Joaquin Sabina - Dieguitos y Mafaldas (con letra)

FINANZAS › GRANDES EMPRESAS Y AGENTES SE OPONEN AL NUEVO MARCO REGULATORIO DEL MERCADO DE CAPITALES Resistencia a los cambios

Protección a los accionistas minoritarios ante el abuso de los grupos de control y mayores exigencias patrimoniales a los agentes bursátiles han provocado una corriente de rechazo de corporaciones y corredores. Por Cristian Carrillo Esta semana las máximas autoridades de la Comisión Nacional de Valores (CNV) mantendrán una serie de reuniones con representantes de mercados y Bolsas del país y agentes de negociación. La ronda de encuentros tendrán como objetivo analizar algunos pedidos que los actores bursátiles plantearon respecto de la adecuación del nuevo marco regulatorio. Desde que se publicó la reglamentación de la ley se alzaron voces en contra de parte de grupos concentrados por una supuesta persecución del Estado a grandes compañías. El objetivo de esa resistencia está motivado en defender la autorregulación. El titular de la CNV, Alejandro Vanoli, se manifestó dispuesto a analizar cuestiones de forma, pero aclaró que el espíritu de la normativa no se modificará: proteger los intereses del accionista minoritario. La reglamentación de la nueva ley de mercado de capitales fija una serie de criterios que evitan al abuso por posición dominante de los grupos económicos dentro de una sociedad anónima, protege a inversores que quieran incursionar en los mercados y establece pautas que garanticen la respuesta de los agentes negociadores ante un problema de liquidez. Desde distintas corporaciones económicas se puso el foco en dos artículos que, a criterio de sus respectivos estudios de abogados, son de “dudosa constitucionalidad”, a lo que recomiendan la presentación de amparos para frenar la ley. En esto coinciden entidades empresarias como la Unión Industrial, IDEA, y hasta una línea interna dentro del Mercado de Valores. Se trata de dos artículos que permiten la intervención de la CNV en caso de que los derechos de accionistas minoritarios sean vulnerados en asambleas de las empresa. “Esos puntos, que son el espíritu de la norma, no se van a modificar. No vamos a ceder a las presiones políticas de grupos que pretenden volver a la autorregulación de los mercados”, señaló a Cash el titular de la CNV. El funcionario señaló que “aquellos reclamos que no sean contradictorios con la ley los vamos a analizar”. La reunión para tratar esos temas comenzará mañana. La semana pasada hubo reuniones informales para analizar algunos pedidos de agentes y mercados. Vanoli reconoce que algunos pedidos son malas interpretaciones, mientras que otros, provenientes de un núcleo duro, sólo son dilatorios “a la espera de un eventual cambio en el Congreso –poselecciones de octubre– que les permitiría hacer reformas en el marco regulatorio”. Entre los argumentos esgrimidos por los agentes uno tiene que ver con los requisitos de patrimonio que, según señalan, los dejaría afuera de la actividad. Según un relevamiento de la CNV al que pudo acceder Cash, los requisitos no sólo van en línea con los estándares internacionales, sino que están incluso por debajo. La reglamentación determina un mínimo para ser agentes de 250 mil pesos y se eleva hasta 3,5 millones o 15 millones para cámara de compensación y liquidación. En México se pide el equivalente a 6,7 millones de pesos para ser agente y de hasta 27 millones para compensación, pese a que no están autorizadas para custodiar ni mover fondos. En Brasil, Chile y Perú las cámaras deben también exhibir un capital mínimo equivalente a 4 millones de pesos. En España un agente debe contar con fondos por 787 mil pesos y una cámara unos 15 millones de pesos. El objetivo es aunar criterios ante la posibilidad de que los mercados de la región se asocien. “Por eso es que tendremos cierta flexibilidad en los plazos, pero no en los montos. Los mercados deben dejar de pensar como un kiosquito”, sentenció Vanoli. Según señalaron fuentes del mercado, en la reunión interamericana de Bolsas, que se desarrolló hace un mes, las autoridades de la Bolsa brasileña manifestaron su interés de participar como accionistas en el nuevo mercado federal –objetivo de la ley– que se desarrollará en el país, con una visión geopolítica de financiamiento vía el mercado de capitales. La necesidad de contar con respaldo financiero en los mercados y agentes locales busca que estén a la altura de las exigencias regionales para evitar que el Bovespa se imponga como socio y por tamaño relativo dentro del mercado argentino ccarrillo@pagina12.com.ar

ENFOQUE Tasas bajas y sujeción colonial Por Claudio Scaletta El endeudamiento público funciona como el principal instrumento de una suerte de pacto neocolonial. La esencia de cualquier relación colonial es, precisamente, la extracción del excedente de la colonia. Obviamente, no cualquier endeudamiento público habilita relaciones de sujeción. Es útil, por ello, detenerse en las distinciones básicas.

El endeudamiento público funciona como el principal instrumento de una suerte de pacto neocolonial. La esencia de cualquier relación colonial es, precisamente, la extracción del excedente de la colonia. Obviamente, no cualquier endeudamiento público habilita relaciones de sujeción. Es útil, por ello, detenerse en las distinciones básicas. La deuda pública puede ser interna o externa. La primera es la nominada en moneda local; la segunda, en moneda extranjera. Por su naturaleza, la primera puede resolverse localmente por múltiples caminos; la segunda, la que puede sustentar la extracción del excedente, no. A estos datos debe sumarse que en el mundo de la globalización financiera los mecanismos de sujeción se sofisticaron. Para tomar la deuda ofrecida por los organismos internacionales es necesario someterse a sus condicionalidades, sometimiento que borra la autonomía de la política económica, la que queda subordinada a los intereses de los poderes globales y sus clases auxiliares locales. Luego, para tomar deuda externa con el sector privado se argumenta que tener acuerdos con los organismos internacionales resulta una “garantía de calidad”. Es la famosa triquiñuela del “grado de inversión”. El circuito se cierra con los “aparatos ideológicos” del poder financiero: las calificadoras de riesgo y la prensa hegemónica, internacional y local. Estas distinciones son muy elementales y sirven para ser puestas al comienzo de cualquier discusión sobre el desendeudamiento de la última década y sobre un potencial regreso a los mercados. En este marco es posible formularse algunas preguntas iniciales: La situación de la deuda pública, ¿mejoró o empeoró en la última década? ¿Existió verdadero desendeudamiento o todo fue un gran simulacro para seguir transfiriendo a los acreedores más o menos la misma porción del producto anual? Aunque en la historia siempre se puede ir más atrás y empezar por Rivadavia y el crédito de la Baring, el problema del endeudamiento público se generó durante la última dictadura y fue la peor carga heredada por la democracia. Durante toda la década del 70, el endeudamiento se había mantenido por debajo del 20 por ciento del PIB. A comienzos de los ’80, las tasas de interés internacionales comenzaron una carrera alcista, a la vez que se deterioraban los términos del intercambio, y para 1987 la deuda ya había superado los 70 puntos del Producto. Aunque en términos nominales la carga nunca dejó de crecer, su relación con el PIB cayó a la mitad en 1994. Desde entonces, y a pesar de su “capitalización” con las privatizaciones, creció hasta superar los 50 puntos en 2001. Con la devaluación y la crisis de salida de la convertibilidad, el problema explotó y la relación deuda/PIB alcanzó el pico del 165 por ciento. Pero al igual que la devaluación, el default no fue una decisión política, fue un imperativo. Nótese que hasta aquí no se habló de “miles de millones de dólares”, sino de la magnitud que realmente importa cuando se habla de endeudamiento público: su relación con el Producto; la carga de la deuda. Adicionalmente, eso permite no embotarse con los números. Así, tras el canje de 2005, dicha relación volvió a estabilizarse y a descender lentamente desde el 74 por ciento en ese año al 64 por ciento en 2006 y el 41,8 en 2011. El año pasado, dado el freno del PIB, la relación volvió a subir hasta casi al 45 por ciento. De acuerdo con los números presentados en el Congreso con motivo del Presupuesto 2014, se espera, con optimismo, que la relación baje del 40 recién en 2017. Con un poco de mala intención, lo que siempre vuelve más divertido el análisis, podría decirse que “después de tantos esfuerzos para desendeudarse, finalmente la deuda se encuentra otra vez en niveles relativamente similares a los de fines de los ’90”, a lo que se suma la acechanza de los fondos buitre y del sistema judicial estadounidense más la furia del poder financiero internacional por el mal ejemplo local. Pero efectivamente, el análisis es malintencionado. Si se mira el largo plazo, la actual administración no sólo reparó la grave anomalía de la serie provocada por la crisis de 2001-2002, sino que introdujo cambios muy significativos en la naturaleza y la carga de la deuda. Y lo hizo precisamente en las dimensiones que determinan la sujeción colonial: primero, deshaciéndose de las condicionalidades de los organismos financieros internacionales vía el pago total de lo adeudado al FMI; luego reduciendo significativamente la parte “externa” de la deuda, es decir, la nominada en moneda dura. Los números a 2012 muestran que del total de la deuda pública, poco más del 58 por ciento (26,1 puntos del PIB) es “intra sector público”, dinero que el Estado se debe a sí mismo, entre sus distintas agencias. Sólo el 29 por ciento de la deuda (13 por ciento del PIB) es deuda con acreedores privados. Y el remanente de casi el 13 por ciento (5,7 del Producto) es con organismos multilaterales. Dicho de otra manera, la deuda “neta” solo representa el 18,7 por ciento del PIB. Y de este 18,7 es deuda externa, nominada en divisas, el equivalente a 15,3 por ciento del PIB. Esta situación permitió que el pago de intereses en moneda extranjera pase del 3,8 por ciento del Producto antes del default al 1,4 en 2012, luego de tocar un piso del 0,8 en 2010. Para completar el debate del presente resta una pregunta esencial: en un contexto de bajas tasas de interés internacionales, ¿fue buena la decisión de pagar los vencimientos en efectivo o era preferible refinanciarlos y evitar la caída de reservas? La respuesta es importante porque se trata del argumento central de quienes pregonan regresar a la política del endeudamiento estructural y sujeción colonial que tanto costó revertir. El ejercicio es sencillo, aunque extenso, y consiste en aplicarle las tasas “teóricas” que podrían haberse obtenido en condiciones óptimas de refinanciación, a todos los vencimientos que fueron pagados en efectivo. Esas tasas habrían sido, en dólares, del 9 por ciento entre 2005 y 2007, pero se habrían disparado en 2008 y 2009 al 20 y al 25 por ciento, respectivamente, para volver a estabilizarse en 9 y 8 por ciento en 2010 y 2011. El resultado del ejercicio muestra que la deuda entre 2005 y 2011 habría aumentado, redondeando cifras, de 179 a 243 mil millones de dólares, es decir 64 mil millones adicionales. En contrapartida, las reservas internacionales se habrían incrementado en 25 mil millones pasando de 46 a 71 mil millones. La deuda pública bruta en relación con el PIB hubiera caído, pero previsiblemente mucho menos de lo que efectivamente lo hizo, en vez del 41,8 por ciento del PIB que registraba en 2011, habría quedado en el 55 por ciento. En el ínterin, el pago de intereses habría aumentado significativamente todos los años, especialmente en 2008 y 2009, volviendo a la economía más dependiente de los ciclos internacionales. Finalmente una última pregunta, un poco herética: ¿todo esto quiere decir que tomar deuda en divisas es siempre malo? En una economía con problemas de restricción externa, regresar a los mercados financieros puede ser una oportunidad para el cierre de brecha del desarrollo y el aumento de la densidad nacional, pero si y sólo si se incorpora el aprendizaje de los errores del pasado, es decir; si se evita la sujeción colonial y destinar los recursos obtenidos a gastos corrientes jaius@yahoo.com

EL EMPRESARIADO INDUSTRIAL Y LA PARTICIPACION POLITICA Una relación conflictiva

La incorporación de dirigentes empresarios a las filas de la política partidaria es una estrategia de ampliación de consensos que otorga un mayor respaldo a sus propuestas económicas,ya que estos dirigentes intervienen en el diseño de los programas de política económica. Por Marina Dossi * La reciente incorporación de Ignacio de Mendiguren a las filas del Frente Renovador liderado por Sergio Massa coloca en el tapete la discusión sobre la participación política de los dirigentes empresarios. Para el sector empresario, dicha participación proporciona canales de interlocución con el poder político para promover intereses sectoriales. Pese a esto, las diferencias político-ideológicas y las distintas inserciones económicas del empresariado industrial generan opiniones dispares sobre los beneficios de la participación que terminan cristalizando en tensiones en las asociaciones empresarias. Existe desconfianza sobre la rivalidad entre las obligaciones “partidarias” y la efectiva representación de los intereses industriales. La historia reciente de la UIA evidencia que la llegada de sus dirigentes a la política, como Sebastiani en 1997 y Rial en 1999 por la vía parlamentaria, y Mendiguren al Ejecutivo (Ministerio de la Producción, 2002), generó turbulencias internas. En el caso de Sebastiani, su accionar legislativo otorgando quórum para la sanción de una reforma laboral que la UIA desaprobaba concluyó en un hecho inédito hasta ese momento, la renuncia de un presidente de la UIA a su cargo por razones políticas. En el caso de Mendiguren, su fugaz paso por el Ministerio de la Producción, en un contexto de profunda crisis económica y político-institucional, dejó como secuela una fuerte crisis interna y el quiebre de los consensos que habían permitido, hasta ese momento, el funcionamiento de la asociación. Para la dirigencia política, la incorporación de dirigentes empresarios a sus filas es una estrategia de ampliación de consensos que otorga un mayor respaldo a sus propuestas económicas, ya que estos dirigentes intervienen en el diseño de los programas de política económica. La reciente licencia tomada por Ignacio de Mendiguren a su cargo de secretario general en la UIA, debido a su incorporación a las filas del massismo, se enmarca en este tipo de situaciones. Si bien desde la central fabril aclararon que no hubo presiones gubernamentales detrás de esta decisión, pueden vislumbrarse las tensiones entre el poder político y el poder empresario a la hora de tomar posiciones. La proximidad de Mendiguren con las gestiones del kirchnernismo, su rol como interlocutor y negociador entre la corporación empresaria y el Gobierno, así como el bajo perfil de la UIA a la hora de efectuar reclamos, fundamentalmente aquellos vinculados con la “competitividad” del sector, manifiestan esta situación. En la misma línea, la UIA mantuvo silencio frente a reclamos efectuados al Gobierno por otras entidades gremiales empresarias en distintos conflictos, particularmente aquellos mantenidos por las corporaciones agropecuarias. El arribo de Mendiguren a una lista opositora marca un quiebre en esta relación, y parece colocar a la UIA en una posición de distanciamiento del gobierno nacional y en un rol de posible cuestionador de los resultados de ciertas políticas económicas. Las tensiones entre el Gobierno y los industriales se basan en temas como la inflación, la competitividad y el tipo de cambio. La candidatura de Mendiguren, cuestionando la “ausencia” de políticas gubernamentales para afrontar estas cuestiones, augura una relación más tensa con el sector fabril, de cara a los reacomodamientos políticos que surjan tras los comicios legislativos de octubre. Esta situación se suma a la elección de renovación de autoridades (mayo pasado) en la UIA, atravesada por tensiones entre sus agrupamientos internos, la lista Celeste y Blanca e Industriales, y por el contexto político-económico. La afinidad de Mendiguren con el kirchnerismo no conformaba a los sectores industriales más críticos del Gobierno, si bien el conjunto de los industriales rescataba el diálogo y el vínculo fluido del dirigente con el Ejecutivo. Otros sectores industriales promovían una renovación dirigencial en la UIA, mediante José Urtubey, hermano del gobernador de Salta y con escasa trayectoria corporativa. Sin embargo, su candidatura no prosperó, ya que para numerosos industriales tener un presidente cuyo hermano mantiene fluidos vínculos con el kirchnerismo y además es uno de los posibles presidenciales para 2015 implicaba la “politización” de la UIA. Desde la central fabril argumentaban que esta situación podía condicionar su autonomía a la hora de realizar demandas al Gobierno en un contexto de baja de inversiones, cepo cambiario, dólar blue, inflación y problemas con las importaciones. Por otra parte, y frente a la incertidumbre de los resultados de los comicios legislativos y la perspectiva para las presidenciales de 2015 que surgiría de éstos, no veían conveniente que la UIA quedase como una entidad “kirchnerista”, en un posible escenario de pérdida de poder del oficialismo. Para mantener la cohesión interna, los máximos líderes industriales aunaron posiciones y decidieron elegir por tercera a vez a Héctor Méndez, dirigente plástico y con amplia trayectoria gremial empresaria, quien se había desempeñado como presidente bajo la gestión de Néstor Kirchner, logrando mantener una relación cordial pero con cierta capacidad de reclamos y observaciones a determinadas políticas gubernamentales. De este modo, el proceso eleccionario de la UIA y la licencia de Mendiguren a su cargo estuvieron atravesados, desde el plano externo, por las elecciones PASO de agosto pasado y por la inminencia de las próximas legislativas de octubre. Desde el plano interno, influyeron la heterogénea composición de la UIA y la necesidad de posicionar a la corporación empresaria en el plano político como un interlocutor válido y con capacidad de presión sobre el Gobierno sin tensar el vínculo. En este sentido, la participación de Mendiguren en una lista opositora al oficialismo podría colocar a la UIA como una corporación opositora al Gobierno, afectando su capacidad de diálogo e interlocución con el mismo. Nos encontramos frente a un escenario abierto en el cual los resultados legislativos y los reposicionamientos de dirigentes políticos, empresarios y sindicales habilitarán un nuevo entramado de relaciones. Pese a esta incertidumbre, la reciente ausencia de la cúpula de la UIA en el acto por la celebración del Día de la Industria, en la provincia de Entre Ríos, y ciertas “correcciones” económicas enarboladas tanto desde el massismo por Mendiguren como por dirigentes de la UIA, auguran una relación más tensa entre el Gobierno y la entidad empresaria, vínculo sujeto al devenir electoral * Investigadora del Instituto de Altos Estudios Sociales (Idaes).

El pillaje... Por Federico Delgado *

El objetivo del presente texto es modesto, y su naturaleza, exploratoria. Apunta a narrar las articulaciones y patrones de conducta que surgen de varios procesos judiciales fenecidos sobre el uso particularista del Estado durante la dictadura militar. Lo hemos denominado la “mercantilización del terror”, para describir cómo se utilizó el poder político para hacer negocios al amparo del plan general de reformar a sangre y fuego la sociedad. O, dicho más sencillamente, el pillaje organizado. En la causa 12.071/07 se investigó la complicidad civil con el golpe. La pesquisa fracasó, pero allí existe evidencia sobre el denominado Grupo Perriaux, un conjunto heterogéneo que se las arregló para transformar –en términos simbólicos– sus intereses particulares en generales, y para situarlos en las instituciones a través de las que se exterioriza el Estado. Básicamente, atribuían los problemas del país a las políticas de sustitución de importaciones en materia económica y redistributivas en el área social. El proceso judicial, entonces, brinda información útil acerca de la naturaleza de los personajes que funcionaron como una especie de think tank de la época y que ocuparon importantes roles de gobierno luego de marzo de 1976. Hablamos de Guillermo Walter Klein, Adolfo Diz, Alejandro Estrada, Manuel Solanet, Roberto Durrieu, Alberto Rodríguez Varela, Jaime Smart, Raúl Salaberry, entre otros. Quizá la estatización de la compañía Italo-Argentina de Electricidad sea donde mejor se cristalizó el trabajo del grupo, puesto que el Ministerio de Economía aparece subordinado a los intereses privados de los funcionarios a cargo del área. La Ley 21.670 reglamentó la aplicación de esa medida que, a grandes trazos, exigía a las personas sospechosas acreditar la legitimidad de sus patrimonios. Si no lo hacían, el procedimiento preveía la transferencia sin cargo al Estado de esos bienes. El Decreto 3245/77 creó la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (Conarepa) como órgano de aplicación. Con grandes poderes, podía investigar la composición del patrimonio de las personas físicas o jurídicas sospechadas. La Conarepa fue una suerte de máscara para individuar a las personas que sufrirían la faceta particularista del régimen, que se tradujo en la explotación económica del terror. Su rasgo distintivo fue la arbitrariedad. Se convirtió en una jaula de hierro en la que de manera impersonal los funcionarios, protegidos por la opacidad derivada del culto al expediente, decretaban la muerte civil de quienes caían bajo esas redes para permanecer en un eterno “durante”, ya que rara vez hubo pronunciamientos sobre la inocencia o la culpabilidad del sospechoso. Por ello, a la Conarepa hay que abordarla como un concepto. Fue algo más que una comisión: fue un elemento decisivo a través del cual el Estado expresó su voluntad. Allí se alojan las premisas que identificó Eduardo Basualdo cuando rastreó el diseño y la implementación del modelo de valorización financiera del capital resultante del Proceso de Reorganización Nacional. Es que nos hemos acostumbrado a reconstruir la última dictadura militar en forma de pirámide, con un vértice visible y un aparato estatal monolítico al servicio de una voluntad cegada para aplicar el terror. Sin embargo, el terror tuvo una finalidad, un norte específico, cuyas motivaciones constan en algunos expedientes judiciales. La peor de ellas se vincula con algunas prácticas culturales que permanecen intactas, y sobre las que volveremos. Veamos algunos ejemplos. En cierta ocasión, un funcionario pidió a sus superiores una opinión respecto de la continuidad de Metropol Compañía Argentina de Seguros SA, intervenida por la Conarepa. La duda se vinculaba con la contradicción entre la solvencia de la empresa y la intervención. El funcionario no sabía qué hacer. Rápidamente respondió el secretario de Hacienda, Juan Alemann, quien dijo que la medida adoptada por el Poder Ejecutivo significaba “muy probablemente la liquidación de la compañía”. En realidad, “la sola mención como empresa del grupo Graiver le hará casi imposible seguir operando”. En otros casos, y cimentada en las bases legales que la fundaban, la Conarepa intervino empresas o declaró la pérdida de valor de acciones mediante un acto administrativo para enseguida emitir otras a nombre del Estado. ¿La razón? Combatir la “subversión”... en su faz económica. Este latiguillo atraviesa una gran cantidad de actos administrativos emitidos por la institución. Ahí residen las singularidades de la Conarepa como concepto. Pero hubo casos que revelan una mercantilización de la represión ilegal un tanto más literal, es decir, en los que la mediación institucional fue menor y la motivación particular más clara. Nuevamente recurrimos a ejemplos extraídos de causas judiciales. En este caso se trata de los puntos en común de expedientes que demuestran la disolución ilegal de grupos económicos, con efectos remunerativos para personas de algún modo relacionadas con la coalición de gobierno. Específicamente, las causas 8405/10 sobre el grupo Chavanne, 6073/03 sobre el grupo Oddone, 3260 sobre el grupo Defranco Fantín, 2.649/2006/3 sobre el grupo Gutheim, y 6279/97/11 sobre el grupo Saiegh. Todas giraron en torno de un conglomerado de firmas ramificadas entre la actividad industrial y la financiera. Sus responsables fueron privados ilegalmente de la libertad, varias de sus empresas fueron intervenidas por un juez con competencia criminal de primera instancia del fuero federal de la Capital Federal y su giro comercial fue interrumpido de manera abrupta. Además, en todos estos casos el Estado intervino de manera alternativa o conjunta, a través de la Policía Federal Argentina (PFA), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV). El recorrido fue siempre similar: algunas reuniones en las que se presionaba a la víctima por cuestiones privadas, pero invocando la autoridad del Estado. Luego, una tormentosa privación ilegal de la libertad. Más tarde, la judicialización del caso, que facilitaba la intervención de las empresas para conducir los negocios bajo un cierto paraguas legal, siempre contando con el amparo de los amplios tipos penales de la Ley 20.840, de subversión económica. En otras palabras, se invocaba una política pública –combatir la subversión– para hacer negocios privados. Si la Conarepa aplicó una feroz intervención revestida de la impersonalidad de la esfera administrativa, desde una perspectiva paralela pero complementaria la Ley de Subversión Económica justificó una invasión aún más fuerte. Recordemos que ese texto se promulgó en septiembre de 1974 y fue modificado durante la dictadura. Era una ley de seguridad nacional para sancionar hechos que atentasen contra el programa constitucional. Contenía tipos penales de naturaleza política y económica. Durante la dictadura, se otorgó competencia a los tribunales militares para juzgar estos hechos. El caso Graiver fue uno de los más paradigmáticos. Si la Conarepa se constituyó en brazo administrativo del pillaje, la Ley 20.840 fue el elemento que viabilizó la intervención de los jueces. Volviendo al recorrido que muestran los expedientes examinados, el círculo se cerraba con el aura de legalidad que proporcionaba el sistema judicial. - Reinaldo Defranco Fantín era un empresario de medios. Editaba las revistas Tía Vicenta y El Libro Gordo de Petete. También estaba en el ramo financiero, a través de Casa Murillo y Boulogne SA. Había adquirido 360.000 segundos de espacios publicitarios por la suma de 3.400.000 dólares en Canal 13. Los compró a precio de televisión blanco y negro con el proyecto de venderlos a precio de color. El canal fue intervenido por la Armada y Defranco Fantín pretendió que se cumpliera el convenio. Mientras estaba reunido con el interventor, fueron allanadas sus empresas. Al día siguiente fue citado a una enigmática oficina para retirar la documentación secuestrada, pero era una trampa, porque fue privado de la libertad en julio de 1980 por la división Bancos de la Policía Federal. El disparador fue una denuncia anónima que alertó sobre la existencia de autopréstamos dentro del grupo. Luego, nació la causa B 31.370 del Juzgado Federal Nº 1, Secretaría Nº 2, por el delito de subversión económica. Defranco Fantín estuvo preso durante más de tres años. El BCRA nombró interventores en las empresas y participó activamente en los posteriores procesos judiciales de quiebra del holding. El juez colocó un interventor judicial, que actuó desde mediados de 1980 hasta mayo de 1988. Tras ello, el expediente naufragó por las densas aguas judiciales. - Eduardo Saiegh era vicepresidente y director delegado del Banco Latinoamericano SA y presidente de Inversai SA. Estaba a punto de cerrar una importante operación con el banco Crédit Lyonnais, y tenía una significativa participación en la línea aérea Austral así como fuertes vínculos comerciales con Defranco Fantín. El 25 de octubre de 1980, el presidente del BCRA ordenó una inspección en el Banco Latinoamericano que culminó el 16 de enero de 1981, cuando los directivos del grupo reclamaron a la autoridad monetaria la autoliquidación de la entidad con la inclusión de Inversai. Dicha autoliquidación benefició a empresarios vinculados con el BCRA. A la par, y sobre la base de una denuncia anónima del 27 de septiembre de 1980, nació la causa judicial que culminaría el 31 de octubre de ese año con la detención de Saiegh, quien perdió el control sobre el grupo. El expediente también quedó a la deriva. - Federico y Miguel Gutheim comandaban el grupo textil Sadeco. Sufrieron de manera singular lo que hemos llamado “faceta particularista de la dictadura”. En octubre de 1976 recibieron una queja telefónica de la Secretaría de Comercio Exterior debido a un conflicto contractual con firmas de Hong Kong, que habría frustrado un crédito para el país. El propio titular de la cartera económica, José Alfredo Martínez de Hoz, recibió la mala noticia en una misión oficial. El 5 de noviembre de 1976, el presidente Jorge Rafael Videla y el ministro del Interior, Albano Harguindeguy, ordenaron la detención de los empresarios, alegando que su comportamiento comercial estaba ligado a las causas que motivaron el dictado del estado de sitio. Quedaron a disposición del Poder Ejecutivo nacional sin intervención de un juez. Desde la cárcel, los Gutheim debieron renegociar el contrato bajo la vigilancia de la Policía Federal y con la intervención de funcionarios públicos y empresarios de las firmas de Hong Kong. Cuando hubo acuerdo, fueron liberados, el 6 de abril de 1977. - Luis Alberto Oddone controlaba el Banco Oddone SA y un grupo de firmas vinculadas. En febrero de 1980 fue citado por autoridades del BCRA. Recibió presiones relacionadas con el incipiente negocio de las tarjetas de crédito y varios reproches que se tradujeron en una suerte de persecución administrativa, hasta que el 23 de abril de 1980 fue obligado a solicitar la intervención de su banco. La continuidad del negocio de las tarjetas quedó en manos de una persona vinculada con el sector económico del gobierno. Una causa judicial paralela se inició el 28 de abril de 1980, por una denuncia anónima recibida en la división Bancos de la Policía Federal, que aludía a autopréstamos y derivó en un proceso por subversión económica. Oddone fue detenido y recuperó la libertad en 1982. - El grupo Chavanne era un vector que conducía a un botín preciado: el patrimonio de la familia Graiver, dueña del Banco de Hurlingham y a la que se vinculaba con Montoneros. Los Chavanne compraron ese banco el 17 de diciembre de 1976. En septiembre de 1977, el BCRA no aceptó la transferencia, y en junio de 1978 vendieron sus acciones a la empresa Industrias Siderúrgicas Grassi, pero llegó la intervención estatal y los integrantes de los conglomerados fueron detenidos ilegalmente y desapoderados. Luego, el 13 de septiembre de 1978, se inició una prevención militar por orden del Primer Cuerpo del Ejército por infracción a la Ley de Subversión Económica basada en informes del BCRA y de la CNV. Tras la intervención judicial del Juzgado Federal Nº 3, se blanquearon detenciones y se sumaron otras. Todo terminó el 11 de febrero de 1986, cuando la Cámara Federal confirmó la nulidad del proceso. La evidencia que suministran los expedientes judiciales permite construir –claro que con una licencia metodológica casi herética– una suerte de tipo ideal al estilo weberiano para definir el pillaje organizado como parte del plan criminal probado en la causa 13/84 de la Cámara Federal de la Capital. Repasemos: empresas nacionales vinculadas con la actividad financiera, reuniones con funcionarios para presionar invocando la autoridad del Estado, requerimientos del BCRA o la CNV formalmente válidos pero anclados en motivos particulares, denuncias anónimas, posterior privación ilegal de la libertad, intervención en los patrimonios, más la envoltura judicial cimentada en la Ley de Subversión Económica. Tales los patrones y tal la dinámica. En definitiva, con ciertas licencias metodológicas y una mirada crítica de los viejos expedientes judiciales, es posible presentar una dinámica singular dentro del plan criminal, que podría denominarse la “mercantilización del terror”. Se exteriorizó en la arbitraria clasificación de “subversivo económico” para hacer negocios privados invocando la reforma general que declamó la dictadura. Esa dinámica criminal se arropó bajo la universalidad de la ley, entendida como el lazo que une la voluntad general que encarna en el Estado con los ciudadanos; se cristalizó en el secreto de los expedientes y se movió en la esfera administrativa mediante la Conarepa y en la judicial con la Ley 20.840. Esos instrumentos permitieron despersonalizar el pillaje, porque desplazaron el proceso de colonización de la subjetividad desde el sujeto que torturaba en un centro clandestino de detención y la retórica moral del régimen hacia la ley desviada a fines privados. Finalmente, todo ese entramado de mediaciones que velaba el terror confluía en el expediente. Allí se condensaban los horizontes normativos de perseguir a la subversión económica con los intereses materiales de los protagonistas cívico-militares, ávidos de obtener resultados remunerativos para su propio patrimonio. Los expedientes y la universalidad de la ley tienen una rara capacidad de permitir, en su nombre, la convivencia de los planos legal e ilegal. Todo ingresa allí y tras un trabajoso proceso se va depurando. Ahí yace la cuestión nodal, en ese “durante” en el que se realiza esa depuración de elementos, porque en ese lapso ocurrió el pillaje y ocurrió en nombre de la Ley de Subversión Económica o de las premisas morales que inspiraron la Conarepa. Mientras se amoldaban las relaciones económicas de acuerdo con el nuevo patrón de acumulación, también se hacían negocios turbios. Por las propias características del trabajo, no podemos elaborar una hipótesis sobre la relación específica entre el pillaje empresarial y la política económica de la dictadura en términos de costos y beneficios. Aun con esas limitaciones, sí podemos afirmar que la revolución copernicana que se implementó en la economía del país a partir de marzo de 1976 permitió, a quienes elaboraron parte de dicho programa y ocuparon roles de gobierno para implementarlo, el saqueo de patrimonios ajenos, ya sea para destruirlos o para apropiárselos. Algunos latiguillos de los documentos analizados, como los “intereses superiores de la Nación”, la “amenaza al modo de vida occidental y cristiano”, junto a mecanismos penales como la Ley 20.840, de restauración moral como la Conarepa, cobijados por un culto a la formalidad típica de los expedientes, constituyen el fiel registro de una forma de ser estatal que amalgamó una fase legal con otra ilegal y viabilizó la confusión entre los intereses públicos y los privados. La temporalidad hizo su trabajo y el Estado desplazó la opacidad del terrorismo de Estado hacia políticas públicas de reconocimiento y transformación de cuanto ocurrió en esos períodos. Sin embargo, algunos resabios calaron en las lógicas de la acción social. Hablamos de esa inercia que exhala arbitrariedad y se palpa en los juicios que las víctimas iniciaron tras sufrir el terror. Esa forma de ser estatal es fuente de culpabilidad gruesa por oposición a la fina, que recae sobre sujetos individuales. Esta distinción es una herramienta analítica útil, ya que la gruesa señala la responsabilidad institucional que amparó esa convivencia entre una fachada legal y la ilegalidad real. Y es allí, en el funcionariado, donde se alojan las resistencias para implementar el reconocimiento estatal de responsabilidad. Es, en consecuencia, un campo por labrar * Abogado y licenciado en Ciencia Política (UBA). Fiscal de primera instancia ante los juzgados en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

OPINION República, democracia y kirchnerism

Por Eduardo Jozami La pretensión de considerarse como defensores de la República y la democracia de quienes, en 1955, derribaron a un gobierno elegido por el voto popular tuvo mucho que ver con cierto desapego por esos conceptos en la tradición del peronismo y, en general, entre los sectores populares argentinos. Los golpistas de 1976 ya no pudieron invocar la democracia, pero siguieron hablando de la República: la clase dominante argentina siempre había considerado un orden republicano aquel que aseguraba la exclusión política y social de las mayorías. Por eso, en el debate realizado una semana atrás en la Universidad Di Tella, recordé que Federico Pinedo había titulado En tiempos de la República su recopilación de escritos y discursos de la llamada Década Infame. No porque yo pensara que el dirigente conservador expresara el ideal republicano, como sugiere Roberto Gargarella en su nota publicada en Clarín el 1º de octubre. Como él, también prefiero pensar la República partiendo de Rousseau, Artigas o Bolívar. Pero el discurso de Vicente Palermo, al que yo contestaba en el debate citado, no estaba inspirado en esas grandes figuras sino en esa tradición argentina que sostiene un poder limitado para que los gobiernos de mayoría no controlen el poder económico y aprueba la ilimitada extensión del poder cuando gobiernan las minorías, por el fraude o por la fuerza. Precisamente en la idea de poder limitado se centró, en buena medida, la discusión en la Universidad Di Tella, en su momento ampliamente reflejada por Página/12. Luego de una intervención de Horacio González que destacó que “las liturgias podían convertirse en tabiques para el debate” y reclamó la necesidad de renovar los conceptos de liberalismo, República y democracia, discurso que hubiera merecido una respuesta más ponderada, Palermo consideró que el actual gobierno debía ser juzgado con la lente de la Constitución liberal de 1853 y luego de calificarlo como corrupto, expresión de un poder personal y casi despótico, consideró “negativo y amargo” el saldo de la década y concluyó en señalar como clave de una política alternativa la necesidad de instaurar un poder limitado. Respondí que esta opción por el poder limitado tenía que ver con una escasa vocación por las transformaciones necesarias para profundizar la democracia. En una sociedad donde cada vez se concentra más el poder económico y mediático, la construcción de poder político y el dotar al Estado de más capacidades para regular y controlar los mercados y poner límites al gran capital es condición indispensable para avanzar en un programa popular. Hubiera sido subestimar a quienes me escuchaban abstenerme de cuestionar esa reivindicación del poder limitado por el temor de que se me considerara partidario del “poder ilimitado”. Gargarella señala que él no hace esa atribución fácil, pero el artículo de Clarín lleva por título: “El kirchnerismo es partidario del poder ilimitado”. De este modo se desplaza la verdadera discusión, olvidando que, dentro de los límites que establece la arquitectura constitucional de la separación de poderes, todo gobierno que quiera llevar adelante un ambicioso programa de reformas deberá acumular poder político y respaldo popular. En busca de mayor comprensión, no puse el ejemplo de Perón, seguramente poco simpático a alguno de mis interlocutores, sino el de Roosevelt. El presidente de Estados Unidos bregó por ampliar los poderes estatales para hacer frente a la crisis de los años ’30 y sufrió el hostigamiento de la Justicia estadounidense hasta que logró modificar la integración de la Corte, nombrando nuevos miembros, pero Gargarella niega esta evidencia. Como tampoco toma en cuenta la constatación de Ernesto Laclau, quien señaló que, a lo largo de la vida independiente, la realidad latinoamericana muestra que, en la mayoría de los casos, las reformas populares nacieron de los Ejecutivos, mientras las oligarquías que las resistían se hacían fuertes en los Parlamentos. No se equivoca Gargarella cuando señala que mi crítica al gobierno limitado puede caberle al de Fernando de la Rúa, débil frente a los acreedores internacionales, pero capaz, sin embargo, de despedirse con una represión que dejó más de 30 muertos. Pero el polemista no muestra buena información cuando intenta relacionarme con ese gobierno que no integré. Fundador del Frente Grande, cuestioné la política que llevó a esa fuerza a aliarse con De la Rúa y más tarde a participar de su gestión. Es necesario aclarar también que no abogo –como Gargarella me atribuye– por que se otorguen facultades a los Ejecutivos para gobernar por decreto de necesidad y urgencia, por la simple razón de que ya las otorga la Constitución. Lo que sí cuestioné fue la hipocresía de un discurso político que alternativamente utiliza esas facultades para luego condenarlas cuando no se está en el gobierno. Más allá de chicanas y aclaraciones, lo que importa es señalar que en el debate de la Di Tella, como en la confrontación entre el actual gobierno y la oposición, aparecen ideas que es importante profundizar. A veces, en el afán de cuestionar el discurso conservador, corremos el riesgo de regalar el republicanismo a nuestros opositores. Nosotros no somos menos republicanos que quienes rechazan la participación popular, simplemente somos partidarios de una República de mayorías, la que alienta la presencia del pueblo, creando las condiciones sociales que permiten la extensión de la ciudadanía, y asegura la vigencia de la libertad con medidas como la prohibición de reprimir las manifestaciones sociales adoptada hace más de diez años. Razonando en este mismo sentido, Eduardo Rinesi ha señalado el error de contraponer el fortalecimiento del poder con la restricción de la autonomía individual. El poder político puede funcionar expandiendo derechos o limitándolos, incorporando ciudadanos o excluyéndolos y la clave que diferencia y explica uno y otro caso es la relación con el poder económico. Quienes poseen grandes propiedades y mayores derechos requieren del gobierno para que los proteja e impida el ascenso social de los que menos tienen, pero éstos, a su vez, no tienen otro modo de cambiar su situación que a través de la acción de los gobiernos. “¿Cómo?”, expresará horrorizado un pensador autonomista ante lo que supone un inaceptable paternalismo. “¿Qué rol se le asigna entonces a la organización y movilización de los sectores populares, a los propios interesados?” Un rol fundamental, respondemos, el de construir conciencia social y organización, fortalecer el poder popular junto al gobierno para sustentar y hacer posible las transformaciones. El autonomismo extremo que recela de toda presencia del gobierno termina llevándose bien con el ultraliberalismo que limita la intervención del Estado, menos preocupado por garantizar los derechos de los individuos que por evitar toda posibilidad de cuestionar el verdadero poder, no necesariamente el que ocupa el gobierno sino el de quienes reinan en la sociedad. Roberto Gargarella aboga en sus trabajos por la extensión de los derechos y la real participación del pueblo en el poder. Imposible no concordar con esos generosos objetivos, aunque de sus textos se desprenda tanto temor a la construcción de mayorías populares y a la intervención estatal como para que aquellos planteos iniciales parezcan difícilmente realizables. Llama la atención, también, que esas definiciones que orientan sus trabajos no lo hayan llevado a apreciar más las grandes transformaciones igualitarias que los gobiernos de Néstor y Cristina han producido en la sociedad argentina. Menos comprensible aún resulta que considere que el kirchnerismo se ha convertido en la derecha verdadera, “la política más de derecha que nuestra sociedad puede soportar, luego de todo lo ocurrido en el país desde mediados de los años ’70”. (La Nación, 16 de agosto del 2013) Azorados por lo que venimos de leer, podríamos dudar de la utilidad de discutir cuando son tan distintas las miradas. No hay otro camino, sin embargo, que seguir discutiendo para aclarar problemas, revisar los propios puntos de vista y bregar por ese consenso más amplio que hace falta hoy. Claro que no resulta fácil aceptar que para nuestro polemista, en el país que sufrió la dictadura y el menemismo neoliberal, nada pueda considerarse hoy más a la derecha que el gobierno que enjuició a los genocidas, terminó con las relaciones carnales, estableció el matrimonio igualitario y la asignación universal.

Israel desconfía de EE.UU.

Por Juan Gelman Duda de que Washington apoye un ataque israelí a las instalaciones nucleares iraníes, teme quedarse solo en esta empresa y busca otras alianzas. El reciente acercamiento diplomático entre Irán y EE.UU. ha creado cierta esperanza internacional en una distensión que evite otra guerra, pero el premier Benjamin Netanyahu se empeña en desacreditarla. En su intervención en la Asamblea General de la ONU se burló del nuevo presidente iraní Hassan Rohani y de su postura aperturista hacia Occidente: “Ahmadinejad –el presidente anterior– era un lobo con piel de lobo y Rohani es un lobo con piel de cordero”, afirmó. No deja de ser un mérito semejante conocimiento zoológico. El discurso de Netanyahu advino cuatro días después de la conversación telefónica Obama/Rohani, la primera entre mandatarios de los dos países desde 1979, y cuando habían comenzado las consultas preparatorias de las negociaciones que los días 15 y 16 de este mes tendrán lugar en Ginebra entre Irán y las naciones del grupo P5+1 (EE.UU., Gran Bretaña, China, Rusia y Francia más Alemania), el cual busca una vía diplomática desde el año 2006 a fin de concretar una solución pacífica al problema del de- sarrollo nuclear iraní. De ahí que Netanyahu precisara: “Si Israel se ve obligado a quedarse solo, Israel se quedará solo. Y al quedarse solo, Israel sabrá que estamos defendiendo a muchos, muchos otros”. Una nueva advertencia de que Israel no vacilará en bombardear las instalaciones nucleares de Irán, con el apoyo estadounidense o sin él, desatando una guerra de imprevisibles consecuencias. La elección de un presidente moderado en Irán que reabre la vía diplomática y se declara dispuesto a que la comunidad internacional verifique que el programa nuclear iraní tiene fines pacíficos ha desconcertado –para decir lo menos– a los círculos políticos israelíes. El parlamentario del Likud Tzachi Hanegbi, ex ministro de Justicia, ex ministro de Seguridad Interior y ex ministro de Inteligencia y Asuntos Nucleares, comentó que su gobierno “ya no está convencido” de que EE.UU. es serio en sus amenazas militares contra Irán. Tal desconfianza llevó a Israel a crear un nuevo ministerio, el de Asuntos Estratégicos, cuyo solo objetivo es el planeamiento de iniciativas concernientes a una eventual guerra contra Irán (www.independent.co.uk, 7-4-13). Su titular, Yuval Steinitz, declaró que las sanciones de la ONU impuestas a Teherán “no bastan y las conversaciones tampoco. Ha llegado el momento de enfrentar a los iraníes con una amenaza militar del mundo entero y de Occidente para obtener resultados”. Aliado político infatigable de Netanyahu, Steinitz subrayó en una entrevista concedida a la radio del ejército israelí que esa acción debería materializarse “en pocas semanas, un mes” si no hay señales de que Irán pone fin a su programa nuclear. El canal 2 de la TV israelí informó el miércoles pasado que funcionarios israelíes se reunieron en las últimas semanas “con figuras prominentes de varios países árabes y del golfo para crear una alianza capaz de bloquear la intención iraní de tener armas nucleares” (www.ti mesofisrael.com, 2-10-13). Según el canal, “el primer ministro Benjamin Netanyahu ha supervisado diversos ‘encuentros exhaustivos’ con representantes de dichos países”. Poseen no poco en común: autocracias sunnitas como las de Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Arabes Unidos también condenan el programa nuclear de un Irán chiíta. Jerusalén y éstos, sus vecinos árabes, no mantienen relaciones. Aparentemente. El presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para 2013-2014 reveló que entre las 11 misiones diplomáticas nuevas que ha establecido desde el 2010 figura una en “un estado innominado del golfo Pérsico” (www.timesofisrael, 12-5-13). El mismo ministerio solicitó luego al de Finanzas que quitara ese rubro y lo ocultara a toda mirada pública. Las negociaciones Irán/P5+1 vienen envueltas en una paradoja: se conoce el fin, pero los pasos a dar para llegar hasta él están cargados de dificultades históricas y políticas que Richard Haass, presidente del Council on Foreign Relations, enumeró en el Financial Times (29-9-13) La primera es la mutua desconfianza que impera entre Washington y Teherán. La siguiente: se estima que Irán posee unas 18.000 centrifugadoras y un nuevo reactor que, cuando entre en funciones, permitiría la obtención de plutonio, segunda etapa hacia la obtención de un arma nuclear. La tercera es de orden político: el dueño último de las decisiones iraníes no es el presidente Rohani, sino el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo. Para Elliott Abrahams, ex cercano colaborador de Reagan y de Bush padre, a Netanyahu le tocará en adelante jugar el papel de policía malo advirtiendo una y otra vez a EE.UU. y el mundo que Rohani no es un reformista sino un instrumento ganatiempo para que Irán logre finalmente acceso al armamento nuclear (www.foreignaffairs.com, 1-10-13). Qui vivra verra, dicen los franceses.