EL CONVENIO CON SUPERMERCADOS, MAYORISTAS Y PROVEEDORES Y SE REVISARA TRIMESTRALMENTE Nuevo acuerdo de precios por un año

La canasta de bienes con precios acordados representa en promedio el 65 por ciento del consumo de los hogares. La lista comienza en las diez grandes cadenas del área metropolitana, y luego se extenderá a las regiones y a los locales chinos. Por Javier Lewkowicz El nuevo acuerdo de precios ya tiene lista de productos confirmada, compromiso oficial de empresas proveedoras y supermercados y explicación del gobierno sobre sus objetivos, alcance inicial y otras precisiones. Arrancará oficialmente este lunes en las sucursales de la Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense de diez cadenas de supermercados nacionales, con la idea de incorporar al resto del país para fin de mes. Son 100 productos y 194 precios, porque hay más de una marca y/o presentación por artículo. Los precios serán únicos en todos los supermercados de la misma región. Tendrán revisión constante en artículos de verdulería y trimestral en los otros productos. “El acuerdo va a permitir tener una canasta de referencia con precios claros, transparentes y flexibles”, dijo en la presentación el secretario de Comercio, Augusto Costa. Ayer por la mañana en Casa de Gobierno la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), en representación de Carrefour, Disco, Jumbo, Vea, Coto, Walmart, Dia, Changomas, La Anónima y Josimar, firmó junto a 65 proveedores el compromiso de abastecer en forma adecuada las góndolas del área metropolitana en los productos y los precios que se detallan aparte. Alfredo Coto, titular de ASU, acompañó a Costa en el anuncio frente a la prensa, junto al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, la ministra de Industria, Débora Giorgi, y el viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis. Precios Cuidados se llama la nueva iniciativa. Los precios de la lista son de mercado. Eso quiere decir que permiten a las empresas obtener un margen de rentabilidad razonable. Sin embargo, indican en el Gobierno, suponen en promedio una baja del 7 por ciento con respecto a los valores actuales de las góndolas. Es que muchos productos registraron desde comienzos de diciembre una importante suba, luego del recambio de gabinete y de cara a las fiestas de fin de año. “No validamos aumentos injustificados que hubo recientemente”, aclaró Costa. El 60 por ciento de los precios, manifestó Costa, muestran una baja. Hay caídas del 2 por ciento promedio en almacén, 8 por ciento en bebidas, 11 en carnes, 7 en lácteos, 5 en perfumería y 11 por ciento en verdulería. El funcionario puso como ejemplo el sachet de leche, donde la merma va de 7,50 a 6,90 pesos, la gaseosa Coca-Cola, de 14,0 a 12,5 pesos, y los tallarines, de 10,0 a 6,50/7 pesos. En otro grupo de precios, la cuarta parte del total, hay aumentos. “Se reconoce que el precio teórico estaba muy bajo y eran productos muy difíciles de encontrar en las góndolas”, indicó el funcionario. Los ejemplos más salientes son el azúcar, que sube en esta lista un 9 por ciento, y el aceite, que avanza un 30 por ciento. La idea del Gobierno es que los precios de la lista no estén desfasados de los de mercado. Busca evitar dos cosas: una sobredemanda en esos artículos de parte de los consumidores y un fuerte incentivo a retacear el producto en el caso de la industria proveedora y los supermercados. De esta forma, el acuerdo sería más sostenible en el tiempo (ver nota aparte). Habrá actualizaciones periódicas en función de los cambios en los costos. En verduras y frutas, que están muy atadas al factor estacional, el análisis de los precios del acuerdo será permanente. De hecho, Costa aclaró que los precios de esos productos van a presentar cambios en este trimestre. En los demás productos, la revisión será trimestral y atenderá variaciones regulares de costos, dicen funcionarios y supermercadistas. El acuerdo tiene una vigencia de un año. Son en total 100 variedades que llegan a 194 precios al computar las distintas marcas y presentaciones: 76 precios de almacén, 20 bebidas, 14 carnes y procesados, 23 lácteos, 20 artículos de limpieza y 21 de perfumería, 6 panificados, 10 de verdulería y 4 de librería. Para que el acuerdo funcione, la oferta en las góndolas deberá ser adecuada y la lista muy bien difundida, porque el objetivo es que el consumidor de a poco la vaya internalizando. Las herramientas que el Gobierno dispuso para la comunicación de la lista del acuerdo son las siguientes: igual señalética en todas las góndolas, folletería en el supermercado, listas impresas en lugares visibles del establecimiento, Internet (ya está habilitada la web www.precioscuidados.com), publicidad en radio, tv y afiches en la vía pública. Los precios serán los mismos en cada comercio que se adhiera al acuerdo. Solo habrá diferencias entre distintas regiones del país en función de los costos logísticos. El acuerdo va a comenzar a rodar el lunes en las sucursales del área metropolitana de las diez cadenas que firmaron el compromiso. En el curso de las próximas semanas el Gobierno va a incorporar al convenio a las filiales del interior, a los supermercados regionales y a los locales cuyos dueños son de origen chino, aunque la lista en los últimos dos casos será más reducida, en función de la disponibilidad de provisión. “La medida se irá federalizando”, indicó Costa, y agregó que la extensión del acuerdo comenzará por los centros turísticos, por tratarse de período vacacional. La participación en el acuerdo es voluntaria para las empresas, pero como en cualquier contrato, la firma conlleva una obligación. Costa explicó que su Secretaría está desarrollando un software de “alerta temprana” para que proveedores y supermercados denuncien irregularidades. No dio precisiones sobre sanciones, pero dijo que van desde multas hasta la clausura. De todas maneras, aclaró que en una situación normal las góndolas están abastecidas en un 85 a 90 por ciento, por lo que puede haber faltantes aunque no sostenidos ni generalizados. También dijo que las empresas no están habilitadas a poner tope a la compra de productos. Ese tipo de limitaciones deberán ser autorizadas previamente por Comercio. Compartir: Twitter

EL MINISTRO DE PLANIFICACION ANUNCIO SANCIONES A EDESUR Y EDENOR POR LOS CORTES DE LUZ Multas y resarcimientos como primer paso

Las firmas deberán pagar a los usuarios entre 490 y 870 pesos, según la extensión que haya tenido la interrupción del servicio. También fueron multadas. Sigue en estudio la posibilidad de rescindir el contrato o que el Estado tome el control de las firmas. Por Fernando Krakowiak El ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció ayer que Edesur y Edenor deberán resarcir a los usuarios residenciales por los cortes de luz que se vienen produciendo desde hace más de dos semanas. La retribución será de 490 pesos para quienes se quedaron sin servicio por menos de 24 horas, de 760 pesos si el corte duró entre 24 y 48 horas y de 870 pesos si superó ese lapso. El monto se duplicará si el afectado sufrió cortes en el pasado. Este aporte no contempla el desembolso por los daños producidos en instalaciones o artefactos hogareños. En ese caso, se deberá hacer un trámite, primero ante la compañía eléctrica y si no se obtiene respuesta, ante el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE). De Vido adelantó además que Edesur recibirá una multa de 17,8 millones de pesos y Edenor otra por 8 millones, e incluso dijo que debido a las graves faltas en el cumplimiento del servicio se podría decidir la rescisión de ambos contratos de concesión o tomar el control de las compañías (ver página 7). Por último, el ministro descartó un aumento de tarifas, pero dejó abierta la puerta para retomar la reducción de subsidios. - Los cortes. De Vido realizó el anuncio en el microcine del Ministerio de Economía ante funcionarios del Gobierno, intendentes del conurbano bonaerense y gremialistas del sector eléctrico. El funcionario precisó que, según estadísticas de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), los cortes afectaron a 57 mil usuarios por día en promedio, cifra equivalente al 1,1 por ciento de los clientes de las distribuidoras Edesur y Edenor. El pico se registró el viernes 20 de diciembre, cuando 152 mil hogares se quedaron sin luz, lo que durante aquella jornada elevó el porcentaje al 3 por ciento del total de los clientes. Eso significa que sólo ese día unas 600 mil personas quedaron a oscuras en el área metropolitana. El funcionario aclaró que la situación en la zona de concesión de Edesur fue peor que en la de Edenor. “Por cada interrupción de Edenor hubo cinco de Edesur”, sostuvo, aunque agregó que en los dos casos el desempeño frente al pico de demanda fue muy pobre. También remarcó que la cantidad de cortes no fue tan alta como la registrada en abril de 2012 o en la Semana Santa de 2013, pero la gravedad estuvo dada por la extensión de las interrupciones, de hecho todavía hay gente sin luz en el área metropolitana y en algunos casos permanecen a oscuras desde hace más de una semana. De Vido precisó que en la zona de Edenor, la mayor cantidad de cortes se concentró en Morón, Olivos, Pilar y algunas localidades del cordón norte, que va de Vicente López a Tigre, mientras que en el caso de Edesur los apagones afectaron fundamentalmente a Villa Santa Rita, Flores, Floresta, Caballito, Almagro, Monte Castro, Liniers, Devoto, Parque Patricios, Lanús y Avellaneda. - Las sanciones. En respuesta a los cortes, el ministro anunció un combo que incluye resarcimientos y multas. Los usuarios que sufrieron una interrupción por menos de 24 horas recibirán 490 pesos, a quienes se les cortó la luz entre 24 y 48 horas cobrarán 760 pesos y si el apagón los afectó por más tiempo el importe será de 870 pesos. Además, De Vido aclaró que ese monto se duplicará si el usuario fue víctima de otro corte en el pasado. Las asociaciones de consumidores se reunieron ayer por la tarde con el directorio del ENRE y solicitaron una indemnización mayor para aquellos clientes que tuvieron cortes durante períodos muy extensos. El vicepresidente del ente regulador, Luis Barletta, aseguró que va a considerar el pedido. De Vido dijo ayer que el dinero se acreditará de manera automática en la próxima factura y el saldo remanente en las facturas siguientes. Sin embargo, las asociaciones de consumidores pidieron que se aplique el mismo criterio que con las retribuciones abonadas en 2011. En ese momento, cuando el resarcimiento excedió el importe de la factura, el usuario pudo cobrar el saldo remanente en un solo pago en las oficinas que la distribuidora habilitó a tal fin. Los resarcimientos representarán una erogación de 221 millones para Edesur y 77,5 millones para Edenor y no contemplan los pagos por roturas de electrodomésticos o cualquier otra instalación hogareña, lo cual debe reclamarse aparte ante la empresa y eventualmente el ENRE. El usuario también está habilitado para demandar judicialmente a su distribuidora. Además, el Estado multó a Edesur con 17,8 millones de pesos y a Edenor con 8 millones. - Las causas. El ministro De Vido detalló ayer las obras que se realizaron desde 2003 en generación y transporte de energía, para intentar dejar en claro que el problema se circunscribió al eslabón de la distribución. Aseguró que se incorporaron 8727 megavatios al sistema a partir de una inversión de 92.500 millones de pesos, de los cuales 72.250 millones los desembolsó el Estado Nacional (78 por ciento) y 20.350 millones los privados (22 por ciento). “El Estado deberá capitalizar efectivamente el 78 por ciento de esos 92.500 millones”, aseguró De Vido y agregó que está evaluando medidas con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque no dio más detalles. También cuestionó que algunos medios de comunicación supuestamente hayan pretendido instalar la idea de que Argentina depende de la energía eléctrica de Uruguay, a raíz de las importaciones de las últimas semanas. “Existe un acuerdo de intercambio entre ambos países y entre energía eléctrica y gas natural, Argentina le exporta 3,5 veces más energía a Uruguay que la que importa de Uruguay”, afirmó De Vido. Según explicó, eso es porque, si bien se importa energía eléctrica cuando la demanda es alta, todos los días el país le exporta a Uruguay un promedio de 300 mil metros cúbicos de gas natural. Además, De Vido aclaró que la importación representa sólo el 0,15 por ciento del consumo argentino. “No tiene peso estratégico ni de volumen alguno”, agregó. Para demostrar que el país no tuvo problemas de generación eléctrica en los últimos veinte días, el funcionario también recordó que en ese período no se importó energía de Brasil, pese a que existe un acuerdo con el socio mayor del Mercosur que le permite al país importar hasta 1500 MW en tiempos de emergencia eléctrica. El ministro aseguró que los cortes de luz estuvieron influidos por la extraordinaria ola de calor que se extendió por 18 días, posicionando al mes pasado como el diciembre más caluroso desde el comienzo de los registros meteorológicos, en 1906. Además, cuestionó a algunos medios de comunicación por haber puesto el foco exclusivamente en la interrupción del servicio eléctrico, sin mencionar la emergencia climática. “La noticia no era que había 40 grados de temperatura sino que había cortes de luz. Está muy bien informarlos, pero está claro que se producen, más allá de la responsabilidad que tenemos como autoridad regulatoria, porque hay una situación extrema en términos climáticos y una altísima responsabilidad de las distribuidoras”, aseguró De Vido. El funcionario dio a entender que las interrupciones en el servicio también fueron consecuencia de una presión empresaria para lograr incremento de tarifas, pero aseguró que no habrá aumentos. “Fallaron los cables finales de la distribución y los responsables son los que prestan este servicio. Hay infinidad de cooperativas del interior que tuvieron la misma demanda y prácticamente no tuvieron cortes. Se extorsionó para lograr un aumento de tarifas que no va a venir”, respondió. Incluso aseguró que las empresas subejecutaron el Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (Focede), creado por el Gobierno el año pasado para reforzar este eslabón a partir de un cargo específico adicional que abonan los usuarios. “Tuvieron todas las intimaciones y a pesar de eso incumplieron en la ejecución de los montos adjudicados en el fondo fiduciario”, dijo De Vido. También sostuvo que en los barrios afectados de la Ciudad de Buenos Aires se llevaron adelante en los últimos años más de 7000 emprendimientos inmobiliarios, en su mayoría eléctricos, que fueron autorizados por el gobierno municipal sin una evaluación de su impacto sobre la demanda eléctrica, en un intento por trasladar parte de la responsabilidad al jefe de Gobierno Mauricio Macri (ver aparte). fkrakowiak@pagina12.com.ar Compartir: Twitter

PANORAMA ECONOMICO Distorsivo

Por Alfredo Zaiat La mayoría de los economistas tienen debilidad con la palabra “distorsivo”. La utilizan cuando hablan de impuestos, de tarifas y en términos generales de precios relativos. Esto último significa que unos están más adelantados que otros, o sea, que son más elevados o más bajos en comparación. La calificación “distorsivo” tiene una connotación negativa que exige por lo tanto una inmediata reparación para evitar costos mayores si se prolongaran esas condiciones. Determinar el valor de las tarifas de servicios públicos o el del tipo de cambio, o crear un nuevo impuesto o realizar variaciones en las alícuotas en los existentes, modifica la situación de los actores económicos en relación con la que regía antes o en el mundo ideal del liberalismo sin Estado. Es una interferencia en el funcionamiento de la economía. La intervención introduce necesariamente “distorsiones” en el comportamiento de los mercados. En ese sentido, todos los impuestos o los subsidios a los servicios públicos, como también los entregados a las empresas, son distorsivos de un supuesto equilibrio de mercado libre sin injerencia estatal. Por ese motivo el aspecto esencial en una estructura tributaria o de tarifas, en la estrategia cambiaria o en la de precios, y en general en la política económica, es precisar cuál es la orientación, alcance e impacto distributivo de la intervención estatal necesariamente distorsionante del mercado para la búsqueda de la mejor combinación entre eficiencia y equidad, que no siempre es la misma sino que debe adaptarse según las circunstancias políticas y económicas locales e internacionales. La obsesión de la economía convencional por la existencia de distorsión en ciertos precios no se expresa con el mismo entusiasmo cuando evalúan elevadas tasas de ganancias empresarias o concentración de la riqueza, o el retraso relativo de los salarios o los niveles de pobreza. Estas variables también son “distorsiones” de la economía, que para algunos están naturalizadas y no provoca reacciones demandando modificaciones. Es más fácil lograr aprobación hablando de “distorsión de precios relativos” que de brechas de ingresos distorsivas de la igualdad social, y es más aceptado en el discurso dominante proponer el ajuste en variables que impactan negativamente en los sectores más vulnerables, con la suficiente convicción de que logran que la mayoría lo avale aunque vaya en contra de sus propios intereses. La pregunta que pocos responden con rigurosidad es cuál sería la “distorsión” de los precios y cómo evaluarla. La más habitual en el debate económico de coyuntura es que las tarifas y el tipo de cambio están atrasados y, por lo tanto, la medida adecuada es subir las primeras y la otra devaluar la moneda. Puede ser que ambas sean necesarias en un determinado contexto político, social y económico, pero lo que debe saberse es que implican la baja del salario real, que sólo con un aumento posterior puede compensar esa pérdida inicial del poder adquisitivo. O sea, el sendero propuesto por la mayoría de los economistas es afectar a los sectores con ingresos fijos para ir corrigiendo las supuestas distorsiones en los precios relativos. ¿Es necesario ese tipo de intervención en la que se predetermina como verdad absoluta la “distorsión de precios relativos”? ¿Salarios bajos y tarifas altas también son considerados distorsionados o, en cambio, son elogiados como impulsores de la inversión privada con la falsa promesa del bienestar general? ¿Cuál es la vara de medición de la distorsión? Una situación similar involucra a los subsidios de las tarifas que estarían distorsionando el valor que pagan los usuarios en el área metropolitana por servicios públicos esenciales. Disminuirlos o directamente eliminarlos es la propuesta que reúne más consenso. Bajarlos, además de un ahorro en las cuentas públicas, reduce el ingreso disponible de los sectores a los que se les poda subsidios. En un artículo publicado en Página/12 del lunes 23 de diciembre pasado, Fabián Amico señala que “la explicación dominante acerca del efecto de los subsidios es simple: dado que dichos gastos son ‘financiados con emisión’, por ende generan inflación, llevando a nuevos aumentos del gasto y a una espiral insostenible”. Afirma que es discutible si cualquier reducción del gasto agregado puede llevar a la desaceleración de la inflación, pero menciona que en este caso la reducción del gasto público (en subsidios) generaría directamente un shock inflacionario, por la suba de tarifas que le seguiría, “lo que constituiría un caso inédito en la comparación internacional y una muestra palmaria de la falta de sensatez y pragmatismo del monetarismo argentino”. Amico dice entonces que como es difícil argumentar que la baja de los subsidios puede ser antiinflacionaria, “se recurrió a la idea de que son regresivos en términos distributivos, además de insostenibles”. Señala que la preocupación dominante, en realidad, no es la equidad sino el control del gasto. Menciona que se podría subir la cantidad de subsidios a los hogares más pobres o gravar con impuestos a los de mayores ingresos, sin necesidad de bajar ni subir el gasto. Su reducción tiene un impacto negativo sobre la demanda agregada y la base imponible, dando lugar a menores ingresos fiscales y en consecuencia a un mayor desequilibrio de las cuentas públicas. Amico explica que los subsidios son un gasto en moneda doméstica y como tal es siempre financiable, provocando con el siguiente interrogante: “¿Acaso habría algún ‘umbral’ tras el cual la situación se tornaría explosiva? El silencio sobre este punto central es desconcertante”. La aceleración en la variación del tipo de cambio, medida que viene a dar respuesta a la distorsión del supuesto atraso que afecta la competitividad de ramas de la producción nacional, deriva en una intensificación de esa histórica fuente de tensión inflacionaria de la economía argentina. Las listas de precios de las grandes empresas proveedoras de insumos estuvieron subiendo de 3 a 4 por ciento mensual en los últimos meses de 2013, y en el comienzo del nuevo año algunas aplicaron alzas del 15 a 16 por ciento (por ejemplo Acindar y Sipar-Gerdau). La ortodoxia no se cansa de repiquetear diariamente que la emisión monetaria y el gasto público son responsables de los aumentos de precios. Los ciclos de inflación, alta e hiper, sin embargo han tenido al mercado cambiario como uno de los principales impulsores, en especial desde la década del ochenta. En la actualidad, lo sigue siendo. La lógica conservadora de “sincerar precios”, definición que nace de suponer la “distorsión de precios relativos”, propone subir tarifas, con la promesa de incentivar más inversiones; bajar subsidios, con el objetivo de aliviar el frente fiscal; y mejorar el tipo de cambio real, con el propósito de recuperar competitividad de la producción nacional, además de encarecer el turismo al exterior para reducir el flujo de divisas de las reservas del Banco Central. En un escenario económico 2014 que se supone de menor ritmo de crecimiento que el año que acaba de terminar, promover austeridad fiscal y mayor devaluación tendría como resultado más inflación y desaceleración del crecimiento con riesgo de estancamiento. Las urgencias de corto plazo a veces pueden nublar el horizonte de mediano y largo plazo de desarrollo económico, que requiere de financiamiento interno y externo para la articulación de una política de sustitución de importaciones específica (siendo estratégica la energética), el desa-rrollo industrial y el fomento de las exportaciones con medidas un poco más complejas que la de subir tarifas, bajar subsidios y devaluar la moneda. azaiat@pagina12.com.ar

› PROVINCIA DE BUENOS AIRES Los docentes van por un aumento en el básico

La titular de la Federación de Educadores Bonaerenses, Mirta Petrocini, anticipó que en las negociaciones salariales de este año pedirán una "recomposición en el básico, que actualmente es de 1812 pesos", y anticipó que el incremento que plantearán rondaría el 30 por ciento, aunque se aguardará la paritaria nacional "que es la que marca el piso". "Estamos en período de negociación pero no hemos sido convocados a pesar que todos los años anticipamos esta necesidad de hacerlo con tiempo", planteó la dirigente y consideró que los aumentos que lograron las policías provinciales, luego de acuartelarse, "cambió la expectativa" de los distintos sectores. Para la gremialista, este reclamo "cambió un escenario y algo dejó. Fue una situación, que lo que se leyó es que se puede. Ahora hay que ver cómo obtienen las provincias (los fondos para cubrir esos incrementos)", planteó. Aclaró que los docentes bonaerenses aguardan la definición de la paritaria del sector a nivel nacional pero aseguró que "indudablemente el orden inflacionario carcomió el incremento" del año pasado, que "en algunos casos llegó al 25 por ciento". Detalló, además, que tendrán en cuenta "algunas variables" para "comenzar a recomponer el salario y después ver el incremento" y consideró que "obviamente que estamos hablando de más del 30 por ciento".

EN TODO ESTAS VOS El gobierno porteño cerró el programa para víctimas de delitos sexuales

La coordinadora de ese área de asistencia para personas que sufrieron abusos, María Elena Leuzzi, denunció que el Ejecutivo de la ciudad le avisó que no renovará el contrato de las únicas cinco profesionales que trabajaban en esa dependencia, que funcionaba desde 2008, con lo cual produjo una virtual clausura del servicio. Tal como ayer lo denunció ATE, Leuzzi confirmó que el jueves 2 de enero "me llamaron por teléfono y me dijeron que por una decisión 'de arriba' se cerraba el programa, que nos teníamos que ir, que no había más presupuesto para nosotras". El servicio dependía de la Subsecretaría de Derechos Humanos a cargo de Claudio Avruj y se había abierto hace cinco años por iniciativa de la entonces vicejefa de Gobierno y actual senadora, Gabriela Michetti. "Cuando ella nos convocó me dijo que no se podía dejar a ninguna víctima de violación sin asistencia y ahora, con esta decisión oficial aberrante, se deja solas a las víctimas", señaló Leuzzi y detalló que "en cinco años de trabajo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, atendimos a más de 3 mil mujeres y varones abusados". El equipo que coordinaba Leuzzi, también titular de la Asociación para las Víctimas de Violaciones (Avivi) y estaba integrado por una abogada, una asistente social, una psicóloga y una administrativa, todas contratadas. Asistían a niños, adultos, tanto mujeres como varones, y los "acompañábamos a los hospitales, fiscalías, les buscábamos las mejores opciones de tratamiento". Ante esta situación, la dirigente aseguró a Télam que va "a esperar que Mauricio Macri regrese de sus vacaciones para instalar una carpa en el Obelisco, para que pueda vernos en directo y no por televisión, y allí seguir atendiendo a las víctimas, ya que nos echó como perras de la oficina".

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La coordinadora de ese área de asistencia para personas que sufrieron abusos, María Elena Leuzzi, denunció que el Ejecutivo de la ciudad le avisó que no renovará el contrato de las únicas cinco profesionales que trabajaban en esa dependencia, que funcionaba desde 2008, con lo cual produjo una virtual clausura del servicio. Tal como ayer lo denunció ATE, Leuzzi confirmó que el jueves 2 de enero "me llamaron por teléfono y me dijeron que por una decisión 'de arriba' se cerraba el programa, que nos teníamos que ir, que no había más presupuesto para nosotras". El servicio dependía de la Subsecretaría de Derechos Humanos a cargo de Claudio Avruj y se había abierto hace cinco años por iniciativa de la entonces vicejefa de Gobierno y actual senadora, Gabriela Michetti. "Cuando ella nos convocó me dijo que no se podía dejar a ninguna víctima de violación sin asistencia y ahora, con esta decisión oficial aberrante, se deja solas a las víctimas", señaló Leuzzi y detalló que "en cinco años de trabajo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, atendimos a más de 3 mil mujeres y varones abusados". El equipo que coordinaba Leuzzi, también titular de la Asociación para las Víctimas de Violaciones (Avivi) y estaba integrado por una abogada, una asistente social, una psicóloga y una administrativa, todas contratadas. Asistían a niños, adultos, tanto mujeres como varones, y los "acompañábamos a los hospitales, fiscalías, les buscábamos las mejores opciones de tratamiento". Ante esta situación, la dirigente aseguró a Télam que va "a esperar que Mauricio Macri regrese de sus vacaciones para instalar una carpa en el Obelisco, para que pueda vernos en directo y no por televisión, y allí seguir atendiendo a las víctimas, ya que nos echó como perras de la oficina".

› VACIAMIENTO DEL PARQUE DE LA MEMORIA "Es otro delito contra la memoria de nuestros hijos"

La integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Taty Almeida señaló que la advertencia del gobierno de Mauricio Macri de no aumentar los sueldos a los trabajadores del espacio ubicado en la Costanera Norte, que recuerda a las víctimas de la última dictadura cívico-militar en Argentina, "es una amenaza inminente de cierre" de ese lugar y anticipó que "todos los organismos de derechos humanos saldremos a respaldar a los empleados" del parque. Almeida rechazó la decisión del subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural porteño, Claudio Avruj, de no otorgar actualización salarial a los 27 trabajadores de ese lugar, en su mayoría monotributistas, a quienes se les habría dicho, además, que si no estaban de acuerdo con la medida podían renunciar. "Decir que 'si no están de acuerdo renuncien', es lo mismo que decir que no les interesa mantener el espacio", interpretó la integrante de Madres de Plaza de Mayo al referirse al conflicto con los trabajadores del espacio de la Memoria en la Ciudad de Buenos Aires, que comenzó el jueves cuando el Avruj les comunicó la novedad. "Saldremos todos los organismos de derechos humanos a respaldar a los trabajadores del Parque", dijo Almeida, porque el vaciamiento que se pretende hacer en ese lugar "sería otro delito contra la memoria de nuestros hijos, que tienen un monumento en su recuerdo en un espacio visitado por miles de personas cada año", remarcó. En un comunicado, los trabajadores señalan que "lejos de reconocer la capacidad profesional y técnica, la experiencia y el compromiso con el espacio, el Gobierno de la Ciudad nos amenaza con aceptar su propuesta o quedarnos sin trabajo". Destacan que "el 98 por ciento de los trabajadores son contratados hace años como monotributistas, sin estabilidad ni derechos laborales", y consideran que la medida "implica un paso más hacia el vaciamiento profesional de la institución y es el paso previo a su cierre".