Envían una carta al presidente Obama y a congresistas Historiadores de Estados Unidos se expresan contra la guerra en Gaza Por Adolfo Gilly

Por Adolfo Gilly

Historiadores Contra la Guerra (Historians Against the War – HAW), agrupación de historiadores de Estados Unidos, está circulando desde el 31 de julio la siguiente Carta de Historiadores al presidente Obama y Congresistas de Estados Unidos:

“Deploramos los ataques realizados contra civiles en Gaza y en Israel. Reconocemos también el desmedido daño que el ejército israelí, armado y apoyado por Estados Unidos durante décadas, está infligiendo en la población de Gaza.

“Nos conmueve hondamente que las fuerzas israelíes estén matando e hiriendo a tantos niños palestinos. Las condiciones desesperadas que reinan en Gaza a causa de la política israelí han vuelto virtualmente imposible una real evacuación de las zonas de guerra. Consideramos inaceptable el fracaso de los funcionarios electos estadunidenses en exigir cuentas a Israel por tales acciones.

“A medida que miramos crecer el número de muertos y vemos el terror de los habitantes atrapados en Gaza, llamamos a ustedes a pedir un cese el fuego, el inmediato retiro de las tropas israelíes de Gaza y un cese permanente del bloqueo, de tal modo que su pueblo pueda retomar alguna forma de vida normal. Exhortamos a ustedes a suspender la ayuda militar a Israel hasta que haya seguridad de que esta ayuda no será utilizada para cometer crímenes de guerra.

"En tanto historiadores, reconocemos esta situación como un momento de aguda crisis moral en que es de vital importancia que la política de Estados Unidos hacia el conflicto entre Israel y Palestina cambie de orientación".

Hasta el momento en que escribo estas líneas la carta ha reunido más de 660 firmas de historiadores de numerosas y calificadas universidades de Estados Unidos. Cuento entre ellas nombres muy conocidos entre nosotros en México como John Womack (Harvard), Robert Brenner (UCLA), Mike Davis (UC Riverside), Paul Buhle, John Foran (UC Santa Barbara), Stuart Schwartz (Yale) y otros.

Me permito hacer notar la severidad y la mesura de los términos de este documento, cuya vigencia sigue en pie más que nunca, ahora que Benjamin Netanhayu, forzado por la condena mundial a interrumpir su ofensiva, declara que ésta fue "justificada" y "proporcionada" y que Hamas es el "responsable" de los crímenes de guerra de los gobernantes israelíes.


Para adhesión indicar nombre y afiliación académica: http://historiansagainstwar.org/gazapetition.html

Fuente: La Jornada, México

El presidente de Estados Unidos podría poner un punto final The Guardian: “Si quiere, Obama puede parar a los buitres” Por: Infojus Noticias

Esto dice el periodista Greg Palast en su análisis sobre el litigio que los fondos buitre mantienen con la Argentina. En un artículo del diario británico reveló que, mediante un principio denominado “de cortesía” (“comity”), Obama sólo necesita informar al juzgado federal de Griesa que la demanda de Paul Singer “interfiere con la autoridad del presidente”.

“El financista buitre que intenta devorar a la Argentina puede ser detenido y llevado a punto muerto por una simple nota de Barack Obama a los tribunales”, comienza la nota de Greg Palast en el diario británico The Guardian. El periodista, autor del libro “El picnic de los buitres” (“Vulture’s Picnic”), explicó en su artículo de hoy que el presidente estadounidense “puede evitar que el fondo buitre del millonario Paul Singer reciba un solo centavo de la Argentina invocando la cláusula constitucional de la ‘separación de poderes’”.

El investigador, nacido en Los Ángeles, es especialista en fraude corporativo y estafas organizadas. En su análisis sobre el litigio que los fondos buitre mantienen con la Argentina ante los tribunales de Nueva York, reveló que con la utilización de un principio denominado “de cortesía” (“comity”), Obama sólo necesita informar al juzgado federal de Griesa que la demanda del magnate Paul Singer “interfiere con la autoridad del presidente” de conducir la política exterior. “Caso cerrado”, concluyó.

Repasando los últimos antecedentes en que fue realizada esa presentación presidencial, Palast recordó que “incluso el presidente George Bush invocó ese poder” contra el mismo fondo buitre con el que ahora trata Argentina. En ese caso, fue para bloquear el embargo sobre las propiedades de Congo-Brazzaville, cuando los buitres se volcaron a la extorsión del país africano. El periodista destacó que eso fue realizado aun cuando el jefe del fondo “es uno de los más grandes e influyentes aportantes a los candidatos republicanos” en sus campañas electorales.

Además, el destacado reportero y analista estadounidense aportó un dato: Griesa fue advertido hace treinta años por una corte de apelaciones para que oyera la directiva de un presidente que invocaba sus atribuciones para definir la política exterior del país del norte. Y analizó que en el caso de Singer, el Departamento de Estado informó a Griesa que la administración Obama coincidió con los argumentos legales de la Argentina, “pero el presidente nunca invocó esta mágica cláusula ‘detiene-buitres’”.

"Obama tiene razones para actuar"

El periodista no se privó de criticar al actual mandatario, que “mientras oficialmente acompaña a la Argentina, nada ha hecho que pueda salvar a Buenos Aires (por Argentina) del default”. Y agregó: “La vacilación devastadora de Obama no es sorpresa. Repite la capitulación ante Singer de la última vez que estuvieron mano a mano”.

El reportero trajo a colación que en 2009, mediante una “brillante y compleja maniobra financiera”, el titular de NML Capital tomó el control de Delphi Automotores, la única proveedora de la mayoría de las autopartes que necesitan General Motors y Chrysler. Ambas compañías estaban quebradas, pero Singer y sus socios exigieron al Tesoro de los Estados Unidos que se les pagara miles de millones de dólares en efectivo inmediatamente, o tendrían que cerrar las fábricas.

El gobierno de Obama quiso evitar el salvataje, y hasta el negociador oficial Steven Rattner habló de una “extorsión” de los fondos buitre. Finalmente pagó casi 13 mil millones de dólares en efectivo a Delphi, que de todas formas se las ingenió para cerrar 25 de las 29 plantas y dejar en la calle a 25 mil empleados. Singer y sus socios se quedaron con el dinero.

“En el caso de Argentina, Obama tiene razones para actuar”, contrapone Palast. Y explica que el Departamento de Estado advirtió al juez que adoptar las teorías jurídicas de Singer “podría impedir los acuerdos de reestructuración soberana en todo el globo”. Sostiene que el ejemplo está en Grecia, donde Singer y Kenneth Dart intentaron derrumbar un inmenso pago del Gobierno griego en plena crisis económica europea (2012), “en un intento de crear un masivo default de bancos a lo largo de Europa”.

El periodista de The Guardian analizó los comentarios del Wall Street Journal y el Financial Times, y sostuvo para la prensa Singer interpreta los términos de los contratos de deuda soberana “como un talibán interpreta un acuerdo de paz”. Contundente, agrega: “No peace, no agreement” (No a la paz, no al acuerdo). Explicó que Singer atacó al JP Morgan Chase, al Citibank y al BoNY Mellon, al demandarlos para que le entregaran el dinero que Argentina les pagó durante en la última década.

“Singer se ganó ciertamente sus plumas de buitre”, agregó. Reveló que desde que comenzó a atacar a la Argentina, Singer desbloqueó su multimillonaria cuenta bancaria y se convirtió en el mayor donante de las causas de los republicanos en Nueva York. Agregó que comenzó una encarnizada guerra de campaña política junto a otros inversionistas republicanos. Y concluyó: “En otras palabras, hay un precio por cruzar a Singer. Y a diferencia de la presidenta de Argentina, Obama no parece dispuesto a pagarlo”.

Infojus Noticias
 

Stiglitz aseguró que los tribunales de EEUU “fueron una farsa”

El premio Nobel de Economía y el economista argentino e investigador en la Universidad de Columbia, Martín Guzman, coincidieron hoy en ese punto señalaron que está "claro" que Griesa "nunca comprendió la complejidad del tema".

En un artículo publicado hoy, los economistas señalaron además que con el "Griesafault" y sus consecuencias, "los prestatarios soberanos no confiarán -y no deberían hacerlo- en la imparcialidad y competencia del poder Judicial de Estados Unidos".

La nota publicada en el sitio de opinión "Project Syndicate", indicó que con la decisión del magistrado de Nueva York de ordenar congelar los fondos girados por Argentina para cancelar intereses con lo tenedores de títulos reestructurados, se dio por "primera vez en la historia que un país tenía la voluntad y la posibilidad de pagar a sus acreedores pero fue bloqueado por un juez".

"Los medios lo llamaron un default de Argentina pero el hashtag de Twitter #Griesafault fue mucho más preciso", aseguraron Stiglitz -quien también forma parte del staff de investigadores de la Universidad de Columbia- y Guzman, en la columna denominada "El Griesafault de Argentina".

Así, mientras que "Argentina cumplió con sus obligaciones para con sus ciudadanos y acreedores que aceptaron la reestructuración", el fallo de Griesa, "alienta el comportamiento usurero, amenaza el funcionamiento de los mercados financieros interancionales y desafía un principio básico del capitalismo moderno: deudores insolventes necesitan un nuevo comienzo".

Los analistas de la Universidad de Columbia señalaron que "los buitres no eran ni inversores a largo plazo en Argentina ni optimistas que creían que las políticas del Consenso de Washington podrían funcionar". 

"Eran simplemente especuladores que se abalanzaron tras el default del 2001 y compraron bonos por una fracción de su valor nominal, de los inversores en pánico. Luego, demandaron a Argentina para obtener el 100 por ciento de ese valor". 

Bajo ese accionar, y "mientras NML Capital, una subsidiaria del fondo de cobertura Elliot Management, liderada por Paul Singer, gastó 48 millones de dólares en bonos en 2008; gracias a Griesa, NML Capital debería ahora recibir 832 millones de dólares. Un retorno de más del 1.600 por ciento", dijeron. 

Para ejemplificar los que significaría el pago "en los términos de Griesa", los economistas detallaron que cada argentino "podría deber más de 3.500 dólares, más de un tercio del ingreso anual promedio per capita" siendo que "de aplicarse una proporción equivalente en Estados Unidos, significaría forzar a cada ciudadano a que pague cerca de 20.000 dólares".

"Todo para llenar los bolsillos de algunos multimillonarios decididos a exprimir el país a seco", aseveraron. 
Al abordar los seguros contra default llamados en inglés `credit default swaps´ (CDS), los expertos coincidieron en que su existencia, "crea la posibilidad de mayores ganancias para los buitres" ya que "pueden producir beneficios sustanciales, independientemente de si lo bonos son liquidados, reduciendo así el incentivo de sus tenedores de alcanzar un acuerdo". 

Por otro lado, y a pesar de la "campaña de miedo que realizaron los buitre" previo al 30 de julio, tanto Stiglitz como Guzmán, sostuvieron que los mercados financieros "afortunadamente" supieron distinguir "entre un default y un Griesafault".

En última instancia, concluyeron, "el Griesafault llevará un alto precio, menor para Argentina que para la economía global y para los países necesitando acceso a financiamiento extranjero".

No obstante, aclararon, "Estados Unidos sufrirá también. Sus tribunales han sido una farsa: como señaló un observador, estaba claro que Griesa nunca comprendió la complejidad del tema".

De esta manera, "los prestatarios soberanos no confiarán - y no deberían hacerlo - en la imparcialidad y competencia del poder Judicial de Estados Unidos. El mercado para la emisión de dichos bonos, se moverá a otra parte", afirmaron los analistas.

Télam

Griesa convocó a una nueva audiencia

El juez neoyorquino llamó a una reunión este viernes las 16 (hora argentina). Fue tras el aviso legal que hoy publicó el gobierno argentino en los principales diarios internacionales con precisiones para los tenedores de deuda que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.

Al argumentar los motivos de la nueva audiencia, el magistrado señaló que responde al aviso legal que hoy publicó el gobierno argentino en los principales diarios internacionales con precisiones para los tenedores de deuda que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.

En Estados Unidos, el aviso legal fue publicado en los periódicos Wall Street Journal y New York Times.

En la solicitada -que también fue publicada en medios locales- el gobierno argentino reiteró su voluntad de pago a los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010, y renovó sus críticas al juez Griesa y al mediador designado, Daniel Pollack.

La nota sostiene que su objetivo es que los Tenedores de Deuda Argentina adherentes a los Canjes de Deuda Soberana de 2005 y 2010 ("Bonistas") puedan conocer de manera "precisa, completa y correcta información sobre el estado actual del cumplimiento de las obligaciones de la República bajo el Trust Indenture".

En ese sentido, se da cuenta a esos acreedores "los derechos y remedios legales que los asisten; en virtud de que los fondos oportunamente depositados por la República Argentina en la cuenta del Agente Fiduciario [BNY Mellon] en el Banco Central de la República Argentina son patrimonio de su propiedad exclusiva".

El texto reitera que se "ha realizado en tiempo y forma el pago de los importes correspondientes al vencimiento de intereses de los Nuevos Tí¬tulos emitidos en el marco de los Canjes 2005- 2010" y, "en consecuencia, no ha habido un Evento de Incumplimiento bajo los términos del Trust Indenture o de los Bonos Reestructurados".

"La cuestión de la distribución de los fondos es un asunto diferente, que se suscita entre el Agente Fiduciario y los Bonistas, y que ha surgido luego de que la República ya ha cumplido con sus obligaciones de pago bajo el Trust Indenture y los Bonos Reestructurados", añade más adelante el aviso legal.

Recuerda también que "como resultado de los procedimientos judiciales en curso ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en la causa NML Capital Ltd., et al, v. Republic of Argentina, que involucra a un pequeño número de acreedores que no participaron en los Canjes de 2005-2010, algunos de los pagos oportunamente realizados por la República Argentina aún no han llegado a las cuentas de los Bonistas que participaron de los referidos Canjes".

La nota también reseña que "la República Argentina y ciertos Bonistas destinatarios del pago han protestado vigorosamente contra esta demora en el proceso de cobro, aunque, al momento de la presente comunicación, el cobro permanece bloqueado en la cuenta del Agente Fiduciario en la República Argentina".

En otro punto, el gobierno argentino advierte, entre otras cuestiones, que "las afirmaciones realizadas por la Corte de Distrito Sur de Nueva York y por el Special Master designado... en relación a una situación de incumplimiento son incorrectas e inapropiadas por la falsedad de las mismas, y exceden sus respectivas competencias"

Télam

Pesadilla en Gaza Por Noam Chomsky *

Entre todos los horrores desplegados en la más reciente ofensiva israelí en Gaza, el objetivo de Tel Aviv es simple: volver, a la chita callando, a la norma.

En Cisjordania, la norma es que Israel continúe su construcción ilegal de colonias e infraestructura para poder integrar a su territorio cualquier cosa que pueda ser de valor, mientras confina a los palestinos en cantones inviables y los sujeta a represión y violencia.

En Gaza, la norma es una existencia miserable bajo un sitio cruel y destructivo, que Israel administra para permitir apenas la subsistencia, pero nada más.

La más reciente escalada israelí fue disparada por el brutal asesinato de tres muchachos de una comunidad de colonos en Cisjordania ocupada. Un mes antes, dos chicos palestinos fueron muertos a tiros en la ciudad de Ramalá, en esa misma zona. Ese hecho despertó poca atención, lo cual es entendible, puesto que es rutina.

“El desdén institucionalizado por la vida de los palestinos en Cisjordania explica no sólo por qué recurren a la violencia –escribe Mouin Rabbani, analista de Medio Oriente–, sino también el más reciente ataque israelí a la franja de Gaza.”

En una entrevista, el defensor de derechos humanos Raji Sourani, que ha permanecido en Gaza durante los años de brutalidad y terror israelí, señaló: “La frase que con más frecuencia escuchaba cuando la gente empezaba a hablar de un cese el fuego era: ‘todos dicen que es mejor para nosotros morir y no regresar a la situación que teníamos antes de esta guerra. No queremos eso de nuevo. No tenemos dignidad ni orgullo; sólo somos blancos fáciles, y muy baratos. Si la situación no mejora en verdad, es mejor morir’. Hablo de intelectuales, académicos, personas comunes y corrientes. Todos lo dicen”.

En enero de 2006, los palestinos cometieron un crimen grave: votaron por quien no debían en una elección libre cuidadosamente vigilada, y entregaron el control del parlamento a Hamas.

Los medios proclaman constantemente que Hamas está dedicado a la destrucción de Israel. En realidad, los líderes de Hamas han dejado en claro en repetidas ocasiones que aceptarían una solución de dos estados, de conformidad con el consenso internacional que ha sido bloqueado por Estados Unidos e Israel durante 40 años.

En contraste, Israel, fuera de unas cuantas palabras vanas, está dedicado a la destrucción de Palestina, y se aplica en ese cometido.

El crimen de los palestinos en enero de 2006 fue castigado de inmediato. Estados Unidos e Israel, con la vergonzosa adhesión de Europa, impusieron severas sanciones a la población errante e Israel incrementó su violencia.

Rápidamente, Estados Unidos e Israel empezaron planes para un golpe militar que derrocara al gobierno electo. Cuando Hamas tuvo el descaro de revelar los planes, los ataques israelíes y el sitio se volvieron mucho más severos.

No debería haber necesidad de revisar el deplorable historial de lo ocurrido desde entonces. El sitio implacable y los salvajes ataques son acentuados por episodios de "cortar el césped", para tomar prestada la alegre expresión con que designa Israel sus periódicos ejercicios de tirotear a los peces en el estanque como parte de lo que llama "guerra de defensa".

Una vez que cortan el césped y los desesperados pobladores buscan reconstruir algo después de la devastación y los asesinatos, se acuerda un cese del fuego. El más reciente se estableció después del asalto israelí de octubre de 2012, llamada operación Pilar de Defensa.

Aunque Israel mantuvo el sitio, Hamas observó la tregua, como concede Tel Aviv. Las cosas cambiaron en abril de este año, cuando Fatah y Hamas forjaron un acuerdo de unidad que instauró un nuevo gobierno de tecnócratas, sin afiliación a ninguno de los dos partidos. Naturalmente, Israel estaba furioso, y más aún cuando hasta el gobierno de Obama se unió a Occidente en indicar aprobación. El acuerdo de unidad no sólo socava la aseveración de Israel de que no puede negociar con una Palestina dividida, sino también amenaza el objetivo de largo plazo de separar Gaza de Cisjordania y proseguir sus políticas destructivas en ambas regiones.

Algo tenía que hacerse, y la ocasión se presentó el 12 de junio, cuando los tres jóvenes israelíes fueron asesinados en Cisjordania. En un principio el gobierno de Netanyahu sabía que estaban muertos, pero fingió que lo ignoraba, lo cual dio la oportunidad de lanzar una incursión en Cisjordania, con Hamas por objetivo.

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó tener cierto conocimiento de que Hamas era el culpable. También resultó mentira.

Una de las principales autoridades sobre Hamas, Shlomi Eldar, informó casi de inmediato que muy probablemente los asesinos procedían de un clan disidente de Hebrón que desde hace mucho tiempo ha sido una espina en el costado de Hamas. Eldar añadió: "Estoy seguro de que no recibieron luz verde de la dirigencia de Hamas; sólo les pareció que era momento de actuar".

Sin embargo, la escalada de 18 días después del secuestro logró minar el temido gobierno de unidad, e incrementó drásticamente la represión israelí. Israel también llevó a cabo docenas de ataques en Gaza, y el 7 de julio dio muerte a cinco miembros de Hamas.

Al final Hamas reaccionó disparando sus primeros cohetes en 19 meses, lo cual dio pretexto a Israel para lanzar su operación Borde Protector el 8 de julio.

Al 31 de julio se había dado muerte a unos mil 400 palestinos, en su mayoría civiles, entre ellos cientos de mujeres y niños. Y a tres civiles israelíes. Grandes áreas de Gaza habían quedado reducidas a escombros. Cuatro hospitales habían sido atacados; cada ataque fue un crimen de guerra más.

Funcionarios israelíes exaltan la humanidad del que llaman "el ejército más ético del mundo", que informa a los habitantes de que sus hogares serán bombardeados, práctica que es "sadismo disfrazado santurronamente de piedad", en palabras de la periodista israelí Amira Hass: "Un mensaje grabado demanda a cientos de miles de personas que dejen sus hogares ya elegidos como blancos, por otro lugar igualmente peligroso ubicado a 10 kilómetros de distancia".

De hecho, no hay lugar en la prisión de Gaza que esté a buen resguardo del sadismo israelí, que puede incluso exceder los terribles crímenes de la operación Plomo Fundido de 2008-09. Las terribles revelaciones suscitaron la reacción acostumbrada del presidente más moral del mundo, Barack Obama: gran simpatía por los israelíes, acerba condena de Hamas y llamados a la moderación a ambas partes.

Cuando los ataques actuales se detengan, Israel espera quedar libre para continuar sin interferencia sus políticas criminales en los territorios ocupados, con el apoyo estadunidense que ha disfrutado en el pasado. Y los pobladores de Gaza quedarán en libertad de regresar a la norma en su prisión gobernada por Israel, en tanto en Cisjordania los palestinos podrán observar en paz cómo Israel desmantela lo que quede de sus posesiones.

Tal es el desenlace probable si Estados Unidos mantiene su apoyo decisivo y virtualmente unilateral a los crímenes israelíes y su rechazo al consenso internacional que desde hace tanto tiempo existe en torno a un acuerdo diplomático.

Pero el futuro sería muy distinto si Washington retirara ese apoyo. En ese caso sería posible avanzar hacia la "solución duradera" en Gaza a la que ha convocado el secretario de Estado John Kerry, la cual ha suscitado condena histérica en Israel porque la frase podría interpretarse como un llamado a poner fin al sitio y a los ataques constantes israelíes. Y –horror de horrores– la frase podría incluso interpretarse como un exhorto a aplicar el derecho internacional en el resto de los territorios ocupados.

Hace 40 años Israel tomó la fatídica decisión de elegir la expansión sobre la seguridad, rechazando un tratado total de paz ofrecido por Egipto a cambio de la evacuación del Sinaí egipcio ocupado, donde Israel emprendía proyectos intensivos de colonización y desarrollo. Desde entonces Tel Aviv se ha adherido a esa política.

Si Estados Unidos decidiera unirse al mundo, el impacto sería grande. Una y otra vez Israel ha abandonado planes anhelados si Washington se lo demanda. Así son las relaciones de poder entre los dos gobiernos.

¿Podría cambiar la política estadunidense? No es imposible. La opinión pública ha tenido un giro considerable en años recientes, en particular entre los jóvenes, y no puede ignorarse por completo.

Durante algunos años ha habido buen fundamento para las demandas públicas de que Washington observe sus propias leyes y reduzca la ayuda militar a Israel. La ley estadunidense estipula que "no se puede brindar asistencia en seguridad a ningún país cuyo gobierno siga una pauta consistente de graves violaciones de los derechos humanos reconocidos internacionalmente".

Israel, sin duda, es culpable de esa pauta consistente, y lo ha sido por muchos años. El senador Patrick Leahy, de Vermont, autor de esa disposición legal, ha mencionado su aplicabilidad potencial a Israel en casos específicos, y con un bien dirigido esfuerzo educativo, de organización y de activismo, es posible impulsar con éxito tales iniciativas.

Eso podría tener un impacto muy significativo por sí mismo, y a la vez daría una plataforma para acciones ulteriores con el fin de obligar a Washington a volverse parte de la "comunidad internacional" y observar las normas del derecho internacional.

Nada podría ser más significativo para las trágicas víctimas de tantos años de violencia y represión en Palestina.

* Noam Chomsky es profesor emérito de lingüística y filosofía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, Mass, EU.

(©) 2014 Noam Chomsky

Distributed by The New York Times Syndicate

Traducción: Jorge Anaya

La Jornada, México
 

Ir a La Haya contra los EE.UU. es una vía correcta y positiva Por Marcelo Kohen *

En el día de ayer, la Argentina demandó a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) por los actos de su Poder Judicial atentatorios contra la reestructuración de la deuda soberana argentina. La decisión del juez Thomas Griesa de bloquear el pago argentino a los tenedores de bonos reestructurados y de imponer a nuestro país el pago del ciento por ciento más intereses de los bonos detenidos por los fondos buitre es contraria al derecho internacional e incluso a las reglas elementales del debido proceso. Es un fallo que desconoce la decisión soberana de la Argentina de reestructurar su deuda pública, viola la inmunidad de jurisdicción y de ejecución que posee todo Estado sobre fondos destinados al ejercicio de su actividad soberana y a la cual la Argentina no renunció, se extralimita en el ejercicio de competencias judiciales que fueron reconocidas por la Argentina y ha sido dictado sin respetar las reglas más elementales de imparcialidad. Las declaraciones extrajudiciales del juez Griesa y de su mediador, Pollack, prueban de manera abrumadora tal falta de imparcialidad y son inadmisibles no sólo en relación con el trato debido a un Estado soberano en un proceso judicial, sino a cualquier justiciable.

Estamos en presencia de una nueva controversia. Al litigio entre los fondos buitre y la Argentina se le agrega otro, una controversia de Estado a Estado entre la Argentina y los Estados Unidos de América. Una regla bien establecida de derecho internacional impone que los Estados son responsables por los actos de sus poderes judiciales. Es algo parecido a lo que ocurrió cuando el mismo fondo buitre NML logró el embargo de la Fragata Libertad por un tribunal comercial en Ghana. La acción del juez ghanés creó una controversia entre la Argentina y Ghana y por eso fuimos al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo. En otros asuntos, ante la Corte de La Haya, los propios Estados Unidos han reconocido su responsabilidad como Estado por los actos de su Poder Judicial, por ejemplo en casos relativos a la aplicación de la pena de muerte contra ciudadanos extranjeros sin que éstos hayan tenido la posibilidad de gozar de la protección consular (caso Avena, instaurado por México; caso LaGrand, instaurado por Alemania).

Los Estados Unidos son responsables del ejercicio arbitrario, abusivo de autoridad y contrario al derecho internacional de su Poder Judicial. Se trata de una controversia internacional y los dos Estados tienen la obligación de resolverla por los medios pacíficos existentes. La negociación es uno de ellos. La vía judicial es otro. El Poder Ejecutivo estadounidense ya invocó el argumento de la independencia de poderes para justificar su inacción. Lo hizo, por ejemplo, durante los debates en la OEA, en la cual la Asamblea General adoptó por abrumadora mayoría una resolución solidaria con la posición argentina. El gobierno ghanés había invocado el mismo argumento con la Fragata Libertad. Plantear la cuestión en sede judicial internacional en una relación de Estado a Estado es lo que permite destrabar la situación. Ya hubo otros casos de controversias internacionales motivadas por la acción de tribunales internos contra Estados extranjeros que fueron resueltos en la Corte de La Haya. Es un método válido cuando el Ejecutivo invoca –con o sin razón– que no puede hacer nada en el plano interno para remediar el ilícito internacional cometido por la acción del Poder Judicial. Alemania e Italia, por ejemplo, resolvieron recientemente una situación así ante la Corte de La Haya. La Corte de Casación, última instancia judicial italiana, había convalidado decisiones de tribunales inferiores que violaban las inmunidades jurisdiccionales de Alemania. Los dos gobiernos acordaron llevar el caso a la CIJ, una manera para el gobierno italiano de hacer volver a su Poder Judicial a la legalidad, cosa que ocurrió después del fallo de la CIJ favorable a Alemania. Lo mismo ocurrió con Ghana luego de la decisión del Tribunal de Hamburgo favorable a la Argentina.

En la Corte Internacional de Justicia sólo existe la posibilidad de solucionar controversias interestatales si las partes han brindado su consentimiento al ejercicio de la jurisdicción. Este consentimiento puede expresarse de distintas formas. Por ejemplo, por una declaración unilateral, por una cláusula de un tratado que atribuye competencia a la Corte para la solución de controversias relativas a la interpretación o aplicación del mismo (caso de las controversias con Uruguay por las pasteras) o por ser partes los dos Estados de un tratado general de solución de controversias que contempla la aceptación de la competencia de la Corte (por ejemplo. el Pacto de Bogotá, invocado por Perú y Bolivia en sus litigios con Chile). En el caso de la acción de los órganos judiciales de los Estados Unidos contra la reestructuración de la deuda soberana argentina, no existe una base de consentimiento común entre la Argentina y los EE.UU. que permita establecer desde ya la competencia de la CIJ. Por eso la Argentina utilizó otra herramienta que también está disponible y contemplada en el Reglamento de la Corte: presentar una demanda e invitar a la otra parte a aceptar la competencia de la CIJ. Es lo que se llama en la jerga jurídica forum prorogatum.

La Argentina no es el primer Estado que utiliza esta posibilidad. Y si los Estados Unidos aceptan la competencia de la Corte, tampoco serán el primero que lo haga y permita así a la Corte solucionar la controversia. El Reino Unido utilizó esta vía en 1955 contra la Argentina y Chile para plantear la disputa de soberanía sobre la Antártida y ninguno de los dos Estados sudamericanos aceptó dirimir la cuestión en la Corte. En su respuesta, la Argentina recordó, como una razón fundamental para su rechazo, que mal podía el Reino Unido plantear la cuestión de las “Dependencias de las Islas Falkland” (como los británicos calificaban a la Antártida en ese momento) excluyendo explícitamente en su demanda la cuestión misma de las islas Malvinas. Por el contrario, y más recientemente, ciertos Estados africanos utilizaron el forum prorogatum para demandar a Francia por ciertas decisiones de sus órganos judiciales. El gobierno francés aceptó la competencia de la Corte (casos de la República de Congo y Djibouti). Los Estados Unidos tienen la oportunidad de seguir el ejemplo francés. En efecto, este tipo de disputas en los cuales están cuestionados los comportamientos de órganos judiciales de un Estado en relación con Estados extranjeros aparece como los más viables para un arreglo por una instancia jurisdiccional internacional. Ciertamente, el Ejecutivo estadounidense también tiene a su disposición mecanismos internos para permitir poner fin a esta situación. Sólo depende de él su uso o no.

La demanda argentina contra los EE.UU. en La Haya no es un gesto simbólico. Tampoco tiene nada de un gesto inamistoso. Bien al contrario. Al llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, la Argentina acepta por un lado que su visión del conflicto sea evaluada por el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Por el otro, le brinda al gobierno de Barack Obama la posibilidad de resolver el imbroglio jurídico creado por un juez incompetente, de evitar el agravamiento de una crisis que no sólo afecta a la Argentina y a los tenedores de la deuda reestructurada, sino al conjunto del sistema económico y financiero internacional. La desafortunada acción del juez Griesa y la desatención prestada a ésta por la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema estadounidense no le hacen bien a Nueva York como plaza financiera internacional. Una primera consecuencia será que los Estados pensarán más de dos veces antes de elegir Nueva York como ámbito de emisión de sus títulos y como sede judicial para dirimir litigios relativos a sus deudas soberanas.

La administración estadounidense ya había criticado la arbitraria interpretación del juez Griesa de la cláusula pari passu, por ser contraria a las interpretaciones y expectativas de cláusulas de este tipo en numerosos instrumentos de la deuda pública de diferentes Estados. Incluso fue más allá. Calificó a la interpretación del juez de distrito de Nueva York como contraria a los intereses de las políticas de los Estados Unidos. Con la demanda incoada por el gobierno argentino, el Ejecutivo estadounidense tiene ahora la oportunidad de poner fin a esta situación inédita y desestabilizadora. Si no acepta la competencia de la Corte de La Haya, no por ello deja de existir una controversia interestatal a la cual el gobierno estadounidense tiene la obligación de resolver por medios pacíficos. Le corresponderá formular otra propuesta de solución. No es un longevo juez neoyorquino quien tiene en sus manos el destino de la reestructuración de deudas públicas decididas por un Estado soberano. Los Estados Unidos deben asumir su responsabilidad por los actos de su Poder Judicial. Un país que acepta ser sede para la reestructuración de deudas soberanas no sólo se beneficia de las ventajas económicas que esta elección le acarrea. También tienen responsabilidades. La pelota está del lado del presidente Obama y de su administración.

* Profesor de Derecho Internacional, Instituto de Altos Estudios Internacionales y del De-sarrollo de Ginebra. Integrante del equipo jurídico argentino ante el Tribunal de La Haya.

08/08/14 Página|12

Argentina demandó a Estados Unidos ante la Corte de La Haya

El país solicitó que Estados Unidos acepte la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, en el marco de la disputa por el accionar de los fondos especulativos.

La Argentina presentó hoy ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya un documento contra los Estados Unidos por las decisiones judiciales relacionadas a la reestructuración de la deuda soberana argentina".

En la presentación, el país sostiene que Estados Unidos cometió "violaciones a la soberanía argentina y otras violaciones relacionadas, a raíz de decisiones judiciales adoptadas por los tribunales estadounidenses en relación con la reestructuración de la deuda pública nacional".

La Argentina solicitó que Estados Unidos acepte la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y desde la La Haya afirmaron que el pedido ya fue transmitido al gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, aclaró que "no se tomará ninguna acción en el procedimiento a menos que y hasta que los Estados Unidos de América consiente en el Tribunal de jurisdicción en el caso

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
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Tel.: +31 (0)70 302 2323 Fax: +31 (0)70 364 9928
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Press Release
Unofficial
No. 2014/25
7 August 2014
The Argentine Republic seeks to institute proceedings against the United States 
of America before the International Court of Justice. It requests US 
to accept the Court’s jurisdiction.
THE HAGUE, 7 August 2014. The Argentine Republic filed today in the Registry of the 
International Court of Justice a document, dated 7 August 2014, entitled “Application instituting 
proceedings” against the United States of America, regarding a “Dispute concerning judicial 
decisions of the United States of America relating to the restructuring of the Argentine sovereign 
debt”. 
The Argentine Republic contends that the United States of America has committed 
violations of Argentine sovereignty and immunities and other related violations as a result of 
judicial decisions adopted by US tribunals concerning the restructuring of the Argentine public 
debt.
The Argentine Republic “seeks to found the jurisdiction of the Court on the basis of 
Article 38, paragraph 5, of the Rules of Court”. Under that Article:
“When the applicant State proposes to found the jurisdiction of the Court upon a 
consent thereto yet to be given or manifested by the State against which such 
application is made, the application shall be transmitted to that State. It shall not 
however be entered in the General List, nor any action be taken in the proceedings, 
unless and until the State against which such application is made consents to the 
Court’s jurisdiction for the purposes of the case.”
In accordance with Article 38, paragraph 5, of the Rules of Court, the Application by the 
Argentine Republic has been transmitted to the US Government. However, no action will be taken 
in the proceedings unless and until the United States of America consents to the Court’s 
jurisdiction in the case.
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Note: The Court’s press releases are drafted by the Registry for information purposes only 
and do not constitute official documents.
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The International Court of Justice (ICJ) is the principal judicial organ of the United Nations. 
It was established by the United Nations Charter in June 1945 and began its activities in 
April 1946. The seat of the Court is at the Peace Palace in The Hague (Netherlands). Of the six - 2 -
principal organs of the United Nations, it is the only one not located in New York. The Court has a 
twofold role: first, to settle, in accordance with international law, legal disputes submitted to it by 
States (its judgments have binding force and are without appeal for the parties concerned); and, 
second, to give advisory opinions on legal questions referred to it by duly authorized United 
Nations organs and agencies of the system. The Court is composed of 15 judges elected for a 
nine-year term by the General Assembly and the Security Council of the United Nations. 
Independent of the United Nations Secretariat, it is assisted by a Registry, its own international 
secretariat, whose activities are both judicial and diplomatic, as well as administrative. The official 
languages of the Court are French and English. Also known as the “World Court”, it is the only 
court of a universal character with general jurisdiction.
The ICJ, a court open only to States for contentious proceedings, and to certain organs and 
institutions of the United Nations system for advisory proceedings, should not be confused with the 
other  mostly criminal  judicial institutions based in The Hague and adjacent areas, such as the 
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY, an ad hoc court created by the 
Security Council), the International Criminal Court (ICC, the first permanent international criminal 
court, established by treaty, which does not belong to the United Nations system), the Special 
Tribunal for Lebanon (STL, an independent judicial body composed of Lebanese and international 
judges, which is not a United Nations tribunal and does not form part of the Lebanese judicial 
system), or the Permanent Court of Arbitration (PCA, an independent institution which assists in 
the establishment of arbitral tribunals and facilitates their work, in accordance with the Hague 
Convention of 1899).
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Information Department:
Mr. Andrey Poskakukhin, First Secretary of the Court, Head of Department (+31 (0)70 302 2336)
Mr. Boris Heim, Information Officer (+31 (0)70 302 2337) 
Ms Joanne Moore, Associate Information Officer (+31 (0)70 302 2394) 

Ms Genoveva Madurga, Administrative Assistant (+31 (0)70 302 2396)