El especialista Martín Becerra analizó en diálogo con AGENCIA PACO URONDO el proyecto del Gobierno Nacional para regular las telecomunicaciones.
Por Enrique de la Calle
APU: Antes de ingresar en aspectos específicos del proyecto de ley. ¿Cuál es su impresión general sobre la propuesta del Gobierno Nacional sobre Telecomunicaciones?
Martín Becerra: En términos generales, es una ley que aspira a regular el proceso de convergencia entre las telefonías, tanto fijas como móviles, la comunicación audiovisual, internet. Son servicios que comparten infraestructuras, que pueden ser prestados a través de redes fijas o móviles. Por lo tanto, tener una regulación que insista en separar esos sectores es muy ineficaz a la hora de garantizar que funcionen bien. Esto es, que presten servicios adecuados a la ciudadanía, que tengan tarifas razonables. Tener una ley, como ocurre ahora, que no contemple esa convergencia es algo problemático. Muchos países del mundo están revisando sus legislaciones, es bueno que la Argentina también lo haga. Es lógico que no se pueda acompañar el vértigo con el que se desarrollan las tecnologías, pero es necesario ir poniéndose al día.
APU: ¿La actual ley de Telecomunicaciones es totalmente obsoleta?
MB: Sí. Es un decreto-ley de 1972. Tuvo modificaciones cuando se privatizó Entel durante el primer gobierno de Carlos Menem o con la Alianza, en 2000. Es un decreto viejo, obsoleto, que ha tenido modificaciones, no todas muy coherentes entre sí. Es un marco bastante cambalache que debe ser modificado por una ley más integral, que sea coherente en todos sus aspectos.
APU: Salgo un momento de Argentina: ¿México y Brasil están avanzando en leyes similares?
MB: Cada uno a su manera. Diría más México, que Brasil. México sacó recientemente una ley de Telecomunicaciones que es muy resistida. Fue sancionada este año después de una reforma constitucional muy interesante. Más allá de las consideraciones que podamos hacer, se trata de una ley que busca regular la convergencia. Colombia tiene también una ley de TICs. Brasil tiene una ley (de abril de este año) que no regula la convergencia pero que sí se mete con internet.
APU: Cuando uno ve el mapa de las telecomunicaciones de Argentina, se observa que hay cuatro empresas (Telmex, Telecom, Telefónica y Grupo Clarín), que controlan el 80% del mercado. ¿Es así?
MB: Es así, es un sector híperconcentrado. Cuando uno plantea esto, aparecen las empresas diciendo que eso es así en todo el mundo, lo cual también es cierto. Eso debe ser señalado: el de las telecomunicaciones es un sector con mucha concentración en todo el mundo. Por eso, como está muy concentrado es muy regulado en muchos países. Para evitar, justamente, que esa posición dominante de las empresas perjudique a los ciudadanos. En la Argentina eso no pasa.
APU: ¿Hay que asumir, entonces, que el sector de las telecomunicaciones, por su propia dinámica, está dominado por grandes empresas? ¿Ante esa situación, la única salida pasa por leyes muy duras?
MB: Es así. Hay pocos actores y grandes. Lo que es deseable, en una política pública inclusiva, es que esos pocos actores estén fuertemente regulados. Y que en algunos segmentos de su mercado estén impedidos de participar. Esto puede sonar paradójico, pero está presente en el proyecto que presentó el Gobierno. Esto significa que si una gran empresa presenta una infraestructura de red muy extendida tenga la obligación de facilitar a competidores más pequeños, como cooperativas o PYMES, a usar su red. Que la tengan que alquilar a un precio que establezca el Estado. Entonces, esas pequeñas empresas pueden usar esa red para brindar servicios domiciliarios. Se supone que esa actividad le agrega competencia a un mercado que tiene tendencia a la concentración.
APU: ¿Este proyecto de ley cómo se lleva con la ley de Medios? ¿La complementa o la modifica?
MB: Se puede ver de las dos maneras. La modifica en un punto que seguramente es muy celebrado por los gerentes de Telefónica de España, porque exceptúa del cumplimiento de una prohibición de la ley de Medios a las telefónicas. Un artículo de la ley de Medios impide que las empresas que brindan servicios públicos puedan brindar comunicación audiovisual. Esta ley exceptúa a las telefónicas. De este modo, Telefónica va a poder resolver su incómoda situación en relación a Telefe, que es el principal canal de televisión abierta de Argentina. Además, va a poder meterse en la televisión por cable, lo que seguramente irrita a Clarín. Por supuesto, tiene que respetar los límites que establece la ley de Medios.
APU: ¿El Grupo Clarín, una vez resuelta su adecuación, podría dedicarse a la telefonía?
MB: Es así. Habilita el cruce de telefonía a audiovisual y al revés. Por la escala de las empresas que se dedican a telefonía, éstas arrancan con ventaja. Que una ley permita las dos cosas no significa que eso ocurra en lo inmediato. Por eso, una de las críticas que tengo a este proyecto tiene que ver con la necesidad de incluir mayores exigencias a las telefónicas para pasarse a la comunicación audiovisual. Eso estaba contemplado en la primera versión de la ley de Medios que se presentó en 2009. Por ejemplo: que demuestren que son competitivas en su sector antes de que se facilite el pasaje a lo audiovisual. Eso forma parte de la lógica de regulación en muchos países.
APU: ¿La inclusión de esas mayores regulaciones a las telefónicas es incompatible con el proyecto tal como está redactado?
MB: No, para nada. Para dar una idea general sobre el proyecto, creo que tiene una orientación que es necesaria para la regulación argentina. Tiene principios generales que son muy importantes. Y tiene algunas ambigüedades y disposiciones que deben modificarse.
APU: El proyecto habla de regulaciones en torno a “posición significativa del mercado”. ¿Qué implica eso?
MB: Eso es otra cuestión que hay que modificar. El proyecto habla de “posición significativa de mercado”. Es muy importante. Ahora, el proyecto no es muy preciso para definir cómo considera “posición significativa”. Además, como le reserva a la autoridad de aplicación muchos aspectos, también le deja esa definición. Creo que la ley debería precisar esa situación, porque si no, va a variar según el Gobierno de turno. Para Cristina va a significar una cosa hasta diciembre de 2015 y para Massa, Macri o Scioli puede significar otra muy diferente. Eso agrega incertidumbre y desprotege a los usuarios.
APU: Más allá de la necesidad de precisar qué se entiende por “posición significativa”. ¿Qué propone el proyecto para los casos incluidos en esa definición?
MB: Le permite al Estado mayor regulación. Por ejemplo, le puede pedir a las empresas que se dividan funcionalmente, que se separen. Puede regular más activamente las tarifas. Le otorga posibilidades de intervención mucho más importantes.
APU: En general, ¿las leyes de otros países cómo definen “posición significativa”?
MB: Hay muchas bibliotecas y hay diferentes definiciones sobre qué se entiende por eso, qué porción de mercado se corresponde con una “posición significativa”. Ese es el problema, por eso es necesario precisarlo en la ley.
APU: Si tuviera que describir cuán bueno o cuán malo es el servicio de telecomunicaciones en el país. ¿Qué diría?
MB: Trato siempre, en cada entrevista, de hacer un esfuerzo para colocarme en el rol de profesor. Intento proponer un análisis que no esté atravesado por las pasiones. Tu pregunta apela a la pasión. Diría que las telecomunicaciones son espantosas, no hay una comunicación móvil que se pueda realizar en términos razonables. Es un servicio que tiene que mejorar mucho.
