Esperando los fallos de las Cortes

Los máximos tribunales de Argentina y Estados Unidos tienen en sus manos dos causas de alto voltaje. Son distintas, pero en ambas los privilegios económicos chocan con el interés general. Todo indica que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no va a fallar sobre la ley de medios antes de las elecciones legislativas del 27 de octubre. Podría hacerlo, nada se lo impide, pero la lógica indica que para los magistrados, en un fallo completamente político, es mejor esperar los números. Lo que se dirime es si la libertad de expresión requiere de capital simbólico o de capital a secas. La lógica de que la adecuación de licencias le restaría a Clarín soporte económico para sus medios puede tener dos interpretaciones completamente distintas y opuestas. Sin los recursos que le dan las operaciones de cable, sostienen los empresarios y los abogados del grupo, es imposible que la gente pueda ver TN o a Lanata o escuchar a Longobardi. Otra visión sostiene que el poderío económico de Clarín le permitió acompañar procesos políticos que le otorgaron grandes beneficios y que cuando esos gobiernos no querían darle más privilegios, las líneas editoriales y la agenda periodística se tornaba huracanada contra esos gobiernos. Una pregunta que parece no tener mucha potencia mediática aunque sí mucho soporte conceptual es que si se emprende un camino serio para multiplicar las voces, se podría llegar a tener una gran cantidad de medios en manos de organizaciones “sin fines de lucro”. Pero los concursos no se han concretado. O lo que es más preocupante, se hicieron los llamados pero no se hicieron operativos por cuestiones reglamentarias y burocráticas que sólo pueden entenderse como falta de voluntad política, del Gobierno Nacional en este caso. El kirchnerismo logró algo inédito: que amplios sectores de la sociedad tomaran conciencia de los intereses que se mueven a través de la prensa, y demostró palmariamente que no hay neutralidad en la noticia. Pero el kirchnerismo se enfermó con su propia medicina al impulsar que la agenda periodística estuviera inundada de noticias sobre Clarín y sus maniobras. Así lo hacen muchos de los medios y programas que forman parte de la cultura popular vinculada a empresas privadas aliadas o los medios del Estado, que incluyeron poco debate sobre temas como inflación o inseguridad o la cuarta categoría de ganancias. Y los resultados de las PASO llevaron a que el Gobierno tomara medidas en esa dirección atendiendo a demandas reales, dejando de lado el argumento de que se trataba sólo de manipulación mediática opositora. Es más, será TN el canal donde el próximo miércoles se hará el debate entre los cabezas de lista para Diputados de la Ciudad de Buenos Aires. Y será en A dos voces, el programa que muchos consideran armado por Héctor Magnetto, y contará con la presencia de Juan Cabandié. Los negocios de Clarín van a seguir. Si la Corte, en una decisión valiente, fallara a favor de la Constitucionalidad, se les harán más difíciles, pero peleando licencia por licencia y juzgado por juzgado, podrían prosperar. Nadie obligaría al grupo a vender licencias a sus propios enemigos, más bien la ley les permite que “la adecuación” sea transmitiendo licencias a candidatos presentados por ellos mismos. Si la Corte hace algunos retoques a la ley, aunque Clarín se quejara públicamente, le alcanzaría para que la sociedad viera “una derrota del kirchnerismo”. La realidad sería algo más preocupante que eso: confirmaría que el poder económico tiene suficiente capacidad como para que los tribunales muestren su generosidad con el gran capital. Estas apreciaciones, que no pretenden hacer futurología, surgen de un clima político que no puede soslayarse. El Gobierno Nacional muestra preocupación por los resultados del 11 de agosto y seguramente por las encuestas de cara al próximo 27 de octubre, pero no parece lograr capitalizar las rectificaciones que hace. Y, como suele suceder cuando se palpa la adversidad, el debate se da en voz baja pero evita los espacios públicos. En el kirchnerismo hay preocupación, hay críticas a la falta de escucha a la hora de tomar decisiones. Entre los sectores más comprometidos con el ideario nacional, popular y latinoamericano, suele observarse que las opciones políticas son entre Daniel Scioli y Sergio Massa, habida cuenta que la idea de persistir con un nuevo mandato de Cristina Kirchner quedó sin chances. Y si bien a Scioli se le reconoce coherencia política, es difícil ver en el gobernador bonaerense alguien que pueda timonear al kirchnerismo. Menos en un momento donde los problemas económicos existen y quizá pongan a la Argentina de cara a modificaciones que en el lenguaje llano se las conoce como ajustes. Concretamente, la Presidenta dijo que no modificará el tipo de cambio y el proyecto de Presupuesto 2014 lo deja en niveles bajos. Sin embargo, las presiones de los grupos económicos y también de muchas economías regionales pueden dejar un escenario donde eso, más tarde o más temprano, se modifique. Hubo sectores dentro del kirchnerismo (hasta el mismo Guillermo Moreno) que a principios de este año promovieron un ritmo más alto de devaluación. Y no faltan quienes, cada tanto, recuerdan la variante del desdoblamiento cambiario. Entre estos últimos hay desde economistas pragmáticos del peronismo, representantes de exportadores de provincias muy golpeadas por el actual tipo de cambio y también banqueros, como Jorge Brito, quien tenía una cercanía muy grande con el Gobierno, recibió muchos beneficios estos años, y que ahora mudó sus simpatías por Sergio Massa. Los opositores, incluyendo a Massa que recién pegó el salto, hacen campaña con la agenda que les fijan no sólo sus propias capacidades (que no deben ser despreciadas), sino los analistas de opinión pública. Entonces defienden la educación pública, la Asignación Universal por Hijo y no alientan planes económicos recesivos. La gran pregunta es si Massa sería capaz de decirle no a los grandes grupos económicos y el complejo agroexportador y se apoyaría en las instituciones democráticas para evitar mayores avances. Se abrió un período de cambios. Los intereses populares y las políticas que permitan mayor soberanía requieren redoblar el compromiso. Debatir forma parte de ese compromiso. La complacencia es de vuelo corto. La otra Corte y el presupuesto. En 15 días, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dará a conocer cuáles serán las causas que tomará de entre las que llegaron por apelación al alto tribunal. Difícil pronosticar si aceptará el reclamo argentino sobre los holdouts. La lógica es que no tomar el caso sería un espanto, no sólo para la Argentina sino para el frágil sistema financiero internacional que requiere –y seguirá requiriendo– de renegociaciones y acuerdos con quita de capital e intereses en muchos países, especialmente los europeos. Si la Corte lo rechaza, octubre empezaría muy movido. Provocaría un clima impredecible. Muchos sectores opositores al Gobierno, en vez de criticar la injusticia y arbitrariedad de una resolución de ese tipo, cargarían las responsabilidades sobre el Gobierno. No es un escenario esperable pero es como cuando alguien va a buscar el resultado de un estudio médico a una clínica. Hay que estar preparado para todo. En caso de aceptar el caso argentino, el fallo podría demorarse. Pero nadie garantiza el fallo. El gran problema que plantea este tema es si hay límites para los reclamos de quienes ya firmaron las quitas de 2005 y 2010. El economista Andrés Asiain en un artículo publicado recientemente (El Cronista, 5/9/13) recuerda que la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO) da a los bonistas el derecho de beneficiarse con mejoras a lo ofrecido en el canje después de diciembre de 2014. “Esa cláusula asegura –dice Asiain– que Argentina no cumplirá con el fallo Griessa en caso de ser confirmado, ya que podría activar demandas similares aún por parte del 93% de los bonistas que ya ingresaron al canje (alegando razones de necesidad en el momento de su aceptación, por ejemplo), lo que implicaría tirar abajo toda la quita pactada en los canje 2005 y 2010”. Los escenarios judiciales están llenos de grises y de grietas. En esta semana que comienza, se tratará el Presupuesto 2014. Es posible que el Poder Ejecutivo haya adelantado su tratamiento por motivos electorales, pero también para blindarse antes del fallo de la Corte de Estados Unidos. Es probable que el martes se trate en comisiones y el miércoles mismo llegue al recinto de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo se garantizaría la media sanción. En el Senado, el resultado puede depender del humor de algunos legisladores. El proyecto del Gobierno estima un crecimiento del 6,2%, que parece demasiado optimista pero va acorde con la voluntad presidencial de no enfriar la economía. Con un dólar promedio de 6,33, que confirmaría el deseo de la Presidenta de no devaluar. Y con un cálculo de la inflación de 9,9 interanual que no se corresponde con la aceptación de los candidatos oficialistas que reconocen la inflación como un problema real. Por otra parte, el Presupuesto 2014 no contempla déficit fiscal. Es importante recordar que la ley 24.146 de Administración Financiera (de la época de Menem-Cavallo pero aún vigente) impide enviar proyectos que contemplen déficit. Luego hay maneras de explicar la realidad: en 2012, el déficit fiscal primario fue de 4.375 millones de pesos a los que si se le agregan los pagos por la deuda externa se elevan a un déficit financiero del Estado en ese ejercicio de 55.500 millones de pesos. El proyecto prevé para este 2013 en curso un déficit primario de apenas 155,9 millones y para 2014 un superávit de 78 mil pesos. Ambos cifras parecen más ajustadas a los requisitos planteados por la ley 24.146 que a los números reales. El cuadro del balance financiero (contando pagos de deuda externa) se completa, de acuerdo con el proyecto, así: para este 2013, un déficit de 44.612 millones de pesos (menor que los números reales de 2012) mientras que para 2014 el Gobierno espera un superávit de 868 millones. Esta última es una cifra demasiado lejana de los dos ejercicios anteriores. Quizá haya un hábito en aceptar que las cifras deben adecuarse a requisitos legales. También es hora de sincerar las cifras y de pensar por qué leyes como la de Administración Financiera o la de Emergencia Económica siguen vigentes.