LA JUSTICIA PREOCUPADA (?)

LA COMISION NACIONAL DE PROTECCION DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL DIFUNDIO UNA SERIE DE RECLAMOS
Las preocupaciones corporativas
La comisión que depende de la Corte y reúne a tres asociaciones de jueces se refirió a “hechos que agreden” al Poder Judicial, como “falta de cobertura de cargos” y “recusaciones y denuncias penales”. También pidió espacios en los medios públicos.

La Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, conformada por tres entidades que representan a jueces, expresó su preocupación por “hechos que agreden institucionalmente” al Poder Judicial. A través de un comunicado difundido por el Centro de Información Judicial, la comisión que depende de la Corte y que reúne a la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura, consideró “necesario reiterar que la independencia del Poder Judicial se encuentra protegida por la Constitución nacional y es un principio fundamental del Estado de Derecho que es sustancial para el funcionamiento de la democracia”.

La postura difundida ayer por la Comisión de Protección de la Independencia Judicial se inscribe en la pugna planteada en torno del Grupo Clarín y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y se conoció un día después de que el Poder Ejecutivo recusara a los magistrados que integran la Cámara Civil y Comercial.

El documento de la Comisión puntualizó como “hechos que agreden a un Poder del Estado” a una serie de situaciones específicas como “la falta de cobertura de cargos de magistrados”, las “recusaciones y denuncias penales utilizadas de modo excesivo o con el solo fin de separar a un juez de una causa”, las “campañas difamatorias contra jueces agraviándolos de manera personal”, los “pedidos de intervención a los poderes judiciales provinciales” y los “intentos de modificación de algunas legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad e independencia de los magistrados”.

Del pronunciamiento se desprende que los magistrados consideran que tales situaciones inciden sobre la independencia judicial. La declaración se ocupó, primero, de destacar la importancia de ese principio, “sustancial para el funcionamiento de la democracia” y “una garantía fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos”, que “forma parte de la comunidad latinoamericana de derecho, ya que es sostenido en la reunión de Cortes de las Américas, en la Cumbre Iberoamericana de Cortes, en la reunión de Cortes del Mercosur, así como por la Federación Latinoamericana de Magistrados y en casi todos los países de la región”. “Esta manifestación –precisó el texto– no puede ser confundida con la defensa de intereses corporativos, puesto que se trata de hacer pública lapreocupación de la magistratura como Poder del Estado por la afectación que recibe al tener que decidir sobre cuestiones que atañen a intereses de terceros y no los propios. Tampoco puede ser afectado el derecho de ejercer la defensa y de criticar las sentencias, ya que ello forma parte de una sociedad transparente y participativa.”

Después de plantear esas definiciones, la Comisión realizó una serie de llamamientos. Exhortó a “las autoridades competentes para que se cubran los cargos de tribunales vacantes en tiempo oportuno, mediante el procedimiento adecuado”, pero también llamó al Poder Ejecutivo nacional a “cumplir estrictamente con el artículo 109 de la Constitución nacional –el que atañe a la independencia del Poder Judicial– y a ejercer sus facultades como poder del Estado dentro del marco de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia”. Al resto de los poderes del Estado les requirió que “no avancen en la modificación de legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad de los magistrados”.

El siguiente apartado de la declaración fue dirigido a los “titulares de medios de comunicación públicos y privados”, a quienes convocó a “ejercer el derecho de crítica sobre la base de opiniones y argumentaciones, evitando el agravio personal o familiar, siendo mesurados y prudentes al imputar faltas éticas o criminales que luego quedan en la nada, pero que lesionan gravemente a las personas y sus familias”. También les solicitó “promover el debate democrático de ideas”.

En este sentido, y haciendo hincapié en la “protección constitucional de la libertad de expresión y la pluralidad de voces que promueve la ley 26.522” y el carácter público de los medios oficiales, pidió que el Poder Ejecutivo nacional, la Jefatura de Gabinete y la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), “habiliten espacios en los horarios y noticieros centrales de la televisión pública para que el Poder Judicial pueda expresar opiniones a través de su agencia de noticias, así como la difusión de videos institucionales en programas de difusión pública”.

07/12/12 Página|12
GB

MADRES DE LA PLAZA

Carta de una madre
Queridos hijos:

Anoche me desperté pensando en aquel 9 de diciembre de 1981, primera Marcha de Resistencia con el enemigo en la casa de gobierno. Esa marcha había sido muy discutida: ningún organismo quería aceptar la palabra resistencia, así que unas 70 Madres, solas, empezamos la marcha. Toda la noche estuvimos rodeadas de policías, más de 300 efectivos.

Queridos míos, cuántas esperanzas poníamos en cada paso caminado. 24 horas sin parar: los pies ampollados, piernas cansadas, mucho calor. Grande fue nuestra sorpresa cuando a las 15:30 del día 10 comenzaron a llegar algunos organismos y muchos que se animaron a venir.

La exigencia de ese marcha de 24 horas era “Aparición con vida”. Cuánto amor, cuánta pasión. Pensábamos ¿si alguno de ustedes, estando en los campos de concentración, se enteraba de esa marcha, de ese exigirle al enemigo que ocupaba la Casa de Gobierno? La marcha tuvo poca difusión.

Al otro día un pequeño grupo de Madres ocupamos la Catedral de Quilmes para reforzar el pedido y comenzamos un ayuno de 12 días. El ayuno sí tuvo difusión.

Sueños y esperanzas, acciones y proyectos, fanatismo y pasión. Pasaron años hijos, 25 marchas de la Resistencias, siempre de 24 horas. Pero, saben amados hijos, pasaron tantas cosas, tantas luchas. Llegó Néstor, que como ustedes nos entregó su corazón y su vida, anuló leyes de perdón, se ocupó del pueblo y ahí mismo nos dimos cuenta que en la Casa de Gobierno estaba un hijo nuestro que poco a poco fue cumpliendo vuestros y nuestros sueños.

Luego llegó Cristina y continuó la lucha: cristalizó los sueños y nos entregó la Patria, pero como todo puede no ser felicidad, un día terrible que no quisiera recordar el corazón enorme, gigante de Néstor se paralizó. Era tan grande que no le entraba en el pecho y el mundo entero lloró.

Ese mismo día, regados por lágrimas, nacieron y crecieron asombrosamente miles de jóvenes, hombres y mujeres, que inspirados en la lucha de Néstor le dijeron a nuestra querida Cristina “aquí estamos” y como una gran catarata de agua clara, limpia y con fuerza desbordaron los ríos y los caminos de los pueblos y de la ciudades.

Y aquí estamos otra vez, frente a otro 10 de diciembre donde en la Casa de Gobierno está nuestra líder Cristina, impecable, entera, segura, bien plantada, acompañada por ese mar que son nuestros jóvenes, que es como decir vuestras esperanzas y nuestros proyectos.

Queridos, gracias por habernos parido, gracias por darnos todos los días, en cada joven que levanta su bandera, vuestra fuerza.

Cierro los ojos, me tomo de sus manos, de la mano de todos, de los jóvenes, y en este 10 de diciembre le decimos a Cristina que somos un gran río que inunda de sangre nueva el proyecto nacional y popular que nadie puede parar.

Las utopías son posibles cuando los pueblos tomamos en nuestras manos los destinos de nuestra patria.

Queridos míos, hasta el día que nos volvamos a ver.

Los besa y abraza,

Mamá

EL PODER DE CLARIN VISTO DESDE AFUERA

Las dos versiones de un conflicto
Ninguna de las dos versiones del conflicto entre el Gobierno argentino y el grupo editorial refleja la realidad

Por Graciela Mochkofsky
El País, España

Existen dos narraciones predominantes sobre el enfrentamiento entre Clarín, el mayor grupo de medios de la Argentina, y el Gobierno de Cristina Kirchner.

Una sostiene que, con el ataque a Clarín, el Gobierno busca aplastar la prensa libre, sofocar el pensamiento crítico, destruir el sustrato mismo de la democracia.

La otra asegura que Clarín el eje del mal, el culpable de todos los problemas nacionales, y que su destrucción será seguida, automáticamente, por una impresionante mejoría de nuestra calidad democrática.

Ninguna de las dos versiones refleja la realidad.

Para entender esta guerra, que ya lleva cuatro años y medio, es preciso conocer la historia reciente.

Antes de ser enemigos, Clarín y el Gobierno fueron amigos.

Cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia en 2003, trazó una línea entre medios aliados y enemigos, concedió a unos el acceso a la información y primicias, y retribuyó a los otros con silencio informativo y una confrontación pública en la que los señaló como opositores políticos. Desde el momento inaugural de su mandato, el adversario fue el diario La Nación, que quedó excluido del plan informativo del Gobierno (de por sí, tremendamente restrictivo). Este enfrentamiento, definido por el propio Kirchner como ideológico, sirvió a los dos: al Gobierno y al diario, cuya tirada volvió a crecer luego de años en caída.

Al mismo tiempo, Kirchner eligió a Clarín y a su CEO, Héctor Magnetto, como aliados.

Como todos los presidentes de la democracia antes que él, Kirchner creía que un “sistema de buen trato” con Clarín le garantizaría “un buen trato” recíproco. Veía en Clarín mucho más que un grupo de medios: lo consideraba uno de los principales factores de poder de la Argentina.

Desde 1976, cuando el joven Magnetto dio su primer paso hacia la construcción del multimedios al negociar con la dictadura militar la compra de Papel Prensa, Clarín llevó adelante negociaciones con los Gobiernos para obtener los beneficios económicos que lo convirtieron en el principal grupo de medios del país. Utilizó su gran poder de lobby para obtener de los Gobiernos democráticos medidas oficiales, decretos necesarios para su expansión, incluso leyes (notoriamente, la de Bienes Culturales que le permitió sobrevivir a la crisis de 2001). Hizo acuerdos con presidentes para apoyar sus Gobiernos y los rompió cuando no le convenían.

Por esta ubicuidad, su relación utilitaria con el poder solía comenzar con la fascinación y acabar en conflicto. Los presidentes Raúl Alfonsín (1983-1989) y Carlos Menem (1989-1999) le declararon la guerra en algún momento de sus Gobiernos e intentaron golpearlo con hechos y palabras.

Néstor Kirchner (2003-2007) fue más lejos que sus predecesores: se fascinó genuinamente con Magnetto. Había entre ellos un entendimiento natural. Durante cuatro años compartieron ideas sobre el país y hablaron de negocios. Clarín apoyó las principales medidas del Gobierno y —casi hasta el final del período— se abstuvo de criticarlo en todo lo significativo. Magnetto obtuvo de Kirchner, entre otras cosas, la aprobación para la fusión de Multicanal y Cablevisión y la promesa de la adquisición de una parte de Telecom.

Cristina no llevaba cien días en el Gobierno cuando se produjo la ruptura, por razones de estrategia y cálculo político. Néstor abrió un frente de batalla tras otro, apuntó a dañar a Clarín en sus negocios e intereses directos, hasta intentó meter preso a Magnetto. Cuando, en octubre de 2010, el expresidente murió de un ataque fulminante, pareció que Clarín había ganado: el mismo día en que había luto nacional, la Bolsa premiaba al Grupo con una suba espectacular de 49% en sus acciones.

Pero ocurrió lo contrario. Cristina se decidió a acabar con el poderío de Clarín así fuera su último acto como presidenta. El instrumento elegido fue la llamada Ley de Medios, una ley antimonopolio, aprobada con aportes de organizaciones civiles, expertos y sectores de la oposición.

Este viernes vence la medida cautelar que permitió a Clarín incumplir la ley durante dos años. La maraña judicial es compleja. Por ahora, hay un juez de primera instancia que no se decide a emitir su fallo; una Cámara de Apelaciones desmantelada en una subguerra de presiones; y una Corte Suprema fastidiada por tantas demoras e intrigas y renuente a resolver el asunto ella misma.

Más allá de los procedimientos, ambos rivales parecen decididos a llevar el asunto hasta el final. Sorprendentemente, Clarín parece empecinado en rebelarse ante una ley del Congreso aunque librar esta batalla pueda costarle la derrota total.

Desde 2009, no ha hecho más que perder.

Ya perdió negocios multimillonarios: la exclusividad de la transmisión de los partidos de fútbol y la libertad de controlar la producción de papel periódico, y otros de resolución todavía pendiente en la justicia. También perdió el ingreso a negocios estratégicos: por ejemplo, el acceso a una telefónica que tanto quería Magnetto. También perdió lectores: el diario tiene menos de 300.000 lectores diarios de promedio y no deja de caer desde 2005, mientras algunos competidores, como La Nación, crecieron. También perdió prestigio y credibilidad.

Y, sin embargo, persiste como si no tuviera ya más nada que perder. No es cierto: aún maneja un negocio de 522 millones de pesos de ganancia anual que juega cada día en la trinchera de lo que, a todas luces, parece una batalla perdida. Porque, como ocurrió en la Gran Bretaña de Rupert Murdoch, un modelo de relación entre la prensa y el poder político, que dio una posición dominante a Clarín en los últimos 30 años, ha muerto.

Sólo Clarín parece no entenderlo. 06/12/12 El País, España
GB

CUANDO TRES JUECES PUEDEN MAS QUE LA DEMOCRACIA

EL GOBIERNO RECURRE DIRECTAMENTE AL MAXIMO TRIBUNAL PARA QUE REVEA EL FALLO QUE EXTIENDE LA CAUTELAR A FAVOR DEL GRUPO CLARIN
La Cámara más cuestionada ahora cuestiona a la Corte
Después de rechazar ellos mismos la recusación presentada por el Gobierno, los dos jueces de la Cámara Civil respaldaron abiertamente la estrategia de los abogados de Clarín. El Gobierno aseguró que ese fallo “lesiona la democracia” y pedirá la intervención de la Corte.

Por Irina Hauser

En el punto más álgido de una pulseada feroz, a la que se subió la corporación judicial abiertamente, el Grupo Clarín consiguió una extensión de la medida cautelar gracias a la cual seguirá eximido de desinvertir y de adecuarse a los límites que fijó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El beneficio vencía hoy, 7 de diciembre, según había establecido la Corte Suprema en mayo último. Sin embargo, la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial dispuso que siga vigente “hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa”. Es decir que caerá cuando el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, defina la validez constitucional de los artículos de la norma que obligan a desprenderse de licencias de radio y televisión y que definen los parámetros de concentración de medios. El Gobierno planea presentarse ante el máximo tribunal y pedirle una intervención expeditiva, que no espere los tiempos de la burocracia judicial, y que –por “avocación” o per saltum– anule la decisión de los camaristas, ya que consideran que contradice el límite temporal para la cautelar señalado por los propios jueces supremos.

La Cámara argumentó que la situación cambió respecto de seis meses atrás, cuando se pronunció la Corte para advertir que no se deben prolongar las medidas cautelares indefinidamente porque se conviertan en sentencias anticipadas. Al día de hoy, señaló, una sentencia del juez Alfonso sobre la cuestión de fondo ya es inminente, porque lo exigen las directivas supremas. Para los camaristas, levantar la cautelar “cuando aún no está dirimida la impugnación constitucional” que planteó Clarín contra “la obligación de desinvertir (...) causaría un perjuicio irreparable” si la decisión final fuera favorable a la empresa, que se vería en la situación de tener que ceder parte de su patrimonio.

La decisión de la Autoridad Federal (Afsca) de recusar anteayer a la Cámara en lo Civil y Comercial en pleno recalentó el ambiente, que ya venía por demás caldeado. Ayer fue un día de nerviosismo, en tribunales y en el Gobierno. La Cámara se reunió a la mañana y lo primero que decidió fue desechar las recusaciones sin vueltas. También rechazó in limine el planteo de “revocatoria” de la Jefatura de Gabinete que cuestionaba la confirmación del camarista de Francisco de las Carreras para intervenir en el caso Clarín a pesar de que se lo investiga penalmente por presuntas dádivas. La denuncia del Poder Ejecutivo decía que había viajado a Miami, en pleno trámite de la causa, invitado a una cumbre organizada por una entidad (Certal) que nuclea a miembros del grupo empresario y tenía a Cablevisión entre sus auspiciantes.

La difusión, ayer al mediodía, de un comunicado de la Comisión de Protección de Independencia Judicial –que encabezan las juezas de la Corte Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay– junto con una lista de entidades representativas de jueces de todo el país que reivindicaba su “independencia”, fue el preámbulo o más bien el anuncio con respaldo incluido, de la resolución que se conocería un rato después y que extendió la medida cautelar a pedido de Clarín. El texto, que se anticipaba a las críticas negando un “interés corporativo”, pedía entre otras cosas al Poder Ejecutivo que evite el uso de “mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces”, exhortaba a los medios a “promover el debate democrático de ideas” y –quizá con cierta ironía– pedía espacios para el Poder Judicial en la televisión. Pero no habla de las presiones del poder económico o las corporaciones empresarias.

El fallo de ayer, que apunta a dejar a Clarín al margen de un aspecto esencial de la ley de medios, que es el que apunta a evitar las prácticas antimonopólicas, fue firmado por el cuestionado De las Carreras y por la jueza María Susana Najurieta. En un parrafito a modo de introducción, De las Carreras aclaró que conserva “la tranquilidad de espíritu y la libertad de conciencia indispensables para impartir justicia bien y legalmente”. Ambos magistrados ya habían confirmado en dos ocasiones la medida cautelar a favor de Clarín, con alusiones a la preservación del “derecho de propiedad”. En mayo último, la Corte Suprema acortó el plazo para la medida que habían puesto los camaristas (y que llegaba hasta diciembre de 2013) y fijó el 7D, destacando la importancia de que haya una definición del debate de fondo. La sentencia decía que hasta el momento Clarín no había demostrado que se hubiera vulnerado algún derecho esencial, como la libertado de expresión, y que por esto el expediente aparecía como una cuestión de naturaleza meramente “patrimonial”. Un asunto patrimonial se puede recomponer a la larga con una reparación económica. La violación de un derecho básico, no.

El juez de primera instancia de entonces, Raúl Tettamanti, siguió la bajada de línea suprema y rechazó el pedido de Clarín, que no sólo pedía extender la cautelar, sino que planteaba hacerlo por doce meses. La Cámara no sólo discrepó sino que sus fundamentos transitan un aspecto que no venía planteado, ni hace a la discusión sobre la continuidad de una medida provisoria, pero que sí estuvo presente en el debate público: los jueces afirman repentinamente que aún no empezó a correr para el Grupo Clarín el plazo de un año para desinvertir fijado la ley, y que surge de uno de los artículos de la norma cuestionados, el 161. “La parte actora (el multimedios) no puede estar incursa en incumplimientos derivados de ese vencimiento, que no le es aplicable, y que no está expuesta por ende a sus consecuencias”, aclaran. Frente a esas afirmaciones queda la duda: ¿acaso no es una forma de adelantar opinión sobre una cuestión que aún no les ha tocado abordar?

La Cámara da aval a la teoría de Clarín de que, al borde del 7D, y ante su negativa a presentar un plan de desinversión, “se encuentra en riesgo inminente de ver afectados sus derechos de manera grave”. A la vez alega que “no cometió abusos” para dilatar la causa que, sin embargo, está hace tres años bajo los efectos de una cautelar. Según el tribunal, como hay un sentencia de fondo próxima y a su criterio “ha desa-parecido el riesgo” de que Clarín se beneficie con la cautelar, entonces “prorrogan” su vigencia “hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa, a fin de no alterar significativamente las circunstancias y asegurar la utilidad, oportunidad y eficacia” del futuro fallo. De esta manera, una vez que el juez Alfonso dicte sentencia, la cautelar caerá. Sin embargo, cualquier apelación diferirá su aplicación hasta que quede firme en otras instancias, lo que puede incluir la Corte.

El Gobierno anunció, a través del ministro de Justicia Julio Alak, que no permanecerá pasivo. Hoy mismo la Afsca y Jefatura de Gabinete se presentarán para que la Corte revise la decisión de la Cámara. Es factible que la presentación tenga formato de pedido de avocación a los jueces supremos, o de un per saltum que saltee instancias procesales, para que no haya que pasar por un recurso extraordinario o un recurso de queja ante el máximo tribunal, que pueden tener un trámite kafkiano, cercano al mes. Habrá que ver si el máximo tribunal se juega por evaluar una situación de gravedad institucional que habilite un análisis sobre lo que decidió la Cámara o si rechaza el pedido con algún tecnicismo. La apuesta de la Casa Rosada es mostrar que la Cámara desa-fió y contradijo las instrucciones de la Corte, que había pedido poner fin a las cautelares eternas que, a menudo, se convierten en herramientas para complicar desde los tribunales las decisiones de Gobierno.

07/12/12 Página|12
GB

7 D MAGNETTO

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La Cámara extendió la cautelar de Clarín y el Gobierno va hoy a la Corte

En trámite relámpago, la Sala I prolongó la medida que impide la aplicación de la Ley de Medios "hasta que se dicte la sentencia definitiva". El ministro Julio Alak aseguró que el fallo de los camaristas tiene "groseras contradicciones"

Por Gabriel A. Morini

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal amplió ayer el plazo de vigencia de la medida cautelar que beneficia al Grupo Clarín y evita que se le aplique la cláusula de desinversión prevista en el artículo 161 de la Ley de Medios. Con la firma de los jueces María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras, la extensión de la cautelar quedó ceñida "hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa, a fin de no alterar significativamente las circunstancias y asegurar la utilidad, oportunidad y eficacia del fallo" sobre la inconstitucionalidad, proceso que ya fue gatillado por las primeras resoluciones del juez de primera instancia Horacio Alfonso.

El trámite relámpago, apenas a 24 horas de que caducara el plazo fijado por la Corte Suprema para mantener en suspenso la aplicación de la ley, incluyó también el rechazo in limine de la recusación de toda la Cámara interpuesta por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), y a la revocatoria planteada por el Estado al fallo que, uno a uno, devolvió a sus puestos a los jueces recusados.

En la práctica, la resolución dejó sin efecto el 7D, ya que no podrá avanzar el proceso de desinversión de oficio, lo que generó la inmediata reacción del gobierno. "La aplicación de la ley es inexorable, y lo saben", advirtió anoche el ministro de Justicia Julio Alak. Hoy, la Jefatura de Gabinete utilizará el per saltum para solicitar a la Corte Suprema que retrotraiga la decisión sobre la cautelar. Esto permitiría una vía más rápida para llegar al Máximo Tribunal, que reduzca los tiempos procesales de consulta, apelando al artículo 275 bis de la ley recientemente reglamentada por el Congreso, que menciona que "serán susceptibles del recurso extraordinario por salto de instancia las sentencias definitivas de primera instancia, las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos y aquellas dictadas a título de medidas cautelares", como podría aplicar a esta situación.

En este punto se abren múltiples escenarios, pero aunque la estrategia no registra antecedentes, el gobierno entiende que es factible que la Corte no tenga otro camino que aceptarlo y tratarlo en la próxima acordada. De esta forma, sería el Máximo Tribunal –de tomar el caso– quien confirme la extensión o baje la cautelar. A su vez, desde el oficialismo no descartaron denuncias por prevaricato a la Cámara por lo que Alak calificó como un fallo con "groseras contradicciones". También hizo énfasis en el expediente penal abierto contra De las Carreras, por el delito de dádivas. El propio juez dedicó un párrafo previo al fallo a asegurar su "imparcialidad" y sostuvo que conservaba su "tranquilidad de espíritu y la libertad de conciencia indispensables para impartir justicia bien y legalmente".

En tanto, la AFSCA pedirá que la Corte se avoque a intervenir en la cuestión de las recusaciones, ante una Sala que integró con sólo dos miembros. Según pudo saber Tiempo Argentino, otro de los argumentos de queja que esgrimirá el gobierno es que si bien las primeras recusaciones –las de los camaristas Guillermo Antelo y Ricardo Guarinoni– fueron resueltas anteriormente por jueces del fuero Contencioso-Administrativo, este proceso no se respetó ayer. La nueva recusación al pleno, que presentó la AFSCA, incluyó a Najurieta como novedad, precisamente con el objetivo de que toda la medida fuera revisada nuevamente. "La recusación sin expresión de causa de Najurieta resulta manifiestamente improcedente", sostuvo el fallo que llamó "la atención" a la AFSCA por interponer "pretensiones obstructivas, dilatorias y de mala fe procesal". Esto se resolvió –en un trámite exprés– lo que implicó un salteo a un paso previo, algo que podría encuadrarse en lo que se denomina actuar "contra el debido proceso". Es más, tanto los camaristas Jorge Morán como Marcelo Duffy ayer aguardaban en sus despachos que se les volviera a correr vista sobre la presentación del gobierno, algo que nunca sucedió durante el transcurso de la tarde, donde la actividad en la Sala I fue dominada por el hermetismo.

En el fallo, los magistrados rechazaron un planteo del Grupo Clarín para que el Estado se abstenga de afectar sus licencias ya que consideraron "que no puede presumirse que la Administración obre ilegalmente". Pero advirtieron: "Una decisión en tal sentido podría ser considerada por parte de este tribunal como desobediencia", en el supuesto de que la AFSCA iniciara algún procedimiento de oficio. El multimedios, a través de un comunicado, sostuvo que "como durante todo el trámite de esta causa, el Grupo Clarín seguirá a derecho, respetando la Constitución, la ley y los fallos de la justicia".

En el tramo más contradictorio del fallo, De las Carreras y Najurieta sostuvieron que, con la cautelar, Clarín mantiene "en suspenso tanto su obligación de desinvertir como el curso del plazo de un año que la norma estableció que no ha comenzado a correr a su respecto". Esta aclaración, que evalúa que si bien el término para la adecuación venció para el multimedios, el período de desinversión no puede empezar a computarse, colisiona de lleno con la interpretación restringida del fallo de la Corte del 22 de mayo pasado. El Máximo Tribunal había ordenado que a partir del 7 de diciembre de 2012, cuando venciera la cautelar y se le aplicara el artículo 161 a Clarín, "de ahí que estando su plazo para adecuarse a las disposiciones de la ley, vencido el 28 de diciembre de 2011, sea plenamente aplicable a la actora con todos sus efectos a partir de la fecha indicada".

07/07/12 Tiempo Argentino
 

GB

FELIPE VALLESE PARTE II

...y participará activamente en acciones vinculadas a la resistencia peronista. Compartirá cárcel con Sebastián

Borro y Armando Cabo. Integrará además la Juventud Peronista junto a Gustavo Rearte, Héctor Spina, Tito

Bevilacqua y Tuli Ferrari. El 23 de agosto de 1962, durante el gobierno de facto de José María Guido, Felipe

Vallese será secuestrado y posteriormente desaparecido.

Italo Vallese -hermano de Felipe, con quien mantenía algunas diferencias- relatará a la revista “¡Ocurrió!”

6

ciertas circunstancias del operativo. Sostuvo allí que esa noche concurrió a lo de su hermano a ver televisión.

Aproximadamente a las 23 horas salieron juntos del domicilio de este último relatando que se separaron en la

intersección de las calles Canalejas y Morelos. Italo se dirigía hacia el empalme de las calles Neuquén y Seguí

a encontrarse con una joven pero nunca llegó a destino, ya que fue detenido por un grupo de sujetos que descendieron de un Fiat modelo 1600 color claro. Ingresado por la fuerza al automóvil enfilaron raudamente hacia

el domicilio de Felipe, quien alquilaba una pieza en una vivienda grande donde habitaban Agustín Adaro y su

mujer Mercedes Cerviño, las hijas Olga y Moni, y además Elvia de la Peña y su mamá Ofelia. Todos ellos fueron

detenidos. Algunos de los componentes del “comité” policial ingresaron al domicilio a fin de preparar una

ratonera, mientras uno de ellos en particular ordenó a viva voz que el grupo restante se dirigiera hacia la calle

Canalejas. Luego se supo que los autores pertenecían a la Unidad Regional de San Martín comandada por Juan

Fiorillo, posteriormente identificado como uno de los secuestradores del delegado metalúrgico. Vallese será

finalmente interceptado en Canalejas 1776 a las 23.30 y trasladado hacia la comisaría primera de San Martín.

Italo creyó allí ver por última vez a su hermano golpeado y con la cabeza oculta por una venda.

6 Revista “¡Ocurrió!” Edición del 29 de agosto de 1963. “El caso

Vallese: enigma o encubrimiento”, página 13.

Inmediatamente la conducción de la UOM encabezada por Augusto Timoteo Vandor y Rosendo García, con el

asesoramiento letrado del Dr. Fernando Torres, presentó la denuncia pertinente comenzando de esta forma un

accionar judicial-sindical que tenazmente mantuvo el reclamo. Así por ejemplo diez meses después -en junio

de 1963- el sindicato “La Fraternidad” publicará una solicitada reclamando la aparición con vida de Vallese.

El título será premonitorio: “¿Puede desaparecer una persona?”. El final del texto concluirá de esta forma:

“medite quien lea este alegato: mañana puede tocarle desaparecer”

7. En las paredes comenzaron a aparecer

consignas como “¡Vallese no aparece, un pueblo que estremece!” Ciento treinta días habían transcurrido

de la desaparición del trabajador metalúrgico cuando el funcionario designado por el Ministerio del Interior

para investigar el caso -el “arquitecto” Carlos María Miguens- propuso casi mordazmente “crear una comisión

con facultades casi parlamentarias capaz de superar las dificultades que han impedido el esclarecimiento del

hecho”. Eran tiempos del ministro del Interior Rodolfo Martínez. Mariano Grondona detentaba el cargo de

Subsecretario en dicha cartera. Mientras Miguens dirigía una pesquisa que obviamente no conducía a ningún

resultado concreto, y el Juez de Instrucción Dr. Horacio Reborí intentaba obtener el comparendo de la plana

mayor de la Unidad Regional de San Martín, en el Juzgado Federal con asiento en San Martín a cargo del

Dr. Jorge Luque se inicia un juicio por subversión contra Italo Vallese y Francisco Raúl Sánchez, Rosa Sala,

Elvia Raquel de la Peña y Mercedes Cerviño de Adaro, quienes afirmaban haber sido secuestradas por la policía

bonaerense entre el 23 y 24 de agosto de 1962. El abogado de la UOM requerirá ante el mismo juzgado el

7 Incháurregui, Alejandro: “¿Puede desaparecer una persona?”. En

www.elortiba.org. Incháurregui es fundador del Equipo Argentino

de Antropología Forense.

Incháurregui, Alejandro: “¿Puede desaparecer una persona?”. En

www.elortiba.org. Incháurregui es fundador del Equipo Argentino

de Antropología Forense.

allanamiento de la comisaría y el magistrado se limitará a “pedir informes”. No obstante, Luque pondrá en

libertad a los detenidos por falta de mérito y ordenará una investigación por falsificación de sumario. Se supo

posteriormente que los funcionarios policiales declararon falazmente que la detención de los referidos -excepto

Vallese, a quien desconocieron- había acontecido el 1 de setiembre en la localidad de José Ingenieros portando

ellos armas panfletos y libros peronistas y comunistas, y que se los procesaba por aplicación del decreto 4161

que reprimía cualquier tipo de referencia y participación en el peronismo. El comunicado decía que: “Los detenidos

tenían abundante propaganda peronista-comunista, panfletos cuyos títulos decían ‘Contra los préstamos del

F.M.I. que atentan contra la soberanía del país’ y ‘No queremos préstamos que engorden a los enemigos del

pueblo’. Firmados: Juventud Peronista”.

Los detenidos fueron sobreseídos definitivamente por el Juez Provincial Cáceres quien reveló su convicción de

que la actuación policial había sido “…un abuso inadmisible y perjudicial”, interpretando que “…el accionar

policial podía constituir delito contra la libertad individual, violación de domicilio”. El magistrado remitirá

finalmente la causa al Juzgado Penal 3 de la Plata. El abogado Torres

8, un año después del secuestro, convocará

a una conferencia de prensa en la que exhibirá públicamente

copias fotográficas de los sumarios y de las declaraciones testimoniales. Relatará en tal oportunidad

que “… el obrero desaparecido se aferró a un árbol ubicado frente al número 1776 de la calle Canalejas. Se

lo golpeó brutalmente y luego fue introducido en una camioneta (Estanciera, se sabe) y agregó que “en el

tronco del árbol se encontraron cabellos y parte de una uña de Vallese, como así también hilachas verdes de una

bufanda. El vehículo que lo transportó llevaba chapa patente de Capital número 345.457”. Torres informó

8 Revista “¡Ocurrió!” Edición del 29 de agosto de 1963. Op.cit.

además que el automóvil pertenecía a Carlos Osvaldo Ibáñez, detenido por la comisaría novena bajo cargos de contrabando el 27 de julio de ese año. La madre de Ibáñez testificó que el vehículo estacionado en la comisaría

desapareció por varios días. Todos los testigos coincidieron, según el relato del letrado, que al momento de ser

apresado Vallese gritó “¡Papá, me matan!”. Además de la causa judicial surgió que algunos vecinos intentaron

detener a los agresores, pero que fueron amedrentados, y que una vez avisada la policía esta llegó una hora después.

Quienes compartieron la prisión con Vallese testificaron que su cuerpo, ya en la seccional, presentaba

“visibles huellas de castigo”. Felipe, por su parte, llegó a alcanzarle a Ambrosio Brochero un papel de cigarrillos donde anotó su nombre y el número de teléfono de la UOM. Se comprobó posteriormente que luego fue conducido a la comisaría de Villa Lynch donde siguió siendo

vejado y golpeado. Acto seguido Torres enunció a viva voz los nombres de los implicados y sindicó al comisario

Inspector Pedro Nogueira como quien planeó y ordenó el secuestro presuntamente para vengar la muerte de dos sargentos ocurrida en la calle Gascón 257 de la capital el 7 de julio de 1962, según versiones en manos de Alberto Rearte. El espíritu de venganza, para el abogado, “provocó que los encargados de la pesquisa se vieran

poseídos por una histeria demencial”.

Cuarenta y cuatro años después, el miércoles 31 de mayo de 2006, el periódico La Nación -donde cuantiosas

veces ejerció de columnista el mismísimo Grondona-, anunciará que “Juan Fiorillo, un policía retirado acusado

de ser el autor material del secuestro, en 1962, del joven obrero metalúrgico Felipe Vallese, considerado el

primer desaparecido político argentino (...) fue detenido en su casa de Villa Adelina, adonde regresó hoy después de pasar la noche en la sede de la DDI platense y que le

sea otorgada la detención domiciliaria”.

 En 1962 Juan Fiorillo tenía 31 años, y era en ese entonces jefe de la Brigada de Servicios Externos de la Unidad Regional San Martín.

FRANCISCO PESTANHA

GB

Felipe Vallese, desaparecido por fuerzas policiales en agosto de 1962 PARTE I

“¡Papá, me matan!”

Por Francisco José

Pestanha

Profesor titular

del seminario

“Pensamiento Nacional

y Latinoamericano” de la

UNLA

“Los hombres, los pueblos, las sociedades, nunca

pueden ser considerados como las letras de una

expresión algebraica, porque siendo la esencia

del hombre la espontaneidad y la libertad, resulta

forzosamente que la consecuencia es la variabilidad

hasta lo infinito. Por eso son falsos la mayor parte de

los sistemas históricos que se han construido sobre

una base exclusiva”.

Alejo Peyret

La desaparición de Felipe Vallese, trabajador metalúrgico y militante de la Juventud Peronista, ocurrida el 23

de agosto de 1962, no solo constituyó uno de los acontecimientos más sombríos de la historia política argentina

del siglo pasado, sino también el indicio de un dispositivo represivo que, décadas después, sería asumido por el

Estado para neutralizar diversas experiencias de organización popular. En su legendario libro “Felipe Vallese:

Proceso al sistema”, Ortega Peña y Duhalde trazarán un interesante paralelismo entre tal dispositivo y aquel

al que apeló el centralismo oligárquico conducido por Bartolomé Mitre para exterminar las “hordas vandálicas”,

a través de las cuales se expresaba política y militarmente la “barbarie” del interior representada por

las montoneras del Chacho Peñaloza y de Felipe Varela.

La guerra de policía será el recurso utilizado, y la transmutación del combatiente a “delincuente”, la operación

para llevarla a cabo. Vallese, desaparecido por fuerzas policiales, fue para los autores un “vándalo que

quería cambiar la semicolonia en que vivimos por una Patria”. Era un “vándalo” porque era un integrante de

la Juventud Peronista, era un “vándalo” porque era un trabajador metalúrgico”

1. Era un vándalo porque era un

descamisado, agregamos

2.

En rigor de verdad, como sostiene Roberto Bardini

3, durante el siglo XX otro luctuoso acontecimiento obró

como antecedente de tal dispositivo. Juan Ingallinella, médico santafesino y militante de un sector del Parti-

1 Ortega Peña, Rodolfo y Duhalde, Eduardo: “Felipe Vallese:

Proceso al sistema”. Editorial Sudestada. Buenos Aires 1967. El

texto original fue financiado por la UOM a instancias de A. Vandor.

2 Descamisados: vocablo aparecido por primera vez en el diario

“Crítica” para calificar en forma peyorativa a los argentinos y

argentinas que concurrieron a la Plaza de Mayo el 17 de octubre de

1945. El apelativo, según Fermín Chávez, proviene de la facción

de partidarios de Rafael de Riego y Núñez y de adherentes a la

Constitución Española de 1812, estimando probable que fuera

una adaptación de los Sans Culottes (sin calzones), sector social

heterogéneo compuesto por los trabajadores, artesanos y pequeños

comerciantes que se alzó contra el régimen monárquico en

oportunidad de la Revolución Francesa.

3 Bardini, Roberto:

do Comunista que, aunque ostensiblemente opositor, se   manifestó expresamente contra la asonada sangrienta

del 16 de junio de 1955 que intentó derrocar a Juan Domingo Perón, fue detenido por fuerzas policiales y

su cadáver nunca fue hallado. El 17 de junio de 1955, Ingallinella había repartido volantes cerca del Frigorífico

Swift en la zona sur de Rosario. Por la tarde “...tres policías al mando del oficial Telémaco Ojeda llegaron

a pie a su casa y lo detuvieron junto con su cuñado, Joaquín Trumper”

4. Llevado a la Jefatura de Policía fue

brutalmente torturado con picana eléctrica por el comisario Francisco Lozón y otros policías hasta que murió

de un paro cardíaco. Tenía en ese entonces 43 años. Su cuerpo fue presumiblemente arrojado al río Paraná. La

desaparición de Ingallinella dio origen a un sumario judicial iniciado en agosto de 1955, y casi inmediatamente

comenzó el proceso a los policías involucrados. La verdad de los hechos pudo obtenerse merced a la defección

de Rogelio Tixe -uno de los participantes en el secuestro- quien rompió el silencio. Corría el mes de marzo de

1961 cuando el Juez Juan Antonio Vitullo, según Bardini,

condenó a Lozón, Monzón y Tixe a prisión perpetua, y a Serrano a dos años de prisión. Posteriormente

fueron rebajadas las penas de los condenados a prisión

4 Bardini, Roberto: “Réquiem para Juan Ingallinella”.

Op.cit.

perpetua: 20 años en el caso de Lozón, y 15 años para los otros policías. Aún así, el crimen no quedó impune.

Felipe Vallese había nacido en 1940. En 1958 será designado delegado por la Unión Obrera Metalúrgica en la

fábrica TEA SRL (Fábrica de Transfilación y Esmaltación de Alambres). Según relató su propio hijo Eduardo

de la Peña, “como delegado su padre consiguió varias conquistas, como hacer respetar los horarios de entrada

y salida, actualizar los jornales, contar con vestimenta y refrigerio, mejorar los sueldos y cobrar en blanco. Pasó

algo curioso: en su primer año de trabajo, los dueños de la fábrica no querían saber nada con mi viejo, lo criticaban

por ponerles a todos los trabajadores en contra. Pero después se dieron cuenta de que las reivindicaciones

a los empleados resultaban beneficiosas, porque la gente, al estar mejor, producía más y el negocio crecía.

Al punto de que cuando lo secuestraron, los jefes de TEA hicieron una conferencia de prensa donde se mostraron

preocupados por el caso, y prometieron guardar su puesto hasta su aparición”

5. Según algunos testimonios

Vallese frecuentará al grupo de Corrientes y Esmeralda

5 “Encontrar a mi vieja es ahora el objetivo principal”: Entrevista

a Eduardo de la Peña. Periódico “Tiempo Argentino”, edición del

14 de septiembre de 2012. http://tiempo.infonews.