El Grupo Clarín presentó la adecuación para intentar cumplir con la Ley de Medios de la Democracia

El gerente de Comunicaciones Externas del monopolio mediático anunció la presentación de un plan de adecuación "ante la AFSCA y en la Justicia". ¿Qué dice el art.45 de la Ley 25622?. Según anticipó, "los medios audiovisuales del grupo se dividirán en seis unidades de negocios" para cumplir con el artículo 45 de la ley de Medios La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (AFSCA) recibió esta mañana el plan de adecuación del Grupo Clarín. Fuentes de la AFSCA informaron que en la carátula de la presentación del grupo se indica que la adecuación se hace "en complementación con la propuesta de Fintech", socio minoritario del multimedios en Cablevisión. Asimismo, informaron que en el transcurso del día analizarán los términos de la presentación y que probablemente por la tarde se realice una conferencia de prensa para explicar los alcances de la misma. El plan presentado 1) En la primera unidad se incluyen las empresas Arte Radiotelevisivo Argentino (ARTEAR), titular de la licencia de Canal 13 de Buenos Aires; a Canal 12 de Córdoba; a Canal 6 de Bariloche y a la señal de noticias TN (Todo Noticias). También la empresa Radio Mitre, con las frecuencias AM 790 y FM 100 en Buenos Aires, AM 810 y FM 102.9 en Córdoba, y FM 100.3 en Mendoza. Asimismo, dentro de esta unidad se incluyen 24 licencias locales de TV por cable de la actual Cablevisión, de ciudades en donde no existe incompatibilidad con la TV abierta. 2) La segunda unidad mantendrá el grueso de las operaciones de Cablevisión y Fibertel. En la misma el fondo Fintech mantendrá el 40% del paquete accionario. Esta unidad incorporará 24 licencias de cable e incluye la señal Metro, canal local de Cablevisión en la ciudad de Buenos Aires. 3) La tercera unidad tendrá 20 licencias de TV por cable de la actual Cablevisión. 4) Por otra grave anomalía de la ley, las señales audiovisuales (que no utilizan espectro, son de libre creación, generan producción y dan trabajo argentino) también deberán ser transferidas. En esta cuarta unidad se incluyen el resto de las señales en las que participa el Grupo: Canal 13 satelital, Magazine, Volver, Quiero Música en mi Idioma, Canal Rural, TyC Sports y TyC Max. 5) En otra unidad se incluirán los siguientes servicios de radio: licencias de FM en las ciudades de Tucumán, Bariloche, Bahía Blanca y Santa Fe 6) En otra unidad se incluirá la licencia de TV abierta de Canal 7 de Bahía Blanca y la participación en Canal 9 de Mendoza.

Los intocables Por Eduardo Aliverti

Ni el más imaginativo de los analistas podría haber previsto que en menos de 48 horas se esfumarían, casi literalmente, los efluvios del acto electoral. Y que haya sido así encierra una de las conclusiones más profundas que dejaron las urnas. Uno de los principales editorialistas de la vocería mediática opositora escribió ayer que el Gobierno pasó “de una derrota notable a una victoria enorme”, en ese tiempo record. Su artículo es un relevo de pruebas a confesión de partes como pocas veces debe haberse visto, con ese nivel de violencia retórica explícita, desde uno de los órganos que presumen de independencia periodística. El hombre dice que nadie se explica por qué estos jueces le hicieron este favor a la Presidenta. Sólo eso sobraría, para eximirse de todo otro comentario, desde el momento en que juzga una sentencia judicial como exclusivamente medible en especulación política y no por su análisis técnico y de volumen democrático. Pero tan aparatosa conclusión no le bastó y afirma luego que el fallo de la Corte sacó a los triunfantes líderes opositores, con un golpe preciso, del centro de la escena. Recórcholis: ¿cuán “notable” fue la derrota oficialista y cuánto de potentes son los “líderes” (?) triunfantes si no son capaces de sobrellevar una sentencia adversa? Esa “paliza” sufrida por el kirchnerismo, o esa ratificación de que sigue siendo la fuerza nacional más sólida; ese Sergio Massa que volvió a emerger como la gran chance de restauración conservadora, o ese mero alcalde de Tigre al que le aguarda la superación de saber rejuntar voluntades en comicios legislativos de escala intermedia; esa renovada derrota del oficialismo en los distritos decisivos o esa percepción de que aun así los pingos se ven en la cancha de las elecciones presidenciales, duraron mediáticamente lo que canta un gallo. El fallo de la Corte en respaldo a la ley de medios ni siquiera dejó en pie que ganó Racing. La oposición tan presunta y gallardamente vencedora quedó en orsay, empezando por la mudez semántica del alcalde tigrense, continuando por Elisa Carrió como la única desorbitada que anunció promoción de juicio político contra el presidente de los supremos, y rematando con unos periodistas que fueron a la OEA a quejarse de que están amenazados porque tienen todos los recursos para decir todo lo que se les antoja. ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Cómo es que un episodio judicial liquida, al toque, las repercusiones de una votación general caracterizada cual comienzo de fin de ciclo? Obvio que fue y es porque resultó perdedora una corporación notable, emblemática, enormemente poderosa. Pero mucho antes que eso debe tomarse nota de qué le ganó, no importa si de manera total o parcial. Le ganó una firmeza, una vocación, un poner fichas contra quien era invencible, una creación de clima progre y decidido, un triunfo de la política cuando parecía que los grandes políticos y la gran militancia social se habían extinguido en los brazos neoliberales de los grandes dueños de la economía. Eso es lo que ganó. Y porque ganó esa épica es que un veredicto electoral puede aparecer evaporado, debido a que lo macizo no es lo pasajero sino la reconstrucción de un sentido colectivo más justo y solidario. A la altura significativa de haber bajado el cuadro de Videla, de la Asignación Universal por Hijo o de la reestatización de YPF, el fallo de la Corte acompaña lo bueno que le pasó a la Argentina desde 2003. El jueves pasado a la noche, en ronda periodística, se recordaba el horrible desempeño que tuvieron los letrados de Clarín durante las audiencias públicas de agosto. Una falla pomposa y resaltada por el contraste con la brillante intervención de Graciana Peñafort, abogada de la Afsca. Se coincidió en que ese yerro improbablemente pudo servir para cambiar algún voto del tribunal, pero también en que acaso reforzó convicciones. La pregunta generalizada, ya circulante en muchos y variados sectores tras aquella ronda de amicus curiae, era, es, cómo puede ser que una de las corporaciones más influyentes del país no recurriera a profesionales de otro nivel para encarar semejante contienda. Del mismo modo, como la decisión de la Corte habría causado sorpresa en El Grupo, hubo el interrogante de cuáles fuentes tribunalicias maneja tamaño emporio. Desde hace, de mínima, tres semanas, el mundo periodístico bien informado contaba con el dato de que Santiago Petracchi votaría a favor de la constitucionalidad de la ley, quebrando un relativo empate entre los seis miembros restantes (lo cual se corroboró a través de las disidencias totales y parciales del dictamen). Un colega de esa tertulia, que nucleaba a gente de los medios con diversas proveniencias y extracciones ideológicas, dijo entonces algo de una sencillez terminante: “Es el acostumbramiento a la impunidad”. Todos acordaron, porque cómo negar que es así. Clarín consiguió demorar cuatro años la aplicación de una ley votada por mayoría categórica, es cierto. Quizá no haya antecedentes de episodio análogo en lugar alguno. Y es igualmente cierto que la cosa no terminó: en las chicanas jurídicas, vuelve a empezar. Terminada la guerra respecto de un vértice de legalidad clave, y como ya indicaron observadores y cronistas de simpatías gubernamentales y opositoras, se viene por parte de El Grupo la guerra de guerrillas, la táctica foquista o como quiera llamársele a seguir judicializando cada paso que debería dar en dirección a cumplir lo ordenado por la Corte. Los jueces amigos no se esfumaron y la apuesta será llegar a 2015 sin haberse desprendido de nada de lo que les sobra, confiar en el candidato que propagandizarán hasta en la sopa –abierta o subrepticiamente– e impulsar una contraofensiva parlamentaria. En simultáneo, al Gobierno le aguarda ya mismo el desafío de demostrar que la derrota judicial de Clarín es empática con más y mejores medios; más y mejores sustentabilidad económica, diversidad y programaciones, a cargo de más y mejores actores mediáticos profesionalizados. Hay logros, pero falta demasiado. Y mucha parte de lo faltante es producto de un kirchnerismo que, en alguna medida, se durmió en los laureles al cabo de sancionada la ley de medios. El Gobierno tuvo y tiene una visión que peca en exceso de “industrialismo” televisivo. Procedió, y hasta hoy procede, como si sólo se tratara de combatir contra la prédica perforadora del Trece o TN. Como si únicamente fuera cuestión de que, por arte de magia o influencias, aparecerá de la noche a la mañana un grupo reemplazante en condiciones de sustituir, desde el palo, las habilidades de Clarín. Así es, aunque la cita suene frívola, que si Lanata mide bien salen a competirle con el fútbol. Esa –entre otras cuantas– es una artimaña legítima en la lucha por construir poder simbólico (que vaya si es poder). Pero como política de comunicación es renga, en tanto fin en sí mismo. El choque no se relaciona, en lo nodal y apenas como ejemplo, con quiénes se harán cargo del canal de aire. Más todavía: dicho en plata, la prioridad de El Grupo no pasa por Canal 13, ni por Radio Mitre, ni por la 100, ni menos que menos por sus señales de cable (TN, Volver, TyC Sports, Metro y compañía). Le importan como factores de presión y eslabones que hacen al corpus de que debe jactarse un multimedios enérgico. Nunca como negocio determinante. La crema es Cablevisión, que explica el 90 por ciento del origen de las utilidades de Clarín, y que en alguna instancia, a partir de ahora, no debería superar el 35 por ciento del mercado. Todo el resto, centralmente, es una tela que sirve a los intereses ideológico-corporativos desde la fijación de agenda. Desde ya que ese aspecto es importantísimo, porque significa la integración entre sanidad económica y construcción política. Pero no es el campo único. El logro de un espectro radiofónico y televisivo más amplio, pluralista y profesional no puede quedar reducido a lo que debiera achicarse Clarín, que con suerte será un pequeño porcentaje en sus proporciones cuantitativas. Sin embargo, y sin perjuicio de esas advertencias, el dictamen de la Corte tiene un valor apabullante acerca de lo que es posible conquistar cuando hay decisión política de enfrentar a los grandotes. Una entereza que –debe subrayarse– es producto de quienes no cejaron en la lucha por una ley de medios de la democracia. Veintiséis años de lucha, más los cuatro de yapa de que dispusieron los pobres grupos afectados. Alfonsín, a quien de paso vale reivindicar al cumplirse este aniversario redondo del retorno a las urnas, intentó pero no pudo o no supo. Más lo primero que lo segundo, en opinión del firmante, habida cuenta de todos los frentes que tenía abiertos cuando no había confianza absoluta en la estabilidad de la hija recién parida. Menem les dio todo lo que querían, y Kirchner, tras el jugueteo impuesto por su debilidad iniciática o por convicciones entonces blandengues, los enfrentó de una vez por todas. Pero en medio, siempre, hubo la tenacidad de los imprescindibles. Es la celebrada hora de reconocer a tanto militante suelto y orgánico, a tanto activador gremial, a tanto organismo de derechos humanos, a tantos colegas, a tantos intelectuales jugados, a tantos comunicadores marginales; a tantas charlas, seminarios y conferencias motorizados en soledad en los lugares más propicios y en los más perdidos, en los más progresistas y en los más conservadores, por la gente que no se rinde jamás. Gracias a todos ellos. Las elecciones pasan, se ganen o se pierdan y se interpreten como se interpreten. Pero lo que tiende a quedar son estos sellos. Estas marcas de lo que puede alcanzarse en beneficio popular cuando se juntan aspiraciones y decisiones. Nadie, con honestidad analítica o salvo que pertenezca al bando de los grandotes, puede no festejar que la política les haya ganado otra batalla a los intocables.

Es un show Las ofrendas de Massa para recuperar protagonismo. Los excesos de Clarín y las internas por la sucesión en el Grupo. Por Roberto Caballero

Después de haber sido momentáneamente barrido a la página 25 de los diarios por el fallo sobre la LSCA de la Corte Suprema de Justicia, el diputado electo Sergio Massa no tuvo más remedio que hablar de Martín Sabbatella, la Ley de Medios y juntarse con ADEPA para retornar al centro de la agenda pública, al menos como coreuta del Grupo Clarín SA. Dijo Massa: "Sabbatella fue a hacer un show a la puerta de Clarín, no necesitaba un circo", en referencia a la notificación de la adecuación de oficio que el titular de la AFSCA hizo el jueves 31, en las oficinas de Héctor Magnetto, instancia habilitada por el histórico fallo que declaró constitucionales todos los artículos impugnados y vencidos todos los plazos para adherirse al régimen antimonopólico previsto por la LSCA. Como Massa, la nota de apertura del diario Clarín del viernes 1, página 3, calificó el procedimiento legal de "show mediático"; en su página 5 tituló así un recuadro, "Un show mediático alrededor de la presentación del Gobierno a Clarín"; y una página después, en un fotoepígrafe notable, con foto del diputado junto a la cúpula de ADEPA, volvió a titular: "Massa: la notificación no necesitaba de circo". Es un show. Si no fuera porque Massa fue el jefe de Gabinete que presentó el proyecto de ley original de la LSCA junto a Cristina y Néstor Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata, en octubre de 2009, mientras la platea cantaba "tomala vos, dámela a mí, el que no salta es de Clarín", lo suyo sería, apenas, la astucia escondida detrás de 20 palabras para no ser desbancado del cariño de Magnetto y sus licencias ilegales por la inflación verborrágica de Elisa Carrió. Pero ese antecedente, que lo muestra hace cuatro años junto con los impulsores de la norma, que calificó entonces de "política de Estado", descubre dos cosas. Una, que nunca leyó bien la ley que apoyaba, porque ahora critica un paso legal previsto en ella: la notificación de la adecuación de oficio para cualquier grupo de comunicación que no haya presentado su plan de modo voluntario. Dos, que su megalomanía compite con la de la diputada de UNEN, al punto de llevarlo a traicionar una vez más su propia historia como ex funcionario kirchnerista, algo que Carrió seguramente va a recordarle de modo dañino en breve, del mismo modo que cada tanto se lo refriega en la cara a Alberto Fernández para impedirle cualquier sueño de resurrección. Lo de Massa es para un manual sobre la amnesia, aunque su reacción obedezca a una lógica básica: no resignar el protagonismo que el Grupo Clarín SA le concedió para tratar de arrebatarle al kirchnerismo sus mayorías parlamentarias, objetivo que no consiguió, pese a su destacable performance bonaerense. Ocurre que la empresa oligopólica de Héctor Magnetto y Cía, a juzgar por la calificación que surge del mismo fallo de la Corte, hoy tiene mayores preocupaciones que sostenerle la vela al intendente que pasó a diputado y hablaba, hasta el domingo, como consumado líder trasnacional capaz de codearse con Obama y Merkel. Con algo de razón y mucho de orfandad, entonces, Massa vuelve a por lo suyo, por lo que le prometieron, denunciando que hacer cumplir la ley que él mismo impulsó en el pasado es una arbitrariedad, un atropello a los derechos monárquicos de su jefe que, como todos sabemos, como quedó patéticamente evidenciado en estos días, se atribuye impunemente un poder que estaría por encima de los tres poderes del Estado democrático. De la demagogia punitiva electoral a la demagogia monopólica, sin escalas. Esto es un show también. Massa no quedó, como quería el márketing de su campaña, en el justo medio, reconociendo lo bueno y criticando lo malo del gobierno que apoyaba auténtica o falazmente hace 15 minutos. Ni siquiera quedó hablando de su eficaz latiguillo de campaña: la televisación de la inseguridad. Quedó del lado oscuro de toda esta historia: el mismo de Carrió y Mauricio Macri, atacando una ley constitucional y a su órgano de aplicación, como les exige y demanda un grupo empresario, en su fascinación belicosa, a los que concibe como sus satélites políticos. Un grupo empresario, además oligopólico, integrado por cuatro familias que para defender el abuso de rentabilidad que giran todos los años a Luxemburgo quieren generar zozobra institucional. Primero desconociendo al Ejecutivo, después al Legislativo y ahora al Poder Judicial. Cuatro familias contra 40 millones de argentinos. Es mucho. Massa sabe que el fallo de la Corte es irreprochable. Si no lo sabe él, algunos de los abogados que lo asesoran debería explicárselo. No hay otro tribunal donde sus amistades mediáticas puedan acudir. El experimentado Santiago Cantón, si le dice eso, le está mintiendo. Las personas jurídicas no pueden reclamar en la CIDH. Las violaciones a los Derechos Humanos son contra personas, no contra empresas. Cuando Carrió dice que va a ir a Washington, de la que es informante, siempre según sus palabras en TN, a pedir la pelela por Clarín, eso sí que es un show, no el de Sabbatella que hace lo que debe hacer como funcionario público. Pensar paternalmente en el Departamento de Estado como recurso legítimo para revertir un revés cualquiera en la Argentina, como plantea Carrió sin sonrojarse, revela una mentalidad colonial que ni los antikirchneristas pueden sostener dignamente. Una cosa es ser opositor, otra pedir la Sexta Flota para dirimir asuntos internos. A ver: ni Estados Unidos puede atribuirse el derecho de pernada sobre nuestro país, ni Carrió pretender que Argentina resigne soberanía judicial del mismo modo que ella abandonó el debate político racional por los exabruptos televisivos incendiarios. Mucho menos, siendo diputada nacional. Es un show. Volviendo a Clarín. Tiene un solo camino: acatar la ley. Las opciones que le quedan son dos: se suma a la voluntad de adecuación del socio minoritario de Cablevisión, David Martínez, quien esta semana perdió el 50% del valor de sus acciones por la resolución jurídica de la Corte; o la AFSCA está obligada a iniciar la adecuación de oficio, es decir, a concursar las licencias de las que debe desprenderse si quiere ser un grupo comunicacional legal y no ilegal, con lo que implica la ilegalidad en términos empresarios. Sobre todo, mirando la Bolsa. Se comenta que hay una crisis en el Grupo. La estrategia de todo o nada que propone Magnetto es suicida y ya despierta fantasías sucesorias. Martínez lo dijo: quiere ganar plata, no voltear un gobierno. Si lo que le piden es poner Paka-Paka en la grilla, no entiende por qué su socio se empeña en perder. Fueron cuatro años en los que Magnetto jugó a ser presidente. La realidad, ahora, dice otra cosa. Era un general en la batalla grande del poder, pero el fallo que declaró constitucional la ley amenaza con convertirlo en esos soldados degradados perdidos en las islas japonesas que 30 años después ignoraban que la guerra había terminado con una derrota humillante. Los servicios de vocería rentada de Massa, Carrió y Macri hacen barullo, lastiman al gobierno, inquietan los ánimos, agreden las instituciones republicanas, generan estrépito social, producen tensión política, todo eso es funcional a la estrategia empresaria de Clarín y sus socios de AEA, pero no logra revertir lo esencial: la ley es la ley, eso ya está resuelto. Decir que Sabbatella es "un delincuente" que manda la presidenta y que tiene que ir preso, poner en duda su legitimidad frente a la ASFCA ahora, acusarlo de estalinista como hizo Marcos Novaro en un ataque de macartismo, hacer terrorismo con los empleados del multimedios diciéndoles que van a quedarse sin trabajo, cuestionar un organismo creado por la ley que es constitucionalmente aplicable en todo su articulado –incluso en los que crearon la AFSCA así como está, es decir, con representación de las minorías políticas, sentido federal y pluralidad académica, étnica y social, y control parlamentario–, no va a cambiar el fallo cortesano. Ya está escrito y sus efectos no tardarán en conocerse. Al menos hay dos, inmediatos, producidos casi en simultáneo con la resolución: José Manuel de la Sota, después de cuatro años, decidió cumplir con la ley y designó el representante cordobés en el COFECA, Consejo Federal de Comunicación, dependiente de la AFSCA, el martes 29. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pese a los llamados a la rebelión del propio Macri, la semana pasada inició el mismo proceso. Por eso mismo, no se entiende por qué los diputados del PRO fueron el jueves a hacer el papelón de dejar en mesa de entradas del Palacio de Justicia un escrito pidiendo la suspensión del fallo: un estudiante de abogacía, al mes de cursar, sabe que son improcedentes los pedidos de este tipo. Entre los peticionantes estaba Pablo Tonelli, profesor de Derecho, que habrá aplazado a más de un alumno por no saber que lo que él hizo, no debe hacerse. En fin, es un show. Yo desmiembro, tu desmiembras Clarín y La Nación son dos versiones de un mismo concepto empresario. En Papel Prensa, la productora de papel que les entregó el dictador Videla después de arrebatársela ilegalmente a la familia Graiver, las dos sociedades comerciales actúan cartelizadamente perjudicando la posición accionaria del Estado, comparten variados negocios en distintas provincias, además de tener, entre sus accionistas, lazos familiares y apellidos comunes, y son un tándem en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y en ADEPA, la cámara que agrupa a las patronales de la prensa gráfica. Todo esto explica, aunque no evita el asombro, que el viernes 1 Clarín haya titulado su tapa diciendo "El Gobierno intenta desmembrar de facto al Grupo Clarín" y La Nación del mismo día haya puesto "Avance del Gobierno para desmembrar de oficio el Grupo Clarín". El enfoque es idéntico y también lo es el verbo elegido, desmembrar. En el periodismo no hay palabras inocuas. Hablar de desmembramiento remite a un desgarro, a una situación dramática. Usarlo para informar sobre los efectos de una ley democrática y constitucional es una exageración. En todos los países desarrollados existen normas antimonopólicas que regulan los mercados y las concentraciones abusivas. En general, cuando se comentan sus efectos, se habla de adecuaciones, desinversiones y desapoderamientos; los desmembramientos quedan para las páginas de policiales de los diarios. El "desmembrar de facto" que denuncia Clarín en su tapa tiene otras reminiscencias. De facto quiere decir "por la fuerza". Los gobiernos "de facto" son dictaduras, que toman el poder por la fuerza, quebrando la legalidad constitucional de un país. No es lo que ocurre aquí. Estamos en presencia de un gobierno democrático, que aplica una ley constitucional, por lo tanto, no es "de facto". En todo caso, el que pretende violentar la Constitución Nacional es Clarín. Salvo que Héctor Magnetto haya decidido avanzar sobre la Corte, último intérprete de la carta madre, y "de facto" pretenda ocupar su lugar y decomisar sus atribuciones. Tal vez el mayor error de Clarín SA en todo este tiempo haya sido este: pensarse por encima de las instituciones, al punto de cuestionar todo el ordenamiento jurídico, todos los códigos, todas las normas, reescribiendo su significado en cada artículo, en cada nota, a través de cada uno de sus medios, muchos de los cuales están hoy fuera de la ley. Verdades porteñas La "cama política" de la que fue víctima Juan Cabandié después de su intervención exitosa en el debate televisivo con Elisa Carrió y Sergio Bergman no influyó demasiado en los resultados de la última elección porteña. Si bien el FPV no logró renovar la senaduría por el distrito de Daniel Filmus –mal trago injusto que fue comentado lúcidamente por Víctor Heredia en su Facebook–, y Jorge Taiana se vio complicado por la colectora de Alternativa Popular, el oficialismo mantuvo en líneas generales los números porcentuales de las PASO e, incluso, concretó la mejor elección a diputados nacionales de la última década, después de la exorbitancia numérica de las presidenciales de 2011. Cabandié aumentó en 2,5 puntos su performance de agosto y su figura quedó fortalecida de cara a la conducción kirchnerista de la CABA. Poco se supo, casi nada se dijo, pero tras su paso por la Legislatura, a la que llegó con un bloque de apenas dos diputados, el FPV se convirtió en segunda fuerza política, detrás del PRO. A partir del 10 de diciembre próximo, el interbloque oficialista va a contar con 17 legisladores, todos pertenecientes al espacio de Unidos y Organizados. Para un distrito que conoció en el pasado la conducción oscilante de Alberto Fernández, sin que el kirchnerismo haya podido hacer pie en él, en parte por las apetencias personales y las convicciones rotativas del actual operador massista, lo de Cabandié tiene un doble mérito: despegar definitivamente de la adolescencia política y convertirse en referente de una construcción kirchnerista que juega en ligas mayores. El video es cosa del pasado. Sabbatella Tres premios recibió Martín Sabbatella en la sede de Clarín SA por desarrollar políticas de transparencia. Fue, durante muchos años, un ejemplo de honestidad, destacado desde las mismas páginas que ahora abominan de su figura. Sabbatella mantiene sus mismas conductas de siempre, pero el día que decidió poner en cuestión el monopolio y defender la comunicación como un derecho humano, de Pepe Mujica joven del Conurbano pasó a ser un stalinista cruel y despiadado. Cristina Kirchner se lo había anticipado cuando lo nombró. Así funciona el disciplinamiento de Clarín, así se maneja la tutela que ejerce sobre los políticos que se dejan tutelar. Sabbatella es el mismo de ayer y suma a su trayectoria una pelea trascendente para la democracia argentina. No merece el ataque de Clarín, ni la saña de Héctor Magnetto, aunque seguramente eso sea, finalmente, un jalón cuando se lean los libros de historia. Pero mucho menos la mezquindad de cierto progresismo a la violeta que justo ahora, cuando lo acribillan con títulos hirientes, se suman a cuestionar por lo que no se aplicó de la ley en cuatro años de maltrecha y tortuosa vigencia. Habría que recordarles que Sabbatella está hace menos de uno en la AFSCA, y que fue en este lapso que la ley fue declarada constitucional en todo su articulado por una Corte Suprema que no siempre falla a favor del gobierno. Fue una batalla política, cultural y legal que ganó. No lo hizo en soledad, claro. Pero él estuvo al frente. Dañarlo con "fuego amigo" en este trance, mientras Clarín trata de despellejarlo en público, no habla bien de algunos de sus críticos. Ni siquiera de los bienintencionados. El centimetraje que los diarios opositores y no tanto les prodigan en sus páginas para cuestionar a Sabbatella ahora no es gratuito. Busca erosionar su figura desde la retaguardia para, "de facto", tratar de incumplir la ley y entorpecer la democratización de la palabra. Así como Perón sabía que la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo, Magnetto conoce que la mayor debilidad del hombre es su narcisismo y su deseo de poder. La historia los mira, sería recomendable no defraudarla. 03/11/13 Infonews

Mañana comienza el juicio por el asesinato de monseñor Angelelli

Serán juzgados el multicondenado represor Luciano Menéndez y el comodoro Luis Estrella, por homicidio calificado y asociación ilícita agravada. En tanto, los otros tres acusados, Harguindeuy, Videla y Romero, fallecieron, por lo cual se les declaró la extinción penal. El tribunal estará integrado por José Camilo Quiroga Uriburu como presidente y los jueces de Cámara Subrogantes Carlos Julio Lascano del Tribunal Federal 1 de Córdoba y Juan Carlos Reynaga del Tribunal Federal de Catamarca. Por el Ministerio Público actuarán los fiscales generales Michel Horacio Salman y Darío Illanes; los querellantes serán Miguel Angel Morales por la Organización Tiempo Latinoamericano; Pedro Goyochea y Mirta Sánchez por el Obispado de La Rioja y Guillermo Díaz Martínez por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Los hechos que se ventilarán ocurrieron el 4 de agosto de 1976 cuando el entonces obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, regresaba desde la ciudad de Chamical, donde había participado de una misa en memoria de los sacerdotes asesinados y que pertenecían a su diócesis Carlos Murias y Gabriel Longueville. Angelelli viajaba en una camioneta Fiat 125 Multicarga junto al ex sacerdote y amigo personal Arturo Pinto cuando a la altura de Punta de Los Llanos (100 kilómetros al sur de la capital), según testigos y el mismo Pinto, un automóvil de color blanco que supuestamente era un Peugeot 504 se cruzó por delante de la camioneta lo que provocó que la camioneta saliera de la ruta y volcara. Producto del vuelco, Angelelli salió despedido y falleció prácticamente en el acto, en tanto que Pinto quedó dentro del vehículo inconsciente. El cuerpo del obispo quedó sobre la ruta y es allí donde las versiones indican que los ocupantes del automóvil blanco bajaron y le dispararon en la nuca. Los dos imputados que llegaron vivos al juicio están acusados por el asesinato de Angelelli y el intento de asesinato del sacerdote Pinto, testigo clave del caso para desbaratar la versión oficial de la dictadura de que la muerte del obispo riojano se produjo en un accidente automovilístico. Esa versión dictatorial, aceptada durante años por la jerarquía eclesiástica, pretendía que Angelelli y Pinto se accidentaron. No obstante, Pinto declaró que después del vuelco, tras haber permanecido inconsciente en el lugar, vio el cuerpo de Angelelli a poca distancia con signos de lesiones graves en la nuca. La autopsia confirmó que Angelelli murió a consecuencia de un golpe de elemento contundente en el hueso occipital, además de haber sufrido otras heridas y lesiones, incluida la fractura de varias costillas. Durante la instrucción de la causa, se estableció que Angelelli fue asesinado porque, desde julio de 1976, investigó por cuenta propia los homicidios de Murias y Longueville. Cuando fue asesinado, el obispo llevaba una carpeta con importante información sobre el asesinato de los dos sacerdotes, que responsabilizaba por el crimen a represores de la dictadura, en especial militares de la base de la Fuerza Aérea en Chamical. El juicio por el homicidio de Murias y Longueville concluyó en diciembre de 2012 con la condena a prisión perpetua de Menéndez, Estrella y el policía Domingo Benito. Archivada durante la dictadura, la causa por el asesinato de Angelelli fue reabierta en 1986 en La Rioja, pero se frustró a raíz de las leyes de impunidad, derogadas recién en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Reabierta en 2009, María Elena Coseano, sobrina del obispo asesinado, se presentó como querellante en la causa junto con el Obispado de La Rioja y las secretarías de Derechos Humanos de La Rioja y de la Nación. Fuente: Diario Los Andes

Negocios reñidos con la ley y comisarías en llamas Por Ricardo Ragendorfer

Los efectos "colaterales" del papel gerencial de las fuerzas policiales argentinas en el negocio de las drogas. Las únicas comisarías que iluminan son las que arden? Sólo entre el 25 y el 30 de octubre, tres sedes policiales –una en Córdoba y las restantes en la provincia de Buenos Aires– fueron incendiadas por familiares y vecinos de personas que perdieron la vida en circunstancias al parecer no ajenas al accionar de los uniformados. En la localidad cordobesa de Capilla del Monte, el ataque se produjo luego de que en un calabozo apareciera "suicidado" Pablo Reyna, de 17 años, quien se había negado a robar por cuenta de sus captores. En la localidad bonaerense de Villa Celina, el ataque se produjo luego del asesinato de José Barrientos, de 23 años, durante un asalto cometido por presuntos efectivos de dicha seccional. Y en la localidad de San Martín, del partido de José León Suárez, la comisaría 4ª entró en combustión tras la muerte de Enzo Ledesma, de 13 años, en manos de un pequeño distribuidor de cocaína protegido por sus oficiales. Lo notable es que este último hecho, atribuido inicialmente a un enfrentamiento armado entre bandas rivales de narcos, reverdeció en ciertos observadores –entre los cuales resaltan comunicadores, dirigentes políticos y hasta choferes de taxis– la certeza sobre la inexorable cartelización del país. Históricamente, semejante diagnóstico supo ya ser esgrimido por Mauricio Macri, quien a fines de 2010 no dudó en atribuir tal fenómeno a la "inmigración descontrolada de los países limítrofes". No menos alarmado, Eduardo Duhalde reclamó en su momento la intervención del Ejército, sin ocultar su gran entusiasmo por el ejemplo del ex presidente mexicano Felipe Calderón, cuya declaración de guerra al narcotráfico ha cosechado durante su sexenio unos 60 mil muertos. En cambio, su esposa, la ex senadora Hilda González de Duhalde, solía mostrarse más contemporizadora y, a través de un proyecto de ley, propuso declarar durante dos años la emergencia en materia de seguridad, la cual –según su autora– contempla "la construcción de cárceles e instituciones para contener a los jóvenes en riesgo (léase: pibes adictos al paco), quienes requieren un tratamiento preferencial para lograr su reinserción social". También exigía la aplicación de un sistema nacional de vigilancia aeroespacial consistente en "radarizar el cielo con la colaboración de la Fuerza Aérea". No obstante, a raíz del resonante affaire que involucró a los hijos de los brigadieres José Antonio Juliá y José Miret, en complicidad con altos mandos de la Aeronáutica, la señora Chiche optaría por soslayar el papel de aquella fuerza en la cuestión. Pero nada de lo expuesto resultó tan audaz y prometedor como el proyecto legislativo –ideado originalmente por el diputado del PRO, Julián Obiglio– tendiente a implementar el derribo de aviones sospechosos. Una de las claves del problema, sin embargo, se encuentra muy por debajo de los cielos. Más allá de su presente auge en las tapas de los diarios, el papel gerencial de las agencias policiales argentinas en el negocio de las drogas constituye una tradición nacional. Basta recordar la escandalosa disolución en la Bonaerense del área de Narcotráfico a mediados de 1996, tras una cámara oculta de Telenoche que mostraba a uno de sus jefes –el comisario Roberto Calzolaio– en tratativas comerciales con distribuidores de cocaína en Quilmes. El caso probó que los dividendos del asunto subían hasta la máxima autoridad de la Maldita Policía, Pedro Klodczyk, y que desde su escritorio un porcentaje era desviado hacia los bolsillos de ciertos actores del poder político y judicial. Ahora, a 17 años de ello, la historia se repite o, mejor dicho, se propaga como una enorme mancha venenosa: Santa Fe y Córdoba. En la provincia gobernada por el socialista Antonio Bonfatti –cuyo hogar acaba de ser debidamente baleado–, el comisario general Hugo Tognoli tuvo el embarazoso mérito de haber sido el primer jefe en funciones de una fuerza de seguridad que terminó tras las rejas; la razón: su afinidad con redes de narcos y proxenetas. En la provincia gobernada por el justicialista José Manuel de la Sota, la denuncia televisiva de un soplón "arrepentido" provocó el arresto del mismísimo titular de la División de Drogas Peligrosas junto a su plana mayor, además del supuesto suicidio de un colaborador, el desplazamiento del jefe de la Policía y la renuncia del ministro de Seguridad; la razón: proteger redes de traficantes y armar causas a inocentes. Un estilo de trabajo que impera en todo el territorio nacional. Lo notable es que justamente con tales agentes de la ley se pretende dar batalla al delito, en consonancia con los actuales paradigmas de lucha asumidos por los estados del continente contra las corporaciones del crimen organizado. Ya se sabe que, desde la noche de los tiempos, todas las agencias policiales del país hicieron de las cajas ilegales su sistema de sobrevivencia. Mediante "arreglos", extorsiones, impuestos, peajes y tarifas o, lisa y llanamente, a través de la complicidad directa, los uniformados participan de un diversificado mercado de asuntos, siendo los más lucrativos la piratería del asfalto, los desarmaderos, los secuestros extorsivos, la concesión de "zonas liberadas" para cometer asaltos y, desde luego, el tráfico de drogas. Visto desde un ángulo algo perverso, someter las actividades del crimen organizado bajo las leyes de la recaudación policial no deja de ser un modo eficaz de graduar con racionalidad administrativa los niveles de la violencia urbana. Aunque, claro, dicho recurso posee sus contraindicaciones: en algunas coyunturas, ciertos negocios reñidos con la ley –en virtud al crecimiento cuantitativo de sus actores y a la naturaleza ruidosa de sus actos– supera con creces la capacidad policial de regulación y control. Prueba de ello son, ahora, las comisarías en llamas. 02/11/13 Infonews

Alemania, Francia, España y Suecia colaboraron para espiar masivamente por internet

El Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ), uno de los tres servicios de Inteligencia de Reino Unido, colaboró con las agencias de espionaje de Alemania, Francia, España y Suecia para desarrollar y compartir información sobre métodos de vigilancia masiva de las comunicaciones telefónicas y de Internet. Esto se ha podido concoer según un informe filtrado a ‘The Guardian’ por el ex técnico de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA), Edward Snowden. El informe del GCHQ, con fecha de 2008, revela la estrecha cooperación de Londres con varios países europeos para intercambiar información y consejos de cara a labores de espionaje, las cuales se llevaban a cabo mediante interceptaciones directas de cables de fibra óptica o a través de acuerdos con compañías de telecomunicaciones. En el caso concreto de España, los documentos de ‘The Guardian’ desvelan que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el GCHQ cooperaron a través de una compañía de telecomunicaciones británica, cuyo nombre no es desvelado en los documentos por tratarse de una información “estrictamente confidencial, cuya labor fue clave “para efectuar ejercicios a gran escala de vigilancia por internet”, cita el diario británico. El informe puntualiza no obstante que en el momento de su redacción “GCHQ todavía no se ha involucrado con el CNI a la hora de explotar la investigación” de direcciones IP de Internet, aunque apunta una futura reunión en este sentido para otoño de ese año, y destaca “avances a pasos agigantados” en la relación entre ambas agencias “a través de este socio comercial”, en relación a la anónima compañía británica, que ejerció una función de coordinación. El resultado de esa cooperación propició “nuevas oportunidades y arrojó resultados sorprendentes”. “El socio comercial”, según el GCHQ, ha aportado equipo al CNI, a la vez que nos mantiene informados, lo que nos capacita para invitar al CNI este próximo otoño para mantener conversaciones centradas en las IP”. El documento concluye que la agencia de Inteligencia británica “ha encontrado un homólogo muy competente en el CNI, en particular en lo que se refiere al ámbito de las Operaciones Encubiertas de Internet”. Cooperación con otros países europeos En el caso de Alemania, el GCHQ destaca el “enorme potencial” del Servicio de Inteligencia Federal (BND), así como su “buen acceso al corazón de Internet”. Los servicios británicos destacan de los alemanes su capacidad técnica, con canales capaces de soportar hasta 100 GB por segundo. La relación con la inteligencia alemana se basó en el asesoramiento para que la agencia alemana pudiese “reformar” o “reinterpretar” la legislación de su país, “muy restrictiva” en lo referente a interceptación de comunicaciones”, según el informe. Al contactar con la Dirección General de Seguridad Exterior francesa, la agencia británica esperaba sacar provecho de los vínculos con una compañía telefónica cuyo nombre no aparece en los documentos filtrados. “El DGSE es un aliado motivado y técnicamente competente que ha mostrado una gran voluntad de implicarse en cuestiones de direcciones IP” y avanzar sobre una base de “cooperar y compartir”, asegura el GCHQ. Los servicios de Inteligencia británicos también esperaban sacar partido de su alianza con el Instituto de Radio Defensa Sueco, especialmente después de que el Parlamento del país nórdico sacase adelante una ley que permitía el desarrollo de operaciones similares a la Tempora del GCHQ. “Esperamos que logren un rápido progreso en explotación IP a raíz del cambio de la ley”, destaca la agencia británica, para después ofrecer a “asistir” al FRA en sus nuevas operaciones. Por otra parte, el GCHQ también analiza el papel de las dos agencias de Inteligencia holandesas, el Servicio de Seguridad e Inteligencia Militar y el Servicio General de Inteligencia y Seguridad, que pese a ser “pequeñas” parecen “técnicamente competentes” y “muy motivadas”. “Los holandeses tienen algunas cuestiones legislativas sobre las que necesitan trabajar antes de operar al nivel del GCHQ. Estamos proporcionándoles asesoramiento legal”, explica el informe. Los aliados que peor parados salen de este examen del GCHQ son los italianos, toda vez que la agencia británica ve en la Agencia de Información y Seguridad Exterior y la Agencia de Información y Seguridad Interior como dos organismos sin apenas colaboración. En este sentido, la Inteligencia de Reino Unido considera que la de Italia está “fracturada” o las dos agencias son “incapaces o les falta voluntad para cooperar”. EP

Más de cinco millones de británicos ganan menos de un salario digno

Un gran porcentaje de familias del Reino Unido carece de ingresos remunerativos acordes al estándar de vida básico de un país que se presenta al mundo como una gran potencia económica. Según el informe de la firma internacional KPMG, 5,2 millones de trabajadores británicos se les paga menos del salario para un nivel de vida básico. De acuerdo con el informe del contador KPMG, cerca de tres cuarto de los jóvenes británicos entre 18 y 21 años de edad, ganan menos que un salario mínimo. Asimismo, revela que alrededor del 27 por ciento de las mujeres no se les paga el salario mínimo en comparación con el 16 por ciento de los hombres. Según el informe, la organización ‘Save the Children’ ha anunciado que el número de niños que viven en familias con ingresos menos del salario mínimo, ha aumentado de 1,82 millones en 2010-11 a 1,96 millones un año después. El informe de KPMG pone de relieve el fracaso del Gobierno británico para ayudar a millones de familias trabajadoras. Hispan TV