› LA OFERTA DEL PROGRAMA SE AMPLIA EN 108 PRODUCTOS EN LAS GRANDES CADENAS Los que debutan en Precios Cuidados

 Por Javier Lewkowicz

Una de las principales novedades de la nueva etapa de Precios Cuidados es la incorporación de una importante cantidad de productos al programa. Según datos que el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio, Augusto Costa, brindaron el lunes durante la conferencia de prensa en la cual se presentó la revisión del plan, se sumaron 108 artículos, con lo que la lista completa ahora llega a 302. La ampliación del programa busca aliviar la tensión sobre ciertos productos que se vio muchas veces en las góndolas, que se reflejó en el abastecimiento. El problema que surgió es que la suba de precios por fuera del acuerdo incentivó todavía más la demanda de Precios Cuidados, que complicó el abastecimiento de algunas categorías que no estaban bien representadas. Página/12 analizó de qué productos se trata, a qué precios se incorporan y qué rubros resultaron más reforzados.

La categoría que mayor cantidad de artículos sumó fue bebidas, con 33 nuevas opciones, seguida por lácteos (24), perfumería (19), almacén (19), limpieza (6), panificados (3) y librería, donde se sumaron 4 productos. Carnes y procesados y frutas y verduras no registraron cambios.

Algunas de las bebidas que se incorporaron son el agua mineralizada sin gas Sierra de los Padres de 2 l a 7,50 pesos, bajo sodio de marca Nihuil de 2 l a 6,99 pesos, agua Kin de 2 l a 9 pesos, agua Cellier-Favaloro de 2 l a 6,70 pesos, agua Bon Aqua de 2 l a 8,09 pesos y agua con gas Brio de 2 l a 6,50 pesos. En agua saborizada, la Cellier-Favaloro de naranja y la de naranja durazno a 7,50 pesos cada una y las Baggio-Fresh de manzana, pera, naranja dulce y pomelo a 10 pesos. En gaseosas, la Cunnington de cola y la de lima limón de 2,25 l a 11,04 pesos y la Mocoretá de pomelo, naranja, cola y lima limón de 2,25 l a 11,05 pesos.

En quesos se sumaron, entre otros, el queso crema San Ignacio de 320 g a 15,99 pesos, el queso cremoso cuartirolo y el port salut La Suipachense a 58 y 65 pesos el kilo, respectivamente; el queso port salut light La Serenísima a 99 pesos el kilo. De la marca La Paulina se incorporaron el queso crema de 290 g a 15 pesos, el queso cremoso trozado de 400 g a 58 pesos el kilo, el queso port salut trozado de 500 g a 62 pesos el kilo, mientras que Vacalín se sumó con el queso cremoso a 51,5 pesos el kilo. En tanto, la firma Ilolay ingresa a Precios Cuidados con la crema de leche de 200 cc a 8,40 pesos, el dulce de leche repostero de 400 g a 13,50 pesos, el yogur de copos de maíz azucarados descremado de 160 g a 8,20 pesos y el de copos de maíz azucarados entero de 165 g a 8,20 pesos.

En el rubro de perfumería, Nivea se incorporó con el desodorante roll on dry impact y roll on dry comfort de 50 ml a 14,90 pesos, el spray dry impact y dry comfort de 150 ml a 20,35 pesos. También se suman los pañales Huggies Classic híper grandes e híper extra grandes a 107,10 pesos, mientras que Pampers Babysan lo hace con el Babysan pequeño y extra extra grande a 74,90 y 107,10 pesos. En la nueva lista hay un cepillo de dientes Oral B a 10,50 pesos y pañuelos descartables Campanita Box a 6 pesos.

Otra categoría que fue reforzada es yerba, donde sólo había una opción de un kilo y otra de 500 g. Se incorporó La Tranquera de 1 kg a 30 pesos y en 500 g la Rosamonte, La Tranquera, Romance y Nobleza Gaucha, cada una a 18,25 pesos. En galletitas dulces, las cerealitas de manzana y canela (7,80 pesos), las Toddy de chocolate (7 pesos), Dale María de vainilla a 5,75 pesos y Macucas a 6,05 pesos. En galletitas saladas, las Club Social regular y las de empaque familiar, a 4,40 y 22,99 pesos, respectivamente, y las Kesbun sabor pizza y sabor original a 7,75 pesos cada una.

En el rubro de limpieza, una de las nuevas empresas en el acuerdo es Papelera San Andrés de Giles, que ofrecerá tres rollos de cocina a 12,90 pesos y cuatro rollos de papel higiénico a 12,50 pesos. También se incorpora el desinfectante Espadol de lavanda y el desinfectante citrus de 450 ml a 9,20 pesos.

Página 12

YASKY HABLA SOBRE EL PARO CONVOCADO POR EL SINDICALISMO DISIDENTE “Tienen un ataque de amnesia”

Por Miguel Jorquera

El dirigente de la CTA Hugo Yasky salió al cruce del paro general convocado por los cegetistas opositores Hugo Moyano y Luis Barrionuevo y la CTA disidente de Pablo Micheli: definió a la medida como “contra natura” y acusó a los dirigentes que la organizaron de “querer entregar el movimiento sindical a los sectores económicos concentrados”. Para Yasky, el paro busca esmerilar al Gobierno con “el apoyo explícito de la Sociedad Rural, los grupos económicos y mediáticos concentrados y el guiño del Capriles argentino, Sergio Massa”.

–La CTA que usted dirige y la CGT oficial no se suman al paro, sin embargo quienes lo convocan auguraron que tendrá una adhesión mayoritaria...

–Hay dos maneras de medir la adhesión a un paro. Si uno hace un torniquete a través de los medios de transporte, y a eso le agrega los piquetes, puede lograr una merma de la asistencia a los lugares de trabajo, pero que no tiene que ver con la adhesión voluntaria y consciente a la medida. Diferente a como lo hacíamos en la época de (Saúl) Ubaldini o durante la resistencia de la CTA al neoliberalismo, donde la adhesión significaba la valoración de la medida de fuerza.

–Los piquetes han formado parte de su experiencia de la CTA. ¿Qué ha cambiado ahora para cuestionarlos?

–El piquete fue la forma de lucha de los que habían perdido el trabajo; de los que no podían parar las fábricas de las que los habían expulsado y sufrían las políticas del menemismo. Y en ese momento la única alternativa era visibilizar la protesta de los excluidos ocupando las rutas. Hoy hay un gobierno que respeta el derecho de huelga, que garantizó fuentes de trabajo y que el sindicalismo pudiera crecer. Recurrir a la metodología del piquete es imponer autoritariamente, desde sectores absolutamente minoritarios, su propia voluntad a las mayorías. Y uno de los que convoca al paro, Luis Barrionuevo, fue adalid de las políticas del menemismo.

–¿Por qué la CTA no adhiere al paro?

–Algunos dirigentes sindicales, no lo digo por Barrionuevo que siempre fue coherente en su menemismo y su anti kirchnerismo, pero sí (Pablo) Micheli, el propio (Hugo) Moyano parecen víctimas de un ataque de amnesia. Este fue el gobierno que recuperó el sistema jubilatorio para el sector público, sancionó la ley de medios, terminó con las leyes de impunidad y avanzó en los juicios contra los genocidas, restituyó las paritarias libres, puso en práctica el Consejo del Salario Mínimo, implementó una reivindicación histórica de la CTA como la Asignación Universal por Hijo, la recuperación de YPF, la ley de refinanciamiento educativo que nos permitió destinar a la educación más del 6 por ciento del PBI, entre muchas otras cosas, como la recuperación de cinco millones de puestos de trabajo, que le permitieron al sindicalismo recuperar su fuerza, después de estar casi reducido a la mínima expresión. Es un paro contra natura que pretende entregarles el movimiento sindical a los grupos más poderosos del país. Va contra los intereses populares.

–Pero ellos insisten en que el paro no es político...

–Que este paro tenga el acompañamiento explícito de la Sociedad Rural, de los dueños de los grandes medios de comunicación, como el caso de (Héctor) Magnetto en Clarín y el diario La Nación, y cuente con el guiño del que pretende ser el (Henrique) Capriles de la Argentina, Sergio Massa, habla a las claras de que este paro va contra los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares. Es un paro que pretende enmascarar con algunas reivindicaciones legítimas el intento de revisar lo que fue el avance popular, para volver a las viejas políticas neoliberales.

–Una de las consignas del paro es el de “paritarias sin topes”. ¿Cree que el Gobierno le puso un techo a las negociaciones salariales?

–La mejor expresión de que las paritarias se dan en un marco de absoluta libertad fue el conflicto docente y el cierre sobre la base de lo que era la demanda del gremio, a pesar de la posición que sostuvo en un principio el sector patronal, representado por el Ministerio de Educación. Fueron 17 días de huelga en provincia de Buenos Aires, y el gremio docente alcanzó cifras que superaban el 30 por ciento, que consideramos una cifra razonable. No queremos discutir salarios por encima de un porcentaje que después perdemos en la remarcación de precios que promueven los grandes grupos económicos que quieren una nueva devaluación y que piensan que se pueden llevar puesto al Gobierno

–¿Y el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias?

–Todos sabemos que de acá a 20 días, cuando terminen de cerrar paritarias los gremios importantes, se va a producir la corrección como en 2013.

–¿Es una apreciación personal o información del gobierno?

–El jefe de Gabinete dijo ante el Congreso que es un tema que se tiene que revisar y sabemos que se está trabajando sobre eso. Y que vamos a avanzar sobre otro gran tema, que ni siquiera mencionan los que convocan al paro, que es el trabajo en negro, que sí es una asignatura pendiente.

–El metalúrgico Antonio Caló valoró más sostener las fuentes de empleo que conseguir un salario más alto. ¿Qué opina?

–Si persiste la crisis internacional, el mantenimiento de las fuentes de empleo se va a convertir en prioridad para los trabajadores de nuestro país. Esto no significa la imposición de salarios a la baja, con los que muchos empresarios especulan cuando están en juego fuentes de trabajo. Es vital y nosotros no podemos retroceder a las épocas del menemismo y de la Alianza donde teníamos cientos de miles de desocupados.

–Moyano dijo que no lo vio en la huelga docente y Micheli fingió no conocerlo. ¿Les respondería?

–Moyano, desde que le pidió perdón a Magnetto, no sé por qué, tiene un problema y es que se informa solo con Clarín, y ese medio ocultó el papel de la CTA en la lucha. Micheli no se olvidó de mí, sino de todo su pasado de lucha, como para llamar “Luisito” a Barrionuevo, la expresión del sindicalismo del que quisimos desembarazarnos cuando creamos la CTA.

el mal

Qué dios ciego, aburrido y apesadumbrado,
sentado en su desierto lo soñó.
Qué emperador descargó sobre sus súbditos y no
sus iras de napalm.

Marinos sobre un océano mudo, de alquitrán,
con espuma roja, pusieron proa hacia
nuestro mundo feliz y lo trajeron.
Uniformados de almidón, zombis, con
sus apellidos vacunos, trigos dorados
en sus sienes, jinetes sin cabezas,
atropellaron nuestra juventud.
Y lo trajeron.

Iinquisidores de las lágrimas de la virgen
en botellitas de plástico.
De los trocitos del madero que
parieron a Jesús, de la tierrita de Jerusalén
en cajitas, de las estampitas de los
mil santos de nylon y botox.
Lo traen.

Es como tener al diablo
jugando a las escondidas en
el cumpleaños de tu hijo.

GB

CONDENARON A DIEZ IMPUTADOS POR EL SECUESTRO DE MARITA VERON A PENAS DE ENTRE 22 Y 10 AÑOS Doce años después, llegó el día de la justicia

Por Soledad Vallejos

A doce años y cinco días de que sus padres, su marido y su hija vieran por última vez a Marita Verón, la Justicia tucumana dictó condenas de entre 22 y 10 años para diez responsables de su secuestro y explotación sexual. Desde la tarde de ayer, dos personas deben cumplir 22 años de prisión como coautores y otras ocho entre 22 y 10 años por haber sido encontradas partícipes necesarios con diferentes grados de responsabilidad. El tribunal leyó las sentencias poco después de las 14.30 ante una sala colmada, en la que escuchaban Susana Trimarco y su hijo Horacio, hermano de Marita. Para los mellizos José “Chenga” y Gonzalo “Chenguita” Gómez, la Justicia dictó 22 años de prisión por considerarlos coautores de “retención y ocultamiento agravado (...) para el ejercicio de la prostitución”; para Daniela Milhein y su ex pareja, Alejandro González, también considerados coautores, 18 años. Para los demás seis condenados, considerados todos partícipes necesarios, las penas difirieron: a Carlos Luna y el ex policía Pascual Andrada, les correspondieron 17 años; a María Azucena “doña Claudia” Márquez, 15; a Humberto Derobertis, 12; a Mariana Natalia Bustos y Paola “doña Patricia” Gaitán, 10. Al fin de la audiencia, Trimarco dijo estar “conforme” porque “encontramos un poco de paz para mi hija, además de justicia para esas otras chicas a las que estos delincuentes les hicieron tanto daño”. Hasta último momento, agregó Trimarco, hasta el fin mismo de la audiencia en la que finalmente la Justicia provincial dictó condenas por el caso que volvió visible la trata de personas de Argentina, ella abrigó una expectativa. “Esperaba un grito que diga dónde está, esperaba que digan ‘búsquela en tal lado’”, contó. Por eso la madre de Marita advirtió que el fallo cierra una etapa, pero no termina la búsqueda: “Seguiremos peleando hasta que sepamos qué hicieron con mi hija”.

“Estas condenas dan un final a algo que costó sangre, sudor y lágrimas. No hay nadie contento y alegre, pero esto da la tranquilidad espiritual de que Susana demostró judicialmente que lo que ella denunciaba era verdad, que no era una novela ni nada de lo que decían. Y para nosotros es una reivindicación profesional. Una cosa es que te ganen un partido, otra que te lo roben, y nosotros en 2012 tuvimos la sensación de que nos robaron el juicio”, reflexionó en diálogo con Página/12 José D’Antona, abogado de la querella junto con Carlos Garmendia.

Entre el fin de la audiencia y la primera hora de la noche, nueve de los condenados fueron trasladados para cumplir prisión preventiva, mientras que la décima condenada fue conducida a una casa en la que cumplirá prisión domiciliaria al menos durante los siguientes quince días. Al terminar la lectura de las condenas, el secretario del tribunal, Carlos Lix Klett, informó que los fundamentos de los jueces Emilio Páez de la Torre, Dante José Ibáñez y Juana Juárez serán dados a conocer el jueves 24 de abril.

Con el dictado de penas en la audiencia, el tribunal completó lo iniciado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en 2013, cuando revisó el fallo absolutorio dictado en 2012 por los camaristas Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina (ambos, hoy en camino a la jubilación) y Eduardo Romero Lascano. En diciembre del año pasado, el máximo tribunal se sirvió de las mismas pruebas, las mismas declaraciones y los mismos testimonios evaluados el año anterior, y entendieron que esos materiales eran lo suficientemente “contundentes” como para condenar a 10 de los 13 imputados que llegaron a aquel debate oral. Las tres excepciones tuvieron diferentes motivos: Lidia Irma “Mamá Lili” Medina, madre de los mellizos Gómez y presunta cabecilla de la red de prostíbulos riojanos, falleció en febrero de 2013, en prisión, donde se encontraba por otra causa; en cuanto a los hermanos María Jesús y Víctor Rivero, en cambio, acusados por la autoría intelectual y efectiva del secuestro de Marita, respectivamente, la Corte entendió que no había más que “sospecha desprovista de la certeza necesaria” para considerarlos responsables.

La audiencia de ayer transcurrió en dos partes. Por la mañana, luego del breve alegato en el que la condenada Mariana Natalia Bustos se declaró inocente, el tribunal pasó a un cuarto intermedio para deliberar. Pasadas las 14, acusados, fiscalía y querella volvieron a ingresar en la sala para escuchar la decisión de los jueces. Los fiscales Manuel López Rougés y Carlos Sale habían pedido 25 años de prisión para los mellizos Gómez, Natalia Milhein y Alejandro González, algo en lo que habían coincidido los abogados de Trimarco. Para los restantes seis condenados, la querella había solicitado 24 años, por considerar que sus responsabilidades eran similares, al tener roles intercambiables en la estructura dedicada a la trata y la explotación de la que fue víctima Marita. En cambio, la fiscalía había pedido 20 años para Luna, Márquez, Bustos y Andrada, y 15 para Gaitán y Derobertis.

El tribunal optó por condenas levemente menores en todos los casos.

Antes de la audiencia, los defensores de los condenados habían advertido que recurrirían las condenas. En ese caso, contarán con dos instancias: un recurso de casación ante la Corte Suprema provincial y, luego, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación.

svallejos@pagina12.com.ar

› ALLANARON LAS OFICINAS DEL DIARIO LA NUEVA PROVINCIA DE BAHIA BLANCA Tras los cómplices civiles

La Unidad Fiscal de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos allanó las oficinas comerciales y el archivo del diario en busca de más pruebas de su complicidad con el terrorismo de Estado, en la causa que involucra a su director, Vicente Massot.

› Por Diego Martínez

La Unidad Fiscal de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca allanó ayer durante más de once horas las oficinas comerciales y el archivo del diario La Nueva Provincia, investigado por su participación en el terrorismo de Estado. La medida la ordenó el juez federal Alvaro Coleffi, quien delegó la tarea en el equipo de trabajo que encabezan los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani. Los representantes del Ministerio Público secuestraron, entre otros materiales, los legajos personales de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados gremiales y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas secuestrados, torturados y asesinados luego de encabezar durante sus últimos años de vida la representación de sus compañeros ante el multimedio que conducía Diana Julio de Massot, quien murió impune en 2009.

“Estamos conformes con el resultado de la medida, secuestramos mucho material que ahora deberemos analizar”, declaró Nebbia a Página/12. El fiscal aclaró que “este material viene a engrosar un abundante cúmulo de pruebas que ya existía y que es suficiente para detener, procesar, llevar a juicio oral y condenar a Vicente Massot”. El actual director de La Nueva Provincia fue el interlocutor designado por su mamá en septiembre de 1975 para ocuparse del “trato con el personal”, al que representaban Heinrich y Loyola, a quienes un informe sobre “guerrilla sindical” en LNP, armado por inteligencia de Prefectura, decidió “ralear” poco antes de los crímenes. Massot, profesor de historia en la Universidad Católica Argentina, tiene prohibido salir del país y está citado a prestar declaración indagatoria el próximo jueves 24 de abril a las 8.15 de la mañana.

Los fiscales habían pedido el allanamiento en mayo del año pasado, cuando imputaron a los directivos del diario como coautores de los asesinatos de los delegados y como auxiliares de la inteligencia militar en las operaciones de acción psicológica desplegadas por el Ejército y la Armada. La imputación incluía a Diana Julio y a su hijo Federico Massot, ambos fallecidos, y al ex secretario de redacción Mario Gabrielli, que murió meses después. El juez federal subrogante Santiago Martínez sostuvo entonces que las pruebas no permitían siquiera hablar “de algún grado de complicidad” de los Massot con la dictadura, los desligó de cualquier delito, pero insólitamente autorizó al Ministerio Público a allanar el diario. Nebbia y Palazzani descartaron esa alternativa en base a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que establece que es inconstitucional “ir a la pesca” de pruebas, máxime en un medio de comunicación, ya que el acto hubiera sido nulo y habría puesto en riesgo toda la causa. Desde entonces y hasta ayer mismo, La Nueva Provincia y su satélite “La Brújula 24” machacaron sobre la “inexplicable” negativa del Ministerio Público, ocultando a sus lectores el verdadero motivo y rumiando bronca por el palito que los fiscales no pisaron.

La Cámara Federal de Bahía Blanca se tomó luego un semestre para reflexionar e ideó una original maniobra para no ordenar la indagatoria: sostuvo que Massot se había presentado cuando el Tribunal Oral Federal ordenó investigar a los directivos del diario y entonces tenía derecho a hacer una “declaración espontánea”, que en rigor Massot nunca había pedido. El 18 de marzo el juez Coleffi lo escuchó durante dos horas y de inmediato ordenó el secreto de sumario. Los fiscales, luego de escuchar al acusado sin poder hacer preguntas y ante las nuevas condiciones jurídicas y fácticas, reiteraron el pedido de allanamiento al diario, ubicado frente al plaza principal de Bahía Blanca, que finalmente se concretó ayer.

El operativo comenzó a las 8.45 y se prolongó durante más de once horas. Nebbia y Palazzani encabezaron un equipo de siete personas a quienes acompañaron uniformados de Gendarmería. Tal como ordenó el juez Coleffi y para respetar todas las garantías del empresario, a poco de ingresar se solicitó la presencia del abogado de Massot, su cuñado Rubén Diskin, quien defendió en los ’80 al general Adel Vilas y defiende al prófugo coronel Aldo Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V. Diskin y el contador Mario Marra, gerente administrativo y mano derecha de los patrones, siguieron atentos todos los pasos de la delegación judicial.

Además de los legajos de los empleados asesinados, los fiscales secuestraron diversos materiales sobre el período 1974-1983, al que acotó la búsqueda el juez. El allanamiento incluyó no sólo el archivo administrativo y fotográfico sino también los talleres donde trabajaban Heinrich y Loyola y las oficinas de la dirección donde Diana Julio recibía en plena dictadura a los principales iconos del terrorismo de Estado. El material que los gendarmes trasladaron a la fiscalía y que ahora deberá estudiar la Procuración incluye actas de la empresa, liquidaciones de haberes, legajos de trabajadores, materiales sobre giros comerciales, archivos digitales, parte de la colección del diario y fotos de coberturas de actos militares que podrían permitir identificar a más represores. El material, tal como indicaron los fiscales al pedir el allanamiento, busca también poder “reconstruir la integración real del grupo de personas que conducía y participaba de la toma de decisiones del diario en esa época”.

diemar75@gmail.com

Página 12

Doce años después, llegó el día de la justicia

Por Soledad Vallejos

A doce años y cinco días de que sus padres, su marido y su hija vieran por última vez a Marita Verón, la Justicia tucumana dictó condenas de entre 22 y 10 años para diez responsables de su secuestro y explotación sexual. Desde la tarde de ayer, dos personas deben cumplir 22 años de prisión como coautores y otras ocho entre 22 y 10 años por haber sido encontradas partícipes necesarios con diferentes grados de responsabilidad. El tribunal leyó las sentencias poco después de las 14.30 ante una sala colmada, en la que escuchaban Susana Trimarco y su hijo Horacio, hermano de Marita. Para los mellizos José “Chenga” y Gonzalo “Chenguita” Gómez, la Justicia dictó 22 años de prisión por considerarlos coautores de “retención y ocultamiento agravado (...) para el ejercicio de la prostitución”; para Daniela Milhein y su ex pareja, Alejandro González, también considerados coautores, 18 años. Para los demás seis condenados, considerados todos partícipes necesarios, las penas difirieron: a Carlos Luna y el ex policía Pascual Andrada, les correspondieron 17 años; a María Azucena “doña Claudia” Márquez, 15; a Humberto Derobertis, 12; a Mariana Natalia Bustos y Paola “doña Patricia” Gaitán, 10. Al fin de la audiencia, Trimarco dijo estar “conforme” porque “encontramos un poco de paz para mi hija, además de justicia para esas otras chicas a las que estos delincuentes les hicieron tanto daño”. Hasta último momento, agregó Trimarco, hasta el fin mismo de la audiencia en la que finalmente la Justicia provincial dictó condenas por el caso que volvió visible la trata de personas de Argentina, ella abrigó una expectativa. “Esperaba un grito que diga dónde está, esperaba que digan ‘búsquela en tal lado’”, contó. Por eso la madre de Marita advirtió que el fallo cierra una etapa, pero no termina la búsqueda: “Seguiremos peleando hasta que sepamos qué hicieron con mi hija”.

“Estas condenas dan un final a algo que costó sangre, sudor y lágrimas. No hay nadie contento y alegre, pero esto da la tranquilidad espiritual de que Susana demostró judicialmente que lo que ella denunciaba era verdad, que no era una novela ni nada de lo que decían. Y para nosotros es una reivindicación profesional. Una cosa es que te ganen un partido, otra que te lo roben, y nosotros en 2012 tuvimos la sensación de que nos robaron el juicio”, reflexionó en diálogo con Página/12 José D’Antona, abogado de la querella junto con Carlos Garmendia.

Entre el fin de la audiencia y la primera hora de la noche, nueve de los condenados fueron trasladados para cumplir prisión preventiva, mientras que la décima condenada fue conducida a una casa en la que cumplirá prisión domiciliaria al menos durante los siguientes quince días. Al terminar la lectura de las condenas, el secretario del tribunal, Carlos Lix Klett, informó que los fundamentos de los jueces Emilio Páez de la Torre, Dante José Ibáñez y Juana Juárez serán dados a conocer el jueves 24 de abril.

Con el dictado de penas en la audiencia, el tribunal completó lo iniciado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en 2013, cuando revisó el fallo absolutorio dictado en 2012 por los camaristas Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina (ambos, hoy en camino a la jubilación) y Eduardo Romero Lascano. En diciembre del año pasado, el máximo tribunal se sirvió de las mismas pruebas, las mismas declaraciones y los mismos testimonios evaluados el año anterior, y entendieron que esos materiales eran lo suficientemente “contundentes” como para condenar a 10 de los 13 imputados que llegaron a aquel debate oral. Las tres excepciones tuvieron diferentes motivos: Lidia Irma “Mamá Lili” Medina, madre de los mellizos Gómez y presunta cabecilla de la red de prostíbulos riojanos, falleció en febrero de 2013, en prisión, donde se encontraba por otra causa; en cuanto a los hermanos María Jesús y Víctor Rivero, en cambio, acusados por la autoría intelectual y efectiva del secuestro de Marita, respectivamente, la Corte entendió que no había más que “sospecha desprovista de la certeza necesaria” para considerarlos responsables.

La audiencia de ayer transcurrió en dos partes. Por la mañana, luego del breve alegato en el que la condenada Mariana Natalia Bustos se declaró inocente, el tribunal pasó a un cuarto intermedio para deliberar. Pasadas las 14, acusados, fiscalía y querella volvieron a ingresar en la sala para escuchar la decisión de los jueces. Los fiscales Manuel López Rougés y Carlos Sale habían pedido 25 años de prisión para los mellizos Gómez, Natalia Milhein y Alejandro González, algo en lo que habían coincidido los abogados de Trimarco. Para los restantes seis condenados, la querella había solicitado 24 años, por considerar que sus responsabilidades eran similares, al tener roles intercambiables en la estructura dedicada a la trata y la explotación de la que fue víctima Marita. En cambio, la fiscalía había pedido 20 años para Luna, Márquez, Bustos y Andrada, y 15 para Gaitán y Derobertis.

El tribunal optó por condenas levemente menores en todos los casos.

Antes de la audiencia, los defensores de los condenados habían advertido que recurrirían las condenas. En ese caso, contarán con dos instancias: un recurso de casación ante la Corte Suprema provincial y, luego, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación.

svallejos@pagina12.com.ar

TRES PROCESADOS POR LA FUGA DE UN REPRESOR “Favorecimiento doloso de evasión”

Por Ailín Bullentini

Tres agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fueron procesados ayer por la fuga del represor Alejandro Lawless, ocurrida a fines del año pasado cuando era trasladado al Palacio de Tribunales. El juez federal Norberto Oyarbide procesó a los efectivos Guillermo Schweizer, Héctor Quinteros y Gastón Diego Hoz D’Vila por “favorecimiento doloso de evasión de un detenido en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, un delito penado con menos de cuatro años de prisión. No obstante, los procesamientos fueron apelados, por lo que la situación de los efectivos está en manos de la Cámara Federal.

Lawless, quien aún permanece prófugo, se escapó el mediodía del 12 de noviembre de 2013 minutos antes de ingresar en el Palacio de Tribunales. Hasta allí había sido trasladado por Quinteros y D’Vila, por orden de Schweizer. El procesamiento de los tres está basado en una “cadena de irregularidades” que envolvió esa maniobra, informaron desde el juzgado de Oyarbide, que incluyó la participación de pocos efectivos en la tarea, la utilización de un móvil inapropiado y la ausencia de esposas en el hombre acusado de haber tenido participación en el terrorismo de Estado.

No obstante, desde Tribunales descartaron haber avanzado en hipótesis que permitan vislumbrar posibles móviles del accionar de los efectivos.

El represor, de 66 años, está procesado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. Por orden del Tribunal Oral Federal bahiense y con miras de mantenerlo bajo el régimen de prisión preventiva hasta el juicio oral que analizará su responsabilidad en tales crímenes, fue retenido en la comisaría 49ª, donde debía presentarse periódicamente tras haber permanecido prófugo durante 2010. Luego fue trasladado a la unidad de la fuerza aeroportuaria en el Aeroparque Jorge Newbery y desde allí, por orden de Schweizer, partió una camioneta con él y los otros dos efectivos que ayer fueron finalmente procesados por Oyarbide. Testigos del hecho contaron que, al llegar al edificio judicial de donde sería llevado hacia Bahía Blanca, Law-less se bajó solo del vehículo y se fue corriendo por Lavalle, sin que nadie pudiera atraparlo.

Schweizer, Quinteros y D’Vila fueron desplazados de la PSA aquel mismo día. Un mes después, fueron llamados por el juzgado de Oyarbide para que dieran su versión de los hechos. Entonces, el delito por el que se los indagaba era el de “incumplimiento de deberes de funcionario público y facilitación de evasión”, pero luego el análisis de los elementos determinó el cambio de acusación, informaron fuentes judiciales. En paralelo, Oyarbide dictó la captura internacional del represor. Ayer mismo, los procesamientos fueron apelados, con lo cual la situación de los tres miembros de la PSA quedó en manos de la Cámara Federal.

Lawless se escapó tres meses después de que lo hicieran, en circunstancias similares, los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi. Ya condenados por la comisión de violaciones a los derechos humanos en San Juan, ambos se fugaron del Hospital Militar Cosme Argerich. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación mantiene vigentes sus búsquedas, de la misma manera que lo hace con el resto de los prófugos acusados de cometer delitos de lesa humanidad, y las recompensas a todo aquel que pueda aportar datos para dar con sus paraderos. En el caso de Lawless, quien pueda aportar información para encontrarlo podrá cobrar hasta 500 mil pesos.

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