ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA

LOS JUECES FRENTE A LOS ANUNCIOS DE LA PRESIDENTA SOBRE EL PODER JUDICIAL Ante un cambio de paradigma Las reformas propuestas ya se debaten en los tribunales. Muchos ven con buenos ojos la creación de nuevas cámaras de Casación y acuerdan con la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. Otros sospechan de las intenciones del Gobierno. Por Irina Hauser Están los jueces que festejaron los anuncios de reforma judicial de Cristina Kirchner casi como una victoria propia. Se sienten frente a un cambio de paradigma, ven con muy buenos ojos la creación de nuevas Cámaras de Casación y creen que la Presidenta dio en la tecla al impulsar la votación popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, aunque duden en algunos casos sobre la “incompatibilidad” de que los magistrados se postulen para ser consejeros a través de partidos políticos. El debate está abierto, es espinoso, es novedoso, y encuentra también a los que ven un avance del Gobierno sobre el Poder Judicial. Página/12 recogió algunas de las impresiones que estos días inundan los tribunales. Alejandro Slokar, camarista de Casación Penal y activo participante de “Justicia legítima”, es de los que celebran, como “un modelo innovador” y “democratizador”, el proyecto que habilitaría la participación popular en el Consejo. “La democracia participativa es un concepto superador. ¿Por qué sólo los abogados pueden elegir al consejero abogado? ¿Por qué solo los rectores pueden nominar a un académico? ¿Y los jueces a los jueces? No es que la ciudadanía va a elegir directamente a los jueces, sino a los que van a seleccionar a esos jueces”, explica. Aunque no está claro cómo se implementaría esa votación, hay una suposición general de que deberían presentarse en elecciones junto con algún partido político o en una lista que, de un modo u otro necesitará financiamiento y campaña. –¿No le hace ni un poquito de ruido? –No, para nada. A los que les molesta que el común de la gente elija miembros del Consejo de la Magistratura, entre ellos jueces que hagan campaña, es porque tienen una tara corporativa. “Hay que pensarlo bien. No me imagino a los jueces haciendo campaña para ganar un lugar en el Consejo. ¿Cómo sería el financiamiento sin que implicara compromisos futuros, o sea, manteniendo la independencia?”, duda la presidenta de la Cámara del Crimen, María Laura Garrigós de Rébori. “Lo que no estaría mal –señala– es que se incorporen consejeros que no sean abogados.” Mariano Borinsky, integrante de la Cámara de Casación Penal, es determinante: “El juez debería estar abstraído de la política, no estoy de acuerdo. Los demás estamentos, abogados, académicos, sí pueden hacer campaña y que los vote el pueblo”. “Para que a los consejeros los elija el pueblo no es imprescindible que tengan una identidad política. Los jueces hacen campaña en la Asociación de Magistrados, cuando se eligen autoridades, y hasta se pasean por los canales de televisión. No veo mal que la gente sepa qué posición tiene un juez. Lo que me hace dudar es que el Reglamento para la Justicia les prohíbe la afiliación política”, analizó la camarista del fuero de Seguridad Social Victoria Pérez Tognola, también a favor de que haya consejeros de otras disciplinas. “Imagino que puede generar un cambio importante que el ciudadano se sienta partícipe y responsable de la Justicia”, resumió. “Creo que hoy ya es democrática la elección de los consejeros y están representados los partidos mayoritarios”, contrapone el juez de tribunal oral Miguel Angel Caminos, ex presidente de la tradicional Asociación de Magistrados, alineado con la lista oficialista de la entidad. Luis Cabral, el actual titular de la asociación, dijo ayer que la elección popular de consejeros “no es compatible con la Constitución”. “La Constitución –-señaló– habla de que (los consejeros jueces) son representantes de los jueces y a los representantes de alguien los elige ese alguien.” El anuncio de la Presidenta de su intención de crear cámaras de Casación en varios fueros también es motivo de debate. “Puede ayudar a descongestionar a la Corte Suprema, que su función quede reservada a revisar el respeto de las garantías constitucionales y mejorar su calidad”, sostuvo Borinsky. Aunque la Presidenta no lo dijo, todo el mundo presume que crear varias casaciones pretende modificar el “control de constitucionalidad difuso” que existe en la actualidad, donde cualquier juez puede fallar sobre la constitucionalidad de una ley. La idea que subyace es que si se descarga de trabajo a los jueces supremos, se podrán dedicar al control de constitucionalidad y no hará falta crear un tribunal constitucional (lo que requiere una reforma de la Carta Magna). Dos jueces que prefirieron hablar desde el anonimato creen que en realidad el objetivo de crear varias casaciones es recortar poder a la Corte Suprema. “No lo veo así, al contrario, favorece a la Corte: le alivia trabajo y se puede dedicar a su función rectora, se garantiza la revisión constitucional y la satisfacción de los derechos de las partes. Para eso hacen falta estos organismos intermedios”, sostiene Slokar. “Este modelo intermedio surge de Augusto Morello, una especie de Zaffaroni del procesalismo, que decía, textual, que ‘nadie puede negar la conveniencia de organizar un filtraje razonable y previsible’”, instruye el camarista. “No se trata de unificar la jurisprudencia sino de evitar la injusticia”, sostiene Slokar, tras explicar que hay cientos de expedientes que la Corte rechaza sin siquiera mirar. “Poner una instancia equivale a extender y demorar los procesos judiciales”, opina Caminos. “La doble instancia está asegurada en todos los fueros. La propia Corte fue ampliando la revisión de recursos extraordinarios, con la doctrina que acepta analizar la arbitrariedad de los casos. Pero ya lo está revirtiendo”, dice. En cambio reclama que se cree una Casación (que en rigor está creada y sus cargos concursados, pero el proceso de selección paralizado) para el fuero Penal ordinario. “Hoy una sentencia en la única Casación Penal que hay puede tardar tres o cuatro años”, advierte. A la inversa, Pérez Tognola cree que “las casaciones agilizarían los expedientes, soluciona, podrían resolver con más premura planteos que podrían estar años en la Corte”. Garrigós de Rébori acota que, con un buen sistema que permita controlar la gestión de tribunales y juzgados, la tercera instancia debería servir para acelerar. Los jueces que prefieren no identificarse dicen también que lo único que le interesa al Gobierno es crear tribunales con jueces afines, en fueros donde –además– se tramitan juicios contra el Estado, como el Contencioso y el Civil y Comercial. Garrigós de Rébori responde: “Se me hace difícil presuponer que un jefe de Estado que plantea semejantes reformas judiciales quiera actuar de mala fe. ¿Cuál sería la ganancia? Es corto de vista. Prefiero pensar que tiene una proyección de mejora”. Dos miradas coincidentes El fiscal Jorge Auat opinó ayer que las iniciativas que anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “ayudarán a legitimar un Poder que está desprestigiado”, mientras que su colega Félix Crous dijo que “permitirán dar un salto democratizador y descolonizador de la Justicia”. Auat, quien está a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación de Derechos Humanos, apuntó que “la única forma de romper con el espíritu corporativo es incorporando a sectores de la sociedad que no pertenecen a la corporación”. “La patología del sistema judicial está vinculado directamente al espíritu corporativo”, afirmó Auat. Crous, quien conduce la flamante Procuraduría adjunta especializada en Narcotráfico, calificó de “muy acertada” la propuesta de ampliar la composición del Consejo de la Magistratura hacia otras disciplinas además de abogados y académicos, y también la de elección por voto popular de sus miembros. “Revela una mirada sofisticada y estratégica superior sobre el asunto”, afirmó el fiscal. 03/03/12 Página|12

MISERIAS DE LA CRIMINOLOGIA MEDIATICA, MACRI EN 1999 ATROPELLO HUYO Y NO LO PESCARON

Miserias de la criminología mediática Por Ricardo Ragendorfer La espectacularidad se mantuvo por la filiación del automovilista: Pablo García, hijo de Eduardo Aliverti. Esas imágenes tomadas a casi 100 metros de distancia poseían una confusa vocación narrativa. De hecho, no era imposible confundirlas con las de la serie norteamericana CSI: Crime Scene Investigation: peritos con chalecos de la Policía Científica revoloteando en torno a un auto celeste, bajo la mirada de funcionarios judiciales y testigos. ¿Buscaban pistas de algún asesino serial? No era así. En realidad, se trataba de la pesquisa sobre un accidente de tránsito. El trabajo de los especialistas –que transcurrió durante la tarde del 26 de febrero en una calle de tierra aledaña a la Comisaría 5ª de Pilar– fue televisado en vivo por todas las señales de noticias, en medio de una notable expectativa. Desde las pantallas no se hablaba de otra cosa. Lo cierto es que el asunto había tenido un promisorio despertar ante la opinión pública y un no menos significativo desarrollo. La primera información acerca de la muerte del vigilador Reinaldo Rodas, cuya bicicleta fue embestida desde atrás por un Peugeot 504 en la madrugada del 17 de febrero, se refería a un conductor anónimo que atravesó 18 kilómetros de la autopista Panamericana, hasta el peaje de Tortuguitas, con el cadáver sobre el capó del vehículo. Y –al parecer– sin darse cuenta de ello. Sólo el carácter tétrico de semejante circunstancia justificaba su despliegue en la prensa. Con el paso de las horas, tal versión cayó en la nada. Pero la espectacularidad del caso se mantuvo al trascender la filiación del automovilista: Pablo García, hijo del periodista Eduardo Aliverti. En ese instante, el accidente en sí fue relegado a un segundo plano para dar paso a la construcción de un ogro público. Un ogro con más de un gramo de alcohol en la sangre, cuya responsabilidad en lo ocurrido también sería extensiva a su progenitor. La criminología mediática no perdona. Ahora, en la tarde de aquel martes, mientras los peritos trabajaban sobre el auto celeste, los movileros competían con efímeras primicias: "García tenía vencido el registro", reveló el de TN. "El Peugeot estaba a nombre del propio Aliverti", acotaría el de C5N. Estas palabras bastaron para que el animador del segmento, Eduardo Feinmann hostigara a Aliverti sin piedad. Otros comunicadores lo imitarían con creces. En paralelo, una guardia fotográfica del diario Perfil acechaba en la puerta de su domicilio La criminología mediática había pasado a la acción. Y, como suele ocurrir en estos casos, muchas personalidades públicas no se privaron de expresar su opinión al respecto. Entre ellos, Mauricio Macri, quien aprovechó la ocasión para ponderar uno de los logros de su gestión: las bicisendas. "Nuestra idea fue que la gente se anime a ir en bicicleta sin miedo a sufrir un accidente fatal", dijo, con un tono increíblemente grave. Tal vez en ese instante su mente haya retrocedido hasta la madrugada del 5 de marzo de 1999. En esa oportunidad, Macri –quien aún era presidente de Boca– regresaba de una fiesta organizada por un grupo de socios del club en la ciudad de Chacabuco, a 200 kilómetros de la Capital. Iba a bordo de un Peugeot 406 de su propiedad, junto al chofer Carlos Alberdi y los jugadores Martín Palermo y Diego Cagna. Los seguía el vehículo de la custodia. Minutos antes de las dos de la mañana, Paula González, de 14 años, y Marta Grunewald, de 16, volvían a sus casas luego de salir de un local de comidas rápidas situado en la localidad de Moreno. En tales circunstancias, cruzaron en una bicicleta la Autopista del Oeste. Macri, de pronto, pegó un grito. En ese preciso instante, la bicicleta cayó sobre el capot. Las astillas del parabrisas llovían sobre los ocupantes del auto. Y las dos adolescentes volaban hacia los costados. Un testigo –el dueño de una pizzería cercana– aseguraría que Macri bajó del vehículo por la puerta del conductor. Lo cierto es que, tras impartir breves instrucciones al chofer, partió junto a sus acompañantes en el rodado de los custodios. Alberdi, con una expresión demudada, quedó con las chicas que yacían sobre el pavimento. Después se acercó el pizzero. Y Macri, ya en la Capital, se haría un chequeo médico en el Hospital Italiano. En tanto, Marta y Paula fueron llevadas a un hospital de Moreno. La primera sólo tenía una fractura de pelvis; la otra agonizaba. El chofer se hizo cargo del accidente. El caso sería instruido por la fiscal de Mercedes, Miriam Rodríguez. Por consejo de su padre, Mauricio visitó a las dos chicas internadas. Además se ofreció a costear los gastos médicos. Ello causaría una excelente impresión en la progenitora de Marta, quien no dudó en decir: "El señor es una buena persona, y le agradezco que haya venido para hablar conmigo. Mi hija me pide perdón a cada rato por haber andado en bicicleta en esa zona; ella sabía que no se podía." A los dos días, Macri fue anoticiado sobre la muerte de Paula. Visiblemente afectado, voló a París para participar en una reunión de jóvenes sobresalientes. A casi 14 años del trágico hecho, la doctora Rodríguez admitió que la causa fue archivada. "No hubo acusación", argumentaría. –¿Es cierto –como dijo el testigo– que Macri era el que manejaba? –quiso saber Tiempo Argentino. La respuesta fue: –El testigo luego se desdijo. Y la cuestión quedó en la nada. Ya se sabe que, en algunos casos muy puntuales, la criminología mediática se declara incompetente. Infonews

NO CUALQUIERA ACCEDE A TRIBUNALES.

EL JUEZ ANDRES GALLARDO HABLA SOBRE LA NECESIDAD DE DEMOCRATIZAR EL SISTEMA JUDICIAL “No cualquiera accede a los Tribunales” “Hay cambios que se pueden dar en forma rápida y otros que requieren de mayor cantidad de tiempo.” Imagen: Leandro Teysseire Mientras se aleja de la Defensoría porteña para volver a su juzgado, el juez Andrés Gallardo señala que hay una “confrontación entre modelos de Justicia en nuestro país” y advierte sobre las barreras sociales que alejan a los sectores populares del Poder Judicial. Por Werner Pertot El juez Andrés Gallardo está empezando a empacar para volver a su juzgado el 3 de abril. Dejará así su lugar en la Defensoría General porteña, del que se había tomado licencia como magistrado. En su carta de renuncia, dejó en claro que regresa para impulsar las reformas que reclama un sector del Poder Judicial y para las que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió siete proyectos de ley al Congreso. Gallardo recibe a Página/12 en el despacho que está dejando de la Defensoría, que se encuentra en una casona antigua sobre la calle México. Expone por qué considera que es un momento de “confrontación entre los modelos de justicia en nuestro país”. –¿Cuáles son esos modelos? –Hay una Justicia que, en la confrontación social del pueblo argentino entre grupos minoritarios y grupos populares, siempre actuó convalidando a las minorías. Por ejemplo, en 1930, la Corte convalidó a Uriburu cuando derrocó a Yrigoyen; también el sistema judicial convalidó Revolución Libertadora, todas las persecuciones y estados de sitio; luego el Camarón en 1972; de 1976 en adelante todas las convalidaciones del terrorismo de Estado y del genocidio económico. –¿Y quiénes representan al otro modelo? –El otro modelo tuvo varios intentos de emerger hasta el presente y siempre fue sofocado. Podemos encontrar hitos en los gestores de la Constitución de 1949 con Arturo Sampay a la cabeza. Sampay es un olvidado, que no tiene ni el nombre de un ascensor en la Facultad de Derecho de la UBA. También podemos ver las experiencias del Instituto de Historiografía del Derecho con Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Duhalde en 1973, la Gremial de Abogados y en ese mismo año la intervención de la facultad. Porque el déficit empieza con la producción de abogados, con los programas académicos, con quién soporta a los institutos de investigación. –¿Hoy existen otros casos de debate sobre la Justicia? –En América latina están los casos de Venezuela y Bolivia y hoy emergen en nuestro país. Es un conflicto que se discute en la sociedad y que nos habilita a hablar a los que venimos denunciando esto y poniendo en crisis los mitos de la neutralidad, la objetividad y la imparcialidad de los jueces. –¿Qué cosas observa que deberían cambiar en el Poder Judicial? –Hay cambios que se pueden dar en forma rápida y otros que requieren de mayor cantidad de tiempo. Una medida rápida para democratizar la Justicia podría ser modificar el régimen de control de constitucionalidad. Una idea para incluir la participación popular es la creación de un Consejo Constitucional, que controle la constitucionalidad y le cambie el efecto, porque hasta ahora rige el control difuso que solo rige para un caso. Esto obliga a las personas a hacer planteos aunque sean homólogos. Desde hace varios años trabajo en este tema sobre cómo se integraría ese tribunal, con jueces, académicos y representantes del Congreso nacional. También podría resolver cuestiones de paridad y de falta de definición en los tribunales colegiados con el uso de la consulta popular. –La Legislatura porteña votó la semana pasada la designación de catorce nuevos jueces para el fuero Contencioso Administrativo. ¿Qué perfil tienen? –Bueno, si bien hay una pluralidad, en esta tanda prevalece un perfil conservador. Esto lo digo por los antecedentes que conozco. Siempre les podemos dar la posibilidad de que modifiquen sus posturas. Pero mayoritariamente se trata de un desembarco de sectores conservadores. Por otra parte, ya ha pasado que gente que venía con un perfil progresista y, al momento de la sentencia, no son tan progresistas. –Del debate que se viene sobre la Justicia, ¿qué características específicas tiene el sistema judicial porteño? –En la Ciudad, lo que se fue perfilando es que los emergentes de una Justicia comprometida con los derechos humanos y los sectores desfavorecidos, como dice la Constitución porteña, se ubicaron en la primera instancia. En las cámaras apareció ya un primer filtro mientras que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se constituyó como el sector conservador. La única excepción es Alicia Ruiz. El resto marcó pautas sobre derechos sociales y sobre el derecho a la vivienda que son contrarias a nuestro trabajo. –¿Cuál es esa diferencia de pautas? –Consideramos que el derecho a la vivienda es operativo y el Estado debe garantizar la tenencia de una vivienda. El TSJ dijo en el fallo Alba Quintana que el “abrigo” es una garantía suficiente. ¿Qué quiere decir? Si la persona no tiene vivienda, pero la ubican en un parador o le dan un subsidio, eso satisface ya la política pública. Luego la Corte revisa esta cuestión y dice que el derecho a la vivienda no es lo que planteaba el TSJ. –¿Esta confrontación se plasmó en el “conflicto de poderes” que planteó el TSJ contra usted y otros dos jueces? –Eso ocurrió junto con el fallo sobre vivienda, como una maniobra de pinzas. Pero el conflicto se vive hoy. Hay sectores de la fiscalía que manejan los desalojos con un criterio –para mi gusto– preconstitucional. Ha habido muchos casos de expulsiones violentas. Esto muestra la existencia de dos bloques dentro de la Justicia. Estos sectores conservadores tienen el beneplácito del TSJ y del Gobierno de la Ciudad. –Uno de ellos ocurrió el año pasado en La Boca... –Fue un disparate cómo sacaron a los chicos con palos, con la Policía Metropolitana, cuando era un caso de un conflicto interno en un hotel. A la jueza no le importó y la gente quedó en la calle. Cuando denunciamos a la magistrada ante el Consejo de la Magistratura porteño no se llegó con los votos ni a un sumario. Se hizo una recomendación para que los jueces respeten los tratados de derechos humanos. Y cuando votó eso, donde dicen “por favor, respeten los tratados de derechos humanos”, las Asociaciones de Magistrados –encabezadas por el camarista Fernando Lima– se alzaron contra el Consejo y denunciaron una intromisión. Esto para que se vea hasta qué punto están apañadas estas prácticas. –¿Aquí se ve cómo la Justicia actúa cuando los demandantes son pobres? –La primera barrera para las personas pobres es la información: muchas veces no conocen sus derechos. Creen que todo es un favor que se les está haciendo. “Gracias, doctor, por haber venido a hacer una inspección para ver que se nos cae la mampostería.” No. No hay nada que agradecer al juez: es un funcionario que tiene la obligación de hacerlo. La segunda barrera es el acceso. Por más que las puertas de los tribunales están abiertas, no cualquiera accede. Para una persona en Villa Soldati, no es sencillo. Necesita acceder a algún sistema, como la Defensoría General. Hay mucho más dinero para los fiscales y los sistemas represivos que para defensores públicos. La última barrera es el juez. Si el magistrado no opera con discriminación inversa hacia los más débiles, reproduce las desigualdades. Por decir esto, nos acusan de garantistas o de querer gobernar la Ciudad. No se trata de eso: creemos que hay que hacer viva la letra de la Constitución porteña. –Algunas de esas críticas provinieron del jefe de Gobierno. ¿Cómo se comporta Macri ante los fallos judiciales adversos? –Tiene un claro doble discurso. Para la problemática nacional, Macri sostiene que son buenas las medidas cautelares, que garantizan el derecho a la propiedad privada y la libre expresión. En la ciudad donde él gobierna, las cautelares hay que eliminarlas de los códigos o recusar a los jueces. El macrismo presentó proyectos en este sentido. Con las recusaciones por la ley de medios también fue muy cómico. Se escandalizó por tres o cuatro recusaciones, pero Macri tiene un record en mi caso: centenares de recusaciones a un mismo juez en una misma semana. Una cosa nunca vista. 04/03/13 Página|12 GB

LA DEMOCRATIZACION DEL PODER JUDICIAL.

UN ESPACIO DE DEBATE SOBRE LOS CAMBIOS EN LA JUSTICIA La democratización del Poder Judicial Cambiar la cultura judicial Por Angel Bruno * El movimiento por una Justicia Legítima, surgido del documento de fines del año pasado que cuestionó las opiniones y la representatividad de las tradicionales agrupaciones de jueces, acaba de consolidarse con las jornadas realizadas el 26 y el 27 de febrero últimos en la Biblioteca Nacional. Y con los proyectos anunciados por la Presidenta de la Nación. Era un paso esperado, pues el tema de la Justicia hace mucho que se viene debatiendo, aunque sin la exposición pública del último tiempo. Y se ha dado un paso en la buena dirección. Por lo pronto es importante destacar que del movimiento participan no sólo jueces, fiscales y demás funcionarios del Poder Judicial, sino también abogados y otros sectores de la sociedad. Esto es central, porque la discusión que se está dando no es de orden técnico o sectorial, sino eminentemente política. Se trata de modificar la concepción de la Justicia, haciéndola más democrática y enfocada al bien común. Este objetivo es imperioso ante la cerrazón de la llamada “corporación judicial”, que piensa la Justicia como un reducto propio, casi aristocrático, identificando la independencia judicial con la falta de control de su actuación y de opiniones sobre sus resoluciones. Donde hay pactos de amigos y amiguismo con el poder económico. Y donde se esgrimen argumentos vacíos de contenido para mantener prebendas injustificadas como el no pago del Impuesto a las Ganancias. La Justicia no puede seguir siendo entendida como algo ajeno y distante de la sociedad, a la que debe servir. Está, por definición, para dar a cada uno lo suyo. Y lo suyo de cada uno no puede ser objeto de un frío análisis legal, que no tenga en cuenta la desigualdad de las partes a la hora de juzgar ni los contextos ni la definición de Aristóteles sobre la equidad, a la que considera una “dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal”. Por eso se hace indispensable discutir cambios en los mecanismos tradicionales de administrar justicia, así como también en los criterios para definir el perfil del juez. Habrá que discutir también los mecanismos de acceso a la Justicia para todos, especialmente para los sectores más vulnerables. El primer paso será la divulgación masiva de los derechos más comunes y cotidianos, y el segundo la descentralización física de los juzgados, para que la distancia no sea un impedimento para los reclamos. En esa línea, será muy útil la creación de la Justicia vecinal, manda constitucional aún incumplida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y fortalecer los mecanismos participativos de solución de conflictos, como la mediación. Por otra parte, el principio constitucional de igualdad ante la ley implica, ciertamente, facilitar la igualdad en los procedimientos, y en ese sentido será necesario garantizar de manera ágil el acceso sin pago alguno a las actuaciones judiciales de los sectores de escasos recursos económicos, y establecer para ellos asesorías jurídicas gratuitas en los lugares que les son cercanos. El proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura anunciado por la Presidenta al inicio del año legislativo es positivo porque apunta a la democratización. Que la sociedad en su conjunto se involucre en la elección de quienes tendrán que elegir y destituir a los jueces es coherente con la idea de que el Poder Judicial no es cosa de pocos sino de todos. También apuntan a la democratización los anuncios tendientes a transparentar la actividad judicial. Comenzando por la publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales de quienes la ejercen, algo que hoy no está vigente, contraviniendo lo mandado por la Convención Interamericana contra la corrupción, firmada y ratificada por nuestro país. La Justicia Legítima no se logrará de un día para otro. Será menester cambiar una verdadera cultura judicial. Y como todo cambio cultural, será luchado y difícil. Habrá que discutir mucho las muchas iniciativas presentadas y ser creativos en la búsqueda de soluciones. Pero los debates y esfuerzos organizativos han comenzado. La gran esperanza está en marcha. * Abogado, ex vicepresidente primero de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), del Colegio Público de Abogados de la Capital; vicepresidente del Frente Grande de la Capital Federal. Defensa pública inclusiva y eficiente Por María Florencia Hegglin * Dotar de un significado auténtico a la novedosa y bienvenida proclama de una democratización del sistema de justicia nos obliga, como operadores del sistema, a intentar definir lo más ajustadamente posible de qué hablamos cuando hablamos de una Justicia democrática. Es muy posible que no todos estemos queriendo decir lo mismo, o pensando el asunto desde un mismo lugar, principalmente porque la denominada administración de justicia no está conformada sólo por jueces, sino también por fiscales y defensores públicos que formamos parte de ese mismo engranaje. Más allá de ello, creo que algunos ejes centrales han llegado para instalarse, o al menos para dar pelea, con un inusitado vigor, en este abierto debate. Los binomios democracia-inclusión y democracia-igualdad, que consagran el valor de la administración de los asuntos públicos para el bien común y, como tal, para todos, son ejes temáticos que emergieron con enorme fuerza, para interpelarnos. ¿Es la administración de justicia lo suficientemente inclusiva en la aplicación de la ley? ¿Qué niveles de inclusión social garantizan las agencias judiciales? ¿De qué modo se garantiza una política inclusiva e igualitaria en la defensa pública? Respecto de este último interrogante, hay cursos de acción que mostrar y cuestiones para señalar desde la perspectiva del Ministerio Público de la Defensa. La defensa pública propone, desde hace tiempo ya, un programa de acceso a los cargos públicos de planta a través de un llamado a concurso y convocatoria abierta a cualquier interesado. Este modo de ingreso fomenta la inserción en nuestros cuadros técnicos de una pluralidad de voces e intereses que, en la medida en que se consolide como política sustentable en el tiempo, consagrará la aparición de perspectivas y enfoques más ricos, más autocríticos, todos los cuales, en definitiva, redundarán en un servicio público más eficiente y más cercano a la realidad de a pie. De ese modo no se ahogan voces diferentes, con realidades diferentes y –esto es lo importante– que seguramente propondrán soluciones diferentes para los cotidianos conflictos de justicia. Además, la inclusión debe pasar por garantizar un empoderamiento legal real de las personas vulnerables en nuestra sociedad. Eso lleva a reparar en cuestiones estructurales y otras que no lo son tanto. Dentro de las primeras, entiendo que el sistema que mejor garantiza una defensa legal más eficiente para esas personas es el sistema establecido por la Constitución nacional para la defensa pública nacional, en el que las personas sin recursos cuentan con la asistencia técnica de una estructura autónoma y con independencia funcional del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. No sucede lo mismo en otras organizaciones provinciales, donde la Defensa Pública y el Ministerio Público acusador confluyen bajo una misma cabeza administradora que debe decidir la asignación de un único presupuesto entre dos fines, antitéticos y con distintas necesidades: persecución y sanción del delito, por un lado, y garantizar una defensa técnica legal eficiente y comprometida con los derechos humanos de un sujeto social vulnerable, por el otro. Frente a una demanda punitivista siempre en ascenso, fomentada por medios de comunicación siempre dispuestos, no hace falta ser pitonisa para conocer qué costado de la estructura bifronte sufrirá el recorte, ante las constantes emergencias que plantea la administración de organismos en los que predomina el principio de escasez estructural. Una defensa pública independiente y funcionalmente autónoma del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial es indispensable para garantizar un empoderamiento legal real y eficiente de los más débiles. Otra acción de corte más práctico, pero igualmente saludable para fomentar la inclusión de los derechos de todos y todas en el ámbito de la defensa pública judicial es seguir fomentando, a través de capacitación y de concursos para magistrados y funcionarios, la excelencia en los servicios jurídicos gratuitos que para ellos prestamos, de modo que, cuanto menos, en los servicios legales que se les entrega puedan registrar el esmero que el Estado ha puesto para asegurarles una igualdad de armas jurídicas en relación con otros coimputados o querellantes pudientes. Excelencia, rigor profesional, compromiso con la tarea diaria y “horas silla” para ellos significa incluirlos. En esa misma línea, se debe mantener, consolidar y ampliar la asistencia jurídica gratuita que la defensa pública nacional presta también a personas que no se encuentran en conflicto con la ley penal, pero que reclaman, en su condición de vulnerables, un acceso a la Justicia para el reconocimiento de sus derechos. * Defensora oficial del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. 04/03/13 Página|12 GB

EL PLAN CONDOR

EMPIEZA EL JUICIO ORAL POR LOS CRIMENES COMETIDOS EN COORDINACION POR LAS DICTADURAS SUDAMERICANAS El plan de la represión sin fronteras El proceso que comienza mañana abarca a 106 víctimas del Plan Cóndor, con mayoría de uruguayos, pero también argentinos, paraguayos, chilenos, bolivianos y un peruano. Hay 25 represores acusados, entre ellos Videla, Bignone, Riveros y Menéndez. Por Alejandra Dandan Mañana empieza el juicio oral por el Plan Cóndor, la primera causa que se abrió a fines de los ’90 cuando aún estaban en vigencia las leyes de obediencia debida y punto final y que logró perforar el cerco de impunidad a los crímenes de la dictadura. Será un escenario de justicia atravesado por la presencia de víctimas de las dictaduras del Cono Sur que todavía esperan la apertura de procesos similares en sus propios países. El juicio recoge tres tramos de la causa elevada entre 2008 y 2012 por 106 víctimas del Cóndor, entre las que hay una mayoría de uruguayos, pero también paraguayos y chilenos, todos caídos en Argentina. También hay argentinos, entre ellos tres caídos en Brasil. Serán juzgados 25 represores, entre otros los responsables locales de la coordinación represiva: Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Vañek. También va a ser juzgado el uruguayo Manuel Cordero, represor que actuó en el centro clandestino de Automotores Orletti. Al juicio se acopló el tramo de Orletti II, por otras 65 víctimas. Estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°1, se prevé el paso de unos 450 testigos y una duración estimada en dos años. “La causa se abrió con una denuncia muy bien fundada hecha por Emilio Mignone, Raúl Zaffaroni, David Baigun, Alberto Pedroncini y Martín Abregú”, recuerda el fiscal Miguel Angel Osorio, a cargo de la instrucción. “Se tomó un grupo de casos donde no había aparecido el cuerpo de las víctimas y la causa avanzó mediante el concepto del ‘delito permanente’: a través de esa lógica se indicó que acá se ha secuestrado a una persona; que todavía no se sabe qué sucedió con ella y por lo tanto se presume que el delito se sigue ejecutando. Como el delito continúa es imposible de amnistiar, indultar o no hacer nada. El eje era ése: el Estado tenía la obligación de hacer cesar el delito; después, si quiere amnistiar puede hacerlo o no, pero primero tiene que hacer lo primero.” Al comienzo, la causa tuvo 12 casos, entre ellos la uruguaya Sara Méndez, secuestrada en Buenos Aires, arrojada en Orletti y a la que le habían robado a su hijo Simón Riquelo, que para entonces seguía sin aparecer. Había víctimas de otros países, pero el expediente no asumió la perspectiva del Plan Cóndor hasta 2003, cuando dio un “salto cualitativo”, dice Osorio, a partir de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y la reapertura de las causas. Algunas víctimas de la causa original pasaron a expedientes específicos y luego se acumularon nuevos hechos. En 2008 se elevó el primer tramo con 18 imputados y en 2012, otros dos. Además de los 106 casos que ahora llegan a juicio oral, la instrucción acumula denuncias e investigaciones por otras 240 víctimas. Los acusados Uno de los graves problemas que tuvo la causa fue la demora. Entre los tres tramos del expediente sobre el Plan Cóndor sumaban originalmente 32 acusados, la mayoría elevados en 2008. Entre ese momento y este comienzo varios murieron y otros están separados del juicio por razones de salud. Es el caso de Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides y Antonio Bussi, en el primer grupo, y Ramón Genaro Díaz Bessone y Ernesto Alais, en el segundo. Pablo Ouviña y Mercedes Moguilansky son los fiscales que llevarán la acusación del juicio. Ellos indican que en las últimas dos semanas, además, la mayoría de los imputados está pidiendo de todo, entre otras cosas la suspensión del juicio por motivos de salud, por lo cual se vienen ordenando pericias y chequeos médicos. Los represores que hasta ahora están en juicio son 25. De ellos, 23 están procesados por asociación ilícita y privación ilegal de la libertad, las figuras legales con las que logró abrirse la causa. No están acusados por tormentos ni por homicidios, aunque en varios casos está probado el “traslado” o asesinato de las víctimas, como el de Carlos Santucho, el contador hermano del jefe del PRT, a quien asesinaron en un tanque de agua en Orletti. La acusación es distinta para Manuel Cordero y Miguel Angel Furci. Los dos estuvieron en Orletti y son los únicos autores directos. Cordero es uruguayo y fue extraditado desde Brasil. La Justicia argentina lo requirió en dos causas: Cóndor y Orletti, pero Brasil lo extraditó sólo por la primera, por lo tanto –aunque es uno de los represores más nombrados de Orletti–, entra a juicio solo por Cóndor. Está acusado por privación ilegal de la libertad y no por asociación ilícita, como el resto, porque Brasil dio ese cargo por prescripto. Furci está procesado por privación ilegal de la libertad y tormentos por 67 víctimas de Orletti. Las víctimas Un dato del juicio estará dado por la configuración de las víctimas. Entre los 106 detenidos desaparecidos no hubo sobrevivientes, todos los casos tienen que ver con actuación de fuerzas argentinas aquí o en el extranjero. Todos los extranjeros cayeron en Argentina. Y los hechos son posteriores al golpe del 24 de marzo del ’76, por un criterio original, aunque ahora la instrucción investiga casos de 1974. El grupo de víctimas más importante es de Uruguay (48), luego siguen Paraguay, Chile, Bolivia y un caso de Perú. Hay tres argentinos que cayeron en Brasil durante la Contraofensiva del ‘78: Norberto Armando Habegger, Susana Pinus de Binstock y Horacio Campligia. Entre los chilenos están Edgardo Enriquez Espinosa, del comité central del MIR, secuestrado en Buenos Aires el 10 de abril de 1976. Cristina Carreño Araya, de una familia del PC chilena, perseguida por la dictadura de Augusto Pinochet. Cristina salió de Chile a Hungría, viajó a Argentina en 1978 y fue secuestrada el 26 de julio de ese año. Otro caso es el del estudiante suizo-chileno Alexis Jaccar Siegler, al que secuestraron el 16 de mayo de 1977, cuando hacía escala en Buenos Aires para seguir viaje hacia Chile. Volverá a aflorar el secuestro de María Claudia Irureta Goyena, pero esta vez en la perspectiva del Plan Cóndor y por su propio “caso”: Claudia era la nuera del poeta Juan Gelman, secuestrada en Buenos Aires, trasladada y desaparecida en Uruguay cuando estaba embarazada de Macarena Gelman. La lógica del Cóndor Osorio definió el Plan Cóndor cuando terminó de instruir el primer tramo de la causa: “La relación entre los organismos de inteligencia de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y la Argentina distó de situarse en una mera colaboración legal para derivar en la verdadera implementación de un dispositivo que no hacía más que reproducir, a nivel internacional, el mismo dispositivo de aniquilamiento que imperaba hacia el interior de cada una de esas jurisdicciones: tal el alcance pactado, justamente, por los países integrantes del operativo Cóndor”. Puede pensarse que, a la luz del Plan, el debate judicial va a abordar el modo en que actuó la represión fronteras adentro de cada uno de los países, incluso Uruguay, con causas bloqueadas por la Suprema Corte de Justicia. Los fiscales no tienen jurisdicción para investigar la represión puertas adentro en cada país, pero sí la obligación de seguir el circuito de cada una de las víctimas de la causa. “Todos los países tienen interconexiones por medio de tratados, de diplomáticos, Inteligencia, etcétera –dice el fiscal Ouviña–. Lo que hicieron durante la vigencia del Cóndor fue aprovechar lo que ya estaba y buscar otro tipo de contacto para hacer todo más rápido. Eliminaron las formalidades pero no sólo para acelerar los tiempos sino directamente para secuestrar personas, buscar información para secuestrar, llevar adelante pedidos. Hay argentinos y chilenos secuestrando y torturando juntos; argentinos y uruguayos o chilenos y paraguayos.” El contexto eran los exilios que se dieron en todo el continente por las distintas dictaduras, dice Moguilansky. La primera dictadura fue la de Chile, que produjo enorme cantidad de exiliados en Argentina. Y Argentina es el último país donde cae la democracia, cuando todavía albergaba a buena parte de refugiados de otros países. En ese sentido, el expediente funciona a la vez como un mapa entre exilio, refugio y represión. Hay zonas del país como Mendoza en que se refugiaron chilenos, o Jujuy donde estaban quienes venían de Bolivia, o los uruguayos en Buenos Aires. En esa línea, aparecen secuestros y luego traslados a los países de origen. En el caso de los chilenos, ingresan a centros clandestinos de detención. Y con los uruguayos se abrirá el eje de los vuelos. El rol del Acnur y de la Vicaria chilena en el auxilio a los perseguidos políticos, así como el de los consulados y embajadas constituidas como ratoneras, también serán puntos del debate. “Si los militantes perseguidos en otros países vinieron para acá y desaparecieron estando exiliados, eso es Cóndor –dice el fiscal Osorio–. Si vinieron y trabajaron con o en alguna organización de superficie, ahí ya no es Cóndor. Es decir, no importa la nacionalidad de la víctima, importa si realmente los victimarios actuaron ejecutando ese plan de coordinación represiva a nivel no sólo continental, sino a nivel mundial, si se quiere llamarlo así, porque actuaron en Europa, en Estados Unidos.” Los documentos Ese es otro eje del debate. Los documentos. Una de las pruebas documentales más importantes es un documento desclasificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que aparece una definición sobre el Cóndor. El documento es un cable de septiembre de 1976, de un agente especial del FBI a la embajada estadounidense en la Argentina. Allí deja expresado que el plan está destinado a la “recopilación e intercambio de información sobre ‘izquierdistas’, ‘comunistas’ o ‘marxistas’, con vistas a la eliminación de sus actividades mediante el desarrollo de operaciones conjuntas en sus respectivos territorios”. El cable sitúa en el armado del dispositivo a Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay y un acuerdo de Brasil de información confidencial. Describe tres momentos: 1) intercambio de información, 2) ubicación del blanco, 3) ejecución o traslado de la víctima a cualquier otro país signatario. Una parte del debate seguramente atravesará la discusión acerca de cómo debe leerse el documento, si puede tomarse como comienzo del Plan Cóndor cuando las evidencias muestran que las fuerzas represivas actuaron en conjunto desde antes. Los fiscales del juicio señalan antecedentes de 1975 y en la instrucción Osorio trazó un corte posterior a la muerte de Juan Perón. 04/03/13 Página|12 GB

LOS JUEGOS DE PODER EN EL VATICANO POR WASHINGTON URANGA.

EN EL VATICANO YA EMPEZARON LAS NEGOCIACIONES, LOS TIRONEOS Y LAS PRESIONES PARA ELEGIR AL NUEVO PAPA Humo blanco, humo negro y juegos de poder El mecanismo para elegir al nuevo pontífice de la Iglesia Católica pone al descubierto que los cardenales representan intereses, puntos de vista e ideologías que, en muchos casos, poco tienen que ver con “el bien de la Iglesia”. Por Washington Uranga En la Capilla Sixtina la liturgia y el ceremonial: humo blanco, humo negro. Los juegos del poder: conversaciones, negociaciones, tironeos... aunque se nieguen rotundamente. Lo espiritual y lo religioso. Por fuera: las especulaciones, las apuestas. También las presiones, que tampoco se admiten. El mecanismo para la elección de un nuevo papa para la Iglesia Católica Romana se ha puesto a andar y toda la complejidad de los factores entran en juego. Días pasados el cardenal Tarcisio Bertone, el secretario de Estado enfrentado con Ratzinger, dio a conocer un comunicado en el que a través de sus negaciones no hace sino confirmar, paradójicamente, lo que siempre existió y continúa existiendo. “La libertad del Colegio de Cardenales que es responsable de proporcionar con arreglo a la ley la elección del Romano Pontífice –dice– siempre ha sido fuertemente defendida por la Santa Sede, como garantía de una decisión que se basó en las evaluaciones dirigidas únicamente a la Iglesia.” Pero a renglón seguido agrega que “a través de los siglos, los cardenales se han enfrentado a múltiples formas de presión ejercidas sobre los electores individuales y sobre el mismo colegio, que tenían por objetivo influir en las decisiones, actuando con la lógica de la política o la vida mundana”. Bertone quiere convencer al mundo de que el aislamiento, presunto o real, de los electores ha impedido, en la historia y ahora, que las presiones existan y, sobre todo, que los cardenales dejen de representar intereses, puntos de vista, ideologías que, en muchos casos, poco tienen que ver con “el bien de la Iglesia”. Bertone denuncia que en algún momento las “superpotencias” pretendieron incidir en la decisión (¿ahora no?) y que en este momento “se intenta poner en juego el peso de la opinión pública, a menudo sobre la base de evaluaciones que no reflejan el aspecto típicamente espiritual del tiempo que la Iglesia está experimentando”. Está claro que al secretario de Estado no le cae bien que se hable de la Iglesia como una institución que, siendo espiritual y religiosa, está también atravesada por cuestiones tan mundanas como el poder, las ambiciones y, también, de aquello que se denomina “pecado” y que en la actualidad puede traducirse como corrupción, robos, pedofilia, abusos, entre otros. Seguramente por este motivo –y otros– se amenaza con excomunión (expulsión de la Iglesia) a los cardenales que se atrevan a utilizar durante el cónclave el Twitter, ese medio que tanto alabó Benedicto XVI en sus últimos tiempos como pontífice. Aproximadamente 115 cardenales electores, provenientes de 48 países, deberán elegir en los próximos días al sucesor de Benedicto XVI. Cualquier pronóstico que se haga carece de base cierta. Las listas de los “papables” que se elaboran se apoyan en consideraciones que, muy probablemente, estén alejadas de las que harán los cardenales electores reunidos en el cónclave. El juego de nombres se convierte –especialmente en esta ocasión– en un acertijo del que no podrían escapar ni siquiera quienes hoy tienen la responsabilidad de votar. Es probable que los cardenales lleguen a Roma barajando algunos nombres e incluso habiendo intercambiado ideas con otros colegas. Pero el cónclave tiene dinámica propia. Y a pesar de la reserva con la que se pretende manejar todo, la historia cuenta que, en varios de los casos, quienes llegaron a Papa ni siquiera figuraron en las primeras rondas de votación. Otros que aparecieron como candidatos “puestos” salieron de la Capilla Sixtina como entraron: siendo cardenales. Es verdad que después de la muerte de Juan Pablo II Ratzinger apareció como uno de los candidatos más firmes y la elección lo confirmó. Pero ahora el panorama es todavía más confuso. Si el resultado de la votación se decidiese por bloques continentales o por países, habría que decir que el Norte (Europa con 61 electores más América del Norte con 14) debería imponer sus candidatos. Y que entre éstos, los italianos (28) son los que cuentan con más chances. Nada indica que ésta será la dinámica a adoptar. También se puede pensar que siendo América latina la región del mundo con más católicos (entre 40 y el 42 por ciento del total) y a pesar de tener sólo 19 cardenales electores, podría estar en la consideración. El razonamiento podría inclinar la balanza hacia un hombre de esta parte del mundo intentando encontrar aquí las respuestas a los graves problemas que enfrenta la Iglesia. Pero la opción también puede ser buscar esas alternativas desde la “periferia” eclesiástica y entonces se puede pensar en un africano o en un asiático. El camino que se elija conduce a la danza de los nombres, a lanzar hipótesis y designar “papables” sin mayores certezas, incluso para los “vaticanólogos” más reconocidos. También hay que tener en cuenta que el lanzamiento de algunos nombres–, como en cualquier elección –mal que le pese al cardenal Bertone–, puede ser parte de operaciones para instalar candidatos o sacar del juego a otros. Está claro que una mujer no podrá ser Papa. Y que en el caso –posible y contemplado en las normas, pero altamente improbable– de que sea elegido un laico varón “ha de ser ordenado obispo inmediatamente”, según lo establece el canon 330, art. 2 del Código de Derecho Canónico (la ley eclesiástica). Lo “lógico” es que el Papa surja de entre los propios cardenales electores. Se sostiene también que debería ser un hombre de menos de 70 años para intentar un pontificado para 10 o 15 años. ¿Nombres? Con todas las salvedades hechas antes, se pueden señalar algunos nombres. Entre los italianos, Gianfranco Ravasi (70 años), un académico que revista actualmente en la curia vaticana y Angelo Scola (71), arzobispo de Milán, son los más mencionados. Este último, según versiones emanadas de la propia curia romana, es uno de los “predilectos” de Ratzinger. Otro europeo cuyo nombre aparece reiteradamente mencionado es el de Christoph Schoenborn, un austríaco, arzobispo de Viena, de 67 años. Entre los de América del Norte se menciona al muy popular arzobispo neoyorquino Timothy Dolan (62) y al canadiense Marc Ouellet (68), hoy titular de la estratégica Congregación para los Obispos, el dicasterio (ministerio) vaticano encargado de poner sobre la mesa del Papa las designaciones de los obispos. ¿Latinoamericanos? Los brasileños, el país con mayor cantidad de católicos en el mundo, siempre son candidatos. Allí están el muy conservador arzobispo de San Pablo, Odilio Scherer (63), y Joâo Braz de Avis (65), arzobispo de Brasilia, a quien presentan como más abierto y progresista. Otros no dejan de mencionar al hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga (71), arzobispo de Tegucigalpa. ¿Los argentinos? Ni Jorge Bergoglio (76) ni Leonardo Sandri (69) parecen estar entre los candidatos, a pesar del esfuerzo que desde Argentina hacen algunos de sus más fieles seguidores para que aparezcan en la lista de los papables. Las sorpresas podrían llegar desde otros continentes. De Africa se menciona al cardenal Peter Turkson, ghanés de 64 años, actual responsable de la Comisión de Justicia y Paz del Vaticano. De Asia, a Luis Tagle (55), arzobispo de Manila. Lo más prudente, en cualquier caso, será esperar la votación y el humo blanco que indique que la Iglesia Católica tiene un nuevo Papa responsable de conducirla y, si es posible, de tomar medidas para sacarla de la crisis actual. Y el primer indicio a tener en cuenta para deducir la orientación será el nombre que el designado elija para ejercer su pontificado, porque implica identificarse con trayectorias, actitudes, maneras de entender a la Iglesia y al mundo. 03/03/12 Página|12 GB

JUSTICIA JUSTICIA PERSEGUIRAS POR SIETECASE, OPINION

Justicia, justicia perseguirás Por Reynaldo Sietecase Mejorar su funcionamiento es una cuestión fundamental y que ya se está instalada en la agenda pública. Es indispensable un debate abierto, honestidad intelectual y buena fe. El principal problema de la Argentina es la Justicia.” Escribí esta frase por primera vez hace más de quince años. Fue en la contratapa del diario La Capital de Rosario. En esa nota hacía referencia a la maraña de impunidad que se había tejido desde el poder en torno al atentado contra la sede de la AMIA en la ciudad de Buenos Aires. En estos años, la frase se convirtió en un latiguillo doloroso. Ni la crisis política, ni la malaria económica, ni la desocupación, ni siquiera la inseguridad modificaron este ranking. “El principal problema de la Argentina es la Justicia”. Su ineficacia y su alto nivel de venalidad fueron garantes de impunidad. Rara vez los poderosos reciben castigo penal. Y esto abarca tanto a funcionarios corruptos como a empresarios inescrupulosos y lobbistas. Dinero o contactos políticos los mantienen al margen de cualquier sanción efectiva. Para utilizar una imagen del Martín Fierro: la Justicia es como tela de araña, “el bicho grande la rompe, al bicho chico lo atrapa”. En este contexto, la propuesta de modificar el sistema judicial es una idea que no debería tener ateos entre la ciudadanía. Hacerla más eficiente, democrática, abierta y rápida, menos burocrática y menos corporativa, es un desafío para todo el arco político. Impulsar la transformación con el objetivo de “domesticar” jueces a los que no se controla o cercenar la autonomía de aquellos que suelen contradecir las opiniones o intereses del gobierno, es malversar una propuesta necesaria y largamente postergada. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aceptó la necesidad de modificaciones. “Estamos de acuerdo con que el Poder Judicial debe cambiar, y esos cambios deben ser en beneficio del pueblo”, señaló en su discurso conmemorativo de los 150 años del Alto Tribunal y agregó “el pueblo quiere una justicia más accesible y rápida”. También pidió un régimen procesal especial para las tragedias. Después, en la misma pieza oratoria sembró definiciones para todos los gustos, casi una constante en esta Corte. “Las mayorías han tomado decisiones inconstitucionales” o “en los partidos de fútbol nadie cambia el reglamento o al árbitro para ganar”, advirtió y le permitió a Clarín publicar en tapa: “Dura advertencia de la Corte por la presión del gobierno”. Además defendió la libertad de expresión y cuestionó el uso de la publicidad oficial como forma de censura. Pero también les marcó límites a las corporaciones y le hizo un guiño al Gobierno: “La Corte no debe gobernar, debe ser consistente con la mayoría del pueblo, con el Ejecutivo y el Legislativo”. Ideas como ésa, le dieron a Página/12 la posibilidad de titular con otro textual del presidente de la CSJ: “Éste es el momento para dar un giro al sistema judicial”. No asistieron al encuentro ni el ministro de Justicia, Julio Alak, ni la titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó, quien 24 horas antes de que hablara Lorenzetti había sentenciado: “La Justicia actual es ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados”. Salvo en el inexplicable término “ilegítima”, la descripción no es exagerada. La ausencia de los funcionarios fue una respuesta torpe sugerida por la máxima autoridad de la Nación. El imprescindible debate para cambiar el Poder Judicial no merece berrinches ni chicanas. Esta semana, medio millar de funcionarios judiciales y académicos se reunieron en la Biblioteca Nacional para expresar su apoyo a un proceso de cambios que consideran indispensable. Rechazan la noción corporativa de las asociaciones de magistrados y su permanente aval al statu quo. Como ocurrió con la Ley de Servicios Audiovisuales otra vez el tema es el cómo no el qué. Lo señalamos en varias oportunidades: si la norma que regula el mercado de medios sólo se ejecuta para enflaquecer al grupo Clarín no sólo se estaría malversando el objetivo de la norma sino que se traicionaría a los miles de argentinos que contribuyeron a su elaboración. Proponer cambios en el Poder Judicial sólo para amoldar el mismo a las necesidades del Ejecutivo conllevaría un retroceso de varias décadas y un abuso repudiable. Una de las medidas más elogiadas tomadas por Néstor Kirchner en los albores de su mandato, fue el cambio de la Corte Suprema heredada del menemismo. Un tribunal impresentable que se transformó en herramienta del descuartizamiento del Estado. Kirchner aportó, además de nombres prestigiosos a la nueva Corte, un decreto de autolimitación en las designaciones de los magistrados que tiene carácter ejemplar. Cualquier propuesta de cambio debe estar en esa línea. Quedó demostrado con claridad que cambiar la cabeza del Poder Judicial fue, apenas, un paso necesario pero insuficiente. Que Norberto Oyarbide sea el nombre más emblemático del fuero federal revela los límites que tuvo la propuesta de renovación impulsada por el Gobierno en 2005 y la funcionalidad de algunos magistrados a las necesidades tanto del poder político como de los grupos económicos. El debate que acaba de abrirse en el país requiere como condimentos fundamentales: buena fe, honestidad y la supremacía del interés general por sobre las mezquindades políticas o sectoriales. De lo contrario el ciudadano de a pie, ese que tiene miedo de entrar en los tribunales hasta cuando tiene que hacer valer sus derechos, se verá nuevamente frustrado. DZ/sc Diario Z http://www.diarioz.com.ar/#/justicia-justicia-perseguiras GB