EL GRUPO CLARIN FINALMENTE PRESENTO SU PROPUESTA DE ADECUACION A LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL Con seis nuevos miniclarines en marcha

Después del fallo de la Corte Suprema, y a cuatro años de sancionada la ley, Clarín envió su propuesta. Ahora deberá evaluarla la Afsca, que festejó la presentación. Le exigirán acatar la nueva grilla de canales. Por Irina Hauser Contra los anuncios apocalípticos que presagiaban la desaparición de TN, Canal 13 y hasta del diario Clarín, a menos de una semana del fallo de la Corte Suprema que reconoció la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA), el multimedio se avino a presentar un plan para adecuarse a los límites que ella establece. El plazo para presentar esa propuesta ya estaba vencido desde el 7 de diciembre último, por eso el holding lo que hizo fue acumular una propuesta a la que ya había hecho Fintech Advisory Inc., su socia minoritaria (con el 40 por ciento de acciones) en Cablevisión, que proponía la venta de las acciones de Clarín a terceros no relacionados. La propuesta del grupo empresario consiste en una redistribución de licencias y señales en seis “unidades empresarias diferentes”, que seguramente se repartirán entre sus accionistas actuales. En el Gobierno fue recibida como una victoria política. Ahora su “admisibilidad” será analizada por la autoridad de aplicación de la ley (Afsca), que proyecta poner algunas condiciones, como la renuncia a los pleitos judiciales y al acatamiento de la grilla de canales. La iniciativa de Clarín no sorprendió tanto al Gobierno como sí la rapidez. La noticia de la presentación escrita llegó en medio de una reunión de directorio de la Afsca, en la que el representante radical Marcelo Stubrin intentaba plantear alternativas para darle algún plazo extra al grupo para adecuarse a la ley de manera voluntaria, en lugar de continuar con un proceso de adecuación forzosa. En rigor, cuando el viernes el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, fue a notificar a la empresa que continuaba con la adecuación de oficio, deslizó que había una ventanita que había abierto el socio Fintech, que había elevado su propuesta en el término admitido, a la que se podía sumar. El fallo de la Corte de la semana pasada, que declaró la constitucionalidad de la Ldsca, es taxativo al momento de decir que el plazo de adecuación a los límites establecidos por la norma estaba largamente vencido. “Me parece importante que se hayan presentado, porque durante estos años parecía que había ciudadanos de primera y de segunda; hoy todas las empresas han presentado su plan. Se acabó la idea de que alguien puede tener coronita, ahora somos todos un poco más iguales”, evaluó ayer Sabbatella. Como ha ocurrido con otras propuestas de desinversión, lo primero que hizo Clarín fue explicar cómo tiene pensado redistribuir sus señales y licencias, pero aún no especificó quién se quedaría con qué. La Afsca tiene ahora un máximo de 120 días para aprobar o bochar el plan, pero después tendrá que poner a sus expertos y los de la Secretaría de Defensa de la Competencia a analizar si no surgen incompatibilidades o trampas en las nuevas composiciones societarias. Será un trabajo fino y crucial. La empresa tendrá 180 días para ejecutar su proyecto. Según explicó Sabbatella, para adecuarse a la ley de medios y cumplir con la finalidad antimonopólica, evitar las posiciones dominantes con ventajas comparativas y competencia desleal en el mercado, es factible que las empresas dividan su patrimonio, pero deben cortar todo vínculo societario y ser “unidades de negocios distintas”. Todo hace suponer que el reparto anunciado por Clarín en un comunicado se hará entre sus principales accionistas, que son Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro. También tendrá su parte Fintech y seguramente habrá transferencias a otras firmas. Las seis empresas o unidades que el multimedio presentó ante la Afsca y en los tribunales para amoldarse a las limitaciones establecidas por el artículo 45 de la LdSCA quedarían, según un comunicado que hizo circular, de esta manera: En la primera incluirá a Canal 13 de Buenos Aires, Canal 12 de Córdoba, Canal 6 de Bariloche y a la señal de noticias TN (Todo Noticias), Radio Mitre, con las frecuencias AM 790 y FM 100 en Buenos Aires, AM 810 y FM 102.9 en Córdoba, y FM 100.3 en Mendoza. El grupo incluye 24 licencias locales de TV por cable de Cablevisión, de ciudades en donde no existe incompatibilidad con la TV abierta. “La segunda unidad mantendrá el grueso de las operaciones de Cablevisión y Fibertel”, dice Clarín. El fondo Fintech mantendrá el 40 por ciento del paquete accionario. Tendrá 24 licencias de cable e incluye la señal Metro. La tercera unidad tendrá 20 licencias de TV por cable de Cablevisión. La cuarta incluye al resto de las señales en las que participa el Grupo: Canal 13 satelital, Magazine, Volver, Quiero Música en mi Idioma, Canal Rural, TyC Sports y TyC Max. En otra unidad se incluirá licencias de FM en las ciudades de Tucumán, Bariloche, Bahía Blanca y Santa Fe. La última tendrá la licencia de TV abierta de Canal 7 de Bahía Blanca y la participación en Canal 9 de Mendoza. Aunque es paradójico, en el mismo comunicado en que informó su plan voluntario de adecuación, Clarín dijo que lo presentó frente al “avance ilegal y de facto que emprendió el Gobierno en los últimos días para quitarle los medios audiovisuales”. Su propuesta, agrega, “no interrumpe ninguna de las acciones judiciales que lleva adelante el grupo para defender sus derechos” y que, insistió, podrían extenderse a los tribunales internacionales donde, como señaló la abogada especialista Andrea Pochak en este diario, no podrá prosperar porque el sistema interamericano de derechos humanos protege los derechos de personas físicas, no de empresas. Clarín, en el texto que divulgó, vuelve a confrontar con el fallo de la Corte, aludiendo a una supuesta “restricción a la libertad de expresión”, cuando el máximo tribunal ya dijo que no había violación a ese derecho, que además se encuentra garantizado por la LdSCA. Los dueños del Grupo Clarín no tienen la mejor de las relaciones con David Martínez, el titular del fondo de inversión Fintech. Martínez es un mexicano que está instalado en Nueva York, desde donde intenta hacer buenos negocios. Con ese espíritu fue que cuando faltaban dos días para el 7D, se presentó ante la Afsca diciendo que quería cumplir con la ley y que proponía que Clarín vendiera su parte en Cablevisión. Cierta vez, en una reunión con funcionarios argentinos, Martínez dijo que no le entraba en la cabeza la obsesión que tenía Magnetto por negarse a poner una señal infantil en la grilla, en alusión a Pakapaka. Y contó que los hombres de Clarín solían responderle que admitirlo sería “una derrota política”. En la Afsca se han mostrado satisfechos con la presentación de Clarín, pero planean poner como condición a esta adecuación voluntaria diferida el acatamiento de la grilla de canales y la renuncia del holding a los conflictos judiciales. No será fácil, se anticipan. La abogada experta y ex miembro de la Afsca Graciana Peñafort evaluó, consultada por este diario: “No da la sensación de que hayan pensado esta propuesta a las apuradas durante el fin de semana. A priori, parecen adecuarse a los límites establecidos por la ley, pero habrá que analizar en detalle, y me genera dudas que no digan nada sobre cómo serían los esquemas de transferencia y escisión ni las titularidades”. Peñafort señaló que le preocupan también algunas reservas que hace Clarín. Por ejemplo, que se vuelvan abstractas las resoluciones que negaron la fusión de Multicanal y Cablevisión, “con lo que buscarían dejar sin efecto resoluciones que ponen en crisis su teoría de los derechos adquiridos” (ver recuadro). Hasta ahora presentaron propuestas de adecuación 39 empresas. Entre la decena que ya fue aprobada figuran Cadena 3, Direct Tv y el Grupo Indalo; hubo 15 que no tenían motivos de adecuación; hay 14 para las cuales está pendiente aprobar la admisibilidad de sus propuestas, entre ellas, Telefe, Telecentro, Grupo Uno y Prisa. A ellos se suma Clarín. Los cálculos más optimistas en la Afsca dicen que para mediados del año próximo, los procesos de adecuación deberían estar terminados.

Servicios audiovisuales: Carlos Tomada reafirmó que ninguna fuente de trabajo será afectada por la ley

El ministro de Trabajo, recordó que "con las cautelares, Clarín se puso en contra de una ley de la democracia", al tiempo que reiteró que existen sectores que buscan "instalar miedo y la angustia" entre trabajadores de medios. "Ninguna fuente de trabajo se verá afectada" a partir de la puesta en marcha de la ley de medios, afirmó el ministro. "A mí me preocupa mucho cuando las cautelares se convierten en instrumentos contra los intereses populares. Clarín las utilizó durante cuatro años contra una ley votada por las mayorías", expresó el titular de la cartera laboral nacional. En ese sentido, celebró que a partir del fallo de la Corte Suprema que dictaminó la constitucionalidad de la norma "todo esto llegó a su fin y luego de 4 años de chicanas, ha quedado demostrado que la ley es constitucional aunque no le guste a Clarín". En ese marco, insistió en que en medio de esa coyuntura existen sectores que buscan "instalar miedo y la angustia" entre trabajadores de medios para hacerles creer que pueden verse afectados por la adecuación a la ley de medios, aunque dejó en claro que, por el contrario, "la preservación de los puestos de trabajo" es una garantía y "un pilar" del gobierno nacional. "Así está garantizado en el espíritu de la Ley y lo reflejan los convenios firmados entre esta cartera laboral, el AFSCA y los sindicatos en 2012", resaltó a través de un comunicado. Tomada recordó que "el objetivo del acta que se firmó el año pasado parte de una instrucción de la Presidenta es precisamente para defender y preservar los puestos de trabajo", a pesar de que "algunos han querido instalar el miedo por el motivo de la aplicación de la ley" de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Rossi dijo que lo hallado muestra que la venta de Papel Prensa se relaciona a la detención de los Graiver

En A cara lavada, el Ministro de Defensa consideró “sustancial” que se llegue a material sensible de la dictadura militar a través del jefe de una de las Fuerzas Armadas. Descargar Agustín Rossi valorizó el hallazgo por el valor que tiene en si misma la información encontrada; porque la información no llega a través de una información judicial o porque se estuviera realizando una investigación, “sino que es el propio jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea quien me informa el jueves pasado que podía existir alguna documentación de la época de la dictadura militar”. Además, resaltó que “si después de 30 años pudimos encontrar toda la información que encontramos, siempre hay esperanza para que pueda seguir existiendo más información”. El Ministro de Defensa indicó que “lo que presentamos ayer son la totalidad de las actas secretas de la junta militar en el período que va del 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre del 83. Son 280 actas secretas”. Por otra parte señaló que “la junta militar era integrada por los tres jefes de cada una de las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo era el órgano supremo de lo que significaba el proceso de reorganización nacional”. “Y en esa actas hay posiciones, hay situaciones, como algunas de las que me permití remarcar ayer. Entre el 76 y el 77 un alto porcentaje de las actas está el tema Papel Prensa, tratado el tema Papel Prensa por la Junta Militar”, explicó el funcionario. Y aseveró: “Y en todos los casos se nota claramente que la venta de Papel Prensa tiene directa relación con la detención de los familiares de Graiver y de allegados que estaban ligados a la cuestión de Papel Prensa, así que me parece que es un hecho que queda claramente demostrado”. Pese a ello, Rossi admitió que “será la justicia la que determinará si tiene valor probatorio lo que hemos encontrado, pero parece que si eso es claramente importante”. Sobre cómo se sucedieron los hechos, Rossi explicó: “El jueves me llama a media tarde el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea y me dice, mire, estamos ante esta situación, me pregunta que hago y le digo que no haga nada”. Y detalló: “Envié al viceministro el doctor Jorge Fernández, acompañado por la directora de Derechos Humanos, Stella Segado y por la directora de asuntos jurídicos del Ministerio, Graciana Peñafort, para que intervengan en el lugar”. Agregó que precintaron el lugar y luego lo consultaron si estaban autorizados a trasladar el material, ya que estaba en un entorno muy agresivo para su conservación. Rossi afirmó que el material hallado es totalmente legible, que son 1500 volúmenes (1500 biblioratos) “con documentación que hay que mirar y clasificar, además de lo que hemos hecho como primera clasificación preliminar que fue lo que presentamos en el día de ayer”. Admitió que el material fue encontrado por un hecho fortuito y gracias a la decisión del Jefe de la Fuerza Aérea de comunicarlo, lo podemos informar como lo informamos. “Para mi este hecho es un hecho sustancial. Es la primera vez que nosotros llegamos a una información sensible de estas características de la dictadura militar por la decisión de un jefe de una de las fuerzas”, destacó. Además resaltó que durante el anuncio estuvo acompañado por la totalidad de los jefes de las Fuerzas Armadas, lo que consideró distintivo “en el sentido de que muestran unas Fuerzas Armadas que no tienen que ver con las Fuerzas Armadas del pasado”. Por otra parte, el Ministro informó que ordenó a los jefes de cada una de las fuerzas y al Jefe del Estado Mayor Conjunto que “extremen, que intensifiquen las requisas en aquellos lugares de uso no habitual”. “Porque los archivos, las bibliotecas, ya todo esto fue en estos años requisado y revisado. Y siguiendo lo que nos deja como experiencia este hallazgo es que quizás en donde tengamos alguna posibilidad, alguna esperanza es en aquellos lugares de uso no habitual, de tránsito no habitual que podamos llegar a encontrar alguna documentación más”, señaló. Respecto a la relación de la Junta Militar con las Asociación de Bancos Argentinos, explicó que se trata de una planificación que le presenta a la Junta el Ministro de Planificación de la época que era el General Díaz Bessone. “En esa planificación se habla de dos etapas de la dictadura: Una etapa fundacional, que duraba hasta 1990 y la segunda etapa que era la denominada Nueva República que duraba hasta el año 2000”, detalló. “Y la referencia a ADEBA es una referencia para mostrar esto que nosotros siempre decimos que la dictadura fue cívico-militar, y ahí lo que hace ADEBA es hacer un aporte, como que se le pidiera un aporte a distintas instituciones y a distintas organizaciones de la sociedad civil y ADEBA hace el aporte para la elaboración de ese plan” indicó Agustín Rossi. El Ministro sostuvo que habrá que determinar la dimensión histórica de la documentación presentada ayer pero sostuvo que sin dudas es importante porque “es un relato de la dictadura mirado desde quienes eran el poder supremo de la dictadura durante esos siete años que era la Junta Militar”. Detalló que está todo el debate sobre como rechazar el laudo arbitral de Gran Bretaña que casi nos lleva al conflicto y a la guerra con Chile por la cuestión del Beagle y que empiezan, en el año 79, 80, a aparecer las miradas distintas sobre la cuestión de los detenidos desaparecidos, cuando viene la comisión Interamericana de Derechos Humanos. “En las primeras actas se refieren claramente a detenidos-desaparecidos y después empiezan a cambiarle la denominación. Un intento de sacar una ley de presunción de fallecimiento. Son todas cosas que están ordenadas por fecha y temáticamente”, indicó. Por otra parte, dijo que se encontró también un índice detallado por tema. Por ejemplo, dijo Rossi: “Papel Prensa, usted entra en la letra P y encuentra las distintas actas en las que fue tratado el tema Papel Prensa, así que me parece que eso tiene un valor importante”. El funcionario confirmó que existen firmas en la documentación y que éstas corresponden a los secretarios generales de las fuerzas. “En algunas que yo vi está claramente en los primeros años, porque está además el sello del Brigadier Lamidoso que después terminó siendo el Jefe de la Fuerza Aérea pero que en el primer tiempo era Secretario General de la Fuerza Aérea”, señaló. Además, dijo que no se ha visto nada respecto al destino de los niños apropiados durante la dictadura.

NARCOESCÁNDALO Para Senestrari, es “muy grave” que el fiscal haya llamado a Sosa

Maximiliano Hairabedian admitió haber telefoneado al ex titular de Drogas Peligrosas, para alertarlo sobre el informe del “narcoescándalo” que emitiría ADN dos días después. “Claro que es grave. Es muy grave”. Eso fue lo único que respondió el fiscal federal Nº 1, Enrique Senestrari, cuando el diario LA MAÑANA le preguntó sobre la importancia de la llamada que el fiscal de Cámara, Maximiliano Hairabedian, le hiciera el 2 de setiembre pasado al ex titular de Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, para alertarlo sobre la investigación que el programa ADN pondría al aire dos días después, y que dio origen al escándalo de la “narcopolítica” cordobesa. Senestrari, quien obviamente sabía de esa llamada porque quedó grabada en las escuchas que él mismo ordenó a los teléfonos de Sosa (a quien ya investigaba), no quiso responder por qué no denunció el hecho antes de que saltara por declaraciones de la secretaria penal Liliana Navarro. Tampoco contestó si -según conoce- Hairabedian sabía que él estaba investigando a Sosa y la banda de los “narcopolicías”, ni si la conducta de su colega configura delito o situación digna de ser sancionada. “No voy a responder porque son temas que van por otros carriles (a la causa del narcoescándalo) y son cuestiones que no voy a resolver yo”, se excusó Senestrari, quien también afirmo que no desea “polemizar con Tomás Méndez”, el periodista que conduce ADN, programa donde se revelaron las conexiones entre la política cordobesa, la Policía provincial y los narcotraficantes. Méndez criticó a Senestrari por no denunciar a su colega cuando se produjo «la llamada», que se conoció recientemente por declaraciones públicas de Navarro, la secretaria penal del Juzgado Nº 1, que lleva la causa del narcoescándalo, y que ayer fue apartada de la misma (ver página 21). Hairabedian, quien no respondió a los llamados de este diario, confirmó a Radio Universidad que telefoneó a Sosa por la investigación de Méndez. “Es cierto que mi padre (el ahora ex coconductor de ADN, Carlos Hairabedian) me contó que iba a salir la nota. Es cierto que me comuniqué con Sosa. Lo llamé porque lo conozco hace más de doce años”, admitió. Según dijo, su relación con el ahora imputado y detenido ex titular de Drogas Peligrosas, viene de “una relación laboral ininterrumpida”. Hairabedian dijo que alertó a Sosa “por dos motivos”. “Primero porque con él tengo una relación laboral de confianza y estima desde el año 2000, y segundo, porque en una conversación personal, él me había transmitido su preocupación de que en ADN hicieran una nota en su contra”, afirmó. “No me acuerdo textualmente la comunicación, pero le dije que haga público lo que él creía que era una injusticia”, finalizó.

NARCOESCÁNDALO Charla de amigos, consejos e intercambio de información

Según trascendió extraoficialmente, la conversación entre el fiscal federal Maximiliano Hairabedian y el comisario ex titular de Drogas Peligrosas, el hoy imputado Rafael Sosa, se habría extendido por poco más de cuatro minutos. La comunicación se habría producido dos días antes de que el programa ADN emitiera el informe que reveló los vínculos de Sosa con el narcotráfico, el 4 de setiembre pasado, y el iniciador de la misma habría sido el propio fiscal. Según los datos conocidos, la primera parte de la conversación sería un “diálogo entre amigos”. De hecho, Hairabedian admitió que mantiene una antigua relación amical con el policía. En el transcurso de la charla, Hairabedian le comentó a su interlocutor sobre el programa ADN, y le habría revelado que su padre, el ex coconductor Carlos Hairabedian, no iba a participar de esa emisión. La segunda parte de la conversación tendría elementos más comprometedores para el funcionario judicial. El fiscal habría hecho mención al agente infiltrado Juan Viarnes (informante clave del informe de ADN), sobre quien Sosa habría comentado que no le atendía el teléfono, pese a su intento de comunicarse con él. Asimismo, Sosa habría comentado al fiscal que también se había comunicado con sus subordinados, la mayoría de los cuales ahora están detenidos a disposición del juez Ricardo Bustos Fierro. “No reaccionés”, habría sido la recomendación de Hairabedian al comisario. En los últimos minutos, el fiscal habría avanzado en cuestiones técnicas jurídicas, y le habría aconsejado a Sosa cómo hacer para manejar la situación que se podía venir encima, como finalmente sucedió. Afirman quienes escucharon la grabación que en este tramo de la charla, Hairabedian se pareció más a un abogado defensor que a un fiscal federal del Estado nacional.

Entrevista com Sartre - Completa.

http://www.youtube.com/v/G-EQl1a2X1s

¿Nueva estratagema del Grupo Clarín para zafar de la Ley de Medios? 11:22 | En lo que define como "una decisión forzada por las circunstancias", el Grupo Clarín decidió "separar sus licencias audiovisuales en seis diferentes unidades empresarias" para adecuarse al artículo 45 de la Ley de Medios.

Como se sabe, la Corte Suprema falló la semana pasada a favor de la constitucionalidad de la Ley de Medios en general y de los artículos cuestionados por Clarín en particular. "Es constitucional el artículo 45", decía la Corte sobre la fijación de un límite a la cantidad de licencias concentradas, argumentando que "no se ha probado que, al momento del dictado de la sentencia, exista una afectación actual de la libertad de expresión" porque "la ley establece límites iguales para todos los titulares de licencias". Así, para adecuarse a ese artículo, el Grupo Clarín recurre ahora a lo que, en principio, aparece como un artilugio legal más o menos subrepticio para sortear los alcances de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, particularmente en lo que hace al artículo mencionado. Con estas "seis diferentes unidades empresarias", busca comenzar por motus propio una adecuación sui generis ante lo que el Grupo Clarín llama "el desmembramiento" de oficio por parte del Afsca. El Grupo califica "esta decisión" como "la menos deseada, ya que contraría la estrategia histórica del Grupo Clarín de mantener la necesaria integración y fortaleza (en términos humanos, tecnológicos y económicos) para garantizar su independencia periodística, resguardar un espacio argentino en la globalización, y abordar los grandes desafíos de la era de la convergencia en las comunicaciones", dice el comunicado oficial de la empresa. Más allá de esta decisión, entonces, el Grupo sigue defendiendo -y lo seguirá haciendo en los estrados judiciales y donde fuere- su carácter de monopolio, incluso "hasta las últimas instancias", lo que considera como "estrategia histórica" de Magnetto y Cía. Como se sabe, la semana pasada el titular del Afsca, Martín Sabbatella, se hizo presente en la sede del Grupo para notificarlos formalmente el inicio de la adecuación de oficio por parte de ese organismo. "Notificamos nuevamente y le damos curso a la adecuación de oficio. Luego se hará el proceso de tasación y seleccionar el conjunto de licencias a concursar, adjudicarlas y los nuevos titulares deben hacerse cargo, mientras tanto deben asegurarse las fuentes de trabajo", explicaba el funcionario en 678. "Adecuarse a la Ley significa que se ajusten en cantidad de licencias y en la prestación del servicio de cable. La Ley les permite por única vez adecuarse. Esa adecuación es para que no se dañe la democracia", aclaraba Sabbatella. Cuatro días más, Clarín presenta esta estrategia que, a priori, se parece más a una estratagema cuyos alcances y consecuencias todavía no se avizoran.