A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
martes, 5 de agosto de 2014
La realidad de los datos de Gaza
Diez puntos que explican por qué continúa la ocupación israelí en la Franja de Gaza a pesar del plan de desconexión llevado adelante en 2005.
"El significado del plan de desconexión es congelar el proceso de paz y si congelamos el proceso de paz, prevenimos el establecimiento de un estado palestino."
Dov Weisglass, jefe de gabinete de Ariel Sharon, 2004
Por Ezequiel Kopel
A muchos les gusta repetir que Israel abandonó la Franja de Gaza en 2005 para recibir miles de misiles a cambio. A pesar de que el primer cohete lanzado desde Gaza explotó en territorio israelí en el año 2001, esta afirmación dista mucho de ser legítima, por lo que conviene repasar algunos datos para comprender cabalmente lo que sucede en esa diminuta porción de tierra superpoblada.
1) A pesar de que Israel evacuó sus asentamientos e instalaciones militares de Gaza durante agosto de 2005, el estado israelí mantiene el control del "registro de población" de la Franja, del espacio aéreo y marítimo y de una "zona colchón" (a la cual los palestinos no pueden acercarse a pesar de estar del lado de su territorio) de más de 1,5 kilómetros de profundidad, constituyendo el 17 por ciento del área total de Gaza. Actualmente, luego de iniciadas las hostilidades en julio de este año, la "zona colchón" se expandió al 40 por ciento del territorio de la Franja. Cabe destacar que con el cese al fuego de 2012, Israel se comprometió a reducir la zona a sólo 100 metros de distancia del borde israelí, promesa incumplida hasta el día de hoy.
2) Israel controla el único paso fronterizo autorizado para la entrada y salida de bienes y el único paso limítrofe (Erez) por el que pueden salir personas desde Gaza hacia Cisjordania e Israel. Por los acuerdos de paz entre Egipto e Israel de 1979, y por los acuerdos de Oslo de 1993 entre palestinos e israelíes, el otro paso fronterizo que tiene Gaza con el resto del mundo, Rafah, sólo se encuentra habilitado para el acceso de civiles y no de mercaderías. Actualmente, ese borde se encuentra cerrado por las autoridades militares egipcias. Entre los elementos no permitidos para su entrada se encontraron desde zapatos y notebooks hasta cilantro. Dicho esto, es necesario recalcar que por todo lo que permite entrar a la Franja Israel recauda impuestos, tanto a modo de donación internacional o como productos israelíes, sumándole un impuesto sobre el valor agregado de los bienes. Además, Israel no permite que productos de Gaza lleguen a Cisjordania, manteniendo un férreo monopolio de sus productos en las dos entidades territoriales palestinas. Los palestinos usan shampú israelí, toman café israelí y mientras los israelíes gozan económicamente del comercio hacia el interior de Gaza, la misma ecuación no se repite con los productos gazatíes ya que su entrada está completamente prohibida a Israel y Cisjordania: un ejemplo de esta inequidad es que sólo en 2012, compañías israelíes facturaron 380 millones de dólares por productos comercializados en Gaza.
3) El 40 por ciento de la población de Gaza se encontraba desempleada a mediados de este año luego de cumplirse siete meses desde que el gobierno israelí impidiera la entrada de materiales de construcción. La prohibición provocó que el aumento del desempleo se incrementara más del 10 por ciento respecto del segundo trimestre del año pasado. El 70 por ciento de la población gazatí recibe ayuda humanitaria y, hacia mediados de junio de 2014, había unos 180 mil desempleados, mayormente antiguos trabajadores de la construcción.
4) La mayoría del dinero que Hamás utilizó para la compra de cohetes ingresó por las regalías de los túneles de contrabando, la economía paralela subterránea de Gaza creada a partir del bloqueo de Israel y Egipto. Hamás recauda millones de dólares por los impuestos que impone por el uso de esos mismos túneles. Desde 2012, Hamás ha recibido muy poco dinero de Irán (otrora su gran proveedor) por su posición en contra de Basher Al-Assad en Siria, y la mayoría del dinero enviado por Qatar (el otro gran financista en la Franja) no ha sido destinado a armamento sino al combustible y el desarrollo inmobiliario. El contrabando continúa en aumento pues sigue siendo más barato ingresar nafta proveniente de Egipto por un túnel que comprar gasolina israelí "legal" ya que cuesta hasta cinco veces más, al igual que el cemento. Es decir, el mayor alimento económico de Hamás resulta ser el mismísimo bloqueo que intenta perjudicarlo.
5) Desde 1948 hasta 1967, Gaza estuvo bajo gobierno militar egipcio. Luego, desde 1967 hasta 1994, el gobierno militar fue israelí. Después gozó de una especie de autonomía palestina pero con colonias y bases militares israelíes en su territorio por once años. Y, desde que en 2005 lsrael retiró sus colonias civiles y sus bases militares, Gaza es bloqueada por mar y aire. En 2006, Hamás ganó las elecciones parlamentarias y un año mas tarde tomó por la fuerza el control de la Franja luego de que tanto Israel como la Autoridad Palestina desconocieran su victoria. El bloqueo terrestre se instauró el 15 de junio de 2007, un día después de que Hamás tomara el poder en Gaza. Por otra parte, desde 2005, Gaza fue invadida por Israel en las operaciones militares “Lluvias de verano”, “Nubes de otoño”, “Invierno caliente”, “Plomo fundido”, “Eco de retorno” y la que transcurre en este momento, "Margen protector".
6) Respecto de la problemática del agua en Gaza, donde 95 por ciento del total existente no es potable, Israel ha decidido imponer una economía un tanto feudal: los habitantes deben "conformarse" con el agua de lluvia y las aguas subterráneas que se acumulan bajo su territorio. Como resultado, la demanda es excesiva y hay superávit de bombeo de las aguas subterráneas que no son aptas para el consumo humano pues están salinizadas por la mezcla con el agua de mar y por los residuos decrépitos de las de tuberías. En base a los compromisos de Oslo, Israel vende cinco millones de metros cúbicos de agua a Gaza, lo que significa menos de un diez por ciento de lo que se consume en la Franja.
7) Las autoridades palestinas en Gaza pagan toda la electricidad que reciben de Israel. La demanda eléctrica varía entre 350 a 470 megavatios, dependiendo el momento del año. Gaza compra 120 megavatios de Israel, establecidos en los acuerdos de Oslo, y otro 28 megavatios a Egipto. Desde 2006, cuando fue bombardeada por Israel, la única planta de energía de Gaza no tiene la capacidad producir el resto de la electricidad necesaria para el desarrollo normal de su población. Sin embargo, la situación empeoró días atrás, cuando Israel destruyó esa única planta de energía, condenando a los gazatíes a vivir sin energía eléctrica la mayor parte del día. Asimismo, numerosos diputados y oficiales israelíes han propuesto cortar la entrega de energía a Gaza pero se olvidan de que la Suprema Corte de Justicia de Israel, en una resolución del año 2007, dictaminó que "como resultado de la ocupación militar israelí a través de los años, el territorio de Gaza es completamente dependiente del suministro de energía desde Israel" por lo cual tiene la obligación de la "evitar cualquier acción que pueda producir una crisis humanitaria en Gaza". Además, el Fiscal General de la Nación prohibió "cualquier plan que incluya el corte de energía pues contradice las obligaciones humanas que Israel tiene con Gaza producto de la ocupación".
8) El 85 por ciento de las aguas de Gaza son inaccesibles para sus pescadores debido a las restricciones israelíes. Según un acuerdo firmado en 1995, Israel se comprometía a expandir a 37 kilómetros la distancia de pesca desde la costa. Durante la segunda Intifada el número se achicó a 22 kilómetros . Ahora, Israel dictamina que los palestinos sólo pueden pescar hasta 11 kilómetros de sus costas, aunque a veces reduce esa distancia a 5, 5 kilómetros. El límite fijado en 11 kilómetros excluye las mejores zonas de pesca. Israel mantiene el control total sobre las aguas territoriales de Gaza y, por tanto, evita el tránsito de bienes y personas a través del mar , y no permite la pesca a una distancia de más de seis millas náuticas de la costa de Gaza.
9) De las 1.800.000 personas que viven en Gaza más del 40 por ciento no supera los 14 años, más de un cuarto tiene familia en Cisjordania y otro 15 por ciento tiene familiares en Jerusalén Este e Israel. Hasta antes de la operación "Margen protector", Israel sólo permitía el contacto de familiares entre Gaza y Cisjordania en "casos humanitarios excepcionales".
10) Gaza y Cisjordania son una única entidad territorial indivisible, dividida en dos partes según la comunidad internacional y los pactos de Oslo firmados entre israelíes y palestinos. Israel controla el único registro de población que comparten Gaza y Cisjordania, encargado de inscribir los nacimientos, los casamientos, los divorcios, las muertes y hasta los cambios de domicilios (si el nacimiento de un niño palestino en Cisjordania o Gaza no se reporta a la Administración Civil israelí, ese niño no podrá obtener documentos a partir de los 16 años). La información exhibida en esos documentos de identidad palestinos estará en hebreo, el idioma del ocupante. A la vez, el registro de población determina quién es un "residente" palestino y por lo tanto está habilitado a recibir documentos de viaje y permisos para abandonar la Franja de Gaza. La coordinación de esos trámites es monopolizada por los representantes de la Autoridad Palestina en Gaza (a pesar de que no gobiernan en la Franja) quienes elevan la petición de documentos a las autoridades israelíes pertinentes. El mismo proceder ocurre con la entrada de mercaderías a Gaza.
Con el control del aire y del mar, con la autoridad de decidir quién o qué sale y entra, con el dominio de la electricidad, con el monopolio del tipo de moneda de circulación y la potestad de decidir quién es anotado en el registro de población, es imposible afirmar que la ocupación israelí de Gaza está terminada desde 2005. Según la ley internacional, las obligaciones de una potencia ocupante están detalladas en la Cuarta Convención de Ginebra y en las Regulaciones de la Haya. Por lo tanto la "Ley internacional de ocupación" todavía hace responsable al Estado de Israel del bienestar de la población de Gaza debido a que, por todo lo detallado en los diez puntos anteriores, sigue ejerciendo su control sobre las vidas de los residentes palestinos.
lunes, 4 de agosto de 2014
ENTREVISTA AL EXPERTO BEINUSZ SZMUKLER “La política de Israel es suicida a largo plazo”
Por Gustavo Veiga
Estuvo en la Franja de Gaza hace casi trece años y para Beinusz Szmukler es como si la hubiera visitado ahora. ¿Por qué? “Porque nada cambió”, dice. Integró la misión de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas (AIJD), una ONG de Naciones Unidas con status consultivo que en octubre de 2001 concluyó que “el Estado de Israel viola los derechos humanos y civiles del pueblo palestino y el derecho humanitario, en transgresión de los parámetros internacionales en la materia y a su condición de miembro de la ONU”. Su voz es una voz crítica, pero sobre todo comprometida y dolorida por su condición de judío que, afirma, se reconoce en una historia y una cultura que no es la de las bombas.
–¿Por qué sostiene que nada cambió desde su viaje en 2001 hasta hoy?
–Conceptualmente, nada cambió. El problema se va agravando siguiendo la misma línea. Con esto quiero decir: hay una línea coherente de todo orden. Yo le diría que es hacerles la vida imposible a los palestinos para echarlos y tratar de sacarlos de Israel, algo que es muy complicado porque hay como un millón de árabes viviendo dentro de las fronteras del país. A ellos les generan discriminación permanente, dificultades de todo tipo en la vida cotidiana. Y a los que viven en los territorios les manejan el agua, la luz, la posibilidad de tener trabajo, la circulación, la relación entre la gente que vive en Gaza y Cisjordania, porque no hay frontera común.
–Díganos algunos ejemplos.
–De pronto les cierran una calle y no tienen cómo salir de su casa. Vivir en Gaza y Cisjordania es vivir en un territorio ocupado por una fuerza militar extranjera. En un viaje que hicimos en Cisjordania y que debía ser de 15 minutos tardamos una hora porque nos pararon en cinco check points. Estuvimos con una familia palestina que en la terraza de la casa tenía instalados unos colonos israelíes.
–Las normas jurídicas con que los palestinos son controlados a diario, ¿tampoco se modificaron?
–No, que yo sepa. Inclusive la Corte Suprema israelí había admitido la tortura con el argumento de que se trataba de evitar actos de terrorismo que podían significar la pérdida de vidas humanas. Esto es una cosa casi exótica. La tortura existe en infinidad de países, pero que un tribunal de justicia diga: ah, no, en este caso se puede aplicar. No lo conozco.
–Si comparáramos el informe de 2001 con uno que pudiera realizarse hoy, ¿usted cree que los datos que arrojaría serían casi los mismos?
–Para mí no cambiaría nada, al contrario, cada día hay más elementos. Este ataque es muy superior a los anteriores. No sé hasta dónde la comunidad internacional va a seguir con esta política de decir: protestamos pero no tomamos ninguna medida. Nosotros en el informe que hicimos señalamos cada una de las violaciones que se cometen, es decir, las torturas, las ejecuciones sumarias, las detenciones ilegales, políticas discriminatorias propias del apartheid. Hay violaciones a los derechos humanos dentro de los territorios palestinos a los que les cabe claramente la figura de genocidio.
–¿Está más cerca de lo que sostuvo Marco Aurelio García, el principal asesor en temas internacionales de Dilma Rousseff, quien definió la intervención de Israel como genocidio, que de la propia presidenta de Brasil, que habló de masacre?
–Son dos cosas distintas. La masacre puede no implicar una política global de destrucción de un pueblo. En cambio, esto tiene todas las características de suprimir a un pueblo o a una parte de ese pueblo. Yo diría que lo más grave es lo que se hace al margen de las normas y casi le podría decir que hay una anomia, no hay normas.
–¿Parece imposible poner fin a los bombardeos indiscriminados sobre la Franja de Gaza si la comunidad internacional no se decide a actuar?
–Hay una gran responsabilidad internacional en este tema. Yo soy judío y la verdad es que me hace sentir muy mal que esta política pueda identificarse como de los judíos. Porque no tiene nada que ver con la historia de nuestro pueblo, con su cultura. En el informe de 2001 hay una parte histórica que redacté y que cierro con una nota que escribió Juan Gelman en donde contaba cómo se sentía con esta política del Estado de Israel. Que lamentablemente utiliza el Holocausto para aplicar políticas que pueden ser asimiladas muy bien a las del nazismo. Esta es la verdad. Hay una idea de raza superior en el gobierno, porque para lograr que determinada gente actúe de la manera en que lo hace, como los colonos, las fuerzas armadas y los tribunales israelíes, se requiere de un convencimiento del que está actuando para hacerlo de esa manera.
–¿Qué papel debería cumplir la ONU?
–Por empezar, las Naciones Unidas deberían mandar una fuerza internacional que se ubique en el lugar e impida que esto continúe. El Consejo de Seguridad tiene la obligación de tomar todas las medidas para garantizar la seguridad y la paz internacional. Además, la política del gobierno de Israel es una política suicida a largo plazo. Porque genera el odio de todos los estados que la circundan. Es como si usted, en la casa en que vive, estuviera peleado con todos los vecinos, el de al lado, el del costado y el de atrás. Por más que usted se cuide, en algún momento lo van a agarrar.
–El apoyo que tienen en Israel los bombardeos sobre la Franja de Gaza, ¿es la consecuencia de un corrimiento hacia la derecha de su sociedad que avala masivamente estas políticas?
–Hay que decir que el accionar terrorista de Hamas o de otros grupos es funcional a la derecha israelí, claramente. Eso facilita la propaganda para lograr el objetivo del gobierno de Netanyahu. Existe una transformación en la sociedad israelí. Hubo un período en que la gente más progresista de Israel era muy fuerte, con movilizaciones de decenas de miles de personas. Todo eso se ha deteriorado por la propaganda y por los cohetes que caen sobre el país que, en realidad, prácticamente no causan daño.
–¿Hasta dónde es responsable Estados Unidos como socio político de Israel en las acciones que ésta emprende?
–Los mexicanos tienen una frase que dice: el que tiene la plata pone la música. Es de suponer que si Estados Unidos dijera: si usted hace esta política vamos a suspenderle esto, esto y esto, yo creo que eso tendría efecto sobre Israel. La responsabilidad de Estados Unidos es innegable por el peso que tiene en el mundo, además.
–Y para usted, ¿qué deberían hacer países como los de Latinoamérica y la Argentina en particular?
–Primero, hay que seguir peleando por el cumplimiento de los principios y objetivos de la ONU. Que es lo que hay. Pero más allá de eso, las naciones latinoamericanas, asiáticas, de mínima, deberían retirar los embajadores de Israel, como acaba de hacer Chile, y plantearse la ruptura de relaciones y la aplicación de sanciones como se practicó en el pasado con Sudáfrica. Debería hacerse sentir el aislamiento internacional. Eso no sólo tendría efecto en el gobierno israelí, también lo tendría sobre su sociedad.
OPINION Hacia un modelo posneoliberal
Por Emir Sader
Cuando se agotaba el ciclo largo expansivo del capitalismo, se impuso el debate sobre las razones de ese agotamiento y las formas de retomar el desarrollo económico. Triunfó la renacida versión del liberalismo, vocalizada en particular por Ronald Reagan, quien dijo que habría que suspender los límites a la libre circulación del capital, habría que desregular. El capital volvería a circular, habría inversiones, las economías volverían a crecer y todos ganarían.
Se promovió la libre circulación del capital en escala global, mediante la apertura de los mercados nacionales, la privatización de patrimonios públicos, la mercantilización de lo que antes eran derechos, la precarización de las relaciones de trabajo, la retracción del Estado y la centralidad del mercado. Pero lo que pasó fue distinto de lo previsto.
Es que, como recordaba siempre Marx, el capital no está hecho para producir sino para acumular. Liberado de las trabas del período anterior, el capital se dirigió, masivamente, hacia la esfera financiera, donde gana más, tiene liquidez total y ejerce fuerte presión sobre los gobiernos. (Una agencia de apoyo a los especuladores una vez dijo literalmente: ‘Aprovechen la fiesta, pero quédense cerca de la puerta’.) A escala mundial se dio una gigantesca trasferencia de recursos del sector productivo al especulativo, con el capital financiero asumiendo el rol de sector hegemónico en la era neoliberal del capitalismo.
El bajo crecimiento o el estancamiento o incluso la retracción de las economías se debe justamente al hecho de que el sector hegemónico en la economía es un sector parasitario, que no produce bienes ni empleos. Es el capital financiero bajo su forma especulativa, que no financia el consumo, ni la investigación, ni tampoco la producción. Vive de la compra y venta de papeles.
Los fondos buitre son el ejemplo más radical de ese carácter parasitario del capital especulativo, típico de la era neoliberal. En ese caso, se han valido de la crisis de la deuda de los países latinoamericanos para imponer normas draconianas a gobiernos subalternos, parte fundamental de la herencia maldita recibida por los gobiernos antineoliberales. Préstamos a intereses brutales a cambio de renuncia a la soberanía nacional.
Así, aun los gobiernos que ha reaccionado en contra del neoliberalismo, empezando a construir alternativas a ese modelo agotado, tienen que enfrentar todavía esa herencia. Para la derecha sería señal de fracaso de los gobiernos progresistas, cuando en realidad son todavía rezagos de los gobiernos de la misma derecha.
Los Brics han empezado a apuntar hacia la alternativa: un Banco de Desarrollo para el Sur del Mundo, un fondo de apoyo frente a problemas que puedan enfrentar los países del sur del mundo. El conflicto actual con Argentina representa los estertores del modelo contra el cual fueron elegidos los gobiernos progresistas y frente al cual construyen un modelo posneoliberal.
NUEVA YORK Griesa ratificó a Pollack y autorizó otro pago "por única vez"
Ya en la audiencia del viernes pasado Griesa había dejado en claro que no quería relevar a Pollack. Hoy lo confirmó por escrito antes de que los abogados de la Argentina presentaran el pedido formal para que se lo remueva por "pérdida de confianza".
El abogado Jonathan Blackman había expresado el viernes que el Gobierno argentino consideraba "doloroso y perjudicial" el comunicado que Daniel Pollack redactó luego de la última reunión con los buitres, en el que dijo que "la Argentina entrará inmediatamente en default". Griesa contestó que "el mediador no creó una condición adversa, sino que esta ya existía" y que en sus comunicados "no ha habido nunca un signo de imprecisión".
"Además, este tribunal había pedido al mediador que si las negociaciones se rompían o eran suspendidas, emitiera un comunicado y no dejara el registro público en blanco", asegura la orden. "Es difícil imaginar un movimiento peor por parte de este tribunal que quitar al mediador. Sería una gran injusticia e interferiría drásticamente en el proceso que ha tenido lugar hasta ahora y que debe continuar. Es más importante seguir en la mesa de negociación para que los asuntos de este caso sean resueltos", concluyó.
Además, Griesa emitió hoy otra orden que dispuso desbloquear el pago a través del JPMorgan Chase en bonos de deuda argentina emitidos en dólares, por lo que esta entidad se suma a Citibank, Euroclear y Clearstream como las que han recibido la exención de la orden "pari passu" o de pago simultáneo dictada por el juez. Para todas ellas, el pago deberá ser hecho de una sola vez y entre estas excepciones no se encuentra el Bank of New York Mellon (BoNY), en cuya cuenta del Banco Central argentino siguen estancados los 539 millones de dólares que fueron pagados el 26 de junio para tenedores de deuda reestructurada.
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Temor y Control: un libro para debatir sobre la demagogia punitiva
Esteban Rodríguez Alzueta es docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de Quilmes (UNQui). El martes 15 presentó su nuevo libro: Temor y control. La gestión de la inseguridad como forma de gobierno.
La presentación en la Facultad de Periodismo de la UNLP, contó con la presencia del diputado provincial por Nuevo Encuentro Marcelo Saín, de la socióloga y doctora en Ciencias Políticas y Sociales Ángela Oyhandy y del fiscal Julián Axat, quien actualmente está a cargo del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia.
Por Rocío Cereijo
Agencia Paco Urondo: En tu libro hablás de una continuidad en la relación entre la construcción del miedo y los dispositivos de control: “los gobiernos pasan, pero la policía queda”.
ERA: Siempre me interesó pensar en las relaciones de continuidad que existían entre el olfato policial y el olfato social, entendiendo que la policía no bajó de un plato volador, no son extraterrestres, sino que son un emergente social. La policía compra los productos en el mismo almacén del barrio, lleva a los hijos a la misma escuela que uno, gritamos el mismo gol, miramos el mismo programa, leemos más o menos el mismo diario. Es decir, el policía no es un actor separado y separable de la sociedad; entonces me interesaba un poco ver por qué si forma parte de nuestra vida cotidiana existe esa distancia a la hora de pensarlo. Me parece que de alguna manera lo que hacen generalmente las academias policiales es trabajar con determinados prejuicios, creencias, concepciones que se van produciendo, que se van modelando en la sociedad. Entonces digo que no hay olfato policial sin olfato social. De alguna manera el olfato policial, que son los prejuicios que orientan a las prácticas institucionales abrevan en determinados valores, creencias que existen en la sociedad. Es decir, no hay detenciones sistemáticas por averiguación de identidad sin llamadas al 911, sin vecinos alerta; no hay detenciones sin procesos sociales de estigmatización social. De alguna manera, lo que buscaba en este libro era pensar las continuidades que existen entre el punitivismo de arriba y el punitivismo de abajo. Este es, entonces, uno de los meollos del libro: pensar cómo se fueron tejiendo determinadas prácticas institucionales y prácticas sociales, cómo están intrincadas unas con otras. El libro quiere ser una invitación a pensar en esas permanencias; la pregunta de por qué continúa esa policía, por qué permanecen esos jueces, el encarcelamiento masivo en Argentina. La respuesta a semejante pregunta no hay que buscarla en tal o cual funcionario, no es un problema de tener tal o cual funcionario que como una pasión autoritaria lleva a reproducir estos esquemas. Sino que, en realidad yo siempre digo que la respuesta a estas preguntas hay que buscarlas en lo que llamo un dispositivo de temor y control.
APU: ¿A qué llamás dispositivo de temor y control?
ERA: Llamo "Dispositivo de temor y control" al acoplamiento de determinadas prácticas y discursos que se hicieron en determinado momento para responder a la urgencia que planteaban una serie de problemas. Es decir, a las articulaciones estratégicas que se establecieron entre determinadas agencias o, mejor dicho, entre algunos actores que componen esas agencias; pero también entre esas agencias o esos actores con determinados relatos, con determinadas figuras legales, con determinados valores, sentidos comunes. El dispositivo está dando cuenta de la alianza entre diferentes actores heterogéneos que intentan dar una respuesta a un problema que se fue montando en la década del 90, que tiene que ver con la marginalidad social. Esas articulaciones que se montaron en la década del 90 entre muy distintos actores, (porque no solamente son políticos, sino también actores judiciales, actores de la policía, especialistas, periodistas y empresas de comunicación); de alguna manera continuaron activas, no pudieron desandarse, no pudieron ponerse en crisis en estos últimos diez años.
APU: ¿Qué sucede cuando se incorpora un componente participacionista?
ERA: Creo que, en realidad, cuando uno piensa que “no hay olfato policial, sino olfato social”, lo que se está diciendo es que el problema no es solamente la policía, sino también las concepciones que tiene el vecino de nuestro barrio. Entonces, si pensamos la seguridad en éstos términos se duplican los problemas para cualquier gobierno, para cualquier gestión. Porque es poner en crisis la brutalidad policial, el destrato que caracteriza a las rutinas policiales: esas prácticas abusivas, discriminatorias, violentas. Reformar la policía no significa solamente crear una nueva policía o cambiar los planes de estudio o incorporar un nuevo staff de docentes para formar a las nuevas camadas de policías, todo eso hay que hacerlo; sin embargo me parece que no alcanza, porque de lo que se trata es de también desandar ese imaginario autoritario que está muy presente todavía en la sociedad. Por eso es muy importante que dentro de las reformas progresistas en materia de seguridad participe la sociedad; involucrarla en la solución, en la búsqueda de una solución creativa en los problemas en las que ésta está involucrada. No es un mero destinatario, sino que también es un anfitrión. Porque lo que ese vecino piensa, lo que ese vecino referencia como un problema, sobre ese miedo parte la policía, sobre ese terror se generan prácticas de control. Entonces, poner en crisis las prácticas de control, estas prácticas de control autoritarias, supone poner en crisis éstas prácticas sociales temerarias.
APU: En la presentación del libro, Julián Axat leyó un extracto de un artículo del cineasta Pier Paolo Pasolini escrita en el 68, luego de que la policía italiana asesinara a un estudiante en una marcha donde, posteriormente, las organizaciones de izquierda exigían la abolición de la policía ¿Es posible una sociedad sin policía?
ERA: Bueno, uno quisiera que no existieran las armas, que no se tenga que recurrir al uso de la fuerza letal o a la amenaza del uso de la fuerza letal para resolver esos conflictos; pero puesto que existe el conflicto y existen las armas, me parece que hay que darle algún marco regulatorio. A mi modo de ver, hoy en día es impensable una sociedad sin policías porque hay una serie de conflictos sociales que merecen ser atendidos por el gobierno de turno. También me parece que las policías tienen que existir porque hay determinados problemas que exceden también a cualquier organización social; estoy pensando, por ejemplo en el tráfico de drogas, en la comercialización ilegal de granos, en el robo de autos para surtir un mercado repositor en Argentina: se trata de conflictos que exceden a cualquier organización social. Me parece que ameritan la intervención organizada, planificada, profesional de fuerzas especiales para poder intervenir en cada uno de esos conflictos. Porque los conflictos no son siempre los mismos, son muy distintos y las causas de esos conflictos son también muy diferentes. Desde el Acuerdo por una Seguridad Democrática se trabaja con una concepción multiagencial, porque consideramos que problemas multicausales requieren respuestas complejas: un problema complejo requiere también una respuesta compleja. Es decir, conflictos multicausales requieren respuestas multiagenciales. La respuesta no va a venir solamente del Ministerio de Seguridad, sino también haciendo otras alianzas con otras agencias del mismo Estado para resolver esos conflictos.
APU: ¿Qué pasa con la década kirchnerista en materia de seguridad? En la presentación del libro hablaban de la existencia de una continuidad del delito a pesar de la baja de desocupación
ERA: Creo que durante la década del 90 las interpretaciones economicistas eran interpretaciones que nos dejaban bien. Es decir, uno veía que aumentaban los índices de desocupación, aumentaba la marginación, aumentaba el delito y aumentaba el encarcelamiento. Es decir, ¿Por qué había más gente presa? Porque había más gente robando, ¿Por qué había más gente robando? Porque aumentaba la pobreza y la desocupación. O sea, eran tres variables que iban acopladas. Ahora, lo que uno encuentra en los últimos diez años es que baja la desocupación, aunque sigue impactando centralmente en los sectores más juveniles; baja la marginación, aunque todavía hay núcleos de marginalidad persistente en determinadas villas y asentamientos, aunque nadie puede decir que estamos en la década del 90. Se mantiene el delito, pero continúa aumentando la tasa de encarcelamiento. Es decir, estas tres variables que iban juntas en la década del 90 se desacoplaron en estos últimos diez años. Entonces, me parece que este desacople es la pregunta con la que nos tenemos que medir los que hacemos criminología, sociología del delito, los que pensamos en las policías hoy en día: ¿Por qué se produce este desacople? Y la respuesta no es sencilla porque no vamos a encontrar una respuesta única para pensarlo. Por un lado, uno puede decir que el delito no baja porque ha aumentado el consumo. Por otro lado, el delito tampoco ha bajado porque desde el momento que se ha inyectado energía monetaria en el mercado interno, desde el momento que hay más plata en el bolsillo, se han ido expandiendo determinadas economías ilegales. Por ejemplo la trata de personas con fines de explotación sexual. Si estamos parados en una sociedad misógina, con un trato sexual desigual; si la manera de certificar que tiene el “macho” argentino las tareas bien hechas es “irse de putas” los fines de semana; bueno, si ese “macho argentino” tiene más plata en el bolsillo, se va a ir más “de putas”. ¿Por qué no baja el delito? Porque si en Argentina la clase media o la clase alta tienen más plata en el bolsillo, y asocia el ocio de fin de semana a romperse la cabeza, a `descocarse´; está claro que va a aumentar el tráfico de drogas ilegales. Entonces, esa mayor demanda de drogas también crea condiciones para que se expandan esas economías ilegales. Me parece que ésto nos está dando una pista para comenzar a pensar en por qué el delito en los últimos diez años no ha ido disminuyendo, porque se han resuelto una serie de problemas, pero se han creado otros problemas producto de las mejores condiciones que se han ido desarrollando en Argentina. Ahora también uno puede decir que el delito no baja porque no se han encarado determinadas reformas policiales, porque muchas veces, para muchos gobernantes, (no estoy hablando solamente del gobierno nacional, sino también de los provinciales y ahí hay de todos los signos políticos), siempre a un funcionario, a un dirigente político le sale más barato negociar con la policía que asumir los costos que implica una reforma policial. Más aún cuando la seguridad se ha convertido en la vidriera de la política. Cuando las campañas electorales están vertebradas a través del tema de la inseguridad, cuando la oposición hace política a través de la inseguridad, cuando los grandes medios agitan la bandera de la inseguridad todo el tiempo; entonces muchas veces los funcionarios tienen que apelar a respuestas coyunturalistas, resignan respuestas estructurales, que son reformas que se necesitan largo aliento, para hacer seguridad a partir de la tapa de los diarios porque lo que le interesa es ganar la próxima elección.
APU: ¿Cuál creés que sería el camino para poder disputar el sentido de la seguridad?
ERA: En los próximos años me parece que todos estos temas necesitan de un acuerdo político entre distintas fuerzas para poder sustraerlo de las agendas electorales: sin esos acuerdos políticos entre las distintas fuerzas difícilmente se van a poder encarar procesos de reformas estructurales de largo aliento. En segundo lugar me parece que supone abordarlo desde un paradigma “despolicializado”; es decir, desde un paradigma multiagencial entendiendo que la única herramienta que tenemos en el cajón no es solamente el martillo, sino que también hay otras herramientas que también uno tiene que utilizar. Conflictos multicausales, que no es sólo un conflicto sino que son varios y con distintas causas, suponen ensayar alianzas estratégicas con distintas agencias del mismo gobierno. La policía no puede ser la misma respuesta a todas las preguntas. Porque si esto es así, todos los problemas se parecen a un clavo: si el martillo es la única herramienta que tengo en el cajón, todos los problemas me van a parecer un clavo.
APU: La Campaña contra la violencia institucional impulsada por el diputado nacional Leonardo Grosso, de la cual también formas parte, ¿apunta a este objetivo de organizar la participación de los sectores del campo popular?
ERA: Sí, la Campaña contra la violencia institucional me parece que es un espacio inédito. Porque por primera vez aparece una organización como el Movimiento Evita que dice “este problema lo tengo que tomar”, o sea, “nosotros tenemos que generar organización en el barrio para atajar este problema”. Pero abordarlo de una manera creativa. Por eso, en la mesa de la Campaña contra la violencia institucional no solamente hay organizaciones sociales, porque también está Kolina, la Tupac, u otras organizaciones menores; sino que también hay movimientos muy distintos como organizaciones de derechos humanos, magistrados, legisladores, funcionarios de distintos ministerios; es decir, es una mesa multiactoral donde intervienen distintos actores. No se trata de echarle todo el fardo a tal o cual funcionario, sino que se trata de decir: “Esto no se va a resolver cambiando a tal o cual funcionario, cambiando tal o cual policía o sacando a una manzana podrida”. Porque lo que está podrido es el canasto. Yo siempre digo que la teoría de la manzana podrida no nos sirve para resolver el problema de la violencia policial: ¿Cuántas manzanas se han sacado? ¿Cuántas purgas se han realizado? ¿Cuántas exoneraciones de policías se han hecho de las distintas cúpulas policiales? Y, sin embargo, la policía sigue siendo la misma “maldita policía”, se siguen pudriendo las otras manzanas porque lo que está podrido es el canasto. Entonces, por más que nosotros agreguemos manzanas muy bonitas, se van a seguir pudriendo. Porque lo que las pudren son esas rutinas institucionales, eso modos de pensar, de actuar que son el ADN hoy en día de la institución. Entonces, el problema no es tal o cual funcionario, tal o cual policía; el problema son esas prácticas, esas rutinas que son las que hay que modificar.
ERA: Siempre me interesó pensar en las relaciones de continuidad que existían entre el olfato policial y el olfato social, entendiendo que la policía no bajó de un plato volador, no son extraterrestres, sino que son un emergente social. La policía compra los productos en el mismo almacén del barrio, lleva a los hijos a la misma escuela que uno, gritamos el mismo gol, miramos el mismo programa, leemos más o menos el mismo diario. Es decir, el policía no es un actor separado y separable de la sociedad; entonces me interesaba un poco ver por qué si forma parte de nuestra vida cotidiana existe esa distancia a la hora de pensarlo. Me parece que de alguna manera lo que hacen generalmente las academias policiales es trabajar con determinados prejuicios, creencias, concepciones que se van produciendo, que se van modelando en la sociedad. Entonces digo que no hay olfato policial sin olfato social. De alguna manera el olfato policial, que son los prejuicios que orientan a las prácticas institucionales abrevan en determinados valores, creencias que existen en la sociedad. Es decir, no hay detenciones sistemáticas por averiguación de identidad sin llamadas al 911, sin vecinos alerta; no hay detenciones sin procesos sociales de estigmatización social. De alguna manera, lo que buscaba en este libro era pensar las continuidades que existen entre el punitivismo de arriba y el punitivismo de abajo. Este es, entonces, uno de los meollos del libro: pensar cómo se fueron tejiendo determinadas prácticas institucionales y prácticas sociales, cómo están intrincadas unas con otras. El libro quiere ser una invitación a pensar en esas permanencias; la pregunta de por qué continúa esa policía, por qué permanecen esos jueces, el encarcelamiento masivo en Argentina. La respuesta a semejante pregunta no hay que buscarla en tal o cual funcionario, no es un problema de tener tal o cual funcionario que como una pasión autoritaria lleva a reproducir estos esquemas. Sino que, en realidad yo siempre digo que la respuesta a estas preguntas hay que buscarlas en lo que llamo un dispositivo de temor y control.
APU: ¿A qué llamás dispositivo de temor y control?
ERA: Llamo "Dispositivo de temor y control" al acoplamiento de determinadas prácticas y discursos que se hicieron en determinado momento para responder a la urgencia que planteaban una serie de problemas. Es decir, a las articulaciones estratégicas que se establecieron entre determinadas agencias o, mejor dicho, entre algunos actores que componen esas agencias; pero también entre esas agencias o esos actores con determinados relatos, con determinadas figuras legales, con determinados valores, sentidos comunes. El dispositivo está dando cuenta de la alianza entre diferentes actores heterogéneos que intentan dar una respuesta a un problema que se fue montando en la década del 90, que tiene que ver con la marginalidad social. Esas articulaciones que se montaron en la década del 90 entre muy distintos actores, (porque no solamente son políticos, sino también actores judiciales, actores de la policía, especialistas, periodistas y empresas de comunicación); de alguna manera continuaron activas, no pudieron desandarse, no pudieron ponerse en crisis en estos últimos diez años.
APU: ¿Qué sucede cuando se incorpora un componente participacionista?
ERA: Creo que, en realidad, cuando uno piensa que “no hay olfato policial, sino olfato social”, lo que se está diciendo es que el problema no es solamente la policía, sino también las concepciones que tiene el vecino de nuestro barrio. Entonces, si pensamos la seguridad en éstos términos se duplican los problemas para cualquier gobierno, para cualquier gestión. Porque es poner en crisis la brutalidad policial, el destrato que caracteriza a las rutinas policiales: esas prácticas abusivas, discriminatorias, violentas. Reformar la policía no significa solamente crear una nueva policía o cambiar los planes de estudio o incorporar un nuevo staff de docentes para formar a las nuevas camadas de policías, todo eso hay que hacerlo; sin embargo me parece que no alcanza, porque de lo que se trata es de también desandar ese imaginario autoritario que está muy presente todavía en la sociedad. Por eso es muy importante que dentro de las reformas progresistas en materia de seguridad participe la sociedad; involucrarla en la solución, en la búsqueda de una solución creativa en los problemas en las que ésta está involucrada. No es un mero destinatario, sino que también es un anfitrión. Porque lo que ese vecino piensa, lo que ese vecino referencia como un problema, sobre ese miedo parte la policía, sobre ese terror se generan prácticas de control. Entonces, poner en crisis las prácticas de control, estas prácticas de control autoritarias, supone poner en crisis éstas prácticas sociales temerarias.
APU: En la presentación del libro, Julián Axat leyó un extracto de un artículo del cineasta Pier Paolo Pasolini escrita en el 68, luego de que la policía italiana asesinara a un estudiante en una marcha donde, posteriormente, las organizaciones de izquierda exigían la abolición de la policía ¿Es posible una sociedad sin policía?
ERA: Bueno, uno quisiera que no existieran las armas, que no se tenga que recurrir al uso de la fuerza letal o a la amenaza del uso de la fuerza letal para resolver esos conflictos; pero puesto que existe el conflicto y existen las armas, me parece que hay que darle algún marco regulatorio. A mi modo de ver, hoy en día es impensable una sociedad sin policías porque hay una serie de conflictos sociales que merecen ser atendidos por el gobierno de turno. También me parece que las policías tienen que existir porque hay determinados problemas que exceden también a cualquier organización social; estoy pensando, por ejemplo en el tráfico de drogas, en la comercialización ilegal de granos, en el robo de autos para surtir un mercado repositor en Argentina: se trata de conflictos que exceden a cualquier organización social. Me parece que ameritan la intervención organizada, planificada, profesional de fuerzas especiales para poder intervenir en cada uno de esos conflictos. Porque los conflictos no son siempre los mismos, son muy distintos y las causas de esos conflictos son también muy diferentes. Desde el Acuerdo por una Seguridad Democrática se trabaja con una concepción multiagencial, porque consideramos que problemas multicausales requieren respuestas complejas: un problema complejo requiere también una respuesta compleja. Es decir, conflictos multicausales requieren respuestas multiagenciales. La respuesta no va a venir solamente del Ministerio de Seguridad, sino también haciendo otras alianzas con otras agencias del mismo Estado para resolver esos conflictos.
APU: ¿Qué pasa con la década kirchnerista en materia de seguridad? En la presentación del libro hablaban de la existencia de una continuidad del delito a pesar de la baja de desocupación
ERA: Creo que durante la década del 90 las interpretaciones economicistas eran interpretaciones que nos dejaban bien. Es decir, uno veía que aumentaban los índices de desocupación, aumentaba la marginación, aumentaba el delito y aumentaba el encarcelamiento. Es decir, ¿Por qué había más gente presa? Porque había más gente robando, ¿Por qué había más gente robando? Porque aumentaba la pobreza y la desocupación. O sea, eran tres variables que iban acopladas. Ahora, lo que uno encuentra en los últimos diez años es que baja la desocupación, aunque sigue impactando centralmente en los sectores más juveniles; baja la marginación, aunque todavía hay núcleos de marginalidad persistente en determinadas villas y asentamientos, aunque nadie puede decir que estamos en la década del 90. Se mantiene el delito, pero continúa aumentando la tasa de encarcelamiento. Es decir, estas tres variables que iban juntas en la década del 90 se desacoplaron en estos últimos diez años. Entonces, me parece que este desacople es la pregunta con la que nos tenemos que medir los que hacemos criminología, sociología del delito, los que pensamos en las policías hoy en día: ¿Por qué se produce este desacople? Y la respuesta no es sencilla porque no vamos a encontrar una respuesta única para pensarlo. Por un lado, uno puede decir que el delito no baja porque ha aumentado el consumo. Por otro lado, el delito tampoco ha bajado porque desde el momento que se ha inyectado energía monetaria en el mercado interno, desde el momento que hay más plata en el bolsillo, se han ido expandiendo determinadas economías ilegales. Por ejemplo la trata de personas con fines de explotación sexual. Si estamos parados en una sociedad misógina, con un trato sexual desigual; si la manera de certificar que tiene el “macho” argentino las tareas bien hechas es “irse de putas” los fines de semana; bueno, si ese “macho argentino” tiene más plata en el bolsillo, se va a ir más “de putas”. ¿Por qué no baja el delito? Porque si en Argentina la clase media o la clase alta tienen más plata en el bolsillo, y asocia el ocio de fin de semana a romperse la cabeza, a `descocarse´; está claro que va a aumentar el tráfico de drogas ilegales. Entonces, esa mayor demanda de drogas también crea condiciones para que se expandan esas economías ilegales. Me parece que ésto nos está dando una pista para comenzar a pensar en por qué el delito en los últimos diez años no ha ido disminuyendo, porque se han resuelto una serie de problemas, pero se han creado otros problemas producto de las mejores condiciones que se han ido desarrollando en Argentina. Ahora también uno puede decir que el delito no baja porque no se han encarado determinadas reformas policiales, porque muchas veces, para muchos gobernantes, (no estoy hablando solamente del gobierno nacional, sino también de los provinciales y ahí hay de todos los signos políticos), siempre a un funcionario, a un dirigente político le sale más barato negociar con la policía que asumir los costos que implica una reforma policial. Más aún cuando la seguridad se ha convertido en la vidriera de la política. Cuando las campañas electorales están vertebradas a través del tema de la inseguridad, cuando la oposición hace política a través de la inseguridad, cuando los grandes medios agitan la bandera de la inseguridad todo el tiempo; entonces muchas veces los funcionarios tienen que apelar a respuestas coyunturalistas, resignan respuestas estructurales, que son reformas que se necesitan largo aliento, para hacer seguridad a partir de la tapa de los diarios porque lo que le interesa es ganar la próxima elección.
APU: ¿Cuál creés que sería el camino para poder disputar el sentido de la seguridad?
ERA: En los próximos años me parece que todos estos temas necesitan de un acuerdo político entre distintas fuerzas para poder sustraerlo de las agendas electorales: sin esos acuerdos políticos entre las distintas fuerzas difícilmente se van a poder encarar procesos de reformas estructurales de largo aliento. En segundo lugar me parece que supone abordarlo desde un paradigma “despolicializado”; es decir, desde un paradigma multiagencial entendiendo que la única herramienta que tenemos en el cajón no es solamente el martillo, sino que también hay otras herramientas que también uno tiene que utilizar. Conflictos multicausales, que no es sólo un conflicto sino que son varios y con distintas causas, suponen ensayar alianzas estratégicas con distintas agencias del mismo gobierno. La policía no puede ser la misma respuesta a todas las preguntas. Porque si esto es así, todos los problemas se parecen a un clavo: si el martillo es la única herramienta que tengo en el cajón, todos los problemas me van a parecer un clavo.
APU: La Campaña contra la violencia institucional impulsada por el diputado nacional Leonardo Grosso, de la cual también formas parte, ¿apunta a este objetivo de organizar la participación de los sectores del campo popular?
ERA: Sí, la Campaña contra la violencia institucional me parece que es un espacio inédito. Porque por primera vez aparece una organización como el Movimiento Evita que dice “este problema lo tengo que tomar”, o sea, “nosotros tenemos que generar organización en el barrio para atajar este problema”. Pero abordarlo de una manera creativa. Por eso, en la mesa de la Campaña contra la violencia institucional no solamente hay organizaciones sociales, porque también está Kolina, la Tupac, u otras organizaciones menores; sino que también hay movimientos muy distintos como organizaciones de derechos humanos, magistrados, legisladores, funcionarios de distintos ministerios; es decir, es una mesa multiactoral donde intervienen distintos actores. No se trata de echarle todo el fardo a tal o cual funcionario, sino que se trata de decir: “Esto no se va a resolver cambiando a tal o cual funcionario, cambiando tal o cual policía o sacando a una manzana podrida”. Porque lo que está podrido es el canasto. Yo siempre digo que la teoría de la manzana podrida no nos sirve para resolver el problema de la violencia policial: ¿Cuántas manzanas se han sacado? ¿Cuántas purgas se han realizado? ¿Cuántas exoneraciones de policías se han hecho de las distintas cúpulas policiales? Y, sin embargo, la policía sigue siendo la misma “maldita policía”, se siguen pudriendo las otras manzanas porque lo que está podrido es el canasto. Entonces, por más que nosotros agreguemos manzanas muy bonitas, se van a seguir pudriendo. Porque lo que las pudren son esas rutinas institucionales, eso modos de pensar, de actuar que son el ADN hoy en día de la institución. Entonces, el problema no es tal o cual funcionario, tal o cual policía; el problema son esas prácticas, esas rutinas que son las que hay que modificar.
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