martes, 30 de septiembre de 2014

¡DESACATAO! CFK: "No necesitamos ningún monitor"

"Se es soberano cuando se tiene la dignidad de sostener la bandera en alto y no dejar que pisoteen la dignidad de los argentinos", insistió la Presidenta ante los militantes reunidos en uno de los patios de la Casa Rosada al hablar de las decisiones de la Justicia norteamericana.
"¿Cómo se sentiría cualquier ciudadano del mundo si quisiera pagar lo que debe y desde el enfrente, y del costado y de atrás, no se lo permiten?", completó la mandataria, quien apeló a "la unidad de todos los argentinos" frente al litigio con los fondos buitre.
Cristina sostuvo que "nos quieren envenenar la cabeza" y lamentó que "algunos argentinos defiendan a los que atacan a la Argentina, a los que quieren tirar abajo la reestructuración de la deuda para volver a endeudar al país en cientos de miles de millones".
En ese sentido, la jefa de estado se calificó como "la última valla" frente a la pretensión de los fondos buitre y resaltó: "Qué fácil sería para esta presidenta firmar cualquier cosa... Me aplaudirían algunos, pero embargaría a nuevamente a la Argentina". "Hay algunos que hablan del futuro porque no se quieren hacer cargo de lo que hicieron en el pasado: yo no fui parte, del endeudamiento, del neoliberalismo ni de la dictadura", sentenció.
"A los argentinos nos están tocando ver cosas insólitas. Pasamos por momentos en que pensábamos que se venía el mundo abajo: no había recursos, trabajo, industria, una deuda inmensa. Sin embargo, desde 2003, hemos construido un país que yo espero --no ya como presidenta, ni siquiera como militante política sino como una ciudadana más-- que lo cuidamos entre todos porque es un país que ha crecido sobre tragedias, dolor, ausencias...", pidió la presidenta ante la militancia. "Che gorila, che gorila, no te lo decimos más... Si la tocan a Argentina, que quilombo se va a armar", se cantó en el patio de la Casa Rosada a pedido de la jefa de estado.

LA NUEVA CRUZADA Gran Bretaña comenzó a bombardear en Irak

"Puesto de artillería terrorista de Estado Islámico destruido por una bomba guiada Paveway IV cuando estaba atacando a tropas kurdas", dijo la cartera de Defensa británica a través de una publicación en las redes sociales. Los bombardeos se producen después de que el viernes el Parlamento británico dio permiso al gobierno para sumarse a la campaña aérea de una coalición internacional liderada por Estados Unidos.
El gobierno del primer ministro David Cameron pidió sólo participar en los bombardeos en Irak, cuyo gobierno solicitó ayuda a Londres, pero no en los de Siria que ya llevan a cabo Estados Unidos y varios aliados.
En tanto, las fuerzas militares de Estados Unidos participaron desde ayer en 11 ataques aéreos de la coalición internacional contra el EI en Siria y en otros 11 en Irak, informó el Pentágono. Tanto los ataques en Siria como los de Irak se produjeron desde aviones de combate y aeronaves no tripuladas, y contaron con la colaboración de la coalición, aunque no se precisaron los países implicados, indicó el Mando Central en un comunicado.
En Siria se llevaron a cabo dos ataques cerca de la ciudad oriental de Deir Ezzor en los que se destruyeron dos vehículos, uno de ellos acorazado, del EI; y cinco más en el noreste del país cerca de Sinjar, en los que se atacó una pieza de artillería, un puesto de vigilancia, y cuatro posiciones de combate de los jihadistas.

UNA PRESENTACION PARA LA PRENSA La Justicia rechazó el amparo de Carrió

La medida había sido solicitada por los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez, quienes argumentaron que hubo "graves violaciones reglamentarias" y no se cumplieron los trámites parlamentarios que habilitan el debate sobre el digesto jurídico.
El magistrado, sin pronunciarse sobre el fondo de la demanda, recordó que la Corte Suprema de la Nación "ha destacado que la misión más delicada de los jueces es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los demás poderes".
Carrió y Sánchez solicitaron que se ordene al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, se abstenga de convocar el tratamiento ante el pleno de la Cámara del Proyecto de Ley sobre aprobación del nuevo Código Civil y Comercial, mientras tramitará la causa.
Los legisladores consideraron que el proyecto, con media sanción del Senado de la Nación, carece de despacho de comisión, pues el dictamen que alguna vez tuvo, caducó. El argumento presentado por Carrió ya había sido desestimado durante el debate en comisiones que se realizó la semana pasada.
Por su parte, Marinelli advirtió que "no se debe perder de vista que, en principio, con arreglo a la doctrina que emana de diversos precedentes del Alto Tribunal, se encuentra vedado al poder jurisdiccional interferir en el proceso de formación y sanción de las leyes".
Y agregó que "mediante el dictado del pronunciamiento cautelar que se solicita, se estaría impidiendo sesionar a la Cámara de Diputados de la Nación, afectando el funcionamiento de uno de los poderes del Estado" sin que se presente, en principio, una efectiva violación constitucional directa que justifique semejante medida.
Los efectos de la medida cautelar "alcanzarían también a todos los integrantes de la Cámara de Diputados, incluso aquellos que podrían tener un interés contrario a los diputados demandantes", evaluó Marinelli.

"NO SOY RANA Y SÉ NADAR" Cristina denunció una conspiración para "voltear al Gobierno"

La presidenta, Cristina Kirchner, recordó que la Argentina había depositado “161 millones de dólares, destinados al cien por cien de los acreedores”, en virtud de la Ley de pago soberano, calificó de “disparate” la figura del desacato decidida por Thomas Griesa, alertó que el verdadero propósito de los buitres es “tirar abajo la exitosa reestructuración de la deuda”, no descartó que "en 20 días quieran aplicar sanciones al país, inclusive detenerme durante mi próximo viaje”, consideró que las recomendaciones hechas por la embajada de Estados Unidos a sus conciudadanos que viajen a la Argentina era “una provocación”, y denunció que “lo que quieren es voltear al Gobierno”. Respecto de las denuncias acerca de una amenaza del grupo terrorista Estado Islámico, advirtió que si le pasara algo “no miren a Oriente, miren hacia el norte”. Por último denunció “un movimiento de pinzas” entre los exportadores y los empresarios, y acusó a los primeros de querer recuperar el dinero perdido por “pavotes”, al no liquidar la cosecha de granos antes de la caída del valor de la soja, y a los segundos de querer “licuar” los salarios de los trabajadores a través de una devaluación.

MACRI RENIEGA DE LAS RETENCIONES, PERO SE BENEFICIA DE ELLAS Promesas para la tribuna

Por Werner Pertot
“Retenciones cero”, fue la consigna que lanzó Mauricio Macri en la conferencia que dio ante la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El líder del PRO prometió que, cuando sea presidente, va a eliminar las retenciones para las economías regionales y bajar las retenciones de la soja 5 por ciento por año hasta eliminarlas. No obstante, el jefe de Gobierno adhirió voluntariamente a un fondo que proviene directamente de las retenciones a la soja y que fue creado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A partir de que se sumó a recibir dinero de las retenciones de la soja, se calcula que este año su gestión recibirá 320 millones de pesos. La legisladora kirchnerista María Rosa Muiños presentó un pedido de informes para que el gobierno porteño explique en qué se está utilizando ese dinero.
La conferencia de la CAME reunió a siete presidenciales del kirchnerismo, del Frente Amplio Unen (FA-Unen), del Frente Renovador y del PRO. Además de cuestionar la inversión en empresas satelitales, Macri remarcó que buscará eliminar las retenciones a los empresarios agrarios. “Retención cero a todas las exportaciones de las economías regionales y eliminación de cualquier impedimento para exportar”, prometió Macri, quien sobre la soja advirtió que no lo podrá eliminar de inmediato, pero se comprometió a ir bajándolo un 5 por ciento por año hasta que sea completamente eliminado. No dio detalles de cómo pensaba resolver el déficit fiscal que esto produciría ni tampoco el impacto sobre la distribución de los cultivos.
Días después de su diatriba contra las retenciones, Macri dio a conocer un nuevo impuesto a los consumos on line de películas, series, música, juegos (como Netflix, Amazon, Spotify, entre otros), por lo cual la oposición porteña salió a señalar una contradicción entre el decir y el hacer. Sin embargo, pese a sus diatribas contra las retenciones a la soja, Macri aceptó de buena gana el dinero que le ofreció el gobierno nacional de estas retenciones a partir de la creación de un fondo para las provincias.
Se trata del Fondo Federal Solidario, creado en 2009 por la Presidenta y que destina el 30 por ciento de las retenciones de la soja a obras de infraestructura social (sanitaria, educativa, de viviendas) en las provincias. Para poder cobrarlo, cada Estado provincial –o la Ciudad Autónoma– debía adherir voluntariamente. Macri lo hizo a través del decreto 255/2009, que en sus considerandos dice que “la Ciudad Autónoma ha propiciado, en similar sentido al ahora propuesto por el Ejecutivo nacional, medidas que permitan el desarrollo de la infraestructura social de la ciudad”. “Siendo indispensable para su aplicación la adhesión formal de cada Estado al fondo creado por decreto, se entiende prudente dictar la norma”, señala el decreto, que lleva la firma de Macri.
Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad, a fines de 2014 ese monto llegará a los 320.600.000 pesos. La legisladora del Frente para la Victoria, María Rosa Muiños, presentó un informe para que el gobierno porteño diga qué está haciendo con ese dinero. El pedido de Muiños reclama un “informe detallado de las obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial realizadas desde el año 2010 hasta la actualidad con los fondos del Fondo Federal Solidario”. Además pide que informe qué montos recibió la Ciudad en cada año y que dé detalles sobre el estado de cada obra realizada con ese dinero, “discriminando aquellas que se encuentren finalizadas de las que se encuentren en vías de ejecución”.
En la fundamentación de su proyecto –que todavía no fue votado en la Legislatura–, Muiños indica que la creación del Fondo Federal establecía causales específicas para que los gobiernos no reciban los fondos, y “entre ellas se destaca la utilización de dichos fondos para fines distintos que aquellos estipulados en la norma”. “Esto no resulta un dato menor, puesto que de verificarse un incumplimiento por parte de alguno de los Estados adherentes, esta circunstancia conlleva la suspensión del giro hasta tanto el Estado incumplidor regularice su situación.”

CURIOSAS COMPARACIONES Más críticas a los dichos de Méndez

"Las declaraciones son de Héctor. No sé en qué contexto las habrá hecho", indicó Urtubey, quien remarcó que en Argentina "las reglas están, en el Congreso se votan con determinadas mayorías, y a partir de ahí hay determinados productos legislativos que pueden ser objetados judicialmente". De esta manera volvió a responder a los dichos de Méndez, quien aseguró que "la tropa que levanta la mano en el Congreso me hace acordar a la dictadura".
Por su parte, Etchevehere, en declaraciones a radio América, afirmó que en la Argentina "están las herramientas institucionales y constitucionales, para que si uno entiende que se viola algún principio de la Constitución, ir a la Justicia y que determine si se lesiona o no un derecho".
"Como hicimos con muchísimos senadores, dirigentes de las diferentes jurisdicciones y provincias estamos hablando con los diputados para demostrarles porque sería a nuestro entender perjudicial que se sancione" el paquete de leyes de consumo que recibió media sanción del Senado, indicó el dirigente ruralista.
Confirmó que en caso de que se sancione, la Sociedad Rural acudirá "a la Justicia porque entendemos que viola tres principios constitucionales: el derecho a la propiedad, de asociarse para ejercer industria lícita y la delegación de facultades judiciales al Ejecutivo".
En el mismo sentido, Urtubey consideró "inconveniente e institucional" el paquete de leyes de consumo que obtuvo media sanción del Senado, y precisó que los dirigente industriales van "a accionar judicialmente" para evitar la puesta en vigencia de la legislación.
Respecto de la ley de pago soberano, el hombre de la UIA mostró otra posición: "Estoy de acuerdo que el Congreso debata alguna medida que posibilite que esos acreedores reestructurados acedan a sus créditos".