de abril pasado se escribió que ese tema no formaba parte del debate económico habitual pese a que es una cuestión muy importante para comprender aspectos vinculados con la elusión y evasión impositiva, la fuga de capitales y las dificultades de la industrialización por sustitución de importaciones. Se mencionaba que era una trama que debía adquirir mayor densidad política para abordar la restricción externa (escasez de divisas debido a la fragilidad de la estructura económica argentina), siendo los protagonistas principales las multinacionales. El caso Procter & Gamble y otros similares que están en investigación avanzada empiezan a ubicar las operaciones de precios de transferencia en un lugar relevante de la cuestión impositiva y cambiaria.

La denuncia contra P&G tiene una importancia que ni uno de los principales anunciantes privados puede ocultar pese a la voluntad de los grandes medios. Su presidente para América latina, Armin Zerza, y el responsable de impuestos a nivel global de la multinacional, Tim McDonald, tuvieron que viajar a Buenos Aires para enfrentar la crisis de la filial argentina y lideraron el encuentro con el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. El contenido del comunicado del fabricante de productos Gillette, Pumpers, Ariel, Panten, Duracell, entre otras decenas de marcas de consumo masivo, es un reconocimiento de que algo no estaban haciendo bien en materia impositiva y cambiaria. En ese texto informan que “estamos trabajando con las autoridades para buscar soluciones inmediatas. Nos reunimos en un encuentro fluido y en buenos términos. Estamos totalmente abiertos y comprometidos para encontrar soluciones inmediatas, de modo de poder seguir abasteciendo el mercado con nuestras marcas líderes”. No expresaron ni acoso ni el padecimiento de una embestida oficial. Después de poner en orden los números impositivos como lo reclama la AFIP, P&G va a seguir con sus campañas publicitarias sin necesidad de más obsecuencia que la habitual de los receptores de sus avisos.

La AFIP suspendió preventivamente el CUIT de P&G por fraude fiscal y fuga de divisas al detectar sobrefacturación de importaciones por 138 millones de dólares, en una operación de triangulación donde las compras las realizaban en Brasil pero las facturaban a través de una filial de la firma radicada en Suiza. El organismo recaudador detectó además diferencias entre las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) y los destinos de importación por otros 19 millones de dólares.

Estas son típicas maniobras de “precios de transferencia”. La factura del comercio entre subsidiarias de la misma multinacional es manipulada en los valores, que incluyen intereses por préstamos o regalías por marcas y patentes, además de los precios de mercancías. De esa forma, esas empresas pueden situar sus ganancias donde menos impuestos deban pagar por ellas. Transfieren fondos de un país a otro utilizando valores más altos o más bajos en función de su conveniencia. Mediante la planificación fiscal internacional, las multinacionales persiguen el objetivo de reducir la carga impositiva global del grupo. El destino preferido de esas utilidades son las guaridas fiscales (más conocidas como paraísos fiscales), alejadas así del radar del fisco local y el del país donde está radicada la casa matriz.

Los precios de transferencia es un concepto contable relacionado con los balances presentados al fisco donde opera la filial, pero tiene un efecto que excede la cuestión impositiva, debido a que ha pasado a ser utilizado como vía para la fuga de capitales. La reciente investigación del Cefid-Ar “La manipulación de los precios de transferencia” explica que las multinacionales incrementan sus ganancias globales mediante el alza de los costos en los países con elevada presión tributaria, al tiempo que transfieren utilidades a las casas matrices a través de las guaridas fiscales. Estas son importantes no sólo por sus bajas o nulas tasas impositivas, sino también por el secretismo con el que protegen a esas firmas.

Verónica Grondona, con la supervisión de Jorge Gaggero, es la autora de esa investigación que precisa cuáles son las diferentes operaciones consideradas precios de transferencias. Dice que no son lineales y únicas y que en general las multinacionales superponen estrategias. Las siguientes son las principales maniobras:

- Reestructuraciones de negocios. Es la transferencia de funciones, activos y riesgos desde países de alta tributación hacia guaridas fiscales. Por ejemplo, bienes intangibles que se habían generado localmente como los de marketing (marca, cartera de clientes) o de manufactura (know-how local).

- Triangulaciones, subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones. Utilizan entidades localizadas en guaridas fiscales como intermediarias de sus operaciones. Por ejemplo, multinacionales cerealeras, de oleaginosas, de hidrocarburos, mineras o bienes de consumo masivo exportan sus productos a través de intermediarios (traders) radicados en Uruguay, Panamá, Suiza a un precio mínimo –subfacturación de exportaciones–, mientras la mercadería va directamente al destino final a un precio varias veces superior, reteniendo esa filial la ganancia de la operación. Con las importaciones la operación es la inversa. De acuerdo con las estadísticas del Banco Nacional de Suiza, los ingresos por el tránsito de comercio internacional a través de Suiza aumentaron en 15 veces entre 2001 y 2011, siendo commodities (94 por ciento) la mayor parte de los productos comercializados por traders suizos. Suiza es una plaza atractiva para este tipo de operaciones por su secreto bancario y los incentivos tributarios que ofrece.

- Prestación de servicios de comercialización y/o logística desde el exterior. Es bastante frecuente la utilización de comisionistas del exterior que cobran por la realización de supuestas actividades de comercialización de 5 a 10 por ciento del valor de la venta. En los hechos, es un sobreprecio que la empresa se paga a sí misma en el exterior para hacerse de dólares al valor de la cotización oficial. También es una manera de girar utilidades.

- Realización de las ventas desde el exterior. Están los casos en que la venta local es registrada como efectuada desde el exterior, a través de una empresa comercializadora ubicada en una guarida fiscal. Esta fue la estrategia implementada por Despegar.com, al transferir el 93 por ciento de las acciones a la sociedad Despegar.com INC en Delaware, lo cual le habría facilitado realizar desde allí operaciones por un valor 10 veces superior al declarado localmente.

- Servicios intra grupo, servicios empresariales y acuerdos de contribución de costos. De manera cada vez más generalizada, y como parte de estructuras de precios de transferencia, se ubica una serie de prestaciones de servicio para el resto del grupo en una firma principal, a la que el resto de las filiales del grupo enviarán pagos en concepto de reembolso de gastos bajo acuerdos de contribución de costos o en retribución por servicios prestados. Se trata de maneras de maquillar una transferencia de utilidades a la casa matriz como pago por una prestación de servicios.

- Nivel de deuda o gastos por intereses excesivos y otros instrumentos financieros. Los gastos financieros son utilizados entre entidades vinculadas para transferir ganancias desde las filiales.

Todos estos mecanismos de precios de transferencia son para girar “activos al exterior como si fueran parte de las actividades normales del negocio eludiendo, en ocasiones, las restricciones cambiarias a través de mecanismos legales que posibilitan los pagos al exterior en concepto de retribución por operaciones intra grupo”, indica Grondona. Esta organización legal impositiva y cambiaria –la AFIP la denomina planificación fiscal nociva– tiene como objetivo principal la evasión y elusión tributaria (IVA, Ganancias y tarifas aduaneras), y en los países en desarrollo la fuga de capitales. Son operaciones diseñadas en la sede de las casas matrices, por ese motivo las multinacionales tienen un responsable de impuestos a nivel global, y luego son validados localmente por asesores fiscales y legales. La investigación y posterior denuncia de la AFIP hizo visible ese tipo de maniobras con el caso Procter & Gamble, multinacional que no es la única que participa activamente en ese opaco territorio impositivo y cambiario.

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ECONOMIA › EL ESTADO SE HACE CARGO DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA Trenes públicos para llegar cada vez más lejos

 Por Javier Lewkowicz

El Estado se hará cargo de los servicios ferroviarios de pasajeros de larga distancia que conectan la ciudad de Buenos Aires con Rosario, Córdoba, Tucumán y La Pampa. Así lo anunció ayer el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, en un acto sindical organizado para conmemorar el 92º aniversario de la Unión Ferroviaria. La prestación de esas líneas estaba hasta ahora a cargo de la firma Ferrocentral (salvo en el caso de La Pampa) y quedará desde el día de hoy en manos de la empresa estatal Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse). Randazzo adelantó que el Gobierno llamará a una serie de licitaciones para realizar inversiones en el mejoramiento de las vías que conectan con Córdoba y Tucumán y también con Bariloche y Mendoza.

“Por decisión política de la presidenta Cristina Fernández, a partir de mañana (por hoy) el Estado Nacional se hace cargo de los servicios de larga distancia que unen Buenos Aires con Rosario, Córdoba, Tucumán y La Pampa”, señaló Randazzo, acompañado por el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia; el jefe de la CGT, Antonio Caló, y el secretario gremial de la CGT, Omar Viviani. “No detendremos la presencia del Estado en la administración de los ferrocarriles. El objetivo del gobierno nacional es volver a darles un servicio ferroviario de calidad a todos los argentinos, porque el ferrocarril es el motor fundamental de un país que permite generar desarrollo e inclusión para todos”, definió el ministro, uno de los precandidatos presidenciales del kirchnerismo, que empieza a tejer, de paso, vínculos más estrechos con los gobernadores a través de la vuelta del ferrocarril a destinos olvidados.

El Gobierno concentró los recursos económicos en el último tiempo en la renovación del transporte ferroviario urbano de pasajeros. Dejó atrás años (propios y ajenos) de desinversión en los ramales metropolitanos Sarmiento, San Martín, Mitre y Belgrano Sur, en los cuales renovó el material rodante con más de mil millones de dólares en las formaciones provenientes de China. Ayer Randazzo detalló que desde el próximo 25 de noviembre el ramal Tigre del Ferrocarril Mitre funcionará con todos los trenes nuevos y que en los primeros días de 2015 comienzan a embarcarse los 300 coches cero kilómetro para renovar el Ferrocarril Roca. Además, se incorporaron trenes de cercanías a La Plata, Chascomús y Cañuelas.

Ahora, dicen en la cartera de Interior y Transporte, comienza la etapa del transporte interurbano. Las dos nuevas líneas que incorpora el Estado, en las cuales hasta ahora no tenía incumbencia en la prestación del servicio, son a Córdoba y a Tucumán. El primer paso para el desembarco estatal en esos servicios fue dado el 17 de septiembre del año pasado. En ese momento, la resolución 1093 asignó a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) la prestación de los servicios interurbanos de pasajeros en los corredores ferroviarios Ciudad de Buenos Aires-Ciudad de Córdoba y Ciudad de Buenos Aires-Ciudad de San Miguel de Tucumán. “Con la resolución del año pasado se creó el marco jurídico, la competencia para hacerse cargo de estos servicios. De ahora en más, el Estado toma directamente las riendas”, explicaron en el Gobierno.

Esas líneas las venía operando Ferrocentral, empresa privada integrada por Ferrovías, controlada por el grupo Emepa-Romero. A partir del día de hoy, la operadora será Sofse, que actualmente tiene a su cargo la operación de la línea Sarmiento, el Tren de la Costa y los servicios regionales de Entre Ríos, Chaco y Salta. El Gobierno tiene planeado renovar vías y coches de las líneas interurbanas a Córdoba y Tucumán. La intención oficial es que esos servicios compitan con el ómnibus, en términos de precio y calidad del servicio. “La decisión política por la recuperación definitiva de los ferrocarriles no tiene vuelta atrás. Antes era ‘ramal que para ramal que cierra’ y hoy es ‘ramal que arranca no para nunca más’”, se regodeó Randazzo ayer ante tres mil delegados sindicales.

Para los ramales a Córdoba y a Tucumán, el Gobierno anunció ayer un “plan de vías” y en las próximas semanas llamará a una licitación para que comience el proceso de renovación. La definición de la frecuencia y los precios del servicio estarán sujetos a estudio en los próximos meses. También el Gobierno analiza renovar los coches de esas líneas. Hasta ahora hay en el país 220 vagones y 24 locomotoras importadas de China para el transporte de larga distancia. La prioridad para la renovación del material rodante son los ramales a Rosario y Mar del Plata, aunque también podría extenderse esa política a las nuevas líneas incorporadas.

Otra línea que Randazzo anunció ayer como nueva incorporación del Estado es Buenos Aires-La Pampa. En realidad, ya venía operando ese servicio, que también se está ampliando. El tren llegaba hasta la localidad de Realicó y fue ampliado luego hasta General Pico, con coches nuevos fabricados en el país, una curiosidad en el marco de la importación total de formaciones desde China. El tren a La Pampa tiene una frecuencia semanal, con ida desde Buenos Aires los viernes y vuelta los domingos. Randazzo adelantó en una reunión con el gobernador pampeano, Oscar Jorge, que “muy pronto el tren volverá a unir Buenos Aires con Santa Rosa”.

En el caso de Rosario, el Estado tenía una presencia fuerte en materia de inversiones, ahora también lo hará en la operación. Desde la cartera de Interior y Transporte explicaron que se están terminando obras en las vías y la intención es también reequipar la línea con coches cero kilómetro. La idea del Gobierno es que en el primer trimestre del año próximo esté funcionando ese tren de forma renovada. En la actualidad, el servicio es prestado por Ferrocentral con una frecuencia de dos veces por semana. Pasará a tener una frecuencia diaria. “El Estado ya adquirió los nuevos coches y se está cambiando la totalidad de la vía. Los coches cero kilómetro van a comenzar a correr en el primer trimestre de 2015”, explican fuentes oficiales. El Gobierno estudia el precio del boleto, que no está definido, aunque adelantan que estará entre un 50 y un 60 por ciento más barato que valor actual del micro.

Otro servicio interurbano que opera el Estado nacional es Buenos Aires-Mar del Plata. Antes de fin de año estará listo ese servicio con los nuevos coches, para la temporada veraniega. Arrancaría con una frecuencia de entre tres y cuatro servicios diarios. Para el año que viene, están previstas las obras de reactivación del tren a Bariloche y a Mendoza.

Cómo conseguir créditos subsidiados

(SI O DICE CLARIN, SER VERDAD?)

En 2011, Juan Ignacio Saulquín y Norberto Cicero, creadores de la escuela de percusión Siete Octavos, cumplieron su sueño de empezar a construir instrumentos musicales. Lo lograron tras presentar su proyecto al Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad (PACC) Emprendedor, que les adjudicó un subsidio de $ 90.000 con los que compraron maquinas y materia prima para arrancar. Hace pocas semanas, les otorgaron otro crédito de $ 40.000, a través del Programa Capital Semilla, para incorporar nuevas máquinas.

En tanto, entre 2009 y 2013, la empresa Reciclar, que dirige Daniel Cappeletti y se dedica a la recuperación de envases de plástico posconsumo, recibió –mediante distintas herramientas del Fondo Tecnológico Argentino (Fontar)– casi $ 6 millones. Y este año tiene presentado un proyecto por $ 1.249.540. Apalancada en estos créditos, la empresa logró mejoras tecnológicas más que significativas para su funcionamiento.

Éstos son sólo dos ejemplos de los cientos de emprendedores y empresarios de todo el país que hacen uso de las facilidades del Estado para desarrollar o mejorar su negocio.

Por casos, el Fondo Tecnológico Argentino (Fontar) financia un promedio de 800 propuestas por año. Y el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (Fonsoft) benefició a más de 450 proyectos. Más ejemplos: unas 500 empresas tomaron créditos bonificados por la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme) en 2013. Otro: durante cuatro años, entre 2009 y 2013, 3.890 firmas participaron del programa PACC Empresa. Y, en el programa Crédito Fiscal para Capacitación, estiman que ingresarán unas 3.500 solicitudes, sólo durante este año.

Teniendo en cuenta el duro contexto económico de este año, el abanico de posibilidades que ofrecen los distintos organismos gubernamentales para las pymes resulta atractivo. Desde capacitación y expertos que ayuden a analizar la empresa gratuitamente, hasta subsidios y créditos a tasa bonificada.

Ahora bien, ¿dónde encontrar el listado de programas? ¿Cómo seleccionar el que más sirve? ¿Dónde pedir ayuda? ¿Cómo armar el proyecto? ¿Qué pasos seguir en cada programa para presentar una propuesta? ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se han encontrado los que ya se postularon para algún programa? Y, en ese caso, ¿cómo las resolvieron?

Para empezar, el listado completo de programas que tiene el gobierno nacional se pueden consultar en la página web:

www.presidencia.gob.ar/sitios-de-gobierno/planes-de-gobierno. Al cierre de este informe, ofrecemos un detalle pormenorizado de los principales programas que ofrece el Ministerio de Industria y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en una detallada infografía de ocho páginas.

Vale la pena saber, además, que entre otros organismos, el Ministerio de Desarrollo Social otorga microcréditos para emprendimientos productivos, comerciales o de servicios. Y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca cuenta con una línea de créditos a tasa bonificada, para mejorar negocios del sector. También los gobierno municipales y provinciales suelen tener programas de apoyo a emprendedores o pymes.

Seleccionar el programa

La variedad de posibilidades es amplia. Por eso, los coordinadores de los instrumentos aconsejan contactarse con ellos para evaluar cuál es el que mejor se ajusta a las necesidades de la empresa, o del emprendedor. De hecho, solicitar un beneficio que no es el pertinente, o seleccionar mal la categoría de propuesta, son dos de los errores por los que se desestiman muchos proyectos.

Vale aclarar que, desde los programas, indican que no es necesario contratar a un consultor o gestor para tramitar un proyecto. Ellos mismos brindan asesoramiento gratuito, todas las veces que sea necesario. De hecho, la mayoría de los emprendedores y pymes beneficiados, los tramitan ellos personalmente.

Por supuesto, están las empresas que hacen un uso intensivo de estos programas, y optan por tercerizar en una consultora la presentación y el seguimiento del proyecto.

Reciclar, es una de las pymes que se manejan de esta manera. “Nos enteramos de las distintas propuestas a través de una asesoría privada que nos mantiene al tanto de las aperturas de convocatoria, los montos a los que podemos aspirar, las fechas de vencimiento, etc. Además, hacen todo el seguimiento del proyecto, si resulta aprobado”, explica Cappeletti.

“En nuestro caso –sigue el director de Reciclar–, preferimos dedicarnos a lo que sabemos hacer y dejar la gestión de programas en manos de la consultora. Pero, entiendo que quienes quieran hacerlo en forma particular, pueden hacerlo. Las veces que tuvimos dudas, fuimos a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica; nos dieron una reunión y nos informaron hasta sacarnos todas las dudas.”

Cappeletti habla desde su vasta experiencia en la gestión de programas. Su pyme, de Avellaneda, lleva tomados cinco instrumentos de promoción y financiamiento del Fontar. Así, entre otras mejoras tecnológicas, lograron comprar el equipo de detección y separación de envases de PVC, y desarrollaron una planta de procesamiento con la que transforman las etiquetas, tapas y anillos de seguridad de los envases, en material para la producción de sunchos y caños de polipropileno. Hoy, Reciclar emplea a 230 personas y factura $ 123 millones anuales.

Por supuesto, para la mayoría de los emprendedores que buscan apoyo para lanzar o hacer crecer su negocio, pensar en contratar una consultora es un sueño lejano. En esos casos, de no poder recurrir a los contactos de los programas detallados en este informe, hay otras opciones para informarse: las Agencias de Desarrollo Productivo, las ventanillas de los distintos programas y las oficinas del Ministerio de Industria, denominadas Generadoras de Industria Argentina, más conocidas como GenIAs, que se encuentran diseminadas por el país.