martes, 4 de noviembre de 2014

EL MUNDO › OPINION Elecciones de medio término, y ¿qué pasa?

Por Atilio A. Boron *
Hoy tienen lugar las elecciones de medio término en Estados Unidos. Se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes (435 escaños) y un tercio de las 100 bancas del Senado. Es muy probable que Obama sufra una nueva derrota y que se quede en minoría en ambas ramas del Congreso. Aun cuando contó con una leve mayoría los hechos demostraron su previsible incapacidad para tomar decisiones que no contaban con el aval de sus mandantes efectivos, no de la ciudadanía. Es que pocas cosas pueden ser más insignificantes que una elección en Estados Unidos dado que su gobierno real y permanente –formado por el complejo militar-industrial-financiero– es un poder de facto que no lo elige nadie, no rinde cuentas ante nadie y hace lo que conviene a sus intereses sin importarle en lo más mínimo la reacción de –o las consecuencias sobre– la ciudadanía.
El presidente es un simple mascarón de proa para mostrar (en el caso de Obama) las bondades de una democracia que hizo posible que un afroamericano llegue a la Casa Blanca, no en calidad de jardinero sino de presidente. Por eso las elecciones son apenas un simulacro para distraer a una parte de la opinión pública (recordar que la mitad o más de quienes podrían votar ni se molestan en registrarse para hacerlo), que se realizan en un día laborable (para desalentar la participación de los trabajadores) y en donde todos saben que ninguna decisión importante brotará de los resultados que arrojen las urnas, sino que la tomarán los grandes conglomerados corporativos que financian la carrera de los políticos convertidos de este modo en sus sirvientes.
Para contrarrestar la previsible e insoportable andanada de notas pródigas en alabanzas a este nuevo ejercicio de la gran democracia del Norte es que invito a leer dos artículos de Noam Chomsky en los que denuncia el carácter terrorista de la “democracia” estadounidense (“EE.UU., el Estado terrorista número uno”, La Jornada, 1-11-2014, y “EE.UU., líder mundial en crímenes internacionales”, La Jornada, 21-7-2014). Sobrias reflexiones que impedirán dejarse embaucar por los publicistas del imperio que cantan himnos a una democracia que no es tal.
Para describirla, un eminente filósofo político estadounidense, Sheldon Wolin, acuñó un término: “totalitarismo invertido”; un régimen despótico que con maligna astucia se viste con los ropajes de la democracia. Para este académico de Princeton, aquél “representa fundamentalmente la madurez política del poder corporativo y la desmovilización política de la ciudadanía”, víctima de una premeditada amnesia colectiva que la condena a un permanente sometimiento e impotencia que ni remotamente alcanzan a revertir las periódicas convocatorias a elecciones.
Para prevenir ese improbable despertar del demos adormecido están las dieciséis agencias de espionaje con que cuenta la clase dominante de Estados Unidos para monitorear en tiempo real el estado de ánimo y el comportamiento de los dominados. Y si surgen voces y movimientos de protesta, cuando aparece algún atisbo de organización “desde abajo”, la represión del sistema no se hace esperar. Lo ocurrido con las grandes manifestaciones del “Ocupemos Wall Street” el año pasado son didácticas lecciones de lo que los grupos dominantes entienden por “democracia.” Otro notable estudioso del tema, Peter D. Scott, ha demostrado cómo la parafernalia democrática de Estados Unidos no alcanza para disimular la presencia decisiva de lo que llama “el estado americano profundo”. Según Scott, las grandes decisiones se toman en el subsuelo del sistema político, sitio donde se entrelazan los intereses financieros y los del complejo militar-industrial y se fija el rumbo que habrá de seguir la gestión de la cosa pública, que luego será comunicada y puesta en práctica por las marionetas que ocupan la escena política formal y que la ciudadanía ha sido habituada a considerar como sus gobernantes. Por eso, ¿elecciones de medio término en Estados Unidos? So what?
* Director del PLED, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

EL PAIS › LOS CRISTIANOS PARA EL TERCER MILENIO APOYARON LA CAMPAÑA PARA LAS ABUELAS Contra la red de silencio

Por Washington Uranga
El autodenominado grupo Cristianos para el Tercer Milenio (CTM), que viene reclamando acciones de la jerarquía católica en materia de derechos humanos, dio a conocer su adhesión “a la nueva campaña de Abuelas de Plaza de Mayo”, celebra “la convocatoria que efectúan monseñor José María Arancedo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y monseñor Jorge Lozano, titular de la Pastoral Social, en respaldo a la perseverante labor de Abuelas de Plaza de Mayo”, y volvió a reclamar a los obispos la apertura de los archivos que puedan obrar en su poder y que contribuyan a clarificar la desaparición de personas.
En un texto breve, los CTM afirman que “nos gratifica que la jerarquía episcopal asuma públicamente esta demanda de verdad y justicia y coopere en romper la ‘red de silencio y complicidad que ha mantenido amordazada la verdad acerca de los bebés, ahora jóvenes adultos’. Red de silencio y complicidad de la que forman parte ‘vecinos, parientes adoptivos, pediatras, sacerdotes, religiosas’, en un claro reconocimiento de los pecados de miembros de nuestra Iglesia”.
En el breve documento que lleva la firma, entre otros, de Alicia Pierini, Rodolfo Brardinelli, Felipe Solá, Ana Cafiero, Angel Bruno y Hernán Patiño Meyer, los firmantes expresan su beneplácito porque “nuestro Episcopado exhorte ‘a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, a que se reconozcan moralmente obligados a recurrir a las autoridades pertinentes’, gesto que los fieles esperamos durante décadas”.
Al mismo tiempo celebran “la invitación de Francisco a la presidenta y símbolo de las Abuelas, Estela de Carlotto, y a su nieto Ignacio Guido Montoya Carlotto, como un genuino impulso a la profundización del compromiso de nuestros hermanos en la fe con la memoria, la verdad y la justicia, en búsqueda sincera de la reconciliación y la paz”.
De la misma manera, los CTM ratifican lo señalado en el documento fundacional del grupo, en el que afirman que “si efectivamente, como se dice, se quiere investigar a fondo lo ocurrido y realizar un ‘estudio demorado pero necesario’ (exigimos) la apertura de los archivos de la Conferencia Episcopal –Asamblea Plenaria, Comisión Ejecutiva y Comisión Permanente– a los efectos de que los investigadores puedan acceder y trabajar sobre los mismos”. Todo ello porque “quien sea responsable o cómplice de ese delito continuado y lo siga consumando no puede llamarse cristiano y nuestros pastores deberían ser capaces de pronunciarse sin ambages”.
El texto, que también lleva la firma de Alicia Ladrón de Guevara, Cristina Domeniconi, Beatriz Noceti, Fátima Ruiz López, Luis Miraldi, Rogelio Ponsard, Fernando Portillo, Miguel Angel Ferrara y Juan Manazzoni, pide “a Dios mediante la intercesión de la Virgen de Luján que estos nuevos pasos impulsen a otros pastores a acompañar públicamente a las Abuelas en su búsqueda de verdad, a fin de contribuir con la paz y la fraternidad de nuestro pueblo”.

"El Estado argentino ya no está colonizado por los empresarios"

El ministro de Economía Axel Kicillof brindó una larga entrevista al diario La Jornada, de México. Capitalismo nacional, emisión monetaria y disputa con los fondos buitres. El reportaje completo.
En La Jornada de México
–¿Qué te llamó la atención del kirchnerismo?
–Muchos de los que hoy estamos en este proceso, advertimos que con Néstor Kirchner la política volvía a ser una posibilidad de transformación real frente a los poderes que la limitaban, sean militares o económicos. El propio discurso alfonsinista reconoció que la renuncia de Alfonsín fue un golpe de mercado. Los militares detuvieron el proceso de juzgar los crímenes de lesa humanidad, y los banqueros se negaron a un crecimiento con orientación más popular.
–¿Ahí es cuando descubres la inexistencia de la economía en abstracto?
–Claro, pero lo decisivo fue la resistencia contra el neoliberalismo, que había causado un gran desprestigio de la política y los partidos. Época del zapatismo, del que se vayan todos, de la horizontalidad en las organizaciones, de la discusión de la política clásica en cualquiera de sus vertientes. Pero también de muchísimo retroceso en los movimientos organizados, tanto políticos como obreros, y que a nivel de los intelectuales y las universidades engendró una resistencia a la defensiva y bastante impotente.
El modelo K
–¿Es posible luchar contra el capitalismo dentro del capitalismo?
–En 2003, cuando arranca este proceso, muchos intuimos que se venía una posibilidad de transformación real. Con el kirchnerismo renació la causa de los derechos humanos, y las potencialidades de un proyecto económico transformador. Pero no de lucha contra el capitalismo dentro del capitalismo. Creo que en los países periféricos –y no quisiera ahora abrir la clásica discusión sobre las etapas– hay que reconstruir el capitalismo. El desguace del Estado y de la economía habían convertido a nuestro país y los de América Latina en coto de caza de las finanzas, de los servicios, de reciclaje de los capitales de los países centrales y de una pérdida de las propias reglas de acumulación del capital. Habían dinamitado todo. Entonces, con base en los trabajadores, industriales y empresarios nuestro proyecto apuntó a la reindustrialización, ampliando la base productiva y tecnológica que permita la reproducción del capital, la inversión y, por sobre todo, la reconstitución de un mercado interno.
–¿El empresario argentino entiende la importancia de cambiar la matriz productiva del país?
–Ahí está el nudo. Al empresario que invierte, que toma riesgos, que siente apego por su país, el Estado tiene que brindarle una suerte de biósfera para que pueda prosperar. A los que en estos años apostaron a la inversión y la producción, les fue bien. La idea del empresario ausentista (como alguna vez fue el terrateniente ausentista), que junta un capital y lo resguarda en el exterior sacándolo del ciclo productivo, tuvo mucho que ver con el Estado ausente que no genera condiciones de estabilidad y de acumulación. Dicen que el gobierno no da seguridad jurídicacertidumbre, que no hay clima de negocios. Pero el Estado argentino ya no está colonizado por los empresarios. La etapa en que nos hallamos busca la reconstrucción del tejido social, de la clase trabajadora y de un sector empresarial auténtico.
–Como fuere, el proyecto es capitalista...
–Así es. Pero no un capitalismo rentista, de saqueo, extranjerizado y hostil a que Argentina crezca con base en su capacidad productiva, generando una mejor distribución de la riqueza. O sea: crecimiento con inclusión social. Algo que no marcha separado, sino que es la misma cosa. Durante décadas se nos dijo que primero había que crecer para después distribuir. Sin embargo, creo que en países como el nuestro es a la inversa: hay que distribuir para que, con base en el mayor poder adquisitivo de los salarios y la reconstitución del mercado interno, aparezcan oportunidades de inversión que permitan el crecimiento.
–Durante el proceso de recuperación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) decías que la gestión del grupo Repsol incurrió en depredación, desinversión y desabastecimiento. Y que lo grave no había sido la privatización, sino la desnacionalización de YPF...
–En efecto. Pero también otros elementos del sector energético se imbrican en la política general. Nosotros entendemos que la energía es un recurso nacional, y que el Estado tiene que ejercer soberanía sobre sus recursos. Esto quiere decir que no podemos crecer con salarios bajos en dólares, o que nos convirtamos en plataforma internacional de ensamblaje. La tradición industrial y trabajadora de los argentinos también cuenta. Disponemos de energía, pero no somos un país exportador de petróleo y gas. Durante mucho tiempo Argentina se autoabasteció. Entonces, a partir de 2003, fijamos a los recursos energéticos precios internos, desdoblados de los externos. ¿Por qué? Porque las empresas veían que los precios internos estaban muy por debajo de los internacionales. Pero si poníamos el precio a escala internacional, matábamos la industria doméstica. Y esto hizo crujir el esquema neoliberal heredado de los años 90. Al que no le interesaba, obviamente, la participación del Estado.
“Cuando las empresas del sector energético analizaban los proyectos de inversión, concluían que no era negocio vender el barril de petróleo interno a 40 dólares, mientras afuera estaba a 90 dólares. Y cuando competían en los distintos proyectos de inversión usaban la rentabilidad internacional y la producida en nuestro país para sus proyectos en el exterior. Las petroleras eran rentables en el país, pero mucho menos rentables que en otros lugares del mundo. Por tanto, se llevaban los recursos internos para sus proyectos externos, financiándolos con las ganancias obtenidas en Argentina. Así, mientras menos invertían, más rentabilidad tenían.
Era un problema estructural, y agravado porque la desregulación no ofrecía instrumentos para dirigir las inversiones. Con lo cual, en estos años, llevamos una relación tensa con las empresas, porque el gobierno presionaba para que reinvirtieran los excedentes producidos en el país, y grupos como Repsol (que se había quedado con YPF) se llevaban todas las utilidades al exterior.
–¿Todas las empresas energéticas actuaban igual que Repsol?
–Las de capital nacional respondieron mejor, y las extranjeras peor porque tenían, como dije, otros proyectos de inversión a los que dirigían sus recursos. Argentina no requería de recursos nuevos. Digámoslo con claridad: si el precio de salida de un barril de petróleo podía ser de 17 dólares en Argentina, el de venta era de 70 dólares. Diferencia que generaba una enorme rentabilidad. Pero a su vez especulaban con vender el barril a 100 dólares. Esto llevó a despreciar las inversiones en nuestro país.
Inflación y emisión monetaria
–¿La emisión genera necesariamente inflación?
–Sí y no. Esa es una de las discusiones más antiguas de la teoría económica. Mi tesis doctoral trató sobre Keynes, porque mis profesores aseguraban ser keynesianos. Pero nunca nos enseñaron a Keynes. En los años 90 hubo una colonización tal en la teoría económica, que en realidad eran todos monetaristas. Entonces, leo por mi cuenta la Teoría general del empleo, el interés y el dinero de Keynes, y encuentro que el inventorde la idea de que no hay proporcionalidad entre precios y emisión es Keynes. Un teórico monetario que explica que si yo emito más dinero, hay que ver qué se hace con él. Los monetaristas de la Escuela de Chicago –que fueron parte integrante de la dictadura militar– sostienen que el aumento de la emisión se refleja en los precios. Pero hay algo que no dicen: primero, que en ninguna economía periférica hay pleno empleo; segundo, que si hay más capacidad productiva se puede generar más empleo.
–Sin embargo, los monetaristas continúan defendiendo a brazo partido sus teorías…
–Y hasta yo podría decir que la teoría monetarista conlleva algo de realidad. Sin embargo, no la tiene. Porque cuando yo estudio, la tasa de desempleo era de 18 por ciento, y después alcanzó 25 por ciento. Así es que nadie me va a convencer de que la emisión no puede tener un efecto dinamizador sobre el crédito. En estos años recientes, Estados Unidos triplicó la base monetaria, y están en una situación deflacionaria. Y Gran Bretaña la quintuplicó. Por consiguiente, no hay una relación directa entre base monetaria y nivel de precios. ¿Por qué? Porque no hay pleno empleo. La gran mentira del monetarismo asegura que no se puede dinamizar el crédito, que no existe la política monetaria. Pero en Argentina sí existió con la convertibilidad y la dolarización que amputaron, dolorosamente, las atribuciones del Estado en su política económica y monetaria.
–¿Y el impacto de la emisión sobre la inflación?
–Podemos discutir el papel de la emisión en un proceso inflacionario. Indudablemente, hay mucho que discutir. Pero la premisa de que la emisión se va a precios, es mentira. En economía, nadie serio cree mecánicamente en la idea cuantitativa del dinero. Más bien se trata de un lema para impedir que países como el nuestro apliquen una política monetaria en su propio beneficio, y en beneficio de la producción y el empleo.
–¿Ha sido exitosa la política de precios cuidados?
–Me parece que sí, porque en Argentina el sistema de comercialización concentrado opera con márgenes muy altos de rentabilidad. De un lado, oprimen al consumidor; por el otro, al productor. Esto no ocurre en los países desarrollados, con políticas de inversión y competencia más fuerte, y cadenas comerciales más abiertas. Pero acá tenemos cinco cadenas de supermercados, que si en el corto plazo quieren generar movimientos de los precios, lo pueden hacer. Conducta que siempre justifican con el pretexto de que ven peligros de devaluación, peligros de no sé qué y entonces, preventivamente, elevan los precios.
–Los sectores de oposición emplean el vocablo control…
–La idea central de precios cuidados consiste en monitorear los costos para que no haya abusos en los precios. No es un congelamiento de precios. Eso de que los precios se mueven caóticamente también es funcional a las rentabilidades extraordinarias de la cadena comercial y de los productores concentrados.
–Por último, ¿serán derrotados los fondos buitres?
–A finales de año, cuando desaparezcan los instrumentos que los fondos buitres han utilizado para la extorsión, habrá mejores posibilidades para dialogar con los acreedores que optaron por quedar fuera de la restructuración de la deuda. El default más grande de nuestra historia fue causado por el neoliberalismo. Y lo arreglamos muy bien. Pero ahí apareció el pequeño grupo de abogados, más que de financistas, y un juez que se hizo eco de esto. Muchos gobiernos, entre ellos México, acompañaron nuestra posición, y mostraron buena disposición frente a un problema que no quisieran ver reflejado en el espejo de su porvenir.

Ley de Hidrocarburos: No es Chevrón, estúpido

El autor propone que la nueva ley de Hidrocarburos excede la discusión sobre la participación de la petrolera estadounise Chevron y señala los considerandos más destacados.
http://www.perfil.com/__export/1414664630973/sites/diarioperfil/img/2014/10/30/sociedad/1030_chevron_g1.jpg_1508290738.jpg

Por Jonatan Sánchez*

La reforma de la Ley de Hidrocarburos busca impulsar el desarrollo de la producción nacional hidrocarburifera aceptando ciertas limitaciones del marco regulatorio actual y tratando, a su vez, de adaptarse a las nuevas realidades del mercado nacional e internacional. No es un dato menor que la ley vigente date de 1967: no solamente porque una legislación tan antigua no se expide sobre todos los cambios de las últimas décadas- principalmente, el descubrimiento de los recursos no convencionales que la nueva norma contempla- sino porque fue sancionada durante un gobierno ilegítimo como el que había en aquélla época.
La superficialidad con que a menudo los grandes medios tratan los temas ha instalado la idea de que la flamante ley se habría hecho para beneficiar a amigos del Gobierno o grandes multinacionales, como Chevrón. Son los lugares comunes de siempre que obturan el debate más profundo sobre temas trascendentes. Vaya si lo es: el déficit energético actual explica muchas de las medidas económicas que se han tomado y se seguirán tomando en los próximos años, independientemente de quien ocupe el Gobierno. Por lo tanto, conviene prestar un poco más de atención sobre el contenido de la norma, y no dejarse llevar por los argumentos efectistas de quienes buscan soluciones rápidas a cuestiones por demás complejas.
Luego de una serie de años de expansión del consumo y la producción, que potenciaron la demanda de recursos energéticos, a partir de la ley 26.741, de mayo del 2012, se declara de Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, se crea el Consejo Federal de Hidrocarburos y se declara de Utilidad Pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF y de Repsol-YPF Gas. Unos meses más tarde, se crea la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica para las inversiones del sector. El objetivo fundamental de estas acciones fue recuperar parte de la soberanía energética cedida en las décadas neoliberales para impulsar la producción nacional reduciendo así la dependencia que tiene hoy el país en esta materia.
Mediante un acuerdo federal suscripto entre el Estado Nacional y las provincias que componen la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), se espera lograr nuevos ingresos para las provincias, impulsar las inversiones y la producción a costos competitivos para el país y lograr mayores exigencias a las empresas a favor de los Estados provinciales.
Hoy Argentina importa el 10% de lo que consume en hidrocarburo (gas, gas oil, naftas, biodisel, bioetanol), siendo así el que menor porcentaje ostenta en la región (Brasil importa un 20%, Chile y Uruguay un 60%, y en Eurpoa un 45%). No obstante, la preocupación por la soberanía energética es un tema prioritario, pues en la búsqueda por la reducción del déficit se propone su transformación en saldo favorable para el país generando rentabilidad a futuro por la producción y exportación en base a yacimientos no convencionales.
En relación a uno de los puntos más importantes de la ley, el que trata sobre las regalías, la letra dice en el artículo 16 del nuevo proyecto que el concesionario de la explotación pagará mensualmente un 12% de regalías sobre el producido de los hidrocarburos líquidos extraídos en boca de pozo. Asimismo, con cada prórroga, corresponderá el pago de una regalía adicional de hasta 3% con un techo del 18%. El proyecto incorpora además al régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos, creado mediante el decreto 929/13, a los proyectos que impliquen la realización de una inversión directa en moneda extranjera no menor a los 250 millones de dólares, a ser invertidos durante los primeros tres años del proyecto. Al respecto Miguel Galuccio hizo hincapié en que la nueva ley servirá para “revertir la declinación productiva de los actuales yacimientos”. Por otro lado, añadió que “el desafío por delante es muy grande”, dijo que actualmente se invirtieron más de 2.000 millones de dólares en 260 pozos, pero enfatizó que para que esos pozos de explotación no convencional sean viables se necesitan “invertir 25.000 millones de dólares y perforar 2.500 pozos”, es ahí donde se hace ineludible la concurrencia de inversiones privadas que concreten las exploraciones necesarias.
Según el Senador Marcelo Fuentes: "se reducen los plazos de explotación ante la necesidad de que sea la inversión la determinante en el mantenimiento de los mismos" esto se traduce en una respuesta a algunas de las acusaciones que los referentes de ciertos sectores de la oposición vociferaban desde sus atriles para menospreciar la fuerza de esta ley.
El proyecto establece distintos plazos de concesión de acuerdo con las características de cada explotación, según se trate de yacimientos convencionales, no convencionales o costa afuera (off shore). También les fija tope a las regalías con las que las provincias participan de los resultados económicos de las explotaciones, uno de los puntos que era cuestionado por la Ofepphi. Estas diferencias pudieron ser subsanadas a través de algunas modificaciones menores al proyecto original.
La disputa entre algunas provincias y Nación se dio, principalmente, por el fuerte rechazo que generó la eliminación del “Acarreo”, dado que esta modalidad permitía que las provincias pudieran asociarse a las petroleras sin garantizar inversiones, solo aportando el subsuelo que es de su jurisdicción, generando una pérdida de recursos para las unidades subnacionales. Sin embargo, esto es fundamental para lograr una mayor eficiencia en las exploraciones a realizar, dado que se necesitan inversiones genuinas que garanticen el trabajo en los yacimientos, y por otra parte, en la misma ley las provincias son compensadas por el aumento en las regalías.

* Integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)

Inundaciones: la responsabilidad de los barrios cerrados

La geógrafa Patricia Pintos reflexionó sobre las inundaciones que afectan a buena parte del Gran Buenos Aires. El crecimiento de countries sobre la cuenca baja del río Luján.
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Por Patricia Pintos (en San Fernando Nuestro)*
Las copiosas lluvias de esta semana marcaron el retorno de las inundaciones en la cuenca del río Luján y con ello el tema volvió a ocupar un lugar destacado en la opinión pública. Las tristes noticias que nos hablan de una vida perdida, de unos 20.000 habitantes afectados, de un tercio de la ciudad de Luján bajo el agua; forman parte de una historia que se repite cada vez con mayor frecuencia. El dato significativo indica que a partir de una creciente máxima que alcanzó los 5,32 m, la cripta de la basílica de Luján volvió a inundarse por segunda vez en el término de tres años (2012 y 2014), hecho inédito en la larga historia del templo.
Pero cuando las aguas bajan y sobreviene la necesidad de actuar más allá de la asistencia a los damnificados, los responsables gubernamentales de la provincia y de los municipios afectados salen al ruedo del problema echando mano de manera casi mecánica al repertorio de soluciones centrado en las infraestructuras, que aunque estrictamente necesarias para corregir los problemas ya existentes, no atienden a la resolución de los problemas de fondo que podrán hacerlo todavía más grave en el futuro.
En la explicación de lo sucedido existe una convergencia de factores. Sólo voy a detenerme en el que explica los cambios en el crecimiento de las periferias urbanas a través de la ocupación masiva de bajos y humedales, en los llamados barrios náuticos o urbanizaciones cerradas acuáticas de la cuenca baja del río Luján, en los municipios de Pilar, Campana, Escobar y Tigre.
En las últimas dos décadas, el modelo de ciudad neoliberal desreguló de hecho la ocupación del territorio abriendo el juego al despliegue de las inversiones en desarrollos inmobiliarios de tipo cerrado (clubes de campo y barrios cerrados). La flexibilización de las normas y procedimientos introducidos para garantizar fluidez y rentabilidad a la maquinaria realizadora de las empresas fue de tal magnitud que los agentes desarrolladores pudieron modelar a su antojo el tipo de ofertas residenciales y su localización, aunque tales propuestas supusieran privatizar un conjunto de bienes comunes metropolitanos como las planicies de inundación del río Luján y sus afluentes, así como vastas superficies de humedales de la cuenca baja y ponerlos en situación de riesgo ambiental.
En apenas dos décadas se modificó de manera drástica el carácter y funcionalidad de los humedales a través de la construcción de algo más de 60 urbanizaciones cerradas sobre unas 7000 has de superficie, muchas de ellas integradas en mega emprendimientos que replican el modelo iniciado por Nordelta hacia finales de los años ‘90, a partir de una oferta construida en torno a paisajes asociados al agua y los deportes náuticos.
Las características escenográficas propias de este sector de la cuenca y la accesibilidad a cursos de agua con una oferta de suelo rústico con precios de entrada muy por debajo de los valores de mercado, permiten comprender la voracidad de este proceso de transformación de humedales.
El remanido argumento de la sostenibilidad ambiental utilizado por las empresas que desarrollan y comercializan estas urbanizaciones, se basa en la supuesta “recuperación” de ambientes marginales, presentados casi como un defecto de la naturaleza que necesita ser corregido; lo cual contrasta con los efectos de las prácticas utilizadas en la construcción de los barrios, claramente destructivas de los ambientes naturales: refulados hidráulicos, remoción mecánica de suelos, alteración de las cotas por sobreelevación y modificación de pendientes, producción de lagunas artificiales, desvíos de cursos, construcción de terraplenes perimetrales, eliminación de la biodiversidad, y una larga lista de etcéteras.
Pero ¿qué significado tiene esto en relación con las inundaciones que afectaron a la cuenca en los últimos días? Tanto las ya mencionadas modificaciones en la topografía así como la ocupación de amplias superficies de las planicies de inundación del río Luján y de algunos de sus afluentes han ejercido profundos cambios en los patrones de escurrimiento regional del agua, proceso que se hace visible en situaciones límite como las vividas recientemente. Un estudio del Dr. E. Malagnino (UBA) sobre la mega-urbanización San Sebastián (Pilar) revela que a partir de las obras realizadas por el emprendimiento, la sección de la planicie de inundación del río –considerando la situación previa a las obras– presenta un estrechamiento en ese sector del orden del 44%. Pero esto adquiere aún mayor importancia si se considera el efecto sinérgico del conjunto de emprendimientos localizados a lo largo de la cuenca baja, y su incidencia sobre el comportamiento de un proceso natural como el de las inundaciones, al retardar el drenaje del exceso hídrico acumulado y ejercer una presión del sistema aguas arriba.
La práctica del urbanismo neoliberal fue responsable sin ningún pudor del avasallamiento y destrucción de estos bienes comunes con el solo fin de favorecer las apetencias del mercado desarrollador inmobiliario orientado a un sector minoritario. Pero no sólo eso, los municipios también fueron parte activa al permitir el avance de las obras de las futuras urbanizaciones sin las habilitaciones técnicas y urbanísticas necesarias, y al distraer cuantiosos recursos públicos en la construcción de infraestructuras de acceso a los mismos al tiempo que las relegaban en las áreas necesitadas.
Llegó la hora de ponerle un freno definitivo a la expoliación. La problemática de las inundaciones está instalada y con seguridad deberá ser resuelta a través de obras costosísimas que bien pudieron haberse evitado, pero si no se limita de manera definitiva la ocupación de las planicies de inundación y humedales los impactos podrán ser aún mayores en el futuro.
A estas alturas de los acontecimientos parece absolutamente necesario esperar que los municipios recuperen la capacidad planificadora del territorio, a fin de pensar el crecimiento de las ciudades con un sentido articulador del bien común y alejado del modelo colaborativo con las empresas.
Mirar hacia adelante también supone considerar al río como un sistema sobre el cual las transformaciones ejercidas dentro de los límites de un municipio tienen efectos sobre los demás; de allí que las soluciones de fondo requieren de un abordaje de cuenca que hasta el momento no parece incidir en las decisiones que se toman.
Por su parte, a la provincia le cabe un lugar central en apurar estos cambios y en la formulación de directrices de protección ambiental que sustraigan a los humedales de la codicia del urbanismo rentista y los restituyan al lugar de ecosistemas estratégicos metropolitanos que realmente les corresponde.
El desafío es enorme, pero los perjuicios de la inacción lo son todavía mucho más.
* Geógrafa. Investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas (CIG). Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET). UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

"Metimos preso a Videla pero no podemos sancionar al que especula con una vivienda"

Eduardo Reese es urbanista e investigador de la Universidad de Gral. Sarmiento y el CELS. "Los grandes desarrolladores urbanos, como Constantini, tienen mucho poder mediático".
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Por Enrique de la Calle
APU: Empecemos por el principio. ¿Qué diagnóstico hace sobre la problemática de la vivienda en Capital y Gran Buenos Aires? ¿Cuáles son los núcleos duros?
Eduardo Reese: Cuando ves los diferentes estudios, uno ve que el déficit se mantuvo estable entre 2001 y 2010. Hay dos situaciones diferentes: en provincia de Buenos Aires se mantuvo pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la situación empeoró gravemente. Hay que decir que en la reciente década hubo un fuerte impulso en la temática a partir de la construcción de viviendas, de soluciones habitacionales. En términos cuantitativos ha sido muy relevante. Además, los hogares han mejorado su capacidad de ahorro, por el crecimiento económico y las mejoras sociales generales, lo que repercutió favorablemente en cambios positivos en la calidad de las viviendas.
APU: Sin embargo, el déficit perdura. ¿Por qué?
ER: Eso se ha compensado por la negativa por varios factores. Más allá de que se hicieron muchas inversiones, no hay regulación alguna sobre el suelo, lo que hace que hayan aumentado su valor por encima del poder adquisitivo del salario. Eso explica por qué aumentaron las tomas en estos años a pesar de la intervención estatal. La especulación sobre el suelo se mantiene. Un ejemplo reciente es el de PROCREAR. Cuando se lanzó ese programa automáticamente aumentaron todos los precios vinculados con la construcción de la vivienda. No hay política de regulación del mercado inmobiliario.
APU: Si uno compara las intervenciones del Estado en relación a la vivienda con lo ocurrido en décadas anteriores. ¿Ve un salto cualitativo?
ER: Cualitativo, no tanto. Sin dudas, hay un salto cuantitativo. De eso no te quepa duda. ¿Por qué no cualitativo? Porque si vos desarrollás un millón de soluciones habitacionales tenés que controlar el mercado inmobiliario, porque si no te enfrentás con los especuladores terminás perjudicando sin querer a los pobres que viven en la periferia. Hay mucho por mejorar en ese sentido. En provincia de Buenos Aires se pudo aprobar después de mucha lucha una ley de acceso al hábitat.
APU: Sobre esa ley: ¿se puede hacer un balance sobre sus efectos, o todavía no pasó el tiempo suficiente?
ER: No se puede hacer un gran balance porque la aplicación de la ley por parte del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires ha sido muy lenta.
APU: ¿Por qué no se ha podido avanzar de modo cualitativo en estos años, considerando además que el Gobierno Nacional ha estado atento a la problemática?
ER: Faltan políticas estructurales. El mercado inmobiliario tiene una capacidad de lobby impresionante. Digámoslo brutalmente: nosotros fuimos capaces de meter preso a Videla pero no somos capaces de cobrarle un impuesto al que especula con una vivienda o con el suelo. Hay una cuestión muy seria a discutir en ese punto. Profundizar el modelo es redistribuir la renta del suelo, y esa redistribución es la mejor política que podemos tener. La única política en vivienda ha sido la construcción de casas. No está mal, pero es insuficiente.
APU: Decía al principio que el número de tomas no disminuyó en ese tiempo. ¿Qué estudio tiene en cuenta?
ER: Es complicado, porque la dinámica del mercado informal es informal. Si vos hablás con funcionarios del Gran Buenos Aires te van a informar de las tomas semanales. Moreno debe tener una toma cada 15 días. Florencio Varela, una cada tres semanas. Ayer hubo una toma en Glew. Lo que pasa en Luján es impresionante. Esto muestra que no hay una política estructurada que permita acceder al suelo.
APU: Cuando se habla del mercado inmobiliario: ¿Qué actores lo conforman?
ER: Esa cadena tiene actores formales y otros más informales. Los formales son los grandes desarrolladores urbanos, los que levantan los countries, etc. Son los que elevan brutalmente el precio del suelo impidiendo que las familias accedan. Son proyectos insostenibles desde el punto de vista social y ambiental. Cuando la Ciudad se inunda nadie apunta a que Eduardo Constantini rellenó la cuenca de inundación del río Luján con Nordelta. Nadie mira a (Jorge) O'Reilly, principal asesor de Sergio Massa, que tiene muchos countries y que está lesionando las cuencas de inundación del Paraná o Luján. Esos son los actores fuertes, que tienen gran poder mediático. Los suplementos de fin de semana de Clarín o La Nación, dedicados a estos negocios, son suplementos millonarios. Por eso esos grandes medios no opinan sobre estos temas. Después hay sectores de mediano porte que especulan con el suelo, porque tienen expectativas sobre el crecimiento económico y sobre inversiones del Estado que van a valorizar sus propiedades.
APU: Hay municipios que tienen políticas activas en el tema, que compran terrenos vacíos o propiedades que no se utilizan, como modo luego de intervenir sobre el mercado. Pienso en Moreno, por ejemplo. ¿Fueron eficaces esas acciones?
ER: Moreno tiene un problema muy grave que es que pertenece al área metropolitana Buenos Aires, con lo cual está afectado por dinámicas que no son estrictamente locales sino regionales. Por eso se necesitan políticas más integrales. En Trenque Lauquen hay políticas similares que son más eficaces, porque no están afectadas por esas dinámicas. En el caso del Gran Buenos Aires es necesaria una fuerte articulación entre Nación, Provincia y los municipios.
APU: En el caso de Ciudad Autónomo de Buenos Aires, ¿qué ha hecho el macrismo al respecto?
ER: Hay políticas públicas destinadas al negocio inmobiliario. Se es capaz de reprimir en el Borda para crear un área de desarrollo especulativo en el Sur. Mientras no se cumple la ley que obliga a urbanizar las villas. Está absolutamente naturalizada esa situación.
APU: Siempre se sostiene que el macrismo no tiene política de vivienda para las villas porque quiere destinar esos predios para negocios inmobiliarios. Sin embargo, en el último tiempo ha crecido la población en villas notablemente.
ER: Lo que pasa es que mientras esto sucede las villas de Capital se capitalizan aún más. No es lo mismo alquilar una vivienda en una villa porteña que en un barrio popular en Gran Buenos Aires. Eso alimenta un negocio inmobiliario informal fenomenal. El gran porcentaje de los habitantes en villa alquila.

ESTEREOTIPOS

La mina que se pone en bolas en el Encuencuentro nacional de mujeresentro Nacional de Mujeres

Ni a Palos

También tiene historial de haberla pudrido en la Sala Alberdi, la marcha contra la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi a la que fueron diez personas, una manifestación en Buenos Aires contra el Mundial de Brasil a la que fueron cinco, la Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, y el desalojo de la Huerta Orgázmika.
Es de pintar mucho con aerosol ya sea la Catedral Metropolitana, el monumento a Roca, la estatua de Olmedo y Portales, el baño de Puan, o un afiche de Ibuevanol.
Tiene una bandita punk con canciones como “Corta el pene”, “Aborto religioso”, “El papá de Jesús era heteroflexible” y “Estado mataputo vos sos el genocidio”.
Bermuda de jean, musculosa y borcegos aunque haga 30°.
Es parte del 0,001% de los argentinos que se bajó un disco de las Pussy Riot.
También puede militar en el Partido Pirata.
Es más “activista” que “militante”.
Siempre envidió un poco a Camila Speziale.
Supo ser squatter, freegana y quemacoches.
Ya se cambió tres veces el nombre.
Vive en un ph con una amiga a la que le da vergüenza mostrar las tetas en una marcha y se puso de avatar en Facebook una foto de Malala Yousafzai.
Con ella armó una cooperativa para comercializar “copitas menstruales ecológicas” para reemplazar a las toallitas.
De vez en cuando le ve los capítulos de Girls y The L Word que tiene en su netbook.
En la suya sólo tiene discos de Kumbia Queers, Bikini Kill, Tiger Trap, Chocolate Remix y un “permitido” masculino con Negu Gorriak y Manu Chao.
Obvio tiene la tapa de su netbook llena de stickers tipo: “Hacé concha el patriarcado”.
Le puso Ubuntu.
Muy a favor de la independencia vasca y de casi cualquier movimiento independentista en el mundo.
Puede bancar un poco a Osvaldo Bayer.
No usa corpiño.
Le queda como el orto.
No se depila.
También le queda como el orto.
Armó un fanzine sobre feminismo revolucionario, guerra prolongada contra el hombre, extracción de los recursos naturales en el Ártico, persecución a los homosexuales en Uganda y nueva agricultura.
Puede haber estudiado en colegio religioso.
Por esta columna te puede militar una denuncia en el INADI.
Se indignó con las letras de Zambayonny a partir de la nota de Mariana Carbajal.
Lectora del suplemento Las/12.
Su madre no sabe exactamente a qué se dedica.
Vacaciona en el Tigre hace años.
En comunidad, obviamente.
Frecuenta Casa Brandon.