LAS HIPOTESIS SOBRE LA ENTREGA DEL NIETO DE ESTELA DE CARLOTTO Los eslabones perdidos

Por Irina Hauser y Ailín Bullentini

En el rompecabezas de la apropiación de Ignacio Guido Montoya Carlotto se van reuniendo piezas que, de todas formas, no llegan a encajar entre sí todavía. Algunas de esas piezas pusieron en el tablero a personajes que pueden tener distinto grado de responsabilidad en el hecho. El análisis de la partida de nacimiento falsa del hijo de Laura Carlotto y Walmir Montoya reforzó la implicancia del terrateniente Carlos Francisco “Pancho” Aguilar en la entrega del bebé y puso el foco en el médico Julio Sacher, que firmó el documento. Otros nombres que surgieron fueron el de Ignacio Verdura, miembro del Ejército que tuvo a su cargo el centro clandestino de detención Monte Peloni, epicentro de la represión durante la última dictadura cívico-militar en Olavarría, la ciudad donde se crió el último nieto recuperado, y el de Filiberto Salcerini, otro ex militar de esa ciudad bonaerense vinculado con Aguilar a través de sus esposas: ambas eran primas. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis fue profundizada aún en el expediente judicial, cuya jurisdicción definitiva recién se definiría a mediados de semana. Por ahora no son más que líneas de investigación latentes. ¿Cómo llegó el nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo a Olavarría? ¿Qué orillas une el puente de su apropiación? Estas preguntas aún no tienen respuestas.

Por ahora, y pese al pedido de los fiscales Hernán Schapiro y Marcelo Molina al juez federal de La Plata Manuel Blanco para que se ponga al frente, la causa que investiga la apropiación continúa en manos de la jueza federal de la ciudad de Buenos Aires María Servini de Cubría. Se espera que Blanco, quien tiene a su cargo el expediente por el homicidio de Carlotto, se expida ante su par porteña recién mañana. Mientras tanto, es Servini quien cuenta con la potestad para trabajar en las diferentes hipótesis.
Desde Abuelas consideran necesario que la investigación se desarrolle vinculada con La Cacha, el centro clandestino de detención en donde estuvo secuestrada Carlotto antes de parir y adonde fue trasladada inmediatamente después. Mientras tanto, fueron sumándose personajes a la trama en que se convirtió la vida de Hurban desde que la ciencia confirmó que es Montoya Carlotto, hijo de dos militantes asesinados durante el terrorismo de Estado. Pero las partes acusadoras prefieren actuar con cautela y aguardar los resultados de la investigación.

El terrateniente

El vínculo del terrateniente olavarriense Pancho Aguilar con la entrega es el dato que aparece más firme en la causa. Como ya fue consignado en este diario, su muerte en marzo último fue lo que determinó que una persona cercana le revelara al nieto de Estela de Carlotto que no era hijo biológico del matrimonio de Juana y Clemente, quienes trabajaron en el campo del empresario, perteneciente a la Sociedad Rural local y ex candidato a concejal suplente por Unión PRO. Tiempo antes de que se confirmara la verdadera identidad del músico, Abuelas de Plaza de Mayo había recibido una denuncia que establecía el vínculo entre la apropiación del bebé de la pareja Carlotto/Montoya y Aguilar. A estas versiones coincidentes se sumó un dato que reforzó la sospecha: en el acta del falso nacimiento de Ignacio Hurban que figura en el Registro de las Personas de Olavarría –y que fue publicada ayer por Infojus noticias– figura como domicilio de alumbramiento el de la casona en la que vivió Aguilar y aún habita su familia.

El militar

En Olavarría es vox populi que, como era experto en caballos y un avezado jinete, Aguilar se relacionó fuertemente con varios militares, con quienes se lo veía de cuando en cuando en los bares de la ciudad. Uno de ellos era el coronel Verdura, quien lideró el Regimiento de Caballería de Tanques 2, perteneciente al área 124 del Ejército argentino, entre 1975 y fines de 1977. Aguilar, cuentan los que lo conocieron en Olavarría, practicaba equitación en los terrenos del Ejército que comandaba Verdura.
Por el momento, no hay vínculos probados entre Verdura y la apropiación del nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Sin embargo, el hombre no es cualquier militar retirado, sino el principal acusado en el juicio que comenzará el mes próximo por delitos de lesa humanidad cometidos en el CCD Monte Peloni, en Olavarría, con lo cual la posibilidad de que haya tenido contacto con represores de La Cacha es una línea a investigar. El otro ingrediente que llama la atención en un posible vínculo entre Verdura y la apropiación del hijo de Laura Carlotto es el nombre que ambos llevan: Ignacio. El hecho de que los apropiadores hayan renombrado como ellos a los bebés robados a víctimas del terrorismo de Estado es un dato que encuentra eco en varios casos.

El primo político

Pero Verdura no es el único hombre de las Fuerzas Armadas con quien Aguilar tuvo una –cuanto menos sospechada de estrecha– relación: un importante personaje en esta trama es Filiberto Salcerini Soffredini, fallecido ex coronel de caballería, quien fue mano derecha de Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense durante la última dictadura. “Aguilar era primo político de Salcerini, quien estaba casado una de sus primas, Raquel Fassina”, recuerda Carmelo Vinci, titular de la Comisión por la Memoria de Olavarría. El dato también figura en el Informe de la Memoria de esa ciudad (realizado en 2001), a través de la declaración de un testigo de la policía local “que lo señalaba como alguien con gran poder de decisión en la Bonaerense, intervención en los secuestros y contactos e injerencia en el Ejército”. En el mapa general de la situación, Salcerini también podría haber sido el vínculo entre Olavarría y el centro clandestino de detención en el que estuvieron secuestrados Oscar Walmir Montoya y Laura Carlotto.

El doctor

En el acta de nacimiento falsa a nombre de Ignacio Hurban figura Julio Luis Sacher como el doctor que “constató” el nacimiento. Se trata de un reconocido ginecólogo de Olavarría que trabajó para la Policía Bonaerense. Su firma en el documento que falsificó el nacimiento y la filiación de Montoya Carlotto –que fija en el 2 de junio su alumbramiento, cuando en realidad nació el 26 de ese mes de 1978– lo vuelve una pieza importante en la cadena de hechos, y su relación con la fuerza de seguridad provincial añade picante al asunto. Ambos datos, sin embargo, no son en sí mismos pruebas fehacientes de su vínculo con el acto puntual de la apropiación. “Los médicos que firman certificados falsos de nacimientos en casos de apropiación muchas veces intervinieron después de que los bebés fueron robados a sus mamás, con lo cual no son necesariamente parte de la entrega”, advirtió Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. Es decir, que pudo haber otro médico que asistiera el parto de Laura Carlotto y que Sacher luego falsificara el acta. Todas estas cosas aún deben ser investigadas. Lo que sí dejó en claro el acta es que el bebé fue entregado de inmediato, ya que se inscribió el 28 de junio y habría nacido el 26.
La semana pasada, las Abuelas solicitaron a Servini de Cubría un cúmulo de medidas para profundizar en el vínculo de Sacher con el hecho, pero aún no tuvieron novedades.

ORDENAN A UN COUNTRY Y DOS AGENCIAS INDEMNIZAR POR UN ASALTO La seguridad paga por insegura

Por Raúl Kollmann

El Tortugas Country Club y las compañías de seguridad Securitas y Bastidas fueron condenados el 8 de agosto pasado por el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº8 de San Isidro a pagar indemnizaciones de unos cien mil dólares por un robo perpetrado en el country en 2006. El 31 de marzo de ese año, un grupo entró al barrio privado diciendo que iba a la vivienda del abogado Alejandro Novak. Llegados a la casa del letrado, los integrantes de la banda irrumpieron con armas largas, amarraron con cintas a todos los que estaban en la vivienda y luego de robar lo que había de valor, salieron nuevamente por la puerta principal. El juzgado consideró al country y a las empresas de seguridad responsables de lo ocurrido. Es el primer fallo de estas características y golpea con dureza a quienes están a la cabeza de esa especie de torres de marfil que son los countries.

Novak es un penalista conocido que intervino en casos de alto impacto: fue defensor de Carlos Menem y del joven Sebastián Cabello que atropelló y mató a Cecilia González Carman y su hija. Desde el primer minuto pensó que en aquel asalto hubo complicidades de la guardia de seguridad del Tortugas y se embarcó en una minuciosa investigación, aportándole elementos al fiscal Ricardo Costa. Al poco tiempo determinó que en el robo había participado un empleado de seguridad del country, Julio César Romero. En su casa se encontraron elementos robados y terminó detenido por orden del juez Rafael Sal Lari.
Pero Novak no paró ahí, siguió adelante con una demanda contra los que consideró responsables finales de lo ocurrido: la conducción del propio country y las dos empresas de seguridad. “El fallo es de suma importancia porque sienta jurisprudencia –sostuvo Novak– con relación a la responsabilidad que les cabe a los clubes como Tortugas y a las compañías de seguridad en este tipo de sucesos que son ya habituales en los countries.” Tortugas es seguramente uno de los countries más tradicionales de la Argentina y ambas empresas de seguridad son de las de mayor importancia en el mercado.
Hay todo un debate que tiene que ver con las empresas de seguridad, la mayoría de ellas propiedad de ex comisarios de la Bonaerense, de la Federal o ex integrantes de las Fuerzas Armadas. Por un lado, han resistido muchísimo al control del Estado y arman verdaderos ejércitos privados con efectivos sin preparación y, en algunos casos, con vínculos anteriores con el mundo del delito. Aunque esto figura entre los requisitos para dar seguridad privada, hay decenas de artilugios para eludir los controles. Por otra parte, los sueldos son del más bajo nivel, las guardias extensas y esos efectivos conocen al dedillo los movimientos en el barrio privado que supuestamente protegen. Un caso conocido fue el del prefecto Alcides Díaz Gorgonio que protagonizó un robo en la casa del ahora candidato presidencial Sergio Massa, en un barrio privado de Tigre.
En el caso de Tortugas, los delincuentes entraron al country por la puerta principal en un vehículo Peugeot y vestidos de saco y corbata. Dijeron que iban a casa de Novak y la guardia, en la que revistaba Romero, los dejó entrar. Interceptaron a la madre del abogado que estaba por llevar a su nieto a la parada del vehículo escolar, la obligaron a volver a la casa y ahí redujeron también al personal doméstico y a tres carpinteros. Novak estaba de viaje. Después de maniatar a los presentes, se llevaron dólares, pesos, computadoras, relojes Rolex y joyas y salieron nuevamente por la puerta principal del country.
Novak es abogado de familiares de María Marta García Belsunce y su hipótesis del asesinato es, justamente, que integrantes de la guardia y algún vecino entraron a robar a la casa de María Marta, ésta volvió de improviso, los sorprendió y la mataron. Hasta ahora, la Justicia sostiene que el homicidio fue cometido por su marido, Carlos Carrascosa, quien está preso desde hace cinco años y está esperando que la Corte Suprema revise su caso.
raulkollmann@hotmail.com

EL PRO INTENTARA APROBAR ESTE JUEVES LA CREACION DE UN INSTITUTO PARA EXAMINAR EL SISTEMA EDUCATIVO La evaluación con lógica neoliberal

Por Werner Pertot

@“Al estudiante que corre con zapatillas y sobre asfalto hay que evaluarlo y lograr que se esfuerce. Al que corre descalzo sobre empedrado también hay que evaluarlo y lograr que mejore. Pero lo que no podés hacer es esperarlos a los dos en la llegada y rankearlos. Eso sería estigmatizar.” La metáfora pertenece al titular de UTE-Ctera, Eduardo López, y resume el rechazo de todos los sindicatos docentes y la oposición porteña al Instituto de Evaluación que el bloque del PRO intentará aprobar este jueves en la Legislatura. Los puntos que causan mayor polémica son la autarquía del instituto y su financiamiento privado. El macrismo cuenta con 28 votos propios más otros dos que le aportará el bloque de Graciela Ocaña. Si se mantienen los 30 votos opositores, la vicejefa María Eugenia Vidal se verá obligada a desempatar.

Evaluar y castigar

Luego de una agitada discusión en la Comisión de Educación la semana pasada, el PRO logró un dictamen de mayoría y la preferencia para que sea tratado este jueves. Cuando se conoció el proyecto macrista en su versión final, los legisladores del Frente Amplio Unen advirtieron sobre un extendido uso del “copiar y pegar” de su propia iniciativa. Los macristas proponen crear un Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa, que tendrá autarquía financiera y podrá recibir financiamiento privado. Tendrá un director ejecutivo, que durará cinco años en el cargo, y será nombrado por el Ejecutivo previo concurso. En el directorio habrá tres representantes del Ejecutivo, tres de la Legislatura y dos de los sindicatos, además de un supervisor escolar, que también elegirá el gobierno porteño. El PRO tendrá mayoría propia. Según el proyecto macrista, el director podrá “contratar expertos nacionales o extranjeros para realizar estudios”, y el ente evaluará “los aprendizajes de los alumnos, la formación y práctica docente y el desarrollo de la gestión”.
El dictamen de FA-Unen propone un “organismo desconcentrado”, al que llama Unidad de Evaluación Integral de la Educación. No permite otro financiamiento que no sea lo asignado presupuestariamente, más “herencias, legados y donaciones”.
El Frente para la Victoria también presentó un proyecto: remarca que “la función evaluadora no puede ser delegada a sectores ajenos a la administración del Estado a través del Ministerio de Educación”, y propone la creación de un Consejo Asesor de Evaluación de la Calidad Educativa Integral (Caeie). La evaluación en sí se mantendría dentro del Ministerio de Educación, en la actual Gerencia de Evaluación Educativa, que este año tuvo un incremento presupuestario del 300 por ciento.
“La gran diferencia entre los tres proyectos es que el del PRO tiene una cuenta bancaria. El gobierno porteño no puede abrir cuentas por decreto. Esa es la clave de esta ley: para el financiamiento privado necesitan una cuenta privada”, señaló López, de UTE-Ctera. “No estamos discutiendo evaluación. Estamos discutiendo plata”, remarcó. En los gremios docentes, el veredicto sobre la propuesta macrista es unánime: todos se oponen. “El proyecto responde a la lógica neoliberal de la década del ‘90 con un contundente sesgo mercantil y punitivo”, indicó la titular del Sadop, María Fernanda Benítez. “No mejora la educación y afecta al régimen laboral de los trabajadores”, afirmó el secretario general de Ademys, Jorge Adaro. Tampoco cuenta con la simpatía de la Iglesia, que dejó trascender que limitaría la libertad de enseñar. “¿Cómo van a evaluar los Diez Mandamientos? ¿La ética?”, se preguntaban en la Vicaría para la Educación.

La rosca

“El carácter autárquico es innegociable porque no estamos de acuerdo con que sea una oficina dentro del ministerio, aunque podemos encontrar formas similares a la autarquía”, señaló la legisladora del PRO que preside la Comisión de Educación, Victoria Morales Gorleri, cuyo estado avanzado de embarazo hizo que el macrismo apurara una votación que promete ser ajustada: 30 votos contra 30 votos. “Hay muchas miradas sobre lo que va a hacer Ocaña”, advirtió la kirchnerista Lorena Pokoik. “Alguien como Ocaña, que está peleando contra la corrupción, está por habilitarle al PRO una cuenta bancaria por fuera de los controles del Estado”, remarcó López, de UTE, y advirtió: “Hace dos meses que no nos recibe”.
¿Qué dice Ocaña? “Estoy de acuerdo con el instituto en líneas generales, porque la educación tiene muchos problemas”, afirmó Ocaña a Página/12.
“Estamos proponiendo distintas reformas. Del proyecto que ingresó a éste, ha mejorado. Cuando hicimos campaña, dijimos que íbamos a trabajar para mejorar la educación. Hay gente humilde que manda a sus hijos a una escuela privada porque siente que la escuela pública no les da lo necesario. Yo quiero defender la escuela pública y para eso hay que tener una educación de calidad y hay que evaluar a los docentes y a los alumnos”, indicó. Sobre el financiamiento privado, señaló: “Puede ser un convenio con una universidad. No me imagino otro financiamiento”.
“El instituto podría hacer convenios con consultoras privadas”, disintió Pokoik. “Desde el Frente para la Victoria estamos a favor de la evaluación, pero en contra de la autarquía. La evaluación no puede ser punitiva”, señaló. El bloque de FA-Unen, en tanto, está pasando por las turbulencias de ese espacio y se rumoreaba que los legisladores radicales podrían terminar votando con el PRO. “Vamos a intentar que entiendan que esta ley no puede salir con los votos justos. Lo ideal sería discutir otro tipo de ley y no pedazos de una totalidad, que sería una Ley General de Educación”, consideró el titular de la bancada de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. “No estamos de acuerdo con la creación de un organismo externo –agregó– porque se estaría delegando la función del Ministerio de Educación.”

Página 12

SIGUEN LAS PROTESTAS EN FERGUSON POR EL ASESINATO DE UN ADOLESCENTE NEGRO Missouri en llamas por un crimen policial

Por David Usborne *

La ansiedad y la ira se combinaban anoche en un cóctel tóxico en el suburbio de Ferguson en St. Louis, mientras crecía el reclamo para la detención de un oficial de policía que disparó y mató a un adolescente negro desarmado hace diez días. En respuesta, las autoridades trataban de poner fin a las sucesivas noches de violencia mediante el envío de soldados de la Guardia Nacional. Las tropas, transportadas por vehículos blindados y vestidas de camuflaje, llegaron a la ciudad por orden del gobernador de Missouri, Jay Nixon en la madrugada de ayer después de otra ronda de violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes en la noche del domingo que estalló incluso antes del inicio de un primer toque de queda de la medianoche a la madrugada. Las escuelas recibieron la orden de cerrar mientras continuaban los disturbios.

Los residentes de Ferguson permanecieron inquietos, sin saber si la presencia de la Guardia Nacional desalentaría a los manifestantes de aventurarse una vez más en el campo de batalla en que se han convertido algunas de las calles de la ciudad. El miedo era que, por el contrario, creciera la desconfianza y una sensación generalizada de que los dolores de una comunidad angustiada por la muerte de uno de los suyos se haya confirmado con la respuesta militar desproporcionada.
Simultáneamente, la comunidad recibió otro shock con la autopsia realizada a la víctima, Michael Brown, de 18 años, la que reveló que le habían disparado seis veces. De esta manera parecía corroborar las declaraciones de los testigos que afirmaban que Brown estaba tratando de rendirse cuando le dispararon. En una concurrida conferencia de prensa, el abogado de la familia Brown, Benjamin Crump, dijo que la madre de la víctima, Lesley McSpadden, había preguntado dos cosas al patólogo principal contratado para llevar a cabo la autopsia: si su hijo había sufrido y “¿qué más necesitamos para darles para que detengan al asesino de mi hijo?” Anteriormente, la señora McSpadden, había aparecido en ABC TV News dejando en claro su opinión de que el agente de policía implicado, que ha sido identificado como Darren Wilson de 26 años, debería ser arrestado. Cuando se le preguntó cómo se podría restaurar la calma en la ciudad, respondió: “Con la justicia ... arrestando a este hombre y haciéndolo responsable de sus actos”. Wilson, que tiene un historial limpio de acuerdo con el Departamento de Policía, se mantuvo en la clandestinidad.
El portavoz de la Policía del Condado de St Louis, Brian Schellman, no respondió a la pregunta de por qué el oficial no había sido arrestado. El departamento está llevando a cabo una investigación paralela a la que hace el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que está evaluando los disparos como violación a los derechos civiles.
La semana pasada, ante la indignación por la agresiva respuesta de la policía a las protestas, el gobernador Nixon apartó al Departamento de Policía de la ciudad de Ferguson y puso a la Patrulla de Carreteras de Estado bajo el mando del Capitán Ron Johnson, un hombre local que es también afroamericano. Pero el breve alivio de las tensiones se vino abajo el viernes cuando la policía de Ferguson emitió un video que muestra a Brown participando en un conveniente intento de robo de tiendas minutos antes de ser detenido y fusilado. Sin nada que decir sobre si el tiroteo estaba relacionado con el robo –el oficial Wilson no era consciente de ello cuando se encontró con la víctima–, la liberación de la información parecía un intento de desprestigiar al joven.
El fin de semana, el gobernador Nixon dijo que estaba de acuerdo. “Tenía un efecto incendiario”, dijo. “Cuando uno emite imágenes y claramente está tratando de mancillar la víctima de un tiroteo, hay un montón de gente que está enojada por eso.”
La situación en Ferguson fue uno de los temas conflictivos, junto con los acontecimientos en Irak, que hicieron regresar al presidente Barack Obama a Washington, interrumpiendo sus vacaciones de dos días en Marta’s Vineyard. Sus asesores dijeron que iba a hablar con el fiscal general Holder Eric sobre los disturbios. En una demostración de su propia preocupación, Holder ordenó en el fin de semana lo que será una tercera autopsia por un examen médico federal del cuerpo de Brown.
Pero el foco de ayer estuvo sobre los resultados preliminares de la autopsia privada llevada a cabo por un equipo que había sido contratado por la familia y dirigido por el doctor Michael Baden, ex médico forense de la Ciudad de Nueva York y perito regular de alto nivel en procesos penales. La autopsia reveló, que la sexta y presumiblemente última bala disparada había entrado en la parte superior de la cabeza del chico y salido cerca de su ojo derecho. Eso, según el abogado de la familia Daryl Parks, sugería que fue asesinado en el momento en que estaba en una posición de rendirse antes de que el oficial de policía le disparara. “Su cabeza estaba en una posición hacia abajo”, dijo Parks. “Dados esos hechos, este funcionario debería haber sido detenido.”
El capitán Johnson dijo que se había visto obligado la noche del domingo a tomar medidas decisivas incluyendo nuevamente el disparo de gases lacrimógenos contra los manifestantes a causa de los esporádicos saqueos y actos de violencia. Los disturbios del domingo a la noche parecían haber sido provocados por los disparos de dos personas en la multitud. “No tuve otra alternativa que elevar el nivel de nuestra respuesta”, dijo Johnson, insistiendo en que había tenido evidencia de “ataques coordinados” por unos pocos en la multitud que eran `actos criminales premeditados destinados a provocar una respuesta’”.
Amnistía Internacional de Estados Unidos envió una delegación de derechos humanos a Ferguson para observar la actividad de la policía y los manifestantes. “El equipo juntará testimonios, tratará de tener reuniones con funcionarios y ofrecerá apoyo a la comunidad. La delegación de doce personas también incluye organizadores que entrenarán activistas locales sobre métodos de protesta no violenta”, manifestó Amnistía Internacional en un comunicado de prensa.
El comunicado también señala que el director ejecutivo de AI para Estados Unidos, Steven W. Hawkins, había escrito la semana pasada al Departamento de Policía de Ferguson “para expresar su profunda preocupación por el asesinato de Michael Brown y el uso de balas de goma y gases lacrimógenos en una manifestación que protestaba por su muerte”.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12

Traducción: Celita Doyhambéhère

LA QUIEBRA DE DONNELLEY "La denuncia tiene que ver con la Ley de Delitos Económicos"

"Se derivó una confusión a partir del uso del término antiterrorista. La denuncia que está haciendo la AFIP tiene que ver con quiebra fraudulenta, que se está investigando en el juzgado del juez Rafecas", señaló el funcionario en declaraciones a Radio Del Plata.

Vanoli añadió que "como derivación de la quiebra fraudulenta podría llegar a aplicarse un artículo del Código Penal, el 309, de la ley 26.733, que es la Ley de Delitos Económicos y penaliza prácticas fraudulentas". Detalló que "esa ley fue aprobada en conjunto con la ley de financiamiento del terrorismo, la posterior, la 26.734 y de ahí deriva la confusión". "Esto no tiene nada que ver con la ley de financiamiento del terrorismo", insistió.
Luego, en contacto con FM Nacional Rock, el titular de la CNV remarcó que "merece investigarse si esta repentina insolvencia y esta actitud de determinadas maniobras de materia contable y suba de divisas son de carácter fraudulenta".
"Es muy extraño que una empresa, salvo que tenga intenciones distintas a la de invertir, producir y ganar dinero, pase de una situación de cumplir toda sus obligaciones impositivas y rápidamente pase a un situación de insolvencia", reiteró Vanoli, y ratificó que la Comisión Nacional de Valores hará una presentación ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos para que se investigue a Donnelley.

Página 12

DESDE AYER LA GUARDIA NACIONAL CUSTODIA EL ESTADO La Policía mató a otro joven negro en Missouri

"Todos los policías tienen aquí el derecho de defenderse", agregó el jefe policial, Sam Dotson. El hecho ocurrió en la zona norte de St. Louis, a unos seis kilómetros de la localidad de Ferguson, donde desde hace una semana se suceden protestas por la muerte del joven Michael Brown, de 18 años, asesinado el 9 de agosto por un policía blanco, en circunstancias que están siendo investigadas.

LA CRIMINAL ACTUACION DE LOS INTEGRANTES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD" Piden el procesamiento de los policías que "desalojaron" el Indoamericano

Para los fiscales, las faltas de mérito y sobreseimientos dictados el 18 de julio pasado impiden llevar a juicio a quienes consideran responsables de un caso de "gran trascendencia institucional" sobre "la criminal actuación de los integrantes de los cuerpos de fuerzas de seguridad en el control del orden público".

Córdoba y Abraldes recordaron que durante la represión, "el empleo de munición adulterada en el marco de una manifestación" y sostuvieron que esas acciones de los uniformados "configuran prácticas violatorias de los derechos humanos que por su gravedad y extensión afectan la vigencia del Estado democrático de derecho".
En mayo último, la jueza de Instrucción Mónica Berdión de Crudo procesó a 24 efectivos de la Policía Metropolitana y a ocho de la Federal por la represión durante el desalojo del Parque Indoamericano, del barrio porteño de Villa Lugano. Pero dos meses después, los camaristas Luis Bunge Campos y Jorge Rimondi revocaron las procesamientos de los comisarios de la Policía Federal Hugo Lompizano, Juan Quinteros y Emilio Miragaya, de los comisionados de la Metropolitana Miguel Ciancio, Claudio Serrano, Alfredo Córdoba, Alberto Ojeda y César Enrique Menardi, y de otros 18 oficiales de ambas fuerzas.

Los fiscales quieren que la Cámara de Casación revoque lo que consideraron una "deficiente respuesta judicial frente a hechos constitutivos de violencia institucional en la Argentina", que incluso "ha sido observada en numerosas ocasiones por organismos internacionales de derechos humanos
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