La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que nuclea a empresas editoras de diarios, con Clarín y La Nación a la cabeza, mostró su verdadero rostro, una vez más: la cámara empresaria que se pretende imponer como la abanderada de la “libertad de expresión” defendió públicamente al director de La Nueva Provincia, Vicente Massot, quien está imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El 10 de abril, la organización emitió un escueto comunicado en el que manifestó su “preocupación” por el allanamiento que dos días antes la Justicia había realizado en la sede del periódico bahiense en búsqueda de nuevas pruebas que comprometan al empresario periodístico con el terrorismo de Estado. La postura de la entidad patronal no fue casual: La Nueva Provincia ocupa la secretaría general de la organización, a través de su representante Carlos Rago, y ejerce una gran influencia en su estructura interna.
Bajo el título “Allanamiento que compromete garantías constitucionales”, ADEPA cuestionó la medida que ordenó el juez subrogante Álvaro Coleffi y ejecutaron los fiscales federales de Bahía Blanca, José Nebbia y Miguel Ángel Pallazani, para profundizar la prueba documental. Las autoridades de la cámara sostuvieron que el allanamiento del martes pasado “parece constituir un nuevo eslabón de una larga cadena de ataques contra medios de prensa independientes, en tanto y en cuanto expresan visiones críticas sobre la realidad nacional”.
El comunicado, que se puede leer en la página oficial de ADEPA, coincide con el avance de la investigación judicial. Por eso, cuestionaron que “el procedimiento se concretara a instancias de dos fiscales ad hoc –esto es, nombrados sin concurso público y sin acuerdo del Senado nacional, como lo requiere la ley– y que han declarado públicamente una militancia ideológica que cuestiona el deber de objetividad que les impone el cargo, compromete las garantías constitucionales referidas a la libertad de prensa y genera el riesgo de que se pretenda instaurar el delito de opinión”.
Al parecer, la cámara patronal soslayó que el 4 de abril el magistrado consideró que “existen suficientes elementos de juicio para convocar a Vicente Gonzalo Massot a prestar declaración indagatoria”. El empresario será indagado el próximo 24 de abril a partir de las 8.15 en los tribunales de Bahía Blanca. Los crímenes de lesa humanidad que pesan en su contra son: instigación y encubrimiento de los asesinatos de dos trabajadores gráficos de su periódico, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, y realizar desde La Nueva Provincia aportes esenciales para favorecer y encubrir un plan criminal de exterminio. En su planteo, los procurados demostraron “el ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de, al menos, otras 35 personas. “Vicente Massot fue parte del núcleo de decisión del multimedio, que tuvo un rol determinante en el plan de exterminio”, indicó Nebbia. Por la gravedad de los cargos, Coleffi le prohibió la salida del país.
En este marco se produjo el allanamiento en el periódico bahiense, donde se secuestraron, entre otras cosas, los legajos de los obreros gráficos asesinados, fotografías y documentación contable que, al cierre de esta edición, estaba siendo analizada por la directora de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero, Judith König, y su equipo. “Estas pruebas son parte del cúmulo probatorio y refuerzan y respaldan la hipótesis de la fiscalía”. De los libros contables, por ejemplo, surge la composición societaria del diario.
La situación judicial de Massot comenzó a complicarse el 18 de marzo pasado, cuando se presentó “espontáneamente” en el despacho de Coleffi, presionado por una resolución de la Cámara Federal de Bahía Blanca que había considerado necesario investigar a los directivos de La Nueva Provincia por su rol durante la última dictadura cívico-militar. En aquella ocasión, el empresario brindó una declaración testimonial. En casi tres horas de exposición se desligó de las acusaciones: adjudicó la desaparición de los trabajadores Heinrich y Loyola a la organización Montoneros y se desvinculó de toda injerencia en la empresa en el período ’76-’83. “Dijo que todo lo decidían su madre (Diana Lía Julio Pagano de Massot) y su hermano (Federico), ambos muertos”, explicó Nebbia.
En ADEPA prefirieron no escuchar las palabras de Vicente Massot vinculadas a su hermano. Ocurre que la cámara patronal tiene seis comisiones y en una de ellas homenajean a Federico. Se trata de la “Comisión de Premios ‘Federico C. Massot’”, que, coherente con su nombre, está presidida por Carlos Rago de La Nueva Provincia. “Este organismo se ocupa de la organización anual del otorgamiento de las distinciones ‘Premios ADEPA al Periodismo’. Lleva el nombre de Federico Christian Massot en homenaje a su impulsor fallecido en 1990”, se explica en la página web de la asociación.
La posición de la cámara empresaria no es novedosa. En 2010 tuvo una actitud similar al nombrar como presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Informaciones al director del diario mendocino Los Andes, Arturo Guardiola, quien fuera funcionario de la última dictadura militar, tal como informó esta revista en su momento.
La relación de Guardiola con el terrorismo de Estado se remonta al 27 de enero de 1982, cuando se convirtió en subsecretario de Cultura de Mendoza, que dependía del Ministerio de Cultura y Educación a cargo de Lorenzo López Aragón, en el gobierno de Bonifacio Cejuela. En el autoproclamado Proceso de Reorganización Nacional, el ámbito cultural cumplió una tarea estratégica, tal como se denuncia en la acusación contra Massot y La Nueva Provincia.
