Ayer, a las 8 y media de la noche peruana, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictaminó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, medida que también alcanza al ex Premier Aníbal Torres, por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y conspiración contra los poderes del Estado. La Fiscalía estima que la condena que le espera a Castillo no sería menor a los 10 años de cárcel.
Ya pasaron 8 días de su fracasado intento de autogolpe y su posterior destitución “por incapacidad moral” que el Congreso votó en abrumadora mayoría. Desde entonces, el folklórico ex mandatario se encuentra recluido en la misma prisión donde también está preso el ex presidente Alberto Fujimori. Y desde entonces, también, las cosas están que arden en el Perú. Cientos de manifestantes, partidarios de Castillo, salieron a la calle para reclamar el cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte a la Presidencia y el adelanto de las elecciones generales.
Por dicho motivo el gobierno decretó el miércoles el estado de emergencia en todo el país por un plazo 30 días. Al mismo tiempo se maneja la posibilidad de declarar un toque de queda que impida la libre circulación de los ciudadanos en determinados horarios.
Fuego y destrucción. Las protestas derivaron en actos vandálicos, ataques a la propiedad y cortes de calles, rutas y avenidas. Todo esto disparó una reacción de las autoridades que acabó con más de 10 muertos.
En tanto, Mexico, Argentina, Bolivia y Colombia, salieron apresurados a respaldar a Castillo. Así, el lunes 12 lanzaron un comunicado conjunto en el cual sostienen que el depuesto mandatario “ha sido víctima de un antidemocrático hostigamiento”. En el documento, los presidentes López Obrador, Fernández, Arce y Petro, y realizan “un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”. Tal fue el apuro de estos países por apoyar a su par peruano tras el intento de autogolpe, que pusieron en el documento una imagen de la bandera de Guatemala en donde debió aparecer la argentina.
La voz local. Para tener una mirada local de los hechos, nos comunicamos con José Beteta, Presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. José dividió los sucesos de la semana en cuatro etapas: “en la primera Pedro Castillo, erráticamente solo y abandonado, dio un mensaje a la nación anunciando que quería instaurar un régimen de excepción y cerrar el Congreso. Ese mismo día es vacado de la presidencia y apresado".
"La segunda etapa empieza con Dina Boluarte como presidenta y la intensificación de las protestas. Fueron 3 o 4 días en los que ella también se muestra errática, va muy despacio, con poco nivel de autoridad y una estrategia poco clara. Las protestas comenzaron a arreciar y entonces comenzó la tercera etapa: el estado de emergencia, que empezó a regir el miércoles. Y hay un cuarto momento que es que ayer jueves se empezó a debatir en el Congreso el adelanto de las elecciones, primera prioridad en el país".
"Esperamos que en estos días próximos los movimientos violentos empiecen a ser controlados y que el debate en el Congreso empiece a generar estos pasos legales para conseguir el adelanto de las elecciones a abril de 2024. Pero hay quienes quieren adelantarlas aún más, a noviembre de 2023". Tras la resolución que mantendrá a Castillo en prisión por un año y medio, Beteta dijo que esta decisión hará que “en los próximos 2 o 3 días va a haber más convulsión social. Vendrán días turbulentos”.
Foto: Ex presidente peruano, Pedro Castillo, Creative Commons | 
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