Columna de los especialistas Norberto Emmerich y Joanna Rubio. "Las políticas de inclusión social no son políticas de seguridad, pero si son exitosas crean un contexto social más seguro", describen.
Por Norberto Emmerich y Joanna Rubio *
Derribar 9 búnkeres de droga al día para combatir al narcotráfico y recuperar las zonas más castigadas por la violencia resultante del narcomenudeo, fue la consigna de Sergio Berni, titular de la Secretaría de Seguridad de la Nación, cuando comenzó a golpear con efectividad al microtráfico, aunque con lógicas dificultades en eliminar las drogas y quizás sin tocar al narcotráfico.
89 furgones blindados únicamente para transportar a los elementos operativos, 60 patrullas móviles identificadas y 100 más sin identificación, 7 helicópteros y un avión sanitario. Todo esto como parte del plan de “pacificación de los barrios”, aunque haya una contradicción entre el dicho y su manifestación empírica. El objetivo era erradicar los puntos de venta de droga.
En 2012 se demolieron (con topadoras) 37 búnkeres bajo la gestión de Antonio Bonfatti, muchos de ellos demolidos 2 o 3 veces con anterioridad, en algunas ocasiones arrasados por los mismos vecinos utilizando picos y palas, ya que los soldaditos trabajadores de los búnkeres rápidamente volvían a levantarlos.
En esa ocasión las medidas de demolición fueron criticadas por los diputados kirchneristas, argumentando que la medida era un “simple populismo punitivo”, ya que sólo se concretaban golpes mediáticos que no tenían efectos multiplicadores que afectaran a la cadena de comercialización de estupefacientes.
Sergio Berni reconoce por supuesto las limitaciones de una política que busca recuperar el territorio ocupado por el narcotráfico haciendo foco únicamente en la destrucción de sus puntos de venta. Por eso, habla de estar dando los “primeros” pasos para disminuir los niveles de violencia y la penetración de las mafias, para luego profundizar en las investigaciones y añadir más tareas de inteligencia.
Para Hermes Binner, ahora diputado del Frente Progresista Cívico, el resultado del megaoperativo fue “muy poco alentador”, ya que la información recabada fue bastante pobre y los únicos detenidos fueron algunos chicos adictos que trabajaban tras cuatro paredes blindadas vendiendo droga.
A pesar de ello reconoce que percibe un clima diferente y evaluó que se está a tiempo de entrar a una “nueva etapa”, donde es necesaria una reforma policial y la ampliación del sistema carcelario, más de lo mismo.
Violencia rosarina
De acuerdo a estimaciones del gobierno provincial, en Rosario se comete un homicidio cada 25 horas. El 16% de ellos tiene relación con venganzas y disputas territoriales entre bandas dedicadas a la venta de drogas.
Los 3 mil elementos que patrullan los barrios humildes de Rosario no fueron suficientes para evitar que tras 96 horas de iniciado el operativo, un joven de 26 fuera asesinado a balazos en un episodio que tendría relación con el narcotráfico.
Su cuerpo fue encontrado en el barrio de Empalme, a pocos metros de un bunker denunciado por los vecinos. Aunque 89 de estos puestos fueron desmantelados en el operativo de Berni, 4 días después fue acribillado de 9 balazos otro joven relacionado con la venta de estupefacientes. El fin de semana posterior al operativo se cometieron otros 4 asesinatos en el Gran Rosario.
Berni sostuvo para el periódico Clarín que “el delito no se previene con un policía más o un policía menos en la esquina. No hay política de seguridad posible por fuera de un marco de inclusión social”. Es cierto, por supuesto, pero la realidad es despiadada. Las políticas de inclusión social no son políticas de seguridad, pero si son exitosas crean un contexto social más seguro. Por desgracia dependen de circunstancias económicas contingentes, ligadas al flujo mundial de capitales, la crisis en Ucrania, la competencia entre China y México por el abaratamiento de la mano de obra, las políticas de ajuste monetario de la Reserva Federal, etc. La inclusión social es una consigna justa, pero solo la política crea una sociedad justa.
El proyecto de pacificación se enfoca en dar golpes contundentes, que tienen impacto en los medios de comunicación, pero que no ayudan a sostener un proyecto a mediano plazo que por ahora es declamativo. Los resultados del megaoperativo son cuantitativos, con una dosis de incertidumbre y desaliento respecto al futuro próximo. ¿Cuándo se hará presente “todo” el Estado? ¿Cuándo la respuesta dejará de ser la policía y empezará a ser la política? ¿Cuándo se comprenderá que el narcotráfico tiene raíces más que ramas? Con 26 personas detenidas y poco más de mil dosis de cocaína y marihuana incautadas, queda claro que se está librando un “combate” al narcotráfico sin llegar a comprenderlo bien.
Argentina ya es un país de producción, aunque no hay ni habrá plantaciones de coca y aunque haya que ser más precisos en el término “producción”. Más importante aún: Argentina exporta cocaína elaborada en el propio país.
La verdadera extensión de la “guerra contra el narcotráfico” puede medirse empíricamente en incautaciones y personas detenidas, sobre todo para beneplácito de los funcionarios. Pero los costos de la “guerra”, que empiezan en el discurso y derivan en la aplicación de alianzas, consensos y declaraciones de necesidad cada vez menos soberanas, se traducen en crecimiento y legitimidad del narcotráfico.
Combatir al narcotráfico a través de políticas militares y con recursos cada año más robustos, no ha respondido a un interrogante básica para lograr encajar el discurso que administración tras administración y país por país se utiliza para justificar la utilización de políticas insostenibles. ¿Por qué se piensa que la intervención militar es la adecuada? Una política inoperante puede cambiarse pero una guerra que no se puede ganar siempre será una guerra perdida.
* Dr. Norberto Emmerich, Investigador Prometeo, IAEN, Quito, Ecuador
* Joanna Rubio, Universidad de Guadalajara, Departamento de Estudios Políticos y Gobierno
