Como parte de su estrategia para evitar que llegue al Congreso el anteproyecto de reforma del Código Penal, Sergio Massa decidió cargar contra el presidente de la Comisión que lo redactó, el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni. Sin embargo, los principales fundamentos que esgrimió son idénticos a los de una vieja denuncia realizada en 2003 por un grupo de abogados conservadores que buscaban impedir la aprobación del pliego enviado por Néstor Kirchner para que integrara el máximo tribunal.
Así, Massa pasó de oponerse a que el Congreso debata el anteproyecto de reforma del Código Penal a cuestionar al presidente del organismo que la redactó. En un movimiento doble, el ex intendente de Tigre busca instalar la idea de que el texto no fue redactado por una comisión multipartidaria sino por una sola persona, a la que además demoniza.
“Trato siempre de que las discusiones sean de ideas y no de personas, pero me parece que hay que tener actitud y aptitud moral. Lo que puedo decir de mí es que, más allá de no haber escrito muchos libros de Derecho, ni fui juez de la dictadura ni rechacé hábeas corpus de personas que estaban con situación de detención ilegal ni juré por el estatuto de la dictadura militar. Hay que tener autoridad moral para hablar, sobre todo para referirse a dirigentes jóvenes”, dijo Massa el último domingo en el programa televisivo de Luis Majul después de haberlo llamado “falso luchador” en la mesa de Mirtha Legrand.
La denuncia mediática de Massa contra Zaffaroni.
Los argumentos de Massa acerca de que Zaffaroni fue un cómplice de la dictadura son exactamente los mismos que se sometieron a debate en el año 2003, cuando el pliego del jurista fue aprobado en el Senado con los dos tercios que exige la Constitución. En aquel entonces, abogados vinculados a la defensa de los genocidas iniciaron una campaña para impugnar la candidatura de Zaffaroni. Once años después, Massa repite las mismas acusaciones.
Nuevos músicos, la misma canción
La denuncia más importante contra la figura de Zaffaroni se basa en su rol como juez durante los años de la dictadura. Según sus críticos, a los que ahora se incorporó Massa, el joven juez de primera instancia habría negado recursos de hábeas corpus basado en el Estatuto de la Junta Militar por el que tuvo que firmar para ejercer sus funciones. Sin embargo, sobrevivientes y familiares de aquellos años reconocen la tarea desarrollada por Zaffaroni en los años de plomo.
Pablo Pizá estuvo detenido por un año y medio en Rawson en noviembre de 1975 y luego quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Lo que querían era que diera el paradero de una de sus hijas, Liliana, quien integraba la conducción de la Juventud Universitaria Peronista y había dejado su Bahía Blanca natal para refugiarse en La Plata. Una vez que Liliana fue detenida, el 26 de abril de 1977, dejó de estar a disposición del PEN. Para ese momento, su otra hija, Diana, ya estaba detenida en el penal de Devoto. Estuvo como presa “legal” desde el 18 de noviembre de 1975 hasta el año 1980.
Cuando, en 1976, quiso viajar a Perú para denunciar los crímenes de la dictadura argentina, se topó con un obstáculo: su libertad a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Por eso, accedió a la Justicia y presentó un recurso para poder salir del país. El juez que se lo otorgó fue Eugenio Raúl Zaffaroni. La Junta Militar lanzó en ese momento un decreto por el que, como parte del Plan Cóndor, se prohibía la emigración a países limítrofes. De todos modos, Pizá siempre recordó la labor de Zaffaroni en su caso.
En 2003, mientras de discutía el pliego del juez en el Senado, Pablo Pizá le envió una carta pública que se leyó en la Comisión de Acuerdos. “Entiendo que algunas de las impugnaciones se refieren al desempeño que le cupo como juez de la llamada época del Proceso, expresando algunos al respecto que fue un juez complaciente con el Proceso. En el libro `Historia de la impunidad`, escrito por Stella Maris Ageitos, se menciona que uno de los casos, el primero de los que demostró su independencia y criterio contra la impunidad, fue en el caso Pizá de octubre de 1976. Me llamo Pablo Alfredo Pizá y soy un testimonio vivo de que usted nunca fue un juez adicto al Proceso. Saludo complacido vuestro nombramiento como juez de la Corte, entendiendo que es un paso que nos acerca más a la justicia en serio. Quedo a su disposición si mi testimonio fuere de utilidad”, escribió en ese momento.
En diálogo con INFOnews, su hija Diana Pizá recordó el legado de su padre, fallecido hace algunos años, y las circunstancias que lo llevaron a escribir ese texto. “Frente a la audiencia pública, mi papá tuvo esa iniciativa porque veía el ataque que se estaba cerniendo contra él. El fallo de Zaffaroni que avala la salida de mi papá del país es clarísimo. Zaffaroni no se comportó como la mayoría de los jueces de esos años y mi papá quiso hablar porque nadie podía poner en duda su palabra; la nuestra es una familia que militó antes, durante y después de aquellos años”, relató. Y agregó: “Nadie conocía al juez Zaffaroni en ese momento. Su postura en el caso de mi papá fue en base a su compromiso y a sus principios, sin especulaciones de ningún tipo”. Diana, quien declaró hace un mes en la causa de La Cacha por la desaparición de su hermana Liliana, tuvo la oportunidad de conocer posteriormente al juez y agradecerle lo que había hecho por su padre. Lo concerniente al caso figura no sólo en el libro de Argeitos sino en uno que escribió el propio Pablo Pizá.
Otro caso que tomó estado público es el de la desaparecida Inés Ollero. En 2003, Zaffaroni fue acusado de haber negado el recurso hábeas corpus por el que su familia quiso averiguar su paradero y tuvo que ser su padre, César Ollero, quien salió a desmentirlo. En una entrevista con Página 12, Ollero sostuvo que Zaffaroni no firmó ese rechazo, sino que se trató de otro juez, y aseguró: “Zaffaroni me ayudó durante cuatro años y su trabajo sirvió para investigar la Escuela de Mecánica de la Armada. La investigación fue tan buena que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA eligió el caso de mi hija para dar referencias, en 14 páginas, de todo el andamiaje de la dictadura. Y la posibilidad de llegar a expresar al conjunto de los afectados se desprendió de aquel trámite de hábeas corpus. La misma Comisión elogia las investigaciones realizadas por el juez de la causa”, señaló el padre de la mujer en dicha entrevista, y agregó que lo defendía “porque lo atacan injustamente”.
El eterno retorno de los abogados pro dictadura
En el momento en que la Comisión de Acuerdos trató el pliego de Zaffaroni, en medio de una ofensiva política y mediática que trataba de desacreditarlo, quien encabezó su defensa fue el entonces senador del Frente para la Victoria Jorge Yoma. “Están aquí presentes el doctor Gil Lavedra, el doctor Arslanián, el doctor Julio Maier y el presidente de la Corte Suprema de Costa Rica, es decir, hombres calificadísimos, así como el compañero secretario general que representa a los trabajadores judiciales y distintas organizaciones de derechos humanos. No creo que ellos vengan a cuestionar el fallo del caso Ollero, en contra de los derechos humanos. Es más, obsérvese qué paradoja: quienes cuestionan ese fallo no son organizaciones de derechos humanos, ni las Madres de Plaza de Mayo, quienes estuvieron pasilleando por los tribunales durante años y años con sus hábeas corpus para ver si alguien les podía dar alguna noticia acerca del paradero de sus hijos, sino fundaciones que han aparecido ahora y estudios jurídicos. Pero las organizaciones de derechos humanos y las Madres de Plaza de Mayo —aquí presentes— han venido a apoyar esta nominación. Se hacen cuestionamientos de todo tipo, pero no los hacen aquellos que supuestamente eran víctimas, sino que al contrario, manifiestan su apoyo”, sentenció Yoma aquel 6 de octubre de 2003 en el Salón Manuel Belgrano del anexo del Senado.
Yoma denunció con vehemencia que se habían creado ONGs ad hoc, sólo para cuestionar a Zaffaroni, como la Fundación Bicentenario lanzada por ex integrantes de la UPAU como Carlos Maslatón y Juan Curutchet, hoy vicepresidente del Banco Ciudad e integrante del PRO. Además, el senador hizo público que circulaba una campaña por la web orquestada por “sectores de opinión y de intereses económicos”.
“No son cuestionamientos de las madres de las chicas violadas que se quejan por el fallo Tiraboschi, ni encontramos a ningún estudio jurídico que defendiera a las chicas violadas. Tampoco se trata de estudios jurídicos que hayan presentado algún hábeas corpus en favor de algún detenido desaparecido”, advertía Yoma once años atrás. En esa nómina, figuraba el abogado Víctor Fernández Pelayo. “A mí me sonó ese apellido. Empecé a acordarme de los abogados que defendían los derechos humanos y por ahí no me sonaba. Fui al Colegio Público de Abogados y tampoco lo pude ubicar. Pero lo encontré en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. El Colegio de Abogados nos hizo llegar un documento en el que con palabras muy duras se cuestiona la nominación del doctor Zaffaroni. Prácticamente, se dice que el honor, la vida, la libertad e integridad física de las personas se encuentran en juego y en riesgo si el doctor Zaffaroni es designado juez de la Corte Suprema. El que la firma es el subsecretario de Justicia de Videla, el doctor Durrieu”.
El Colegio de Abogados de la Ciudad es la institución presidida por Máximo Fonrouge que el año pasado reivindicó en un acto público a un juez homenajeado por Videla. Roberto Durrieu es el fundador y actual consultor externo del estudio de abogados que integra Hernán Munilla Lacasa, defensor de Héctor Schawb, el ideólogo de Cecilia Pando. Tanto el titular del Colegio de Abogados como el socio principal del estudio Durrieu integraron la lista de “prestigiosos abogados” con los que se reunieron los diputados del Frente Renovador el mes pasado para oponerse a la reforma del Código Penal. Como si fuera poco, el pasado 7 de abril la propia Cecilia Pando celebró, en primera persona del plural, que Massa haya denunciado a Zaffaroni. “El massismo acusa a Zaffaroni por sus vínculos con la dictadura. Hace rato lo venimos diciendo nosotros”, indicó.
Ante la llamativa coincidencia de argumentos y protagonistas entre la vieja denuncia y la actual embestida del massismo contra la figura de Zaffaroni, INFOnews consultó al Estudio Durrieu, que negó vínculos con el Frente Renovador. “No tenemos ninguna relación con Massa, no tenemos idea qué es lo que hizo. Me suena a que es una barbaridad”, se defendió Roberto Durrieu Figueroa, hijo del fundador del estudio. “Tengo entendido que mi padre tampoco lo conoce”, agregó, aunque confirmó que existe una relación de parentesco con Marcela Durrieu, suegra de Massa y concejal de San Isidro: “Creo que son primos terceros, pero no hay relación”.
La ratificación de Jorge Yoma
Consultado por INFOnews, el ex senador y ex diputado Jorge Yoma evitó referirse a las declaraciones de Massa contra el ministro de la Corte Suprema pero ratificó lo dicho por él en 2003 como principal defensor de su pliego en la Comisión de Acuerdos. “Avalo y sigo pensando lo mismo de él como jurista, no como polemizador de la política”, sostuvo.
“No dudo de las condiciones de Zaffaroni para ser juez de la Corte Suprema, al contrario. Y lo digo aunque no comparta muchas de sus posiciones en temas como el aborto o las drogas”, indicó.
“En su momento, valoré la intención de Néstor Kirchner de tener una Corte Suprema plural desde lo ideológico y de elevadísima calidad intelectual. Y no me arrepiento. Tanto Zaffaroni como Carmen Argibay o Elena Highton de Nolasco o Ricardo Lorenzetti han prestigiado al cuerpo y a la democracia en sí. Verdaderamente, es un lujo la Corte que tenemos”, consignó Yoma, quien no obstante está de acuerdo con Massa en la oposición a la reforma del Código Penal impulsada por Zaffaroni. “Eso no quita que rechace absolutamente la postura de Zaffaroni de meterse en la arena política. Gracias a Massa, el proyecto no se aprobó a libro cerrado. Y, más allá de algunas declaraciones, me pongo de su lado en esta oposición no por el contenido sino por el método del oficialismo de tratar sin debate un tema tan profundo”, aclaró.
Lo cierto es que las acusaciones contra Zaffaroni que ahora esgrime Massa desde los estudios de Luis Majul y Mirtha Legrand o las páginas del diario Clarín son las mismas que elaboró un grupo de abogados conservadores en 2003 y fueron denunciadas por Yoma como parte de una campaña orquestada de desprestigio contra el juez. Aquellos abogados conservadores coinciden además con los especialistas consultados por el Frente Renovador para encabezar su oposición a la reforma del Código Penal. La interpretación queda sujeta al lector.
