viernes, 3 de enero de 2014
SE INVESTIGA LA DESAPARICION DE 22 TRABAJADORES Audiencia por la causa Molinos
La causa que investiga la desaparición de 22 trabajadores de la firma Molinos Río de la Plata, secuestrados durante la última dictadura cívico-militar, tendrá el 6 de febrero próximo la primera audiencia testimonial en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo de Humberto Blanco. El primero en declarar será Juan Albornoz, hermano de René Albornoz, secuestrado y desaparecido el 24 de agosto de 1977, tras ser despedido de la empresa. Los querellantes son Analía Fernández, Ernesto Mattaboni y Roxana Freytas, hijos de tres obreros desaparecidos de la planta que trabajaban en la empresa que pertenecía en aquel momento al grupo económico Bunge y Born. Según Fernández, cuyo padre fue secuestrado y desaparecido el 7 de junio de 1976, durante un operativo masivo en la puerta de la fábrica, la decisión de avanzar en la investigación judicial es “un paso importantísimo que abre las puertas para revelar la complicidad civil que había detrás de las juntas militares”.
En la denuncia presentada hace cuatro meses se solicita que se investigue “la responsabilidad que en tales hechos pudiera haber correspondido a propietarios, directivos, administradores y/o gerentes de la empresa Molinos Río de la Plata S.A.”. Al respecto, la hija del militante de la Juventud Peronista Francisco Fernández señaló que “es clave investigar de una vez al poder económico, que no sean los intocables de siempre por ser poderosos”.
La presentación de Javier Garín, el abogado que patrocina a la querella, recopila testimonios, recortes de prensa y documentación de hace diez años, y da cuenta de los hechos “enmarcados en una situación de conflicto que se vivió en el ámbito laboral de las víctimas, trabajadores y/o representantes gremiales, dentro de la firma”. Al mismo tiempo, advierte sobre “el incremento de la persecución laboral y gremial luego de la muerte de Perón y con la proximidad del golpe de Estado”. Desde la fiscalía afirman que la denuncia aún está en un estado “incipiente” porque lleva poco tiempo de ser presentada y están definiendo la competencia del caso.
EL JEFE DE LOS FISCALES DE ENTRE RIOS CONSIDERO NULO EL AUMENTO OTORGADO BAJO PRESION A LA POLICIA “Fue un acuerdo producto de la sedición”
El procurador del Superior Tribunal de Justicia entrerriano, Jorge García, dijo que el acuerdo salarial fue forzado por una extorsión ante el alzamiento policial. Algo similar se había decidido en el Chaco y también podría replicarse en otros distritos.
El acuerdo firmado entre el gobierno de Entre Ríos y la policía de esa provincia para poner fin al amotinamiento de los agentes de seguridad que tuvo lugar el mes pasado es nulo, según la consideración del procurador general del Superior Tribunal de Justicia entrerriano, Jorge García, quien adelantó además que el acta será presentada como prueba en una denuncia contra unos setenta uniformados por la medida de fuerza ilegal y la eventual complicidad con quienes cometieron saqueos durante la huelga. “El acuerdo es prueba del delito, del chantaje a punta de pistola en el sentido de que se extorsionó, se forzó un arreglo a partir de la situación que reinaba en las calles. Así las cosas, el acta no tiene ninguna consecuencia jurídica”, señaló el procurador. La decisión, similar a una adoptada en el Chaco la semana pasada, podría verse replicada pronto en otros distritos que sufrieron reclamos salariales combinados con alzamientos de las fuerzas de seguridad.
“Devenida la calma, queda claro que la foto que circuló una vez que se cerró el acuerdo y el propio texto son la prueba patética y patente de la extorsión, a tal punto que el acta aquélla va a encabezar la denuncia penal que vamos a realizar”, afirmó García en una entrevista con un medio local. Para el funcionario, en el registro visual del momento en que se firma el acta puede verse que “nadie hace ostentación pero el arma reglamentaria” de los efectivos presentes “está en la cintura” y “en ese sentido el testimonio gráfico es de una contundencia real y simbólica que exime de mayores consideraciones”.
Esos elementos dejan constancia de que “se trató de un acuerdo arrancado a la fuerza, extorsivo, producto de la sedición” y el mismo documento firmado “es prueba del delito, del chantaje a punta de pistola en el sentido de que se extorsionó, se forzó un arreglo a partir de la situación que reinaba en las calles”, por lo que “el acta no tiene ninguna consecuencia jurídica, independientemente de lo que administrativamente se resuelva en relación con los aumentos allí contemplados”.
García anticipó que en cuanto termine la feria judicial, el Estado de Entre Ríos radicará una denuncia penal “contra los cabecillas y los responsables de los actos de violencia en sede policial, y paralelamente, contra los ciudadanos que participaron de los saqueos, tal como ha quedado determinado en las filmaciones”. Habrá una tercera línea de investigación, respecto de los policías “que crearon abiertamente las condiciones propicias para los robos”, por ejemplo “efectivos sorprendidos por las cámaras mientras hacían mover a punta de pistola patrulleros apostados ante comercios que inmediatamente después fueron atacados”.
Los agentes de seguridad que participaron de una forma u otra de las protestas y serán denunciados por ello son unos setenta, advirtió el jefe de los fiscales entrerrianos. De esos policías, alrededor de una docena están identificados como responsables o cabecillas del levantamiento. “Se llevaron puesto medio Código” Penal, ironizó García. Entre los cargos que podrían caberles a los amotinados están los delitos de sedición, con privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones graves calificadas, daños calificados, sustracción de bienes de uso público para fines privados e instigación a robos calificados. A los autores de los saqueos les cabría el delito de robo calificado de manera reiterada en aprovechamiento de la calamidad.
Aunque el gobernador Sergio Urribarri no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, los actos del procurador general tendrían su visto bueno. La noticia llega días después de que el gobernador chaqueño, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, ratificara también que los acuerdos salariales que firmó el mes pasado para acabar con el conflicto en su provincia son “nulos” por los mismos motivos que ahora esgrime García. “No puedo entrar en paritarias con un señor que tiene una 45 en el bolsillo y se le van los ánimos arriba en momentos de negociar salarios”, había declarado el mandatario la semana pasada, al anunciar que denunció a “más de trescientas personas” que participaron de una u otra forma de los saqueos. Se espera que en los próximos días otras provincias avancen en sus respectivos tribunales para evitar tener que afrontar los costosos incrementos salariales que se habían firmado en un primer momento para contener las protestas policiales y los incidentes relacionados, como los saqueos.
DESDE LA JEFATURA DE GABINETE ELABORARON UN LISTADO DE OBJETIVOS A CUMPLIR DIVIDIDO POR MINISTERIOS Y SECRETARIAS Las 204 metas que el Gobierno se propuso para 2014
Estarán publicadas hoy en la web. Prometen mayor generación de energía eléctrica, viviendas, más empleo y beneficios sociales.
Por Fernando Cibeira
Construcción de viviendas, mayor generación de energía eléctrica, reducir la mortalidad infantil, extender los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, incrementar las exportaciones, reducir el desempleo y el empleo informal son algunos de los 204 objetivos y 272 metas que el Gobierno se propuso para el 2014 que acaba de iniciar. Esta especie de hoja de ruta de gestión había sido una promesa de Jorge Capitanich cuando asumió como jefe de Gabinete y hoy podrá exhibirla luego de haber recolectado la información que le hicieron llegar desde todos los ministerios. La lista estará disponible en la página web de la Jefatura de Gabinete para que quien lo desee pueda seguir el cumplimiento de los diferentes objetivos. La presentación de planes al estilo del peronismo tradicional no ha sido una característica durante la década que lleva gobernando el kirchnerismo, que prefirió la realización de actos periódicos anunciando obras, beneficios sociales y demás medidas. Pero la presidenta Cristina Kirchner y Capitanich optaron ahora por detallar una lista de “metas estratégicas” con la intención de darles mayor visibilidad a las realizaciones del Gobierno, un dato que –consideran– suele quedar sepultado en medio de las disputas políticas y de los problemas coyunturales.
Por caso, era normal en los tórridos días pasados escuchar en la Casa Rosada a funcionarios enojados por las críticas que el Gobierno recibía por la supuesta imprevisión que derivó en los cortes de luz, entendiendo que no se le reconocía al kirchnerismo todo lo que se había avanzado durante estos años en materia de generación de energía eléctrica. “No queremos quitarnos responsabilidad porque ya son muchos días con cortes, pero el problema no es de generación, sino que está en la distribución”, repetían mientras hacían zapping por los canales y cada tanto dedicaban algún comentario a alguno de los ex secretarios de Energía que opinan en los medios como si nunca hubieran sufrido contratiempos en sus gestiones. Ponían como ejemplo el caso de Aysa, empresa manejada por el Estado. “¿Por qué no hay problemas de agua? ¿Se imaginan qué estaría sucediendo si el Estado no se hubiera hecho cargo de Aysa?”, remarcaban.
No por nada una de las metas anunciadas para 2014 tiene que ver con el incremento en 1625 Mw de la generación de energía y el desarrollo de 756 kilómetros de líneas de alta tensión para su transporte. En medio de una lista que por momentos cae en ciertas generalidades –y que recién hoy se conocerá completa–, resaltan los objetivos sociales: 100 mil nuevas viviendas, el incremento en un 18 por ciento de los beneficiarios de las asignaciones familiares, del 3,3 por ciento de quienes reciben la AUH –con lo que superarán los tres millones y medio– y de otro millón de netbooks repartidas, llegando casi a los cinco millones.
Capitanich había prometido las metas para “antes de fin de año”, plazo que días atrás modificó para el viernes 3 de enero. Por eso, ayer, pese a que se encontraba en medio de las negociaciones por el acuerdo de precios, no quiso postergar el anuncio para cumplir con lo anticipado. “Compromisos que vamos cumpliendo” celebró luego en Twi-tter, donde anticipó que las provincias también se incorporarán a las metas. Primero, con la convocatoria a los consejos federales por cada área, para que también asuman sus propios compromisos. Y el lunes 6, anticipó, habrá un encuentro para plantear metas de exportaciones, con detalle de destinos y productos, del que participarán las empresas y representantes de las provincias.
Argentina en la elite nuclear
El embajador argentino en Austria, Rafael Mariano Grossi, asumirá en representación de la Argentina la presidencia del Grupo de Proveedores Nucleares (NGS, según la sigla en inglés) para el período 2014-2015. Este grupo vincula a 48 países que operan instalaciones nucleares y que manejan sus tecnologías y equipos, con capacidad de exportar o transferirlos. Es considerada la elite de la tecnología y la industria nuclear internacional.
Para la Argentina, esta responsabilidad llega en un momento importante de su plan nuclear, en plena expansión y con una sólida trayectoria en el compromiso en favor de la no proliferación de las armas nucleares y el desarme nuclear. Grossi fue jefe de Gabinete de la OPAQ (Organismo para la Prohibición de las Armas Químicas, reciente ganador del Premio Nobel de la Paz) y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
ECONOMIA › BALANCE DEL PROGRAMA DE CREDITOS PRO.CRE.AR A UN AÑO Y MEDIO DE SU LANZAMIENTO Casi 90 mil viviendas en obra
El objetivo inicial era entregar 400 mil créditos hipotecarios en cuatro años. Ya fueron sorteadas 309 mil familias, 89.450 de las cuales iniciaron las obras y ya hay 15.674 unidades terminadas. Balance de Anses y proyecciones para 2014.
El plan de viviendas lanzado a mediados de 2012, con recursos del Estado y administrado por el Banco Hipotecario, ya cuenta con 89.450 unidades puestas en marcha. Las autoridades a cargo del Programa de Créditos Argentinos (Pro.Cre.Ar) para la vivienda ratificaron la intención de entregar 400 mil créditos hipotecarios en cuatro años. A un año y medio de su lanzamiento, a través de los 8 sorteos y 4 repechajes ya realizados, resultaron seleccionadas 309 mil familias para tramitar su crédito hipotecario, según informó la Anses a través de un resumen de gestión publicado ayer.
De las casi 90 mil viviendas cuya construcción fue financiada mediante el Pro.Cre.Ar, 15.674 ya se encuentran con la obra finalizada. Ellas corresponden al total de 55.363 créditos otorgados a través de las líneas directas para las familias. Otras 34.087 viviendas, correspondientes a 105 desarrollos urbanísticos en todo el territorio nacional, se encuentran en etapa de ejecución. Estos desarrollos también son financiados a través del fondo fiduciario sustentado con recursos del Estado nacional y administrado por el Hipotecario. Como en el caso de la línea directa, las viviendas a construir son adjudicadas mediante sorteos para familias sin terreno propio.
Los desarrollos urbanísticos se realizan sobre tierras fiscales cedidas por las administraciones nacional, provinciales o municipales, o bien sobre terrenos ofrecidos por comercializadores en ubicaciones aptas para la construcción. En noviembre último, el titular de Anses, Diego Bossio, lanzó el Registro de Comercializadores Inmobiliarios, para las dos nuevas líneas de crédito de Pro.Cre.Ar: viviendas a estrenar y terrenos aptos para construir. El objetivo del nuevo registro (incluye a inmobiliarias, desarrolladores y comercializadores inmobiliarios de todo el país) es acercar la oferta con la demanda en el marco del programa de créditos hipotecarios. Todos los interesados en presentar su oferta de propiedades y/o terrenos para ser consultados por las familias con crédito Pro.Cre.Ar, deberán ingresar la información sobre los terrenos y/o propiedades que se ponen en consideración.
Con respecto a la disponibilidad de tierras, durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, en diciembre pasado, Bossio señaló que “en la Argentina hay que solucionar el tema del suelo urbano; por ello, firmamos convenios con las provincias para que ofrezcan lotes donde sea posible edificar viviendas para los argentinos”.
Vale recordar que los alcances del programa de viviendas Pro.Cre.Ar se amplió significativamente durante 2013, con el lanzamiento de las nuevas líneas de crédito para refacción, ampliación y terminación de viviendas en el mes de marzo; y, posteriormente, en septiembre, con las dos nuevas líneas para compra del terreno y posterior construcción, y para compra de una casa o departamento a estrenar. La construcción de la vivienda a estrenar deberá concluir en los 12 meses posteriores al inicio del trámite del crédito, el cual podrá financiar hasta el 80 por ciento del valor de la propiedad. En el caso de la línea para compra del terreno y posterior construcción, la financiación alcanza al 100 por ciento del valor de uno y otra.
En la oportunidad de su presentación ante la Comisión Bicameral, Bossio vaticinó que durante el año 2014 se batirían “todos los records en créditos hipotecarios. El Banco Hipotecario tuvo en su historia el Plan Eva Perón. Rescatando esos mismos valores, el Pro.Cre.Ar permite que cada argentino tenga su casa, con facilidad de pagarla a 20 o 30 años”. Admitió que el lanzamiento del programa de viviendas también abrió nuevos desafíos, como tener que enfrentar el aumento del valor del suelo urbano por la especulación inmobiliaria, cuando se detectó que el plan había generado una demanda excedente de tierras aptas para construcción de viviendas. “Hoy estamos trabajando con los intendentes para generar lotes a buen precio, para que las familias no sean víctimas de la especulación”, apuntó. Y aseguró que este año “vamos a ver muchísimos más carteles de obra con el sello de Pro.Cre.Ar”.
ECONOMIA › EL GOBIERNO CONVOCO PARA HOY A SUPERMERCADOS E INDUSTRIAS PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO ANUAL Firma y arranque del acuerdo de precios
El acuerdo empezará a regir el fin de semana. Habrá una campaña de difusión masiva para que los consumidores lleguen a los supermercados sabiendo cuáles son los productos alcanzados y sus precios. El interior del país se sumará en algunas semanas.
Por Javier Lewkowicz
La lista del nuevo acuerdo de precios será difundida hoy por el Gobierno y las empresas y comenzará a regir el fin de semana en las grandes cadenas de supermercados de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Serán alrededor de 187 productos de primeras y segundas marcas que representan una parte de la canasta de consumo básica de los trabajadores. En las próximas semanas, dicen en el Gobierno, se sumarán los supermercados regionales y también los de la comunidad china, aunque en ambos casos la lista sería más acotada según la disponibilidad de productos de los comercios y en cada región. El acuerdo es doble: hay precios finales de góndola y también de salida de fábrica para los proveedores.
Los precios se darán a conocer en el encuentro que tendrá lugar hoy por la mañana en la Casa de Gobierno, donde supermercados e industriales firmarán los convenios de compromiso. No serán precios especialmente bajos, sino que estarán en línea con los actuales valores del mercado. El acuerdo es anual, pero será revisado en forma trimestral. Comenzará a regir el fin de semana: el secretario de Comercio, Augusto Costa, pretendía que arranque hoy mismo, los súper optaban por empezar el lunes.
Más allá de los precios, este diario tuvo acceso a otros detalles del acuerdo. Un punto relevante es el modo de comunicación de la medida. En las góndolas, será muy similar al congelamiento anterior de 500 productos, ya que los artículos del acuerdo estarán ubicados normalmente, con una señalización especial. Ese método resultó no ser del todo satisfactorio, porque los carteles que identifican a los productos tienen bajo impacto visual. Para evitar que el acuerdo se pierda en las góndolas de las cadenas, el Gobierno definió con los supermercados que las listas estarán visibles en la entrada y también habrá una campaña de promoción en Internet, televisión y radio, gráfica y en vía pública.
“El objetivo es que el consumidor vaya a comprar ya sabiendo cuáles son los productos del acuerdo y su precio. Se busca establecer con ello un marco de referencia de precios para el resto de los productos”, indican en la Secretaría de Comercio. Hoy por la mañana, en Casa de Gobierno, las empresas nucleadas en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), donde se destacan Coto, La Anónima, Walmart, Jumbo, Carrefour y Dia, firmarán el compromiso de ofrecer en forma adecuada los productos del acuerdo.
También firmarán, aunque no en público, las empresas proveedoras, según la entrega a los supermercados y mayoristas que combinaron en cantidad y precio. Aspectos técnicos de la firma fueron discutidos ayer por la tarde en la Secretaría de Comercio. Las sanciones ante incumplimientos estarían enmarcadas en la Ley de Abastecimiento. En el interior del país la aplicación del acuerdo se negociará en las próximas semanas. “Apoyamos la medida, pero a veces el interior queda desprotegido ante maniobras de los proveedores. Vamos a necesitar un canal abierto con la Secretaría”, dijo a este diario Juan Carlos Deambrosi, de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca.
Página/12 anticipó en la edición del pasado 18 de diciembre los productos del acuerdo. Entre los artículos de almacén están el aceite de girasol (marca Cañuelas y Legítimo), arroz blanco (Dos Hermanos y Ala), azúcar blanco (Ledesma, Dominó y Chango), fideos guiseros (Canale y Manera), fideos tipo tallarín (Canale y Favorita), polenta (Egran y Quaker), harina de trigo (Blancaflor, Cañuelas y Favorita), huevos, leche en polvo descremada (La Serenísima y Sancor), sal fina y sal gruesa (Dos Anclas y Celusal) y yerba (Unión, Nobleza Gaucha y Amanda).
En bebidas, está la cerveza de 970 ml Quilmes y Bieckert, gaseosa de 1,5 litro de Coca-Cola, Cunnington, Seven Up, jugo concentrado de naranja Mocoretá y Carioca, jugo sin diluir de naranja Baggio y Cepita, jugos en polvo Ser y Arcor, soda (Sierra de los Padres y Kin) y vino tinto tetrabrick (Uvita y Termidor). En carnicería la lista incluye el asado, bife ancho, bife angosto, bola de lomo, carnaza, carne picada, chorizo fresco, cuadrada, cuadril, falda con hueso, hígado, hueso con carne, milanesas rebozadas, nalga, pollo fresco y vacío. También jamón cocido y paleta. En frutas y verduras, ají morrón, banana, batata, cebolla, lechuga, manzana, naranja, papa, pera, tomate redondo, zanahoria y zapallo.
En lácteos se destacan crema de leche (Sancor y Milkaut), leche común descremada y entera (La Serenísima y Sancor), queso crema (Mendicrim y La Paulina), cremoso, cuartirolo (Milkaut y La Paulina) y queso rallado (Tregar y La Serenísima). En artículos de limpieza, jabón blanco en pan (Federal y Ala), jabón en polvo (Querubín y Ace), papel higiénico hoja simple (Campanita e Higienol) y detergente líquido (Zorro y Ala). En perfumería, crema de enjuague (Plusbelle y Suave), desodorante en aerosol femenino (Plusbelle y Rexona) y masculino (Rexona y Patrichs) y pasta dental (Kolynos y Odol).
PARA CUIDAR LA CADENA DE VALOR" Acuerdo de precios en marcha
El secretario de Comercio, Augusto Costa, precisó que la canasta de referencia "tiene 194 precios de 100 tipos de productos diferentes" que regirán durante un año y serán controlados trimestralmente. Aclaró que "no se trata de un congelamiento", sino de una iniciativa que busca "previsibilidad para la economía argentina", y advirtió que habrá sanciones para los supermercados y proveedores que, habiéndose comprometido, no la cumplan. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, definió que la propuesta "se trata de precios cuidados" en el área metropolitana que, a la vez, "establecerá valores de referencias para otros bienes".
Durante la presentación del acuerdo en Casa de Gobierno, Costa señaló que la iniciativa que contempla "distintas alternativas para distintos consumidores" regirá en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, para luego extenderse a varias provincias. "También vamos a avanzar en los grandes centros turísticos", añadió.
El funcionario, además, informó que "de ninguna manera está previsto que haya límites para el consumo" de los productos del listado, porque se trata de artículos que "están perfectamente abastecidos". "Lo que acordamos con proveedores y supermercados es que si se impone algún límite a la compra, nos van a informar y nosotros vamos a autorizar eventualmente ese límite", explicó.
"El Gobierno no se propone hacer un acuerdo de precios de todos los productos" porque "es inabarcable, es imposible, es muy difícil de monitorear", aclaró el secretario e indicó que "tampoco hace falta que estén los 60 mil productos que puede haber en un hipermercado", porque sería algo "inabarcable" y "muy difícil de monitorear.
Además denunció que se han "detectado una serie de maniobras de incrementos injustificados de precios que no validamos al momento de fijar los precios de la canasta", que "en muchos casos no se relacionan con costos ni rentabilidad apropiada, sino que se quisieron aprovechar de determinadas circunstancias".
Sin embargo, los valores incluidos en la nueva canasta de referencia "son cumplibles" y son frutos de "una negociación compleja entre varios actores" que comercializan y elaboran productos de "almacén, bebidas, carnes y procesados, lácteos, de limpieza, panificados, librería, perfumería y frutas y verduras". Convocó también "al control popular" de los precios y dijo que los artículos incluidos son "muy representativos de los consumidores argentinos, con precios claros y transparentes".
Por su parte, Capitanich destacó que el objetivo del acuerdo de precios es "proteger el bolsillo de los consumidores", que es "lo que la presidenta (Cristina Kirchner) nos pidió". Garantizó que los productos con precios acordados estarán "perfectamente disponibles en las góndolas" de los supermercados y agregó que "en promedio, el acuerdo implicó una reducción del 7 por ciento en los precios de la canasta".
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