Por Irina Hauser
Pasaron diez años exactos desde el día en que Juan Carlos Blumberg logró que una multitud desbordara la Plaza del Congreso para escuchar su reclamo de justicia por el secuestro y asesinato de su hijo Axel y sus propuestas de eficiencia y endurecimiento de las leyes penales. Durante abril de 2004 se fueron aprobando sucesivamente, con apoyo amplio de las distintas fuerzas, varias leyes que tenían como base su petitorio de siete normas. En el momento, los legisladores reconocían que estaban haciendo las cosas a las apuradas y con ciertas anomalías, pero votaron igual. Así se llegó a la modificación que permite sumar penas hasta 50 años de cárcel; se elevaron las penas mínimas y máximas para la sola portación de armas y para los robos cometidos con ellas; también aumentaron los castigos de los secuestros extorsivos seguidos de muerte y para los delitos sexuales; se limitó la libertad condicional para esos y otros delitos considerados “aberrantes”, entre algunos de los grandes cambios que en ciertos casos terminaron dando más valor a la propiedad que a la vida. ¿Qué cambió con las “leyes Blumberg”? ¿Sirvieron de algo? ¿Qué pasó en las cárceles y en los juzgados? ¿Mejoró la seguridad? ¿Hay algo de su sello en los linchamientos de estos días? Aquí lo analizan criminólogos, penalistas y jueces consultados por Página/12.
“Por más reformas legislativas, el sistema judicial tiene cierta estabilidad y capta siempre las conductas de sectores jóvenes y pobres que trasgreden la ley con delitos relacionados con la propiedad privada o con la violencia física visible, pero ese sistema es inepto para los delitos complejos y propios, por ejemplo del ámbito familiar”, explica Mariano Gutiérrez, criminólogo, investigador del Instituto Gino Germani. “En cifras, el sistema penal condena de un 2 a un 4 por ciento de los delitos que detecta. Ese número habitual no cambia con las leyes Blumberg, que lo que favorecen es una mayor tasa de encarcelamiento preventivo capaz de llevar un empeoramiento, porque lo que se expande es la cultura carcelaria, que es violenta. Es un efecto criminógeno pero no de control del delito. El endurecimiento no tiene efecto sobre las conductas sociales”, agrega el especialista.
“En el imaginario legislativo punitivo está presente que el victimario proviene de sectores sociales contra los que hay que defenderse, que es el mismo imaginario que impulsa y justifica los linchamientos, la idea de una guerra, de una clase que debe defenderse de otra. El mismo que cuestiona la racionalidad del anteproyecto de Código Penal, como si favoreciera a los delincuentes”, reflexiona Gutiérrez.
La abogada y criminóloga Claudia Cesaroni integra el Centro de Estudios y Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), que se creó “cuando estábamos azorados frente a lo que pasaba en 2004”. “Blumberg tuvo su movilización pero su petitorio lo elaboró Roberto Durrieu, subsecretario de Justicia de Jorge Rafael Videla. Lo que hizo el Congreso fue aprobar casi sin discutir la propuesta nacida de un ideólogo de la dictadura. Miércoles por medio votaban y aprobaban todo, menos, curiosamente, la tan reclamada baja en la edad de punibilidad. Blumberg señalaba desde el palco a quienes no votaban y todos aceptaban esa extorsión. Y los medios construyeron una figura de él como la de alguien con quien no se podía discutir, por ser una víctima. Uno no se tiene que meter con su dolor, pero con las víctimas hay que discutir cuando encabezan un programa de política criminal. Los parlamentarios decían, ‘esto no sirve de nada, pero lo votamos igual’”, dice Cesaroni.
En su balance, junto con “la inu-tilidad de esas reformas que no evitan delitos”, señala una línea de valores que habilita en extremos el ajusticiamiento. “Hay una forma de construcción del otro al que se le niega toda humanidad, que no casualmente proviene de la dictadura, y cuyo pensamiento comparten los asesores de Sergio Ma-ssa en materia penal; antes el otro era el subversivo, hoy es el chorrito que le roba la cartera a la abuela”, advierte.
“En estos diez años se hizo la prisionización más larga porque los delitos contra la propiedad se igualaron al homicidio; las leyes se usaron para impedir las excarcelaciones porque se agravaron las tentativas de robo; la conflictividad o el delito no bajan aumentando las penas, sino cuando hay más empleo y recuperación de la economía. La solución punitiva es una ilusión de mayor seguridad, es una coartada. Al producto de las leyes Blumberg se lo llama populismo penal, es lo que en la modernidad intentó el fascismo, prometer la solución mediante el uso de la fuerza física y el encarcelamiento masivo”, señala el fiscal Alejandro Alagia.
En esta década, indica Alagia, las tasas de los homicidios “se mantuvieron estables o bajaron, pero las de otros delitos aumentaron porque se produce mayor violencia social. Pero no es cierto que haya un Estado ausente, que es la justificación del linchamiento. La Argentina tiene 77 por ciento de presos con preventiva”, sostiene Alagia.
El juez de tribunal oral Adrián Martín, titular de la Asociación Pensamiento Penal, también alerta sobre la mayor tasa de encarcelamiento “que implica más presos desprovistos del estatuto de persona, nadie se hace cargo de lo que es la cárcel”. “Es absurdo pensar que más pena previene delitos”, sostiene. La Asociación lanzó esta semana la campaña “No cuenten conmigo” contra los linchamientos que, también, dice Martín, “llevan la idea de considerar al otro como un peligro, no como una persona”.
“Esas leyes no permiten alcanzar la debida personalización de las penas, es decir, una sanción adecuada a la culpabilidad del autor, porque igualan todo para arriba, hechos graves con leves, al prever topes mínimos extremadamente altos y desproporcionados en relación al interés que tutela la ley”, sostiene Horacio Díaz, juez de Tribunal Oral y profesor de Derecho Penal.
Abel Córdoba, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), informa que en la provincia de Buenos Aires habían 18 mil presos en 2002 y hoy son más de 31 mil. “Las reformas como la de 2004 fueron un fertilizante para ese número. La autoridad policial dirá que aumentó el delito. Lo que yo veo es que subió la criminalización de las personas sin mejorar los criterios. En el robo de cables en la vía pública para luego vender el metal se sigue encarcelando al pibe que la policía ve colgado, pero no se busca al que lo comercializa. Otro ejemplo: este tipo de reformas suponía que las agencias policiales que criminalizan a quienes portan armas son ajenas a su comercio, pero no investigan su participación”, concluye Córdoba.
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