domingo, 20 de abril de 2014

Por Martín Piqué Y Franco Mizrahi Desde mañana debatirán el Código Penal especialistas de todo el país


 
La mejor defensa de un anteproyecto que no está terminado –por eso es un anteproyecto–, al que se lo conoce poco y se lo critica mucho y sin fundamentos, es justamente darlo a conocer. Iniciar el debate para terminar con la ansiedad. Y enfrentar las versiones facilistas, echadas a correr por especulación electoral, abriendo un período de revisión para estudiarlo y proponer cambios. Esa es la conclusión a la que llegó la comisión multipartidaria de reforma del Código Penal, que integran los especialistas León Arslanian, Raúl Zaffaroni, Federico Pinedo, Ricardo Gil Lavedra y María Elena Barbagelata.
 
Tras llegar a ese acuerdo hace 20 días, la comisión que elaboró el anteproyecto decidió convocar a todas las universidades públicas y privadas del país, a través de sus facultades de Derecho, para que en un lapso significativo –probablemente 90 días– estudien en detalle el texto con todas sus complejidades. El objetivo es que todas las casas de estudios de nivel universitario, sin excepciones, hagan llegar sus acuerdos, formulen críticas y planteen modificaciones al documento que fue elevado a la presidenta Cristina Fernández. La apertura del período de revisión se anunciará mañana a las 18 desde el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA.
 
El acto en el que se anunciará el inicio del proceso de debate público reunirá a los rectores universitarios y decanos de facultades de Derecho del país. Todos fueron invitados a la conferencia en la que hablarán los cinco miembros de la comisión redactora. También hará un breve discurso de carácter institucional el ministro de Justicia, Julio Alak, quien estará acompañado por el staff de funcionarios de su cartera.
 
"Lo que vamos a hacer el lunes (por mañana) es abrir un requerimiento de opinión a las diversas universidades para que las casas de estudios se expidan con absoluta libertad acerca de las objeciones que les puede generar el anteproyecto de reforma del Código Penal. Esto, como paso previo a concretar otros debates", explicó ayer Arslanian en diálogo con Tiempo Argentino. "De todas las conclusiones y aportes que se presenten nosotros (los miembros de la comisión) vamos a tener vista, como para poder tomar las observaciones que correspondan y que entendamos que tienen asidero, o para confirmar y mejorar las fundamentaciones de las posiciones a las que hemos llegado", agregó.
 
En la comisión que trabajó en el anteproyecto confían en que la participación de las universidades, sin exclusiones de ningún tipo.
El período de consultas de 90 días incluirá a varias ONG vinculadas a la temática y asociaciones de magistrados y abogados que fueron invitadas a participar: según pudo saber este diario, se trataría de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, la Asociación de Magistrados, la Federación Argentina de la Magistratura y el CELS. El coordinador de la comisión de juristas a cargo del anteproyecto, el abogado penalista Roberto Carlés, remarcó que el documento que se entregó a la jefa de Estado el 13 de febrero "nunca fue cerrado", sino todo lo contrario, y que  las versiones que intentaron desacreditar el desempeño de la comisión ignoraron las convocatorias realizadas, en dos momentos distintos, a docentes universitarios, ONG, magistrados y asociaciones de víctimas. Carlés recordó que también se implementó un canal de envío de propuestas a través de la web del Ministerio de Justicia. "Recibió casi 500 propuestas de ciudadanos de a pie. De todo eso da cuenta el informe que acompaña al anteproyecto", detalló Carlés. 
 
En la comisión que trabajó en el anteproyecto confían en que la participación de las universidades, sin exclusiones de ningún tipo, permitirá ordenar un debate que fue subordinado a intereses electorales por la ambición del diputado Sergio Massa, candidato a presidente del Frente Renovador. Algunas notas de opinión de los últimos días, como las de Roberto Durrieu Figueroa, docente de posgrado en la Universidad Católica, en La Nación, al igual que la de Juan María Rodríguez Estevez, doctor en Derecho de la Universidad Austral, en el mismo diario, alimentan el optimismo entre los juristas que redactaron el anteproyecto. Cuando el debate circula entre especialistas que poseen los saberes técnicos indispensables para hablar de cambios en materia de Derecho Penal, la discusión transita por canales racionales. Y entonces se hace más factible alcanzar el consenso. "Lo que vivimos en los últimos meses es la desesperación por capturar votos de muchas fuerzas políticas, que terminaron yendo como furgón de cola de Massa al comprobar el presunto éxito que lograba con sus posiciones", analizaron desde la comisión de juristas.
 
La realización del debate público durante 90 días dará protagonismo a las cátedras de Derecho Penal, Procesal Penal y criminología de todas las facultades de Derecho del país. "La idea es generar un fuerte debate, una intensa consulta a los ámbitos académicos, que sea bien amplia", subrayó Arslanian. "Ahora se abre una etapa de debate con conocimiento de la versión oficial publicada del anteproyecto. Se terminan los rumores y llega el momento de dar un debate serio, de elevar el nivel de discusión. La idea es, en principio, que se reciban propuestas, observaciones, críticas, y que la comisión las estudie y se pronuncie", profundizó Carlés. Al mismo tiempo que se avance en el proceso de consultas e incorporación de propuestas por parte de las universidades, el anteproyecto de reforma del Código Penal será objeto de debate en conferencias y charlas magistrales a lo largo del país. El propio Zaffaroni, que en las últimas semanas se convirtió en blanco de una nueva campaña de descrédito desde los medios más afines al massismo, lanzará una serie de cátedras abiertas sobre criminología en varios lugares del país.
 
Para los juristas que intervinieron en el anteproyecto de reformas al Código Penal, la decisión de iniciar un proceso de audiencias públicas es un hecho natural, esperable y necesario. Dada la trascendencia de lo que está en debate, modernizar y darle coherencia interna a un Código sancionado en 1921, era previsible que se alzaran voces discordantes, que plantearan desconfianzas o aprovecharan para sembrar dudas en la sociedad y, así, cosechar apoyos. A diferencia del –prolongado– trámite que precedió al debate parlamentario sobre la reforma al Código Civil, cuyas modificaciones el gobierno desconocía hasta que la comisión las elevó a Presidencia, en este caso el Ejecutivo conoce el texto en detalle. Sin embargo, el proceso igualmente llevará tiempo porque para elaborar el proyecto de ley, el PEN esperará a que la comisión redactora reciba las críticas y propuestas que vayan surgiendo en los próximos 90 días. "En estos meses el debate será bastante federal", vaticinó Carlés, quien ya tiene programada una serie de exposiciones que comenzó en Catamarca y que seguirá esta semana en la Asociación de Abogados porteña, el Colegio Nacional de Buenos Aires y la provincia de Santiago del Estero.
 
El dato
 
El miércoles. Los autores del anteproyecto debatirán en la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
 
"Es encerrarse en cuatro paredes"
 
El massismo criticó la propuesta de debate público en ámbitos universitarios del anteproyecto que impulsó la presidenta Cristina Fernández para reformar el Código Penal, por considerar que el ámbito académico es "encerrarse en cuatro paredes" y propuso que la iniciativa sea discutida en foros de seguridad y que incluya a otros actores de la sociedad civil.
 
El legislador provincial Ramiro Gutiérrez señaló que la discusión en universidades es "una reacción de la academia". "Al proyecto lo hemos discutido con la universidad de la gente, en cada ciudad, en directo con los vecinos, en las mega ciudades como La Plata o Mar del Plata, y ahora vamos por cada una de las ciudades pequeñas. El debate que proponen llevar adelante en las universidades es técnico y teórico, quieren debatirlo entre cuatro paredes."
 
Si bien Gutiérrez es académico, ya que es magíster en derecho penal y docente universitario de la Universidad Atlántida Argentina y profesor asociado en criminología, prefirió opinar como legislador. "El ámbito académico no es representativo, estamos por hacer una ley, eso es competencia del poder legislativo cuya característica es el poder político, es decir su representación."
 
"La discusión es política, no académica"
 
"Me sorprende el envío del anteproyecto para el debate en las universidades como una instancia previa. No estoy de acuerdo con el procedimiento porque creo que el ámbito de debate es el Congreso. El Código Penal no es un tema de la academia, es un tema político: definir penas, establecer qué delitos se eliminan y cuáles se incorporan es un debate político y social, propio del Congreso". El titular de la Asociación Argentina de Juristas, Beinusz Smukler cree que es un error ceder ante quienes, en el fondo, no tienen interés real en el cambio del Código Penal. "Me parece que es un retroceso porque se cede a la presión de los sectores que en realidad sólo aspiran a que el proyecto nunca se discuta en el Parlamento", aseguró.
 
"No es aplicable en este momento"
 
"El debate público sobre el anteproyecto de reforma del Código Penal me parece interesante. Siempre es positivo que haya un debate. Además, cuando se hace con seriedad puede ser constructivo, y seguramente lo sea", sostuvo el diputado nacional de la UCR Miguel Bazze. No obstante, respecto al anteproyecto de ley el vicepresidente de la bancada radical consideró que "no es aplicable en este momento del país, en el que se vive en una situación de crisis de seguridad de la que debemos salir. En otro tiempo del país puede ser un Código aplicable pero no ahora. Es inoportuno modificar el código en este momento, con las referencias que están planteadas en el anteproyecto." 
 
"Sí, me parece bien que se abra un debate ya que pueden surgir propuestas. Que se estudie y se discuta, por un lado lo referente al tiempo circunstancial y, por otro, lo vinculado al largo plazo para que el anteproyecto vaya tomando más volumen me parece muy bien. Cualquier debate si se da con seriedad en el ámbito académico siempre es un aporte positivo y hay que considerarlo", concluyó.
 
"Un debate exclusivo, no excluyente"
 
María Elena Barbagelata, integrante de la comisión, que elaboró el anteproyecto y ex diputada socialista, celebró la decisión de someter al Código a opiniones expertas. "El debate público me parece una iniciativa absolutamente necesaria y oportuna. Es bueno que comience a haber un debate más profundo, en realidad, que se inicie un debate porque por ahora no ha existido esa posibilidad. Es bueno porque se trata de un Código complejo como todo sistema legal. Es necesario hacer esta consulta y comenzar con los ámbitos especializados, relacionados con la aplicación y el estudio de las leyes, ámbitos del derecho, es un buen modo de comenzarlo. Es muy difícil de hacer un análisis desvinculado de los ámbitos específicos del saber penal. Se trata de un"debate exclusivo, no excluyente. Hay cuestiones que trascienden lo meramente académico", expresó.
 
Barbagelata explicó que cuando la comisión empezó a trabajar el anteproyecto, el texto no estaba elaborado por lo cual las consultas (a diversas organizaciones) que se hicieron fueron a priori para ver las propuestas que surgían. "Es bueno que se comience en un ámbito especializado. Y esto no tiene nada que ver con la discusión posterior. De hecho, el Ministerio (de Justicia) aún no envió ningún texto al Congreso. Por eso, es oportuno que se tenga relevada la opinión del ámbito académico. Todo suma. No hay que ver fantasmas, el anteproyecto es un texto que se trabajó durante un año y medio y merece tener una oportunidad de ser debatido en todos los ámbitos".
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POLÍTICA • Domingo 20 de Abril de 2014 | 04:09 ◄ Por Daniel Cecchini Los demonios, la verdad y la justicia


 
Hace ya treinta años, la presentación del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) al primer presidente de la democracia recuperada, Raúl Alfonsín, marcó un hito insoslayable que, en materia de derechos humanos, dividió en dos la historia y la vida política de la Argentina. En 1984, y por primera vez, el Estado convocaba a un grupo de ciudadanos a investigar las acciones aberrantes cometidas por ese mismo Estado durante un período determinado durante el cual habían sido avasallados todos los derechos. Desde ese momento, la consigna “Nunca Más” se convirtió en estandarte de la convicción de la sociedad de que esos hechos –las persecuciones políticas e ideológicas, la desaparición de personas, la tortura, el exterminio de toda disidencia– no deberían volver a repetirse.
 
Espejo de los tiempos y de la fragilidad institucional de la renaciente democracia, el informe Nunca Más, al tiempo que reveló las atrocidades cometidas por la dictadura para buena parte de una sociedad que –por temor o por indiferencia– había mirado hacia otro lado, también propuso –e instaló en el imaginario social– un discurso que de alguna manera terminaría transformándose en un obstáculo para la recuperación de la verdad de los hechos, la construcción de la memoria colectiva y, como consecuencia, el sometimiento a la Justicia de muchos de los responsables y partícipes del terrorismo de Estado. Ese discurso –basal de la teoría de los dos demonios– quedó sintetizado en dos párrafos del primer prólogo del Nunca Más, redactado por Ernesto Sabato: “Durante la década del ’70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio; y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al general Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: ‘Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura’. No fue de esta manera en nuestro país: a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos”.
 
La dictadura se propuso imponer un sistema económico de tipo neoliberal y arrasar con las conquistas sociales de muchas décadas, que la resistencia popular impedía que fueran conculcadas.
La teoría de los dos demonios –compartida subterráneamente por buena parte de la clase política argentina– salía a la luz. El propio Alfonsín la había prefigurado con dos de sus primeras medidas de gobierno el 15 de diciembre de 1983. Una de ellas, el decreto 157, que ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros. En el segundo decreto, el 158, se ordenaba procesar a las tres juntas militares que detentaron el poder en el país desde el 24 de marzo de 1976 hasta después de la guerra de Malvinas. En otras palabras, los dos demonios debían ser juzgados, con lo que se equiparaban –judicial y políticamente– las acciones de las organizaciones revolucionarias armadas con el plan sistemático de exterminio aplicado por la dictadura. Al mismo tiempo, se dejaba fuera de la acción judicial a los responsables del terrorismo de Estado previo al golpe del 24 de marzo, en una clara señal de cierre de filas de la corporación política. En la entrevista que, para esta edición de Miradas al Sur, Francisco Balázs realizó a cuatro de los cien trabajadores anónimos que tomaron los testimonios para el informe de la Conadep queda claro no sólo con la premura y la falta de recursos con que trabajaron sino también la firmeza de este grupo de jóvenes que amenazó con renunciar si el gobierno de entonces no hacía públicos –como era su intención inicial– los nombres de los represores que habían registrado.
 
Más allá de esto, el juicio a las juntas resultó ejemplificador en términos jurídicos e históricos. Ningún otro país latinoamericano de los que había sufrido dictaduras similares y contemporáneas a la Argentina había llegado –ni ha llegado aún– a tanto en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Pero, para el gobierno radical, ése era el límite. Juzgar a los máximos responsables y dejar afuera de la acción de la justicia a sus subordinados. En ese sentido, el levantamiento de Semana Santa de 1987 –tres años después de la presentación del informe de la Conadep– fue en algún sentido una puesta en escena. No se trata en absoluto de minimizar su importancia ni su peligrosidad para las instituciones. Pero queda claro que no fue determinante para la decisión del radicalismo para promover y aprobar en el Congreso las leyes de Obediencia debida y de Punto final. En La casa está en orden –un libro del que se reproducen algunos párrafos en esta edición de Miradas al Sur–, el ex ministro de Defensa de Alfonsín, Horacio Jaunarena, dice que el presidente radical había decidido avanzar con las leyes de impunidad antes de que se produjera el levantamiento carapintada. Con ambas leyes, las causas por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado pasaron a dormir el sueño de los (in)justos, con la sola excepción de las relacionadas con la apropiación de menores. Los indultos decretados por Carlos Menem al principio de su mandato vinieron a completar la escena de la impunidad. Al “Nunca Más” le faltaba el soporte de la Justicia, lo que hacía tambalear también a la memoria y a la verdad.
 
La persistente resistencia de los organismos de derechos humanos, coronada por la decisión de Néstor Kirchner de impulsar la derogación de las leyes de impunidad, reabrió las puertas a la memoria, la verdad y la justicia para los crímenes cometidos por la dictadura. Una dictadura que recién en los últimos tiempos se define por su carácter completo y complejo: cívico-militar.
 
En ese camino, el prólogo a la edición del Nunca Más de 2006 –coincidente con el trigésimo aniversario del golpe del 24 de marzo– develó, por primera vez desde el Estado, la falacia de la teoría de los dos demonios. “Es preciso dejar claramente establecido –porque lo requiere la construcción del futuro sobre bases firmes– que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado que son irrenunciables”, dice allí. Y se añade: “Por otra parte, el terrorismo de Estado fue desencadenado de manera masiva y sistemática por la Junta Militar a partir del 24 de marzo de 1976, cuando no existían desafíos estratégicos de seguridad para el status quo, porque la guerrilla ya había sido derrotada militarmente. La dictadura se propuso imponer un sistema económico de tipo neoliberal y arrasar con las conquistas sociales de muchas décadas, que la resistencia popular impedía que fueran conculcadas. La pedagogía del terror convirtió a los militares golpistas en señores de la vida y la muerte de todos los habitantes del país. En la aplicación de estas políticas, con la finalidad de evitar el resurgimiento de los movimientos políticos y sociales, la dictadura hizo desaparecer a 30.000 personas, conforme a la doctrina de la seguridad nacional, al servicio del privilegio y de intereses extranacionales”.
 
La falsa ecuación de dos demonios enfrentados –la guerrilla y los militares– queda despejada por la de la complicidad estratégica de los verdaderos dos demonios: los militares genocidas y sus socios civiles, en sus patas empresariales, eclesiásticas y mediáticas. Esta semana, la declaración de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestando su “preocupación por el allanamiento realizado en la sede del diario La Nueva Provincia, hoy La Nueva, de Bahía Blanca”, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad que se le sigue a su director, Vicente Massot, es una muestra más de que –más allá de los avances realizados en los últimos años por la Justicia– hay muchos demonios civiles que siguen todavía al acecho. Libres. Y conspirando.
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◄ Por Ana Clara Pérez Cotten El detrás de escena del diálogo público de CFK con los jóvenes

La nueva herramienta comunicacional es una de las favoritas de la presidenta. El dispositivo se puso en marcha el 20 de noviembre, y nació como una bienvenida a Cristina luego de su recuperación. Los militantes ya proponen hasta los temas de la charla.
POLÍTICA • Domingo 20 de Abril de 2014 | 06:55
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Por Ana Clara Pérez Cotten

El detrás de escena del diálogo público de CFK con los jóvenes

La nueva herramienta comunicacional es una de las favoritas de la presidenta. El dispositivo se puso en marcha el 20 de noviembre, y nació como una bienvenida a Cristina luego de su recuperación. Los militantes ya proponen hasta los temas de la charla.

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Como una rutina, la escena se repite al finalizar cada acto en la Casa Rosada.En el marco de un diálogo informal, la presidenta Cristina Fernández se asoma por los distintos balcones de la Casa Rosada, los llama "compañeros" o "mis queridos jóvenes" y les dedica un discurso mucho más coloquial que los que suele dar desde el atril. Cuando termina el mensaje –que puede orbitar en torno a su militancia juvenil en los '70, a cuestiones coyunturales como el programa Precios Cuidados o tratar temas de fondo como qué es el kirchnerismo– se despide con un "los quiero mucho" o "los llevo en el corazón". 
 
La nueva herramienta de comunicación del gobierno nació como una bienvenida. El 20 de noviembre, cuando la presidenta volvió a la Casa Rosada después de más de un mes de reposo tras la operación a la que se sometió por el derrame subdural, Unidos y Organizados convocó a los militantes a llenar la Casa Rosada para que el regreso fuera cálido y con impronta política. Esa tarde, les tomó juramento a los nuevos integrantes del Gabinete y se asomó por primera vez a los balcones internos de la Casa Rosada. Fue el comienzo del último tramo de su segundo mandato. 
 
Desde entonces, la mandataria usa el nuevo escenario para dialogar con los militantes y dar mensajes más informales. "A medida que voy hablando me voy acordando de cosas", confesó sobre su técnica ante los jóvenes el 2 de abril, ni bien terminó el acto oficial por el aniversario de la Guerra de Malvinas, en una ratificación de que esos mensajes –que a veces están cargados de definiciones políticas– son, al menos en gran parte, espontáneos.
 
"Creo que la presidenta está intentando salir gradual y relativamente de un estilo caracterizado por discursos más duros y confrontativos hacia otro estilo que implica un cierto giro en torno al tono y probando puestas en escena que caractericen algo de interacción ciudadana, y así desacralizar la imagen rígida que suelen los transmitir los líderes", analiza Mario Riorda, consultor en estrategia y comunicación política de gobiernos y partidos.
 
La repetición del ejercicio de la presidenta hizo que los militantes comprendieran que además de sacarle fotos, podían interpelarla.
Sin embargo, insiste en la necesidad de entender a la comunicación como un sistema y no como una colección de hechos puntuales: "Montar un dispositivo comunicacional implica ordenar muchos otros elementos o acciones y ser convergente. No veo eso en este caso y eso encarna el principal riesgo." También advierte sobre el peligro de abusar de la herramienta sin considerar los tonos del contexto que "en términos de aceptación, no son equiparables a dos años atrás". Según Riorda, la nueva estrategia puede plantear otro problema: que no se vea como espontánea o que se realice por cadena nacional –algo que hasta ahora no ocurrió– sin hechos significativos que lo ameriten.
 
Cuando termina el mensaje oficial desde el Salón de las Mujeres del Bicentenario, la presidenta camina pocos pasos hasta el balcón que da a la Galería de los Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario o al de las Palmeras, el espacio central de la Casa de Gobierno. La siguen las cámaras y, a escasos metros, los referentes de La Cámpora: Andrés "Cuervo" Larroque, Axel Kicillof, Julián Álvarez, Eduardo "Wado" De Pedro y Juan Cabandié. Mientras escuchan el mensaje acodados en las barandas del balcón, festejan las consignas de los militantes. En las últimas intervenciones, se sumó un nuevo invitado a ese "palco" más militante: el cura Juan Carlos Molina, responsable de la Sedronar y del programa Recuperar Inclusión.
 
La instancia es necesariamente más informal y los ministros del Gabinete, que minutos antes participaron del acto oficial, pasan en ese momento a un segundo plano. Atento a las definiciones políticas de la mandataria, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini, el 2 de abril se refugió junto a un mozo en uno de los balcones laterales y, camuflado por la escena como un militante más, escuchó a el relato íntimo de la jefa de Estado sobre su experiencia en la Plaza de Mayo el primer 17 de octubre sin Perón, en 1974, y su mirada sobre lo que hoy encarna el kirchnerismo: "Esto excede al peronismo, involucra también a otras fuerzas políticas, a otras identidades históricas. Lo definiría como el gran movimiento nacional, popular y democrático."
 
La organización es compartida: La Cámpora y demás organizaciones kirchneristas convocan, aleatoriamente, a los militantes de distintas Unidades Básicas mientras que la Secretaría de Comunicación Pública y el el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli,organizan el dispositivo de pantallas, micrófonos y parlantes que propagan el mensaje en todo el edificio. 
 
"¡Cuiden el Patio de Las Palmeras que lo estamos reconstruyendo!", retó la semana pasada a un grupo que saltaba alborotado alrededor de la fuente central. La imagen de los patios internos repletos de jóvenes con banderas se retroalimenta con la del saludo de la mandataria desde los balcones en una postal que algunos interpretan como una reminiscencia de las escenas históricas del Peronismo. "Creo que tiene componentes de la lógica histórica de la comunicación peronista y otros propios del estilo de la presidenta. Combinados, dan un estilo sui generis", analiza Riorda. 
 
La repetición del ejercicio de la presidenta hizo que los militantes comprendieran que además de sacarle fotos, podían interpelarla. Dejaron de gritarle "te amo" y "fuerza" y comenzaron a enunciar tópicos para que opine: "¡Precios Cuidados!", "¡Hay que aumentar la AUH!". Ella les encomienda tareas. Les pidió que usen los códigos comunes que tienen con los jóvenes adictos para ayudarlos a encarar un tratamiento y, consciente del público que la escuchaba, habló sin rodeos sobre el tema: "Los que tienen plata consumen de la buena." Una semana después, les recomendó estudiar política internacional para entender el nuevo entramado global. En clave política, también los corrige: "Esas consignas que tanto me cantan, con tanto amor y pasión… A liberación le agregaría construcción. Más construcción y organización, chicos."
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A FUEGO LENTO EDUARDO ANGUITA


 
El ministro de Economía Axel Kicillof, el lunes pasado dijo que la Argentina no tiene ni acuerdos ni deudas con el FMI y, además, afirmó que el Gobierno está “en los antípodas” de las políticas impulsadas por ese organismo. Quizá la imagen más cruda de cómo asume el FMI las políticas de ajuste sean las declaraciones de Christine Lagarde, la conservadora francesa que ejerce como directora ejecutiva del organismo, de visita en Madrid en octubre de 2012. Fue para referirse a un dato cruel: la mitad de los jóvenes entre 18 y 25 años estaban –y están– sin trabajo. Lagarde, lacónica, dijo: “Ésta será una generación perdida”.
 
Es cierto, como dice Kicillof, que el Gobierno no aplica las recetas del FMI. Pero esto lleva a dos asuntos. El primero, interno, está en línea con que este año no habrá crecimiento del PBI. En 2013, la inflación –no reconocida por el Gobierno– rondó el 25% y el PBI creció el 3% y no el 4,9% inicialmente calculado por el Indec. El año en curso, además de frenarse el crecimiento, tendrá una inflación cuyo piso parece ser el 30%. La escueta información brindada sobre el aumento del IPC de marzo vuelve a poner las estadísticas oficiales en una zona gris. Desde ya, no se trata de la manipulación lisa y llana realizada hasta octubre.
 
Sin embargo, en la rueda de prensa donde anunció el 2,6% de marzo, Kicillof habló de desaceleración de precios y criticó las mediciones de las consultoras privadas. Si bien se conoce la metodología para arribar a esa cifra, no hay datos de cómo inciden en cada región de las seis en las que está dividido el país para medir precios. Además, la anterior medición se discontinuó pero no se hicieron correcciones que permitieran comparar las cifras actuales con las anteriores.
 
Quizás eso sea muy difícil en términos técnicos pero, sobre todo, es complicado en términos políticos: siguen las mismas autoridades en el Indec y Kicillof era el viceministro mientras se hacían esos malabarismos en los que, en buena hora, merecieron rechazo. Hay otro tema que se planteará en breve: cuáles son los niveles de pobreza e indigencia en la Argentina. Las últimas mediciones –manipuladas– dieron 5,4% de pobres y 1,7% de indigentes. Cabe aclarar que el Indec puede determinar esos números cuando realiza la Encuesta Permanente de Hogares, lo cual se lleva a cabo en mayo y octubre. Es decir, para cuando empiece el Mundial de Fútbol deberían conocerse las cifras oficiales en esta materia.
 
La sociedad argentina dio sobradas muestras de tener talentos, compromiso, solidaridad, dedicación al trabajo y otras tantas condiciones. No se trata de ser complaciente con lo antedicho.
El punto fuerte del equipo económico consiste en la previsibilidad lograda con el dólar y en cierta estabilidad de las alicaídas reservas del Banco Central. Desde ya, con la proyección de la inflación y con los aumentos salariales más o menos a tono con la inflación, habrá actualizaciones en el valor de la moneda norteamericana.
 
Frente externo. El punto débil en lo macroeconómico es la falta de inversiones y esto está muy ligado a tratar de descifrar cuáles son las expectativas que tiene el Gobierno de su relación con el FMI. La semana próxima se votará en el Congreso la indemnización a Repsol. Las conversaciones iniciadas por la Presidenta con François Hollande dejaron un calendario, que se iniciará el próximo 28 de mayo, para avanzar en el pago de la deuda argentina con el Club de París.
 
Otro tema no menor: hay una serie de conversaciones no siempre públicas para hacer frente a las alternativas de lo que pase con el juicio de los bonistas (los llamados fondos buitre) iniciado en el tribunal de Thomas Griessa, en Nueva York, y que está estacionado en la Corte Suprema de ese país. Sin un apoyo enérgico del gobierno norteamericano a la Argentina –que la legislación estadounidense permite–, el máximo tribunal de Justicia puede dar un revés al reclamo de las autoridades argentinas. Algunas entidades financieras y algún fondo de inversión (que para la ocasión no sería buitre) ofrecen una especie de servicio de emergencia consistente en comprar los títulos en default a los actuales tenedores y hacer un acuerdo amigable con el Gobierno que, a su vez, los cambiaría por otros títulos públicos.
 
Desde ya se trata de caminos de cornisa, donde los especuladores, sean buitres o loros verdes, sacan ventajas. Para tomar dimensión del mundo en que vivimos basta reparar en que los supermillonarios de los países centrales pagan cada vez menos impuestos y los ajustes en países europeos son más que salvajes.
 
En concreto, de la llamada heterodoxia –que nadie entiende bien pero que defiende al ciudadano de a pie– el Gobierno pasó a tomar las típicas medidas ortodoxas que tranquilizan al capital. Enfriar la economía, evitar la intervención directa del Estado, subir las tasas de interés y, sobre todo, no confrontar con los organismos financieros, especialmente el FMI. Así, Precios Cuidados pasa a ser un programa que cuida el bolsillo popular pero a tono con estas políticas.
 
Y en esta dirección debe entenderse lo que pasa en la mayoría de las naciones de América latina. A fines de marzo, en el marco de la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo reunida en una playa de Brasil, los socios del Mercosur avanzaron en el diseño de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Para las multinacionales del Viejo Continente se reciclan un poco más las viejas ventajas coloniales: vender productos elaborados que no pueden meter en sus deprimidas economías.
 
Para Brasil, gran productor industrial, también es una oportunidad. La pregunta es, ¿en qué se beneficia la delgada industria nacional que no tiene siquiera un banco de desarrollo local? Quizá la Argentina, con estos acercamientos al gran capital, logre algunos millones de dólares de inversión. Pero debería analizarse con más rigor cuáles son las desventajas del perfil de una industria automotriz completamente extranjera que importa los componentes en los mismos coeficientes de los noventa y lleva a una demanda importadora muy alta. O qué beneficios dejan las armadurías de Tierra del Fuego en los teléfonos de última generación o los plasmas que se venderán en mayo y junio para ver el Mundial de Brasil.
 
En ambos casos también con escasísima participación nativa. Y, además, si vienen dólares, ¿será para el desarrollo o será un vector más para amortiguar el elevado déficit fiscal? Se habla, y probablemente con razón, de la importancia estratégica del yacimiento de Vaca Muerta, pero el déficit energético de 2014 será de más de 7.000 millones de dólares y los acuerdos con las multinacionales energéticas llevó a un aumento sideral de los combustibles.
 
La política vernácula. El buen diagnóstico de la economía y de las políticas económicas en curso, es muy útil para entender el perfil de quienes están bien posicionados de cara a 2015. Daniel Scioli es la opción más visible del Frente para la Victoria. Habrá una interna abierta en agosto del año próximo y sin duda hay una cantidad de dirigentes valiosos que están en camino para intentar la carrera presidencial desde el oficialismo. Florencio Randazzo, Agustín Rossi, Julián Domínguez, Aníbal Fernández y otros. Hay que ser realistas: hasta ahora no solo no les sonríen mucho las encuestas sino que, además, no aparecen como el resultado de un armado político diverso.
 
Para el gran público, al menos, no pesan aún. Y Scioli, lanzado como está, lo hace con una agenda que atiende a la coyuntura al tiempo que se propone como un dirigente creíble para gestionar el Estado y atraer capitales externos. Para la historia del kirchnerismo, hay que decirlo, es muy poco. Las desigualdades sociales marcadas de la Argentina se explican por la matriz de concentración económica en pocas manos, la extranjerización y la falta de desarrollo industrial autónomo. Una agenda que recorrió los primeros años de este ciclo con resultados positivos pero sin haber logrado cambiar el rumbo.
 
Sergio Massa, bien posicionado, no tiene un discurso que vaya a fondo con las necesidades estratégicas del país. Más bien, además de cosechar en la vieja política del peronismo quiere sembrar expectativas en el complejo agroalimentario al sugerir la baja de retenciones como una medida de su eventual gobierno. Hermes Binner y Julio Cobos van en la misma dirección. Por supuesto, Mauricio Macri también está consustanciado con esa visión.
 
Queda para el debate ponderar cuánto incide la propia historia de los llamados sectores dirigenciales en que no pueda subirse la puntería de cara a los comicios del próximo año. En ese sentido, las fortunas más grandes del país sacan beneficio de la renta agropecuaria y del comercio de oleaginosas y del sector servicios que tiene siempre como contraparte al Estado. Hay excepciones a esto en el sentido de grupos empresariales con innovación tecnológica y competitividad. Dos casos puntuales son el grupo Techint y el conglomerado de empresas de Hugo Sigman.
 
Ambas empresas tienen fuertes inversiones en el país pero con criterios y organización de multinacionales. En esta era de capital planetario, sería ingenuo pedirles que conciban sus estrategias de negocios con sentimiento patrio. Otra perspectiva para entender lo que sucede es cuántas cosas se empezaron hace unos años y ahora van en otra dirección. Tampoco es fácil creer que la dirigencia kirchnerista en el Gobierno va a asumir sus errores o va a denunciar los desmanejos de muchos funcionarios incluyendo flagrantes casos de corrupción. Los políticos tienen la lógica de “partido” a la hora de actuar. Lo mismo podría extenderse a otros sectores decisorios. La sociedad argentina dio sobradas muestras de tener talentos, compromiso, solidaridad, dedicación al trabajo y otras tantas condiciones. No se trata de ser complaciente con lo antedicho. Por el contrario, mejorar el diagnóstico puede contribuir a buscar caminos.
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POLÍTICA • Sábado 19 de Abril de 2014 | 04:15 De Vido repudió una caricatura publicada en La Nación

El ministro de Planificación dijo que el matutino utiliza "recursos gráficos agraviantes" con el fin de "instalar una visión sesgada y falaz de la realidad" para luego "reemplazar a quienes llevan adelante este modelo de crecimiento por dirigentes maleables y permeables a sus intereses".

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, dijo hoy que la caricatura de su persona publicada hoy en el diario La nación es "otra muestra más del permanente escarnio" de los medios hegemónicos y sostuvo que el matutino de Bartolomé Mitre utiliza "recursos gráficos agraviantes" con el fin de "instalar una visión sesgada y falaz de la realidad" para luego "reemplazar a quienes llevan adelante este modelo de crecimiento por dirigentes maleables y permeables a sus intereses".
La Nación publica hoy una serie de caricaturas en las que incluye al titular de Planificación, con el epígrafe "Schoklender fue la cara visible del escándalo en el que el subsecretario Fatala quedó salpicado, al igual que su jefe De Vido", aunque el texto de la nota no menciona al ministro. "Siempre estos diarios pretenden vincularme a supuestos y fantasiosos hechos de corrupción que sólo existen en su imaginación", aseguró De Vido.
La caricatura que enfureció a De Vido.
La caricatura que enfureció a De Vido.
En ese sentido, recordó: "Desde el año 2003 estos medios amarillistas han mancillado, manoseado con mentiras mi imagen pública y luego como siempre, como pasa con este artículo, no hay una sola referencia a De Vido, no hay una sola imputación, nada que decir, pero como decía Goebbels... 'miente, miente que algo queda'. íQue entre la noticia mentirosa, el diario y el lector, nunca se interponga la verdad!".
"¿Por qué será que me atacan? ¿Qué buscan y no han conseguido en tantos años? ¿Qué los tiene `tan nerviosos`, como decía Néstor, muy nerviosos, al borde de la desesperación?", se preguntó De Vido y señaló: "No soy empleado de ustedes señores, nunca lo seré, tampoco amparo sicarios, ni representantes, ni voceros, ni dealers que arreglan con sus empleados y operan a sus espaldas con su silencio cómplice, pero írentable sin duda para esos diarios!".
"No tengo pruebas pero no tengo dudas: íya es un secreto a voces señores! íConmigo no cuentes, yo laburo todos los días, construyo y gestiono lo que ustedes y sus medios nunca muestran!", indicó el funcionario y sostuvo que "La Nación usa, como lo hacen otros medios, recursos gráficos agraviantes, imágenes que blasfeman otras imágenes, para instalar una visión sesgada y falaz de la realidad con el fin no disimulado de reemplazar a quienes llevan adelante este modelo de crecimiento con inclusión social, que conduce la Presidenta, por dirigentes maleables y permeables a sus intereses".
"La Nación usa recursos gráficos agraviantes para instalar una visión sesgada y falaz de la realidad".
"Vuelvo a pedirles a los señores del diario La Nación, basta de burla ofensiva y humillante hacia mi persona, si tienen alguna prueba en mi contra vayan a la justicia, eso sí empiecen por lo mínimo que le debe al país: paguen los aportes patronales de sus trabajadores y devuelvan Papel Prensa a sus legítimos dueños, está claro que a Lidia Papaleo la torturaron y a Cristina la quieren crucificar", concluyó.
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POLÍTICA • Narcotráfico • Domingo 20 de Abril de 2014 | 14:52 La Justicia investiga por lavado de dinero narco a un empresario con fuertes inversiones en Tigre

La justicia está tras los pasos de Walter Jorge Mosca, sospechado de lavar dinero. El empresario llevó a cabo la construcción de un polideportivo público y del Hotel Intercontinental, de cuya inauguración participó en 2011 junto al entonces intendente Sergio Massa
La justicia se encuentra tras la pista de Walter Jorge Mosca por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, con fuertes vínculos en el municipio de Tigre en donde se incluyen inversiones en el polideportivo público y el hotel intercontinental, de cuya inauguración participó en 2011 junto al entonces intendente Sergio Massa. 
En un contexto donde el tema está tomando una gran importancia en la agenda pública, a partir de la cual el gobierno nacional está combatiendo profundamente, el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Alberto Santamarina, investiga la conexión del constructor Walter Mosca y de su socio, el abogado Diego Colombini, con dos hombres colombianos procesados por narcotráfico.
Se trata de Jesús Antonio Yepes Gaviria, y su mujer, Claudia Natalia Arias Celis, condenados por ser considerados parte de una banda narco. En la causa habrí­a escuchas que comprometen al arquitecto.
Producto de la investigación fueron allanadas las oficinas del empresario, ubicadas dentro del complejo Nordelta, en el barrio Bahía Grande, a metros del hotel Intercontinental de esa localidad.
"El juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Alberto Santamarina, investiga la conexión del constructor Walter Mosca y de su socio, el abogado Diego Colombini, con dos hombres colombianos procesados por narcotráfico".

El empresario es reconocido en la zona norte por desarrollar emprendimientos inmobiliarios, e incluso está a cargo de la construcción del Hilton Hotel Pilar, desde las oficinas que fueron allanadas por la justicia.
Si bien desde el municipio tigrense rechazaron el vínculo entre el diputado nacional Sergio Massa y Mosca, el diario Perfil publicó el día domingo una foto en la que se ve al ex intendente y al desarrollador inmobiliario Eduardo Constatini junto al empresario durante la inauguración del Hotel Intercontinental, en 2011.
También desde el área de prensa de ese municipio reconocieron que Mosca construyó un polideportivo público, que se anuncia entre las obras realizadas por la empresa Obras de Arquitectura, pero negaron que haya sido la intendencia quien definió qué empresa lo construiría, a la vez que afirmaron que el mismo "fue un aporte social" del empresario.
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sábado, 19 de abril de 2014

sábado, 19 de abril de 2014 10 TIPS PARA DEBATIR SOBRE INSEGURIDAD (1º PARTE)


* No hay que trenzarse en polémicas estériles e inconducentes, tales como si la inseguridad es "una sensación", o una realidad concreta; porque en realidad es un poco las dos cosas: una sensación que afecta aun a las personas que no padecieron en carne propia el delito (ni hablemos de las que sí), como consecuencia de muchos hechos concretos de inseguridad, que afectaron  otras personas, sean o no conocidas o cercanas.

Y cuando se dice que el Estado tiene que brindar o garantizar seguridad a los ciudadanos, se está diciendo que tiene que evitar que sean víctimas del delito; para que se sientan tranquilos. 

* Hablando de "muchos hechos concretos": también hay que evitar enzarzarse en discusiones revoleando estadísticas del país y el extranjero, del presente o el pasado, para determinar si el delito crece, baja o está igual: las personas que se sienten inseguras o temen ser víctimas de un delito (con todo derecho) reclaman respuestas ahora al problema, sea lo que sea que haya pasado antes; acá o en otros lugares: saber que en Medellín hay más asesinatos no servirá mucho a los fines de tranquilizarlas.

Claro que "respuestas ahora" no es cualquier respuesta, porque está demostrado que en esto (como en todo) la desesperación y el apuro son malos consejeros.

* Hablando también de "polémicas estériles e inconducentes", hay que evitar ser catalogado como"garantista" o "manodurista", porque bajo determinadas circunstancias se puede ser uno u otra cosa.

Si por "mano dura" se entiende firmeza en combatir el delito aplicándole a los delincuentes todo el rigor de la ley (de toda la ley, incluso las garantías procesales) todos deberíamos ser manoduristas; y si ser "garantista" es exigir que se cumpla lo que está establecido en la Constitución Nacional, nadie puede dejar de serlo, a menos que proponga reformarla; y aun así mientras no ocurra, la debe respetar, como todos.

Ahora si ser "manodurista" significa exigir que a un sospechoso de un delito se lo torture para que confiese, o avalar los linchamientos, o ser "garantista" es avalar cualquier pelotudez de un juez que no tiene ganas de ponerse a laburar en serio y resolver las causas, entonces pasamos.
  
* No enojarse con los que empiezan la discusión con el tradicional "vos hablás así porque a vos porque no te pasó". De lo contrario se perderá la empatía con el interlocutor que -si efectivamente le sucedió un hecho de inseguridad- es una víctima y no un culpable; y -por caracter transitivo- nos comeremos el previsible retruque de que "defendemos a los delincuentes".

En todo caso hay que hacerle ver que la experiencia personal o cercana de las víctimas del delito condiciona el estado de ánimo para opinar del tema (algo perfectamente comprensible), pero no necesariamente otorga alguna especialización o mayor sapiencia para hacerlo: es como si todo aquel que se fundió varias veces en un negocio, o se quedó muchas veces sin trabajo, fuera el único autorizado a opinar de economía.

* Si de lo que se discute es sobre el Código Penal (el nuevo, el actual, cualquiera) es conveniente asegurarse de que interlocutor sepa de lo que efectivamente está hablando, que es básicamente que hechos son considerados delitos, y que penas les corresponde.

Una vez hecho ésto, tampoco tiene mucho sentido entrar a discutir si las penas estás bien o mal, hay que subirlas o bajarlas; sino dejar claro que el Código está al final del camino (lo ideal es prevenir que los delitos ocurran: al fin y al cabo lo que pide "lagente" cuando reclama seguridad), y que cualquiera sea la pena, para aplicarla se exige que un juez siente el culo en la silla, estudie la causa, la tramite y la resuelva con una sentencia; que quede firme y se cumpla.

De no comprender esto vienen otros lugares comunes como "entran por una puerta y salen por la otra"; y hay que hacerles entender a los que creen en las soluciones mágicas (subís las penas y listo: se acabaron el delito y la inseguridad), que mientras no se resuelve ése problema (la bajísima tasa de condenas) cualquier reforma al Código (cualquiera, incluso la que promueve el gobierno) es al pedo; como aporte para mejorar la seguridad. 
NESTORNAUTAS.
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