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Caña Seca Y Un Membrillo - Los Redondos

Un abogado denuncia que Clarín le redactó un dictamen a Campagnoli

La causa penal contra el fiscal y el estudio Sáenz Valiente busca determinar si el grupo empresario originó el caso contra Lázaro Báez El planteo corresponde a Jorge Chueco, acusado de supuesta extorsión al financista Federico Elaskar. Un borrador del pronunciamiento que el fiscal formuló el 22 de mayo estaba en poder de un letrado del multimedios. 1 2 3 4 5Info NewsInfo NewsInfo News Por: Gabriel A. Morini La Justicia Federal ya tramita una causa penal contra el fiscal José María Campagnoli y contra uno de los abogados del estudio Sáenz Valiente con el objetivo de determinar si parte de la investigación que surgió de su fiscalía en la causa que involucra al empresario Lázaro Báez tuvo como origen al propio Grupo Clarín. Como evidencia de esta supuesta maniobra se aportó una prueba documental que supone una situación irregular: el borrador del dictamen que Campagnoli emitió el 22 de mayo en el marco de la causa que encabeza por supuesta extorsión en perjuicio del financista Federico Elaskar estaba en poder de uno de los abogados del multimedios que lo presentó, incompleto, como prueba oficial en el marco de un juicio civil. La denuncia fue interpuesta el pasado miércoles por el abogado Jorge Chueco –imputado en una supuesta maniobra de extorsión contra Elaskar por la venta de la empresa SGI Argentina SA–, y quedó radicada bajo el expediente CFP 8701/2013 en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº3, a cargo de Daniel Rafecas. El juez convocará la semana próxima al denunciante para su ratificación, y luego le dará intervención al fiscal Jorge Di Lello para que confirme si le da impulso a la investigación, que tiene como carátula provisoria, "averiguación de delito". Mientras tanto, la denuncia también fue ingresada ante la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó. En paralelo se abrirá un procedimiento para establecer si la irregularidad amerita un proceso disciplinario que podría derivar, incluso, en la destitución del titular de la fiscalía de Saavedra y Núñez. Chueco ya había intentado, sin éxito, apartar a Campagnoli de la causa, acusándolo de haber direccionado la pesquisa y de actuar fuera de su competencia, ya que su investigación avanzó en paralelo a la que se tramita en el fuero federal y que está a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuan. En ambas oportunidades, la jueza María Gabriela Lanz había rechazado sus planteos. Chueco es amigo del contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, asesoró a Austral Construcciones, y también fue quien instrumentó la venta de SGI a Helvetic Services Group, por la que Elaskar afirmó en televisión que había sido extorsionado y luego se desdijo. Pero ahora, Chueco apuntó contra el abogado Hernán Miguel Frisone, asociado del estudio jurídico Sáenz Valiente y Asociados, la espada jurídica del Grupo Clarín. Y también pidió que se investiguen como "partícipes y/o instigadores" a la diputada Elisa Carrió a quien acusó de formar parte de un "entramado criminal" a través de su amiga personal y dirigente de su agrupación, Marcela Campagnoli, que a su vez es hermana del fiscal. Sostuvo que se trata de una maniobra orquestada con el fin de perjudicar por elevación al gobierno nacional en un año electoral, y para favorecer los intereses del holding. DENUNCIA. El eje de la presentación de Chueco giró en torno a la supuesta intervención "ilegal" de Campagnoli por abuso de autoridad en el expediente en el que, según afirmó, "debió pervertir el objeto procesal de la causa transformando una investigación por el delito de administración infiel en una causa por extorsión", y a Elaskar, de acusado a víctima. Pero agregó que la prueba que confirmaría la hipótesis de que existió una "confabulación" quedó plasmada en un expediente que obra en la Justicia Civil por un amparo que promovió Edgardo Raúl Levita contra ARTEAR, empresa del multimedios que controla Canal 13, el canal de noticias TN y el resto de las señales de cable de Clarín. Levita fue acusado de formar parte de la maniobra por presunto lavado de dinero que involucra a Báez y a su entorno, pero también fue mencionado dentro de la causa Schoklender por haber tenido relación con la financiera Monetización, investigada en la trama por desvío de fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Ante el Juzgado Civil Nº 105, Levita solicitó no ser mencionado periodísticamente por ningún medio del Grupo Clarín. El que contestó la demanda por parte del holding fue Frisone que justificó las publicaciones y además adjuntó como documento probatorio la "copia del dictamen emitido por el fiscal Campagnoli e Ignacio Rodríguez Varela, Secretario de Cámara de la Secretaría de Investigaciones Penales" en la causa por extorsión donde se lo menciona. Pero esa copia, lejos de ser el original que obra en la causa, es un borrador, sin firmas, con partes de su redacción incompletos y varios puntos con información sensible en blanco. EL DICTAMEN. Según pudo confirmar Tiempo Argentino, el "borrador" que presentó el abogado de Clarín como auténtico no tiene el encabezado del Ministerio Público Fiscal de la Nación ni las firmas de Campagnoli y de Rodríguez Varela en cada una de las páginas. También están incompletas las partes dispositivas de la investigación del fiscal que detalla un entramado empresario que vincula a Báez y al resto de los imputados con maniobras financieras ilícitas. En blanco aparecen los pedidos de secuestro de archivos y documentación; los allanamientos; el requerimiento de listado de llamadas entrantes y salientes de 28 líneas telefónicas; las constancias de cartas documento con origen o destino en SGI; y el secuestro de material de una escribanía por una hipoteca sobre un departamento en el Hotel Faena. Según Chueco ese documento "fue un antecedente del dictamen que luego de hacerle unos pequeños cambios, el fiscal Campagnoli suscribió y presentó en la causa." CLARÍN. Pero Chueco fue más allá y postuló una hipótesis más grave: que los abogados del Estudio Sáenz Valiente o bien remitieron el borrador que enviaron ellos mismos al fiscal Campagnoli para su firma, o directamente fueron quienes redactaron ese dictamen. "Ambas conductas serían ilegales y demostrativas de la manipulación de la justicia por parte del Grupo Clarín", afirma el escrito. Para ello también se menciona la lectura al aire por parte del periodista Jorge Lanata del dictamen en la misma fecha en que se presentó lo que, afirman, "permite inferir que el Grupo Clarín contaba desde antes con ese dictamen". El núcleo central de la presentación se basa en pedir que se investigue "si en el curso de la brutal campaña en contra del gobierno nacional encabezada por el Grupo Clarín (que al efecto contrató a Jorge Lanata), en la que colabora activamente la diputada nacional Elisa Carrió (socia política y amiga de Marcela Campagnoli, hermana del aquí denunciado), se determinó de un modo directo la confección de un dictamen redactado por personas vinculadas al mencionado grupo, con el claro objetivo de favorecer sus intereses políticos y económicos e influir, falseando los hechos, en el resultado de una elección nacional." PRUEBAS. Chueco solicitó –además de ser tenido como querellante– una batería de medidas para confirmar el vínculo entre el fiscal y el multimedios, muchas de las cuales, según fuentes judiciales, difícilmente serán autorizadas. Entre ellas el entrecruzamiento de llamados entre Campagnoli, su hermana Marcela, el abogado Frisone y ARTEAR, así como los mensajes de texto u otro tipo de mensajería instantánea y correos electrónicos. También allanamientos simultáneos en las fiscalías donde se desempeña Campagnoli, en Canal 13 y en el Estudio Sáenz Valiente, además del secuestro de documentos y computadoras. « vínculos políticos y denuncias periodísticas La jueza María Gabriela Lanz desestimó sin mayor trámite los planteos de la defensa del Directorio de SGI y rechazó apartar al fiscal José María Campagnoli de la causa por supuesta extorsión. Reafirmó su competencia pero no hizo referencia a la denuncia revelada por Tiempo Argentino sobre el vínculo entre la principal denunciante del clan Báez, la diputada Elisa Carrió y el fiscal, a través de su hermana Marcela, dirigente bonaerense de la Coalición Cívica y amiga íntima de la candidata de UNEN. La ex concejal de la CC en la localidad de Pilar reconoció el vínculo en una entrevista radial que fue incorporada al expediente que, apelaciones mediante, fue remitido nuevamente a la Sala V de la Cámara del Crimen a la espera de una resolución. El tribunal tendrá que tomar una definición sobre la continuidad de Campagnoli al frente de la investigación pese a los nexos que fueron puestos en evidencia y sobre la validez de su actuación, que tiene muchos puntos en común con la que se tramita en el fuero federal. Aquella denuncia mencionaba una presunta motivación política de Campagnoli para llevar adelante la causa contra Báez, apoyada en el beneficio de una facción política que su hermana y Carrió compartían y con el objetivo de perjudicar electoralmente al gobierno nacional. En aquel momento se había insinuado como parte de la maniobra al Grupo Clarín a través del periodista Jorge Lanata, que basó la mayoría de los informes periodísticos que presentó al aire con entrevistas a Campagnoli. El periodista, a su vez, fue uno de los primeros citados por el fiscal para ratificar el rumbo de su investigación. G. M. secretario con historia El abogado del Grupo Clarín Hernán Frisone mencionó en la documentación aportada en el amparo solicitado por Edgardo Levita la "copia del dictamen emitido por el fiscal Campagnoli e Ignacio Rodríguez Varela, secretario de Cámara de la Secretaría de Investigaciones Penales". Rodríguez Varela es, en rigor, secretario de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, y es quien firma, junto a Campagnoli, cada una de las páginas del voluminoso dictamen emitido el 22 de mayo contra Lázaro Báez y su entorno. Pero el funcionario, además, mantiene un enfrentamiento desde hace años con el Poder Ejecutivo a quien acusa de haberlo relegado en 27 ternas para concursos de magistrados, sin que se lo designe para un ascenso a pesar de obtener buenas puntuaciones en seis concursos múltiples. Señaló al gobierno por haber realizado una constante "discriminación" en su contra, ya que nunca se lo eligió para ocupar una vacante en la Cámara del Crimen, una de sus aspiraciones. A su favor, hasta se presentó un amicus curiae que suscribió el propio Campagnoli. Casualmente ayer, el diario La Nación le dedicó su editorial y afirmó que su caso "obedece a una única circunstancia, jurídica y éticamente inaceptable: portación de apellido". Su padre es Alberto Rodríguez Varela, ministro de Justicia del extinto dictador Jorge Rafael Videla, de quien fue abogado defensor en la causa por el Plan Sistemático de Robo de Bebés, por la que fue condenado. Su hijo afirma que el motivo por el que su pliego nunca es seleccionado es "arbitrario", e incluso recurrió ante la Corte Suprema. El 7 de agosto de 2012, el máximo tribunal se expidió y consideró "inadmisible" su planteo para que la Corte terciara sobre los concursos del Consejo de la Magistratura y lo calificó de improcedente.

CUESTIONARON EL INTERROGATORIO A SOBREVIVIENTES DE LA CALAMITA La militancia de las víctimas

Las preguntas de las magistradas entrerrianas revelaron que desconocen los términos de la acusación. "Esa categoría me la imponen mis represores", contestó una testigo cuando se le preguntó: "¿Por qué la etiquetaron como subversiva?". Por Sonia Tessa "¿Por qué la etiquetaron como subversiva?", le preguntó la jueza Lilia Carnero a Viviana Nardoni, sobreviviente del centro clandestino de detención La Calamita, sobre el final del testimonio que brindó ayer en el juicio Guerrieri II. "No soy yo quien debe responder esa pregunta. Esa categoría me la imponen mis represores", subrayó la testigo, que es subdirectora del Museo de la Memoria. La pregunta de la integrante del Tribunal Oral Federal número 1, magistrada de Paraná, fue un balde de agua fría para los presentes y provocó ulteriores quejas tanto del fiscal Gonzalo Stara como de los abogados querellantes. Más tarde, Carnero quiso saber si el predio donde funcionaba La Calamita en Granadero Baigorria era público o privado. Y la otra vocal del Tribunal, Noemí Berros, preguntó quién era el dueño. Nardoni respondió que se trataba de una propiedad privada, pero aclaró: "Toda esa información existe en autos, doctora". Las preguntas de las magistradas revelaron que desconocen los términos de la acusación. Los requerimientos de elevación a juicio que se leen al comienzo del debate oral detallan los hechos y las pruebas para someter a proceso a los imputados. Datos imprescindibles para llevar adelante la audiencia. Tras el testimonio de Nardoni, el fiscal pidió que el Tribunal se abstuviera de profundizar las líneas de interrogatorio sobre la militancia de las víctimas, "ya que su condición de perseguido político queda debidamente acreditado en los testimonios". Para Stara, estas preguntas --que se reiteran-- "caen fuera del objeto del juicio" y causan "revictimización". El presidente del Tribunal, el también entrerriano Roberto López Arango, consideró que "las preguntas son adecuadas". No terminó ahí: la abogada querellante Gabriela Durruty señaló que se trata de una situación "muy violenta" y recordó que "en este juicio no se investiga la trayectoria ni la militancia de la víctima". Durruty mencionó los protocolos de la ONU para interrogar a víctimas de terrorismo de estado. Terció la querella de Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por Alvaro Baella, quien recordó que esos interrogatorios "incumplen tratados internacionales que ha firmado nuestro Estado". Baella puntualizó, por si fuera necesario, que el momento de declarar es delicado para los sobrevivientes. "Este tipo de interrogatorios desalienta muchísimo a los testigos a volver a poner el cuerpo en estas instancias judiciales", remató. Carnero se vio en la obligación de explicar: "Entiendo que el militante político debe reivindicar en todo momento su militancia con orgullo". López Arango dio por terminada la cuestión para hacer pasar a Luis Megías, presidente del Colectivo de Ex Presos Políticos, también sobreviviente de La Calamita. Viviana Nardoni y Luis Megías eran un matrimonio con pocos meses de casados. Tenían 21 años. Fueron secuestados en Zeballos entre Dorrego y Moreno, en la noche del 3 de julio de 1977. Los llevaron a La Calamita y los torturaron. Estuvieron 15 días desaparecidos en el centro clandestino de detención del Ejército, para ser trasladados más tarde al Servicio de Informaciones, y luego a dos cárceles. Ella estuvo en Devoto, hasta diciembre de 1978. El en Coronda, hasta el 15 de abril de 1979. Los dos habían militado en la Juventud Universitaria Peronista hasta 1975, ella como estudiante de Ciencias Políticas y él en la Facultad de Derecho. Los torturadores se ensañaron con él porque no tenía ningún dato para dar. "Me pasaron electricidad por el pene, los testículos, las tetillas, el oído, el ano y distintas partes del cuerpo", relató ayer Megías. "En un momento pierdo la conciencia, la vuelvo a recuperar y sigo en la misma situación", abundó. De las varias sesiones que describió, se detuvo especialmente en "el interrogador" que "prolongó la tortura porque yo realmente no tenía nada, no podía ofrecerle nada. El me decía que yo debía tener una cita, y quería que se la diera". Megías detalló cómo era el lugar, que había militares que hacían alusión a su condición de tales, y también gendarmes. Una noche le hicieron un simulacro de fusilamiento. Carnero le preguntó si tenía secuelas de lo vivido y él contestó, con franqueza: "Entiendo que estoy entero". Nardoni había hecho una declaración también detallada, en la que recordó detalles edilicios de La Calamita. Volvió allí en 2005, junto a otros sobrevivientes. "Hay una memoria del cuerpo que permanece con nosotros", dijo. Al finalizar, habló de la impunidad que persiste, aún después de las condenas a cadena perpetua a los represores. "Les pido que para terminar con la impunidad, consigan que nos digan qué hicieron con los compañeros", reclamó. Y nombró a tres de sus "amigos y hermanos" que fueron asesinados. "Debo nombrarlos porque fueron parte de mi juventud, de mi vida", subrayó. Megías, al finalizar, agradeció "públicamente" a su actual esposa, Mónica Garbuglia, que lloraba entre el público. "Todos estos años de dar testimonio en distintos ámbitos de la justicia sólo es posible porque uno tiene el apoyo de su familia, de mi esposa fundamentalmente, de un montón de sobrevivientes, de familiares y de los que no están, como los 14 compañeros de la JUP de Derecho que no están", dijo con la voz totalmente tomada por la emoción. Los aplausos coronaron los dos testimonios. Compartir: Twitter

Vencedores Vencidos(Redonditos De Ricota)

Visión 7: Vibrando con "El Indio"

Ramonet: Medios de comunicación aliados con el fascismo son los responsables de los golpes de Estado en Latinoamérica

12-09-13.-El periodísta e Intelectual español, Ignacio Ramonet aseguró que los medios de comunicación que se encuentran aliados con el fascismo juegan un roll fundamental en los Golpes de Estado en América Latina. Así lo aseguró durante el Foro Ideología Fascista: Modelo Económico, Social y Político que se lleva a cabo en el Teatro Principal de Caracas. Desde allí explicó algunas características del fascismo en la historía. "El fascismo busca la reivindicación del imperialismo y la sumisión de los países liberados. Un ejemplo de ello fue Mussolini quien utilizaba su periódico para movilizar masas y crear masas antiprogresistas. Era un manipulador de la comunicación”, apuntó. El escritor resaltó que los medios de comunicación privados son parte del poder tradicional de las oligarquías, que se consideran dueños de un país. Con respecto a Venezuela, Ignacio Ramonet resaltó que gracias al Comandante Chávez, Venezuela es un ejemplo a seguir en el Mundo entero, ya que ha superado la tentativa de Golpe de Estado del imperialismo. “Los medios son los responsables de exagerar la atmófera de caos en un país, que llevan a un Golpe de Estado, eso fue lo que se llevo a cabo contra Allende y lo que se ve en Venezuela 15 años después de la victoria electoral del presidente Chávez” Ramonet felicitó al presidente Nicolás Maduro por realizar las jorandas de Foro Venezuela, tras la conmemoración de los 40 años del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en Chile. La fuente original de este documento es: YVKE Mundial (http://www.radiomundial.com.ve/yvke/)