En la zona viven 45 mil personas y hasta 2015, 3 mil trabajaban en el yacimiento. Desde que llegó Cambiemos empezó un ajuste que ahora quiere profundizarse. El rol oscuro del senador macrista Eduardo Costa.
Por Sergio Lanzafame
El interventor enviado por el gobierno nacional, Omar Zeidán, que responde al senador de Cambiemos, Eduardo Costa, decidió finalmente enviar 250 telegramas con una propuesta con olor a extorsión. O aceptan el “retiro voluntario” y cobran alguna indemnización, o son despedidos y hacen juicio.
Ante una situación que amenazaba con agravarse en un pueblo chico, los sindicatos lograron que la empresa abriera una instancia de diálogo en la ciudad de Buenos Aires entre el lunes y el martes próximo y generar un compás de espera para llegar a algún acuerdo que les devuelva los puestos de trabajo a los mineros.
Esta es la segunda vez que sucede desde que llegó a la provincia de Santa Cruz la larga mano ajustadora de Macri. A principios de 2016 ya se había despedido a otros 500 trabajadores, incluidos 79 que fueron echados “con causa” por lo que no se les ofreció compensación alguna.
La reacción de las comunidades de Río Turbio y 28 de Noviembre (la única localidad argentina cercana en un radio de cientos de kilómetros) fue inmediata con marchas de repudios a la intervención y el reclamo de la reincorporación. Estos pueblo dependen íntegramente de lo que esta mina produzca.
El delegado del sector geología, Oscar Ramos, es uno de los despedidos y denuncia la metodología extorsiva que la intervención de Zeidán aplica.
“Te llega el telegrama a tu casa anunciandote el despido y a través de una llamada telefónica te dicen que tenés 48 horas para 'aceptar' el 'retiro voluntario' con indemnización o podés optar por el despido “sin nada” e iniciar las acciones legales que creas pertinentes”.
Muchos trabajadores ya aceptaron el “retiro voluntario”, pero muchos otros ya interpusieron cartas documentos rechazando el despido.
La mina contaba en 2015 con casi 3000 trabajadores. Cuando llegó el gobierno de Macri lo primero que se hizo fue desactivar la usina y con ello disminuir el trabajo en la mina y despedir a 500 trabajadores. Ahora cesan a 250 más. El ministro Aranguren dijo meses atrás en su visita a esta localidad que la empresa debería funcionar con 1400 trabajadores. Los trabajadores temen que en breve pierdan sus salarios al menos 500 más.
Ramos denuncia que para “el gobierno la usina no es prioridad y planea su privatización”. También señala que “están en tratativas para privatizar finalmente la mina. Se prepara para que vengan empresarios privados. Pero una de las condiciones que pide Zeidán es la reducción de salarios, el quite de beneficios de los convenios colectivos de trabajo”.
Ya el senador Costa había señalado que la mina, “de acuerdo a los salarios que maneja, está más destinada al cierre que a la producción”.
Entre los despedidos hubo seis delegados de planta y un delegado paritario, a los que no se les respetaron los fueros gremiales. También se enviaron telegramas a gente que estaba de vacaciones en sus provincias de origen, como Jujuy, Salta.
Hasta ahora las actividades en mina están paradas, y los trabajadores se encuentran en asamblea en boca de mina en espera a lo que suceda el martes próximo por lo que se decidió no realizar actividad alguna hasta ver que sucede en Buenos Aires.
De todos modos, la zona está blindada por efectivos de gendarmería. “Según ellos por seguridad, pero es para intimidar. Nosotros jamás destruiríamos nuestro patrimonio, la fuente de trabajo que da sustento a la economía de nuestro pueblo”, apunta Ramos.
Por su parte, el delegado de ATE en Río Turbio, Adonis Rojas, señaló que si no se llega a una solución satisfactoria lo que seguirá será la “toma de la mina” y una lucha que se extenderá en el tiempo.
Desde ATE Capital, Daniel Catalano, repudió la situación de “chantaje” que sufren los trabajadores y alertó que entre 2016 y 2017 ya hay más de 900 trabajadores despedidos lo que destruirá a las comunidades de 28 de Noviembre y Río Turbio, que cuentan con 45.000 habitantes.
También denunció la contratación de call centers para llevar a cabo el trabajo sucio. “Los audios que están circulando, en los que detallan los despidos, están a cargo de un call center de Buenos Aires contratado por la intervención del yacimiento. Ni siquiera son capaces de dar la cara para decirles a nuestros compañeros y compañeras que los van a dejar en la calle. La gente tiene que saber quiénes son estas personas que están ligadas al Senador Eduardo Costa. Hablamos de Sara Gross Gluckman, subgerenta de RR HH; Raúl Guimar, Subgerente de Relaciones Institucionales, Miguel López, Gerente de Administración y Finanzas y Raúl Guimar, Gerente de operaciones”.
“Desde ATE estamos dispuestos a defender el laburo de nuestros compañeros y la soberanía energética. Hoy se alegran de que el INVAP ganó una licitación para construir un reactor para Holanda, y al igual que el YCRT, se trata de años de trabajo y compromiso de estatales. Nosotros amamos lo que hacemos, lo INVAP fue una muestra de eso, el YCRT también lo es”, remarcó.
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