Juzgarán a Patti y Bignone por el asesinato de Pereyra Rossi y Cambiasso

El condenado ex represor Luis Patti y el ex dictador Reynaldo Bignone serán juzgados por el homicidio agravado de los militantes peronistas secuestrados en un bar de Rosario en mayo de 1983 y asesinados en un falso enfrentamiento en Zárate. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Rosario, tras la decisión del juzgado federal 2 de San Nicolás de dar por cerrada la investigación y enviarla a esta etapa con Patti y Bignone como procesados con prisión preventiva por las privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y homicidio agravado, según la resolución difundida hoy. Además serán juzgados Juan Spataro, Pascual Guerrieri, Juan Andrés Cabrera, Carlos Sfulcini, Walter Dionisio Pagano, Ariel Zenón Porra, Ariel López y Luis Muñoz. "Los crímenes que aquí nos ocupan sucedieron durante el último tramo de aquel régimen militar nefasto y dentro de una situación política imperante con ribetes muy particulares" ya que la dictadura acababa de ser derrotada en la guerra de Malvinas y se acercaba la convocatoria a elecciones en octubre de 1983, se recordó en el auto de elevación a juicio. En este contexto, ambas víctimas fueron secuestradas en un bar de Rosario y entregadas al Comando Radioeléctrico de Tigre para su custodia; finalmente fueron acribilladas en un falso enfrentamiento con policías de esta unidad, entre ellos Patti. "Los elementos colectados me permiten adelantar que Eduardo Daniel Pereyra Rossi y Osvaldo Agustín Cambiaso habrían sido secuestrados por elementos del Ejército Argentino, pertenecientes al destacamento de inteligencia 121 de Rosario y entregados a otros miembros de fuerzas de seguridad dependientes de la llamada Zona de Defensa 4, quienes les dieron muerte, simulando ser ellas producto de un enfrentamiento armado con las mismas fuerzas policiales". Según la causa, el 14 de mayo de 1983 los secuestrados quedaron a cargo de la Unidad Regional de Tigre y de una comisión que integraba Patti, fueron llevados a un descampado y fusilados, tras haber sido torturados. El juzgado rechazó el sobreseimiento de todos los acusados y confirmó el envio a juicio oral por "homicidio agravado, torturas y privación ilegal de la libertad agravada". Como autores materiales de los crímenes serán juzgados Patti, el entonces cabo Juan Amadeo Spataro y el entonces sargento Rodolfo Dieguez, mientras que los demás serán encausados por el secuestro, las torturas y como partícipes necesarios de los asesinatos. Patti y Bignone ya están condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar.

La homilía como proclama política Por Lucas Bilbao * y Ariel Lede **

Cuando un obispo se pronuncia desde la doctrina católica sobre algún aspecto de la realidad social (homosexualidad, pobreza, familia) siempre hay un sentido político e ideológico que se disimula detrás del discurso religioso. En un país de tradición católica como Argentina, su voz pública ha tenido y tiene peso simbólico, difusión mediática y, en ocasiones, injerencia en decisiones gubernamentales. Dos hechos significativos permiten visualizar este cruce entre religión y política: la famosa homilía del provicario castrense Victorio Bonamín que promovió el alzamiento militar en 1975 y el fallo del Poder Judicial que benefició al ex obispo castrense Antonio Baseotto. 1975 El 23/9/1975 Bonamín celebró una misa por el teniente coronel Argentino Del Valle Larrabure, asesinado en Rosario. Traspasando las fronteras de lo estrictamente religioso, su homilía operó como una proclama política para quienes esperaban una intervención militar: “Cuando hay derramamiento de sangre hay redención. Dios está redimiendo mediante el Ejército la Nación Argentina. [...] Su muerte es muerte de amor, como lo es ésta de los oficiales y suboficiales que han muerto en acción de guerra en Tucumán. Son muertes que tienen una finalidad trascendente. [...] ¿Es audacia decir que el Ejército argentino está expiando por todos? [...] ¿No querrá Dios algo más de las Fuerzas Armadas que esté más allá de su función de cada día? [...] Debe alzarse lo que está tan caído y qué bueno es que sean los primeros en alzarse los militares. [...] Yo sé que es un motivo, un argumento, que surge ahí del altar, lo que le está pasando al Ejército”. La dirigencia política cuestionó la homilía por representar “un agravio al pueblo argentino y a sus instituciones, y una incitación a las Fuerzas Armadas para la quiebra del orden institucional”. El obispo se excusó alegando que sus expresiones “no tenían ningún trasfondo político”. Si bien los repudios en el ámbito gubernamental fueron unánimes, las adhesiones no pasaron desapercibidas en el mundo castrense y el eclesiástico. El obispo Tortolo, autoridad máxima de la Iglesia argentina, expresó que la homilía “estaba dentro del magisterio de un obispo”. Y una solicitada en La Nación del 27/9/1975 respaldó a Bonamín: “Como soldado de Cristo, usted honra su fe. Lástima para la Patria, que no ciña espada”. Frente a las repercusiones el provicario escribió en su diario personal: “Inde, irae!... et amores!” [Desde allí, ira... y amores!]. Despertando más amores que odios, la homilía de Bonamín significó el ápice de la sacralización y la bendición pública que la jerarquía eclesiástica ofreció a la “guerra santa”. Este “reaseguro divino” terminó de consolidar la imagen y el discurso de un “Ejército redentor”. La sangre de los militares muertos no era en vano, sino que se convertía en el medio más eficaz –si no el único– para la “expiación”. Eclesiásticos y jefes militares tranquilizaban a sus subalternos asegurándoles que esas muertes eran “muertes de amor”. 2005 Treinta años después, Baseotto dirigió una carta al ministro de Salud Ginés González García cuestionando su política de prevención y salud reproductiva: “La multiplicación de los abortos que usted propicia con fármacos conocidos como abortivos es apología del delito de homicidio... Cuando usted repartió públicamente profilácticos a los jóvenes, recordaba el texto del Evangelio donde nuestro Señor afirma que los que escandalizan a los pequeños merecen que les cuelguen una piedra de molino al cuello y los tiren al mar”. Paradójicamente, quien estaba haciendo apología del delito era el denunciante. La respuesta del presidente Néstor Kirchner no se hizo esperar: las reaccionarias palabras del obispo, “invocando alegorías de connotaciones muy fuertes en la República Argentina, que recuerdan los llamados vuelos de la muerte, reivindican los métodos de la dictadura, apoyan a los ejecutores de tales crímenes y lejos están de aportar a la paz...”. Mediante el decreto 220/2005 se dejó sin efecto la designación de Baseotto (acordada entre el ex presidente Duhalde y Juan Pablo II en 2002) y suspendió su remuneración mensual de 5000 pesos. Dos años después, Benedicto XVI aceptó la renuncia de Baseotto por haber superado la edad de 75 años, quedando desde ese momento el cargo vacante. El gobierno nacional permanece hasta hoy en la postura de no otorgar su consentimiento para ninguna designación. ¿Qué dirá el Santo Padre? Según informó La Nación el pasado 19 de septiembre, el Poder Judicial revocó la decisión del gobierno nacional y ordenó el pago inmediato de la jubilación a Baseotto –que equivale al 70 por ciento de la remuneración de un juez de primera instancia– desde 2007 a la actualidad. El mismo día el sociólogo Fortunato Mallimaci presentó los resultados de una investigación científica que demuestra la existencia de una notoria pluralidad de creencias en nuestro país y una creciente desinstitucionalización de las prácticas religiosas. Pese a la persistencia del imaginario de una “Argentina católica”, los datos arrojaron la radiografía de un país donde otras confesiones y la indiferencia religiosa han avanzado en detrimento del catolicismo. En este escenario, se insiste en sostener un privilegio de la Iglesia Católica: el monopolio de los bienes religiosos en el ámbito de las FF.AA. y de seguridad. En los más de 30 años que pasaron desde que Bonamín golpeara la puerta de los cuarteles convocando al golpe militar, el obispado castrense nunca se cuestionó su participación político-religiosa en el terrorismo de Estado. Los prelados que lo condujeron desde el retorno democrático no se corrieron del encuadre ideológico de sus predecesores. Baseotto lo confirmó en el 2005. Pero tal vez convenga no desesperar: un papa argentino que “nunca fue de derecha” –según él mismo manifestó– hará lo imposible por suprimir uno de los resabios del autoritarismo en la actual democracia. * Historiador. ** Estudiante de Sociología

CRISTINA KIRCHNER Y JOSE MUJICA ACORDARON PARA HOY UNA REUNION DE FUNCIONARIOS POR LA PRODUCCION DE BOTNIA Que una papelera no nos contamine el mate Luego de un acto en el que intercambiaron frases de amistad, los presidentes conversaron sobre la pretensión de Uruguay para que Botnia incremente la producción. En la Cancillería adelantaron que harán respetar el fallo de La Haya.

Por Laura Vales En medio de un nuevo pico de tensión por la pastera Botnia-UPM, el presidente uruguayo, José Mujica, se reunió anoche con Cristina Fernández de Kirchner. El motivo formal del encuentro fue la botadura de un catamarán de Buquebús en Puerto Madero, donde los mandatarios hicieron un corte de cintas conjunto, pero antes de viajar, Mujica anticipó que la intención de su viaje era traerle a la Presidenta una propuesta para permitir a la papelera instalada frente a las costas de Gualeguaychú –y acusada por los vecinos de contaminante– aumentar su producción. En el encuentro, los presidentes acordaron que una delegación uruguaya viaje hoy a Buenos Aires para que los funcionarios argentinos analicen el tema. El canciller Héctor Timerman dijo que “el diálogo está totalmente abierto”, pero advirtió que la Argentina hará cumplir “el fallo del Tribunal Internacional de La Haya”. El encuentro de trabajo se realizará en la Cancillería, de la que depende la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), encargada del monitoreo de Botnia. Lo cierto es que en la Cancillería no ocultan que las cosas “vienen muy mal” en el tema. El pedido de aumento de la producción fue presentado en la CARU hace más de un año, es decir que lleva su tiempo negociándose. El domingo, la cartera a cargo de Timerman difundió un comunicado de prensa en el que informó que los funcionarios uruguayos se vienen negando a dar a la Argentina la información que les solicitan para poder analizar la cuestión. En este sentido, las autoridades diplomáticas marcaron que la producción autorizada en el fallo de La Haya es de un millón de toneladas por año, y que ante cualquier cambio que no tenga su aval, el gobierno argentino hará una nueva denuncia ante ese tribunal internacional. Ayer, en Buquebús, los presidentes recorrieron juntos el catamarán y, sin mencionar a Botnia, remarcaron la decisión política de mantener la unidad regional. “Estamos en el mismo barco y jamás debemos cometer el error de que nuestras inevitables contradicciones nos separen en las cuestiones esenciales”, dijo Mujica en la conferencia de prensa que compartió con la Presidenta. También prometió “venir cuantas veces tenga que venir a Buenos Aires para intentar lazos de concordancia con el pueblo argentino”. Fernández de Kirchner, a su vez, señaló que el corte de cintas conjunto “revela que tendremos diferencias, pero en definitiva todos los presidentes de la región hemos entendido que la unidad es el único camino para poder seguir creciendo”. Más adelante, remarcó que el catamarán botado es un modelo que generará menos polución y reconoció al presidente de Buquebús por su intención de convertir a su grupo empresario en el de “menor impacto de polución medioambiental”. Pero no fue más allá en el tema ecológico; con un tono afectuoso hacia Mujica, al que llamó “Pepe” en su discurso, marcó en cambio sus diferencias con el jefe del Estado uruguayo. Aclaró que, a diferencia de lo que planteó Mujica la semana pasada en la ONU al hablar contra el consumo, “yo no estoy en contra del consumo porque el consumo mueve la economía. Necesitamos que la gente consuma, porque si consume es porque tiene trabajo y un buen salario”. Después corrigió al presidente uruguayo, que había dicho que el catamarán tenía un lugar para todas las clases sociales, desde la bicicleta al Mercedes Benz, y le apuntó: “Seríamos hipócritas si dijéramos que cualquiera puede viajar en Buquebús de un lado al otro o de acá para allá; pueden viajar los que tienen un determinado nivel de vida. Creo que vamos a haber cumplido con Jesucristo, con el papa Francisco (la embarcación tendrá su nombre) y con la misión que marca el evangelio el día que cualquiera que tenga ganas pueda subir a Buquebús”. La fórmula uruguaya La empresa quiere aumentar su producción a un millón 300 mil toneladas de pasta de celulosa por año. La semana pasada, Mujica hizo saber que está dispuesto a conceder el permiso a cambio de que la empresa haga mejoras medioambientales. Así lo anticipó en una entrevista de la agencia de noticias Bloomberg, de Nueva York: “La decisión no es simple, está ubicada en la media línea, con un tipo de exigencia para mejora ambiental de la propia compañía y esperando que esas obras se vayan haciendo”, dijo a la agencia y agregó sobre esta fórmula: “Te doy para que tú me des, pero si tú no me das no te doy”. Las mejoras que propone el presidente son una mejor refrigeración del agua que Botnia desagota en el río y el compromiso de bajar los contenidos de fósforo de esos efluentes. Según el diario uruguayo El Observador, Mujica está dispuesto a autorizar subir la producción a 1,2 toneladas al año. El matutino La República habló con la senadora Lucía Topolansky, esposa de Mujica, que les dijo que la propuesta fue redactada y encarpetada. Desde la oposición uruguaya, blancos y colorados respaldaron un aumento de la producción de la pastera. Los senadores Luis Alberto Heber y Pedro Bordaberry hicieron público ese apoyo en sus cuentas de Twitter, donde dijeron que estarán con Mujica si da su aval a Botnia y advirtieron que en cambio lo criticarán si no da la autorización a la empresa. Sin embargo, anticipándose al encuentro entre los dos presidentes, el domingo la Cancillería argentina difundió un comunicado muy crítico hacia el gobierno uruguayo y su manejo del pedido de Botnia. En concreto, la cartera diplomática denunció que las autoridades del país vecino vienen negándose a dar la información que los funcionarios argentinos les pidieron para analizar la solicitud de aumento de la producción. En este sentido, la Cancillería ratificó que la empresa quedó autorizada según el fallo de la Corte Internacional de La Haya a producir un millón de toneladas por año. Y advirtió que ante cualquier modificación unilateral que se realice, el gobierno argentino hará una nueva denuncia ante La Haya. “Todo cambio que se realice en Botnia-UPM altera la sentencia de dicho tribunal”, advirtió. El fallo de La Haya estableció que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrada por representantes argentinos y uruguayos, sea la encargada de controlar los efectos de Botnia sobre el río. El pedido de aumento de la producción fue presentado en la CARU por los representantes uruguayos en marzo del año pasado. Al hacer esta solicitud, señaló la Cancillería, “el Uruguay reconoció que el aumento de la producción puede afectar la navegación, el régimen ambiental del río y la calidad de sus aguas. También reconoció que se requiere la opinión de la Argentina para decidir dicho cambio”. El pedido de aumento de la producción encuentra una situación de fuerte malestar entre los vecinos de Gualeguaychú, que bloquearon el puente internacional de Fray Bentos durante tres años y medio en contra de la instalación de la pastera y lograron así que el gobierno argentino hiciera la denuncia ante La Haya. El fallo de ese tribunal, que estableció que los dos países debían realizaran un monitoreo conjunto, fue una válvula de escape para el conflicto. Pero aunque el plan de vigilancia se puso en marcha, por diferencias entre los representantes argentinos y uruguayos hasta ahora sus resultados nunca se hicieron públicos.

PIDEN QUE ACEPTEN A LAS VICTIMAS COMO QUERELLANTES EN LA CAUSA SOBRE LA FUGA DE DOS REPRESORES “Es importante escuchar su voz y su demanda”

Eloy Camus apelará la decisión del juez Bonadío, quien lo excluyó de la causa sobre la fuga de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi. Por Ailín Bullentini Esta mañana, Eloy Camus solicitará a la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones que invierta la decisión del juez federal Claudio Bonadío, quien rechazó su participación como querellante en la causa en la que investiga la fuga de los genocidas Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, quienes eludieron su condena durante su traslado desde San Juan al Hospital Militar de la Ciudad de Buenos Aires pocos días después de ser condenados por delitos de lesa humanidad. “Otra vez la Justicia argentina me volvió a negar justicia”, aseguró en una conferencia de prensa impulsada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Camus, una de las 60 víctimas cuyas heridas de lesa humanidad motivaron el juicio en el que Olivera y De Marchi recibieron más de 20 años de cárcel como castigo. “No puedo permitir no saber hoy a quiénes tiene pensado imputar el doctor Bonadío por haber permitido la fuga de estos dos personajes que no es la primera vez que se escapan”, demandó Camus. En el Salón José Luis Cabezas, acompañado de Gastón Chillier en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el titular del Programa Verdad y Justicia –que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos–, Luciano Hazan, su abogada María Inés Fadel y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Remo Carlotto, Camus resumió el reclamo que lo trajo hasta la Ciudad de Buenos Aires. “He viajado 1200 kilómetros para pedir por favor, y que la gente entienda, que a pesar de haber tenido excelentes tribunal y fiscalía, a nosotros nos ha costado mucho condenar a los genocidas de San Juan, que ha sido un gran esfuerzo, que pudimos demostrar (las violaciones a los derechos humanos) a una sociedad que muchas veces quiso negar que esto había pasado en San Juan, pero que parte de la corporación judicial que permanece desde la dictadura y parte del aparato del Estado cómplice permitieron que estos dos peligrosos genocidas hoy estén libres”, explicó. La Sala II de la Cámara Federal deberá analizará la apelación que presentó ante la negativa de Bonadío. Los últimos días de julio pasado, a 20 días de haber recibido condenas a prisión perpetua y 25 años de cárcel, Olivera y De Marchi se escaparon del Hospital Militar Cosme Argerich, hacia donde la Justicia sanjuanina les permitió viajar desde el local penal de Chimbas por cuestiones de salud. Bonadío, quien entiende en la investigación sobre la huida, le negó a Camus, una de las víctimas de los secuestros y torturas de los genocidas prófugos, participar como querellante de la causa. El mismo juez también se opuso a los argumentos de la Unidad de Información Financiera para congelar los bienes de los represores prófugos, aunque mantuvo la medida. “La decisión de Bonadío no tiene ningún sustento legal”, consideró Chillier, quien en nombre del CELS expresó el acompañamiento del organismo al reclamo de Camus y advirtió que “no hay nada peor para las víctimas que la impunidad de hecho de la que gozan los prófugos luego de haber obtenido una condena de parte de la Justicia”. A esa idea, Hazan añadió que “es un retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia que el Estado, desde varios estamentos y con mucho esfuerzo, lleva a cabo desde hace varios años”. La conferencia de prensa sirvió para “dar un lugar institucional para que se pueda expresar esta demanda”, detalló Carlotto, aunque la comisión que dirige no participa activamente de la apelación llevada a cabo por la abogada de Camus, ni de la causa judicial. “Creemos que cada una de las víctimas tiene que ser considerada como un actor principal en cada uno de los procesos judiciales –remarcó–. Para nosotros es muy importante escuchar su voz y su demanda, y la coordinación que desde el Parlamento podemos hacer para colaborar no sólo en que las víctimas obtengan definitiva justicia sino también en dar una señal a la Justicia de que debe ser profundamente respetuosa de quienes sufrieron en carne propia los crímenes y que han esperado 30 años de democracia para que cada uno de los responsables rindan cuentas”. Para el referente del CELS, la denegación a Camus de participar de la causa “revela que hay sectores del Poder Judicial que se resisten a que los derechos humanos sean una política de Estado”. “Es el Estado, a través de cada uno de sus poderes, el que tiene que colaborar en el juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Es responsabilidad del Estado democrático el reparar los daños ocasionados por el Estado terrorista”, concluyó Carlotto.

Diez servicios que se verán afectados por el 'cierre' del Gobierno en EE.UU. Texto completo en: http://actualidad.rt.com/economia/view/107220-servicios-afectados-cierre-gobierno-eeuu

tintos grupos de funcionarios y la población sentirán de modo diferente el impacto de la suspensión parcial de las funciones del Ejecutivo federal en Estados Unidos. Para millones de personas el impacto del desacuerdo en el Congreso al respecto resultará inmediato y de amplio alcance, mientras que a otros millones, aunque les parece molesto, consideran su efecto como mínimo. Ante todo, el Gobierno se ve obligado a mandar a su casa a unos 800.000 funcionarios. Además, según los cálculos oficiales, el cierre de varios departamentos no representará ningún tipo de ahorro, sino que costará al presupuesto federal más de 1.000 millones de dólares. Cuenta atrás hacia la insolvencia estadounidense Sin un acuerdo al respecto en el Congreso, el país volverá a llegar a su 'techo de deuda' y se quedará sin dinero hacia el 17 de octubre. Según el cómputo realizado por el secretario del Tesoro, Jacob Lew, según lo citó la agencia Reuters, para entonces el Ejecutivo federal contará con menos de 30.000 millones de dólares en efectivo. Así el servicio de la deuda de EE.UU. no podrá evitar una suspensión parcial o integral. Pagos a los militares activos y retirados Los 1,4 millones de personas al servicio del Departamento de Defensa pueden afrontar retrasos en sus cobros. Seguirán trabajando casi todos, ya que el presidente firmó el lunes una ley que garantiza al personal activo de las Fuerzas Armadas que continúen recibiendo su sueldo durante el período del 'cierre' del Gobierno. Los que tendrán que esperar hasta que reabra el Gobierno para recibir sus pagos serán los veteranos de la Guerra de Vietnam. Prevención e indagación de accidentes de transporte Cerca de 3.000 inspectores de seguridad de la Administración Federal de Aviación han sido despedidos. La misma suerte correrá la mayoría de los empleados de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, entre ellos los investigadores de accidentes aéreos, colisiones de trenes, explosiones en oleoductos y gasoductos, cortes de teleféricos, etc. Reducción de los programas científicos La NASA tendrá que licenciar a casi el 97% de sus empleados, salvo a los trabajadores del Centro Espacial Lyndon B. Johnson, situado en Houston, responsables del manejo y el abastecimiento de los vuelos tripulados y la Estación Espacial Internacional. Programas de nutrición sana Las mujeres embarazadas y las madres que viven bajo el umbral de la pobreza y corren riesgo nutricional no podrán acceder a comida saludable por los recortes en el programa de nutrición suplementaria especial para las mujeres, los bebés y los niños (WIC, por sus siglas en inglés). El presupuesto anual de este programa es de 6.000 millones de dólares. Cierre de los parques nacionales y zoológicos Los ciudadanos sentirán el cambio cuando vayan a visitar algún museo o pasear por algún parque nacional o zoológico. Todos permanecerán cerrados por el despido masivo de empleados. Incluso las cámaras que observaban la vida cotidiana de los pandas dentro del proyecto internacional PandaCam dejarán de transmitir en vivo desde las jaulas de estos animales a partir de este martes. El periódico 'The Guardian' cita en este contexto el ejemplo de una turista australiana, Marlena Knight, quien fue sorprendida por el cierre en la entrada del parque nacional histórico de Filadelfia. Ante todo, dijo al corresponsal, se sintió confundida por la información de que las negociaciones de los dos partidos en el Congreso llegaron a un punto muerto en el tema del sistema sanitario: el más indispensable en su propio país. "No podemos imaginar que no tuviéramos un sistema nacional de salud", comentó. "Yo sinceramente no puedo creer que este país pueda cerrar algo como el sistema nacional sanitario. Es totalmente estrambótico para un australiano". Retrasos en tramitación de pasaportes y permisos Las oficinas que tramitan pasaportes igualmente prestarán sus servicios de una manera reducida hasta el término del período especial. Así, la última suspensión de las actividades del Gobierno, que se prolongó por un total de 28 días entre diciembre de 1995 y enero de 1996, causó el estancamiento de casi 200.000 solicitudes de pasaporte. Asimismo se congelará la expedición de los permisos de compra y porte de armas e igualmente la aprobación de préstamos federales. Justicia condicionada Las cortes federales seguirán operando con normalidad durante aproximadamente 10 días laborales después del inicio del 'cierre'. Si los recortes perseveran a mediados de octubre, el poder judicial tendrá que despedir a los empleados, cuyo trabajo es considerado como 'no esencial'. Acumulación de basura en Washington El período especial puede afectar a los servicios municipales en el distrito federal de Columbia. Ante todo será paralizada la recolección de basura, mientras que la capital estadounidense produce 500 toneladas de desechos cada semana. Al mismo tiempo, el alcalde de Washington, Vince Gray, designó a todos los empleados del Ejecutivo municipal como 'esenciales', evitando recortes y despidos, incluso en los servicios bibliotecarios. Pendiente de la firma del Acuerdo Trans-Pacífico La situación puede afectar incluso a la política exterior de la Casa Blanca. En especial, corre el riesgo de suspensión el viaje del presidente Barack Obama a la próxima cumbre del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico en Bali. De la decisión del mandatario depende la suscripción de este tratado de asociación económica tanto por los propios Estados Unidos, como por otros países. Texto completo en: http://actualidad.rt.com/economia/view/107220-servicios-afectados-cierre-gobierno-eeuu

Visión 7: EE.UU. sin presupuesto y paralizado

Los Redondos - Oktubre - 01 Fuego de oktubre