Massa, Macri, Mitre y la seguridad: la síntonía entre los políticos reaccionarios y el rol de los medios.
El periodista Daniel Tognetti le recordó al intendente porteño que la tasa de homicidios de la Ciudad de Buenos Aires es de 5,5 cada 100 mil habitantes (según el último informe de la Corte Suprema), mientras que 4,7 es la de la ciudad de San Francisco (EE UU), a la sazón actual paradero de su hija. La diferencia, un homicidio menos por año sobre igual cantidad de habitantes. Sin embargo y conforme las estadísticas del Programa Reporte Unificado de Crímenes (FBI), en 2012 la tasa de homicidios allí fue de 8,4 cada 100 mil habitantes, la más elevada desde 2008 y poco menos que el doble de la porteña. Mauricio está tranquilo porque su hija no vive en la ciudad que administra. Como se verá en esta nota, y más allá de haberla mudado a una de las ciudades más peligrosas de EE UU, la evolución de los delitos en la CABA en el último lustro le da toda la razón. Pero ojalá fuera lo más grave. En sintonía con la gran prensa y políticos neoliberales de su tipo, el líder del PRO justifica y fomenta el vigilantismo, nefasta práctica que como se verá incluso conduce a un incremento de la tasa de homicidios –con fuerte condimento xenófobo y racial– allí donde se verifica.
Macri y el exponencial incremento de los delitos en la CABA. Según informa la Dirección de Estadística y Censos porteña, los delitos informados por las fiscalías con competencia en lo Criminal y Correccional con asiento en la CABA aumentaron drásticamente entre 2009 y 2011, pasando de 208.242 a 235.568 (13,1%). La proyección para 2012 (datos aún provisorios) arrojaría casi idéntica cantidad de casos que 2011, el peor después de 2008, con 237.006 delitos. Cabe señalar que dicho año –el primero de las dos administraciones macristas– fue además el más inseguro de todos. En cuanto a los delitos ingresados a las fiscalías del Fuero Contravencional, Penal y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, el salto fue aún mayor: de 7.983 a 21.946 (un 175%). Claro que los funcionarios de Mauricio y autores de estas estadísticas, tienen siempre a mano, cuando no, el recurrente y tradicional argumento salvador: explican en el mismo documento que "el significativo aumento del volumen de delitos penales ingresados a las fiscalías de la Ciudad desde el año 2008" obedece al "traspaso progresivo de competencias penales desde la Justicia Nacional". En otras palabras y una vez más, la culpa es del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Estado de California. Tiene 38.041.430 habitantes. El lugar de residencia de la hija del intendente porteño, se ubica en la mitad del ranking de los Estados más inseguros de EE UU, a su vez, país entre los más inseguros del continente americano. En 2012, la tasa de homicidios registrada allí fue de 4,7, mientras que 5 la de California. En cantidad de casos, unos 1884 asesinatos en el año. California participó en 2012 con el 12,7% del total de asesinatos registrados en EE.UU.. Para el Instituto de Políticas Públicas de California (datos a diciembre de 2013) el crimen allí se incrementó entre 2011 y 2012, de un mínimo histórico de 2.999 a 3.179 cada 100 mil habitantes. Por su parte, la tasa de crímenes violentos aumentó a 422 cada 100 mil habitantes (387 promedio nacional), posicionándose 16 entre los 50 estados de la Unión. Asimismo, el número de crímenes contra la propiedad se incrementó entre 2011 y 2012 un 7,6%.
Pena de muerte, una pequeña introducción. ¿Será porque el Estado de California ejecuta a condenados que Mauricio envió a su hija a estudiar allí? A propósito, ¿cómo incide tan nefasta práctica en los índices de criminalidad? Mal que les pese a los "mano dura" argentinos, la pena de muerte en California no neutralizó el incremento de todos los indicadores de criminalidad y violencia mencionados en el apartado anterior. Según la prestigiosa ONG estadounidense "Centro de Información sobre la Pena de Muerte" (fundada en 1990), entre 1991 y 2012 no hubo un solo año en el que la tasa de homicidio promedio entre los estados que aplican la pena capital fuera inferior a igual tasa para los que no la aplican. En 2012, para citar el último año con cifras disponibles, el promedio para los primeros fue 4,7 contra 3,7 para los segundos. Del 2003 a esta parte, la diferencia incluso promedió el 30% a favor de los que ejecutan como pena suprema.
Pena de muerte, homicidios y linchamiento. En EE UU ha sido siempre tema de exhaustiva investigación (y enconado debate) encontrar los motivos por los cuales los estados sureños ostentan desde hace más de una década los peores índices de homicidio a nivel país. ¿Clima, pobreza, analfabetismo, tradición histórica, pena de muerte? Pues bien, unos años atrás se sumó una cuarta explicación, hasta ahora entre las más categóricas: el linchamiento. Se trata del trabajo publicado en la revista American Sociological Review en 2005, titulado "El legado del linchamiento y el homicidio sureño". Su autor, Steven F. Messner de la Universidad de Albany, demuestra contundentemente la alta correlación existente entre los Estados con las mayores prácticas históricas de linchamiento y los Estados que en la actualidad cuentan con los índices más elevados de homicidio (los sureños). En igual dirección, un segundo trabajo científico publicado en la misma revista y en igual año titulado "Vigilantismo, amenaza racial y sentencias de muerte", comprueba que los Estados con la mayor cantidad de ejecuciones por pena de muerte (blancos y afroamericanos) son también los Estados con la mayor cantidad de casos de linchamiento a lo largo de su historia. Esta relación, según confirmaron los autores, se intensificaba al analizar las sentencias de muerte en casos de afro-americanos. No se puede estar más de acuerdo con las conclusiones de la investigación: "la pena capital se ha transformado en el remplazo legal de los linchamientos".
Medios y linchamientos: del KKK a La Nación. Podríamos agregar a los trabajos citados uno más: "La prensa y los linchamientos de afroamericanos" (Journal of Black Studies - Enero de 2000), notable y altamente recomendable investigación del Profesor Richard M. Perloff de la University de Cleveland. Se trata, como sus autores destacan, del primero en analizar cómo la gran prensa estadounidense cubrió la epidemia de linchamientos que afectó a la nación entre 1880 y primeras décadas del siglo XX (aunque los casos se prolongaron hasta 1968, con un pico en 1930). El Sur, una vez más, fue testigo de los mayores asesinatos. Siete y hasta ocho de cada 10 víctimas fueron afroamericanos. Perloff compila una frondosa cantidad de artículos periodísticos sobre los distintos linchamientos. Salvo honrosas excepciones, la prensa los cubría con lujo de detalles, tildando despectivamente a la víctima de "Negro" y sugiriendo que el acusado (por los linchadores) era culpable de los crímenes cometidos. El denominador común, nos explica Perloff, es la ausencia de denuncia del asesinato o del intento de asesinato por parte de la ciudadanía involucrada. Dice La Nación en editorial del pasado domingo 6: "El inadmisible fenómeno de las golpizas de vecinos a delincuentes tiene su origen en la ausencia de una política de Estado para combatir el delito". ¿Cómo sabe el editorialista que eran delincuentes? ¿Acaso llevaban en la frente ese veredicto firmado por la justicia? Luego agrega: "El Estado se retiró de las calles cediéndoselas a los delincuentes... Es lógica, entonces, la sensación de indefensión que padecen los ciudadanos... Si el gobierno no reacciona y sigue optando por permitir el reinado del delito, la sociedad no puede convertirse en su cómplice (¡sic!)...". Cómo destaca Perloff en su trabajo, las prácticas de linchamiento deben ser denunciadas lisa y llanamente, evitando todo argumento que las justifique. La Nación no las denuncia sino que las promueve, dando a entender paralelamente que todos los "linchados" son delincuentes, olvidando que la potestad de determinar la culpabilidad o inocencia es potestad de la justicia.
La Triple M. En sintonía con Massa y Macri, los medios reaccionarios respaldan los recientes casos de vigilantismo, esto es, de ciudadanos que se erigen en jueces y verdugos, castigando con la muerte, tortura o golpiza a supuestos delincuentes. Por su parte, lo más avanzado de la sociología estadounidense ha encontrado una relación directa entre los Estados y condados (del propio EE UU) con las mayores tasas de asesinatos (crímenes letales) y aquellos con el mayor historial de casos de linchamiento, a su vez, práctica altamente fomentada por la prensa. Massa, Macri y Mitre (la Triple M), trátase en definitiva de una vieja práctica de la oligarquía argentina: desconocer las leyes, la Constitución Nacional, las instituciones, la paz popular, el Estado de derecho... ¡el Estado! No sólo pretenden reproducir en la Argentina el accionar del neoliberalismo venezolano que hoy por hoy padecen pueblo bolivariano y gobierno de Maduro por igual, sino también reeditar la anarquía social, la xenofobia, el racismo y el asesinato en masa que caracterizaron a los estados sureños de EE UU entre 1880 y 1930. El Código Penal de California en capítulo "Crímenes contra la Paz Pública" define al linchamiento como la "extracción deliberada por parte de una revuelta popular de cualquier persona bajo custodia policial". Se pena con 2 a 4 años de cárcel. La reforma de nuestro Código debe penar severamente a los instigadores de tan brutales prácticas contra la civilidad, la democracia, la justicia y la paz social.
Infonews
A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
jueves, 10 de abril de 2014
El ambiguo lugar social de la niñez Por Jorge Garaventa*
La foto de Ricardo Mollo y la niña llorando en sus brazos estalló en las redes. El músico denunció que la niña fue abandonada por su padre, dormida en el automóvil, para poder ir al recital. Por eso arremetió con ella en brazos, contra todos los presentes. ¿Quién es el animal…? refiriéndose al progenitor. Por más sensiblera y repetitiva que parezca la referencia, vamos a plantearla igual: si hay algo en lo que el mundo animal descuella, es en el celoso cuidado de sus crías. Pero se entiende, que Mollo, en su indignación extrema, haya vomitado lo primero que se le cruzó por la boca. La aparición del padre de la niña, el sermón público y los insultos masivos del grueso de los asistentes completaron el cuadro. La disputa posterior, a través de los medios entre la madre y el padre de la niña acerca de quién de los dos la había abandonado menos, fue el fileteado perverso con el que se cerró el capítulo. Nunca supimos, y probablemente tampoco sabremos, cómo terminó el asunto ya que, si no hay una importante dosis de espectacularidad y perversión, el tema ya carece de interés para los medios masivos y sus lectores.
La imagen emocionó hasta las lágrimas a las almas sensibles y bien intencionadas, y sin embargo la forma en que se fue resolviendo el imprevisto está lejos de ser la más adecuada ya que se terminó sobreexponiendo a la niña. Esta referencia está lejos de ser una crítica destructiva ya que, instalada la sorpresa, cada quién reacciona de acuerdo a lo que su espontaneidad le responde.
Desde la derogación formal de la llamada ley de patronato, en el año 2005, que obligaba al “cuidado” del niño y en virtud de lo cual se establecían políticas de “protección” extrema, rige la de “Protección Integral de la Niñez”, nacida de la proclama que caracteriza al niño como “Sujeto de Derechos”. El cumplimiento a rajatabla de dicha legislación pondría en el eje de acciones y decisiones “el interés superior del niño”, pero el recorrido de las políticas de niñez nos muestra que, como decimos a menudo, si no hay un cambio en la cabeza de quienes tienen que velar por crear las condiciones de su aplicabilidad, cualquier legislación, por moderna que sea, es letra muerta.
Seríamos injustos si dijéramos que nada cambió, pero más injustos aún si no planteáramos en su verdadera magnitud la situación de gran parte de la niñez. Lo que desde hace años venimos denominando “educación golpeadora” ha cambiado de status. Ya no es la ostentación pública del maltrato sino la vergonzante, la que se realiza intramuros pero que cuando se filtra se la justifica rápidamente en función del ya convocado “interés superior del niño”, a partir de lo cual, un logro social y legislativo es finalmente banalizado para ser expresión de “más de lo mismo”.
La más moderna legislación sobre el tema enfatiza la necesidad de darle valor y espacio a la palabra del niño, lo cual implica, ni más ni menos, que credibilidad. Muchos jueces y juezas que basan sus fallos en la necesidad de entender que las leyes son letra viva sujetas a revisión desde la conciencia judicial, no vacilan en ponerse literales a la hora de establecer que pasa alrededor de un niño y deciden audiencias revictimizantes con el fin de “escuchar su palabra, como marca la ley”. Cuesta muchas veces mantener la paciencia frente a esos grandulones; jueces, fiscales, abogados, dispuestos a lanzarse en bravías desmentidas contra el testimonio infantil.
Aguardamos desesperanzados que se adopte y se cumpla en todo el país la llamada “Ley Rozanski”, así bautizada en alusión a su redactor, el honorable presidente de la Cámara del Crimen de la provincia de Buenos Aires. Dicho instrumento establece que el niño sea entrevistado una sola vez por un psicólogo destinado a tal efecto, y que dicha declaración sea la que recorra todo el trayecto del juicio.
Aún nos dura el asombro por la actuación de un fiscal que llamó a declarar a un niño de 5 años que había robado un juguete a otro de su misma edad en la escuela y fue denunciado por el padre de la “víctima”. Ante el repudio generalizado, incluso en el Poder Judicial, el funcionario adujo que no se trataba de otra cosa que escuchar la palabra del niño, tal como lo obligaba la letra de la ley.
Si bien el ejemplo es grosero, tropezamos cada día sin sutilezas de la mas variada inventiva al servicio del ninguneo de la palabra de los más pequeños. No viene al caso en este escrito pero hasta cuadros psicológicos psiquiátricos se han inventado tratando de obturar el decir y la escucha.
Algunas palabras en referencia al comienzo para que no parezca descontextuado. La escena en cuestión es paradigmática. Mollo enarbola en el escenario a una niña en llanto desesperado. Un acto innecesario de sobreexposición. La niña fue abandonada en un automóvil, aparentemente por el padre, pero luego del duelo mediático entre ambos ya no importa por quién. No pudieron bajarle el tono a sus disputas ni a la diversión que cada uno se planteaba. Ergo, la niña fue depositada como un paquete mientras el papá se iba a una fiesta y la mamá a otra. La disputa era por ver quien era más fuerte y no se quedaba con ella.
El desafío es poder pensar la niñez desde su realidad extensa.
Los medios masivos pivotean, como formadores de opinión, en torno a dos cuestiones: la falta de límites por un lado, y el crecimiento del delito infanto-juvenil, por otro. Solo temporalmente retratan a la niñez victimizada: cuando es “sujeto” de tapa, y mientras dure la sensibilidad social. Será tema a retomar en otro momento, pero recalquemos: los medios, más que informar, forman, y mas que formar, uniforman, o al menos intentan, que el pensamiento social dominante y hegemónico sea el de los grupos de poder a los que representan. Es lógico que así sea, y por eso es aún más lógico entonces que se establezcan desde el Estado, políticas y legislaciones que apunten a garantizar la voz de los silenciados.
Volvamos a lo nuestro. Aún en los años más felices se puede descubrir un poco de polvo debajo de la alfombra. Nos maravillamos con aquel slogan que martillaba que “los únicos privilegiados son los niños”, un decir que en ese caso casi excepcional, iba acompañado de políticas públicas que aún hoy rinden dividendos. Pero hoy, que ya iniciamos el camino de retorno podemos mirar entre los pliegues. Y aunque nada le quita méritos a las acciones justicialistas de la década del cincuenta, acordemos que no estamos hablando de privilegios sino de dar a los niños lo necesario para el ejercicio pleno de sus derechos.
Si volvemos a nuestros días no nos queda más que preguntarnos ¿Cómo fue? ¿Cuándo? ¿Cómo es que la sociedad necesita leyes de protección integral de la niñez? Volvemos a la pregunta de Mollo y el animal. Es que si pensamos en términos de slogans, podemos proclamar la felicidad de los niños, en la marquesina, y por detrás del cortinado armarles el más cruel de los calvarios.
Hemos padecido el horror de la sustracción y matanza de niños para castigar al otro en el marco de conflictos de pareja, pero lo que agrega un plus de preocupación es cuando la Justicia, que debe señalar el camino de la prudencia, en el fuero familiar, imita y agrava los métodos de la selva civil, ordenando operativos reñidos con lo mas justo, pero sobre todo con los tratados internacionales que nuestro país ha suscripto y que tienen, por ende, status constitucional.
Tal vez, no estamos seguros, han quedado atrás las épocas en que se ordenaba a las administraciones provinciales esconder la data de las desnutriciones infantiles, pero el maltrato es tan amplio y generalizado que lo que sirve para tapar el cuello destapa las piernas desnudas.
Solemos jactarnos en foros internacionales de tener las leyes más avanzadas en términos de educación y niñez. Entonces nos encontramos con que proclamamos que garantizamos la educación integral desde la niñez hasta la adolescencia, hasta que tropezamos con la escandalosa falta de vacantes que nos hace estallar el orgullo en pedazos y los encierra en containers y aulas de cartón.
Cuando la niñez ha sido castigada hallamos una adultez con rencores y venganzas pendientes, u hombres y mujeres con la felicidad astillada.
Alguna vez Jean Piaget se dio cuenta que para entender al adulto debía primero estudiar sistemáticamente la psiquis del niño. Nunca volvió. Su larga vida no le alcanzó para cerrar la tarea pero sí para sellar la importancia de una infancia feliz, o al menos atendida, escuchada y respetada. Freud y tantos otros enfatizaron lo mismo.
Los niños y las niñas no son hombres y mujeres en pequeña escala. Son niños que merecen vivir la vida de niños. No podemos todo, pero seguramente mucho. No nos gusta, lo decimos a cada rato, la sociedad que nos toca vivir. Tal vez, atendiendo a la niñez como corresponde es la forma más efectiva de cerrar el círculo de la condena.
Dice el cantante que la niña se aferró a él y no lo quería soltar…es lógico…de donde vino no era bueno, hacia donde iba tampoco, aunque ambos, origen y destino, fueran lo mismo. Pasado el show y no habiendo intervención institucional alguna, la niña ha vuelto a su hábitat cotidiano a seguir jugando su destino de desecho entre dos adultos que no saben que hacer con “eso” que engendraron.
Esa es la vida de mucha infancia que, apenas en años comenzará a vomitar hacia la sociedad los efectos del abandono y el destrato con que la criaron…o no, pero la probabilidad es alta y el poder punitivo está siempre atento a proteger al sistema social de sus propios productos. Decíamos que tal vez no, porque los hay quienes transcurren sus vidas en el contexto del sinsentido, la anomia y la autoagresión. Los menos, transitan una “normalidad” costosa.
*Psicólogo
La Tecl@ Eñe Revista Digital de Cultura y Política
http://lateclaene6.wix.com/revistalateclaene
La imagen emocionó hasta las lágrimas a las almas sensibles y bien intencionadas, y sin embargo la forma en que se fue resolviendo el imprevisto está lejos de ser la más adecuada ya que se terminó sobreexponiendo a la niña. Esta referencia está lejos de ser una crítica destructiva ya que, instalada la sorpresa, cada quién reacciona de acuerdo a lo que su espontaneidad le responde.
Desde la derogación formal de la llamada ley de patronato, en el año 2005, que obligaba al “cuidado” del niño y en virtud de lo cual se establecían políticas de “protección” extrema, rige la de “Protección Integral de la Niñez”, nacida de la proclama que caracteriza al niño como “Sujeto de Derechos”. El cumplimiento a rajatabla de dicha legislación pondría en el eje de acciones y decisiones “el interés superior del niño”, pero el recorrido de las políticas de niñez nos muestra que, como decimos a menudo, si no hay un cambio en la cabeza de quienes tienen que velar por crear las condiciones de su aplicabilidad, cualquier legislación, por moderna que sea, es letra muerta.
Seríamos injustos si dijéramos que nada cambió, pero más injustos aún si no planteáramos en su verdadera magnitud la situación de gran parte de la niñez. Lo que desde hace años venimos denominando “educación golpeadora” ha cambiado de status. Ya no es la ostentación pública del maltrato sino la vergonzante, la que se realiza intramuros pero que cuando se filtra se la justifica rápidamente en función del ya convocado “interés superior del niño”, a partir de lo cual, un logro social y legislativo es finalmente banalizado para ser expresión de “más de lo mismo”.
La más moderna legislación sobre el tema enfatiza la necesidad de darle valor y espacio a la palabra del niño, lo cual implica, ni más ni menos, que credibilidad. Muchos jueces y juezas que basan sus fallos en la necesidad de entender que las leyes son letra viva sujetas a revisión desde la conciencia judicial, no vacilan en ponerse literales a la hora de establecer que pasa alrededor de un niño y deciden audiencias revictimizantes con el fin de “escuchar su palabra, como marca la ley”. Cuesta muchas veces mantener la paciencia frente a esos grandulones; jueces, fiscales, abogados, dispuestos a lanzarse en bravías desmentidas contra el testimonio infantil.
Aguardamos desesperanzados que se adopte y se cumpla en todo el país la llamada “Ley Rozanski”, así bautizada en alusión a su redactor, el honorable presidente de la Cámara del Crimen de la provincia de Buenos Aires. Dicho instrumento establece que el niño sea entrevistado una sola vez por un psicólogo destinado a tal efecto, y que dicha declaración sea la que recorra todo el trayecto del juicio.
Aún nos dura el asombro por la actuación de un fiscal que llamó a declarar a un niño de 5 años que había robado un juguete a otro de su misma edad en la escuela y fue denunciado por el padre de la “víctima”. Ante el repudio generalizado, incluso en el Poder Judicial, el funcionario adujo que no se trataba de otra cosa que escuchar la palabra del niño, tal como lo obligaba la letra de la ley.
Si bien el ejemplo es grosero, tropezamos cada día sin sutilezas de la mas variada inventiva al servicio del ninguneo de la palabra de los más pequeños. No viene al caso en este escrito pero hasta cuadros psicológicos psiquiátricos se han inventado tratando de obturar el decir y la escucha.
Algunas palabras en referencia al comienzo para que no parezca descontextuado. La escena en cuestión es paradigmática. Mollo enarbola en el escenario a una niña en llanto desesperado. Un acto innecesario de sobreexposición. La niña fue abandonada en un automóvil, aparentemente por el padre, pero luego del duelo mediático entre ambos ya no importa por quién. No pudieron bajarle el tono a sus disputas ni a la diversión que cada uno se planteaba. Ergo, la niña fue depositada como un paquete mientras el papá se iba a una fiesta y la mamá a otra. La disputa era por ver quien era más fuerte y no se quedaba con ella.
El desafío es poder pensar la niñez desde su realidad extensa.
Los medios masivos pivotean, como formadores de opinión, en torno a dos cuestiones: la falta de límites por un lado, y el crecimiento del delito infanto-juvenil, por otro. Solo temporalmente retratan a la niñez victimizada: cuando es “sujeto” de tapa, y mientras dure la sensibilidad social. Será tema a retomar en otro momento, pero recalquemos: los medios, más que informar, forman, y mas que formar, uniforman, o al menos intentan, que el pensamiento social dominante y hegemónico sea el de los grupos de poder a los que representan. Es lógico que así sea, y por eso es aún más lógico entonces que se establezcan desde el Estado, políticas y legislaciones que apunten a garantizar la voz de los silenciados.
Volvamos a lo nuestro. Aún en los años más felices se puede descubrir un poco de polvo debajo de la alfombra. Nos maravillamos con aquel slogan que martillaba que “los únicos privilegiados son los niños”, un decir que en ese caso casi excepcional, iba acompañado de políticas públicas que aún hoy rinden dividendos. Pero hoy, que ya iniciamos el camino de retorno podemos mirar entre los pliegues. Y aunque nada le quita méritos a las acciones justicialistas de la década del cincuenta, acordemos que no estamos hablando de privilegios sino de dar a los niños lo necesario para el ejercicio pleno de sus derechos.
Si volvemos a nuestros días no nos queda más que preguntarnos ¿Cómo fue? ¿Cuándo? ¿Cómo es que la sociedad necesita leyes de protección integral de la niñez? Volvemos a la pregunta de Mollo y el animal. Es que si pensamos en términos de slogans, podemos proclamar la felicidad de los niños, en la marquesina, y por detrás del cortinado armarles el más cruel de los calvarios.
Hemos padecido el horror de la sustracción y matanza de niños para castigar al otro en el marco de conflictos de pareja, pero lo que agrega un plus de preocupación es cuando la Justicia, que debe señalar el camino de la prudencia, en el fuero familiar, imita y agrava los métodos de la selva civil, ordenando operativos reñidos con lo mas justo, pero sobre todo con los tratados internacionales que nuestro país ha suscripto y que tienen, por ende, status constitucional.
Tal vez, no estamos seguros, han quedado atrás las épocas en que se ordenaba a las administraciones provinciales esconder la data de las desnutriciones infantiles, pero el maltrato es tan amplio y generalizado que lo que sirve para tapar el cuello destapa las piernas desnudas.
Solemos jactarnos en foros internacionales de tener las leyes más avanzadas en términos de educación y niñez. Entonces nos encontramos con que proclamamos que garantizamos la educación integral desde la niñez hasta la adolescencia, hasta que tropezamos con la escandalosa falta de vacantes que nos hace estallar el orgullo en pedazos y los encierra en containers y aulas de cartón.
Cuando la niñez ha sido castigada hallamos una adultez con rencores y venganzas pendientes, u hombres y mujeres con la felicidad astillada.
Alguna vez Jean Piaget se dio cuenta que para entender al adulto debía primero estudiar sistemáticamente la psiquis del niño. Nunca volvió. Su larga vida no le alcanzó para cerrar la tarea pero sí para sellar la importancia de una infancia feliz, o al menos atendida, escuchada y respetada. Freud y tantos otros enfatizaron lo mismo.
Los niños y las niñas no son hombres y mujeres en pequeña escala. Son niños que merecen vivir la vida de niños. No podemos todo, pero seguramente mucho. No nos gusta, lo decimos a cada rato, la sociedad que nos toca vivir. Tal vez, atendiendo a la niñez como corresponde es la forma más efectiva de cerrar el círculo de la condena.
Dice el cantante que la niña se aferró a él y no lo quería soltar…es lógico…de donde vino no era bueno, hacia donde iba tampoco, aunque ambos, origen y destino, fueran lo mismo. Pasado el show y no habiendo intervención institucional alguna, la niña ha vuelto a su hábitat cotidiano a seguir jugando su destino de desecho entre dos adultos que no saben que hacer con “eso” que engendraron.
Esa es la vida de mucha infancia que, apenas en años comenzará a vomitar hacia la sociedad los efectos del abandono y el destrato con que la criaron…o no, pero la probabilidad es alta y el poder punitivo está siempre atento a proteger al sistema social de sus propios productos. Decíamos que tal vez no, porque los hay quienes transcurren sus vidas en el contexto del sinsentido, la anomia y la autoagresión. Los menos, transitan una “normalidad” costosa.
*Psicólogo
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El ocaso judicial del hombre que pretendía gerenciar la seguridad de los porteños Por Ricardo Ragendorfer
Eugenio Burzaco y la represión en el Parque indoamericano. Su rol en la masacre saltó a la luz por boca del superintendente Ciancio, uno de sus más estrechos colaboradores. Ahora se sabe que, desde una mesa de operaciones, dio la orden de abrir el fuego. Montenegro y el encubrimiento.
El jueves, en los tribunales de la calle Talcahuano, un hombre de contextura maciza, sin cuello y con corte de pelo a la americana atravesó un pasillo del quinto piso, antes de ingresar al Juzgado de Instrucción Nº 47, a cargo de la doctora Mónica Berdión de Crudo. Se trataba del ex jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco.
Quizás, en ese instante, evocara la luminosa mañana del 11 de diciembre de 2009, cuando Mauricio Macri lo puso al frente de la fuerza. En aquella ocasión, con un brazo extendido hacia una Biblia, Burzaco elevó la voz al rematar su juramento para el cargo con las palabras de rigor: "¡Si no lo hiciere, que Dios y la Patria me lo demanden!".
Justamente eso le pasaba ahora: el antiguo jerarca de la Mazorca del PRO debía prestar declaración indagatoria como supuesto responsable de dos asesinatos cometidos en la primavera de 2010, durante el sangriento desalojo del Parque Indoamericano.
También, por esa misma razón, están bajo la lupa once efectivos de la Policía Federal y 30 antiguos subordinados suyos, entre los que resalta el superintendente Miguel Angel Ciancio, junto a los comisionados Ricardo Ferrón, Claudio Serrano, Alfredo Córdoba, Alberto Ojeda y César Enrique Menardi. Al respecto, los fiscales Sandro Abraldes y Nuria De Ansó solicitaron el procesamiento de todos ellos.
Lo cierto es que Burzaco salió a los pocos minutos de ese despacho sin abrir la boca. Era la tercera vez que lograba postergar la indagatoria. Y en esta oportunidad, porque pidió cambiar su defensor oficial por el abogado Marcelo Sancinetti, el mismo que diseñó la fallida estrategia jurídica del cura Julio Grassi para malograr la acusación por abuso sexual.
Sin duda, un mal augurio para su flamante cliente.
PRUEBA DE PLOMO. El 27 de febrero de 2007, Mauricio Macri lanzó su campaña electoral para la jefatura del Gobierno porteño exhibiéndose en las fotos junto a una niña pobre en medio de un basural. Era nada menos que uno de los barrios marginales de Villa Soldati. A tres años y nueve meses de tal escena, su fervor por los desalojos compulsivos desataría en ese mismo arrabal una represión homicida seguida por una explosión racista no menos atroz.
Fue a partir de un operativo conjunto de la Policía Federal y la Metropolitana iniciado durante la mañana del 7 de diciembre de 2010, luego de que el Poder Ejecutivo del PRO consiguiera una orden firmada por la jueza María Cristina Nazar para expulsar del Parque Indoamericano a unas 350 familias que habían tomado de modo pacífico un sector lindante al barrio Los Piletones.
Semejante faena concluyó con dos cadáveres: el de Bernardo Salguero, paraguayo, de 22 años, y el de Rosemary Chura Puña, boliviana, de 28. También hubo decenas de heridos.
Para la liturgia del macrismo, aquel martes estaba destinado a convertirse en la merecida efeméride de su cruzada por el control del espacio público. No por nada, el ministro del área, Diego Santilli, quien se encontraba en la retaguardia de los acontecimientos, expresó con elocuencia su lectura de la situación: "Es un operativo valioso y prolijo; con algún problemita, claro, pero sin incidentes graves". En aquel momento, los noticieros empezaban a informar sobre las dos muertes.
En el tramo inicial del expediente judicial, el fiscal Abraldes tuvo que sortear múltiples intentos de entorpecer la investigación, articulados tanto desde el Ministerio de Seguridad porteño como también por la Justicia.
El ministro Guillermo Montenegro supo transmitir tranquilidad a Macri, con la promesa de que la pesquisa no prosperaría, dada su excelente relación con el juez de la causa, Eliseo Otero.
El tipo había llegado a la magistratura en 1992 por recomendación del entonces jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy. Su calaña ética y moral era la adecuada como para encomendarle una misión precisa: favorecer la vidriosa situación procesal de Carlos Grosso y Alberto Kohan en una causa por irregularidades en una licitación. Otero cumplió con creces, ya que todos ellos fueron sobreseídos. Ahora todo indicaba que repetiría su labor exculpatoria. Sin embargo, no tardó en ser apartado del asunto.
Lo cierto es que los merodeos de Montenegro en torno a esa pesquisa fueron antológicos. A los pocos días de la matanza, al trascender que los disparos fatales fueron efectuados con proyectiles de escopeta, esgrimió la siguiente justificación: "En el equipamiento de nuestra fuerza no existe la famosa escopeta Itaka", cuando una impactante fotografía tomada en esa oportunidad por la agencia Télam exhibía a un grupo de efectivos de la Metropolitana disparando precisamente con dicho armamento. No obstante, también afirmaría: "No hace falta decir que la Metropolitana no tiene en stock cartuchos con perdigón de plomo".
En marzo de 2011 fue allanado por el fiscal Abraldes un predio de la Metropolitana en el barrio de la Chacarita. Allí fueron secuestrados 98 cartuchos de plomo. Esas municiones habían sido compradas el 14 de octubre de 2010 –siete semanas antes de la masacre–, junto con otros 202 proyectiles iguales, según la documentación encontrada en ese lugar.
Montenegro, quien estuvo presente en el operativo, palideció al ser descubierta semejante evidencia balística. En ese momento, a modo de justificación, sólo atinó a farfullar: "Esas balas fueron compradas para ver si las escopetas funcionan bien". Nadie le respondió. Mientras tanto, el rol de Burzaco en el doble asesinato aún era un enigma.
EL JOVEN LIDER DE LA GLOBALIDAD. Hijo de quien fuera secretario de Medios durante la primera época del menemismo, Eugenio Burzaco exhibía impecables antecedentes académicos: licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador y un master en Políticas Públicas de la Georgetown University. No menos destacable es el hecho de haber sido distinguido como young global leader por el Foro Económico Mundial. Admirador confeso de Jesús, la Madre Teresa de Calcuta y del predicador Luis Palau, este muchacho profundamente evangelista es un verdadero paradigma de la llamada "nueva política". Tanto es así que su biografía oficial señala: "Aunque desde chico mostró un solidario interés por la cuestión social, Burzaco decidió dedicarse de lleno a la política luego de la crisis de 2001, cuando –al igual que varios cuadros del PRO– sintió que debía dejar de quejarse desde una posición cómoda en el sector privado para ayudar a mejorar el país".
Y, por cierto, lo haría con toda abnegación posible. Tras un paso como empleado de la SIDE –que no figura en su currículum– se puso al servicio del entonces gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, para asesorar –entre 2004 y 2005– a la policía de esa provincia. En aquella época, Neuquén se convirtió en la capital de la mano dura. De hecho, durante el lapso en el cual Burzaco aplicó allí sus conocimientos, se registraron 1040 denuncias por abusos policiales, aunque la mayoría de ellas terminaron archivadas. Y el asesinato de civiles en manos policiales se incrementó de un modo alarmante. En abril de 2007, pese a la huella democrática que Burzaco dejó en esa repartición, fue acribillado el maestro Carlos Fuentealba. En ese entonces, Burzaco asesoraba a la Policía de Mendoza, una de las más brutales y corruptas del país. En esa etapa de su carrera, trabajó codo a codo con el ultraconservador ministro de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga, y el jefe policial, Carlos Rico Tejeiro, quien tuvo que renunciar al descubrirse su pasado como represor durante la dictadura.
Como coletazo del escándalo, Burzaco se vio obligado a regresar a Buenos Aires. Entonces se sumó al grupo Sophia, donde haría muy buenas migas con el carismático Rodríguez Larreta. Luego fue elegido diputado por el PRO. A la vez, volcaría su sapiencia en el libro Mano Justa, al lado del cual la obra del Fino Palacios, Terrorismo en la aldea global, posee el candor de El Principito.
Tamaña hoja de vida recibiría su merecido reconocimiento con su designación como jefe de la policía del PRO. La masacre del Indoamericano fue su primer trabajo de campo. No imaginaba entonces que uno de sus delfines propiciaría su desgracia.
Fue el superintendente Ciancio quien –en su propia indagatoria– reveló el papel de Burzaco en los hechos del 7 de diciembre, al reconocer que estuvo junto a él en el sexto piso del Ministerio, donde funcionaba el Centro de Monitoreo y Control.
Desde allí –siempre según Ciancio– Burzaco tenía contacto con la sala de situación de la Federal, mientras se desarrollaba el desalojo. En esa mesa de operaciones, Burzaco visualizaba imágenes transmitidas por las cámaras instaladas en el lugar de los hechos y, a través de aparatos Nextel, dirigía a la distancia la fuerza a su cargo y daba instrucciones a la tropa; entre ellas, la de abrir el fuego. En resumidas cuentas, ese detalle –en boca de Ciancio – lo describe como el orquestador de las ejecuciones. Ahora, ya alejado de la función pública, sólo se dedica los domingos a coordinar la seguridad en la cancha de River. Y su inminente procesamiento lo sitúa en el área penal.
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El jueves, en los tribunales de la calle Talcahuano, un hombre de contextura maciza, sin cuello y con corte de pelo a la americana atravesó un pasillo del quinto piso, antes de ingresar al Juzgado de Instrucción Nº 47, a cargo de la doctora Mónica Berdión de Crudo. Se trataba del ex jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco.
Quizás, en ese instante, evocara la luminosa mañana del 11 de diciembre de 2009, cuando Mauricio Macri lo puso al frente de la fuerza. En aquella ocasión, con un brazo extendido hacia una Biblia, Burzaco elevó la voz al rematar su juramento para el cargo con las palabras de rigor: "¡Si no lo hiciere, que Dios y la Patria me lo demanden!".
Justamente eso le pasaba ahora: el antiguo jerarca de la Mazorca del PRO debía prestar declaración indagatoria como supuesto responsable de dos asesinatos cometidos en la primavera de 2010, durante el sangriento desalojo del Parque Indoamericano.
También, por esa misma razón, están bajo la lupa once efectivos de la Policía Federal y 30 antiguos subordinados suyos, entre los que resalta el superintendente Miguel Angel Ciancio, junto a los comisionados Ricardo Ferrón, Claudio Serrano, Alfredo Córdoba, Alberto Ojeda y César Enrique Menardi. Al respecto, los fiscales Sandro Abraldes y Nuria De Ansó solicitaron el procesamiento de todos ellos.
Lo cierto es que Burzaco salió a los pocos minutos de ese despacho sin abrir la boca. Era la tercera vez que lograba postergar la indagatoria. Y en esta oportunidad, porque pidió cambiar su defensor oficial por el abogado Marcelo Sancinetti, el mismo que diseñó la fallida estrategia jurídica del cura Julio Grassi para malograr la acusación por abuso sexual.
Sin duda, un mal augurio para su flamante cliente.
PRUEBA DE PLOMO. El 27 de febrero de 2007, Mauricio Macri lanzó su campaña electoral para la jefatura del Gobierno porteño exhibiéndose en las fotos junto a una niña pobre en medio de un basural. Era nada menos que uno de los barrios marginales de Villa Soldati. A tres años y nueve meses de tal escena, su fervor por los desalojos compulsivos desataría en ese mismo arrabal una represión homicida seguida por una explosión racista no menos atroz.
Fue a partir de un operativo conjunto de la Policía Federal y la Metropolitana iniciado durante la mañana del 7 de diciembre de 2010, luego de que el Poder Ejecutivo del PRO consiguiera una orden firmada por la jueza María Cristina Nazar para expulsar del Parque Indoamericano a unas 350 familias que habían tomado de modo pacífico un sector lindante al barrio Los Piletones.
Semejante faena concluyó con dos cadáveres: el de Bernardo Salguero, paraguayo, de 22 años, y el de Rosemary Chura Puña, boliviana, de 28. También hubo decenas de heridos.
Para la liturgia del macrismo, aquel martes estaba destinado a convertirse en la merecida efeméride de su cruzada por el control del espacio público. No por nada, el ministro del área, Diego Santilli, quien se encontraba en la retaguardia de los acontecimientos, expresó con elocuencia su lectura de la situación: "Es un operativo valioso y prolijo; con algún problemita, claro, pero sin incidentes graves". En aquel momento, los noticieros empezaban a informar sobre las dos muertes.
En el tramo inicial del expediente judicial, el fiscal Abraldes tuvo que sortear múltiples intentos de entorpecer la investigación, articulados tanto desde el Ministerio de Seguridad porteño como también por la Justicia.
El ministro Guillermo Montenegro supo transmitir tranquilidad a Macri, con la promesa de que la pesquisa no prosperaría, dada su excelente relación con el juez de la causa, Eliseo Otero.
El tipo había llegado a la magistratura en 1992 por recomendación del entonces jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy. Su calaña ética y moral era la adecuada como para encomendarle una misión precisa: favorecer la vidriosa situación procesal de Carlos Grosso y Alberto Kohan en una causa por irregularidades en una licitación. Otero cumplió con creces, ya que todos ellos fueron sobreseídos. Ahora todo indicaba que repetiría su labor exculpatoria. Sin embargo, no tardó en ser apartado del asunto.
Lo cierto es que los merodeos de Montenegro en torno a esa pesquisa fueron antológicos. A los pocos días de la matanza, al trascender que los disparos fatales fueron efectuados con proyectiles de escopeta, esgrimió la siguiente justificación: "En el equipamiento de nuestra fuerza no existe la famosa escopeta Itaka", cuando una impactante fotografía tomada en esa oportunidad por la agencia Télam exhibía a un grupo de efectivos de la Metropolitana disparando precisamente con dicho armamento. No obstante, también afirmaría: "No hace falta decir que la Metropolitana no tiene en stock cartuchos con perdigón de plomo".
En marzo de 2011 fue allanado por el fiscal Abraldes un predio de la Metropolitana en el barrio de la Chacarita. Allí fueron secuestrados 98 cartuchos de plomo. Esas municiones habían sido compradas el 14 de octubre de 2010 –siete semanas antes de la masacre–, junto con otros 202 proyectiles iguales, según la documentación encontrada en ese lugar.
Montenegro, quien estuvo presente en el operativo, palideció al ser descubierta semejante evidencia balística. En ese momento, a modo de justificación, sólo atinó a farfullar: "Esas balas fueron compradas para ver si las escopetas funcionan bien". Nadie le respondió. Mientras tanto, el rol de Burzaco en el doble asesinato aún era un enigma.
EL JOVEN LIDER DE LA GLOBALIDAD. Hijo de quien fuera secretario de Medios durante la primera época del menemismo, Eugenio Burzaco exhibía impecables antecedentes académicos: licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador y un master en Políticas Públicas de la Georgetown University. No menos destacable es el hecho de haber sido distinguido como young global leader por el Foro Económico Mundial. Admirador confeso de Jesús, la Madre Teresa de Calcuta y del predicador Luis Palau, este muchacho profundamente evangelista es un verdadero paradigma de la llamada "nueva política". Tanto es así que su biografía oficial señala: "Aunque desde chico mostró un solidario interés por la cuestión social, Burzaco decidió dedicarse de lleno a la política luego de la crisis de 2001, cuando –al igual que varios cuadros del PRO– sintió que debía dejar de quejarse desde una posición cómoda en el sector privado para ayudar a mejorar el país".
Y, por cierto, lo haría con toda abnegación posible. Tras un paso como empleado de la SIDE –que no figura en su currículum– se puso al servicio del entonces gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, para asesorar –entre 2004 y 2005– a la policía de esa provincia. En aquella época, Neuquén se convirtió en la capital de la mano dura. De hecho, durante el lapso en el cual Burzaco aplicó allí sus conocimientos, se registraron 1040 denuncias por abusos policiales, aunque la mayoría de ellas terminaron archivadas. Y el asesinato de civiles en manos policiales se incrementó de un modo alarmante. En abril de 2007, pese a la huella democrática que Burzaco dejó en esa repartición, fue acribillado el maestro Carlos Fuentealba. En ese entonces, Burzaco asesoraba a la Policía de Mendoza, una de las más brutales y corruptas del país. En esa etapa de su carrera, trabajó codo a codo con el ultraconservador ministro de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga, y el jefe policial, Carlos Rico Tejeiro, quien tuvo que renunciar al descubrirse su pasado como represor durante la dictadura.
Como coletazo del escándalo, Burzaco se vio obligado a regresar a Buenos Aires. Entonces se sumó al grupo Sophia, donde haría muy buenas migas con el carismático Rodríguez Larreta. Luego fue elegido diputado por el PRO. A la vez, volcaría su sapiencia en el libro Mano Justa, al lado del cual la obra del Fino Palacios, Terrorismo en la aldea global, posee el candor de El Principito.
Tamaña hoja de vida recibiría su merecido reconocimiento con su designación como jefe de la policía del PRO. La masacre del Indoamericano fue su primer trabajo de campo. No imaginaba entonces que uno de sus delfines propiciaría su desgracia.
Fue el superintendente Ciancio quien –en su propia indagatoria– reveló el papel de Burzaco en los hechos del 7 de diciembre, al reconocer que estuvo junto a él en el sexto piso del Ministerio, donde funcionaba el Centro de Monitoreo y Control.
Desde allí –siempre según Ciancio– Burzaco tenía contacto con la sala de situación de la Federal, mientras se desarrollaba el desalojo. En esa mesa de operaciones, Burzaco visualizaba imágenes transmitidas por las cámaras instaladas en el lugar de los hechos y, a través de aparatos Nextel, dirigía a la distancia la fuerza a su cargo y daba instrucciones a la tropa; entre ellas, la de abrir el fuego. En resumidas cuentas, ese detalle –en boca de Ciancio – lo describe como el orquestador de las ejecuciones. Ahora, ya alejado de la función pública, sólo se dedica los domingos a coordinar la seguridad en la cancha de River. Y su inminente procesamiento lo sitúa en el área penal.
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El ocaso judicial del hombre que pretendía gerenciar la seguridad de los porteños Por Ricardo Ragendorfer
Eugenio Burzaco y la represión en el Parque indoamericano. Su rol en la masacre saltó a la luz por boca del superintendente Ciancio, uno de sus más estrechos colaboradores. Ahora se sabe que, desde una mesa de operaciones, dio la orden de abrir el fuego. Montenegro y el encubrimiento.
El jueves, en los tribunales de la calle Talcahuano, un hombre de contextura maciza, sin cuello y con corte de pelo a la americana atravesó un pasillo del quinto piso, antes de ingresar al Juzgado de Instrucción Nº 47, a cargo de la doctora Mónica Berdión de Crudo. Se trataba del ex jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco.
Quizás, en ese instante, evocara la luminosa mañana del 11 de diciembre de 2009, cuando Mauricio Macri lo puso al frente de la fuerza. En aquella ocasión, con un brazo extendido hacia una Biblia, Burzaco elevó la voz al rematar su juramento para el cargo con las palabras de rigor: "¡Si no lo hiciere, que Dios y la Patria me lo demanden!".
Justamente eso le pasaba ahora: el antiguo jerarca de la Mazorca del PRO debía prestar declaración indagatoria como supuesto responsable de dos asesinatos cometidos en la primavera de 2010, durante el sangriento desalojo del Parque Indoamericano.
También, por esa misma razón, están bajo la lupa once efectivos de la Policía Federal y 30 antiguos subordinados suyos, entre los que resalta el superintendente Miguel Angel Ciancio, junto a los comisionados Ricardo Ferrón, Claudio Serrano, Alfredo Córdoba, Alberto Ojeda y César Enrique Menardi. Al respecto, los fiscales Sandro Abraldes y Nuria De Ansó solicitaron el procesamiento de todos ellos.
Lo cierto es que Burzaco salió a los pocos minutos de ese despacho sin abrir la boca. Era la tercera vez que lograba postergar la indagatoria. Y en esta oportunidad, porque pidió cambiar su defensor oficial por el abogado Marcelo Sancinetti, el mismo que diseñó la fallida estrategia jurídica del cura Julio Grassi para malograr la acusación por abuso sexual.
Sin duda, un mal augurio para su flamante cliente.
PRUEBA DE PLOMO. El 27 de febrero de 2007, Mauricio Macri lanzó su campaña electoral para la jefatura del Gobierno porteño exhibiéndose en las fotos junto a una niña pobre en medio de un basural. Era nada menos que uno de los barrios marginales de Villa Soldati. A tres años y nueve meses de tal escena, su fervor por los desalojos compulsivos desataría en ese mismo arrabal una represión homicida seguida por una explosión racista no menos atroz.
Fue a partir de un operativo conjunto de la Policía Federal y la Metropolitana iniciado durante la mañana del 7 de diciembre de 2010, luego de que el Poder Ejecutivo del PRO consiguiera una orden firmada por la jueza María Cristina Nazar para expulsar del Parque Indoamericano a unas 350 familias que habían tomado de modo pacífico un sector lindante al barrio Los Piletones.
Semejante faena concluyó con dos cadáveres: el de Bernardo Salguero, paraguayo, de 22 años, y el de Rosemary Chura Puña, boliviana, de 28. También hubo decenas de heridos.
Para la liturgia del macrismo, aquel martes estaba destinado a convertirse en la merecida efeméride de su cruzada por el control del espacio público. No por nada, el ministro del área, Diego Santilli, quien se encontraba en la retaguardia de los acontecimientos, expresó con elocuencia su lectura de la situación: "Es un operativo valioso y prolijo; con algún problemita, claro, pero sin incidentes graves". En aquel momento, los noticieros empezaban a informar sobre las dos muertes.
En el tramo inicial del expediente judicial, el fiscal Abraldes tuvo que sortear múltiples intentos de entorpecer la investigación, articulados tanto desde el Ministerio de Seguridad porteño como también por la Justicia.
El ministro Guillermo Montenegro supo transmitir tranquilidad a Macri, con la promesa de que la pesquisa no prosperaría, dada su excelente relación con el juez de la causa, Eliseo Otero.
El tipo había llegado a la magistratura en 1992 por recomendación del entonces jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy. Su calaña ética y moral era la adecuada como para encomendarle una misión precisa: favorecer la vidriosa situación procesal de Carlos Grosso y Alberto Kohan en una causa por irregularidades en una licitación. Otero cumplió con creces, ya que todos ellos fueron sobreseídos. Ahora todo indicaba que repetiría su labor exculpatoria. Sin embargo, no tardó en ser apartado del asunto.
Lo cierto es que los merodeos de Montenegro en torno a esa pesquisa fueron antológicos. A los pocos días de la matanza, al trascender que los disparos fatales fueron efectuados con proyectiles de escopeta, esgrimió la siguiente justificación: "En el equipamiento de nuestra fuerza no existe la famosa escopeta Itaka", cuando una impactante fotografía tomada en esa oportunidad por la agencia Télam exhibía a un grupo de efectivos de la Metropolitana disparando precisamente con dicho armamento. No obstante, también afirmaría: "No hace falta decir que la Metropolitana no tiene en stock cartuchos con perdigón de plomo".
En marzo de 2011 fue allanado por el fiscal Abraldes un predio de la Metropolitana en el barrio de la Chacarita. Allí fueron secuestrados 98 cartuchos de plomo. Esas municiones habían sido compradas el 14 de octubre de 2010 –siete semanas antes de la masacre–, junto con otros 202 proyectiles iguales, según la documentación encontrada en ese lugar.
Montenegro, quien estuvo presente en el operativo, palideció al ser descubierta semejante evidencia balística. En ese momento, a modo de justificación, sólo atinó a farfullar: "Esas balas fueron compradas para ver si las escopetas funcionan bien". Nadie le respondió. Mientras tanto, el rol de Burzaco en el doble asesinato aún era un enigma.
EL JOVEN LIDER DE LA GLOBALIDAD. Hijo de quien fuera secretario de Medios durante la primera época del menemismo, Eugenio Burzaco exhibía impecables antecedentes académicos: licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador y un master en Políticas Públicas de la Georgetown University. No menos destacable es el hecho de haber sido distinguido como young global leader por el Foro Económico Mundial. Admirador confeso de Jesús, la Madre Teresa de Calcuta y del predicador Luis Palau, este muchacho profundamente evangelista es un verdadero paradigma de la llamada "nueva política". Tanto es así que su biografía oficial señala: "Aunque desde chico mostró un solidario interés por la cuestión social, Burzaco decidió dedicarse de lleno a la política luego de la crisis de 2001, cuando –al igual que varios cuadros del PRO– sintió que debía dejar de quejarse desde una posición cómoda en el sector privado para ayudar a mejorar el país".
Y, por cierto, lo haría con toda abnegación posible. Tras un paso como empleado de la SIDE –que no figura en su currículum– se puso al servicio del entonces gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, para asesorar –entre 2004 y 2005– a la policía de esa provincia. En aquella época, Neuquén se convirtió en la capital de la mano dura. De hecho, durante el lapso en el cual Burzaco aplicó allí sus conocimientos, se registraron 1040 denuncias por abusos policiales, aunque la mayoría de ellas terminaron archivadas. Y el asesinato de civiles en manos policiales se incrementó de un modo alarmante. En abril de 2007, pese a la huella democrática que Burzaco dejó en esa repartición, fue acribillado el maestro Carlos Fuentealba. En ese entonces, Burzaco asesoraba a la Policía de Mendoza, una de las más brutales y corruptas del país. En esa etapa de su carrera, trabajó codo a codo con el ultraconservador ministro de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga, y el jefe policial, Carlos Rico Tejeiro, quien tuvo que renunciar al descubrirse su pasado como represor durante la dictadura.
Como coletazo del escándalo, Burzaco se vio obligado a regresar a Buenos Aires. Entonces se sumó al grupo Sophia, donde haría muy buenas migas con el carismático Rodríguez Larreta. Luego fue elegido diputado por el PRO. A la vez, volcaría su sapiencia en el libro Mano Justa, al lado del cual la obra del Fino Palacios, Terrorismo en la aldea global, posee el candor de El Principito.
Tamaña hoja de vida recibiría su merecido reconocimiento con su designación como jefe de la policía del PRO. La masacre del Indoamericano fue su primer trabajo de campo. No imaginaba entonces que uno de sus delfines propiciaría su desgracia.
Fue el superintendente Ciancio quien –en su propia indagatoria– reveló el papel de Burzaco en los hechos del 7 de diciembre, al reconocer que estuvo junto a él en el sexto piso del Ministerio, donde funcionaba el Centro de Monitoreo y Control.
Desde allí –siempre según Ciancio– Burzaco tenía contacto con la sala de situación de la Federal, mientras se desarrollaba el desalojo. En esa mesa de operaciones, Burzaco visualizaba imágenes transmitidas por las cámaras instaladas en el lugar de los hechos y, a través de aparatos Nextel, dirigía a la distancia la fuerza a su cargo y daba instrucciones a la tropa; entre ellas, la de abrir el fuego. En resumidas cuentas, ese detalle –en boca de Ciancio – lo describe como el orquestador de las ejecuciones. Ahora, ya alejado de la función pública, sólo se dedica los domingos a coordinar la seguridad en la cancha de River. Y su inminente procesamiento lo sitúa en el área penal.
Infonews
El jueves, en los tribunales de la calle Talcahuano, un hombre de contextura maciza, sin cuello y con corte de pelo a la americana atravesó un pasillo del quinto piso, antes de ingresar al Juzgado de Instrucción Nº 47, a cargo de la doctora Mónica Berdión de Crudo. Se trataba del ex jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco.
Quizás, en ese instante, evocara la luminosa mañana del 11 de diciembre de 2009, cuando Mauricio Macri lo puso al frente de la fuerza. En aquella ocasión, con un brazo extendido hacia una Biblia, Burzaco elevó la voz al rematar su juramento para el cargo con las palabras de rigor: "¡Si no lo hiciere, que Dios y la Patria me lo demanden!".
Justamente eso le pasaba ahora: el antiguo jerarca de la Mazorca del PRO debía prestar declaración indagatoria como supuesto responsable de dos asesinatos cometidos en la primavera de 2010, durante el sangriento desalojo del Parque Indoamericano.
También, por esa misma razón, están bajo la lupa once efectivos de la Policía Federal y 30 antiguos subordinados suyos, entre los que resalta el superintendente Miguel Angel Ciancio, junto a los comisionados Ricardo Ferrón, Claudio Serrano, Alfredo Córdoba, Alberto Ojeda y César Enrique Menardi. Al respecto, los fiscales Sandro Abraldes y Nuria De Ansó solicitaron el procesamiento de todos ellos.
Lo cierto es que Burzaco salió a los pocos minutos de ese despacho sin abrir la boca. Era la tercera vez que lograba postergar la indagatoria. Y en esta oportunidad, porque pidió cambiar su defensor oficial por el abogado Marcelo Sancinetti, el mismo que diseñó la fallida estrategia jurídica del cura Julio Grassi para malograr la acusación por abuso sexual.
Sin duda, un mal augurio para su flamante cliente.
PRUEBA DE PLOMO. El 27 de febrero de 2007, Mauricio Macri lanzó su campaña electoral para la jefatura del Gobierno porteño exhibiéndose en las fotos junto a una niña pobre en medio de un basural. Era nada menos que uno de los barrios marginales de Villa Soldati. A tres años y nueve meses de tal escena, su fervor por los desalojos compulsivos desataría en ese mismo arrabal una represión homicida seguida por una explosión racista no menos atroz.
Fue a partir de un operativo conjunto de la Policía Federal y la Metropolitana iniciado durante la mañana del 7 de diciembre de 2010, luego de que el Poder Ejecutivo del PRO consiguiera una orden firmada por la jueza María Cristina Nazar para expulsar del Parque Indoamericano a unas 350 familias que habían tomado de modo pacífico un sector lindante al barrio Los Piletones.
Semejante faena concluyó con dos cadáveres: el de Bernardo Salguero, paraguayo, de 22 años, y el de Rosemary Chura Puña, boliviana, de 28. También hubo decenas de heridos.
Para la liturgia del macrismo, aquel martes estaba destinado a convertirse en la merecida efeméride de su cruzada por el control del espacio público. No por nada, el ministro del área, Diego Santilli, quien se encontraba en la retaguardia de los acontecimientos, expresó con elocuencia su lectura de la situación: "Es un operativo valioso y prolijo; con algún problemita, claro, pero sin incidentes graves". En aquel momento, los noticieros empezaban a informar sobre las dos muertes.
En el tramo inicial del expediente judicial, el fiscal Abraldes tuvo que sortear múltiples intentos de entorpecer la investigación, articulados tanto desde el Ministerio de Seguridad porteño como también por la Justicia.
El ministro Guillermo Montenegro supo transmitir tranquilidad a Macri, con la promesa de que la pesquisa no prosperaría, dada su excelente relación con el juez de la causa, Eliseo Otero.
El tipo había llegado a la magistratura en 1992 por recomendación del entonces jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy. Su calaña ética y moral era la adecuada como para encomendarle una misión precisa: favorecer la vidriosa situación procesal de Carlos Grosso y Alberto Kohan en una causa por irregularidades en una licitación. Otero cumplió con creces, ya que todos ellos fueron sobreseídos. Ahora todo indicaba que repetiría su labor exculpatoria. Sin embargo, no tardó en ser apartado del asunto.
Lo cierto es que los merodeos de Montenegro en torno a esa pesquisa fueron antológicos. A los pocos días de la matanza, al trascender que los disparos fatales fueron efectuados con proyectiles de escopeta, esgrimió la siguiente justificación: "En el equipamiento de nuestra fuerza no existe la famosa escopeta Itaka", cuando una impactante fotografía tomada en esa oportunidad por la agencia Télam exhibía a un grupo de efectivos de la Metropolitana disparando precisamente con dicho armamento. No obstante, también afirmaría: "No hace falta decir que la Metropolitana no tiene en stock cartuchos con perdigón de plomo".
En marzo de 2011 fue allanado por el fiscal Abraldes un predio de la Metropolitana en el barrio de la Chacarita. Allí fueron secuestrados 98 cartuchos de plomo. Esas municiones habían sido compradas el 14 de octubre de 2010 –siete semanas antes de la masacre–, junto con otros 202 proyectiles iguales, según la documentación encontrada en ese lugar.
Montenegro, quien estuvo presente en el operativo, palideció al ser descubierta semejante evidencia balística. En ese momento, a modo de justificación, sólo atinó a farfullar: "Esas balas fueron compradas para ver si las escopetas funcionan bien". Nadie le respondió. Mientras tanto, el rol de Burzaco en el doble asesinato aún era un enigma.
EL JOVEN LIDER DE LA GLOBALIDAD. Hijo de quien fuera secretario de Medios durante la primera época del menemismo, Eugenio Burzaco exhibía impecables antecedentes académicos: licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador y un master en Políticas Públicas de la Georgetown University. No menos destacable es el hecho de haber sido distinguido como young global leader por el Foro Económico Mundial. Admirador confeso de Jesús, la Madre Teresa de Calcuta y del predicador Luis Palau, este muchacho profundamente evangelista es un verdadero paradigma de la llamada "nueva política". Tanto es así que su biografía oficial señala: "Aunque desde chico mostró un solidario interés por la cuestión social, Burzaco decidió dedicarse de lleno a la política luego de la crisis de 2001, cuando –al igual que varios cuadros del PRO– sintió que debía dejar de quejarse desde una posición cómoda en el sector privado para ayudar a mejorar el país".
Y, por cierto, lo haría con toda abnegación posible. Tras un paso como empleado de la SIDE –que no figura en su currículum– se puso al servicio del entonces gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, para asesorar –entre 2004 y 2005– a la policía de esa provincia. En aquella época, Neuquén se convirtió en la capital de la mano dura. De hecho, durante el lapso en el cual Burzaco aplicó allí sus conocimientos, se registraron 1040 denuncias por abusos policiales, aunque la mayoría de ellas terminaron archivadas. Y el asesinato de civiles en manos policiales se incrementó de un modo alarmante. En abril de 2007, pese a la huella democrática que Burzaco dejó en esa repartición, fue acribillado el maestro Carlos Fuentealba. En ese entonces, Burzaco asesoraba a la Policía de Mendoza, una de las más brutales y corruptas del país. En esa etapa de su carrera, trabajó codo a codo con el ultraconservador ministro de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga, y el jefe policial, Carlos Rico Tejeiro, quien tuvo que renunciar al descubrirse su pasado como represor durante la dictadura.
Como coletazo del escándalo, Burzaco se vio obligado a regresar a Buenos Aires. Entonces se sumó al grupo Sophia, donde haría muy buenas migas con el carismático Rodríguez Larreta. Luego fue elegido diputado por el PRO. A la vez, volcaría su sapiencia en el libro Mano Justa, al lado del cual la obra del Fino Palacios, Terrorismo en la aldea global, posee el candor de El Principito.
Tamaña hoja de vida recibiría su merecido reconocimiento con su designación como jefe de la policía del PRO. La masacre del Indoamericano fue su primer trabajo de campo. No imaginaba entonces que uno de sus delfines propiciaría su desgracia.
Fue el superintendente Ciancio quien –en su propia indagatoria– reveló el papel de Burzaco en los hechos del 7 de diciembre, al reconocer que estuvo junto a él en el sexto piso del Ministerio, donde funcionaba el Centro de Monitoreo y Control.
Desde allí –siempre según Ciancio– Burzaco tenía contacto con la sala de situación de la Federal, mientras se desarrollaba el desalojo. En esa mesa de operaciones, Burzaco visualizaba imágenes transmitidas por las cámaras instaladas en el lugar de los hechos y, a través de aparatos Nextel, dirigía a la distancia la fuerza a su cargo y daba instrucciones a la tropa; entre ellas, la de abrir el fuego. En resumidas cuentas, ese detalle –en boca de Ciancio – lo describe como el orquestador de las ejecuciones. Ahora, ya alejado de la función pública, sólo se dedica los domingos a coordinar la seguridad en la cancha de River. Y su inminente procesamiento lo sitúa en el área penal.
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OPINION Moyano vs. Gobierno. Ruptura y conflictos
Por Matías Maito *
Hace algo más de dos años, diversos analistas pronosticaron que la por entonces reciente ruptura de la alianza entre los gremios referenciados con Hugo Moyano y el gobierno nacional tendría un fuerte impacto sobre los niveles de conflictividad laboral. Su afirmación se sostenía en el hecho de que el Ejecutivo ya no podría valerse de la relación con un líder sindical dotado (al menos en el momento en que se consumó la ruptura) de una alta capacidad para conducir al movimiento obrero y administrar la conflictividad de acuerdo con las negociaciones, intercambios y compromisos que esa relación producía. Sin embargo, el devenir de los acontecimientos posteriores no ha confirmado estas suposiciones.
De acuerdo con la información relevada por el Ministerio de Trabajo, se verifica que los principales patrones de comportamiento de la conflictividad laboral no se han modificado. Así, el principal escenario de conflictos siguió siendo el sector público (que concentró dos tercios de casos, dos tercios de los huelguistas y el 85 por ciento de las jornadas individuales no trabajadas); y, en particular, fueron los estados provinciales y municipales los que continuaron concentrando los niveles más altos de conflictividad. Por su parte, en el sector privado, la mayor parte de hechos continuó desarrollándose en un único lugar de trabajo, y aquellos que tuvieron como protagonistas a toda una rama de actividad siguieron concentrando la mayor cantidad de huelguistas y de jornadas de paro.
Ahora bien, durante los últimos años sí se incrementó la cantidad total de conflictos laborales en relación con los períodos anteriores (aunque no así la cantidad de huelguistas y de jornadas de paro, cuyos valores fueron similares o incluso inferiores a los registrados previamente). Pero ese incremento difícilmente pueda ser atribuido a la ruptura de la alianza entre Moyano y el gobierno nacional, considerando los sectores y el tipo de reclamos que lo impulsaron.
El aumento en la cantidad de conflictos se explica, en primer lugar, por un incremento en los que se desarrollaron en el sector público y, fundamentalmente, en los municipios, que son ámbitos cuya dinámica de conflictividad difícilmente responda a la ruptura de la alianza que referimos. En segundo lugar, el incremento se explica por un crecimiento en los conflictos que tuvieron lugar en los lugares de trabajo del sector privado, pero el hecho de que tal situación responda a una tendencia de incremento verificada desde 2006 a la fecha también induciría a pensar que el impacto de la ruptura sobre ella ha sido moderado.
Por su parte, el crecimiento de la conflictividad en el sector transporte fue significativo (tras la ruptura, el promedio de conflictos anuales creció un 54,7 por ciento; el de huelguistas, un 142,7 por ciento; y el de jornadas no trabajadas, un 131,5 por ciento), pero ello no explica el incremento de la conflictividad total, dado que el peso de este sector en él no es especialmente relevante.
Por último, la denunciada contención de los aumentos salariales mediante un “techo” que el gobierno nacional habría impuesto a los valores definidos en las paritarias (que es uno de los principales reclamos de los gremios moyanistas) parece no haber impulsado los niveles de conflictividad. La disminución de los conflictos motivados por demandas salariales tras la ruptura referida, y la relativa independencia con la que evolucionaron los conflictos y el salario real durante los últimos años, sostienen esta afirmación.
En conclusión, la ruptura de la alianza entre Moyano y el gobierno nacional produjo algunos conflictos resonantes, que se convirtieron rápidamente en hechos políticos. Sin embargo, considerando los sectores que protagonizaron los conflictos y sus principales reclamos, dicha ruptura no ha tenido un impacto significativo sobre la conflictividad laboral, tal como había sido vaticinado en el momento en que se consumó.
Coordinador del Celab. Centro de Estudios Laborales.
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› ARGENTINA, SEGUNDA EN DESARROLLO HUMANO, SEGUN LA CEPAL Los datos que no analiza el FMI
El último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) resalta la solidez de la Argentina en materia de desarrollo humano. Un día después de que el Fondo Monetario volviera a recetar medidas de ajuste para el país y criticara las políticas de distribución del ingreso (ver aparte), la Cepal publicó ayer un estudio en el que sostiene que la posición relativa de la Argentina en materia de desarrollo humano es aún más sólida de lo que estima en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La medición actual incluye los indicadores habituales del índice y nuevos datos en áreas de empleo y democracia. El resultado global posiciona al país segundo en América latina, después de Uruguay, e incluso en un nivel más elevado que España.
En la edición de abril de la revista de la Cepal, el organismo se propone implementar un nuevo Indice de Desarrollo Humano (IDH), el cual incorpora el impacto del empleo y de las libertados políticas. Se mantienen los ítems de Salud, Educación e Ingresos. En el empleo se calculan los ingresos que permiten la satisfacción de necesidades materiales del individuo y la superación de la pobreza. También se estima la condición de “dignificación del hombre”. El aporte de la democracia valoriza “como forma de gobierno de la que deriva el mayor respeto y garantía de las libertades individuales y colectivas, en consonancia con el desarrollo y la calidad de vida”, según el informe.
Si se toman en cuenta estos nuevos aportes en el cálculo, el índice modificado –más abarcativo que el anterior– de la Cepal ubica a la Argentina en una mejor posición frente a otros países de América latina e incluso de Europa. En Educación, Ingresos y Empleo no vulnerable el país ocupa el primer lugar regional; en Salud, el segundo puesto (luego de Uruguay), y en democracia, el tercero (después de Uruguay y Brasil). El índice arroja un resultado que varía entre 0 y 1, siendo esta última la mejor posición posible. Argentina exhibe un índice de 0,709. A modo de ejemplo, Uruguay llega a 0,742 y España a 0,706. Según la Cepal, “países como Alemania y España bajan de posición en la jerarquía, principalmente debido a la influencia del (ítem) empleo”.
El informe advierte que existe “debilidad” de los países con índice de desarrollo alto, “sobre todo en el empleo, mientras que en los países no desarrollados estriba en la calidad del empleo”. La Argentina exhibe todavía un nivel de empleo no registrado alto, en torno del 34 por ciento sobre el total de la población económicamente activa. Esto derivó en que se presentara al Congreso un proyecto para perforar el piso de 30 por ciento en dos años. En cuanto a la democracia, sostiene que países como la Federación de Rusia y Venezuela “evidencian un desarrollo humano menguado por libertades políticas limitadas”, lo cual también se aprecia “en la Arabia Saudita y en China, por ejemplo”.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se escudó en este informe y otros de organismos de crédito para salir al cruce de las definiciones del Fondo. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Cepal, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial contradicen las proyecciones del Fondo.
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› EL JEFE DE GABINETE LE RESPONDIO AL FONDO MONETARIO POR SUS CRITICAS A LA ARGENTINA Contra los pronosticadores de catástrofes
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, criticó ayer el informe de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional. El organismo pronosticó una fuerte desaceleración del crecimiento argentino este año, al tiempo que apuntó contra las políticas de expansión del mercado interno, las cuales, según el FMI, explican las tensiones de la economía. Su conclusión fue recomendar al Gobierno hacer “un ajuste ordenado”. Capitanich afirmó que el sesgo ideológico de analistas del Fondo los lleva a predecir catástrofes que nunca ocurren. Además precisó que las proyecciones de la Cepal, el Banco Mundial y Naciones Unidas contradicen las expectativas de “desastre” de la entidad de Christine Lagarde (ver aparte).
“Las recomendaciones del Fondo causaron la peor crisis social, productiva, económica, fiscal y financiera de la historia del país”, dijo el jefe de Gabinete. Anteayer, el organismo internacional sugirió al Gobierno cuál debería ser su curso de acción en materia macroeconómica. “Recientemente se ajustó el tipo de cambio y se elevaron las tasas de interés, pero se precisan modificaciones más importantes de las políticas para evitar un ajuste desordenado”, indicó. A su vez, afirmó que las iniciativas (no convencionales) de control del mercado de cambios, de los precios y del comercio internacional fueron un error, lo cual impactó en la confianza del mercado, al tiempo que potenció las tensiones de la economía en materia inflacionaria y de divisas.
Capitanich dio una respuesta contundente contra la propuesta de ajuste ordenado del organismo. “No le debemos un dólar al FMI, de manera que no puede condicionar el ejercicio de ninguna política económica que tienda a garantizar, como lo estamos haciendo, la inclusión social, el crecimiento de la economía, la generación de empleo y la mayor equidad y distribución del ingreso”, sostuvo. Agregó que “afortunadamente, Néstor Kirchner como presidente tomó una decisión que la ha continuado la presidenta de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner), que es tener autonomía en las decisiones de política económica”.
El jefe de Gabinete aseguró que los pronósticos del FMI no coinciden con los de los técnicos de otras instituciones rectoras de la estructura financiera internacional. El organismo que conduce Lagarde proyectó un crecimiento del Producto del 0,5 por ciento este año, cuando para el BID la actividad avanzará 2,8 por ciento; para OCDE, 3,3 por ciento; para el Banco Mundial, 2,8 por ciento; para la ONU, 3 por ciento, y para la Cepal, 2,6 por ciento. A diferencia del rol negativo que le asigna el Fondo a la participación del Estado en la economía, estas entidades aseguraron que el Pro.Cre.Ar (plan de crédito subsidiado de la Anses para la construcción de viviendas) y el programa de acuerdo de precios serán importantes para el desempeño de la economía local.
Además de cuestionar las recomendaciones y las proyecciones del documento del FMI, Capitanich precisó que la institución no cumplió con su tarea principal de coordinación y regulación del sistema financiero internacional. “La verdad es que en su rol más importante, que debería haber sido apoyar el proceso de reestructuración voluntaria de deuda que Argentina ha liderado, no hizo absolutamente nada. Esto se debió a la imposición y presión de banqueros y de los fondos buitre”, aseguro el jefe de Gabinete. Recordó que en el proceso de desendeudamiento argentino, 93 por ciento de los acreedores aceptaron de forma voluntaria ingresar en los canjes con quita de deuda de 2005 y 2010. También apuntó que los buitres no son poseedores originales de la deuda argentina, que solamente representan al uno por ciento de los acreedores y que accionaron judicialmente en contra de la Argentina, alterando los principios de reestructuración soberana de la deuda.
El funcionario no ahorró metáforas para cuestionar la falta de coherencia del Fondo. “Prometen primaveras irrenunciables que nunca llegan e inviernos implacables que nunca fallan”, cerró Capitanich, aludiendo a una frase del intelectual peronista John William Cooke.
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