"La información no puede proveerse con lógica privada o de mercado"
El presidente ecuatoriano elogió la Ley de Medios argentina y planteó pensar la comunicación con lógica pública y de derechos.
Por Pablo Roesler
Si me muerde un perro, los medios de comunicación de Ecuador le hacen una entrevista al perro. Y si pateo el perro para defenderme, me denuncian ante la CIDH por violar los Derechos Humanos.” Con ironía y humor, el presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa Delgado, brindó ayer una conferencia sobre la prensa de su país en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, donde fue galardonado con el premio Rodolfo Walsh a los Presidentes Latinoamericanos por la Comunicación Popular.
El mandatario fustigó la concentración mediática y detalló la injerencia que tiene en la vida política y económica de los países en desarrollo, denostó la utilización de la mentira como práctica periodística, y planteó discutir que la comunicación social sea pensada "con lógica pública y de derechos", y ya no con la lógica "de los negocios".
Correa recibió el galardón de manos de la decana de esa facultad, Florencia Saintout, durante un acto realizado a las 16 ante unos 700 invitados, entre funcionarios públicos y universitarios y una multitud de militantes de organizaciones políticas y sociales que encabezaron tres organizaciones de Unidos y Organizados: el Movimiento Evita, La Cámpora y Tupac Amaru, quienes se ubicaron de frente al escenario montado delante del edificio Néstor Kirchner, bajo el sol ardiente de la tarde platense. En el escenario lo acompañaron el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, y el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, referentes políticos y de Derechos Humanos como la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la titular de Madres, Hebe de Bonafini, entre otros.
El presidente expuso durante una hora y media, aproximadamente la duración de una ponencia académica. Es que esperaba encontrarse con un escenario áulico y no con "un acto popular, casi de masas", confesó. Con proyección de imágenes de los medios escritos de su país que apoyaron sus palabras, explicó que "los medios no entienden que las verdades a medias son doble mentira y dicen que debemos tolerar la mentira en nombre de la libertad de expresión".
Después de recordar al periodista Rodolfo Walsh, Correa avanzó en su exposición, en la que felicitó a los argentinos por la aprobación en el Congreso de la Ley de Medios, que en Ecuador lleva cuatro años sin poder aprobarse "por presión de los medios de comunicación".
"En mi país había grupos económicos que invertían en comunicación no para informar sino para defender únicamente sus intereses", dijo y recalcó: "Pocas veces he visto tantas contradicciones en defensa de intereses con envolturas tan bellas como el nombre de libertad. Han tenido la habilidad de identificar negocios dedicados a la comunicación con la libertad de expresión, y a la crítica a estos negocios como oposición a esa libertad. Esto es tan absurdo como que por criticar al presidente se diga que se ataca la democracia. Lamentablemente, todavía hay gente que compra este discurso."
Por eso invitó a reflexionar: "La información no puede proveerse con lógica privada. Peor, con lógica de mercados, sino con lógica pública, de derechos. Si es reconocida como el cuarto poder, por qué entonces no plantearlo como una función del propio Estado, con legitimidad y controles democráticos." "En el mercado de la información, hay que paradójicamente liberar a la libertad. En este caso, la libertad de expresión, de la dictadura del capital", finalizó.
05/12/12 Tiempo Argentino
GB
miércoles, 5 de diciembre de 2012
LA AMERICA PROFUNDA
La experiencia histórica de la América profunda
La disputa legal así como el destino del pueblo argentino dependen en la actualidad de justicias foráneas
Por Federico Bernal
Con motivo de la reciente visita del presidente de Perú Ollanta Humala, Cristina Fernández de Kirchner aprovechó parte de su alocución de bienvenida a la cuestión del desendeudamiento y al "colonialismo judicial" emanado de EE UU, invitando a los países de la Unasur a regionalizar su discusión. La estratégica movida pasó desapercibida a la inmensa mayoría. El fallo de Griesa (sumado a la demanda de Repsol ante el CIADI por la expropiación de YPF) es colonialismo judicial porque, en esta materia, la Argentina está colonizada judicialmente. La disputa legal así como el destino del pueblo argentino dependen hoy de justicias foráneas. Y para descolonizar de raíz y definitivamente, nada mejor que la experiencia histórica, revolucionaria y antiimperialista de la América Profunda.
DE CÓMO EL NEOLIBERALISMO BARRIÓ CON LAS DOCTRINAS DRAGO Y CALVO. Analizábamos en nuestra columna del miércoles 28 de noviembre "Actualización de las doctrinas Drago y Calvo", la importancia de recordar aquellos planteos y renovarlos a la luz de la renegociación de la deuda soberana argentina y la amenaza Elliott-Griesa. ¿Acaso no se trata, como en 1902 con la Venezuela de Cipriano Castro, de una similar estrategia unilateral y compulsiva de cobranza por parte de acreedores privados? Expresó Drago en su célebre nota de 1902: "Todos los Estados, cualquiera que sea la fuerza de que dispongan, son entidades de derecho, perfectamente iguales entre sí y recíprocamente acreedoras por ello a las mismas consideraciones y respeto..."
Entre 1976 y fines de 2002, el neoliberalismo criollo barrió con Drago. Y no sólo con él. El Convenio para la Promoción y Protección de Inversiones (Ley 24.184 del 1/12/92) estableció el principio del trato nacional y cláusula de la nación más favorecida, el régimen de indemnización por pérdidas y el sistema particular de solución de controversias entre un inversor y el Estado receptor (CIADI). Contradiciendo a Mitre, la victoria de la Pérfida Albión en Malvinas sí le sirvió para embestirse de derechos, derechos para sentar las bases de la entrega del patrimonio público argentino y la soberanía económica y judicial. Y fue entonces como barrido Drago, se lo barrió después a Calvo. A propósito, la socióloga de la UBA Mabel Thwaites Rey explicó: "[En los noventa] los vientos de la globalización neoliberal empujaron con fuerza las antiguas barreras de la región [...].
Para ello, los Estados tuvieron que adecuar sus sistemas normativos y dejar atrás la arraigada Doctrina Calvo, que establecía que los problemas con firmas extranjeras se debían resolver en sedes judiciales locales, rechazándose de plano la jurisdicción externa. De modo que se avinieron a la demanda de los países 'exportadores' de capital y aceptaron someterse a tribunales internacionales, mediante la firma de convenios específicos" (Le Monde Diplomatique - Julio de 2003). ¿Y si contradecimos también a Mitre y logramos que las victorias en 2003, 2008 y 2011 nos embistan de derechos? ¿Será la actualización y regionalización de las doctrinas Drago y Calvo pieza clave de la solución de largo plazo para los pueblos sudamericanos a favor de las políticas soberanas de desendeudamiento, contra el reverdecer colonialista y el terrorismo financiero especulador internacional?
LA DOCTRINA CALVO VIVE EN LA UNASUR. Según explica en un impresionante trabajo el investigador de la Universidad de Pisa, Francesco Tamburini (Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. Número 24 de 2002): "La mayoría de las Constituciones latinoamericanas de hoy en día insertan, como si fuese un punto de honor, artículos que se refieren indudablemente a la doctrina Calvo." Menciona como ejemplos la Constitución boliviana de 1967, la guatemalteca de 1985, la salvadoreña de 1982, la ecuatoriana de 1998, la peruana de 1993 y la venezolana de 1999 (vigente), que en su artículo 151 señala:
"En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, en conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras."
DE CALVO Y DRAGO A CARRANZA, CÁRDENAS Y MOSCONI. El 15 de agosto de 1916, el jefe del Ejército Constitucionalista Venustiano Carranza expidió el decreto del gobierno provisional de la República Mexicana por el cual los extranjeros tenían la misma condición jurídica que los mexicanos. Aquellos interesados en invertir en el país, deberían presentar un escrito ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, considerándose mexicanos y renunciando a sus derechos de extranjeros. Aquí el antecedente del artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, aprobada durante el gobierno de Carranza. El artículo 27 portaba la cláusula Calvo:
"Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o de aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no evocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieren adquirido en virtud de lo mismo."
El artículo 27 plasmaba de forma inédita en América Latina los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias, respeto al derecho internacional y defensa de las riquezas naturales. En su libro El Petróleo argentino, Enrique Mosconi lo distingue como "el código más completo y que más ampliamente haya defendido los intereses petroleros de un país". La Doctrina Carranza, llevada al plano constitucional, se asentaba su vez en el espíritu de la doctrinas Calvo y Drago, fusionadas y optimizadas por el nacionalismo revolucionario mexicano, y llevadas a su máxima expresión con Lázaro Cárdenas y la nacionalización del petróleo, dos décadas después.
LA AMÉRICA PROFUNDA Y LA DESCOLONIZACIÓN JUDICIAL. Al regionalizar la cuestión de la deuda soberana, Cristina abrió las puertas a una nueva Cumbre de Mar del Plata, a una nueva victoria sudamericana sobre la siempre latente doctrina del Destino manifiesto. A propósito, el maestro Pérez Amuchástegui explicaba así el nacimiento del imperialismo y la cuestión del endeudamiento del Tercer Mundo, a finales del siglo XIX: "Los capitales disponibles de grandes empresas anónimas trataban de ser invertidos por sus directores, con elevadas tasas de interés aunque también con indudables riesgos, en países económicamente atrasados que quedaban expuestos a la más cruda dependencia. [...] los tenedores de bonos se beneficiaban con los intereses pagados por pueblos que pujaban por desarrollarse.
Esa búsqueda incesante de mercados promisorios se resolvió en dos manifestaciones concurrentes aunque distintas: el colonialismo ejecutado por EE UU con el auspicio de los consorcios financieros, y el imperialismo impuesto por estos bajo el amparo de aquellos. Esos afanes colonialistas –equivalentes a la anulación de las soberanías locales mediante actos de fuerza– se complementaron con la pacífica pero no menos dominante acción imperialista [sobre] los países latinoamericanos, cuyas economías quedaron sujetas al capital foráneo" (Pérez Amuchástegui. Crónica Argentina - Tomo 5). ¿Qué cambió desde entonces? El más acérrimo enemigo de las doctrinas Drago y Calvo fue EE UU, hoy día, el peor obstáculo para la descolonización judicial de la Argentina y el éxito de su desendeudamiento. Esta arquitectura jurídica colonial, pacientemente construida desde 1976 y aplicada en los noventa, favorece los intereses extranjeros en el país pero en detrimento de nuestra seguridad nacional. Su incompatibilidad con el modelo iniciado en 2003 resulta a todas luces insostenible. La solución está en la propia experiencia histórica, y dentro suyo, en la riqueza revolucionaria, popular y antiimperialista de nuestra América Profunda.
05/12/12 Tiempo Argentino
Prof GB
La disputa legal así como el destino del pueblo argentino dependen en la actualidad de justicias foráneas
Por Federico Bernal
Con motivo de la reciente visita del presidente de Perú Ollanta Humala, Cristina Fernández de Kirchner aprovechó parte de su alocución de bienvenida a la cuestión del desendeudamiento y al "colonialismo judicial" emanado de EE UU, invitando a los países de la Unasur a regionalizar su discusión. La estratégica movida pasó desapercibida a la inmensa mayoría. El fallo de Griesa (sumado a la demanda de Repsol ante el CIADI por la expropiación de YPF) es colonialismo judicial porque, en esta materia, la Argentina está colonizada judicialmente. La disputa legal así como el destino del pueblo argentino dependen hoy de justicias foráneas. Y para descolonizar de raíz y definitivamente, nada mejor que la experiencia histórica, revolucionaria y antiimperialista de la América Profunda.
DE CÓMO EL NEOLIBERALISMO BARRIÓ CON LAS DOCTRINAS DRAGO Y CALVO. Analizábamos en nuestra columna del miércoles 28 de noviembre "Actualización de las doctrinas Drago y Calvo", la importancia de recordar aquellos planteos y renovarlos a la luz de la renegociación de la deuda soberana argentina y la amenaza Elliott-Griesa. ¿Acaso no se trata, como en 1902 con la Venezuela de Cipriano Castro, de una similar estrategia unilateral y compulsiva de cobranza por parte de acreedores privados? Expresó Drago en su célebre nota de 1902: "Todos los Estados, cualquiera que sea la fuerza de que dispongan, son entidades de derecho, perfectamente iguales entre sí y recíprocamente acreedoras por ello a las mismas consideraciones y respeto..."
Entre 1976 y fines de 2002, el neoliberalismo criollo barrió con Drago. Y no sólo con él. El Convenio para la Promoción y Protección de Inversiones (Ley 24.184 del 1/12/92) estableció el principio del trato nacional y cláusula de la nación más favorecida, el régimen de indemnización por pérdidas y el sistema particular de solución de controversias entre un inversor y el Estado receptor (CIADI). Contradiciendo a Mitre, la victoria de la Pérfida Albión en Malvinas sí le sirvió para embestirse de derechos, derechos para sentar las bases de la entrega del patrimonio público argentino y la soberanía económica y judicial. Y fue entonces como barrido Drago, se lo barrió después a Calvo. A propósito, la socióloga de la UBA Mabel Thwaites Rey explicó: "[En los noventa] los vientos de la globalización neoliberal empujaron con fuerza las antiguas barreras de la región [...].
Para ello, los Estados tuvieron que adecuar sus sistemas normativos y dejar atrás la arraigada Doctrina Calvo, que establecía que los problemas con firmas extranjeras se debían resolver en sedes judiciales locales, rechazándose de plano la jurisdicción externa. De modo que se avinieron a la demanda de los países 'exportadores' de capital y aceptaron someterse a tribunales internacionales, mediante la firma de convenios específicos" (Le Monde Diplomatique - Julio de 2003). ¿Y si contradecimos también a Mitre y logramos que las victorias en 2003, 2008 y 2011 nos embistan de derechos? ¿Será la actualización y regionalización de las doctrinas Drago y Calvo pieza clave de la solución de largo plazo para los pueblos sudamericanos a favor de las políticas soberanas de desendeudamiento, contra el reverdecer colonialista y el terrorismo financiero especulador internacional?
LA DOCTRINA CALVO VIVE EN LA UNASUR. Según explica en un impresionante trabajo el investigador de la Universidad de Pisa, Francesco Tamburini (Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. Número 24 de 2002): "La mayoría de las Constituciones latinoamericanas de hoy en día insertan, como si fuese un punto de honor, artículos que se refieren indudablemente a la doctrina Calvo." Menciona como ejemplos la Constitución boliviana de 1967, la guatemalteca de 1985, la salvadoreña de 1982, la ecuatoriana de 1998, la peruana de 1993 y la venezolana de 1999 (vigente), que en su artículo 151 señala:
"En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, en conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras."
DE CALVO Y DRAGO A CARRANZA, CÁRDENAS Y MOSCONI. El 15 de agosto de 1916, el jefe del Ejército Constitucionalista Venustiano Carranza expidió el decreto del gobierno provisional de la República Mexicana por el cual los extranjeros tenían la misma condición jurídica que los mexicanos. Aquellos interesados en invertir en el país, deberían presentar un escrito ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, considerándose mexicanos y renunciando a sus derechos de extranjeros. Aquí el antecedente del artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, aprobada durante el gobierno de Carranza. El artículo 27 portaba la cláusula Calvo:
"Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o de aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no evocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieren adquirido en virtud de lo mismo."
El artículo 27 plasmaba de forma inédita en América Latina los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias, respeto al derecho internacional y defensa de las riquezas naturales. En su libro El Petróleo argentino, Enrique Mosconi lo distingue como "el código más completo y que más ampliamente haya defendido los intereses petroleros de un país". La Doctrina Carranza, llevada al plano constitucional, se asentaba su vez en el espíritu de la doctrinas Calvo y Drago, fusionadas y optimizadas por el nacionalismo revolucionario mexicano, y llevadas a su máxima expresión con Lázaro Cárdenas y la nacionalización del petróleo, dos décadas después.
LA AMÉRICA PROFUNDA Y LA DESCOLONIZACIÓN JUDICIAL. Al regionalizar la cuestión de la deuda soberana, Cristina abrió las puertas a una nueva Cumbre de Mar del Plata, a una nueva victoria sudamericana sobre la siempre latente doctrina del Destino manifiesto. A propósito, el maestro Pérez Amuchástegui explicaba así el nacimiento del imperialismo y la cuestión del endeudamiento del Tercer Mundo, a finales del siglo XIX: "Los capitales disponibles de grandes empresas anónimas trataban de ser invertidos por sus directores, con elevadas tasas de interés aunque también con indudables riesgos, en países económicamente atrasados que quedaban expuestos a la más cruda dependencia. [...] los tenedores de bonos se beneficiaban con los intereses pagados por pueblos que pujaban por desarrollarse.
Esa búsqueda incesante de mercados promisorios se resolvió en dos manifestaciones concurrentes aunque distintas: el colonialismo ejecutado por EE UU con el auspicio de los consorcios financieros, y el imperialismo impuesto por estos bajo el amparo de aquellos. Esos afanes colonialistas –equivalentes a la anulación de las soberanías locales mediante actos de fuerza– se complementaron con la pacífica pero no menos dominante acción imperialista [sobre] los países latinoamericanos, cuyas economías quedaron sujetas al capital foráneo" (Pérez Amuchástegui. Crónica Argentina - Tomo 5). ¿Qué cambió desde entonces? El más acérrimo enemigo de las doctrinas Drago y Calvo fue EE UU, hoy día, el peor obstáculo para la descolonización judicial de la Argentina y el éxito de su desendeudamiento. Esta arquitectura jurídica colonial, pacientemente construida desde 1976 y aplicada en los noventa, favorece los intereses extranjeros en el país pero en detrimento de nuestra seguridad nacional. Su incompatibilidad con el modelo iniciado en 2003 resulta a todas luces insostenible. La solución está en la propia experiencia histórica, y dentro suyo, en la riqueza revolucionaria, popular y antiimperialista de nuestra América Profunda.
05/12/12 Tiempo Argentino
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CORTE SUPREMA OFICIALISTA?
EL MAXIMO TRIBUNAL DIO A CONOCER DECISIONES CONTRARIAS A LOS INTERESES DEL GOBIERNO
Los tres fallos de los jueces supremos
La Corte cuestionó al PAMI por negarse a darle a una ONG datos sobre su presupuesto destinado a publicidad. También confirmó que la Nación debe poner avisos en medios de editorial Perfil y criticó a la Anses por las recusaciones de jueces en demandas de jubilados.
Por Irina Hauser
Casualidad o no, podría decirse que ayer en la Corte Suprema fue un día de fallos contra la Casa Rosada. El alto tribunal difundió tres decisiones que, además, no aluden a cualquier tema sino a asuntos de alta sensibilidad. En una de las resoluciones reivindicó el derecho constitucional de acceso a la información pública y acusó al PAMI de haber incurrido en un acto “arbitrario e ilegítimo” al negarse a darle a una ONG información sobre su presupuesto de 2009 destinado a publicidad oficial y los detalles de cómo la distribuyó en un período de dos meses. En otra sentencia, confirmó que el Gobierno tiene que poner publicidad estatal en tres medios gráficos de editorial Perfil y que debe presentar un esquema de distribución que siga un criterio de “proporcionalidad y equidad” que incluso pueda ser revisado judicialmente. Un tercer pronunciamiento cuestiona a la Anses por el “ejercicio masivo” de las recusaciones contra jueces en las demandas de jubilados.
Después de ocuparse la semana pasada de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuando rechazó –en este caso mayormente a favor del Gobierno– el reclamo de extensión de una medida cautelar favorable a Clarín, ayer la Corte sentó posición respecto de tres temas relacionados con asuntos de Gobierno y que generan susceptibilidades.
Uno de los fallos tiene origen en una causa promovida por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una ONG que en 2009 le había pedido al PAMI que le informara qué presupuesto destinaba a publicidad y cuál fue su inversión publicitaria en mayo y junio de ese año, todo detallado según los distintos medios. Sin embargo, el instituto de servicios sociales para jubilados se negó a proporcionar esos datos, argumentando que el decreto que regula el acceso a la información pública (1172/03) sólo se aplica a instituciones que forman parte del Estado, y que el PAMI es un ente público no estatal. Los tribunales de primera y segunda instancia le habían dado la razón a la ADC. El PAMI llevó el caso a la Corte con un recurso extraordinario.
En función de la discusión ventilada en una audiencia pública el 22 de noviembre último, la Corte resolvió –en una sentencia firmada por todos sus integrantes– ordenar al PAMI que proporcionara toda la información solicitada por la ONG que, entre otras cosas, evaluó que no era confidencial. El fallo señala que la Constitución garantiza “el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública”. Y concluye que aunque el PAMI “no tenga naturaleza estatal, dadas sus especiales características y los importantes y trascendentes intereses públicos involucrados, la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trata de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y publicidad de gestión de Gobierno”.
El acceso a la información, según definieron los jueces supremos, es “un derecho humano”, consagrado por el derecho internacional, y es un derecho individual que el Estado está obligado a garantizar. Es “el derecho de toda persona a conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”. El Estado, dice el fallo, tiene que garantizarlo “desde todos los órganos de poder público”. Esto abarca, precisa, no sólo los órganos estatales, sino también empresas del Estado, hospitales, entre otros.
Como respaldo, la resolución suprema cita sus propios antecedentes en causas sobre libertad de prensa y publicidad oficial. Ayer, sin ir más lejos, la Corte volvió sobre una demanda promovida por editorial Perfil, que había denunciado al Gobierno por no poner publicidad en tres de sus publicaciones (las revistas Noticias, Fortuna y el diario Perfil). Lo que hizo el máximo tribunal fue rechazar un recurso del Estado y dejar firme una decisión de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que lo obliga a suministrar publicidad oficial a los tres medios impresos y a presentar un esquema de reparto de pauta equitativo y proporcional, que no discrimine y que pueda estar sometido a control judicial. En rigor, la Corte ya había fallado a favor de la editorial Perfil en este tema con el argumento de que no puede haber criterios excluyentes en la distribución de la publicidad estatal, pero tuvo que volver a pronunciarse por las complicaciones que surgieron en la etapa de ejecución de la sentencia. La editorial, en rigor, triunfó en todas las instancias judiciales por las que pasó.
La resolución que cuestiona las recusaciones de la Anses en causas promovidas por jubilados tiene dos aristas importantes: la Corte tiene pendiente resolver si hace lugar a una acción colectiva de reajustes jubilatorios en función de los fallos Badaro y Eliff; el cuestionamiento a las recusaciones de jueces llega en momentos en que la Cámara Civil y Comercial y la Asociación de Magistrados presentaron quejas por ese tipo de medidas promovidas desde el Gobierno en casos de gran trascendencia, en especial por la ley de medios.
05/12/12 Página|12
GB
Los tres fallos de los jueces supremos
La Corte cuestionó al PAMI por negarse a darle a una ONG datos sobre su presupuesto destinado a publicidad. También confirmó que la Nación debe poner avisos en medios de editorial Perfil y criticó a la Anses por las recusaciones de jueces en demandas de jubilados.
Por Irina Hauser
Casualidad o no, podría decirse que ayer en la Corte Suprema fue un día de fallos contra la Casa Rosada. El alto tribunal difundió tres decisiones que, además, no aluden a cualquier tema sino a asuntos de alta sensibilidad. En una de las resoluciones reivindicó el derecho constitucional de acceso a la información pública y acusó al PAMI de haber incurrido en un acto “arbitrario e ilegítimo” al negarse a darle a una ONG información sobre su presupuesto de 2009 destinado a publicidad oficial y los detalles de cómo la distribuyó en un período de dos meses. En otra sentencia, confirmó que el Gobierno tiene que poner publicidad estatal en tres medios gráficos de editorial Perfil y que debe presentar un esquema de distribución que siga un criterio de “proporcionalidad y equidad” que incluso pueda ser revisado judicialmente. Un tercer pronunciamiento cuestiona a la Anses por el “ejercicio masivo” de las recusaciones contra jueces en las demandas de jubilados.
Después de ocuparse la semana pasada de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuando rechazó –en este caso mayormente a favor del Gobierno– el reclamo de extensión de una medida cautelar favorable a Clarín, ayer la Corte sentó posición respecto de tres temas relacionados con asuntos de Gobierno y que generan susceptibilidades.
Uno de los fallos tiene origen en una causa promovida por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una ONG que en 2009 le había pedido al PAMI que le informara qué presupuesto destinaba a publicidad y cuál fue su inversión publicitaria en mayo y junio de ese año, todo detallado según los distintos medios. Sin embargo, el instituto de servicios sociales para jubilados se negó a proporcionar esos datos, argumentando que el decreto que regula el acceso a la información pública (1172/03) sólo se aplica a instituciones que forman parte del Estado, y que el PAMI es un ente público no estatal. Los tribunales de primera y segunda instancia le habían dado la razón a la ADC. El PAMI llevó el caso a la Corte con un recurso extraordinario.
En función de la discusión ventilada en una audiencia pública el 22 de noviembre último, la Corte resolvió –en una sentencia firmada por todos sus integrantes– ordenar al PAMI que proporcionara toda la información solicitada por la ONG que, entre otras cosas, evaluó que no era confidencial. El fallo señala que la Constitución garantiza “el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública”. Y concluye que aunque el PAMI “no tenga naturaleza estatal, dadas sus especiales características y los importantes y trascendentes intereses públicos involucrados, la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trata de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y publicidad de gestión de Gobierno”.
El acceso a la información, según definieron los jueces supremos, es “un derecho humano”, consagrado por el derecho internacional, y es un derecho individual que el Estado está obligado a garantizar. Es “el derecho de toda persona a conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”. El Estado, dice el fallo, tiene que garantizarlo “desde todos los órganos de poder público”. Esto abarca, precisa, no sólo los órganos estatales, sino también empresas del Estado, hospitales, entre otros.
Como respaldo, la resolución suprema cita sus propios antecedentes en causas sobre libertad de prensa y publicidad oficial. Ayer, sin ir más lejos, la Corte volvió sobre una demanda promovida por editorial Perfil, que había denunciado al Gobierno por no poner publicidad en tres de sus publicaciones (las revistas Noticias, Fortuna y el diario Perfil). Lo que hizo el máximo tribunal fue rechazar un recurso del Estado y dejar firme una decisión de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que lo obliga a suministrar publicidad oficial a los tres medios impresos y a presentar un esquema de reparto de pauta equitativo y proporcional, que no discrimine y que pueda estar sometido a control judicial. En rigor, la Corte ya había fallado a favor de la editorial Perfil en este tema con el argumento de que no puede haber criterios excluyentes en la distribución de la publicidad estatal, pero tuvo que volver a pronunciarse por las complicaciones que surgieron en la etapa de ejecución de la sentencia. La editorial, en rigor, triunfó en todas las instancias judiciales por las que pasó.
La resolución que cuestiona las recusaciones de la Anses en causas promovidas por jubilados tiene dos aristas importantes: la Corte tiene pendiente resolver si hace lugar a una acción colectiva de reajustes jubilatorios en función de los fallos Badaro y Eliff; el cuestionamiento a las recusaciones de jueces llega en momentos en que la Cámara Civil y Comercial y la Asociación de Magistrados presentaron quejas por ese tipo de medidas promovidas desde el Gobierno en casos de gran trascendencia, en especial por la ley de medios.
05/12/12 Página|12
GB
OBISPOS DE UNA IGLESIA QUE COMULGA A VIDELA
El peligro de dividirnos en bandos irreconciliables
Arancedo tiene derecho a expresarse desde su posición política, pero no como las palabras de la Iglesia.
Por Clelia Luro de Podestá
Felizmente el 8N no contaba como en aquellos tiempos con un ejército como antes, adonde los políticos que promovían la marcha golpeaban las puertas de los cuarteles produciendo el golpe cívico militar más horrible de nuestra historia. La Iglesia entonces, aunque tarde, hizo un mea culpa por no haber actuado como debía haberlo hecho, pero los políticos hasta el día de hoy no lo han hecho.
El 8N los periodistas preguntaban a los manifestantes cuál era la razón que los llevaba a la marcha y fuera de lo más fuerte que escuché, que fue pedir la muerte de Cristina o que se fueran todos, no había propuestas; sencillamente porque no las tenían.
Los que estaban detrás de la organización, o sea la "Oposición", no estaban presentes: los que no saben vivir en la Democracia que tanto nos costó recuperar, los que solo están ansiando llegar al poder sin saber esperar su momento, si les llega, y mientras tanto irse preparando sacando proyectos, formando sus remplazantes de Cristina, y sin poner palos en la rueda, dejando simplemente gobernar y deseando que la Patria crezca. Si no sienten la Patria por encima de sus ansias de poder, al menos inteligentemente debieran pensar que si el país mejora, más fácil será para ellos gobernar, sin encontrar un país arrasado como el que dejaron en el 2000.
Monseñor Arancedo creo que no pudo ni supo analizar estas cosas tan simples, porque tiene otro pensamiento político propio y refiriéndose a la preocupación de los obispos implicó a todos, pero la verdad y realidad vivida de cerca por mí, es que el Episcopado ayer y hoy no es un cuerpo donde todos piensen lo mismo. La única diferencia es que los unen códigos que dolorosamente les impiden expresar libremente sus diferentes formas de pensar. Yo recuerdo bien, cuando Jerónimo (Podestá), (Jaime) De Nevares, (Enrique) Angelelli y otros lo sufrían en su tiempo cuando teníamos un (Antonio) Plaza, un (Adolfo) Tortolo, un (Victorio) Bonamín y otros que obligatoriamente por pertenecer al Episcopado callaban.
Cuando a Jerónimo (Podestá), a pesar de no tener sanción canónica no lo dejaban entrar y participar de la Asamblea, no hubo un año en que no escribiera una "Carta a los Obispos en tiempo de la Dictadura Militar" y las entregaba en mano a cada obispo para no callar. Las tengo publicadas en varios libros que he entregado durante estos 12 años de ausencia.
Sería largo analizar las palabras de Arancedo. Tiene derecho a expresarse desde su posición política, pero no como las palabras de la Iglesia: es una pena, el Documento que sacaron en Pilar estuvo mejor que otros salvo el punto 4 cuando no se pronuncian con la fuerza de la Verdad que todos esperábamos. Ya la justicia se había pronunciado con respecto a algunos miembros. Esperamos que así como Arancedo hoy analiza sus puntos, prontamente aparezca un análisis más veraz sobre el comportamiento de algunos obispos durante la época nefasta de la Dictadura. También como Pueblo de Dios en marcha, les pedimos que soliciten a Roma la excomunión para el General Videla que confiesa públicamente su conducción del golpe sin manifestar arrepentimiento por todas las atrocidades que se cometieron.
Como decía Jerónimo "me duele mi patria, me duele mi Iglesia". Yo sufro con la misma intensidad y cuando se expresa un obispo en nombre de la Iglesia, me duele con mayor profundidad, porque querría escucharla agradeciendo a Dios los momentos políticos que estamos viviendo, agradecer a Dios la Libertad para pronunciarse si no se está de acuerdo, sin represión, con libertad de palabra. Cuando veo los rostros de los que escuchan a Cristina con una mezcla de emoción y alegría, doy gracias a Dios y le ruego que la ayude a gobernar, que no es fácil con tantos argentinos que parece hemos perdido la memoria.
05/12/12 Tiempo Argentino
GB
Arancedo tiene derecho a expresarse desde su posición política, pero no como las palabras de la Iglesia.
Por Clelia Luro de Podestá
Felizmente el 8N no contaba como en aquellos tiempos con un ejército como antes, adonde los políticos que promovían la marcha golpeaban las puertas de los cuarteles produciendo el golpe cívico militar más horrible de nuestra historia. La Iglesia entonces, aunque tarde, hizo un mea culpa por no haber actuado como debía haberlo hecho, pero los políticos hasta el día de hoy no lo han hecho.
El 8N los periodistas preguntaban a los manifestantes cuál era la razón que los llevaba a la marcha y fuera de lo más fuerte que escuché, que fue pedir la muerte de Cristina o que se fueran todos, no había propuestas; sencillamente porque no las tenían.
Los que estaban detrás de la organización, o sea la "Oposición", no estaban presentes: los que no saben vivir en la Democracia que tanto nos costó recuperar, los que solo están ansiando llegar al poder sin saber esperar su momento, si les llega, y mientras tanto irse preparando sacando proyectos, formando sus remplazantes de Cristina, y sin poner palos en la rueda, dejando simplemente gobernar y deseando que la Patria crezca. Si no sienten la Patria por encima de sus ansias de poder, al menos inteligentemente debieran pensar que si el país mejora, más fácil será para ellos gobernar, sin encontrar un país arrasado como el que dejaron en el 2000.
Monseñor Arancedo creo que no pudo ni supo analizar estas cosas tan simples, porque tiene otro pensamiento político propio y refiriéndose a la preocupación de los obispos implicó a todos, pero la verdad y realidad vivida de cerca por mí, es que el Episcopado ayer y hoy no es un cuerpo donde todos piensen lo mismo. La única diferencia es que los unen códigos que dolorosamente les impiden expresar libremente sus diferentes formas de pensar. Yo recuerdo bien, cuando Jerónimo (Podestá), (Jaime) De Nevares, (Enrique) Angelelli y otros lo sufrían en su tiempo cuando teníamos un (Antonio) Plaza, un (Adolfo) Tortolo, un (Victorio) Bonamín y otros que obligatoriamente por pertenecer al Episcopado callaban.
Cuando a Jerónimo (Podestá), a pesar de no tener sanción canónica no lo dejaban entrar y participar de la Asamblea, no hubo un año en que no escribiera una "Carta a los Obispos en tiempo de la Dictadura Militar" y las entregaba en mano a cada obispo para no callar. Las tengo publicadas en varios libros que he entregado durante estos 12 años de ausencia.
Sería largo analizar las palabras de Arancedo. Tiene derecho a expresarse desde su posición política, pero no como las palabras de la Iglesia: es una pena, el Documento que sacaron en Pilar estuvo mejor que otros salvo el punto 4 cuando no se pronuncian con la fuerza de la Verdad que todos esperábamos. Ya la justicia se había pronunciado con respecto a algunos miembros. Esperamos que así como Arancedo hoy analiza sus puntos, prontamente aparezca un análisis más veraz sobre el comportamiento de algunos obispos durante la época nefasta de la Dictadura. También como Pueblo de Dios en marcha, les pedimos que soliciten a Roma la excomunión para el General Videla que confiesa públicamente su conducción del golpe sin manifestar arrepentimiento por todas las atrocidades que se cometieron.
Como decía Jerónimo "me duele mi patria, me duele mi Iglesia". Yo sufro con la misma intensidad y cuando se expresa un obispo en nombre de la Iglesia, me duele con mayor profundidad, porque querría escucharla agradeciendo a Dios los momentos políticos que estamos viviendo, agradecer a Dios la Libertad para pronunciarse si no se está de acuerdo, sin represión, con libertad de palabra. Cuando veo los rostros de los que escuchan a Cristina con una mezcla de emoción y alegría, doy gracias a Dios y le ruego que la ayude a gobernar, que no es fácil con tantos argentinos que parece hemos perdido la memoria.
05/12/12 Tiempo Argentino
GB
Moyano, Micheli y Barrionuevo marcharán juntos a la Plaza de Mayo
05/12/12
Los jefes de las tres centrales sindicales opositoras, Hugo Moyano, Pablo Micheli y Luis Barrionuevo, acordaron ayer marchar contra el Gobierno a Plaza de Mayo el miércoles 19 por Ganancias, obras sociales y jubilaciones. Aunque lo usual es que este tipo de manifestaciones se realicen en las primeras horas de la tarde, la protesta del sindicalismo anti K comenzará después de las 18: buscan que se sume más gente, en especial los “caceroleros” que participaron del 8N, a la salida de sus trabajos .La fecha de la protesta se acordó en una reunión “de mesa chica” de las tres centrales sindicales que se realizó en un despacho de la CGT opositora. Apenas empezó el encuentro, Moyano fue a los bifes y propuso una marcha para el martes 18. “Papá, me parece mejor el miércoles 19 porque hace acordar a cuando la gente salió a la calle en 2001” , opinó Facundo Moyano, el hijo menor del camionero. Todos estuvieron de acuerdo con la idea.
Ya ayer se acordó que la columna de la CGT de Moyano ingresará a Plaza de Mayo por Diagonal Sur; que la CTA de Micheli lo hará por Avenida de Mayo y que la CGT de Barrionuevo por Diagonal Norte. Se definió también que el escenario estará de espaldas a la Casa Rosada y que habrá tres oradores. Moyano y Micheli son número puesto; la duda ayer era quién lo hará en representación de la CGT Azul y Blanca. En la CTA anti K cruzaban ayer los dedos para que Barrionuevo delegue en otro el papel de orador por su sector.
En la reunión también estuvo Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria. Pero se decidió que la convocatoria a la marcha la hará el sindicalismo y que el resto de las organizaciones, adherirán.
“La movilización será multitudinaria, más allá de los que diga el Gobierno”, aseguró Moyano durante la presentación de un libro en el salón Felipe Vallese de la CGT. También anticipó que la central impulsará demandas en todo el país contra el Gobierno por la falta de ajuste en Ganancias.
Anoche, se desinflaba la posibilidad de que el sector de Barrionuevo vuelva a integrarse a la CGT porque no se ponía de acuerdo con Moyano en la conformación de la Comisión Arbitral cegetista. “Igual iremos a la marcha”, dijeron cerca del gastronómico.
Y decimos, fecha histórica si las hay el 19 y 20 de diceimbre.
Son una en sí, que marcaron un foin de época; y no sabíamos entre los muertos , las goma por mile quemadas en todo el país, los saqueos, los barios tomadosd a la defensiva por posibles "invasiones" de "otros deconocidos", todos y toda, por igal con hambre.
Casi 25 % de desocupado, 60 % de pobres, entre ellos una trercera aprte indigentes.
La peor ciris económica, social política moral de la Hitoria de nuestro país.
Y Buzzi, no estaba, mucho menos Barrionuevo, Moyano y Piumatto sí, estaban movilziados, bueno es recordarlo.
Las clases media urbanas "trocaban" oficios, clases, comidas, ropas, bienes del hogar por lo mismo, pero que les faltaba.
Parqeu Rivadavia y Parque Centenario, Parque Lezama, todas las palzas del país con ambleas multitudinarias y los clubes del trueque remendando la falta de trabajo.
Decenas de monedas por todo el país, papeles de colores que reemplazaban el dinero.
Pobre todo, de toda pobreza.
Piquetes y cacerolas la lucha es una sola.
Ni Miami, ni Punta, ni dólares.
Nada.
Mucho menos GANANCIAS
Decenas de miles de seres humanos del conurbano bonaerense penando, reclamando ante la nada en las calles de la Capital Federal.
El Paco dueño y señor del piberío,
sin Estado, ni pensiones, ni jubilaciones, ni bancos.
1920dediciembre, una fecha en sí misma, solo una.
Y los muerto por decenas, y el helicóptero.
11 años mas tarde, un paro y movilización a Plaza de Mayo no la recuerda,la USA para sus objetivos personales.
Golpistas?, con derecho a reclamar?, clase medias y clase obrera?
El campo y la ciudad?.
Y Clarín?
GB
martes, 4 de diciembre de 2012
LOS OBISPOS DE MAGNETTO.
EL COLECTIVO DE TEOLOGIA DE LA LIBERACION CONTRA EL DOCUMENTO
Los obispos suman rechazos
Desde que la semana pasada se conoció el crítico documento del Episcopado, varias agrupaciones católicas le salieron al cruce. El Colectivo de Teología de la Liberación ironiza comparándolo con “un editorial de Clarín”.
Por Washington Uranga
El documento emitido la semana anterior por la jerarquía católica y que expresa la particular mirada de los obispos sobre la situación del país sigue generando manifestaciones de desacuerdo en el seno de la propia feligresía católica. Ahora el llamado Colectivo de Teología de la Liberación Pichi Meisegeier (en recuerdo de un sacerdote jesuita recientemente fallecido y de gran compromiso popular) sostiene que “no nos sorprende el contenido del documento”, pero “lo importante es que esta vez, al hacerlo público a un mes antes de la Navidad, y a una semana del 7D, marca claramente su alineamiento del lado de los poderosos”. Y agregan que “las declaraciones allí vertidas se parecen más a una editorial de Clarín que a un escrito de testigos del Evangelio”.
El pronunciamiento, titulado “Del lado de los poderosos... como siempre”, lleva la firma, entre otros, de Rubén Dri, Adriana Fernández, Antonio Puigjané, Graciela Daleo, Alejo García, Rafael Villegas, Graciela Vanzan, Marianela García, Paula Blaskley y el coordinador del grupo, Tony Fenoy.
En otra parte del texto se señala que “cada postura tomada en este documento (episcopal) niega una buena noticia generada en estos diez años: la Asignación Universal por Hijo, el matrimonio igualitario, la ley de medios, los juicios a los genocidas por delitos de lesa humanidad, la creación de puestos de trabajo, el ingreso de miles de jóvenes a la política, la unidad latinoamericana y muchas más”.
Dicen también estos cristianos que “aunque reconocemos que faltan muchas cosas y que vemos contradicciones profundas en el llamado modelo, creemos que hemos avanzado y vamos por el buen camino”, agregando que “el conflicto es parte del crecimiento personal y social. Es el motor de la historia. No hay que tenerle miedo. La cuestión es cómo nos posicionamos frente al mismo: si desde los postergados y marginados o desde los opresores de siempre”.
En coincidencia con lo señalado días atrás por los Curas en la Opción por los Pobres, el Colectivo de Teología de la Liberación afirma que “los obispos hablan de diálogo y amistad social, que no es más que el falso consenso que favorece a los que más tienen” porque “siempre es necesario un Estado que funcione como igualador de la sociedad, en donde los que más tienen aporten más para redistribuir la riqueza”. Y critican que los miembros de la jerarquía católica hablen nuevamente de reconciliación “sin unirla a la justicia, negando la posibilidad de la verdad, fundamental para la construcción de una sociedad liberada. ¿Cómo pueden hablar de reconciliación cuando siguen sin pedir perdón por su actuación cómplice con la dictadura y no abren definitivamente los archivos del episcopado?”, sostienen avalando también un pedido hecho en días pasados por los Cristianos para el Tercer Milenio.
Según los firmantes, “este documento deja al desnudo lo que siempre fue, salvo las pequeñas excepciones, el episcopado argentino. Sienten que pierden poder y atacan enceguecidos como en una nueva cruzada en defensa de una identidad nacional con la que no tienen nada que ver”. Por eso, sostienen, los obispos quedan “totalmente alejados del sentir de nuestro pueblo más pobre... y en la vereda de enfrente del proyecto de Jesús”. Y rematan señalando que “no nos sorprende. Es lo que hicieron siempre, durante la dictadura y hoy también”.
04/12/12 Página|12
GB
Los obispos suman rechazos
Desde que la semana pasada se conoció el crítico documento del Episcopado, varias agrupaciones católicas le salieron al cruce. El Colectivo de Teología de la Liberación ironiza comparándolo con “un editorial de Clarín”.
Por Washington Uranga
El documento emitido la semana anterior por la jerarquía católica y que expresa la particular mirada de los obispos sobre la situación del país sigue generando manifestaciones de desacuerdo en el seno de la propia feligresía católica. Ahora el llamado Colectivo de Teología de la Liberación Pichi Meisegeier (en recuerdo de un sacerdote jesuita recientemente fallecido y de gran compromiso popular) sostiene que “no nos sorprende el contenido del documento”, pero “lo importante es que esta vez, al hacerlo público a un mes antes de la Navidad, y a una semana del 7D, marca claramente su alineamiento del lado de los poderosos”. Y agregan que “las declaraciones allí vertidas se parecen más a una editorial de Clarín que a un escrito de testigos del Evangelio”.
El pronunciamiento, titulado “Del lado de los poderosos... como siempre”, lleva la firma, entre otros, de Rubén Dri, Adriana Fernández, Antonio Puigjané, Graciela Daleo, Alejo García, Rafael Villegas, Graciela Vanzan, Marianela García, Paula Blaskley y el coordinador del grupo, Tony Fenoy.
En otra parte del texto se señala que “cada postura tomada en este documento (episcopal) niega una buena noticia generada en estos diez años: la Asignación Universal por Hijo, el matrimonio igualitario, la ley de medios, los juicios a los genocidas por delitos de lesa humanidad, la creación de puestos de trabajo, el ingreso de miles de jóvenes a la política, la unidad latinoamericana y muchas más”.
Dicen también estos cristianos que “aunque reconocemos que faltan muchas cosas y que vemos contradicciones profundas en el llamado modelo, creemos que hemos avanzado y vamos por el buen camino”, agregando que “el conflicto es parte del crecimiento personal y social. Es el motor de la historia. No hay que tenerle miedo. La cuestión es cómo nos posicionamos frente al mismo: si desde los postergados y marginados o desde los opresores de siempre”.
En coincidencia con lo señalado días atrás por los Curas en la Opción por los Pobres, el Colectivo de Teología de la Liberación afirma que “los obispos hablan de diálogo y amistad social, que no es más que el falso consenso que favorece a los que más tienen” porque “siempre es necesario un Estado que funcione como igualador de la sociedad, en donde los que más tienen aporten más para redistribuir la riqueza”. Y critican que los miembros de la jerarquía católica hablen nuevamente de reconciliación “sin unirla a la justicia, negando la posibilidad de la verdad, fundamental para la construcción de una sociedad liberada. ¿Cómo pueden hablar de reconciliación cuando siguen sin pedir perdón por su actuación cómplice con la dictadura y no abren definitivamente los archivos del episcopado?”, sostienen avalando también un pedido hecho en días pasados por los Cristianos para el Tercer Milenio.
Según los firmantes, “este documento deja al desnudo lo que siempre fue, salvo las pequeñas excepciones, el episcopado argentino. Sienten que pierden poder y atacan enceguecidos como en una nueva cruzada en defensa de una identidad nacional con la que no tienen nada que ver”. Por eso, sostienen, los obispos quedan “totalmente alejados del sentir de nuestro pueblo más pobre... y en la vereda de enfrente del proyecto de Jesús”. Y rematan señalando que “no nos sorprende. Es lo que hicieron siempre, durante la dictadura y hoy también”.
04/12/12 Página|12
GB
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