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Tiempo Argentino
A dos días de que Vicente Massot, director del diario bahiense La Nueva Provincia, fuera indagado por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico–militar, se conocieron una serie de pruebas que contradicen la defensa que esgrimió ante el juez federal Álvaro Coleffi. Ayer, el sitio fiscales.gob.ar difundió un informe que realizó la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) del Ministerio Público Fiscal sobre los libros contables secuestrados en el allanamiento al archivo y las oficinas comerciales de La Nueva Provincia que se realizó el 8 de abril pasado. En el trabajo se da cuenta de que Massot "se desempeñó en forma permanente" como editorialista del diario al momento de los hechos que se le imputan, lo que da por tierra con su argumento central: que no había estado en Bahía Blanca en 1976. A esto se suman, entre otras cuestiones, una serie de actas labradas en 1975 que lo ubican negociando, en pleno conflicto gremial, con los trabajadores gráficos de su periódico Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, ambos asesinados dos meses después de producido el golpe de Estado. La imputación principal contra Massot que realizaron los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel
Palazzani lo vincula a estos homicidios. También se lo acusa de asociarse ilícitamente con el Ejército y la Armada y realizar, desde sus medios, aportes esenciales para encubrir y favorecer la represión. Por la gravedad de los delitos, el empresario periodístico tiene prohibida la salida del país.
En las dos ocasiones en las que el director de La Nueva Provincia se sentó frente al magistrado (el 18 de marzo pasado se presentó espontáneamente, presionado por una resolución de la Cámara Federal; y anteayer en la indagatoria) endilgó todas las responsabilidades a su madre Diana Julio y a su hermano Federico, ambos fallecidos. Y negó haber estado en el diario en el momento de los hechos. Pero el informe de la OFINEC da cuenta de la presencia y actividad de Massot en la empresa al menos desde marzo de 1976: "De la documentación pudimos constatar, por ejemplo, que el señor Massot era empelado del diario (desde la fecha en cuestión). De acuerdo a lo que decían los libros de sueldos y jornales, era empleado y asistía todos los días", explicó Judith König, directora de la oficina, al sitio fiscales.gob.ar. Ante la evidencia, el empresario periodístico se corrigió ante el juez y arguyó que su presencia era esporádica. No obstante, "hay testimonios de ex empleados que lo vieron dentro de la empresa y lo reconocen como una de las personas con autoridad en el multimedios", aseguró el procurador José Nebbia a este diario.
Otra de las evidencias que surgieron del análisis de la OFINEC –que aún no terminó de relevar toda la información que posee– es que el domicilio legal que entonces brindaba Vicente Massot coincidía con el del diario: Sarmiento 59, en Bahía Blanca.
Los peritos también analizaron los salarios de Massot y realizaron una comparación de la evolución de los mismos en relación al de un ordenanza para deducir la jerarquía del empresario: "Hacia 1976 sus ingresos eran 85% mayores a los de un ordenanza del diario, mientras que en 1977 la brecha se amplió al 435% hasta llegar a un 1427% de diferencia salarial en septiembre de 1981", publicó fiscales.gob.ar.
A esto se suman las actas notariales. En una de ellas se lo reconoce en 1975 en pleno conflicto gremial del diario teniendo trato con el personal. En su primer encuentro con el juez, Massot dijo que, si lo tuvo, fue "excepcional". La fiscalía lo desacreditó al aportar más de siete actas en las que se lo ve negociando a altas horas de la noche con Heinrich y Loyola. Ambos fueron secuestrados el 30 de junio de 1976. Sus cuerpos, con numerosos disparos, aparecieron cuatro días más tarde, en la Cueva de los Leones, sobre la ruta nacional 33, a 17 kilómetros de Bahía.
A su vez, existe un informe de diciembre de 1975 que realizó el departamento de inteligencia de la Prefectura que fue replicado en marzo de 1976, pocos días antes del golpe, que consta de una lista de personas que deben ser "raleadas" de un medio de comunicación. Allí aparecen los obreros gráficos de La Nueva Provincia. "Hay un testimonio que señala al general (Acdel) Vilas diciendo que hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes de pagar una indemnización", recordó Nebbia.
La novedad que el jueves pasado sorprendió a Massot en la indagatoria sigue aquella dirección. Se trata de la declaración del teniente coronel Mauricio Gutiérrez, ex auditor del Ejército y abogado de represores, quien aseguró que Vilas le dijo, en 1987, que en una reunión escuchó cuando la madre de Massot, directora del diario, le pidió al general Osvaldo Azpitarte –al frente del V Cuerpo del Ejército- "chupar por izquierda" a los delegados que días después serían secuestrados y masacrados. Esta aseveración irritó al imputado, quien durante la indagatoria se negó a responder preguntas de los fiscales.
"Todos son indicios muy concretos que cierran la hipótesis que sostiene la fiscalía: que Heinrich y Loyola fueron secuestrados y asesinados producto de su única militancia, que era la que llevaban adelante en la empresa", explicó Nebbia a este diario. Y para la fiscalía no hay dudas: Vicente Massot era parte del "núcleo decisional" de La Nueva Provincia, que tuvo un rol determinante en el plan de exterminio que implementó el terrorismo de Estado.
“Nosotros estamos confiados en el cúmulo probatorio, que es abrumador. Estamos plenamente seguros de que hay pruebas suficientes para procesar a Massot y para llegar a un debate oral”, concluyó Nebbia en diálogo con este diario. Desde ayer, Coleffi tiene diez días hábiles para definir la situación procesal del empresario periodístico, quien sigue en libertad y podría ser nuevamente citado por el juez para ampliar su declaración indagatoria. «
Piden "sentencia ejemplar" para hooft
Otra de las evidencias que surgieron del análisis de la OFINEC –que aún no terminó de relevar toda la información que posee– es que el domicilio legal que entonces brindaba Vicente Massot coincidía con el del diario: Sarmiento 59, en Bahía Blanca.
Los peritos también analizaron los salarios de Massot y realizaron una comparación de la evolución de los mismos en relación al de un ordenanza para deducir la jerarquía del empresario: "Hacia 1976 sus ingresos eran 85% mayores a los de un ordenanza del diario, mientras que en 1977 la brecha se amplió al 435% hasta llegar a un 1427% de diferencia salarial en septiembre de 1981", publicó fiscales.gob.ar.
A esto se suman las actas notariales. En una de ellas se lo reconoce en 1975 en pleno conflicto gremial del diario teniendo trato con el personal. En su primer encuentro con el juez, Massot dijo que, si lo tuvo, fue "excepcional". La fiscalía lo desacreditó al aportar más de siete actas en las que se lo ve negociando a altas horas de la noche con Heinrich y Loyola. Ambos fueron secuestrados el 30 de junio de 1976. Sus cuerpos, con numerosos disparos, aparecieron cuatro días más tarde, en la Cueva de los Leones, sobre la ruta nacional 33, a 17 kilómetros de Bahía.
A su vez, existe un informe de diciembre de 1975 que realizó el departamento de inteligencia de la Prefectura que fue replicado en marzo de 1976, pocos días antes del golpe, que consta de una lista de personas que deben ser "raleadas" de un medio de comunicación. Allí aparecen los obreros gráficos de La Nueva Provincia. "Hay un testimonio que señala al general (Acdel) Vilas diciendo que hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes de pagar una indemnización", recordó Nebbia.
La novedad que el jueves pasado sorprendió a Massot en la indagatoria sigue aquella dirección. Se trata de la declaración del teniente coronel Mauricio Gutiérrez, ex auditor del Ejército y abogado de represores, quien aseguró que Vilas le dijo, en 1987, que en una reunión escuchó cuando la madre de Massot, directora del diario, le pidió al general Osvaldo Azpitarte –al frente del V Cuerpo del Ejército- "chupar por izquierda" a los delegados que días después serían secuestrados y masacrados. Esta aseveración irritó al imputado, quien durante la indagatoria se negó a responder preguntas de los fiscales.
"Todos son indicios muy concretos que cierran la hipótesis que sostiene la fiscalía: que Heinrich y Loyola fueron secuestrados y asesinados producto de su única militancia, que era la que llevaban adelante en la empresa", explicó Nebbia a este diario. Y para la fiscalía no hay dudas: Vicente Massot era parte del "núcleo decisional" de La Nueva Provincia, que tuvo un rol determinante en el plan de exterminio que implementó el terrorismo de Estado.
“Nosotros estamos confiados en el cúmulo probatorio, que es abrumador. Estamos plenamente seguros de que hay pruebas suficientes para procesar a Massot y para llegar a un debate oral”, concluyó Nebbia en diálogo con este diario. Desde ayer, Coleffi tiene diez días hábiles para definir la situación procesal del empresario periodístico, quien sigue en libertad y podría ser nuevamente citado por el juez para ampliar su declaración indagatoria. «
Piden "sentencia ejemplar" para hooft
Martín Fresneda, hijo de uno de los abogados secuestrados en 1977 en Mar del Plata durante la denominada "Noche de las Corbatas", aseguró que espera una "sentencia ejemplar" contra el suspendido juez federal Pedro Hooft, quien atraviesa un jury de enjuiciamiento por su participación en delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.
Hooft es juzgado en La Plata, acusado de haber rechazado diversos habeas corpus para garantizar impunidad a represores en 17 casos de homicidios, desapariciones y torturas, en su mayoría abogados secuestrados entre el 6 y el 13 de julio de 1977. Según la acusación, el juez federal fue "funcional a la dictadura militar al no investigar los delitos de lesa humanidad cometidos".
A raíz de eso, Hooft enfrenta el proceso por el cual el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de Buenos Aires –que está presidido por el ministro de la Suprema Corte de la provincia, Juan Carlos Hitters– puede destituirlo. Este lunes ya se conocería el veredicto.
