EL GOBIERNO Y LA OPOSICION VENEZOLANA CONCILIARON POSICIONES EN TEMAS CLAVE COMO EL COMBATE A LA VIOLENCIA Maduro y la oposición logran un primer acuerdo

El gobierno y la oposición de Venezuela llegaron a un acuerdo en temas clave. La Mesa de la Unidad Democrática –alianza que nuclea a 29 partidos opositores– participará del Plan de Pacificación Nacional del oficialismo y éste aceptó que personalidades reconocidas ajenas a la política formen parte de la Comisión Nacional de la Verdad, que debe investigar los hechos de violencia que causaron 41 muertos y cientos de heridos en los últimos 70 días. Además, las partes acordaron escuchar a las víctimas de la violencia de abril de 2002, cuando un golpe de Estado derrocó por menos de 48 horas al presidente Hugo Chávez, y designar una junta médica para que examine al ex comisario Iván Simonovis, preso por esos hechos y gravemente enfermo, por lo que la oposición viene pidiendo un indulto humanitario que el gobierno deniega. Sin embargo, los dirigentes opositores aseguraron que seguirán reclamando por la ley de amnistía. “Uno de los primeros acuerdos con la representación de la oposición es el respeto pleno por la Constitución y por Venezuela, el rechazo y la condena a la violencia, venga de donde venga, que se ha expresado a partir del 23 de enero en Caracas”, expresó el vicepresidente del país, Jorge Arreaza.

Representantes de ambas partes se reunieron el martes a la noche, por segunda vez en menos de una semana, con el nuncio apostólico, monseñor Aldo Giordano, y los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador –Luiz Alberto Figueiredo, María Angela Holguín y Ricardo Patiño– como “testigos de buena fe”. El encuentro tuvo lugar en la sede de la vicepresidencia, duró poco más de tres horas y media y se efectuó a puertas cerradas. A diferencia de la reunión realizada entre la noche del jueves y la madrugada del viernes pasados, que se realizó en el palacio presidencial de Miraflores y fue transmitida en vivo por cadena nacional, esta vez no participaron ni el presidente Nicolás Maduro ni el ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles.

Tal como lo había reclamado Maduro reiteradamente, la MUD aceptó formar parte del Plan Nacional de Pacificación. “Hemos estado discutiendo distintos aspectos y hemos encontrado que debemos participar; hay un Plan de Pacificación en marcha, vamos a estudiar ese plan y vamos a hacer aportes en materia de seguridad, prevención y sanción del delito para que podamos enriquecer ese plan”, afirmó el secretario ejecutivo de la coalición opositora, Ramón Guillermo Aveledo. A la salida de la reunión, aseguró que el diálogo no sería un camino fácil pero que era necesario transitarlo. “Existen motivos para apostar al diálogo como opción porque las cosas pueden cambiar de dos maneras: a través de una ruptura, que no se sabe a qué pueda llevar, o a través del camino de la política, que supone el debate, la convivencia y el reconocimiento del otro”, dijo.

En tanto, Arreaza destacó el clima del encuentro. “La reunión se llevó en buenos términos, con respeto, con tolerancia; debatimos respetando el derecho de palabra del otro y vamos avanzando de manera positiva”, sostuvo, y agregó que “avanza el diálogo por la paz y por la justicia sin impunidad”. De hecho, el gobierno accedió a que la Comisión Nacional de la Verdad –que por su iniciativa se formó en el ámbito del parlamento, por lo que la oposición se negó hasta ahora a integrarla– sea ampliada mediante la incorporación de “personalidades reconocidas de la vida nacional que sean confiables para todo el mundo”, dijo por su parte Aveledo.

“En cambio, todavía no hemos podido convenir los perfiles definitivos de los nuevos miembros”, señaló el dirigente, y señaló que su sector entregó una propuesta al respecto al Poder Ejecutivo, según consignó el canal Globovisión en su sitio web. “Este diálogo al cual nos hemos atrevido unos y otros por responsabilidad no es sencillo para nadie, pero estamos dispuestos a encontrar ventanas y a tratar de construir juntos caminos de solución”, añadió Aveledo.

Aveledo también informó que se designaron los comités para evaluar las postulaciones para cubrir los cargos de los poderes Judicial y Electoral, cuyos titulares llevan varios meses con los mandatos vencidos. Si el acuerdo se cumple, el gobierno deberá pactar con su contraparte los nombres de los aspirantes a formar parte del Poder Electoral, ya que necesita de dos tercios de la cámara. Actualmente el oficialismo cuenta con algo más de las tres quintas partes. “Ya la Asamblea Nacional activó todos los mecanismos para avanzar en la elección de autoridades de los poderes públicos”, aseguró Arreaza.

Mientras, representantes del movimiento estudiantil –que comenzaron las protestas opositoras– expresaron ayer que no participarán en la convocatoria de diálogo hasta que no se den ciertas condiciones. “El movimiento estudiantil ha dejado sus condiciones muy claras, cuáles son esas condiciones que queremos previa, durante y post un encuentro con el gobierno nacional”, dijo el dirigente de la Universidad Católica Andrés Bello, Carlos Vargas, en una rueda de prensa. Los estudiantes vienen reclamando una ley de amnistía para los estudiantes detenidos en las protestas iniciadas el 12 de febrero y que el diálogo se dé con el nuncio como mediador y un representante de la Conferencia Episcopal Venezolana y sea transmitido en cadena nacional.

En relación con la inclusión del movimiento estudiantil opositor a las mesas de diálogo, la MUD aseveró que ayer fue planteada “la conveniencia” de sostener un encuentro con el liderazgo juvenil donde puedan exponer sus planteamientos. “Nosotros respetamos el espacio de la Mesa cuando decide acudir a ese encuentro, pero creemos que esas condiciones no estaban dadas y quizás ayer fue la prueba de que esas condiciones no estaban dadas en ese momento”, indicó Vargas.

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OPINION El verdadero rostro de Europa

Por Luciana Cueto

La vieja y desgastada Europa, la misma que guerrea en otros continentes mientras se presenta ante el mundo como modelo de bienestar y garante de moral, se enfrenta con graves problemas internos, cada vez más tangibles y difíciles de enmascarar. Como si de un espectro del pasado se tratara, viejos discursos xenófobos y racistas vuelven a emerger, en medio de un latente, y creciente, descontento popular.

La semana pasada, tras unas deslucidas elecciones municipales que se caracterizaron por la baja participación ciudadana (tan sólo el 53,9 por ciento del electorado concurrió a las urnas), Holanda se vio conmocionada por las declaraciones racistas del líder del Partido de la Libertad (PVV), Geert Wilders.

La marcada brecha social entre la población autóctona y la inmigrante se ensancha. Un espinoso rompecabezas social, cuyas piezas parecen desarticularse sin remedio, se contrapone con la bandera de tolerancia que los Países Bajos han blandido durante décadas. Los recortes a los derechos sociales, la recesión y el empobrecimiento de la clase media (cuyo nivel de vida es aún uno de los más altos del continente) funcionan como disparador para la propagación de discursos xenófobos y poco sensibles, esgrimidos por la nueva clase política ávida de votos, pero carente de propuestas.

Tras salir airoso de las elecciones, y tal vez nostálgico de los tiempos en que se imponían los discursos xenófobos y fascistas en Europa, el líder del ultraderechista y antiislamista Partido de la Libertad holandés ha sido acusado de discriminación, luego de protagonizar un vergonzoso acto frente a cámaras, mientras festejaba el resultado de los comicios con sus seguidores: “Mi pregunta es, ¿quieren en esta ciudad y en Holanda más o menos marroquíes?”.

“Menos, menos, menos...”, vociferaron sus votantes. “Entonces vamos a arreglarlo”, exclamó un sarcástico Wilders, seguido por decenas de risas burlonas, sin explicitar cómo pensaba lograrlo.

Ante estas expresiones, la ciudadanía y el resto de la clase política mostraron preocupación e indignación. La Asociación de Marroquíes Holandeses, que representa a los 368 mil ciudadanos de ese origen en los Países Bajos, garantizó que presentará cargos por discriminación contra el político ultraderechista. Un notoriamente disgustado embajador marroquí en los Países Bajos expresó estar “horrorizado” y condenó “el señalamiento de cualquier comunidad, porque va en contra de todas las leyes, de todas las religiones, de toda ética y de todo principio”.

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia Ivo Opstelten mostró indignación por las infortunadas declaraciones de Wilders y lo instó a retractarse: “Estas expresiones realmente no deben hacerse, son repugnantes. No encajan en un país como Holanda. Debería retirar sus dichos”. El primer ministro holandés y líder del partido liberal de centroderecha (VVD), Mark Rutte, aseveró que será imposible realizar futuras colaboraciones con el partido ultraderechista si mantiene su posición con respecto a los marroquíes, y lo criticó “por pasarse una vez más de la raya”.

Mientras tanto, las denuncias de cientos de ciudadanos contra el líder del Partido de la Libertad (paradójico nombre, si se tiene en cuenta que entre sus principios figuran limitar los derechos de residencia, recortar las libertades religiosas, prohibir el Corán, deportar fundamentalistas islámicos, prohibir el uso del burka, cerrar escuelas islámicas e imponer los “valores occidentales”) se multiplican con rapidez en todo el país. La fiscalía habla de un altísimo número de denuncias en su contra, aunque aún carece de estadísticas exactas. La página de Facebook “Yo denuncio a Wilders” ya tiene más de 95 mil “me gusta”. Aunque también siguen multiplicándose páginas como “Yo no denuncio a Wilders”.

Bram van Ojik, jefe de la banca del Partido Izquierda Verde (Groen Links), expresó que “los partidos políticos tendrán que luchar contra Wilders en la arena política”, y que él lo hará “con el corazón y el alma”.

Sin embargo, y a pesar de las voces que se elevan indignadas ante la línea cruzada por el político de extrema derecha, un sondeo reciente asegura que si hoy se celebraran elecciones generales en los Países Bajos, el PVV conseguiría 25 escaños en el Parlamento (diez más de los que ya posee).

El panorama político europeo pinta aún peor. Los ultraderechistas buscan unirse para sumar fuerzas en las próximas elecciones de la Eurocámara y pretenden alentar a los movimientos euroescépticos a formar un partido conjunto en el Europarlamento. Geert Wilders y Marine Le Pen, presidenta del partido francés Frente Nacional, sellaron en La Haya una “alianza histórica” y manifestaron su deseo de “frenar la integración europea y combatir la inmigración”. En la conferencia de prensa que brindaron en La Haya, ambos políticos afirmaron que es “histórica” su inten-ción de formar un frente común en contra de la Unión Europea, a la que Wilders calificó de “estado nazi”.

En una Europa con recesión y crisis económica, con recortes en el área social, cultural y de salud, el descontento es cada vez mayor, y en este contexto, voces como las de Le Pen o Wilders empiezan a elevarse. Sus discursos, vacíos de propuestas y basados sobre todo en el liderazgo personal y en el ataque constante a la inmigración, recuerdan épocas pasadas y revelan la cara menos agraciada de la Comunidad Europea. Si como expresó el lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky “las democracias europeas se están acercando al colapso total”, tal vez los viejos odios comiencen a resucitar y los fantasmas del pasado se apoderen de la escena política.

Ya hay quienes designan a Wilders como el “nuevo Hitler” y mientras su discurso xenófobo se fortalece y reproduce, nutrido por el descontento popular, los demás partidos se muestran desconcertados. Parece que estas últimas décadas de primavera social han llegado a su fin, y que el rostro real de una Europa en decadencia comenzará a revelarse.

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CON BANDERAS RUSAS, RESISTEN LA “OPERACION ANTITERRORISTA” DE LAS FUERZAS ARMADAS DE KIEV Caos, confusión y disparos en el este de Ucrania

 Por Kim Sengupta *

Desde Slovyansk

Pavel Nicolaivitch Kurigin estaba cavando en su jardín cuando cuatro hombres se bajaron de un auto y abrieron fuego. Corrió hacia su casa y regresó con su única arma, una ballesta que usaba para hacer deportes. “No iba a dejar que hirieran a mi familia, tengo hijos jóvenes, estaba haciendo lo que podía, nos habían advertido que esas cosas pueden pasar”, dijo.

El ataque de las personas en uniforme de combate negro y pasamontañas estaba dirigido a un puesto de control al lado de su terreno y los que lo ocupaban les respondieron también con disparos. Los atacantes huyeron por el bosque y parecían haber sido recogidos y sacados de ahí. Tal es el ambiente de tensión en esta zona de Ucrania, que más de 20 vehículos cargados de hombres armados corrieron a la escena. Algunos empezaron a disparar sus escopetas, rifles de caza y algunas Kalashnikovs que tenían muy pocos de ellos.

Dos vehículos blindados (APC) también habían partido desde el centro de la ciudad. Lo que los hizo interesante fue que tenían banderas rusas. Vehículos ucranianos cuyas tripulaciones, se dice, han desertado por la “República Popular de Donetsk”. Sin embargo, se perdieron, fueron a un puesto de control equivocado y no lograron llegar adonde estaba la acción. A veinte kilómetros de ahí, en Kramatorsk, muchos más APC con los colores de Ucrania estaban alineados cerca de una vía de ferrocarril, las tropas a bordo rodeadas por una multitud que las arengó por obedecer las órdenes de un “régimen fascista”, mientras que, al mismo tiempo, ofrecían botellas de agua por el día caluroso.

Esta era la situación caótica y confusa en el este del país durante las primeras 24 horas de la misión “antiterrorista” declarada por el gobierno de Kiev. El comandante, Vasily Krutov, se había presentado como el portador de la ira y de la venganza en una conferencia de prensa en la carretera justo antes de ponerse en marcha. Al preguntársele si no se les debía dar más tiempo a los manifestantes para retirarse de los edificios públicos que habían ocupado en toda la región, el general declaró que, desde el punto de vista de la seguridad, eso sería “demasiado humanitario”.

Los manifestantes pro Moscú que se reúnen alrededor de los edificios del Estado incautados pueden, a veces, ser belicosos y agresivos pero su presencia también parece ser completamente voluntaria. Ha sido la dignidad del general Krutov la que resultó una víctima temporaria en las primeras horas de la operación. Un intento de ordenar personalmente la multitud fuera del aeródromo de Kramatorsk, que acababa de ser tomado por las fuerzas ucranianas, para que se dispersaran y volvieran a sus casas, había terminado con él más o menos maltratado, golpeado y arrancado su sombrero. Ninguno de los sitios ocupados en una docena de pueblos y ciudades fue vuelto a tomar por la noche. En lugar de ello, los manifestantes pro Moscú tomaron otro sitio más, la oficina del alcalde en Donetsk, y habían ocupado el edificio administrativo en la ciudad durante semanas.

En Kramatorsk, un APC de las fuerzas ucranianas había atropellado a un automóvil cerca de la vía del tren. El conductor, Andrei Victovich, había saltado justo a tiempo. “Fue muy atemorizante, tengo moretones”, se quejó sentado en un banco a 10 metros de los soldados y a 50 metros de su automóvil chocado: “Esto sólo muestra qué clase de personas son”. Algunos de la multitud querían que los soldados enviados por el gobierno de Kiev fueran procesados por traición.

“En primer lugar, no deberían estar actuando en nombre de un gobierno ilegal, están actuando en contra de las personas que apoyan al gobierno genuino de Viktor Yanukovich, que fue destituido en un golpe de Estado. Soy un profesor de historia y lo sé todo sobre golpes de Estado”, dijo Yuri Borodinov.

Algunos de los soldados hicieron un show de sacar la recámara de sus rifles de asalto en una demostración de que no estaban a punto de dispararle a nadie: esto provocó vítores de la multitud. Sin embargo, uno de sus filas, Andrei Ivanic, quiso dejar claro que no tenía nada de qué disculparse.

“Estoy aquí porque no quiero ver a mi país dividido nunca más, no quiero otra Crimea. Si tenemos que luchar por eso, entonces estoy dispuesto a luchar.”

Algunos de los compañeros de Ivanic habían cambiado de bando, al parecer, con hasta siete vehículos blindados. Ellos fueron vistos en Kramatorsk y luego en Slovyansk. Dos de los soldados habían dicho que eran de la brigada aerotransportada 25ª. Sin embargo, resultó difícil dar con ellos para averiguar más. Tres de los vehículos estaban estacionados frente al edificio administrativo de Slovyansk. El equipo, sin embargo, no estaba disponible debido a que, según diferentes explicaciones, estaban almorzando o descansando.

El Ministerio de Defensa de Ucrania decía en su página de Facebook que los APC habían sido capturados por los “extremistas” y que agentes de los servicios secretos rusos estaban involucrados en el complot. Pero no se ofreció ninguna evidencia para respaldar esa acusación. “Son definitivamente aerotransportados; han optado por unirse a la gente”, dijo un oficial de la milicia de protesta vestido con uniforme de combate y portando un Kalashnikov. Había dejado las fuerzas 15 años antes, viviendo desde entonces en Crimea y acababa de regresar a la región dos días antes. El Donbass era diferente porque la gente quería permanecer dentro de una Ucrania federal en lugar de unirse a Rusia, dijo. Hubo murmullos de protesta de los residentes de la ciudad reunidos en torno de él. Natalya Ulankova, una gerente administrativa jubilada, de 59 años, insistió: “Esta ya no es la Ucrania que conocemos, está gobernada por fascistas del Maidan (el centro de las protestas en la ciudad que derrocó a Yanukovich)”.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.

EL JUICIO POLITICO AL JUEZ SUSPENDIDO PEDRO HOOFT “Es vital que avance la destitución”

El juicio político al suspendido juez de Mar del Plata Pedro Federico Hooft entró en su recta final. Durante la última audiencia hubo tres testimonios en apoyo al cuestionado magistrado, pero también recibió más pronunciamientos a favor de su destitución, presentados por abogados y abogadas de las Jornadas Nacionales de Causas de Lesa Humanidad. “La destitución de Hooft es decisiva para avanzar en su juzgamiento posterior como partícipe en la comisión de delitos de lesa humanidad, por lo que toda disposición en contrario sólo servirá para alimentar la impunidad de quienes, dentro del Poder Judicial, fueron cómplices y facilitadores del genocidio cometido en Argentina en la historia reciente”, indicó ese agrupamiento en un comunicado.

Los abogados y abogadas, más de 150, reunidos en estas jornadas, consideraron que “es vital para la consolidación de la democracia que el jury que se lleva a cabo en La Plata avance en el proceso de destitución de Hooft, un juez que en su accionar durante la dictadura cívico-militar no sólo se dedicó a rechazar en forma sistemática hábeas corpus sino que, además, realizaba ‘visitas’ periódicas a los centros clandestinos y comisarías de Mar del Plata, donde permanecían secuestrados y torturados cientos de compañeros y compañeras militantes populares, muchos de los cuales fueron desaparecidos o asesinados”.

El pronunciamiento surgió de las jornadas realizadas el 4 y 5 de abril en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que fueron declaradas de interés institucional por el Ministerio Público Fiscal, y lo firmaron Julia Aignasse, Pablo Llonto, Eduardo Tavani, Elizabeth Gómez Alcorta, Liliana Mazea, Carlos Slepoy, Mirta Mántaras y Alan Iud, entre muchos otros.

Hooft está acusado de cometer delitos de lesa humanidad en una causa que le inició el fallecido secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, organismos de derechos humanos y organizaciones políticas. Ese juicio está a la espera de una resolución del jury para poder avanzar.

Según se informó desde el tribunal a cargo del juicio político, que preside el ministro de la Suprema Corte bonaerense Juan Carlos Hitters, el 23 de abril serán los alegatos de las partes y el lunes 28 el tribunal dará su veredicto en la causa. El juez marplatense comenzó a ser juzgado el 17 de marzo y durante las audiencias prestaron declaración el juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata Mario Portela, el sobreviviente de la represión Carlos Bozzi, y María Eva Centeno, quien prestó testimonio sobre el secuestro y la muerte de su papá, Norberto Centeno. En la denominada Noche de las Corbatas fueron secuestrados los abogados Tomás Fresneda, Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Camilo Ricci y Carlos Bozzi.

En la audiencia de ayer Irene María Cecilia Hooft, hija del suspendido juez marplatense, aseguró que su padre “ha sido un juez con aciertos y errores como todo ser humano, pero siempre inculcó diversos valores con sensibilidad humana en nuestra vida”. Irene Hooft recordó que “en el ’93 yo trabajaba en Tribunales y estudiaba Derecho y se promueve un jury contra mi papá, por el caso de (Jorge) Candeloro, y recuerdo que su familia llamó a mi papá diciendo que ella no tenía nada que ver con el juicio”. Marta García de Candeloro había declarado que cuando estuvo ilegalmente encerrada en la comisaría 4ª de Mar del Plata, Hooft recorrió los calabozos y no atendió su pedido de auxilio.

Irene Hooft sólo fue interrogada por la defensa del juez, a cargo de Héctor Granillo Fernández, ya que la querella se negó a realizarle preguntas referidas al caso por considerar que “es hija del imputado y no tendría que estar declarando”, según dijo el abogado Luis Alén.

Luego habló la testigo Lidia Lupo Schweizer, madrina de dos de los hijos de Hooft, y sostuvo que “hay cosas que no pudimos hacer, en dictadura nadie pudo hacer todo lo que quiso, Pedro es incorruptible”. Finalmente, Liliana Elvira Pérez, ex consejera del Colegio de Abogados de Mar del Plata, contó que “según las actas del consejo directivo durante estos hechos (de la Noche de las Corbatas) surge que el único juez que había defendido las causas contra la dictadura había sido Hooft”.

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EL PAIS › EL SENADOR SANTILLI REFLOTO EL POSIBLE ACUERDO DEL MACRISMO Y UNEN “¿Por qué no una alianza?”

Por Werner Pertot

El senador PRO Diego Santilli ratificó la posibilidad de una alianza entre el macrismo y Unen y, en particular, se refirió a Elisa Carrió. “Si nos ponemos de acuerdo, ¿por qué no una alianza?”, sonrió Santilli. En la mesa chica del PRO señalaron que sus palabras van en el camino que marca la estrategia de alianzas del jefe de Gobierno, aunque el Colorado “jugó un poco demasiado sobre la línea”. Desde la Coalición Cívica prefirieron no contestar a las declaraciones del senador macrista, aunque Carrió ya dijo que estaría dispuesta a sumar al PRO a un frente que impida que alguna de las expresiones del peronismo triunfe en 2015.

Desde el surgimiento de Sergio Massa como opción presidencial para el peronismo disidente en las elecciones del año pasado, la estrategia de alianzas del PRO viró. Macri había intentado ocupar ese lugar de referente del peronismo opositor: de allí sus alianzas con Francisco de Narváez y Felipe Solá en 2009 o con Jesús Cariglino en 2011. Pero con la llegada de Massa, los armadores del PRO ven difícil un acuerdo con los peronistas. Allí surgió el discurso de la “tercera vía” que plantea hoy Macri para diferenciarse del Frente Renovador. Por otra parte, la recomendación del ministro de Gobierno porteño, Emilio Monzó –el principal armador nacional de Macri–, es avanzar en un acuerdo con sectores del radicalismo.

Dentro de esa estrategia se inscriben las declaraciones de ayer de Santilli, quien cuando le preguntaron en una entrevista radial por un acuerdo con Carrió respondió: “Si nos ponemos de acuerdo, ¿por qué no una alianza? Lo importante es terminar con la frustración de 30 años de quienes nos gobernaron”. El senador PRO no descartó un acuerdo con Carrió “si se construye una plataforma hacia los temas que pueden ser políticas de Estado”. Como ejemplo, puso la asignación universal que “lo plantearon ellos y debió ser política de Estado”. “No puede ser que estemos como estamos y tiene que ver con la fragmentación que hay”, interpretó.

Desde la Coalición Cívica, eligieron un estudiado silencio ante las declaraciones de Santilli: nadie salió a decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. “Carrió ya dijo lo que tenía que decir”, aclaró un allegado de Lilita. ¿Qué había dicho la líder de la CC-ARI? Afirmó que ve bien a “mucha gente del PRO” y que Macri podría ser “una alternativa al PJ”, por lo que se lo podría sumar “a una alianza para que no se pierdan los votos no peronistas”. Aclaró, de todas formas, que ella hizo denuncias contra el todavía procesado jefe de Gobierno.

Sus declaraciones trajeron ruido al frente que se presenta el 22 de abril. “Carrió da la sensación de querer seducir al electorado de Mauricio Macri”, señaló el dirigente de Libres del Sur, Humberto Tumini, quien advirtió que “Unen y el PRO son fuerzas distintas que ante determinadas cuestiones pueden tener las mismas posturas”. Otros referentes del espacio, como Hermes Binner o Julio Cobos, descartaron un acuerdo con el PRO.

En la conducción del PRO señalaron que las declaraciones de Santilli no se alejan de los contactos informales que tienen por estos días. “Con Carrió y con Binner no hay conversaciones; con el resto, sí. Pero nada formal aún”, dicen y esperan a después del acto del 22. Dentro de la UCR, el PRO tiene varios dirigentes que podrían apoyar un acuerdo: Oscar Aguad es casi un embajador del PRO en el radicalismo. “Esas frases es todo lo que tenemos con Carrió. Pero no son menores sus expresiones a favor de un frente amplio”, dicen. Macri, en tanto, camina la línea delgada de mostrarse abierto a un acuerdo, pero no quedar atrapado en la interna de Unen.

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EL PAIS › FINALIZO LA INDAGATORIA A ENRIQUE MATHOV POR LA REPRESION DE 2001 Contradicciones y evasivas

 Por Ailín Bullentini

En su tercera jornada de indagatoria, el ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, esquivó con numerosos “no recuerdo” y “me remito a lo dicho anteriormente” las preguntas de las partes que intervienen en el juicio que se le sigue a él y a otra docena de ex funcionarios policiales por cinco muertes y más de un centenar de lesiones ocurridas durante la represión policial del 20 de diciembre de 2001. “La fiscalía y la querella intentan mal acusarme, igual que quienes instruyeron esta causa”, acusó a la representación del Ministerio Público Fiscal, Mauricio Viera, y a la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes interrogaron, entre constantes interrupciones de las defensas, al ex funcionario imputado por homicidio culposo y lesiones. “Armaron un corralito para proteger a Mathov de las consultas, lo que por momentos transformó al debate en un proceso tedioso”, evaluaron desde el CELS. Las estrategias de la fiscalía y de la acusación coincidieron en remarcar varias contradicciones entre la versión actual de los hechos que ofreció el ex secretario ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 6 y sus anteriores declaraciones.

Mathov inauguró la jornada con lo que definió como el “cierre” de su exposición respecto de los hechos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001, los últimos días del gobierno de Fernando de la Rúa. “No está probado que hayan disparado los policías”, advirtió entre ratificaciones de lo ya dicho durante las audiencias anteriores respecto del objeto en juicio: cinco muertes –de las más de 30 que se produjeron en todo el país en aquellos días producto, en su mayoría, de la represión estatal– y más de un centenar de heridos; todos por impactos de bala. Con la misma firmeza que cerró su exposición, “nadie ordenó desalojar la Plaza de Mayo”, comunicó al presidente del tribunal, José Martínez Sobrino, y al resto de los jueces del cuerpo, Javier Anzoátegui –que sigue alzando su disidencia respecto de sus colegas–, Rodrigo Giménez Uriburu y el magistrado suplente Adrián Martín, que aceptaría preguntas de las partes.

La seguridad de Mathov durante la etapa de las consultas fue decreciendo, si no tal vez por su actitud, seguro por la de su abogado defensor Jorge Valerga Aráoz –comparte la tarea (y el nombre completo) con su padre–. El joven letrado no perdió oportunidad de interponerse entre las preguntas de las partes acusadoras y las respuestas de su cliente para expresar quejas, oposiciones y reclamos, sobrepasando incluso la autoridad del tribunal. En algunos casos contó con la compañía de otros abogados defensores, que vieron luz en ese tren de embrumar la situación y se subieron. El último planteo realizado en bloque al tribunal versó sobre la lectura de pasajes de declaraciones anteriores que Mathov realizó a lo largo de doce años de expediente, actitud desarrollada tanto por Viera como por Rodrigo Borda, del CELS, para señalar contradicciones entre la versión actual y las viejas del acusado. En diálogo con este diario, desde el CELS descalificaron la estrategia defensiva: “No hicieron más que construirle un corralito para impedir que respondiera las preguntas, lo que por momentos transformó el debate en un proceso tedioso al imprimirle una dinámica perniciosa, hubo momentos en que era complicado seguir”, evaluó Borda.

Ante el señalamiento de las contradicciones entre la estrategia del acusado durante la instrucción de la causa y la que desarrolló frente al tribunal en la etapa oral, Mathov respondió con evasivas: “Me remito a lo que dije en las anteriores jornadas”; “No lo recuerdo”.

La conformación o no del Comité de Crisis aquel 19 de diciembre de 2001 fue un punto en el que tanto la fiscalía como el CELS insistieron al momento de indagar a Mathov, quien en un primer lugar se atuvo a lo que dijo la semana pasada –que no había existido tal cosa– y luego abrió la canilla de agravios, sin profundizar en la cuestión. Las partes acusatorias señalaron una contradicción entre esta última versión del ex secretario de Seguridad, que apunta a deslindarse de todo rol preponderante en el ordenamiento de la represión de aquel 20 de diciembre, y lo que dijo en varias oportunidades a lo largo del expediente, incluso lo que declaró el ex ministro del Interior Ramón Mestre, en su indagatoria de principios de la década pasada: que el Comité de Crisis funcionó.

¿Por qué insistir en este punto? Ese organismo, que se congrega vía Consejo de Seguridad, tiene un rol operativo, es decir que puede dar órdenes. Más aún en el marco de un estado de sitio como el que actuaba en aquellos días de diciembre.

Borda, además, señaló diferencias entre los dichos pasados de Mathov y los actuales en otros dos puntos: las órdenes impartidas a los jefes máximos de las fuerzas de seguridad. Frente al TOF Número 6, Mathov negó haber hablado con otro jefe que no hubiera sido Rubén Santos, a cargo de la Policía Federal, cuando en sus primeros descargos frente a la Justicia había mencionado “diálogos con los jefes”. Ayer, además, insistió en que él no dio ninguna orden: “Sólo transmití lo que dijo Mestre”. Por último, la querella señaló un cruce de llamados entre una de las líneas telefónicas que en la causa figura a nombre de Mathov y la SIDE. “No recuerdo haber llamado o que me haya llamado nadie de la SIDE”, cerró, sin dar más detalles.

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EL PAIS › LA FISCALIA APELO EL FALLO QUE SOBRESEYO A TODOS LOS ACUSADOS POR LOS SOBORNOS EN EL SENADO Una sentencia “arbitraria e infundada”

 Por Irina Hauser

La fiscal Sabrina Namer acusó al tribunal oral que absolvió a todos los imputados del caso de los sobornos en el Senado de haber sido parcial, arbitrario y de haber realizado el juicio con una “decisión tomada” de antemano. Así lo planteó en la apelación que presentó ayer ante la Cámara de Casación Penal, donde reclamó que se revierta la sentencia. En el escrito sostuvo que los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 3 sistemáticamente hicieron lugar a pruebas de las defensas que apuntaban a decir que no hubo coimas para aprobar la reforma laboral y a la vez “ignoraron deliberadamente todo lo que pudiera llevar a probar el hecho”, como los cruces de llamados telefónicos de los implicados, entre otras evidencias.

El TOF3 había anunciado su decisión justo antes de las fiestas, el 23 de diciembre del año pasado. La absolución masiva se rumoreaba con anticipación, pero lo que más sorprendió fueron los términos del tribunal, que en una síntesis de sus fundamentos afirmaba que las coimas a senadores con el fin de que votaran la flexibilización laboral –como reclamaba el Fondo Monetario– “no existieron” y que el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, cuya confesión fue base de la investigación y de la acusación fiscal, es un “embaucador” que ofreció un relato “inconsistente”, “inverosímil” y “autocontradictorio”. Al juez Daniel Rafecas, el instructor, lo acusaron de haber encaminado la causa en la dirección que quería, de intimidar a testigos y vulnerar el derecho de defensa. Lo denunciaron. También cuestionaron al fiscal Federico Delgado y a otros siete jueces que intervinieron en algún momento. El mensaje fue recibido dentro y fuera de Tribunales como una advertencia dirigida a quienes quieren investigar casos de corrupción.

Los fundamentos íntegros del TOF3 fueron difundidos el 31 de marzo y ocupan casi 2700 páginas. Tal como preanunciaron el día del veredicto, los jueces del tribunal (Miguel Pons, Guillermo Gordo y Gerardo Ramírez) introdujeron una comparación con la causa AMIA –que dos de ellos anularon diez años atrás– y sugirieron que a Pontaquarto le había pagado la SIDE, como a Carlos Telleldín en el caso del ataque terrorista, donde se descubrió que había recibido 400 mil dólares. Una de las diferencias con aquel tema, que señala la fiscal Namer en su apelación, es que un pago a Pontaquarto es una conjetura de ellos, de la que nadie ofreció prueba ni una explicación de para qué. Otra, que en el caso de los sobornos “no declararon la nulidad de la instrucción”, “ni del requerimiento de elevación a juicio, tampoco el alegato” de la fiscalía. “Pero usaron otro recurso que los llevó a los mismos efectos: su sana crítica”, y para eso, entiende Namer, “no valoraron ninguna prueba” de las que llevaban a los sobornos. Incluso, señala, buscaron hacer eje en inconsistencias o contradicciones de Pontaquarto para derivar en la existencia de “conspiraciones ridículas”.

En su alegato, Namer había pedido penas de seis años de prisión para el ex presidente Fernando de la Rúa, el ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes y para los ex senadores peronistas Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Costanzo; un año y medio de prisión para el arrepentido Pontaquarto y la absolución del ex senador Ricardo Branda y del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique. Ayer señaló que la sentencia del TOF3 había sido “la crónica de una absolución anunciada”, “absolutamente arbitraria e infundada” y volvió a pedir condenas para todos los mismos que ya había considerado culpables.

El tribunal oral, al anunciar su decisión, descalificó los hechos que incluso la Cámara Federal había dado por probados. Afirmó, en tono lapidario: “No existió una reunión en la Casa Rosada con el objeto de acordar el pago de un soborno; no existió una reunión entre De Santibañes y Pontaquarto el 18 de abril de 2000 al mediodía, para convenir la entrega de dinero; no es cierto que Pontaquarto concurriera a la Secretaría de Inteligencia ese día, en horas de la tarde o noche, para retirar cinco millones de pesos; no es cierto que faltare esa suma de dinero de la entonces SIDE; no es cierto que Pontaquarto llevara y guardara en su casa esa suma entre el 19 y 26 de abril de 2000. Tampoco lo es que dejara ese dinero en una habitación del hotel Howard Johnson durante la jornada del 26 de abril, para retirarlo luego de la sesión parlamentaria de ese día, ni que lo llevara al domicilio de Emilio Cantarero en horas de la noche, ni que hubiera entregado a José Genoud la suma de 700 mil pesos en la mañana del día siguiente, en el despacho que ocupara en el Senado de la Nación”. Como es conocido, ni Cantarero ni Genoud estuvieron en el juicio. Cantarero por padecer Alzheimer, el radical se suicidó.

La presentación de la fiscal asegura que el tribunal sólo admitió las pruebas que abonaban la teoría de las defensas: que el soborno no se podía probar o que ni siquiera había existido. Cuestiona que haya descartado “todas las pruebas de la presencia de los imputados en el domicilio de Cantarero la noche en la que, según el relato de Pontaquarto, se pagó el soborno” y que haya omitido evidencias sobre la reunión en la Rosada. Enumera: que se dejaron de lado “23 elementos de prueba –documentales y testimoniales– de la injerencia que tuvo el Fondo Monetario Internacional en la sanción de la ley; 11 elementos de prueba de la importancia que revestía la ley para el gobierno de De la Rúa; y 12 declaraciones de testigos que manifestaron que el proyecto de reforma laboral no había sufrido modificaciones sustanciales” al ser sancionado.

Buena parte de la presentación repasa qué hizo el TOF3 con las pruebas y objeta su empecinamiento en destruir los dichos de Pontaquarto y los testigos. Dice que tiene una visión “sesgada y peculiar” de los registros telefónicos utilizados para cotejar el relato de Pontaquarto y que confirmaban la presencia de los imputados en los lugares y horarios por él indicados. Para el tribunal, carecían de certeza y ni siquiera eran “evidencia indiciaria”. Sin embargo, dice la fiscal, “los valoró” “sacando conclusiones asertivas a favor de la inexistencia de los hechos”.

En igual sentido, el TOF3 –dice Namer– atacó los testimonios que daban crédito o transmitían algún conocimiento de la existencia de sobornos, para descalificarlos. Por ejemplo, al ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez y Antonio Cafiero los trató de manipuladores y les endilgó un uso político del tema; pero consideraron que a los periodistas que escribieron sobre los hechos los engañaron en su buena fe, fueron víctimas de operaciones políticas. Aludían a Joaquín Morales Solá, quien escribió que tres senadores y un diputado le confirmaron la existencia de sobornos; y a Fernanda Villosio, quien escribió sobre la base del relato de Cantarero, quien había relatado el cobro para votar la ley laboral pero –dijo el tribunal– nunca lo confesó en Tribunales.

Otra prueba clave, “dirimentes”, omitida, según la fiscalía, fue la realización de un careo entre un perito y el ex director de Finanzas de la SIDE, Juan José Gallea. Según Namer, hubiera permitido aclarar el origen de una planilla con movimientos contables de los que surgía la salida de los cinco millones de pesos con los que se habrían pagado los sobornos. En rigor, había dos versiones de la misma planilla, sobre el mismo dinero. A eso añadió que no se analizó lo atípico del ingreso de ese monto ni las actas secretas, con fechas discordantes, que justificaban su salida. Recordó que los jueces rechazaron la declaración como testigo, clave, de Silvana Costalonga, la ex esposa de Pontaquarto, quien en la instrucción había dicho bajo juramento que vio el dinero para el pago de las coimas.

“El tribunal oral pretendió crear ante la opinión pública una falsa imagen de rigurosidad y fundamentación mediante una resolución de una extensión absolutamente desmesurada, innecesaria y sólo explicable en la decisión de encubrir bajo el tamiz de la acumulación de fojas una arbitrariedad manifiesta”, sostuvo Namer. “Desde el primer día (los jueces), vieron en este juicio una megaconfabulación entre el Poder Ejecutivo (gobernaba Néstor Kirchner cuando Pontaquarto confesó, en 2003) y el Poder Judicial para traer a juicio a los imputados.” “Pareciera que todo el mundo se orquestó” para acusarlos, ironizó, y dijo que –sin embargo– el tribunal no dice ni cuál era el propósito ni qué ganaba el ex secretario parlamentario con semejante supuesta mentira.

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