Con los votos de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, la Sala I del tribunal de apelación resolvió “declarar que los hechos ocurridos en el pabellón séptimo de la Unidad 2 de Devoto configuran crímenes de lesa humanidad”.
La masacre del Pabellón 7 comenzó como una protesta habitual pero terminó con una brutal represión. Según la abogada e investigadora Claudia Cesaroni, autora del libro “Masacre en el séptimo pabellón”, los presos murieron quemados, asfixiados o con la cabeza perforada por balas de plomo, mientras los agentes del Servicio Penitenciario Federal se negaban a abrir las puertas.
El 30 de julio de 1979, el entonces juez de instrucción Jorge Valerga Aráoz resolvió el “sobreseimiento provisorio” de todos los imputados, pero la querella, encabezada por Cesaroni, solicitó la reapertura del expediente ante el juzgado federal de Daniel Rafecas, y reclamó que se reanudara la investigación como un crimen de lesa humanidad, planteo que Rafecas rechazó en primera instancia. La querella, sin embargo, apeló, argumentando, entre otras razones, que entre las víctimas del denominado “Motín de los Colchones” podría haber un desaparecido, el militante uruguayo Jorge Hernández Rodríguez, de 23 años, secuestrado en agosto de 1976 tras participar en una asamblea fabril en la localidad de Dock Sud.
Meses después, Hernández Rodríguez quedó legalizado y fue trasladado al penal de Devoto, donde se encontraba en el momento de la masacre. Hoy continúa desaparecido, y su legajo está integrado en las listas de la Conadep, bajo el número 1230. Según Cesaroni, el uruguayo aparece fotografiado con vida en la tapa del diario Crónica, del 15 de marzo de 1978, al día siguiente de la masacre. Ahora la justicia federal porteña tendrá que investigar su caso y el de las otras 63 víctimas.
La causa iniciada por el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) acusa como responsables de la masacre al coronel Jorge Antonio Dotti, a cargo del Servicio Penitenciario Federal de entonces; al director de la Unidad 2 (Devoto) prefecto Juan Carlos Ruiz; y al jefe de Seguridad Interna, alcaide mayor Horacio Galíndez.
También al segundo jefe de Seguridad Externa, subalcaide Víctor Dinamarca; al jefe de Requisa, alcaide Carlos Aníbal Sauvage; a los jefes de Turno, subalcaides Antonio Bienvenido Olmedo y León Oscar Guinnard; al subprefecto Armando Raimundo Gómez, subdirector de la Unidad 2 e instructor de la causa; y al el exsecretario de esa dependencia, Juan Antonio Rossi.
Se los acusa como "autores, instigadores, cómplices y/o encubridores de los delitos de tortura seguida de muerte, homicidio agravado, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de que en el curso de la investigación surjan nuevos responsables”
