Elecciones en Chile, la segunda sorpresa

4  DE  NOVIEMBRE DE 1970.

Un slogan reiterado ("la Unidad Popular sólo cuenta con un tercio del electorado y, por lo tanto, no tiene derecho a trasformar a Chile en un Estado socialista"), parece por ahora desterrado. El pasado domingo 4, los trasandinos ofrendaron a su gobierno izquierdista con el 49,73 por ciento de los votos, en unos comicios unánimemente señalados como "limpios y honestos". Las fuerzas opositoras acumularon el 48,04 por ciento, mientras algunos candidatos independientes se repartieron el resto.
Estas cifras crean en Chile una nueva situación política. Hasta el momento, la coalición gobernante había moderado sus impulsos (aun cuando avanzó audazmente en algunos terrenos) debido a que su respaldo electoral apenas sobrepasaba el 36 por ciento; la oposición de centro y de derecha, además, controlaba férreamente el Parlamento. Ahora, la relación de fuerzas en el Congreso no se modifica (faltan dos años para las elecciones respectivas) pero ello puede ser sólo un detalle formal en la medida en que Salvador Allende utilice su reciente victoria para obligar a diputados y senadores a aprobar los proyectos oficiales. Si ello no ocurriera, el gobierno proyecta convocar a un plebiscito para reformar !a Constitución y alterar la composición del Congreso (ver reportaje).
Así, Chile entra en una nueva fase del apasionante proceso iniciado en septiembre último, cuando las urnas consagraron a un gobierno mayoritariamente integrado por fuerzas marxistas. Entonces alumbró una experiencia inédita en todo el mundo: el intento de ir estructurando, en forma paulatina, un Estado socialista dentro de los marcos de la democracia tradicional.
Por eso, el resultado de las últimas elecciones abre un abismo ante la derecha. Obligada el año pasado a aceptar el ungimiento de Allende, las fuerzas opositoras trazaron un plan sencillo: consistía en bombardear al gobierno desde todos los flancos y tender en el Congreso una muralla que frenara el cumplimiento del programa oficial. La Democracia Cristiana y el Partido Nacional esperaban, de esa manera, paralizar la política de la UP y hundirla en un brete fatal: o se resignaba a dejar de lado los puntos esenciales de su programa (con lo cual hubiera sufrido un irremediable desgaste) o violentaba las amarras institucionales, embarcándose en un curso revolucionario de incierto futuro, ya que en ese caso la intervención de las FF.AA. se computaba como inevitable.
Ninguno de esos dos supuestos se cumplieron. En sus cinco meses de gestión, Allende (cuya perspicacia política es sólo comparable a la de la tradicional clase dirigente chilena) evitó minuciosamente tomar actitudes que irritaran a los militares, al tiempo que aprovechó todos los resquicios legales para filtrar medidas capaces de ampliar sus bases de apoyo en el electorado. De ese modo, el gobierno pudo concitar apoyo popular sin necesidad de violar el libre juego de las instituciones. Y lo más importante: consiguió canalizar la lucha política hacia la arena comicial, quitándole pretextos al golpismo.
Es obvio que ahora las huestes de Allende se sienten más seguras y que intentarán aprovechar la coyuntura para acelerar el cumplimiento de su programa transformador. "El respaldo que recibió la Unidad Popular —editorializó el matutino oficialista La Nación, de Santiago— se ve consolidado y reforzado abriendo el camino a una ofensiva definitiva contra los dueños del gran capital y los latifundistas". Este juicio tajante se explica, además, por otras razones: La Nación es un diario dirigido por los socialistas (la corriente mas izquierdista de la coalición gobernante), quienes no sólo festejan el triunfo del gobierno, sino también el de su propio partido, que desde el domingo 4 emerge como el más poderoso del frente: acaparó el 22,38 por ciento de los votos (en 1969 había obtenido sólo el 12,2) contra el 16,97 de los moderados comunistas y apenas el 8 por ciento de los radicales, el grupo más tibio del gobierno.
Si a ello se agrega que el Partido Socialista está ahora liderado por el senador Carlos Altamirano (un ortodoxo que piensa que "las elecciones dan el derecho a gobernar, pero no el poder para hacerlo", y que abomina del "reformismo burocrático" para postular una "permanente movilización de masas") puede suponerse que en el seno de la Unidad Popular se abre la perspectiva de un enfrentamiento entre moderados y ultras. Es improbable, sin embargo, que dicha colisión estalle de inmediato: pese a tos pronósticos de la prensa opositora, Allende desmintió que esté tramando una reorganización del gabinete para dar mayoría a los socialistas; por ahora, los tres partidos mayores seguirán teniendo tres ministros cada uno.
En el campo de la oposición, la Democracia Cristiana se ha consolidado como polo de alternativa frente al gobierno, al retener el privilegio de ser la fuerza política individual mayoritaria (25,62 por ciento de los votos). Con todo, es obvio que el mayor caudal obtenido por el frente oficialista se debió a que muchos ciudadanos que en septiembre habían sufragado por la DC, esta vez prefirieron dar sus votos al gobierno. Esta circunstancia crea una delicada situación interna en el partido del ex presidente Frei: algunos afirman que en el próximo congreso de la agrupación, previsto para este año, se producirá el desgajamiento del ala izquierda encabezada por Radomiro Tomic y el acercamiento de ésta al gobierno de Allende.
La derecha, a su vez, contabilizo e! 21,12 por ciento de la votación, manteniendo las cifras logradas en 1969. Sin embargo, se estima que la previsible agudización de la lucha política eclipsará al Partido Nacional en beneficio de la DC, una agrupación que —desprendida de sus grupos izquierdistas— buscará repetir la operación de 1964: canalizar en su provecho los votos de todos los chilenos antimarxistas y, eventualmente, erigirse en opción de recambio, si se diera la emergencia de un golpe de Estado.
No asombra, por eso, que el senador Narciso Irureta, presidente de los democristianos, haya comentado las recientes elecciones diciendo: "Le pueden dar un recado al señor Allende: los cambios deben hacerse ahora, guardando estricto respeto del régimen democrático y de la libertad de los chilenos. Esta es una noche de victoria". Es que la DC sigue entonando el mismo leitmotiv que antes, y continúa sosteniendo que el resultado electoral no habilita al gobierno a salirse de los marcos legales: la mitad del país —sostiene— se opone a una arremetida de ese tipo. Por lo visto la oposición no ha modificado su táctica y confía en que las instituciones democráticas frenen el ímpetu socializante del allendismo. Curiosamente, los grupos más "duros" del gobierno piensan lo mismo, sólo que desde una óptica diferente: suponen que ahora, a caballo de la victoria electoral, es necesario profundizar el proceso, para evitar que éste se diluya en la madeja de la "democracia burguesa".

Revista Siete Días Ilustrados, abril 1971

Fuente: www.magicasruinas.com.ar

EL PAIS › ELEVAN A JUICIO A RAUL VIGLIZZO, MIEMBRO DE LA CNU DE MAR DEL PLATA Un prófugo que llega a juicio

Por Ailín Bullentini

Raúl Viglizzo fue el último miembro de la Concentración Nacional Universitaria en ser detenido por la Justicia Federal. Fue en enero de 2013, luego de permanecer más de tres años prófugo. Ayer, el Juzgado Federal Nº3 de Mar del Plata elevó a juicio oral la causa en la que está imputado y lo suma así a los otros diez acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad como integrantes de aquella patota paramilitar en Mar del Plata durante los años previos a la última dictadura cívico-militar. Todos deberán responder por el delito de asociación ilícita. Viglizzo y otros cinco, además, están acusados de homicidios múltiples. El grupo delictivo de la CNU se completa con Federico Delgado y Salvador Ullúa, que permanecen prófugos, y Daniel Ullúa y Beatriz Arenaza Corres, que permanecen libres en España, luego de que ese país no les concediera la extradición: estaban acusados por asociación ilícita, un delito que el país europeo no consideró de lesa humanidad. El juicio aún no tiene fecha. La elevación a juicio de la causa de Viglizzo llegó a diez meses de su detención y a un año de la elevación general. Señalado como uno de los ideólogos de la patota parapolicial de derecha que actuó en Mar del Plata, con epicentro en lo que fue la universidad provincial de esa ciudad, como un apéndice de la Triple A en los años previos al golpe, se entregó en enero pasado. Tras permanecer prófugo desde 2010, se presentó ante el juzgado federal a cargo de Santiago Inchausti y quedó detenido.

Según el expediente, Viglizzo está acusado de integrar una asociación ilícita junto con Marcelo Arenaza, Juan Carlos Asaro, Juan Pedro Asaro, Luis Roberto Coronel, Mario Ernesto Durquet, José Luis Granel, Roberto Alejandro Justel, Raúl Rogelio Moleon, el ex fiscal Gustavo Demarchi y el militar retirado Fernando Alberto Otero. El fin de esa asociación era la “persecución sistemática de opositores”.

En el marco de su funcionamiento, esa asociación mató a, por lo menos, ocho personas. Enrique Elizagaray era el presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad provincial de Mar del Plata. El militar retirado Jorge Enrique Videla era tío de Elizagaray; Guillermo y Jorge Lisandro, sus primos. Bernardo Goldemberg era médico, pero estaba ligado a esa casa de altos estudios. Todos fueron asesinados por la patota durante la misma mañana de marzo de 1975: el hecho pasó a recordarse como “el cinco por uno”. Por esos hechos están imputados Viglizzo, Demarchi, Durquet, Moleón, Asaro y Otero. Los testimonios indican que las cinco muertes fueron planificadas en el velorio de Ernesto Piantoni, el jefe máximo de la CNU, blanco de Montoneros.

MAS DE SETENTA PERSONALIDADES LANZARON UNA CARTA EN RESPUESTA A SABSAY “Pretende condicionar las decisiones soberanas”

Con el título “A nosotros nadie nos traicionó”, más de setenta personalidades de la comunidad judía repudiaron los dichos de Daniel Sabsay en el coloquio de Idea, donde el abogado aseguró que el canciller Héctor Timerman era un “traidor a su esencia” y “un sátrapa” al que “no tendríamos que dejar entrar a ningún lado”.

En el encuentro de analistas y empresarios nucleados en el Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino (Idea), que se realizó hace diez días en Mar del Plata, Sabsay cargó contra el gobierno nacional y la figura de Timerman, a quien cuestionó por haber impulsado el tratado con Irán con el que se intentó tomar declaración a los sospechosos iraníes del atentado a la AMIA. “Estoy avergonzado del canciller que tenemos, es un traidor a su esencia”, sostuvo Sabsay. “Un ser indigno que fue a negociar con un tipo como Mahmud Ahmadinejad, que negaba el Holocausto, lo digo como judío, me da vergüenza. No lo tendríamos que dejar entrar a ningún lado a ese sátrapa. Este atorrante se sentó con quien niega el Holocausto.”

El diputado Edgardo Form, el abogado Beinusz Szmukler y Daniel Silber, presidente del ICUF, entre otros, salieron al cruce de estas acusaciones. “¿Traidor a qué esencia?”, preguntaron en el texto difundido públicamente. “¿Desde cuándo los judíos responden a una esencia? ¿Quién determina cuál es la esencia? Hoy nadie duda de que hay diversas maneras de asumir el judaísmo. Pretender reducirlo a una ‘esencia’ es prepotente y perverso y sólo tiene por finalidad mantener amarrados a los judíos a los dictados del establishment comunitario”, señalaron.

Para los firmantes, “Sabsay pretende condicionar las decisiones soberanas del gobierno nacional estableciendo con quién hay que negociar y con quién no”. En este sentido, plantearon si el abogado “no se enteró que el gobierno de Estados Unidos negoció con Irán la liberación de los rehenes retenidos en su embajada de Teherán durante 444 días tras la llegada de los ayatolas al poder”.

“Más allá de que el propósito del Gobierno no se haya podido concretar –advirtieron sobre el memorándum con Irán–, las responsabilidades recaen sobre la otra parte, que no ha movido ni una sola pieza en este juego. El acuerdo fue un intento por avanzar en la determinación de dar una respuesta al clamor de justicia de las víctimas. Y lo que más parece molestar a quienes se opusieron, entre ellos el doctor Sabsay, es la actitud de independencia con que se actuó, por fuera de los límites impuestos por la diplomacia del gendarme mundial.”

Finalmente, la carta cuestionó la falta de reacción de la AMIA y la DAIA, tras señalar que “en su desenfreno verborrágico” Sabsay comparó al Gobierno con el régimen nazi. “Esta burda e indignante banalización del Holocausto no mereció ninguna declaración condenatoria de la DAIA, AMIA y otras instituciones que se la pasan hurgando hasta bajo la cama cualquier manifestación en este sentido. Doctor Sabsay: ¡A nosotros nadie nos traicionó!”, concluyeron.

EL PAIS › EL ENCUBRIMIENTO DEL ATENTADO A LA AMIA Galeano, más cerca de un juicio

 Por Raúl Kollmann

El procurador ante la Corte Suprema Eduardo Casal dictaminó que el ex juez Juan José Galeano debe ser juzgado por los delitos que llevaron a desviar la investigación del atentado contra la AMIA. “El Estado argentino tiene la obligación de evitar la clausura anticipada de los procesos en los que se ventilan delitos de esta naturaleza en virtud de obstáculos formales. El objeto de las actuaciones presentes está dado por la estructura organizada del Estado predispuesta para encubrir el brutal ataque terrorista”, sostuvo Casal.

Ahora, la Corte debe definir si da vía libre para que se haga el juicio por los desvíos en la causa AMIA.

La defensa de Galeano argumenta que el ex juez fue sobreseído en su momento, esencialmente por el pago de 400 mil dólares al principal imputado en la causa, Carlos Telleldín, a cambio de que éste declarara contra un grupo de policías bonaerenses. En el juicio oral posterior, los jueces del tribunal dijeron que ese acuerdo y ese pago fueron parte de una maniobra para desviar la causa y realizada “al servicio de políticos inescrupulosos”. En otras palabras, le achacaban el acuerdo con Telleldín a Galeano y a funcionarios del gobierno de Carlos Menem con el objeto de encontrar un culpable, aunque no lo fuera. Sin embargo, en una causa paralela, el ex juez Gabriel Cavallo sobreseyó a Galeano por los delitos de peculado, falsedades documentales y prevaricato, que son los que más tenían que ver con aquel acuerdo con Telleldín. Después de ese sobreseimiento aparecieron dos videos. Casal, igual que la Cámara Federal y la Casación, sostiene que fue un sobreseimiento nulo y que corresponde juzgar a Galeano.

EL MUNDO › OPINION El paisaje después de la batalla

 Por Emir Sader

Después de los intensos cambios durante la campaña electoral, la espuma de las olas baja y, ¿qué escenario presenta Brasil? ¿Qué Brasil emerge de las urnas y con qué perspectivas para los próximos años?

El apretado resultado final sugiere un país dividido. Pero ¿entre quiénes y quiénes? Una mirada apresurada diría que entre el atrasado nordeste y la avanzada San Pablo. (Cardoso, el ex presidente, llegó a decir que los petistas no son pobres, sino “mal informados”.) Es la visión de la elite paulista, que se considera la locomotora de la nación, que arrastra, con dificultades, vagones perezosos. Se consideran casi como un Estado del Primer Mundo, frente al atraso del nordeste.

San Pablo se ha vuelto el bastión de la derecha brasileña. Fue ahí que el candidato de la oposición tuvo su mejor resultado, similar a los resultados que Dilma Rousseff obtuvo en el nordeste de Brasil, facilitando así las contraposiciones simplistas entre lo moderno y lo retrasado, dividiendo al país.

Si es verdad que el nordeste es el bastión del gobierno del PT –donde su candidata obtuvo en todas las provincias más del 70 por ciento de los votos–, ello se debe justamente a los espectaculares avances de la región desde el comienzo de los gobiernos del PT. Los datos son impresionantes, pero la visión del nuevo nordeste lo es todavía más. A tal punto que ya no se le puede caracterizar como expresión del atraso: la región es la segunda en estudiantes universitarios en todo el país, siendo que las cinco nuevas universidades públicas creadas durante los gobiernos de Lula y Dilma están fuera de las capitales, en un formidable proceso de descentralización.

Pero los votos de Dilma se distribuyen de forma prácticamente homogénea entre las tres principales regiones del país: el sur, el sudeste y el nordeste. Desde este punto de vista, Brasil no está dividido. Sí lo está entre los electores de Aécio Neves, que tuvo siempre menos del 30 por ciento en el nordeste y tuvo sus más grandes votaciones en el sur y en el sudeste.

Aun así, en la principal región del país –el sudeste–, Neves tuvo su mayor votación en San Pablo, pero perdió en las dos otras grandes provincias de la región. En Minas Gerais, su provincia, Aécio fue derrotado tres veces: por Dilma en la primera y en la segunda vuelta, y tuvo su candidato a gobernador derrotado en primera vuelta por un candidato del PT; y en Río de Janeiro, donde también triunfó Dilma.

Pero, más allá de la geografía electoral, ¿cómo se presenta el escenario para los próximos cuatro años, el segundo mandato de Dilma Rousseff? La reelección y su gran desempeño en la campaña fortalecen políticamente a Dilma pero, a la vez, debe haber una fuerte presencia de Lula en su segundo gobierno, lo cual mejora su capacidad de articulación tanto en el plano político como en el económico. Ella lo va a necesitar, porque tiene enfrente tanto al gran empresariado como a un Congreso más conservador que el anterior –aun con el apoyo holgado a favor del gobierno–. Va a seguir enfrentando, también, la oposición de los grandes medios de comunicación.

Por sus énfasis en la campaña, Dilma dará prioridad a la vuelta de un nuevo ciclo de expansión económica, para lo cual va a renovar su equipo en esa área del ministerio. Para ello tendrá que volver a la promesa no realizada del primer mandato: bajar las tasas al nivel promedio internacional, para no seguir atrayendo a los capitales especulativos.

Tendrá, como prometió en la campaña, que poner en práctica la norma constitucional que impide la existencia de monopolios y oligopolios en los medios de comunicación, así como la propiedad de esos medios por parte de políticos con mandato. Asimismo, tendrá que promover la reforma política, para terminar con el financiamiento privado de las campañas electorales, un tema reiterado de los discursos de Dilma.

Si Dilma tiene problemas por enfrentar, en mucho peor situación se encuentra la derecha, derrotada por cuarta vez consecutiva, habiendo perdido la segunda provincia del país –Minas Gerais– y sólo disponiendo del gobernador de San Pablo –Geraldo Alckmin– como candidato. Alckmin, además de no disponer de ningún carisma, ya fue derrotado por Lula en 2010, con quien posiblemente tenga que enfrentarse de nuevo, un problema no menor para la oposicion brasileña.

EL PAIS › POLEMICA POR EL IMPACTO DE LOS BARRIOS CERRADOS EN LAS INUNDACIONES PROVINCIALES Countries en el ojo de la tormenta

Mientras el temporal todavía arreciaba y se conocían sólo números parciales, según los cuales la sudestada había causado dos muertes y más de cinco mil evacuados por las inundaciones, la polémica por el impacto de las construcciones de los barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires en desbordes y anegamientos enfrentó al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, e intendentes del conurbano aliados con el diputado Sergio Massa, quien también confrontó opiniones. En referencia a lo sucedido en la zona norte de la provincia, Scioli atribuyó las inundaciones a la “proliferación sin precedentes de barrios cerrados, que ha ido en detrimento de los vecinos que los rodean”, por las consecuencias de “elevar tierras” para hacerlos. Poco después, el intendente de Tigre replicó que la autorización para levantar esos barrios es concedida “por decreto (de) el gobierno de la provincia” y que “en todo caso se debiera revisar el papel de los funcionarios provinciales en este campo, en especial de hidráulica”. Ya en 2010, una resolución de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que respondía a una demanda vecinal por “preservación del patrimonio arqueológico y natural del Delta del río Paraná en la localidad de Tigre”, advertía, entre otras cosas, que “pobladores aledaños a los barrios cerrados (...) ven además, en muchos casos, anegadas sus viviendas como consecuencia de haber sido elevado el nivel de las tierras donde son construidos tales barrios” (ver aparte).

Para evitar inundaciones y facilitar el escurrimiento de grandes cantidades de agua, como las caídas con las lluvias del temporal, dijo el gobernador Scioli, “tiene que haber un equilibrio” entre los tipos de construcciones. “Cuando se da una desigualdad tan grande, que hay una cobertura del 50 por ciento del territorio solamente de barrios cerrados, esto perjudica al resto, y van en detrimento de la población”, aseguró, en especial referencia a las zonas de Pilar y Luján, desde Ituzaingó, adonde había acudido para participar de un acto de la policía local.

El mandatario provincial señaló, por otra parte, que algunas incidencias pueden desbordar las previsiones de la planificación, por lo que “cuando hay una fuerte sudestada como ésta”, sólo se pueden “atenuar o moderar los efectos”. “Se han llevado a cabo una gran cantidad de acciones para amortiguar los efectos (de temporales como el que arreció), y esto lo saben muchos municipios”, aseguró Scioli, quien agregó que pretende “nivelar de abajo hacia arriba” y responsabilizó a los jefes comunales por “las consecuencias de elevar tierras” para construir barrios cerrados, algo que “perjudica al resto de los vecinos”.

Scioli respondió así, aunque sin mencionarlos, a los intendentes de San Miguel, Joaquín De la Torre; de Olavarría, José Eseverri; de Tigre, Julio Zamora; de San Fernando, Luis Andreotti, y de Pilar, Humberto Zúccaro, que el domingo lo habían responsabilizado por las inundaciones, y a quienes el gobernador atribuyó “problemas propios de planificación urbana” en sus municipios.

Por su parte, ayer el diputado Sergio Massa negó que el aumento de la cantidad de barrios cerrados en la provincia motive las inundaciones y señaló, además, que la autorización para construirlos es una atribución del gobierno provincial. “La normativa provincial lo que establece es que cada urbanización especial la firma por decreto el gobierno de la provincia”, señaló Massa, que agregó que “en todo caso se debiera revisar el papel de los funcionarios provinciales en este campo, en especial de Hidráulica”. “En Valentín Alsina, donde están con el agua hasta las rodillas, no hay barrios cerrados. Tampoco en Virrey del Pino, Laferrère, Azul o Pringles y, sin embargo, hay inundación. (Decir) eso es buscar culpables y no soluciones, y lo que tenemos es (que) buscar soluciones”, dijo Massa. El diputado y ex intendente de Tigre también reclamó que, en los municipios afectados por inundaciones a causa del temporal, se dispongan subsidios para los vecinos y se suspenda provisoriamente el cobro de impuestos municipales.

Consultado por este diario, el abogado especializado en Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Leandro García Silva, explicó que, más allá de la sudestada, “el problema de la zona del Delta del Paraná es que se suman muchos factores”, todos los cuales afectan más de un distrito, porque el Delta abarca territorios de Entre Ríos y Buenos Aires. La Defensoría trabaja en el tema “desde 2008, cuando fue el problema por los incendios y la quema de pastizales, cuando recibimos muchísimas denuncias”, por lo que desde entonces hacen seguimiento.

Las inundaciones recurrentes en zonas que antes no padecían anegamientos, explicó García Silva, “tienen que ver con la impermeabilización de zonas que no lo eran y con el cambio de topografía”. “Si se levanta una topografía, si se rellena una zona que era baja, el agua va a tener que escurrir por otro lado; también si no queda retenida por la tierra porque se la impermeabilizó. Es derivar el problema a un vecino. Los que más sufren las inundaciones son las personas que fueron a vivir a lugares que no deberían haberse ocupado. El río habitualmente corre por un lugar, pero cuando crece, lo primero que hace es extenderse hacia los laterales, la zona de valles de inundación, y si está ocupado, va a buscar alternativas. Con planificación, en esos valles no debería haber viviendas, aunque sí se pueden usar para jardines, parques, paseos públicos.”

ECONOMIA › CAMBIO AMERICA Y ESTELAR, SUSPENDIDAS Caen el dólar y las cuevas

Por Cristian Carrillo

El Banco Central suspendió por dos meses a la emblemática financiera Cambio América por vinculaciones con una sociedad de Bolsa propiedad de la misma firma que había sido suspendida por el Merval. La suspensión fue producto de un allanamiento coordinado con personal del organismo y la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores, las que constataron que la suspendida sociedad Valores América operaba en otro piso de la casa de cambio, a través de la cual se presume que realizaba operaciones de contado con liquidación. La agencia mantenía además una posición de dólares en efectivo mayor a la declarada ante el BCRA. En un procedimiento similar en la ciudad de Rosario, se denunció penalmente a Cambio Estelar y Brancatelli Sociedad de Bolsa por delitos de lavado de activos, en donde se incautaron 400 mil dólares. En paralelo con la intensificación en este tipo de operativos, volvió a caer el precio del blue, que en las cuevas de la city porteña se ubicó en 13,90 pesos con una baja de 38 centavos.

Durante la verificación conjunta realizada el viernes pasado por los tres organismos de regulación en las instalaciones de Cambio América, en la calle Sarmiento 501, se constató una actividad irregular en el tercer piso del edificio. Allí continuaba funcionando en la oficina “D” Valores América, sociedad bursátil que había sido suspendida por el Merval por operar presuntamente en tándem con la agencia de cambios. Esta sociedad, según explicaron desde la CNV, “extrañamente nunca hizo el pedido de inscripción para volver a operar bajo la nueva Ley de Mercado de Capitales que se aprobó hace dos años”. Al momento de hacerse presentes, los inspectores observaron que de ese departamento se retiraban varias personas llevando bolsas y mochilas. También se allanó una de las cuentas de la entidad en el banco Meridian, donde se encontraban 160 mil dólares que correspondían a lo declarado.

También había dos cuentas más en el banco Corrientes que no pudieron ser allanadas. “Los funcionarios del BCRA solicitaron la apertura de dichas cajas con fines de arqueo de valores, pero los representantes de la casa de cambio se opusieron a la medida”, relató uno de los presentes en las inspecciones. El incumplimiento de facilitar a los funcionarios de supervisión el acceso a éstas derivó en la suspensión preventiva por sesenta días corridos.

En el caso de Cambio Estelar y Brancatelli, los hechos denunciados por la UIF aseguran que en la supervisión efectuada en la planta baja del lugar se encontraba un ascensor interno, “presumiblemente para llevar documentación, dinero y valores, que comunicaban directamente con el entrepiso a las oficinas de la sociedad de Bolsa”. En el marco de la inspección se encontraron 700 mil pesos, 75 mil euros y 16 mil dólares. De ese monto, sólo estaban registrados 300 mil pesos. La documentación hace presuponer que las empresas estaban relacionadas en operaciones marginales de tipo de cambio.

En la city porteña, las cuevas mantuvieron las operaciones en sus mínimos, lo que se reflejó en la caída del blue, que pierde en poco más de un mes dos pesos respecto de los 15,95 que alcanzó a fines de septiembre. En el mayorista, el Central mantuvo un saldo neutro de intervención, en una rueda en la que hubo una abultada liquidación por parte de las cerealeras. Según el comunicado de la cámara que las agrupa, el sector duplicó la semana pasada su liquidación, al registrar un ingreso de 611 millones de dólares. Por su parte, la venta de moneda extranjera en el primer día del mes fue el equivalente a 64 millones de dólares, contra 74 millones del primer día hábil de octubre. Las reservas del Central sumaron tres millones de dólares respecto del viernes, para ubicarse en los 28.106 millones.