CRUCES ENTRE LA ARGENTINA Y URUGUAY TRAS LA DECISION DE AUTORIZAR A UPM-BOTNIA A INCREMENTAR SU PRODUCCION La pastera contaminó las relaciones

Es un error dejar que una empresa manipule las relaciones entre dos países”, señaló Héctor Timerman. El presidente de Uruguay acusó al canciller de “querer dar una idea terrorífica” sobre la contaminación de la papelera. El presidente uruguayo, José Mujica, y el canciller Héctor Timerman se cruzaron a través de los medios. Imagen: DyN & Télam. El presidente uruguayo, José Mujica, acusó al canciller Héctor Timerman de “dar una idea terrorífica” de la contaminación de la pastera UPM-Botnia. “Se utilizan los números como para dar una idea irreversible. Es más complicado el asunto”, replicó el mandatario al relativizar las cifras sobre violaciones ambientales que dio a conocer Timerman. También aseguró que “se dicen muchos datos aprovechando que la gente no tiene idea”. El canciller argentino señaló, cuestionando la decisión presidencial, que “es un error dejar que una empresa manipule las relaciones entre dos países, especialmente entre dos países hermanos como Uruguay y Argentina”. En diálogo con medios de su país, Mujica se mostró irritado por la denuncia de contaminación. “Timerman dijo que hay endosulfán”, un agrotóxico de uso prohibido tanto en Uruguay como en Argentina. “Es una droga que se utiliza para todo este tipo de cosas, en especial con la soja”, recordó el presidente. Y advirtió que “lo que no dijo el canciller es que del lado de Gualeguaychú, en el agua, se encontró diez veces más endusulfán que de este lado”. Mujica también trató de quitar importancia a la acusación de que Botnia tira al agua 36 veces más cantidad de fósforo que la permitida por las propias normas uruguayas. En este sentido, el mandatario no negó los hechos, sino que tras minimizarlos dijo que le había dado instrucciones a su ministro de Agricultura, Tabaré Aguerre, y a la responsable de Medio Ambiente, Raquel Jejtrejer, para que informen a la prensa “cuánto fósforo por erosión se pierde por año, que va al mar. Se van a quedar impresionados”, prometió. Los cruces sobre la contaminación van a pasar al centro de la escena del conflicto por Botnia, ya que el lunes el gobierno argentino va a dar a conocer el informe completo sobre los efectos de la pastera, en base a los análisis que se hicieron para el monitoreo ambiental. Los datos nunca se habían hecho públicos a pesar de los reclamos de los vecinos de Gualeguaychú. La explicación oficial era que uruguayos y argentinos en la CARU, el organismo a cargo de la vigilancia, no lograban redactar un informe consensuado. Con la decisión del gobierno uruguayo de autorizar un aumento en la producción a Botnia, el gobierno argentino dio por roto el marco de trabajo mantenido hasta entonces y reveló algunos de los datos. El canciller argentino reveló detalles sobre el fracaso de la negociación con la delegación uruguaya que estuvo el martes en Buenos Aires: “Yo le propuse al canciller uruguayo que la Argentina viajaba el día miércoles para continuar dialogando y el miércoles a las 5 de la tarde, unilateralmente, el presidente Mujica hace el anuncio y nos deja totalmente descolocados”, relató. “Nosotros pensábamos seguir dialogando y tratando de resolver este tema entre los dos gobiernos pero, sin embargo, las presiones que debe haber puesto la empresa fueron de tal magnitud que hizo que esto fracasara.” Timerman pidió luego “reflexión” a las autoridades uruguayas y que reviertan el permiso a la papelera. Uruguay “rompió el diálogo con esta actitud unilateral y apresurada, por lo que la Argentina no tiene otra alternativa que recurrir al tribunal de La Haya. Esperamos que haya una reflexión de parte del gobierno uruguayo y se deje sin efecto la medida, y sigamos conversando”, reclamó. Otro tema que se vuelve a abrir es el de la tensión en la zona de frontera. Ayer, el gobierno uruguayo habló de su “derecho a cuidar el orden del país”, ante la posibilidad de que los vecinos de Gualeguaychú retomen los cortes del puente internacional. El ministro del Interior Eduardo Bonomi indicó incluso que “se está considerando” si se permitirá o no que los vecinos crucen el puente en la protesta del próximo domingo, cuando quieren ir en caravana hasta Fray Bentos para entregar a las autoridades un documento de repudio. En la medida participará el intendente de Gualeguaychú, José Bahillo. Bonomi dijo que los asambleístas de Gualeguaychú “tienen derecho a movilizarse”, pero que su gobierno también tiene “derecho a cuidar el orden del país”. Al respecto, el intendente del departamento uruguayo de Río Negro (al que pertenece Fray Bentos), Omar Lafluf, aseguró sentirse “muy preocupado por la reacción argentina”, y acusó al canciller Timerman de actuar con “una furia tremenda”. “Fue más destemplada la reacción del gobierno (argentino) que la de la Asamblea (Ciudadana de Gualeguaychú), porque uno puede expresar algunas cosas; ahora, la forma que expresó el canciller (Timerman) fue una furia tremenda”, consideró. Entre las muchas voces que ayer se escucharon sobre UPM-Botnia estuvo también la de la senadora Lucía Topolansky, casada con Mujica. “Estamos tranquilos con los números del río, el laboratorio canadiense que está haciendo el chequeo es altamente calificado. Esos datos no se han dado porque la contraparte argentina no lo ha autorizado, y al río Uruguay hay que mirarlo desde su naciente”, dijo la senadora en un reportaje. En tal sentido, advirtió que “Timerman hablaba de cromo, y el cromo no tiene nada que ver con el proceso de la celulosa sino con la curtiembre de cueros”. Al respecto, insistió en que la Argentina mantiene un “manejo medioambiental tramposo”. “A la gente le dicen equis gramos de tanto y no le dicen qué es, para qué sirve o dónde se aplica. La agricultura argentina lo usa (al cromo) a lo bobo y lo tira al mismo río, pero vamos a contestar dando los mismos datos con la verdad de la milanesa. Las aguas servidas de Buenos Aires, que se tiran sin tratar, ¿cuánto contaminan? O ponemos todo y hablamos en serio de ecología y medio ambiente o no ponemos nada, lo que no se puede es poner la mitad”, planteó. El presidente uruguayo también señaló que la opinión pública de su país no hubiese comprendido que tomara una decisión distinta de la de autorizar a la pastera. “A mí me han pegado bastante por la relación con Argentina”, aseguró. Según tuiteó un dirigente socialista de su país, en una cena el miércoles por la noche, Mujica afirmó: “El tajamar (un dique pequeño) de mi chacra genera más fósforo que la planta de UPM”. Timerman se preguntó entonces por qué no se preocupaba por su chacra.

EX CURA Y CAPELLAN DE GENDARMERIA Perfil de un sublevado

Por Raúl Kollmann El ex sacerdote y capellán de la Gendarmería y nuevo socio de los grupos de ultraderecha, Raúl Maza, nunca tuvo un único perfil. Siempre se manejó con el doble discurso: por un lado, aparecía como un pacificador, tranquilo, pero por detrás encabezaba el motín de gendarmes y prefectos que claramente intentó desestabilizar al gobierno de Cristina Kirchner. Al punto de que seguía llamando a la rebelión, a no prestar servicio, aun cuando ya se había terminado el conflicto por la mala liquidación de sueldos de los uniformados. Por un lado se mostraba como un humilde gendarme, enfermero, pero por el otro llevaba adelante un movimiento en el cual se defendían 20.000 amparos fraudulentos en los que había jefes de las fuerzas que ganaban 60, 70 y hasta 90.000 pesos gracias a la complicidad de jueces y estudios de abogados integrados por allegados a esos jefes. Al final del conflicto de octubre de 2012, Maza fue dado de baja de la fuerza. Durante días intentó hacer marchas en Plaza de Mayo, impedir el funcionamiento de los edificios Centinela y Guardacostas, y llamó a que no se cubra la mitad de las guardias. Es más, tiró cables con algunos sectores de la Marina para ver si se prendían en la rebelión. Todo esto, envasado en un discurso más bien sacerdotal, pero que en los hechos se traducía en golpizas a los oficiales que entraban a los edificios centrales de la Gendarmería y la Prefectura para hablar con los jefes de las fuerzas. Durante 2013, Maza siguió con sus tentativas de armar marchas, concentraciones, levantamientos. No tuvo eco alguno. Hace dos semanas hizo trascender fotos en las que se veía a gendarmes apiñados y durmiendo en muy malas condiciones. Dijo que se trataba de efectivos enviados ese día al conurbano para los operativos de seguridad. Lo real es que no se trataba de fotos actuales y correspondían a gendarmes enviados a La Rioja, en una víspera electoral, en la que obviamente se mueven uniformados para custodiar la jornada de los comicios. El compañero de ruta de la ultraderecha aprovechó en octubre de 2012 la mala liquidación que hizo el Ministerio de Seguridad de los sueldos de ese mes. Es que por orden de la ministra Nilda Garré se revisaron los escandalosos amparos que beneficiaban al 75 por ciento de los integrantes de la Prefectura y al 60 por ciento de los que revistaban en la Gendarmería. La revisión se hizo mal y perdieron sueldo hasta los que cobraban poco. Pero el trasfondo de la movida fue mantener los insólitos privilegios logrados por jefes, oficiales y suboficiales a través de determinados magistrados y estudios de abogados. La investigación realizada por el Gobierno demostró que dos jueces, una de Río Gallegos y otra de Santo Tomé, habían tramitado 7858 amparos en un caso y 7000 en el otro respecto de los sueldos de gendarmes y prefectos. Eso llevó a que hubiera prefectos principales que cobraban 43.000 pesos por mes y otros –que no habían judicializado en forma fraudulenta su caso– que recibían 13.000 pesos. Había gendarmes rasos que percibían 22.000 y otros 4500 pesos. Las irregularidades surgían a primera vista: los pocos jueces que dictaron miles de amparos no eran competentes y tras aceptar los amparos que llevaban los sueldos a cifras siderales, se declaraban incompetentes. Pero, además, cuando una Cámara revocaba los amparos concedidos en forma escandalosa, la propia Gendarmería o Prefectura seguía pagando los sueldos descomunales, es decir, no se daban por notificados hasta meses más tarde o un año después. Detrás del movimiento del “gordito con anteojos” había una gigantesca estafa. Un mes después de terminado el conflicto, Maza seguía intentando levantamientos. Convocó a reuniones de gendarmes en Entre Ríos, de la mano de hombres vinculados a las patronales del campo. En ese momento fue que el Ministerio de Seguridad decidió darlo de baja. raulkollmann@hotmail.com

EL REGRESO DE RAUL MAZA, EL EX GENDARME QUE QUISO ENCABEZAR EL AMOTINAMIENTO DE 2012 De un acto neonazi a un falso sindicato

Raúl Maza fue dado de baja de la Gendarmería durante el alzamiento de octubre pasado. El sábado participó en el acto neonazi en la puerta del Buenos Aires. Ayer se lanzó como titular de un supuesto gremio de gendarmes, en un club cedido por Cariglino. Por Horacio Cecchi Tres horas antes de la misa celebrada en la iglesia San Ignacio de Loyola, convocada en desagravio a los ataques de aparentemente cinco estudiantes al solar de la parroquia, y a unos 40 kilómetros de la propia iglesia, en el Club Social y Cultural El Cruce de Grand Bourg, Los Polvorines, se desarrolló el acto de convocatoria al lanzamiento público de un supuesto “Sindicato de Gendarmería”. Los 40 kilómetros por ruta que separan uno y otro punto se transforman en 33 en línea recta, pero se reducen a nada si se tiene en cuenta que quien une los extremos es el mismo personaje: el ex gendarme Raúl Maza, que convocó junto al grupo de neonazis al acto frente a la puerta del Colegio Nacional de Buenos Aires el sábado pasado, y a su vez encabezó el lanzamiento público del “sindicato” de los gendarmes, como el autodenominado secretario general del mismo. El lanzamiento se realizó en un club municipal gentilmente cedido por el intendente de Malvinas Argentinas, el ahora destacado massista Jesús Cariglino, de fugaz paso por el macrismo. Maza se hizo conocido durante el levantamiento de gendarmes que se amotinó en el Edificio Centinela en octubre del año pasado, en reclamo de un recorte salarial erróneo, detrás del cual se comprobó que había una movida desestabilizadora en beneficio de un grupo de gendarmes de alta jerarquía (ver aparte). En aquel momento, Maza fue dado de baja de la fuerza. Pero buscó mantener el contacto con sus antiguos camaradas de armas. Es más, promovió el Sindicato de Gendarmería (en formación), tal como aparece en sus proclamas de Facebook, y convocó al mencionado acto de lanzamiento público del sindicato al que se autoadscribió como secretario general del gremio que, por otra parte, es ilegal como organización, hasta la fecha. Hasta ahí, el perfil de un ex gendarme en el marco de reclamos polémicos. Pero el sábado pasado, Maza patinó con su aparición pública en un acto de marcada ostentación neonazi, al que acudió porque aparece posando junto al equipo que se presentó con cabezas rapadas, camperas verde caqui, bolsillos llenos de lo que quiera imaginar y dedos con marcas de manoplas y tatuajes, frente a la puerta de la iglesia agredida y ante la puerta del Colegio Nacional de Buenos Aires. El acto fue convocado desde Facebook por Gustavo Pampillón, precandidato a concejal marplatense por Compromiso Federal (de los hermanos Rodríguez Saá) en las recientes PASO, que no superó el mínimo exigido de representación y quedó afuera. Pampillón convocó desde su organización, Fonapa (Foro Nacional Patriótico - Unidad Restauradora). El motivo del llamémoslo encuentro de camaradería, que circuló entre las organizaciones y simpatizantes neonazis, el desagravio a la iglesia de San Ignacio de Loyola, no logró ocultar su objetivo central: no sólo amedrentar, sino especialmente obtener los nombres de los cinco estudiantes que el rector del colegio, Gustavo Zorzoli, había anunciado a los cuatro vientos que ya disponía. En su página de Facebook, Pampillón escribe una encendida proclama: “(...) propuse que nos juntemos para reclamar los nombres de los culpables ya que el Centro de Estudiantes no quiere informarlos. Pido a todas las agrupaciones nacionalistas que contesten los mensajes, ya que he intentado hablar con varios para organizarnos”. Y agrega: “(...) llegó la hora de que nosotros vayamos a buscar justicia (...), dejemos de ser tan tibios y hagamos lío. (...) Mañana a las 13 hs en el Cabildo. Basta de excusas muchachos”. Entre los firmantes de la convocatoria aparece el autoadscripto secretario general Raúl Maza. El ex gendarme también aparece en una de las imágenes obtenidas el sábado, no tomada al paso y en medio del vértigo, sino posada en equipo en la puerta de la iglesia mancillada, junto a otros 16 representantes del operativo desagravio. La página de Facebook de Raúl Maza lo define en buena parte. Se muestra como admirador de una serie en la que se destacan María Eugenia Vidal, Sergio Bergman, Clarín.com y Lanata para todos. La intervención del propuesto representante de los gendarmes en un acto filonazi tuvo repercusión en su actividad gremial, como surge del debate abierto entre sus filas sobre si es recomendable o no participar en actos nazis, o si estratégicamente conviene ocultar esa arista urticante hacia afuera. “Querido amigo... hay detalles que imprescindiblemente hay que cuidar”, sugiere una seguidora de Maza, cuestionando su aparición en la foto, no en el acto. Cierto reconocimiento a la mala prensa del nazismo. Poco después, otra seguidora corrige a la primera: “Para la señorita SM estoy de acuerdo para con su opinión pero debo hacerle una pregunta usted sabía que el general Perón refugió a muchos nazis. Contésteme por favor y Raúl metéle loco no te dejes por estos ignorantes”. A los efectos de la convocatoria al lanzamiento del Sindicato de Gendarmería, abrió una segunda página, Raúl Maza II, y desde allí lanzó la invitación: “Mañana jueves 03 de octubre a las 16 hs estaremos lanzando públicamente nuestro Sindicato de Gendarmería en Av. Del Sesquicentenario 248 Los Polvorines”. “¡¡¡¡Huevos!!!! y advertencia (...) ojo porque va a haber traidores encubiertos (...) si ves algo oscuro avisá a todas las agrupaciones que estamos en ésta”, apoya un seguidor que es obvio que no participó del evento. El acto se realizó en el anfiteatro del subsuelo del Club Social y Cultural El Cruce. Había representantes de las delegaciones de San Martín, Tres de Febrero, San Miguel y Zona Norte. A la tribuna, Raúl Maza lanzó públicamente su sindicato en formación y anunció que “después de las elecciones vamos por la personería gremial. Vamos a hacer las presentaciones correspondientes ante legisladores de distintos partidos para avanzar en la búsqueda de personería. Vamos a sentarnos con los diputados y debatir el tema. Nuestro objetivo es que el reclamo de la fuerza ocupe un lugar en la agenda”. “No soy nazi”, desmintió ante una consulta periodística finalizado el acto. No hubo más preguntas, ni mucho menos aclaraciones, a la participación en el operativo desagravio del sábado pasado; tampoco por su aparición en la foto posada en la puerta de la San Ignacio de Loyola, del equipo de los neonazis movilizados por los nombres de los cinco estudiantes. Como habían aconsejado durante la polémica sobre el filonazismo y sus cualidades de exposición, “para lograr armar el Sindicato... es preciso guardar algunas formas”. Seguramente por eso, pese al apoyo y la cesión de la sede del club, Jesús Cariglino no acompañó el acto argumentando “agenda tapada”. Sólo su rostro, en un enorme cartel de campaña en el techo del Social y Cultural, vinculaba al autoproclamado secretario general del mazismo con el intendente adscripto al massismo.

PROYECTO DEL KIRCHNERISMO PARA CAMBIAR LOS IMPUESTOS DE LA CIUDAD Reforma tributaria porteña

La iniciativa modifica la escala del ABL, baja la presión impositiva sobre las viviendas de menor valuación y la aumenta sobre las más costosas y crea un impuesto para los inmuebles ociosos. También introduce cambios en Ingresos Brutos. Desde el PRO lo rechazaron. Por Werner Pertot El interbloque kirchnerista presentó un proyecto de reforma tributaria en la Legislatura. La iniciativa cambia la escala del ABL, disminuye la presión impositiva sobre las viviendas de menor valuación y la aumenta sobre las más costosas. Además, suma un impuesto a los inmuebles ociosos. El proyecto incluye una reforma integral que excede al ABL y también disminuye el Impuesto de Ingresos Brutos para los productos de la canasta básica e incrementa el de patentes. Desde el macrismo, el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, rechazó de plano la iniciativa y les recomendó “que se preocupen por la inflación”. En tanto, la candidata de Unen Elisa Carrió le reclamó a la gestión PRO que dé marcha atrás con el aumento de ABL. Claudio Lozano encabezará hoy un acto contra el incremento y presentará un proyecto alternativo. El interbloque que conducen Juan Cabandié (Frente para la Victoria), Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) y Aníbal Ibarra (Frente Progresista) presentó una reforma de los diversos impuestos. Para el ABL, propone sumar más escalas de valuación (pasaría de siete a veinte), lo que reduciría la presión sobre los inmuebles de menor valuación. A su vez, plantea eliminar el tope del impuesto del uno por ciento del valor de la propiedad que –según entienden– sólo beneficia a las viviendas más costosas. También incrementa los topes para que los que tienen una vivienda única queden exentos del impuesto, mientras que propone un impuesto a las herencias que superen los dos millones y medio de pesos. Como contracara, proponen cobrar un impuesto a la vivienda ociosa como una forma de reducir la especulación inmobiliaria y empujar a una mayor oferta de alquileres. El impuesto adicional está pensado para incrementarse a medida que el tiempo desocupado del inmueble es mayor. El proyecto propone cambios a los otros dos grandes impuestos porteños: Patentes e Ingresos Brutos. Sobre este último, que es el pilar de la recaudación, propone reducir la alícuota para los productos de la canasta básica y aumentarla para la venta de cigarrillos, la compra y venta de dólares, los prestamistas, la lotería y los juegos de azar, las agencias de turismo y para “masajes y baños”. Para las patentes, plantea eliminar el piso de 600 pesos para eliminar distorsiones y aumentar un impuesto sobre los autos importados que no vengan de otros países del Mercosur. “Todos los aumentos que el gobierno porteño hizo con el ABL no sirvieron para corregir las de- sigualdades, sino para hacer más caja. El proyecto que presentamos tiene por finalidad hacerlo más justo y equitativo, sin afectar la recaudación”, indicaron Cabandié, Ibarra y Cerruti. Por su parte, Carrió no dio a conocer un proyecto propio, pero opinó que “el Gobierno de la Ciudad debe suspender el aumento de ABL”, porque “la clase media tiene frenadas las ventas y ve subir sus costos”. Para la candidata de Unen, Macri “está agobiando a la clase media”. Desde el PRO, Ritondo se ocupó de responderle a todos. “Lo de Carrió es demagogia electoral –dijo el vicepresidente primero de la Legislatura–. El ABL no llega a cubrir la recaudación. El impuesto tiene que ver con el valor de las casas.” Sobre el proyecto del kirchnerismo, Ritondo afirmó: “El 80 por ciento de la gente va a pagar menos que la inflación el año próximo. A los K les diría que se preocupen más de que no haya tanta inflación. Los gastos son consecuencia del 25 por ciento anual”. Con una boleta de ABL gigantesca, los candidatos de Camino Popular Claudio Lozano, Itai Hagman y Fabio Basteiro van a plantarse hoy frente a la Legislatura y presentarán su propio proyecto de reforma del impuesto inmobiliario. Queda claro que el aumento de hasta el 40 por ciento de ABL llegó para quedarse en la campaña porteña.

EL GOBIERNO NEGOCIA LA APROBACION DEL NUEVO INDICE DE INFLACION POR PARTE DEL FONDO IPC y algo más en el diálogo con el FMI

as conversaciones que viene llevando adelante el ministro de Economía con el organismo de crédito incluyen la cuestión de la deuda y la posibilidad de generar divisas para el país, aceitando créditos del Banco Mundial e inversiones para energía e infraestructura. Por David Cufré La implementación del nuevo índice de precios al consumidor a nivel nacional abrió un canal de diálogo con el FMI, que de a poco y con cautela se va ampliando a otros asuntos. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, está al frente de las conversaciones. El primer objetivo del Gobierno es levantar la amenaza de una sanción al país por la medición de la inflación que hace el Indec. Esa tarea ya está encaminada –con el IPC nacional– y se espera una señal favorable en la asamblea del Fondo y el Banco Mundial que tendrá lugar desde el próximo jueves en Washington. El ministro estará al frente de la delegación. Pero a partir de ahí, Lorenzino y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, vienen explorando caminos de negociación para aceitar relaciones y destrabar créditos internacionales vía Banco Mundial, y también la llegada de inversión extranjera directa del sector privado, en especial para proyectos de energía e infraestructura. La intención es abrir canales para el ingreso de divisas, en un contexto de caída de reservas del Banco Central e importaciones de energía crecientes. Desde los distintos despachos del equipo económico afirman que nada es urgente y que las restricciones del sector externo no presentan el dramatismo que plantean economistas del mercado. Por tanto, afirman, hay tiempo para avanzar en el diálogo con el FMI con la delicadeza que amerita retomar relaciones con el organismo. Las fuentes oficiales también señalan que la conducción actual del Fondo y el contexto político internacional son distintos a los que existían en la etapa de relaciones carnales con Washington y, también, en los primeros años de la década pasada, antes del pago total de la deuda que hizo el gobierno de Néstor Kirchner. La crisis de 2008 en Estados Unidos y luego en Europa cambió un poco el manejo político del FMI, dicen, luego del desprestigio que acumuló por no haber previsto el estallido económico más grande en 80 años. En las conversaciones que viene manteniendo Lorenzino con directivos del Fondo, escuchó la sugerencia de que el Gobierno vuelva a aceptar las auditorías anuales del organismo. Se trata de las evaluaciones económicas generales que hace el FMI a los países miembro, según lo previsto en el artículo IV de su estatuto. La Argentina rechaza esas auditorías desde 2006, tras el pago de la deuda. Esa posición, que le permitió al Gobierno ganar autonomía en la toma de decisiones económicas, tuvo como contracara obstaculizar el acceso a financiamiento internacional, tanto para el Estado como para el sector privado. En tiempos de vacas flacas en materia de divisas, desde el Fondo están planteando dar vuelta la página y volver a una “relación madura” con la Argentina. En el Gobierno muestran disposición a analizar la cuestión, sin que eso implique ninguna aceptación inmediata. Mencionan un antecedente positivo de este año, cuando pasó por el país una misión del FMI y apenas si fue reflejado por la prensa. Es decir, no se produjo el “show” que en otros tiempos montaban los técnicos del Fondo. La misión estuvo centrada en una evaluación del sistema financiero, según lo acordado en las cumbres del G-20. La Argentina aceptó la visita y sus resultados quedaron plasmados en un informe del organismo. Si en algún momento del próximo año se llegaran a retomar las auditorías del artículo IV, el esquema debería ser similar a ese precedente, indican desde despachos oficiales. De todos modos, ninguna fuente arriesga que ello vaya a ocurrir, dado el simbolismo político de volver a recibir al Fondo. Pero también admiten que existen charlas reservadas al respecto. En ese marco, Lorenzino volvió a pedir en el FMI que haya un apoyo a la posición argentina en la Justicia de Estados Unidos por la disputa con los fondos buitre. El Fondo estuvo a punto de hacer una presentación en ese sentido hace dos meses, pero lo trabó el gobierno de Estados Unidos, que tiene poder de veto dentro del organismo. Esa barrera no es fácil de pasar, pero en medio de conversaciones donde se están poniendo las cartas sobre la mesa, el ministro de Economía insistió con el pedido. El interés del equipo económico es atraer divisas para inversiones en energía e infraestructura. Un canal posible es ampliar el financiamiento del Banco Mundial. Otro es convocar a empresas para que inviertan en el país. Allí vuelve a hacerse presente la deuda todavía impaga con el Club de París, que también tocó Lorenzino en Washington. En cambio, por ahora no se habla de la colocación de deuda del Estado en los mercados internacionales. Los senderos que se están transitando van para otro lado.

CAUSA FONDOS BUITRE: OTRO ATAQUE DE GRIESA CONTRA ARGENTINA Lorenzino va a armar la defensa

El ministro de Economía se reunió con los abogados que representan a la Argentina en Nueva York para analizar los próximos pasos. El juez Griesa descalificó la propuesta argentina de cambiar la sede de pago. Expectativa por la decisión de la Corte Suprema. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, mantuvo ayer dos reuniones en los Estados Unidos para buscar apoyo y ajustar la estrategia judicial en el litigio que enfrenta el país con los fondos buitre, mientras se aguarda por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que deberá decidir si toma la apelación presentada por Argentina contra el embargo de sus pagos a los bonistas del canje. El primer encuentro de Lorenzino en Washington fue con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno. El ministro se trasladó luego a Nueva York para reunirse con el bufete de abogados que representa al país en la causa presentada por fondos especulativos con títulos en default por 1330 millones de dólares. Por su parte, el juez del segundo distrito de Nueva York, Thomas Griesa, redobló la presión en contra de la Argentina, al remarcar que un cambio de jurisdicción para el pago de deuda pública “es una maniobra para evadir” sus fallos. El secretario de Finanzas, Adián Cosentino, aseguró que “la orden de Griesa no agrega ningún elemento nuevo a la causa ni al proceso judicial”. El cambio de lugar de pago de la deuda es una alternativa –no oficial– para evitar un default técnico en caso de un embargo sobre las cuentas en el Bank of New York, a través del cual se canalizan los desembolsos actualmente. Precisamente es el juez Griesa quien en distintos fallos contra la Argentina y en favor de los fondos buitre trabó embargos que ponen en riesgo la reestructuración argentina. La Cámara de Apelaciones ratificó el fallo de primera instancia de Griesa sobre una supuesta discriminación de la Argentina entre los bonistas que ingresaron al canje y los que se mantuvieron fuera de la operación. El estudio de abogados Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton, que representa al país, apeló el 23 de junio último en rechazo de ese fallo y solicitó entonces la revisión de este fallo por el pleno de la Cámara (en banc). También se elevó un pedido ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que decida sobre la supuesta discriminación alegada por los fondos buitre. La Corte comenzó el lunes pasado a analizar en forma privada si acepta este pedido. El lunes próximo comienza –luego del receso de verano– sus actividades y se conocerá entonces cuáles casos tratará en el actual período judicial. “Lo que diga no es definitivo ni definitorio porque quedan otras instancias de apelación y porque la Argentina va a seguir pagando la deuda como corresponde”, señaló a este diario el vicepresidente, Amado Boudou. Con la intención de seguir cumpliendo con los vencimientos de deuda es que Cristina Fernández de Kirchner había deslizado la posibilidad de cambiar la jurisdicción de pago y evitar embargos. Según circuló en agencias internacionales, Griesa habría alertado que esta decisión sería un intento de la Argentina por evadir su sentencia. En su fallo, Griesa impedía cualquier cambio en las condiciones de los bonos reestructurados. “La orden de Griesa (de ayer) no tiene incidencia sobre el 7 por ciento de los bonos endientes de reestructuración”, afirmó Cosentino. “Nuevamente el juez Griesa da un inmediato trámite al planteo de los fondos buitre, especificando en la misma orden un plano para que la Argentina brinde respuesta. No obstante, el país continuará haciendo uso de todas las instancias que el proceso judicial otorga y que hoy supone completar los recursos a nivel de la Cámara de Apelaciones y el proceso de la Corte Suprema”, agregó. La reunión de Lorenzino con el titular del BID tuvo por objetivo sumar apoyo “explícito” al pedido ante la Corte estadounidense en el conflicto con los fondos buitre. También se analizó el estado de las actuales líneas de crédito del organismo hacia el país, que podrían estar en peligro si la Argentina no logra revertir la causa. El ministro discutió en Nueva York con los abogados que asisten al gobierno nacional la estrategia a seguir en caso de que la Corte decida rechazar la solicitud de intervención en la causa. También se estudiaron los próximos pasos ante la Cámara que, de confirmar su fallo adverso, llevará a un nuevo pedido ante la Corte sobre la cuestión de la modalidad de pago y el riesgo de embargo de las cuentas del país en el Bank of New York.

AVIONES NACIONALES

Por Walter Giannoni 6 En octubre la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) realizará el roll out –presentación en tierra– del Pampa III, la versión digitalizada del avión de entrenamiento avanzado con el cual aspira a lograr una inserción en el exterior, una vez que haya entregado las 40 unidades compradas por el Estado nacional, lo que demandará dos años de trabajo. Tras una larga y conflictiva transición iniciada en 2009, a partir del desplazamiento de Lockheed, “la fábrica volvió a ser una fábrica”, remarcó ayer Raúl Argañaraz, presidente de la empresa, durante una recorrida para la prensa donde se mostraron las inversiones efectuadas tanto para el controvertido proyecto Pampa como para proveer con partes y piezas al carguero KC390 que construye la brasileña Embraer. “Tenemos una fábrica funcionando, con nuevos productos, con nuevos procesos, con nueva tecnología, en un clima laboral y de diálogo con nuevos gremios con los que podemos acordar metas productivas y de crecimiento”, sostuvo el directivo. Con 1.404 empleados, casi la mitad de ellos dedicados a tareas de producción directa, Fadea colocó su eje en el Pampa, el acuerdo estratégico con los brasileños, la integración con países de la región para armar el entrenador primario Unasur I y el montaje y representación comercial del helicóptero chino de dos toneladas CZ-11, rebautizado como Pampero. El plan de negocios también incluye la fabricación de un avión fumigador, la selección de un socio internacional que permita la producción de un helicóptero bimotor (en la lista aparece Augusta, también tentada por la Provincia) y continuar con el mantenimiento de aviones con anclaje nacional, en particular los de la Fuerza Aérea. Acompañado por el brigadier Julio Lombardi, vicepresidente, y Aldo Creche, director, Argañaraz consideró superada la etapa de tensión que caracterizó el desembarco de los funcionarios, con medidas de fuerza y denunciadas cruzadas con uno de los gremios, situación que incluso derivó en una investigación judicial por supuesto sabotaje (ver aparte). Inversiones en equipos. Los directivos explicaron que mediante desembolsos por 240 millones de pesos a lo largo de tres años, Fadea puso en marcha un nuevo equipamiento de origen italiano que funciona por control numérico, un nuevo sector para la producción de piezas con material compuesto, modernizó al utillaje para acelerar el proceso productivo y creció en un área estratégica como el diseño. En capital humano, la empresa incorporó a 145 personas (tenía 903 en diciembre de 2010), mediante un proceso de selección que, dijeron, apuntó a la creación de puestos de trabajo de alta tecnología. “Seleccionamos a los 100 mejores técnicos aeronáuticos del país”, comentó el titular de la Fábrica. En la recorrida, fue mostrado el próximo Pampa III con aviónica digital que será presentado para el 86º aniversario de la fundación de la fábrica y que forma parte de un plan de 40 aeronaves adquiridas por el Gobierno nacional. De ese total, 18 aeronaves tendrán esa configuración de avanzada que incluye tablero completamente digital, casco integrado y sistema de comunicaciones Datalink. Las otras 22 estarán configuradas con el soporte Generación Táctica (GT), destinadas al entrenamiento en combate. El proyecto Pampa ha tenido una suerte esquiva desde su lanzamiento, en 1988, ya que ninguno de los planes de comercialización en el exterior tuvo éxito. Durante la administración de Néstor Kirchner, el Estado adquirió seis y ahora estos 40 que deberán estar listos en 2015. Para esta tercera versión, Fadea realizó una serie de cambios en sus proveedores, en piezas como los asientos eyectables y el tren de aterrizaje, entre otros. A ellos podrán sumarse proveedores cordobeses. “El objetivo es llegar a tener una cadencia de producción de un avión por mes”, comprometió Argañaraz. Los directivos mostraron también a la prensa la primera pieza experimental destinada al KC390, el avión de carga de Embraer. Una vez que concluya el proceso de certificación, comenzará su producción en serie, agregaron. Asimismo, fue exhibido el helicóptero CZ11 –también en etapa de obtención de las autorizaciones correspondientes–, que será armado y comercializado por Fadea, con el agregado de que el acuerdo contempla la nacionalización del conjunto de estabilizador horizontal. La mira está puesta en vender unas 80 unidades en 10 años. En la planta se producirá paralelamente el CH12, un helicóptero pequeño diseñado por el argentino Augusto Cicaré, que inicialmente será ofertado en Latinoamérica. En el área de diseño, comenzaron a darse los pasos iniciales para el Unasur 1, al avión de entrenamiento básico que se construirá con los países que integran el tratado, tendiente a reemplazar a los viejos Menthor repartidos en el Cono Sur. En cuanto al mantenimiento, de aeronaves y motores, la atención está puesta en evitar que los clientes argentinos terminen en talleres de la región.