El PRO volvió a la carga con el uso de las pistolas Taser

El gobierno porteño apeló la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que le prohibía a la Policía Metropolitana el uso de las polémicas pistolas eléctricas Taser. A pesar de acumular fallos adversos por los riesgos para la salud que implica el uso de armas de electrochoque, el PRO interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de los camaristas, y esperará una definición del Tribunal Superior de Justicia. Por: Tiempo Argentino Cuatro años después de que naciera la idea de dotar a la flamante policía de proximidad de armas "no letales", el macrismo insistirá en implementarlas, pese a que la justicia porteña, en dos instancias, concluyó que su uso violaría tratados internacionales suscriptos por la Argentina ya que las Taser son asimilables a elementos de tortura. En julio de 2010, el Juzgado N° 9 a cargo de la jueza Andrea Danas prohibió el uso de las pistolas, a raíz de una presentación del Observatorio de Derechos Humanos, y sostuvo que eran violatorias de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. La decisión fue confirmada en agosto de este año por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario. La Procuración General de la Ciudad presentó un recurso de inconstitucionalidad sobre esa sentencia, alegando que se trataba de un avance sobre la división de poderes y las atribuciones del Ejecutivo. El ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, de quien dependen las compras de la Metropolitana, autorizó en 2009 un pliego para adquirir esos artefactos, aunque desde Bolívar 1 siempre sostuvieron que sólo recibieron un par para realizar pruebas. En el fallo de hace un mes, los camaristas Esteban Centanaro y Horacio Corti consideraron que el uso de las Taser X26 "puede derivar en una acción cruel, inhumana y degradante para la condición humana", lo que "impone extremar los medios de prueba tendientes a desvirtuarlo". Pidieron informes a otras fuerzas de seguridad sobre su uso –ese había sido uno de los argumentos del macrismo– pero la respuesta fue negativa: ninguna emplea armas de electrochoque por decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación. Los jueces tuvieron en cuenta además mandatos constitucionales y recomendaciones de la ONU y de Amnistía Internacional, que consideran a estas armas como "una forma de tortura que puede causar, en ciertos casos, la muerte de las personas". Amnistía Internacional hizo un relevamiento en 40 países que las usan. "Insistir con un elemento que está demostrado que puede causar tortura, va hacia la mano dura, que va en contra de la seguridad pública. Imaginemos lo que habría sido la utilización de Taser en la represión en el Hospital Borda", apuntó el abogado Demián Konfino del Observatorio de Derechos Humanos. « G. M.